Competencia y cooperación entre organizaciones sociales bajo un programa de reurbanización

Joaquín Benítez

Introducción

Cualquiera que haya visitado alguna de las principales villas y asentamientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habrá advertido que se encuentran atravesados por ricos y diversos entramados organizativos, en donde pueden convivir en una misma manzana partidos políticos, movimientos sociales, ONG, organizaciones religiosas, comedores o merenderos, etc. Sin embargo, la convivencia entre estas distintas organizaciones barriales es todo menos armónica y pacífica, estas cooperan tanto como compiten entre sí por apoyos políticos y sociales, recursos económicos, protagonismo y liderazgo, la intercesión de parte de vecinos ante distintos organismos y oficinas del Estado, etc. En su trabajo de militancia, organización y asistencia cotidiana a los vecinos de estos barrios, los referentes políticos conforman verdaderas escenas locales en que los actores políticos y sociales, a pesar de sus diferencias, conforman un horizonte de vivir juntos.

En el presente capítulo, queremos explorar cómo un asentamiento, barrio popular o villa puede ser no solo un recurso estratégico (Merklen, 2010; Zibechi, 2007) o un escenario (Auyero, 2012; Frederic, 2004, 2009) para la movilización política, sino también un objeto disputado en sí mismo por distintos actores políticos y sociales. En particular, para arrogarse su representación frente a públicos locales y autoridades gubernamentales, en el ámbito de un proceso generalizado de territorialización de la política en Argentina (Rossi, 2018; Natalucci et al., 2013; Halvorsen, 2021). Al mismo tiempo, nos interesa explorar cómo un programa de reurbanización impacta sobre las tramas políticas y sociales de un barrio informal, incentivando conflictos y profundizando esta competencia política entre distintos actores, a medida que introduce modificaciones espaciales, jurídicas y económicas. Queremos explorar dos cuestiones que a simple vista pueden parecer contradictorias. Por un lado, que los barrios populares no son comunidades en donde los intereses políticos y económicos de todos sus habitantes se encuentren alineados (Cravino, 2004; Machado da Silva, 2011), sino sedes de formas de politicidad popular (Semán y Ferraudi Curto, 2013). Y, por otro lado, contrario a ciertos lugares comunes que circulan en los barrios y ciertos estudios sobre el clientelismo y la intermediación, que la territorialización de la política no siempre implica la fragmentación de lazos de solidaridad locales. Antes bien, creemos que la política también crea nuevos vínculos, o reorganiza los ya existentes, en la medida que alianzas o antagonismos son reformulados por tensiones y conflictos del juego político.

El aporte de este capítulo a la discusión sobre las organizaciones barriales consiste en recuperar la complejidad de la politicidad popular en contextos de asentamientos populares en ciudades metropolitanas, densas y con entramados asociativos articulados en partidos políticos, agrupamientos socioterritoriales externos, ONG, movimientos de derechos humanos, organizaciones religiosas, etc. En particular, se busca abordar cómo se construyen las identidades y disputas internas en el marco de procesos de reurbanización donde se constituyen espacios participativos institucionalizados.

De forma que en este trabajo analizaremos estas cuestiones en el Playón de Chacarita, una villa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que está transitando un programa de reurbanización desde mediados del 2016. El Playón surgió como un nuevo asentamiento informal a principios de la década del 2000, y permaneció desatendido durante varios años por los organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) dedicados a las necesidades urbanas y habitacionales de los barrios populares (Rodríguez, 2009; Paiva, 2017). De los cuatro procesos de reurbanización anunciados en el año 2016, es considerado tanto por autoridades como por referentes territoriales como uno de los más conflictivos, tanto por altos niveles de desconfianza hacia las autoridades del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), como por choques constantes entre distintos referentes y organizaciones del barrio.

Con este fin, entrevistamos en profundidad a referentes sociales y funcionarios públicos, observamos de forma no participante encuentros de organizaciones, leímos minutas de la Mesa de Gestión Participativa (MGP) del programa de reurbanización, analizamos la cobertura en medios de comunicación masiva y relevamos documentos oficiales elaborados por el GCBA. Las entrevistas y las observaciones tuvieron lugar durante nuestro trabajo de campo desde mediados del año 2018 a mediados del año 2019, mientras que los documentos oficiales y las fuentes secundarias reunidas abarcaron el periodo 2006-2019 (es decir, desde el anuncio oficial del programa hasta las primeras relocalizaciones a las viviendas nuevas).

Este capítulo se desarrolla de la siguiente manera. Primero, introduciremos al lector la bibliografía sobre politicidad popular, la territorialización de la política en Argentina, los movimientos sociales y la participación en programas de reurbanización de villas y asentamientos de la ciudad, con el fin de recuperar algunos debates y enmarcar conceptualmente las problemáticas y los hallazgos de este capítulo. En la siguiente sección, introduciremos al Playón de Chacarita, su historia y las políticas habitacionales de las que ha sido objeto de intervención, particularmente el programa de reurbanización comenzado en el año 2016. En el cuarto apartado, describiremos las redes territorializadas de militancia política y social, su origen y devenir en los años anteriores a la implementación de dicho programa de reurbanización. En el quinto apartado, daremos cuenta de los sentidos que circularon en el barrio sobre cómo ciertas prácticas de las organizaciones y los liderazgos políticos fragmentaron los lazos comunitarios de solidaridad. En el sexto apartado, analizaremos la competencia y la cooperación político-organizacional en el Playón y cómo estas configuraron y reconfiguraron los campos organizacionales, estableciendo condiciones de posibilidad y límites a la movilización y articulación entre organizaciones sociales y políticas. Finalmente, expondremos algunas reflexiones y conclusiones finales sobre este trabajo.

Territorialización de la política en Argentina y movilización frente a políticas de mejoramiento de barrios

En las últimas tres décadas, ha operado en Argentina un proceso creciente de territorialización de la política, entendida como un aumento en

la disputa por el control físico del espacio, […] [pues] en el entrelazamiento de la política rutinaria y contenciosa, la territorialización implica más que la mera membresía espacial de los actores políticos; refiere, en su lugar, a la interrelación espacial de los actores de base involucrados en cualquier lucha política particular (Rossi, 2018, p. 3).

Es decir, no es que el territorio no haya sido previamente importante en las formas de hacer política en Argentina, sino que, a partir de un proceso de territorialización del conflicto y la descentralización del Estado desde la década de 1990, este se tornó en el locus preferencial para acción política y de reconocimiento organizacional (Natalucci et al., 2013). Cuatro procesos profundizaron esta tendencia hacia la territorialización de la política (Rossi, 2018):

1. un incremento en el basismo como forma de militancia política;
2. la transformación de las estructuras organizativas de los principales partidos políticos –tanto en el Partido Justicialista (PJ) como la Unión Cívica Radical (UCR)–;
3. cierta pluralización de los actores sindicales con el agotamiento de la hegemonía de la Confederación General del Trabajo (CGT); y
4. la emergencia del movimiento piquetero como actor central.

Al mismo tiempo que esto sucedía, los sectores populares se replegaron a los barrios ante procesos de desafiliación masiva, encontrando en una inscripción territorial una forma de reproducir sus condiciones de vida (Merklen, 2010). Allí peronistas y piqueteros hicieron del barrio el espacio primordial de una inscripción simbólica y social en la que lo político y lo social no son esferas discontinuas, sino dos momentos de una misma lógica (Frederic, 2009). Mientras tanto, el peronismo se reconfiguraba en un partido de masas informal donde los vínculos territoriales adquirían mayor importancia que los burocrático-institucionales (Levitsky, 2001; Auyero, 2012; Frederic, 2004). Esta territorialidad facilitó para los partidos políticos el reclutamiento de referentes y la reproducción de sus formas de activismo y proveyó de una proximidad que nutre la creación de nuevos lazos y relaciones emocionales (Halvorsen, 2021). Finalmente, durante la década del 2010, el partido Propuesta Republicana (PRO) comenzó a reclutar liderazgos en barrios populares de la CABA para articular con ellos formas de militancia y distribución de ayudas con lógicas clientelares o de beneficencia, una verdadera novedad para un partido de centro-derecha en Argentina (Vommaro, Morresi, y Bellotti, 2015).

Creemos que, para entender las transformaciones que la movilización político-partidaria ha implicado en las villas y los asentamientos de la CABA, se vuelve “necesario seguir minuciosamente, sin a priori normativos, los encadenamientos de actividades que conducen a la formación de colectivos, de problemas y de causas” (Cefaï, 2009: 24). En particular, cómo las organizaciones trazan límites y fronteras en sus redes para dar sentido e identidad a formas de colaboración interorganizacional que, por definición, son informales (Diani, 2013). Es decir, cómo se construye un nosotros dentro de un campo de acciones posible (Melucci, 1996). Sucede que los

sentimientos de pertenencia, solidaridad y obligación pueden, y suelen, responder tanto a organizaciones específicas como al movimiento tomado como un todo […]. Estas tensiones se reflejan en las múltiples afiliaciones e involucramiento de los activistas en varias experiencias a través de membrecías organizacionales, conexiones personales y participación en actividades específicas (Diani, 2013, p. 154).

Mediante aquellas se construyen formas de solidaridad afectiva con los otros individuos y organizaciones que pertenecen a la red (Melucci, 1994). Hacer un trabajo de construir redes de cooperación y articulación lleva tiempo, esfuerzo y recursos, de forma que el elegir y priorizar un conjunto limitado de aliados ayuda a reducir la complejidad del entorno político en el que se mueve una organización. Pero, particularmente, las redes organizacionales son también una oportunidad

para la transmisión de símbolos y significados y, por tanto, para la construcción de representaciones compartidas de la acción. Mediante el networking se atribuye sentido a prácticas que de lo contrario permanecerían aisladas e independientes unas de otras, y se desarrollan sentimientos específicos de solidaridad entre actores (Diani, 1998, p. 249).

