Ana Cecilia Garzón

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una primera aproximación al análisis de los resultados sobre la presencia de los enfoques de género en los planes de estudio de las carreras de grado vinculadas al campo de la salud mental de las universidades nacionales públicas y privadas del AMBA analizadas en el proyecto de investigación mencionado.

El tópico género, que es uno de los ejes del enfoque de derechos de las recomendaciones a las universidades públicas y privadas relacionadas con el artículo 33.º de la Ley Nacional de Salud Mental n.º 26.657 elaboradas en el año 2013 por la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (CoNISMA), siguiendo el proceso participativo previo a la sanción de la Ley de Nacional de Salud Mental y sus principios rectores. La Ley Nacional de Salud Mental no hace una mención explícita a género, sin embargo, la misma es una Ley de derechos humanos y protección contra la discriminación y orienta a la adopción de un enfoque de derechos.

El Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivo de Género (2020) sostiene numerosos argumentos para comprender que no hay enfoque de derechos sin la inclusión de la perspectiva de género, que se constituye como brújula si tenemos como horizonte la universalidad de los derechos y la equidad. El mencionado plan señala que,

en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, se ha hecho especial énfasis en que a la perspectiva de género se le debe sumar asimismo el enfoque de interseccionalidad, de modo tal de dar cuenta de la relación del género con otras condiciones de vulnerabilidad que lo interseccionan^[2], tales como: edad, pobreza, orientación sexual, identidad de género, migración y desplazamiento interno, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas u otras minorías, ruralidad, privación de la libertad, entre otras.

La definición de “género” de Scott (1993) se asienta en dos proposiciones: el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y es una forma primaria de relaciones significantes de poder.

Un análisis crítico que incluya una mirada interseccional de los problemas sociales implica identificar de manera específica y transversal las necesidades, violencias, desigualdades y la discriminación estructural e histórica a las que fueron sometidos diferentes grupos vulnerados y silenciados. La teoría crítica (Dussel, 2007) puede ser definida por su capacidad para revelar las condiciones de subordinación y opresión que someten a determinades actores sociales, permite devolver la dignidad que le ha sido arrebatada; que nunca le ha sido asignada, atribuida.

Stolcke (2014) señala tres tensiones epistemológicas presentes en las propuestas de las teorías feministas sobre la conexión entre sexo y género frente a la construcción biomédica de género:

1. la costumbre, entre académicas feministas, de asociar el término “género” a las diferencias sexuales;
2. el dualismo heterosexual que caracteriza la noción médica original de “género social” y que persiste en gran parte de la teoría feminista, hasta fines de los años 80; y
3. la indisputada dicotomía cartesiana entre naturaleza y cultura que permanece como un hilván en las controversias sobre sexo y género.

El avance de los feminismos como movimiento político pone en tensión las instituciones de formación e investigación científico-académicas, poco habituadas a revisar críticamente los conocimientos consagrados en los diversos campos disciplinares y poco permeables a revertir las pautas que estructuran jerárquicamente los propios procesos de construcción de conocimiento y los modos tradicionales de enseñanza. Según Bottinelli (2019), los espacios de formación y los de trabajo son los escenarios concretos en los que estas dinámicas se ponen en juego. Es así como las propuestas formativas expresan valoraciones, modelos e identidades profesionales explícitos e implícitos en los currículos y planes de formación (Bernstein, 1993; Dubar, en Lodieu et al., 2012).

El acceso integral al derecho a la salud está atravesado por aspectos materiales y simbólicos de producción sociohistórica de identidades, sean estas masculinidades-femineidades-diversidades, valores y creencias respecto a las sexualidades, al deseo, a los cuerpos y a sus cuidados modelos científicos y técnico-profesionales y prácticas sociales. Las dinámicas de salud-enfermedad-atención-cuidados interrogan las operaciones discursivas de los actos de salud y sus efectos de subjetivación (Zaldúa et al., 2016).

