María Marcela Bottinelli y Mariela Nabergoi
La Ley Nacional de Salud Mental 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, emerge de un proceso colectivo con diferentes actores sociales: personas usuarias, red de familiares, profesionales, gremios, asociaciones, universidades, organizaciones gubernamentales (OG), no gubernamentales (ONG) y de derechos humanos (DD. HH.), etc. Considerada mundialmente como una ley de avanzada, focaliza una perspectiva inclusiva de derechos. Incorpora la perspectiva de salud mental comunitaria con una mirada de la salud integral, no solo desde la enfermedad, sino también desde los procesos de salud-enfermedad-atención y cuidados. Sostiene un cambio de paradigma que, superando el paradigma tutelar, rompe el sintagma enfermedad–locura-peligrosidad-encierro-medicalización, proponiendo una perspectiva desde los procesos de cuidado de la salud integral, considerando sus determinantes sociales, fortaleciendo la atención primaria en salud y el trabajo desde los dispositivos sustitutivos al encierro, priorizando las estrategias y propuestas comunitarias.
Enmarcada en un entramado normativo nacional e internacional, la ley involucra una serie de acciones que sostienen su implementación participativa como política pública de relevancia en las líneas de acción de la nación en los primeros años del siglo xxi, que se expresan no solo en su sanción, sino también en el entramado necesario para su implementación, como el Plan Nacional de Salud Mental, la regulación de la ley en 2013, y el trabajo participativo sobre recomendaciones para la formación de fuerzas de seguridad y para medios de comunicación, los lineamientos y las recomendaciones para la formación en salud mental y adicciones (SMyA) para universidades realizada por la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de SMyA, Jefatura de Gabinete de Ministros junto con el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones, y trabajada con las universidades públicas y privadas de todo el país.
Si bien las leyes y políticas son marcos que promueven derechos, sus procesos de implementación requieren acciones consistentes y específicas que sostengan la complejidad del cambio de paradigma para garantizar su puesta en funcionamiento. Para asegurar la viabilidad de los procesos de implementación y legitimación de la ley y las políticas propuestas, es necesario diseñar y construir un entramado de acciones concretas que promuevan y posibiliten los cambios de paradigma propuestos. Diversos autores nacionales e internacionales como Testa, Levav, Rodríguez y Sarraceno explicitan las dificultades inherentes a todo proceso de implementación de la transformación en el campo de la salud, particularmente cuando estos se enmarcan en cambios paradigmáticos en las concepciones de salud, enfermedad, atención y cuidado. Asimismo, señalan la importancia de realizar investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas que permitan sistematizar experiencias y explorar, describir, comparar, explicar y comprender dicha complejidad, promoviendo la producción de conocimientos validados y fundamentados que permitan sostener los cambios y aportar insumos para la implementación y la toma de decisiones necesarias, garantizando la equidad, universalidad e integralidad de las acciones y propuestas.
La investigación evaluativa y la evaluación de políticas públicas con abordajes participativos brindan herramientas que permiten recuperar la polifonía de voces de los implicados para analizar en qué medida se garantizan los derechos, cuáles son las necesidades o acciones aún no cubiertas y cuáles serían las alternativas posibles en dichos contextos. En ese sentido, y dada la trayectoria de la universidad, consideramos de suma relevancia compartir los resultados de investigaciones que evalúan el proceso de puesta en funcionamiento de dichos marcos normativos y permiten indagar, ampliar y profundizar las acciones identificadas como necesarias para colaborar en la plena implementación de la Ley Nacional 26.657.
Desde una concepción decolonial, compleja y crítica de la salud, los análisis en el campo de la salud y salud mental implican no solamente la evaluación estructural respecto de la cantidad de servicios, hospitales y camas y de la evaluación epidemiológica de las enfermedades y su atención, como tradicionalmente se proponía, sino un examen de sus determinantes desde una mirada integral que permita fundamentalmente valorar y sostener las condiciones para prevenir y promover la salud. En este sentido, la evaluación e investigación evaluativa en el campo de la salud requiere considerar
el conjunto de relaciones políticas, económicas e institucionales responsables por la conducción de los procesos relativos a la salud de la población, expresados en organizaciones, normas y servicios, cuyo objetivo es alcanzar resultados consistentes con la concepción de salud prevalente en la sociedad (Lobato y Giovanella, 2008, citado en Bottinelli, 2014: 15).
Por ende, constituye un insumo riquísimo para la gestión y la toma de decisiones en salud.
[La evaluación] produce conocimiento con el propósito de brindar elementos para la toma de decisiones, transferir los aprendizajes surgidos de experiencias innovadoras y poner la información a disposición de la ciudadanía —esto último, a los efectos de darle transparencia a la gestión de gobierno y de promover la participación social (Neirotti, 2007: 4).
Un cambio normativo tan relevante como es el de la sanción de la Ley 26.657 implica un consistente posicionamiento estatal en el campo de la salud mental. El análisis de su implementación, los avances y el comportamiento de los actores sociales involucrados en esa política permite identificar en qué medida se logran los objetivos propuestos.
En todo proceso de investigación, se entrecruzan decisiones y posicionamientos éticos expresados en él, ya desde la elección del tema y los propósitos de la investigación. En la investigación evaluativa, un aspecto ético central es el posicionamiento respecto de los intereses de diferentes actores involucrados: Estado y programas gubernamentales, sus ejecutores y la población destinataria, para asegurar su defensa, así como los intereses del conjunto de la sociedad.
Este libro surge como una producción colectiva que intenta visibilizar las construcciones y los pendientes en la formación en salud mental, en la implementación de la Ley 26.657 y en los marcos normativos de derechos. Nos propusimos potenciar voces diversas, recuperando experiencias y saberes situados que permitan visibilizar lo que se hace y desmitificar errores y miedos que sostienen los embates a la ley, intentando multiplicar y amplificar esas diferentes lógicas de producción de conocimientos para que lleguen los productos de investigaciones con polifonía de voces, lugares y disciplinas, entramados con las vidas de las personas y el trabajo vivo, de manera que puedan incidir y coadyuvar en la transformación necesaria en la lucha indeclinable por los derechos fundamentales a una vida digna para todas las personas.
Esperando contribuir a la difusión de la producción de las universidades públicas y promover el uso de la información en articulación con las instancias decisoras del Estado, en este libro presentamos los resultados de ocho equipos de investigación y expertos en el tema de diferentes regiones de Argentina que se entraman con dos investigaciones de nuestros equipos que vienen trabajando en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), indagando los procesos de implementación de políticas públicas en salud mental, con foco en la cuestión de la formación en el campo de la salud mental. También incluimos un apartado con avances de tesistas y becarios en el tema de nuestros posgrados del Centro de Salud Mental Mauricio Goldenberg del Departamento de Salud Comunitaria de la UNLa.
Bibliografía
Bottinelli, M. M. (2014). “Promoción y educación para la salud en los planes y políticas de Salud Mental en Argentina”. Tesis de Doctorado en Salud Mental Comunitaria. UNLa. Dir: Emiliano Galende. Disponible en el Repositorio de la UNLa.
Neirotti, N. (2007). Elementos conceptuales y metodológicos para la evaluación de políticas y programas sociales. Buenos Aires: IIPE-Unesco.