Es decir, conformar redes de organizaciones ofrece “oportunidades de reencuentro, amistad y discusión, de cooperación y competición. Crean medios de sociabilidad y socialización, y fabricando lazos personales a través del juego del interconocimiento y del reconocimiento” (Cefaï, 2011: 147-148). Existen tres factores que orientan la elección de actores ante los que una organización dada creará lazos y redes en común (Diani, 2013):

1. la existencia de afinidades organizativas o de interés;
2. conflictos e identidades colectivas, es decir, la existencia de esquemas interpretativos en común; y
3. por las oportunidades políticas, entendidas como características propias del ambiente político más que a las de los actores per se.

Existe amplia bibliografía que releva formas de movilización colectiva, o politicidad popular, desde y por la urbanización de villas y asentamientos de la CABA (Cravino, 1998, 2009; Sehtman, 2009; Camelli, 2011; Cerruti y Grimson, 2012; Delamata, 2020; Fainstein, 2015; entre otros). Sin embargo, muy pocos lo enmarcan en una competencia de votos o recursos político-simbólicos (Ferraudi Curto, 2011; Manzano, Groisman, Moreno y Hurtado de Mendoza, 2010)^[1]. Por otro lado, mucha de la bibliografía crítica sobre participación en programas de mejoramiento de barrios ha puesto el foco en las carencias en el diseño y la implementación de instancias participativas, o la falta de voluntad del GCBA de hacer de ellas oportunidades reales de consulta y articulación, o la disputa de grupos específicos por acceder a esos espacios participativos (Rodríguez, 2019; Zapata et al., 2020; Motta et al., 2018; Ortone, 2020), más que sus impactos en las tramas políticas locales. Si algunas investigaciones en otros programas de reurbanización encontraron que los actores no distinguían entre el trabajo y la acumulación política y el trabajo por la reurbanización y el mejoramiento del barrio (Ferraudi Curto, 2014), y que los sentidos entre uno y otro podían ser intercambiables (Vommaro y Quirós, 2011), otras bibliografías hallaron que los actores entendían que “trabajar para el barrio” se oponía a “trabajar para la política”, y saber separar estas era un elemento fundante del respeto y reconocimiento que referentes recibían de los vecinos (Frederic, 2004, 2009).

De forma que se hace necesario atender a las actividades de categorización de los colectivos y cómo son nombrados, individualizados e identificados por los actores (Kaufman y Trom, 2010). Es decir, “no ceder a la ilusión de su unidad y de su identidad, sino […] mostrar cómo se hace, concretamente –cómo se organiza, se unifica y se identifica en situaciones problemáticas por resolverse–” (Cefaï, 2011, p. 142), ya que “la pertenencia a redes o ámbitos no se da forzosamente con antelación: ella es inducida por el trabajo de alineamiento de marcos y va en par con una reconfiguración de las coordenadas de los colectivos preexistentes” (Cefaï, 2008, p. 63). Estas redes y organizaciones conforman una res publica política, moral y afectiva, en la que se pone en juego un interés común en las condiciones de convivencia (Quéré, 2017). Pero particularmente importante para nosotros es acercarnos a estas redes porque ellas son una precondición para la acción colectiva: su densidad y articulación interna afectará la circulación de recursos e información y condicionará las oportunidades de éxito de cualquier movilización (Diani, 1998).

De nuevo asentamiento urbano a barrio por integrar. Una breve historia del Playón de Chacarita y las villas de la Ciudad de Buenos Aires (2001-2015)

El actual Playón de Chacarita comenzó a ser habitado originalmente durante la década de 1960 por algunas pocas familias, pero su ocupación comenzó a crecer significativamente a finales de los años 90 y principios del 2000 (Rodríguez, 2015; Paiva, 2017a; Vacotti, 2014), cuando la playa de maniobras adyacente a la estación de trenes de la línea Urquiza cayó en desuso producto de la privatización de Ferrocarriles Argentinos. El predio poseía unas dimensiones de casi dos hectáreas y se encontraba rodeado por muros, con un único ingreso por la calle Fraga a altura 900. Durante estos primeros años, la población era escasa (unas 20 familias) y socioeconómicamente homogénea (argentinos, migrantes internos, y trabajadores ferroviarios), y el asentamiento se encontraba invisibilizado para el resto del barrio por la existencia de un largo paredón (Vacotti, 2014). Sin embargo, la crisis económica y social de comienzo del 2001 empujó a nuevas familias a ocupar terrenos, y la villa comenzó a crecer rápidamente, principalmente por personas desalojadas de pensiones o casas de los barrios de Chacarita, Villa Crespo y Colegiales (Paiva, 2017a).

El Censo de Población, Hogares y Vivienda del 2010 ya registró un aumento de la población que ascendía a 2.324 personas en 727 hogares (Dirección General de Estadísticas y Censos [DGEyC], 2015)^[2]. Constreñido por las infraestructuras ferroviarias y las calles lindantes al terreno, el aumento poblacional implicó la verticalización de las viviendas y la densificación del barrio, con algunas viviendas llegando a alcanzar los tres o cuatro pisos, mientras llegaría a distribuirse en nueve “manzanas” o “sectores” con tamaños y poblaciones diversas. Esta densificación implicó también la aparición de lógicas mercantiles informales, como el alquiler de habitaciones o la venta del espacio aéreo (es decir, el derecho de construcción por sobre la terraza) (Paiva, 2017b).

Figura 1. Mapa del barrio Playón de Chacarita circa 2019

Fuente: elaborado por Carla Fainstein.

La gestión de jefe de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, comenzada en diciembre de 2015, implicó algunas reconfiguraciones en la lógica de intervención del GCBA hacia las villas de la ciudad, especialmente para aquellas que comenzaron un proceso de reurbanización. Si bien esta jefatura de gobierno era del mismo signo político que la gestión anterior (Rodríguez Larreta fue jefe de gabinete de Mauricio Macri y una figura prominente en dicha gestión), existen algunas discontinuidades. Aunque no debe ser soslayado que una gran cantidad de villas de la ciudad continuaron siendo atendidas por las mismas políticas y organismos de la gestión anterior y permanecieron sin ser intervenidas. De forma que, más que un abandono de una política habitacional de tolerancia y contención de la urbanización informal (Fainstein y Palombi, 2019), nos encontramos con una intervención selectiva y aislada sobre cuatro casos específicos que representaron la oportunidad de abrir frentes de desarrollo para el mercado inmobiliario (Zapata et al., 2020). Estos fueron el Barrio Padre Mugica (ex-Villa 31 y 31 bis), Villa 20-Lugano, el Playón de Chacarita, y Rodrigo Bueno. En este nuevo esquema, fue la Secretaría de Integración Socio-Urbana (SISU) la responsable de implementar y coordinar la reurbanización en la primera, y el IVC el organismo ejecutor de las tres siguientes. Esto implicó una jerarquización de este último organismo, el cual no solo ahora dependió directamente de la Jefatura de Gobierno, sino que también recibió importantes fondos y recursos. La política de desfinanciación del presupuesto habitacional fue revertida para realizar una importante inversión en el IVC, también apelando a financiamiento extranjero (mediante empréstitos de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina^[3]) y a la venta de inmuebles propiedad del Estado nacional y del GCBA.

Cada una de estas cuatro villas afectadas a la urbanización, sin embargo, se encuadraban en “proyectos de renovación o Grandes Proyectos Urbanos que tienden a encarecer el precio de la tierra y alentar la especulación inmobiliaria, incentivando una dinámica excluyente en términos del acceso a la tierra y la vivienda” (Zapata et al., 2020). Los procesos en estos cuatro casos fueron avanzando a ritmos dispares, producto de una planificación “proyecto a proyecto” de acuerdo con las oportunidades que se presentaron en cada caso, priorizando las obras de vivienda nueva por sobre las intervenciones en las viviendas y los espacios autoconstruidos, al tiempo que se incumplían consistentemente con criterios mínimos de participación y consenso (Rodríguez, 2019). Estas políticas han comenzado un proceso de expulsión por goteo, en la medida que la ausencia de atención especial a los inquilinos ha generado expectativa de valorización en los propietarios de las habitaciones en alquiler, subiendo los precios de arrendamiento (ibid.). Esto es particularmente problemático en el contexto mayor de la inquilinización de las villas y los asentamientos de la ciudad (Rodríguez, Rodríguez y Zapata, 2015; Cravino, 2018).

Un proceso de reurbanización es un conjunto complejo de políticas territoriales y sociales con profundos efectos sobre el paisaje construido y las tramas sociales que se tejen en él. En este sentido, los procesos de reurbanización propuestos por el GCBA fueron políticas de regularización urbana ex post (es decir, que buscan atender a una informalidad urbana existente, más que prevenirla) e in situ (reconociendo el derecho a permanecer de los habitantes en vez de buscar su relocalización a otro barrio o sección de la ciudad) (Clichevsky, 2012), inspiradas en estándares internacionales (Fernandes, 2011; Rojas, 2016). Estos implicaron una batería de medidas que incluyeron la construcción de vivienda nueva para alojar a familias relocalizadas, la apertura de calles, el esponjamiento, el mejoramiento de las viviendas y la conexión a servicios públicos, la instalación de infraestructura de agua, cloacas y pluviales, la pavimentación de caminos y pasillos internos, la ampliación y puesta en valor de espacios públicos, la instalación de infraestructuras sociales, y la regularización dominial.