Los profesionales de la salud tienen un rol activo en relación con ciertas prácticas más o menos respetuosas de los derechos vinculados a los enfoques de género en lo que refiere a la información que se brinda y a la celeridad de los procesos administrativos y procedimentales en el sistema de salud, en lo que refiere a la accesibilidad de servicios (por ejemplo, métodos anticonceptivos), la denuncia sobre violencia obstétrica o prácticas relacionadas a una serie de derechos amparados en el marco de partos respetados (Barria Oyarzo y Rivera Leinecker, 2016), y una serie de prácticas disciplinares e interdisciplinares del campo de la salud que inciden en el cumplimiento de los derechos amparados por ley (Zaldúa et al., 2000).

Los procesos y las discusiones vinculados a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo^[3] reeditaron debates en torno a la importancia que tienen en la actualidad el sector de salud y sus efectores en las decisiones de las mujeres y diversidades sobre su cuerpo. La autodeterminación y la autonomía son problemas centrales en el ejercicio de derechos en salud, que afectan a diferentes colectivos con una marcada hiposuficiencia jurídica (Kraut, 2014), determinados por paradigma de la normalización definidos como tecnologías biomédicas y biotecnológicas (Haraway, 1983), y tecnologías disciplinarias y biopolíticas (Foucault, 1976), por el cual se definen tipologías corporales que inciden en procesos culturales de definición de roles y producción de subjetividad.

Scott (1993), citando a Bourdieu (1980), ubica que esta división del mundo, basada en referencias a las diferencias biológicas y sobre todo a las que se refieren a la división del trabajo de procreación y reproducción, actúa como la mejor fundada de las ilusiones colectivas.

El género en cuanto sistema de clasificación simbólica de personas es un componente más del entramado general de las relaciones sociales. En culturas estratificadas, el engendramiento de las desigualdades sociorraciales no es fruto de una simple convergencia o fusión, de una especie de suma, de diferentes fuentes de opresión de las mujeres, sino de la intersección dinámica entre el género, la raza y la clase en estructuras de dominación históricas (Stolcke, 2004).

En esta misma línea, Rubin (1989) insiste en la necesidad de análisis críticos sobre la sexualidad. La autora plantea que se requiere incorporar el análisis de la categoría sexo, que permita valorar las relaciones de poder básicas en el terreno sexual, en cuanto las sociedades occidentales modernas evalúan los actos sexuales según un sistema jerárquico de valor sexual. Agrega que la mayor parte de los discursos sobre sexo, ya sean religiosos, psiquiátricos, populares o políticos, delimitan a una porción muy pequeña de la capacidad sexual humana y la califican de segura, saludable, madura, santa, legal o políticamente correcta y establecen una frontera con el resto de las conductas eróticas, a las que se considera peligrosas, psicopatológicas, infantiles, políticamente condenables u obra del diablo. Estos discursos versan sobre dónde trazar la línea divisoria para permitir cruzar la frontera de la aceptabilidad.

Desde esta perspectiva, se pueden analizar algunas prácticas y discursos que sostienen la patologización de las diferencias. Rubin (1989) afirma que, por más de un siglo, la medicina, la psiquiatría y la psicología han reproducido el esencialismo en el estudio académico del sexo, sosteniendo el axioma de que el sexo es una fuerza natural que existe con anterioridad a la vida social y que da forma a instituciones.

Desde este punto de vista, es necesario problematizar las lógicas desde las cuales se sostiene la violencia epistémica en el sistema de salud desde perspectivas capacitistas y heteronormativas.

Por último, es importante consignar que la formación y las prácticas de profesionales inciden en la accesibilidad, pero construyen formas de aproximación, análisis, abordaje y estrategias de intervención sobre los modos y estilos de vida, incidiendo en las categorías de normal/patológico. Los modos de abordaje desde el sector de salud inciden sobre la normalización de los cuerpos, las subjetividades y las posibilidades de accesibilidad a los derechos.