La territorialización de la política en el Playón de Chacarita

En el Playón de Chacarita, existe un denso entramado barrial de organizaciones políticas y sociales. Quizás podríamos recuperar la metáfora de “selva organizacional” propuesta por Cerrutti y Grimson (2012) para discutir con la “desertificación organizativa” descripta por Auyero (2012: 112; Wacquant, 2001). Encontramos que, dentro de la misma manzana, podía coexistir una multiplicidad de organizaciones de todo tipo: políticas y territoriales, religiosas, comedores, merenderos, ONG, de caridad, de apoyo escolar, etc. Formando parte de este entramado, encontramos toda una serie de organizaciones políticas, sociales y populares como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), La Cámpora, el Partido Obrero, Barrios de Pie, Colectivo por la Igualdad, ONG con trabajo territorial cotidiano ligado a la asistencia (Tejiendo el Barrio) o a la consultoría y el empoderamiento técnico o jurídico (ACIJ, ODC), entre otras. Estas organizaciones llegaron al barrio, o emergieron de él, en distintos momentos hacia finales de la década del 2000 y principios del 2010, constituyendo una escena (Cefaï, 2002): los referentes de distintas organizaciones se conocen y reconocen entre sí, están al día con las actividades que realizan unos y otros, cooperan tanto como compiten (por recursos, apoyos, etc.), y conforman un horizonte de vivir juntos.

La movilización política y social se comenzó a conformar en el barrio a partir del 2008, con la presentación de una demanda judicial colectiva por parte de vecinos del Playón al GCBA^[4] (Vacotti, 2017, 2018; Rodríguez, 2015) (como también se hace referencia en los capítulos de Garibotti y Girola y de Fainstein). La vida política en las villas de la ciudad estuvo signada estos años por la judicialización del derecho a la vivienda, ligada al ciclo de activismo jurídico en el que convergieron actores del Poder Judicial (defensorías, jueces, abogados, etc.) y organizaciones de la sociedad civil en la traducción de carencia y penurias urbanas como denegación de acceso a derechos sociales (Delamata, 2014; Giurleo, 2017). Esta experiencia representó un aprendizaje importante de ciudadanía para los vecinos del barrio, que comenzaron a movilizarse como “vecinos autoconvocados” (Vacotti, 2017, 2018; Rodríguez, 2015). Promovida por varias organizaciones sociales con acción territorial, esta demanda solicitaba la provisión de servicios públicos y la realización de procesos participativos, ambos estipulados por la Ley 148/98 (Vacotti, 2018).

Esta obtuvo un fallo favorable durante el 2010 por parte de la jueza Alejandra Petrella, lo cual implicó la orden judicial para el GCBA de comenzar a trabajar en el barrio, realizar relevamientos censales y celebrar elecciones de representantes como lo estipula la Ley 148/98. El IVC debió realizar intervenciones para garantizar la provisión de agua y saneamiento con equipos atmosféricos e hidrantes y mejorar las instalaciones eléctricas y cloacales existentes a través de cooperativas de trabajo (Rodríguez, 2015) (con aspectos similares a lo que describe el trabajo de Garibotti y Girola). A pesar de que el fallo ordenaba la reurbanización del barrio, el Playón fue sistemáticamente soslayado por las políticas de atención a barrios informales del GCBA durante estos años: primero negándole el carácter de villa (y, por lo tanto, de ser urbanizable bajo la Ley 148/98) (Paiva, 2017b; Rodríguez, 2015) y luego por la desatención de otros dispositivos territoriales, como la Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI). Sin embargo, el IVC sí acató el fallo en cuanto a la celebración de elecciones de representantes. Esta se realizó el día 27 de noviembre de 2011 y, a través de un proceso participativo previo, vecinos del barrio establecieron que el cuerpo de delegados tendría 27 miembros, tres por manzana, con una vigencia de dos años. Dicho cuerpo elegiría de entre sus miembros un consejo del barrio que tendría la función de representarlo ante el GCBA. Este proceso, sin embargo, también despertó viejos clivajes y diferencias en las solidaridades del barrio, entre argentinos y migrantes, extrabajadores ferroviarios y no ferroviarios, etc. (Rodríguez, 2015).

En 2013, vencidos estos mandatos, y no habiendo convocado la junta electoral nuevas elecciones, el Juzgado intervino nuevamente, conformando los padrones y celebrando un nuevo acto de votación en septiembre de 2014. Sin embargo, esta vez, de forma inconsulta con los vecinos, se modificó el esquema de representación y se agregó una comisión directiva compuesta por cinco miembros (presidente, vicepresidente, secretarios y dos vocales), que fueron elegidos de forma directa (Rodríguez, 2015). La lista que predominó en estas elecciones se manifestaba como “apolítica”, aunque los vecinos la identificaban como cercana al GCBA y al partido Propuesta Republicana (PRO). Este periodo también implicó la llegada de actores políticos que generaron clivajes que se mantienen aún hoy: la aparición de militantes tanto de la esfera del Frente para la Victoria (FpV) como del PRO facilitó el acceso de la población a servicios y recursos, pero también estos delegados y referentes comenzaron a priorizar la acumulación política de sus organizaciones por sobre los intereses barriales (Vacotti, 2017).

Varios actores y vecinos percibieron como negativa esta llegada de partidos y movimientos políticos al barrio y los clivajes que generaron a su interior. Según estos actores, las prácticas y lógicas de militancia política pusieron en primer lugar la acumulación político-partidaria por sobre los intereses del asentamiento y sus habitantes. Para algunos actores, esto habría comenzado con la elección de delegados luego de la judicialización del 2008 y se habría profundizado con las elecciones del 2014. Por ejemplo, una referente que formó parte de dicho proceso reflexionaba:

Yo creo que la formalización de las elecciones le causó mucho daño a la unidad del barrio, era mucho más fácil trabajar colectivamente cuando no había la entrada de alguna manera de esta disputa por un poder más formalizado. Que es una formalización bastante entre comillas porque los vecinos y los delegados no cobran un peso, siempre terminan trabajando los mismos y haciendo lo mismo que venían haciendo. […]. Esta cosa de la disputa entre partidos que era algo que, por más de que había vecinos autoconvocados de este cuerpo de delegados inicial que te digo, que participaban de organizaciones y de partidos, como que no jugaba en su participación en el partido en el que estaban, sino era más su vocación de trabajar por el barrio. Y eso cuando vienen las elecciones [vecinales del 2014] se transformó un poco porque ya es la necesidad más del partido o de la organización de sentar una base como de disputa de poder territorial. […]. Yo creo que tiene que ver con eso, ha habido mucho uso de los vecinos para esa acumulación por afuera del barrio aprovechándose también de las necesidades o a veces hasta creando necesidades, […] pero bueno, se crea la necesidad del comedor, y alrededor de los comedores comunitarios se arman estas movidas de acumulación política hacia el afuera que no terminan teniendo un impacto en la mejora de las condiciones de vida colectiva, sobre todo. O terminan mejorando uno, dos, tres, cuatro, cinco casas que son las de los que militan con ellos y eso siempre termina generando mucho conflicto al interior de la manzana (referente organización política que brinda asistencia técnica y legal, 2019)^[5].

Al no contar con las tradiciones y los entramados políticos de villas más antiguas de la ciudad, el proceso de territorialización de la política popular tomó forma en el Playón a partir de esta experiencia de organización y judicialización por la reurbanización del barrio del 2008 (Vacotti, 2017), y tuvo como catalizadores las elecciones barriales del 2011 y del 2014. Los trabajos académicos sobre la política barrial del Playón en los años anteriores al proceso de reurbanización coinciden en la presencia de una tensión entre el Movimiento de Vecinos Autoconvocados, que se presenta como una organización apartidaria y que protagonizó el proceso de judicialización, y la llegada de nuevos actores con formas propias de hacer política para competir en las elecciones de 2011 y 2014 (Vacotti, 2017; Pace, 2013). Si bien la llegada de estos permitió acortar la distancia institucional y facilitó el acceso al Estado a una población que consistentemente fue desoída por este, “produjo significativas fracturas en el entramado político local, al cooptar a varios delegados y referentes, que comenzaron a trasladar las prioridades de esta agrupación a las instancias políticas barriales” (Vaccoti, 2017a: 59). En el marco de nuestro trabajo de campo, no podemos constatar si realmente la llegada de estas formas de organización y competencia partidaria tuvieron lugar como consecuencia de las elecciones barriales del 2014. Sin embargo, podemos sostener que es un diagnóstico compartido por varios de los actores que entrevistamos, que probablemente sea resultado de cierta experiencia y posea, de todas formas, alguna forma de eficacia simbólica. De cualquier modo, los barrios populares no son comunidades ideales en las que los intereses y las aspiraciones políticas y económicas de todos sus miembros necesariamente coincidan. De hecho, es común que en ellos se construyan mitos sobre un pasado de mayor organización y solidaridad colectiva (Cravino, 2004).

A finales de 2015, comenzaron a reunirse un grupo de delegados y referentes barriales que, inspirados en la experiencia de la Mesa de Urbanización de la Villa 20-Lugano, buscaban elaborar y proponer un proyecto propio. Consideraban que la presencia del mismo signo político en el GCBA y en el gobierno nacional (propietario de los terrenos ferroviarios en los que se encontraba el barrio) configuraba una ventana de oportunidades para lograr el traspaso de tierras al Estado local y reclamar por políticas de regularización dominial para el Playón. Esta iniciativa tomó el nombre de Mesa Abierta por la Urbanización del Playón de Chacarita (MAU). A principios del 2016, mientras que estos vecinos y referentes se encontraban organizando y sumando apoyos, fueron advertidos por varias fuentes y contactos informales sobre la existencia de planes en el GCBA para abrir una extensión de la avenida Triunvirato y al mismo tiempo urbanizar el Playón. En abril de dicho año, el IVC realizó un censo de personas, hogares y viviendas del barrio, algo que históricamente señala a vecinos de barrios populares la posibilidad de algún tipo de intervención por parte del Estado (Cravino y Fainstein, 2017), ya sea un desalojo o una reurbanización. Unos meses más tarde, el IVC finalmente oficializó sus proyectos públicamente y comenzó a organizar asambleas participativas en el barrio.

Durante 2016 la MAU sumó actores y creció en términos de movilización y representatividad, incluyendo organizaciones políticas del peronismo, movimientos sociales, partidos de la izquierda independiente, ONG e incluso una huerta orgánica autogestiva instalada dentro de los terrenos ferroviarios. Pero ciertas discusiones y diferencias sobre la mejor forma de negociar con el GCBA e intervenir ante el proyecto de ley de reurbanización para el barrio terminó de quebrar el espacio. Ante la dificultad de lograr que el IVC introdujera ciertas enmiendas al proyecto de ley, el legislador Marcelo Ramal del Partido Obrero propuso realizar un dictamen por minoría y presentar un proyecto alternativo, inspirado en un texto que referentes barriales redactaron en el 2011 para el traspaso de tierras al gobierno local^[6]. Aquí se ponen en juego distintas apreciaciones del campo de posibilidades y de horizontes de expectativas entre los distintos actores (Koselleck, 1993): algunos creían que, dada la correlación de fuerzas partidarias en la legislatura, era mejor buscar la mayor cantidad de modificaciones posibles al proyecto de ley oficialista, mientras que otros buscaban la redacción de un proyecto alternativo que plenamente representase la voluntad de los vecinos e intentar perseguir su sanción.

Algunos vecinos y organizaciones invirtieron un esfuerzo considerable en la redacción de este proyecto alternativo, a pesar de que ellos mismos y otras organizaciones de la MAU consideraban imposible su sanción en la legislatura. La mayor parte de las organizaciones y vecinos miembros de la MAU expresaron públicamente su deseo de que los legisladores del bloque legislativos del FpV votaran en contra del proyecto de ley presentado por el oficialismo, y que en su lugar apoyasen el dictamen de minoría. Sin embargo, los legisladores del FpV consideraron que no podían presentarse públicamente frente a la ciudadanía como un partido político que votaba en contra de la reurbanización de un barrio popular de la ciudad y preferían negociar enmiendas al proyecto oficialista. Esto implicó un primer quiebre al interior de la MAU, ya que algunos referentes y vecinos interpretaron esta decisión como una traición. Luego de la sanción de la ley en marzo de 2017, y como producto de esta votación, algunas organizaciones pertenecientes al FpV se retiraron de la mesa y dejaron de tener presencia territorial en el barrio. Otras también afines a esta línea política, sin embargo, continuaron participando y mantuvieron algún tipo de militancia en el Playón, pero perdieron apoyos, y referentes que representaban territorialmente a estas organizaciones migraron hacia otras.

Un segundo y definitivo quiebre de la MAU tuvo lugar cuando uno de sus miembros, perteneciente a una huerta orgánica autogestiva que se presentaba como uno de los actores más comprometidos en confrontar con el gobierno, la abandonó luego de llegar a un acuerdo individual con el IVC. Durante finales del 2016 y principios del 2017, líderes de la huerta empujaban a los otros miembros de la mesa a tomar una posición radical frente a la propuesta del IVC, de abstenerse de negociar con las autoridades y, en su lugar, movilizarse con un repertorio de protesta más radical, incluyendo marchas, cortes y movilizaciones. El anuncio de su abandono de la mesa por haber llegado a un acuerdo individual con las autoridades creó otro conflicto interno que dañó aún más la confianza entre los miembros. Luego de este quiebre en la MAU, las diferencias y las desconfianzas entre miembros permanecieron tan altas que no pudieron volver a articular una coalición tan abarcadora.

Según lo estipulado por la ley de reurbanización, la Mesa de Gestión Participativa (MGP) se reunió por primera vez en abril de 2017. Rápidamente, se conformaron en el interior de esta dos campos organizacionales antagónicos, compuestos por vecinos y referentes sociales con identidades políticas y formas opuestas de entender la participación y la reurbanización del barrio. Durante esta etapa, la tensión y los desacuerdos entre estos dos grupos fue tan alta, que en varias oportunidades la MGP tuvo que ser levantada o pospuesta debido a los altos niveles de conflicto. Esto fue agravado por carencias en las prácticas del IVC en estas instancias participativas. Los vecinos recibían poca o ninguna información sobre el proceso de reurbanización, los tiempos para tomar decisiones y construir acuerdos eran demasiado cortos, o las preocupaciones de los vecinos no eran apropiadamente atendidas. Estos tendrán como efecto agravar la desconfianza tanto entre los distintos actores barriales, como hacia las autoridades del IVC.

“Dividen al barrio internamente”: ¿trabajar para el barrio, acumular para el partido?

La llegada del proyecto de reurbanización y la implementación de dispositivos participativos formales creó nuevas tensiones entre actores políticos en el barrio. Al momento de realizar nuestras entrevistas, podíamos identificar que las organizaciones y los liderazgos del playón conformaban un campo organizacional: “el número total posible de organizaciones con las que la organización particular podría establecer vínculos específicos” (Klandermans, 1997, p. 142) entre las cuales se configuran relaciones de alianza u oposición. Un campo organizacional con el que se vincula un liderazgo o una organización puede no ser necesariamente de apoyo, bien puede ser también antagonista o incluso indiferente, pero su composición no es azarosa, sino el resultado de clivajes políticos y sociales que lo preexisten (Klandermans, 1997, 2013). Así, en el Playón de Chacarita, el sistema de alianzas y oposiciones se estructuraba en torno a dos grandes grupos, que a su vez podían contener conflictos y alianzas a su interior y que fueron reconfigurándose a lo largo del proceso de reurbanización según tensiones internas y dinámicas centrífugas.

Por un lado, existía todo un conjunto de organizaciones y referentes que se identificaban con distintos movimientos políticos y organizaciones populares y de la izquierda independiente. Entre estas encontramos formas organizativas muy diversas, pero en general se trata de actores vinculados a movimientos sociales, sindicatos, partidos y agrupaciones políticas y ONG. Estos incluyen el Movimiento Evita, la CCC, Tejiendo el Barrio, Barrios de Pie, El Hormiguero, Cienfuegos (UPCN), La Corriente Villera Independiente, La Cámpora, Kolina, el Partido Obrero, ACIJ, el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, el Colectivo por la Igualdad, delegados de distintas manzanas y algunos miembros de la Comisión Vecinal, entre otros. Muchos de estos actores formaron parte de la experiencia de la MAU; sin embargo, a partir de su quiebre a principios del 2017, esta red de alianzas y oposiciones se complejizó a medida que los actores que la formaron parte se fraccionaron y disgregaron, nuevamente con base en distintas diferencias y afinidades.

Por otro lado, se encontraban lo que vecinos y residentes llamaban “delegados del PRO”. Estos eran delegados por manzana, miembros de la comisión vecinal o referentes barriales que podían reconocerse (o no) como militantes de la coalición Vamos Juntos (y dentro de estas, del partido Propuesta Republicana). Entre estos se encontraban tres miembros de la Comisión Vecinal, uno de los cuales mantenía el control dentro del Playón de un recurso clave en la política territorializada de las villas de la ciudad: las cooperativas de trabajo, y más tarde la bolsa de trabajo en obras de la reurbanización^[7]. Este campo de actores barriales tomó forma durante la década del 2010, cuando el “ingreso de un partido de centroderecha al mundo de la militancia popular tradicionalmente peronista [ha sido] una alteración profunda de las lógicas que han dominado la construcción política barrial” (Vommaro et al., 2015, p. 381).

Al momento de realizar nuestro trabajo de campo, era una experiencia sobre las disputas y los conflictos entre y al interior de estos campos organizacionales sobre lo que se construían los sentidos que circulaban en el Playón sobre el trabajo político como opuesto a los intereses de los vecinos del barrio. Queremos recuperar dos fragmentos de entrevistas que son particularmente representativos de estas experiencias y estos sentidos y cómo se construían en torno al trabajo político en el barrio. En primer lugar, una referente entrevistada nos decía:

Dividen al barrio internamente. Como le digo a la gente del Polo [Obrero], a [Alfredo]^[8] del Movimiento Evita, [a gente] de Tejiendo [El Barrio], le digo “[Alfredo], hay cosas que podríamos hacer juntos, más allá de que pensemos distinto”. Pero acá, cada quien busca marcar su territorio. Yo no marco ningún territorio. Yo no hago política dentro del barrio. Yo ayudo dentro del barrio con el apoyo escolar, con el tema de que vengan los médicos. Me voy a hablar con los radicales, que no opino como ellos, pero, si traen un beneficio para el barrio, bienvenido sea. […]. Ahora, el Polo Obrero, el Movimiento Evita, La Cámpora destruyeron muchas fracciones dentro del barrio. O sea, cada quien puede tener su ideología política, pero venir a tomarte una foto, cuando el esfuerzo es del vecino y no tuyo, y la organización es del vecino y no tuya, no está bien (referente territorial y presidenta de la comisión vecinal, 2018. Las cursivas son nuestras).

Existen varias cuestiones que señalar en este fragmento que recuperamos in extenso. No solo los sentidos que se presentaban sobre la dificultad para articular y salvar diferencias con otras organizaciones (“Hay cosas que podríamos hacer juntos, más allá de que pensemos distinto. Pero acá, cada quien, busca marcar su territorio”) y sus efectos en las tramas sociales del barrio (“Dividen al barrio internamente”), sino también sobre las carencias morales de estas organizaciones (“Pero venir a tomarte una foto, cuando el esfuerzo es del vecino y no tuyo, y la organización es del vecino y no tuya, no está bien”). Nuestra entrevistada se distanciaba de estas prácticas y se presentaba como una actriz desinteresada en la acumulación partidaria (“Pero acá, cada quien busca marcar su territorio. Yo no marco ningún territorio. Yo no hago política dentro del barrio”), aun cuando su trabajo territorial era eminentemente político como miembro electo de la comisión vecinal.