Estado del arte

Para una aproximación al estado del arte sobre el tema, se realizó una búsqueda de investigaciones relacionadas con la temática con las palabras “formación y género”, “formación y feminismo”, “salud y feminismo”, “salud y género”, “salud y diversidad” de los últimos 10 años en los buscadores La Referencia, Scielo, Open Aire, Repositorio Conicet, Sistema Nacional de Repositorios Nacionales, y Google Academic. También se realizó una búsqueda sobre los listados publicados de las investigaciones financiadas en las facultades de psicología de las universidades de la Provincia de Buenos Aires, utilizando las palabras “género y feminismos” y “teorías feministas”.

Dentro de las investigaciones vinculadas al campo de la salud y a las teorías feministas, nos interesan los aportes de diferentes investigaciones compiladas en los libros Salud y género (Zaldúa et al., 2000) y Salud feminista (Barrancos, 2019).

En cuanto a los estudios que abordaron el tema de la perspectiva de género y la formación de profesionales de grado, encontramos “La perspectiva de género en la formación de jueces y juezas” (Ronconi, Vita et al., 2013), que tuvo como objetivo analizar la incorporación de la perspectiva de género en la formación de aspirantes a jueces/zas y jueces/zas en ejercicio y, en caso de que correspondiera, identificar cómo esta se lleva a cabo y cuáles son las ventajas y desventajas de esa modalidad, mediante un análisis de cómo esta perspectiva es incorporada en cuatro casos de oferta de capacitación a nivel federal y provincial o local.

Por su parte, la investigación “La inclusión de la mujer en la profesión de ingeniería” (Panaia, 2014), realizada en el marco de una investigación del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, aborda el proceso de aumento progresivo de estudiantes mujeres como alumnas regulares de algunas especialidades de ingeniería y su participación en diferentes instancias universitarias.

La investigación “Concepciones sobre heterosexualidad y actitudes hacia la disidencia sexual en estudiantes de Psicología de Córdoba” (Rabbia y Imhoff, 2012), realizada en el marco del Laboratorio de Psicología Cognitiva, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, plantea como objetivo identificar y describir las concepciones sobre heterosexualidad en estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y sus posibles articulaciones con actitudes hacia la homosexualidad y su traducción en las prácticas vinculadas al tema.

Nos resulta de especial interés la investigación “Feminismo y ciencias sociales: procedencias, inserciones y carencias en el diseño curricular” (Rovetto, 2017), por su marco teórico y los resultados de su análisis de los planes de estudio de las siguientes carreras de grado de ciencias sociales: Ciencia Política, Comunicación Social, Relaciones Internacionales y Trabajo Social de la UNR. Si bien esta investigación no focaliza en carreras del campo de la salud, incluye en su muestra a la carrera de Trabajo Social, considerada como una de las profesiones del equipo básico de salud.

Ramos, González y Sandoval (2021), en su investigación “La violencia de género en las instituciones de educación superior: elementos para el estado de conocimiento”, realizan un relevamiento del estado del arte sobre investigaciones entre los años 2015 y 2021 que focalizan en la violencia de género en diferentes universidades.

Por su parte, Güereca Torres (2017), en su investigación sobre violencia de género, específicamente en las formas de violencias de las que son víctimas las mujeres en sus trayectorias académicas en las instituciones de educación superior (IES) en México, analiza los sesgos de género en la elección de carrera, en la discriminación de género de los contenidos curriculares y en las experiencias de violencia física, sexual y psicológica que viven en el espacio social. Recomienda revisar a profundidad el currículo formal de los campos académicos, los sistemas de citado en la investigación, lo que permite identificar las marcas de la violencia epistémica de género.

La investigación de Millet (2018) “Barreras en la accesibilidad de personas trans de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los tratamientos por uso problemático de sustancia” advierte la preocupante casi nula producción de conocimiento sobre tratamientos de personas trans en dispositivos de salud mental de nuestro país. En sus resultados identifica una serie de dificultades para el colectivo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, travestis y trans) en la búsqueda de profesionales que atiendan sus necesidades sin ejercer violencias. Detecta una serie de prácticas que limitan su accesibilidad a la salud y advierte la necesidad de una descisexualización de los procesos de salud.