De forma similar, una referente de una organización bastante distante en cuanto a simpatías y posicionamientos ideológicos, y que podríamos situar en un campo organizacional opuesto, se expresaba de la siguiente manera:

Nosotros apuntamos un poco a tratar de dialogar con la mayor cantidad de organizaciones posibles. Pero lo veo difícil, [porque] siempre terminan como fracturándose los espacios. Es complejo también por las formas de negociación y de crecimiento de muchas organizaciones. Muchas organizaciones aprovechan este tema para su crecimiento propio. Entonces es difícil, viste, y eso también creo que genera como un montón de internas entre los vecinos, por lo menos es lo que pasó [en el Playón de Chacarita], por ejemplo (referente organización política y territorial, 2018).

Nuevamente, la política y las organizaciones aparecen dividiendo a los residentes (“Genera como un montón de internas entre los vecinos”) como producto de sus formas de militancia territorial (“Muchas organizaciones aprovechan este tema para su crecimiento propio”). La referente presentaba su organización como intentando salvar estas diferencias (“Apuntamos un poco a tratar de dialogar con la mayor cantidad de organizaciones posibles”), pero es un trabajo difícil y algo infructuoso porque las alianzas siempre terminaron rompiéndose (“Porque los espacios […] siempre terminan como fracturándose los espacios”).

Así, encontramos que la política que rompe y fragmenta las relaciones de solidaridad, por una búsqueda cínica de acumular apoyos al interior del barrio, era siempre presentada como las formas de hacer política de los otros. Es decir, si todos coincidían en un diagnóstico sobre los problemas de coordinación y movilización, este siempre acusaba a otras agrupaciones sin hacer referencia a las situaciones y las prácticas en que la propia priorizó su acumulación política. Esto sucedía con todos los actores que relevamos, sean delegados afines al PRO, las organizaciones kirchneristas, o los movimientos sociales de izquierda independiente. A diferencia de otros trabajos sobre politicidad popular, donde la política era mal vista cuando era practicada fuera de su tiempo y lugar (Borges, 2017), o donde no había separación entre trabajar para el mejoramiento del barrio y militar políticamente (Ferraudi Curto, 2014; Quirós, 2011), en el Playón la militancia política era percibida como una fuerza fragmentadora y destructiva de las solidaridades barriales cuando era practicada por un adversario político. La militancia política propia siempre se personificaba como la expresión desinteresada de ayudar y construir lazos de solidaridad al interior del barrio. Esto puede haber sido, en parte, por una situación de entrevista que ponía a los referentes en una actitud de cautela ante la mirada de un investigador (Vommaro y Quirós, 2011). Pero, al menos en nuestras entrevistas, se reeditaban tensiones morales entre trabajar para el barrio y trabajar para la política que otros investigadores encontraron en barrios populares del Gran Buenos Aires (Frederic, 2004; 2009).

Para muchos de los actores involucrados en la urbanización, esta fragmentación era una particularidad del barrio que preexistía a la intervención del IVC, que se presentaba como evidente y que, como tal, no requería de demasiada explicación. Una referente contaba: “Lo que pasa que el Playón de Chacarita es un barrio muy combativo. Bardo, bardo, eh” (entrevista a referente de organización política y territorial, 2018). Y nos relataba de episodios de violencia que había sufrido su organización entre los años 2010 y 2015, mientras que una funcionaria del IVC nos decía que era “una particularidad del Playón”:

No sé si tiene que ver con la fragmentación en cuanto al cuerpo de delegados, no sé muy bien por qué. Pero es verdad que, en otras experiencias, uno sabe que hay pesos pesados, [que] sin embargo [se entienden]. En la mesa técnica de la [Villa] 20, uno encuentra a Sahonero^[9] conversando con Beatriz Pedro^[10], y fijando una estrategia para que el proceso pueda avanzar (funcionaria del IVC, 2020).

Pero este verbatim desnuda también que no es la existencia de formas político-partidarias de organización y movilización en el Playón lo que necesariamente produce estas diferencias. El ejemplo de la Villa 20-Lugano muestra que otros asentamientos populares en proceso de reurbanización, y atravesados por las mismas diferencias políticas y partidarias, no han experimentado divisiones tan profundas, y sus experiencias en mesas de gestión participativas y mesas técnicas han sido relativamente exitosas en articular actores disímiles (Motta et al., 2018; Ronconi y Cataldo, 2021). Para algunos, también existía cierta responsabilidad en el IVC, el cual estaría agravando estas diferencias a partir de prácticas poco democráticas en las distintas instancias participativas y en la forma de negociar o articularse con los actores políticos y sociales del barrio. Una referente nos decía al respecto:

Pero bueno, esa actitud siempre de desconfianza para mí rompió la organización interna del barrio, y [es] algo que el IVC colaboró. Por eso creo que hay una responsabilidad del Estado. Nunca fueron claros, no aportaron a la organización, no aportaron a la confianza, ni a la transparencia, nunca supieron abordar los conflictos. Las mesas terminaron a trompadas millones de veces, y la actitud que toman es como si ellos no tuvieran que ver. En un momento en que generás una tensión que los vecinos no la tenían, sos vos el responsable de esa tensión y sos vos el que tenés que ver la manera de abordarlo, la metodología, la forma y construir condiciones más claras; si tenés buenas intenciones, lo tenés que poder lograr. Si lo que generan es confusión, la responsabilidad es de ellos (asesora en la legislatura porteña, 2019).

Pero, volviendo a la pregunta respecto a la relación sobre la acumulación política y trabajar para la urbanización del barrio, se revelan matices complejos: todos los actores que entrevistamos hubieran respondido que no existe una tensión o separación entre su propio trabajo político y trabajar para beneficio del barrio. Pero, según ellos mismos, el resto de los actores que se encontraban militando en el asentamiento popular anteponían sus intereses partidarios a los de los vecinos. Nadie se reconocía como responsable del distanciamiento y la disgregación de las organizaciones sociales en el barrio, de la violencia política o de las dificultades para coordinarse.

Esto responde en parte a una gramática de motivos (Trom, 2008; Cefaï, 2008) que despliegan los actores del barrio: se trata de argumentos estilizados que se encuentran públicamente disponibles (como parte de un repertorio) para explicar las motivaciones propias y ajenas detrás de una acción. En este caso, son recuperados para explicar cómo la fragmentación y la disgregación se encuentran en las atribuciones y las acciones de los otros. Admitirse como parte de ese problema es construirse como actores políticos cínicos poco interesados en el bien común y solo preocupados por sumar apoyos a la organización propia. Así, se apelaba a esta gramática de motivos para explicar los conflictos, las tensiones y los desacuerdos entre las organizaciones sociales. El problema se encuentra en que estas “acusaciones de incompletitud, de ilegitimidad, de pérdida de representatividad o de ausencia de tipicidad fragilizan o escinden continuamente los lazos más o menos sólidos y durables entre acción y colectivo” (Trom, 2008, p. 22). Es decir, la recuperación de estos repertorios de motivos que denunciaban como cínico el accionar de adversarios políticos para contraponer a los propios como desinteresados tenía como consecuencia no anticipada que debilitaban de manera generalizada la legitimidad de toda forma de movilización política en el barrio. Si la política fragmenta, escinde y debilita lazos comunales de solidaridad, si las “organizaciones aprovechan este tema para su crecimiento propio” (entrevista referente organización política y territorial, 2018) y “cada quien busca marcar su territorio” (entrevista referente territorial y presidenta de la comisión vecinal, 2019), entonces la política como actividad vital se torna un ejercicio espurio, completamente despojado de sentidos valorativos e ideológicos.

La competencia y cooperación político-partidaria: campos organizacionales y las redes de (des)confianza barrial

A pesar de estas gramáticas de motivos y de los relatos de fragmentación y conflictividad en el Playón de Chacarita, encontramos también que las organizaciones y los liderazgos sociales del barrio cooperaban tanto como competían por recursos y apoyos según los campos organizacionales que se conformaban en el barrio. Decimos que cooperaban porque organizaban eventos y actividades en conjunto (como ollas populares, la Mesa Abierta por la Urbanización, eventos para fechas especiales, etc.), intercambiaban información técnica o política sobre el proceso de reurbanización, coordinaban de antemano sus intervenciones en la MGP o la mesa técnica, ponían recursos económicos en común, etc. En observaciones de campo, encontramos que compartían espacios y recursos para organizarse, se comprometían a obtener donaciones de sus propias instancias centrales y ponerlos en común con organizaciones aliadas en el barrio, o intercambiaban información sobre aspectos técnico-urbanísticos que discutir en la MGP. El siguiente fragmento de entrevista relata cómo la Olla Abierta por la Urbanización del Barrio, un evento que tenía lugar una vez al mes en espacios públicos del asentamiento para comunicar y concientizar a los vecinos sobre los avances del proceso de reurbanización, surgió a partir de la puesta en común de recursos por parte de varias organizaciones y vecinos del barrio:

Y la olla salió acá, bueno, nuestras primeras donaciones las trajo Vicky Montenegro, la diputada. Ella fue la que nos donó las primeras verduras para nuestra primera olla. Y las ollas se compró con plata que se puso de los compañeros, del bolsillo cada uno puso una cierta plata y se compró la olla, y bueno. Y después, bueno, un poquito la CTEP, un poquito Tejiendo [el Barrio], y así se va articulando para hacer la olla. Porque ahora se están sumando compañeros de otras orgas [organizaciones], que cada uno va poniendo cosas, y así… (referente de ONG con trabajo territorial en el barrio, 2020).

Este verbatim ilustra cómo dicha iniciativa de la que formaban parte distintas organizaciones y referentes fue el resultado de la cooperación y coordinación. Pero esta iniciativa es también un buen ejemplo de cómo, en estas formas de cooperación, no solamente se puede poner en juego un cálculo de beneficio o la existencia de formas ideológicas y políticas en común, sino también disfrutar de vincularse socialmente y compartir una forma de vivir juntos (Quirós, 2008). En encuentros de organización de esta olla, presencié cómo referentes discutían el menú de forma amena, incentivando a un representante local a cocinar un plato que era experto en preparar. El ambiente y el tono eran de planificación de una fiesta o un encuentro social, y no un serio mitin político.

Matizando los relatos sobre la política como origen de divisiones que relevamos previamente, esta también puede promover o fundar la coordinación y la cooperación entre los actores en torno a una problemática o un antagonismo común. Otro ejemplo fue la ventana de oportunidades (Tarrow, 2012) que implicó el resultado de las elecciones presidenciales de 2015 y que dio lugar a la Mesa Abierta por la Urbanización del barrio. Como nos relataba una de nuestras entrevistadas sobre la conformación de esta, a principios de 2016:

Se alinearon algunos planetas y toda la disputa que había antes entre el Frente para la Victoria con otra gente más independiente o de organizaciones más de izquierda o de centro-izquierda [se acabaron]. Digamos que las riñas se terminaron porque ahora había un enemigo común para enfrentarse, que era el PRO en Ciudad y en Nación. Entonces decidimos abrir la posibilidad de empezar a trabajar en conjunto por la urbanización del barrio (referente de organización política que brinda asistencia técnica y legal, 2019).

Es decir, la emergencia de nuevos antagonismos no solo genera distancias y conflictos, también puede conformar nuevas alianzas y acercamientos, como este verbatim demuestra. El éxito electoral de Cambiemos en los comicios presidenciales del 2015 colocó al mismo signo político en el GCBA y en el gobierno nacional. Nuestra entrevistada se refiere a dos aspectos en los que esto produjo una ventana de oportunidades para la conformación de nuevas alianzas y acuerdos en el barrio. Por un lado, los comicios redibujaron el mapa político en Argentina, y las distintas organizaciones y facciones peronistas se encontraron en el impasse de ocupar un lugar de oposición a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, acercándolos a actores de la izquierda con los que, en otras escalas y distritos, confrontaban como oficialismo. Por otro lado, al ocupar el mismo partido político el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, se creó la oportunidad de obtener el traspaso de las tierras sobre las que se encontraba el asentamiento, del primero al segundo, para obtener así la regularización dominial del barrio.

Es decir, las alianzas entre organizaciones, movimientos y partidos tejidas a niveles o escalas más altas pueden traducirse en mayores niveles de cooperación a nivel local. Este también fue el caso del llamado Triunvirato de San Cayetano: la alianza nacional entre la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (Hudson, 2020), que, en el Playón de Chacarita, se tradujo en una mayor coordinación entre sí de las representaciones locales de esos movimientos. Especialmente, a través de la Ley de Emergencia Social de 2016, que habría permitido, según una militante del Movimiento Evita, “más organización de los mismos vecinos […] y […] la posibilidad de que haya un salario complementario para poder trabajar dentro del barrio con las necesidades comunitarias”. Y agrega: “A partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto” (referente de movimiento social nacional con trabajo territorial, 2019).

Estas formas de cooperación y coordinación no van en detrimento de que también diferencias políticas intra o interorganizativas se puedan colar entre los actores políticos y sociales del barrio: si en la MAU se unificaron bajo un mismo espacio organizaciones y movimientos peronistas y de la izquierda independiente, estos actores eventualmente “rompieron” entre sí porque sostenían diferencias en sus formas de entender y practicar la movilización en el barrio. Una referente, explicando esta cuestión, nos relataba:

Cuando se armó la mesa por la urbanización de Chacarita, era “sin banderas políticas”, que “nadie traiga sus intereses partidarios a este espacio”, “dejemos los intereses afuera”; como cualquiera de las mesas que se arman en las villas. Después se sacaron los ojos porque estaban todos metidos hasta el fondo en las organizaciones. No era gente de quinto rango [dentro] de la organización, uno de a pie del barrio que está en la organización porque le da un laburito, o porque “estoy copada”. Por lo general, la gente que participó estaba muy comprometida con sus organizaciones (referente de ONG en defensa de derechos sociales en villas y asentamientos de la ciudad, 2019).

Sucede que también existe una competencia política que se lleva a cabo en el Playón por sumar apoyos para el partido o la organización de pertenencia, por el prestigio y el reconocimiento que significa el liderazgo del barrio. La competencia también se puede expresar en una búsqueda de liderar el barrio con la esperanza de que se traduzca a futuro en votos o apoyos políticos. Este es el caso, por ejemplo, de la llegada de partidos de izquierda a la MAU y sus intentos inmediatos por liderar el espacio, aun sin experiencia o presencia territorial en el barrio, según nos relataron algunos entrevistados. Una referente nos contaba:

Vino gente del Partido Obrero, que no era del barrio, y cayó a la mesa y empezaron a regentear. Eso fue rarísimo. […]. En la [Villa] 20 tienen gente, en la [Villa] 31 tienen gente. En Rodrigo Bueno no están. [Pero] en Chacarita fue rarísimo. No conozco un solo vecino del PO, pero ninguno. No tienen local adentro y no tienen vecinos. Cayeron a la mesa, y querían armar el comunicado (referente de ONG en defensa de derechos sociales en villas y asentamientos de la ciudad, 2020).

Sin embargo, como relatamos en un apartado anterior, esta estrategia de intervención fue productiva para dicho partido ya que, más tarde, algunos importantes liderazgos locales con posiciones en la comisión vecinal comenzaron a militar y representar al PO al interior del barrio. Especialmente luego de que Marcelo Ramal presentase el dictamen de minoría como una alternativa a la ley de reurbanización en la legislatura.

En este sentido, los recursos de los que la organización dispone para ayudar y distribuir entre vecinos, particularmente los puestos de empleo en el GCBA o en cooperativas de trabajo, son un capital clave en esta competencia y los sentidos morales que se construyen en torno a esta, como ha sido ampliamente discutido en la bibliografía sobre clientelismo y política territorial (Auyero, 2012; Vommaro y Combes, 2016). Por ejemplo, una referente de una organización territorial en el barrio nos relataba que estaban “esperando hace como tres años la planta permanente que nos ofreció el gobierno y que está pactada” y como una referente afín al oficialismo en el GCBA “es la que consigue los puestos estos. […] las manda a anotar en nombre de ella, saben cómo es la movida. Entonces a nosotras se nos fueron como siete compañeras con el PRO y están trabajando en una planta permanente” (referente de organización política y sindical piquetera, 2019). Luego de enumerar por nombre una lista de cinco personas que “se fueron”, agregó: “Esto es como un River-Boca, o te hacés de Boca o te hacés de River, es así. Es como yo siempre digo, cada uno sabe militar y cada uno sabe lo que quiere” (referente de organización política y sindical piquetera, 2019).

Sin embargo, esta metáfora de un River-Boca para describir antagonismos profundos debe ser matizada: en nuestras entrevistas encontramos liderazgos y referentes del barrio que habían migrado por distintas organizaciones políticas y sociales a lo largo de los años, de formas no siempre conflictivas. Los casos que identificamos eran liderazgos informales o delegados de manzana que organizaban un comedor o algún espacio en el que se proveía distintas formas de asistencia a vecinos del barrio, funcionando como sede local de alguna organización política o partidaria. Es decir, los referentes locales poseían cierta autonomía y podían migrar de una organización a la otra, llevando con ellos su capital político, como el apoyo de sus vecinos, su rol como representante electo, o su local partidario en el barrio, dejando a la organización o el movimiento sin un activo clave en la territorialización de la política. Estas migraciones podían ser tanto pacíficas, con la relación terminando en buenos términos, como conflictivas. Esto es consistente con lo que otros investigadores han encontrado en formas de politicidad en barrios populares del Gran Buenos Aires, donde la adhesión y el compromiso se establecen con un liderazgo o referente barrial y no necesariamente con el Estado o el partido político (Quirós, 2008; Auyero, 2007; Manzano, 2009). Es decir, “lo que está en juego es un sistema de obligaciones y derechos entre punteros y vecinos, que son expresados en términos de ayudas, favores, y agradecimientos también recíprocos” (Quirós, 2008, p. 120), lo que podría explicar que estos liderazgos puedan migrar de una organización a la otra y llevar consigo su legitimidad. Traemos esta cuestión porque matiza la idea de antagonismos tan divisivos como la referente expresaba en términos de un River-Boca. Si este fuese el caso, la migración entre espacios de militancia no podría ser posible, ni para referentes ni para beneficiarios.

Prácticamente, todos los liderazgos que entrevistamos comparten la idea de que la unificación de los distintos actores del barrio producía mejores resultados en el proceso de reurbanización y que las mejoras que se han obtenido en el proyecto urbanístico y la ejecución de sus obras han sido resultado de momentos de la articulación entre actores diversos y antagónicos. Sin embargo, tender puentes y hacer a un lado diferencias políticas y personales fue difícil, y la tendencia hacia la diferenciación política ha persistido durante los primeros cuatro años del proceso de reurbanización. Esto no debe ser entendido como una irracionalidad de referentes y vecinos que, desconociendo lo que es mejor para ellos, deciden ignorarlo para profundizar sus diferencias. Por el contrario, estos actores están inmersos en un campo de posibilidades donde el “nosotros” y el “ellos” son estructurados de formas conflictivas y donde diferencias personales, políticas y sociales se superponen entre sí.

En suma, en el Playón de Chacarita, referentes y organizaciones traducían a nivel barrial la competencia política y partidaria que existe a nivel nacional, provincial o municipal, pero de forma compleja, mediada según clivajes locales propios, como afinidades o antagonismos personales. Caracterizar estas transformaciones como simples fragmentaciones o disgregaciones no permitiría dar cuenta de cómo, en el Playón de Chacarita,

el horizonte de vivir-juntos y del bien-vivir-juntos no dejó de reconfigurarse al confrontarse con actos de resistencia, protesta, desobediencia y crítica, de denuncia y reivindicación […]. Las fronteras de lo que es “político” y de lo que no [fueron] incesantemente desplazadas (Cefaï, 2009, p. 17).