Resultados

Como se adelantó con anterioridad, este trabajo parte de los resultados de la investigación “Adecuación de los planes de estudio vigentes de las carreras de grado del campo de la salud mental a las recomendaciones a las universidades públicas y privadas relacionadas con el artículo 33.º de la Ley Nacional de Salud Mental n.º 26.657”, dirigido por la Dra. Bottinelli para el tópico perspectiva de género, incluido en las recomendaciones. La investigación realizó un análisis de los programas de las carreras de grado de Trabajo Social, Medicina, Enfermería, Abogacía y Psicología.

Nos centraremos en los resultados del análisis del tópico género, pero se presenta necesario para la investigación articular estos resultados con los hallazgos sobre otros contenidos, como, por ejemplo, normativas presentes en los planes, colectivos vulnerados, interculturalidad, patologización y medicalización de la vida cotidiana, barreras de accesibilidad para una lectura armónica de los contenidos y en pos de problematizar las líneas propuestas. Este último punto es el más abordado en el estado del arte encontrado sobre el tema, especialmente en lo que refiere al acceso a la salud de las personas del colectivo LGTB+.

Si bien consideramos que la forma en que se aborda el tema de discapacidad en los planes de estudios aporta para el análisis del paradigma capacitista presente en las categorías normal-patológico y sano-enfermo de los cuerpos y organiza su circulación social, excede al objetivo de este artículo, aunque podría aportar a un análisis más extensivo.

Resultados para Enfermería

La perspectiva de género es tratada de manera específica en los planes de estudios, menos uno, aunque en sus fundamentos refiere a la Ley de Identidad de Género.

Este tratamiento aparece de la siguiente manera: “condiciones sociales que inciden en la salud de las mujeres”; “maltrato a mujeres”; “protocolo de detección y asistencia a mujeres víctimas de maltrato”, “salud y sexualidad desde una perspectiva de género”; “el concepto de género: nuevas perspectivas para la identificación de problemas en el campo de la ética”; “de géneros y sexualidades, identidades y violencia de género”.

En todos los planes, se encuentran referencias a los grupos en situación de vulnerabilidad; sin embargo, no se hace mención alguna a personas del colectivo LGBT+, ni al concepto de “interseccionalidad”.

La cuestión de la accesibilidad se aborda con relación al acceso y el derecho a la educación y, en pocas menciones, al acceso a la salud como derecho humano. No se hace referencia a la población con mayores barreras de accesibilidad.

Respecto de la revisión de los procesos de patologización y el uso inapropiado de medicamentos, encontramos que en algunos casos se aborda la temática de manera diferente entre las materias de un mismo plan y no hay vinculación con la perspectiva de género.

Resultados para la carrera de Medicina

Solo dos instituciones incluyen leyes o regulaciones específicas a nivel local como la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley de Identidad de Género, y la Ley de Educación Sexual Integral.

Respecto de la perspectiva de género, un único plan de una universidad pública del conurbano bonaerense hace un abordaje sistemático. En él se aborda el tema en dos asignaturas diferentes, Género, Sexualidad y Reproducción y Género y Salud, y se encontró una mención a ella en una tercera materia, Salud y Sociedad.

Existen menciones en otra universidad pública del conurbano dentro de la asignatura Medicina Social y una mención específica a la Ley de Identidad de Género en la asignatura Medicina Legal en una universidad de gestión privada. Es importante destacar que, en los objetivos y contenidos de la materia Psiquiatría de una universidad privada, no solo hay una completa ausencia de la perspectiva de género, sino que incluso, en contradicción con la normativa vigente, se continúa estigmatizando y medicalizando la diversidad sexual: “Describir las patologías post-modernas (anorexia nerviosa, sida, drogadicción y trastornos sexuales). Realizar la denuncia de enfermedades de notificación obligatorias”; y “Unidad 10: ¿Qué es un trastorno sexual? Trastorno del deseo, de la excitación, orgásmicos, por dolor. Parafilias y trastornos de la identidad sexual”.