Es decir, vecinos y referentes crearon y recrearon límites y fronteras, así como también alianzas y acercamientos (Diani, 2013), estructurando un campo de acciones posibles según formas de identidad colectiva (Melucci, 1996) que fueron restructurándose a lo largo de la implementación del programa de reurbanización.

Conclusiones

En este capítulo nos hemos acercado a los entramados organizativos que se tejen en una villa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la implementación de una política de reurbanización. Originados en un amparo colectivo ante el Poder Judicial en el 2008, estos entramados hicieron un proceso de diferenciación política a comienzos de la década de 2010, a través de elecciones por representantes ante las autoridades del GCBA. Estos comicios implicaron la llegada de actores que introdujeron nuevas prácticas y formas de competencia política que los vecinos experimentaron como una fragmentación de los lazos de solidaridad barriales. Estos entramados territorializaban y traducían localmente la competencia política entre movimientos sociales y partidos políticos diversos y, como tal, se encontraban atravesados por los antagonismos y las alianzas provenientes de escalas nacionales o metropolitanas.

Unos años más tarde, el proceso de reurbanización profundizó estas diferencias. Si, en un primer momento, existieron instancias de articulación multisectoriales que buscaban proponer un proyecto de reurbanización propio para el barrio inspirados en experiencias análogas de otras villas de la ciudad, rápidamente implosionaron ante desacuerdos políticos sobre cuál era la mejor forma de movilizar al barrio ante la llegada del IVC y su programa de reurbanización. Al mismo tiempo, carencias en los diseños participativos del GCBA intensificaron estos conflictos en talleres, asambleas y mesas participativas. Así, se construían sentidos sobre el carácter fragmentador de la política en el barrio, particularmente debido a que la propia militancia se presentaba como un esfuerzo altruista por mejorar las condiciones de vida de los vecinos, mientras que las de los adversarios eran representadas como formas cínicas de manipular las necesidades de los vecinos a cambio de votos para el partido o la organización. Esta impugnación a adversarios partidarios particulares, sin embargo, conformaba una deslegitimación generalizada a toda forma de organización y articulación política en el barrio.

A diferencia de otros trabajos en donde se relevaba que no existían separaciones entre el trabajo político y el trabajo por el bien común del barrio, o donde se movilizaban categorías morales frente a esta tensión, en el Playón encontramos otros matices. Existían sentidos sobre el carácter fragmentador de la política sobre los lazos comunales y de solidaridad del barrio, que no se correspondían del todo con las formas de articulación y movilización que observábamos en nuestro trabajo de campo. Lejos de aquellos relatos que reducen la politicidad popular al clientelismo y el intercambio de favores por votos, encontramos que los vecinos del Playón de Chacarita se relacionaron políticamente bajo un repertorio diverso de motivos que incluyeron a las afinidades ideológicas, la movilización de recursos o la conformación de lazos comunitarios de convivencialidad, pero que asimismo no se limitaron a ellos. Estos tres motivos para relacionarse se entrelazaban entre sí y los podíamos encontrar en actividades y eventos, en las intervenciones en la MGP, en movilizaciones a asambleas y audiencias públicas, etc.

Por otro lado, también nos alejábamos de aquellos trabajos que tienden a presentar a los asentamientos populares (particularmente bajo procesos de reurbanización) como comunidades políticamente homogéneas, donde frentes unificados de actores y organizaciones movilizados compartían intereses políticos y económicos para resistir intervenciones urbanísticas impopulares. Por el contrario, en el Playón de Chacarita, existieron profundas diferencias sobre cómo movilizar mejor al barrio, quién debía hacerse con la voz de este, y quiénes se beneficiarían económica y políticamente del mejoramiento barrial. A pesar de esto, las organizaciones sociales y territoriales lograron, en momentos clave, articular demandas unificadas que obligaron al IVC a mejorar la calidad de las viviendas construidas, el diseño del master plan para la reurbanización del barrio, o la priorización de mejoramientos en la infraestructura existente.

Para captar estas tensiones, propusimos entender que, en el Playón de Chacarita, se conformaban campos organizacionales con el que los actores movilizados (organizaciones, referentes, liderazgos, etc.) cooperaban y competían por apoyos y recursos, territorializando la política, y conformando una escena en la que los actores barriales se conocían y reconocían entre sí. Es decir, contrario a una idea de fragmentación total y de disolución de lazos, proponíamos entender que en el Playón se había reconfigurado un horizonte de vivir juntos con la llegada de nuevos actores políticos y la profundización de sus diferencias con el proyecto de reurbanización. Si ahora existían antagonismos, distanciamientos y choques originados en desacuerdos en las formas de hacer política y organizar a los residentes, aun si estas diferencias podrían haber conspirado contra la conquista de mejoras en la intervención urbanística, estos no separaban completamente a los actores barriales. Por el contrario, los reorganizaban en torno a nuevas identidades, alianzas y solidaridades como resultado tanto de la competencia como de la cooperación política. A lo largo de los primeros cuatro años del programa de reurbanización, estos campos organizacionales no dejaron de reconfigurarse constantemente a partir de tensiones, desacuerdos y choques, pero también de compromisos, cooperación y colaboración que referentes y organizaciones tejieron entre sí. Si bien las tensiones al interior y entre estos campos organizacionales establecieron límites a la coordinación y movilización para construir una coalición más amplia, al mismo tiempo fueron la condición de posibilidad de la militancia política territorial realmente existente en el barrio.

Bibliografía

ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) (2013). Obstáculos en el acceso a la economía formal en las villas. Área de Derechos y Construcción Comunitaria en Villas. En bit.ly/48ihzTG.

Auyero, J. (2007). La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la argentina contemporánea. Siglo xxi Editores.

Auyero, J. (2012). La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo. Manantial.

Borges, A. (2017). Tiempo de Brasilia. Etnografiando lugares-eventos de la política. Ediciones Universidad Nacional de General Sarmiento.

Camelli, E. (2011). Las organizaciones políticas en las villas de Buenos Aires: entre la radicalidad sesentista y la fragmentación neoliberal. Revista de Estudios sobre el Genocidio, (5), 58-71.

Cefaï, D. (2002). Qu’est-ce qu’une arène publique? Quelques pistes pour une approche pragmatiste. En Cefaï, D. y Joseph, I. (coords.). L’heritage du pragmatisme. Conflits d’urbanité et épreuves de civisme (pp. 51-81). Éditions de l’Aube.

Cefaï, D. (2008), Los marcos de la acción colectiva. Definiciones y problemas. En Natalucci, A. (ed.), La comunicación como riesgo. Sujetos, movimientos y memorias. Relatos del pasado y modos de confrontación contemporáneos (pp. 49-80). Ediciones Al Margen.

Cefaï, D. (2009). Como nos mobilizamos? A contribuição de uma abordagem pragmatista para a sociologia da ação coletiva. Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, 2(4), 11-48.

Cefaï, D. (2011). Diez propuestas para el estudio de las movilizaciones colectivas. De la experiencia al compromiso. Revista de Sociología, (26), 137-166.

Cerrutti, M. y Grimson, A. (2012). Buenos Aires, neoliberalismo y después. Cambios socioeconómicos y respuestas populares. Carajillo de la Ciudad, 4(13). En https://tinyurl.com/yc4udhn5.

Clichevsky, N. (2012). Informalidad urbana: Abordajes teórico-metodológicos y políticas estatales. Algunas reflexiones sobre sus interrelaciones. En Cravino, M. C. (comp.), Repensando la ciudad informal en América Latina (pp. 105-136). Ediciones Universidad Nacional de General Sarmiento.

Cravino, M. C. (1998). Las organizaciones villeras en la Capital Federal entre 1989-1996. Entre la autonomía y el clientelismo. Ponencia presentada en el 1.º Congreso Virtual de Antropología y Arqueología. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Cravino, M. C. (2004). El barrio concebido como comunidad. Reflexiones acerca de algunos supuestos presentes en la focalización territorial de políticas asistenciales. Cuaderno Urbano, (4), 75-98.

Cravino, M. C. (2009). Entre el arraigo y el desalojo. La Villa 31 de Retiro. Derecho a la ciudad, capital inmobiliario y gestión urbana. Ediciones Universidad Nacional de General Sarmiento.

Cravino, M. C. (2018). Evolución cuantitativa y transformaciones cualitativas de los asentamientos populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (1980-2015). En Cravino, M. C. (org.), La ciudad (re)negada. Aproximaciones al estudio de los asentamientos populares en nueve ciudades argentinas (pp. 67-102). Ediciones Universidad Nacional de General Sarmiento.

Cravino, M. C. y Fainstein, C. (2017). Disputas por el acceso al ambiente sano y a la vivienda en la ribera del Riachuelo: derechos de los vecinos, acción de la justicia y políticas públicas. En Cravino, M. C. (coord.), Detrás de los conflictos. Estudios sobre desigualdad urbana en la Región Metropolitana de Buenos Aires (pp. 53-114). Ediciones Universidad Nacional de General Sarmiento.

Delamata, G. (2014). Sectores populares, hábitat y derechos. En Azuela, A. y Cancino, M. A. (coord.), Jueces y conflictos urbanos en América Latina (pp. 101-146). Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F.

Delamata, G. (2020). Hábitat y movilización legal. Judicialización y participación en las villas de Buenos Aires. Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Ambrosio L. Gioja, (24), 42-68.

Diani, M. (1998). Las redes de los movimientos sociales. Una perspectiva de análisis. En Ibarra, P. y Tejerina, B. (eds.), Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural (pp. 243-270). Editorial Trotta.

Diani, M. (2013). Organizational fields and social movement dynamics. En Van Stekelenburg, J., Roggeband, C. y Klandermans, B. (eds.), The Future of Social Movement Research: Dynamics, Mechanisms, and Processes (pp. 145-168). University of Minnesota Press.