Con relación a la interculturalidad, solo dos planes de estudio presentan contenidos específicos en la materia. El resto de las instituciones no mencionan ningún término que desarme los estereotipos y prejuicios asociados a la interculturalidad. Además, se encontró que algunos temas requieren especial atención por la desigual inclusión en los contenidos según carreras (grupos vulnerables, consumos problemáticos, género, discapacidad).

Resultados para la carrera de Trabajo Social

Un plan de estudio de una universidad nacional de gestión pública tiene como eje central de la formación los derechos humanos, que aparecen tanto en los objetivos generales de la carrera, como en los objetivos particulares y contenidos mínimos de varias materias. Un plan de una universidad nacional propone como eje central de la intervención profesional aspectos relacionados con las desigualdades sociales, y entre los contenidos aparecen temas vinculados con la otredad, la diversidad, la desigualdad social, las discriminaciones de las normas y las prácticas institucionales, entre otros.

En todos los planes de estudio, se encuentran contenidos con relación al eje de inclusión social referidos a la interculturalidad o la diversidad cultural, que son desarrollados en distintas asignaturas. Algunos de los aspectos de este eje, como temas vinculados a colectivos sociales en situación de vulnerabilidad, aparecen en menor medida, siempre abordados con respecto a la defensa de derechos de estos grupos.

Solo en dos planes de estudios se encontró la mención a género, de la siguiente manera: “género y vida cotidiana”, “trabajo y género”, “géneros”, “trabajos de las mujeres”.

Resultados para la carrera de Abogacía

La cuestión de género en el derecho solamente es mencionada en los contenidos mínimos en un solo plan de estudio. En la materia Nociones de Derecho Civil, aparece como “derecho a la identidad e identidad de género”.

Asimismo, se incluye un contenido relativo a “derecho y género” en la asignatura Derecho Constitucional Profundizado. Se propone también una materia de nombre Derecho y Género dentro del núcleo de problemáticas actuales del derecho, aunque se explicita que es una de entre otras materias tentativas que abordan temáticas prioritarias a ser dictadas como seminarios.

Por otra parte, se encontraron referencias a los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en la materia Nociones de Derecho Civil de una universidad de gestión pública del conurbano bonaerense, donde se aborda la cuestión de la siguiente manera: “Evolución de los derechos de la mujer, niños, ancianos y discapacitados”.

Otras referencias relacionadas con cuestiones de género que hallamos fueron las siguientes: en otra universidad del conurbano bonaerense de gestión pública, en la materia Derecho al Trabajo, se incluye un contenido relativo a “trabajo de mujeres y menores de edad”; y en el plan de estudios de una universidad de gestión pública de la CABA, entre los contenidos mínimos de la asignatura Derecho de Familia y Sucesiones, se propone trabajar “violencia familiar: concepto, legislación e instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Resultados para la carrera de Psicología

Se desprende de los resultados que los planes de estudios analizados de universidades privadas responden a un perfil de formación orientado a neurociencias, privilegiando en los primeros años los contenidos mínimos de las materias Fisiología y Biología y las funciones psíquicas; esto no es menor como base para conceptualizar las categorías sexo, genero e identidad sexual. Diferentes autores han mencionado que las categorías culturales sobre el sexo preexisten a toda percepción biológica, cuestionando una definición biológica del sexo.

Todos los planes analizados mencionan contenidos sobre género, en algunos casos en materias obligatorias y en otros, en optativas. En la mayoría de las instancias, el abordaje se desarrolla en optativas. Solo una universidad de gestión privada la menciona de manera transversal a lo largo del plan de estudio en asignaturas de distintos años de la carrera. La universidad de gestión pública plantea diferentes materias optativas para profundizar en esta temática. Se observó que, en 4 de los planes de estudio, los contenidos vinculados a género se encuentran trabajados desde una perspectiva biológica.