Fainstein, M. C. (2015). La relocalización de la población del camino de sirga de la villa 21-24. ¿Erradicación o integración a la ciudad? Representaciones y repertorios de acción colectiva en torno al reasentamiento. Quid 16, (5), 255-283.

Fainstein, C. y Palombi, A. M. (2019). Pragmatismo, desaliento de expectativas y gobernabilidad. La política de villas de las gestiones de Mauricio Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2007-2015). Territorios, (40), 227-244.

Fernandes, E. (2011). Regularización de asentamientos informales en América Latina. Lincoln Institute Policy Focus Report. En www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/regularizacion-asentamientos-informales-full_0.pdf.

Ferraudi Curto, M. C. (2011). ¿Estás nervioso? Las elecciones desde una villa del Gran Buenos Aires. Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social, 11(3), 99-118.

Ferraudi Curto, M. C. (2014). Ni punteros ni piqueteros. Urbanización y política en una villa del conurbano. Gorla.

Frederic, S. (2004). Buenos vecinos, malos políticos. Moralidad y política en el Gran Buenos Aires. Prometeo.

Frederic, S. (2009). Trabajo barrial, reconocimiento y desigualdad en Lomas de Zamora, 1990-2005. En Grimson, A., Ferraudi Curto, M. C. y Segura, R. (comp.), La vida política de los barrios populares de Buenos Aires (pp. 249-266). Prometeo.

Giurleo, P. (2017). La política, la Justicia y los derechos sociales. Un análisis sobre la judicialización de las demandas sociales en las villas de la ciudad de Buenos Aires. En Cravino, M. C. (coord.), Detrás de los conflictos. Estudios sobre la desigualdad urbana en la Región Metropolitana de Buenos Aires (pp. 115-148). Universidad Nacional de General Sarmiento.

Halvorsen, H. (2021). The role of territory in grassroots party-building: insights from Argentina. Territory, Politics, Governance, 11(7), 1303-1323.

Hudson, J. P. (2020). La representación de los trabajadores informales: el Triunvirato de San Cayetano. Temas y Debates, 24(39), 35-58.

Kaufmann, L. y Trom, D. (2010). Présentation. En Kaufmann, L. y Trom, D. (dirs.), Qu’est-ce qu’un collectif? Du commun à la politique (pp. 9-24). Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales.

Klandermans, B. (1997). The Social Psychology of Protest. Blackwell Publishing.

Klandermans, B. (2013). Multiorganizational Fields. En Snow, D. A., Della Porta, D., Klandermans, B. y McAdam, D. (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements. Blackwell Publishing. En https://tinyurl.com/ckd72abd.

Koselleck, R. (1993). Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Paidós.

Levitsky, S. (2001). Una ‘Des-Organización Organizada’: organización informal y persistencia de estructuras partidarias locales en el peronismo argentino. Revista de Ciencias Sociales, (12), 7-62.

Machado da Silva, L. A. (2011). A política na favela. Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, 4(4), 699-716.

Manzano, V. (2009). Un barrio, diferentes grupos: acerca de dinámicas políticas locales en el distrito de La Matanza. En Grimson, A., Ferraudi Curto, M. C. y Segura, R. (comp.), La vida política en los barrios populares de Buenos Aires (pp. 267-294). Prometeo.

Manzano, V., Groisman, L., Moreno, L. y Hurtado de Mendoza, M. S. (2010). Dinámicas políticas en “villas de emergencia” del Área Metropolitana de Buenos Aires. Actores, formas de organización y espacios de disputa. Ponencia presentada en las VI Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata, 2010.

Melucci, A. (1994). Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales. Zona Abierta, (69), 153-180.

Melucci, A. (1996). Challenging Codes. Cambridge University Press.

Merklen, D. (2010). Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003). Gorla.

Motta, J., Almansi, F., Rocca, M., Acerbo, A., Figueredo, B., Ramos Mejía, P., Encina Tutuy, N. y Oliveira, R. (2018). La planificación y gestión participativa holística en el ejercicio del derecho a la ciudad. Proceso participativo en el marco del Proyecto Integral de Re-Urbanización de Villa 20. Lugano, CABA. Cuestión Urbana, 2(3), 179-195.

Natalucci, A., Pérez, G., Schuster, F. y Gattoni, S. (2013). Territorios disputados. Movilización política y proceso de institucionalización en niveles locales de gobierno (Argentina, 2003-2011). Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, 2(2), 139-159.

Ortone, F. A. (2020). Intervenciones en la reurbanización del Playón de Chacarita. La construcción del derecho a la ciudad y los espacios de participación vecinal. Revista Debate Público, 10(19), 103-114.

Pace, M. (2013). Prácticas de comunicación en procesos participativos: la organizacional en el barrio “Playón de Chacarita”. Avatares de la Comunicación y la Cultura, (6), 1-19.

Paiva, V. (2017a). La villa “playón de Chacarita”: surgimiento y expansión, conflictos entre nuevos y viejos vecinos. Políticas públicas. Ciudad de Buenos Aires (2000-2015). En Boy, M. y Perelman, M. (coords.), Fronteras en la ciudad. (re)producción de desigualdades y conflictos urbanos (pp. 129-146). Teseo.

Paiva, V. (2017b). ¿Nuevos asentamientos o nuevas villas? El Playón de Fraga. Ciudad de Buenos Aires, 2014-2016. AREA, 23, 37-45.

Quéré, L. (2017). Introducción a una sociología de la experiencia pública. Revista de la Carrera de Sociología, 7(7), 228-263.

Quirós, J. (2008). Piqueteros y peronistas en la lucha del Gran Buenos Aires: Por una visión no instrumental de la política popular. Cuadernos de Antropología Social, (27), 113-131.

Quirós, J. (2011). El clientelismo como incógnita. Antropólogos, sociólogos y politólogos. Desarrollo Económico, 50(200), 631-641.

Rodríguez, M. F. (2009). Notas sobre los conceptos de los “Nuevos Asentamientos Urbanos” (NAUs) en la ciudad de Buenos Aires. Pampa: Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales, (5), 197-217.

Rodríguez, M. F. (2015). El papel de la localización en las disputas por el espacio urbano: accionar estatal y prácticas organizativas en villas tipificadas „como no regularizables‟ de la Ciudad de Buenos Aires, 2001-2015. Tesis de doctorado. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Rodríguez, M. C. (2019). Urbanismo “pasito a pasito”. Villas y reconfiguración de la centralidad metropolitana en Buenos Aires, Argentina. Andamios. Revista de Investigación Social, 16(39), 15-45.

Rodríguez, M. C., Rodríguez, M. F. y Zapata, M. C. (2015). La casa propia, un fenómeno en extinción. La “inquilinización” en la Ciudad de Buenos Aires. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 8(15), 68-85.

Rojas, E. (2016). Housing Policies and Urban Development: Lessons from the Latin American Experience, 1960–2010. En McCarthy, G. W., Ingram, G. K. y Moody, S. A. (eds.), Land and the city. Proceedings of the 2014 Land and Policy Conference (pp. 301-356). Lincoln Institute of Land Policy.

Ronconi, I. M. y Cataldo, A. M. (2021). Entre la construcción de consensos y la definición por votación: alcances y límites de la participación en el proceso del Plan Integral de Reurbanización de Villa 20. Revista Institucional de la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11(26), 292-347.

Rossi, F. (2018). Conceptualising and tracing the increased territorialization of politics: insights from Argentina. Third World Quaterly, 40(4), 815-837.

Sehtman, A. (2009). En construcción. Reconocimiento estatal y ejercicio social del derecho al hábitat en una villa de la ciudad de Buenos Aires. En Delamata, G. (coord.), Movilizaciones sociales: ¿Nuevas ciudadanías? Reclamos, derechos, Estado en Argentina, Bolivia y Brasil (pp. 161-204). Editorial Biblos.

Semán, P. y Ferraudi Curto, M. C. (2013). La politicidad de los sectores populares desde la etnografía: ¿más acá del dualismo? Revista Lavboratorio, 14(25), 151-165.

Tarrow, S. (2012). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Tercera edición. Alianza.

Trom, D. (2008). Gramáticas de la movilización y vocabularios de motivos. En Natalucci, A. (ed.), La comunicación como riesgo. Sujetos, movimientos y memorias. Relatos del pasado y modos de confrontación contemporáneos (pp. 21-48). Ediciones Al Margen.

Vacotti, L. (2014). En los márgenes de la política. Migrantes y movilizaciones por el derecho a la vivienda en las villas de la ciudad de Buenos Aires: el caso del Playón de Chacarita (2001-2014). Tesis de doctorado. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Vacotti, L. (2017). La judicialización de la lucha por la vivienda en Buenos Aires. European Review of Latin America and Caribbean Studies, (103), 51-70.

Vacotti, L. (2018). La construcción de un sujeto político. migrantes y lucha por la vivienda en Buenos Aires. REMHU, Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 26(52), 37-54.

Vommaro, G. y Combes, H. (2016). El clientelismo político. Desde 1950 hasta nuestros días. Siglo xxi Editores.

Vommaro, G., Morresi, S. y Belloti, A. (2015). Mundo PRO. Anatomía de un Partido fabricado para ganar. Planeta.

Vommaro, G. y Quirós, J. (2011). “Usted vino por su propia decisión”: repensar el clientelismo en clave etnográfica. Desacatos, (36), 65-84.

Wacquant, L. (2001). Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. Manantial.

Zapata, M. C., Rodríguez, M. F., Arqueros Mejica, M. S., y Rodríguez, M. C. (2020). Gobernanza y conflicto. Dilemas de la participación social en el proceso de re-urbanización de la Villa 31 y 31 bis en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Revista de Direito da Cidade, 12(1), 420-453.

Zibechi, R. (2007). Territorios en Resistencia Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas. Lavaca.

---