Y en la mayoría de los planes, los contenidos de género se trabajan solamente solo como desarrollo de sexualidad: “el desarrollo de la identidad, la influencia del entorno familiar y el entorno social, el desarrollo de la sexualidad, y los factores de riesgo y las conductas antisociales”.

Resulta significativo encontrar contenidos mínimos trabajados de la siguiente manera en un plan de estudio de una universidad de gestión privada: “Perfil cognitivo diferencial de hombres y mujeres: diferencias neuroanatómicas, rol hormonal, neuropsicología. Conductas paternales. Altruismo vertical. Interpretación evolutiva de las conductas sexuales. Mating. Interés en múltiples parejas. Celos biológicos. Determinantes de la identidad de género. Intersexos. Feminización testicular. Discrepancias en apariencia sexual. Bases biológicas y perspectiva evolutiva de la homosexualidad”.

En lo que refiere a la perspectiva de derechos, solo hay dos menciones a los derechos humanos en los planes de estudio y no hay normativa específica vinculada al abordaje de la perspectiva de género. Ignorando la necesidad del abordaje solidario y complementario entre los derechos sociales, culturales y económicos en pos de la igualdad social.

El análisis de los contenidos mínimos de los planes de estudio de la carrera de Psicología muestra escasa presencia de conceptos como “intersectorialidad” y “accesibilidad” y una marcada ausencia de contenidos vinculados a actores sociales, medicalización, y revisión de clasificaciones psicopatológicas.

Algunas conclusiones para nuevas aperturas

Es necesario señalar algunas consideraciones previas antes de presentar análisis posibles. Por un lado, que el análisis se realiza sobre los contenidos mínimos de los planes de estudio a los que se acceden, dejando de lado algunas inclusiones que pueden realizarse en los programas de las cátedras y en las dinámicas de las clases, dimensiones que es necesario incluir para un análisis en profundidad. Es decir, que se entiende que existen distancias entre el currículo formal y el currículo vivo, lo que efectivamente ocurre en la dinámica cotidiana de los espacios formativos; los programas y las clases son mediaciones que aportan para comprender las lógicas de la implementación. Sin embargo, más allá de las modificaciones y ampliaciones que puedan incluirse (que muchas veces son iniciativa personal o colectiva), los contenidos mínimos son lo que institucionalmente se consideran como obligatorios. Por lo tanto, que existan a nivel curricular ausencias o contenidos contrarios al marco normativo en materia de derechos humanos es inadmisible.

Por otro lado, no se espera agotar la discusión en estos resultados, sino, por el contrario, abrir nuevas preguntas que orienten futuros análisis e investigaciones.

Asimismo, se observa la necesidad de un abordaje articulado y solidario de la normativa con base en los derechos humanos. La integralidad para su cumplimiento y la solidaridad entre distintos núcleos temáticos para abordar las diferentes violencias. Salvo algunas excepciones, es significativa la ausencia de normativas vinculadas a problemáticas de género en los planes de estudio analizados. Esto, entre otros elementos de la formación, invisibiliza los principios básicos que deben ser considerados para garantizar un trato digno y no discriminatorio en las prácticas de salud.

La equiparación de la categoría género a mujeres se puede observar en algunos contenidos identificados en los resultados: “condiciones sociales que inciden en la salud de las mujeres”; “maltrato a mujeres”; “protocolo de detección y asistencia a mujeres víctimas de maltrato”; “género y vida cotidiana”; “trabajo y género”; “géneros”; “trabajos de las mujeres”.

Este tipo de abordajes traen aparejadas la carga ideológica de todas aquellas doctrinas que atribuían la subordinación de las mujeres a su naturaleza biosexual, y las graves deficiencias epistemológicas y teóricas de la ciencia tradicional por haber hecho caso omiso del papel y de las actividades de las mujeres en la historia y en la sociedad (Scott, 1993). Si bien permiten problematizar una serie de invisibilizaciones acorde al trabajo de las mujeres y su ordenamiento de acuerdo a la heteronorma en la división de las esferas públicas y privadas, pueden dejar soslayada la dinámica de la construcción de dichos ordenamientos sociales si se limitan a un análisis esencialista. El problema se sitúa cuando el análisis descansa en la diferencia física, invisibilizando las lógicas que estructuran esas jerarquías.

Recordamos aquí que el género es una categoría relacional, que propone analizar una serie de relaciones fundadas en la construcción de roles a partir de diferencias biológicas consideradas naturales.

Los resultados evidencian la necesidad de clarificar las perspectivas desde las cuales se abordan algunas relaciones; en especial en lo que respecta a las relaciones género-sexo-deseo. Encontramos en los resultados las siguientes menciones: “salud y sexualidad desde una perspectiva de género”; “el concepto de género: nuevas perspectivas para la identificación de problemas en el campo de la ética”; “de géneros y sexualidades, identidades y violencia de género”; “género, sexualidad y reproducción”.

Si bien se observa la inclusión de la categoría sexo para problematizar otras categorías, los aportes de Rubin se basan en la necesidad de no confundir las tradiciones epistémicas de los conceptos “género” y “sexualidad”, en cuanto ambos presentan diferentes lógicas que se relacionan, pero no se agotan en sí mismas, advirtiendo las dificultades de considerar el sexo como biológico y el género como cultural.

Otro de los riesgos que se soslayan en la falta de definiciones sobre cómo se comprenden las relaciones entre categorías es equiparar la identidad de género a la orientación sexual.

También se observa la presencia de categorías esencialistas en los planes de estudio que definen al sexo desde categorías biológicas en contenidos como “perfil cognitivo diferencial de hombres y mujeres: diferencias neuroanatómicas, rol hormonal, neuropsicología. Conductas paternales. Altruismo vertical. Interpretación evolutiva de las conductas sexuales”, “determinantes de la identidad de género. Intersexos. Feminización testicular. Discrepancias en apariencia sexual. Bases biológicas y perspectiva evolutiva de la homosexualidad”.

Asimismo, si bien se ha identificado la presencia de patologización de las diversidades sexuales e identidades de género no herteronormativas en los contenidos mínimos de pocos planes de estudio, preocupa su permanencia en ellos: “¿Qué es un trastorno sexual? Trastorno del deseo, de la excitación, orgásmicos, por dolor. Parafilias y trastornos de la identidad sexual”. Situación preocupante para garantizar la accesibilidad a la salud y prácticas no discriminatorias, no solo por la presencia de dichos contenidos, sino por la escasa inclusión de análisis críticos a los procesos de medicalización^[4] en los planes de estudio. Estas situaciones han sido denunciadas por diferentes experiencias corporales y sexo-genéricas fuertemente patologizadas, como el activismo trans, diverso-funcional e intersex (Contrera, 2016).

En relación con los últimos puntos desarrollados, se evidencia una necesaria revisión de los conceptos y desarrollos teóricos que, en la formación de grado de las carreras, definen la frontera entre lo normal-patológico, en cuanto las disciplinas del campo de la salud tienen una responsabilidad sustancial en los procesos de normalización que se inscriben sobre los cuerpos y las subjetividades.

Cuando se plantea la urgencia de avanzar en estas adecuaciones, se parte de la necesidad de garantizar el derecho a la salud y cumplir con nuestra obligación como profesionales de la salud de ejercer nuestra profesión dentro del marco normativo nacional e internacional vigente. De manera desagregada, y sin ser exhaustivos, podemos mencionar todas aquellas acciones que implican acompañar procesos cuidadosos de la singularidad de las personas usuarias de los servicios de salud, les trabajadores del sistema de salud y las comunidades.

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