Juan Manuel Reynares y María Virginia Tomassini

Introducción

En este capítulo realizaremos un análisis de las trayectorias identitarias de las principales fuerzas políticas de Córdoba, Hacemos por Córdoba y Juntos por Córdoba, desde comienzos del siglo XXI. Tamaña empresa requiere mucho más espacio que el reservado en este libro, por lo que nos ceñiremos a algunos de sus grandes rasgos, como la composición de las coaliciones, los partidos políticos más relevantes a su interior, la relación con las alianzas dominantes de cada organización a nivel nacional y el devenir de sus mensajes públicos en circunstancias claves de la historia reciente local.

De este modo, nuestro objetivo es proveer una lectura general sobre las dinámicas ideológica y organizacional de estos actores político-partidarios locales a la luz de una contextualización histórica que permita comprender sus presentes hacia los inicios de la tercera década del siglo XXI, en dos niveles concomitantes. Por un lado, en clave óntica, nos detendremos en algunas instancias neurálgicas del debate público cordobés en el siglo XXI, para así comprender los posicionamientos ideológicos e institucionales –en tanto construcción de líneas políticas– de cada una de las fuerzas bajo estudio.

Por el otro, en términos ontológicos, exploraremos las características de estas trayectorias identitarias en función de las transformaciones de la política ya revisadas ampliamente por la bibliografía existente. A partir de un diagnóstico, verificado desde múltiples lenguajes teóricos en las últimas décadas como una “crisis de la representación” se plantea una transformación estructural en el modo de constitución del lazo social (Manin, 2006; Rosanvallon, 2009; Mair, 2013). Ésta repercute en los modos de representación institucional, y se caracteriza por una dilución y volatilidad de las referencias simbólicas e identidades establecidas en la definición de las prácticas colectivas. A través de estos desplazamientos epocales no sólo se pone de relieve el carácter transitorio, precario y conflictivo de las identificaciones políticas en el nivel simbólico. También se evidencia el sostén imaginario que configura el modo en que los sujetos se inscriben en su contexto, y que persiste más allá (o más acá) del debilitamiento de las referencias simbólicas. Así, se consolida la adhesión de los sujetos a prejuicios sociales con fuerte arraigo cultural, que tienden a la segregación y el rechazo de la diferencia social.

En la articulación de ambos niveles, tanto óntico como ontológico, estudiaremos las modalidades mediante las cuales las fuerzas políticas mayoritarias de Córdoba –Hacemos por Córdoba y Juntos por Córdoba– conjugaron ideológica y organizacionalmente esos cambios estructurales en nuestra sociedad contemporánea.

La continuidad del peronismo cordobés

Hacemos por Córdoba (HpC), formada bajo el nombre de Unión por Córdoba (UpC) en 1998, año de su victoria provincial, es una coalición de diversos partidos con predominio del Partido Justicialista (PJ), entonces liderado por José Manuel de la Sota. Ya durante la década precedente, la dirigencia peronista se había identificado progresivamente con una clave de interpretación neoliberal, que había reformulado la tradición peronista clásica. Diluidos los componentes vinculados al imaginario popular del peronismo, se reforzó en cambio la imagen de un justicialismo representativo de las demandas de sectores concentrados de la economía. En la campaña de 1998 se propuso la reducción impositiva y la reforma del Estado en pos de economizar y agilizar su funcionamiento. Al mismo tiempo, se alió con la Unión de Centro Democrático (Ucedé), liderada por G. Kammerath, y Acción para el Cambio (APEC), bajo la dirección de A. Keegan, quienes aportaron el diferencial de votos que permitió a UpC llegar al gobierno provincial (Closa, 2010; Reynares, 2017).

La vice-gobernación de Kammerath, y su posterior victoria en 1999 en la elección para la Intendencia de la ciudad de Córdoba, señaló su ascendencia dentro de la coalición. Este dirigente había sido funcionario en las gestiones nacionales de Menem, respondiendo así a la negociación de este último con el delasotismo. Sin embargo, esta conformación de UpC varió sustancialmente en los años posteriores. En febrero de 2002, De la Sota hizo público el distanciamiento del justicialismo en la gestión capitalina. Ante los medios, pidió disculpas por los problemas que los vecinos de la Ciudad de Córdoba debían sufrir por la mala gestión del ucedeista Kammerath. Ello supuso la renuncia masiva de funcionarios del PJ, que vaciaron los equipos de gobierno municipal. Los motivos explícitos de esta decisión fueron los malos resultados del gobierno de Kammerath, en las áreas de transporte y salud particularmente. No obstante, los cambios del escenario político a nivel nacional también tallaron en esa decisión.

A comienzos de 2002, la eclosión del gobierno nacional de la Alianza y su reemplazo provisorio por Eduardo Duhalde implicó una transformación del cuadro de alianzas al interior del justicialismo nacional. Por un lado, luego de la derrota de Duhalde en las elecciones de 1999, se habían consolidado sus diferencias con el sector menemista. Por el otro, ante un panorama de fragmentación del justicialismo, De la Sota había explicitado su pretensión de ser candidato presidencial en las próximas elecciones de 2003, por lo que su acercamiento a Duhalde era indispensable. La adscripción menemista de Kammerath obstaculizaba así el proyecto presidencialista de De la Sota. De este modo, los vínculos estratégicos de la dirigencia justicialista de Córdoba con su par bonaerense incidían en las configuraciones políticas provincial y municipal.

A partir de 2002, UpC reforzó su perfil más cercano al PJ. Por un lado, la coalición dominante se estableció entre dos de sus dirigentes capitalinos: el ya mencionado De la Sota y Juan Schiaretti, anterior funcionario nacional en la órbita de Domingo Cavallo y hombre cercano a los actores económicos concentrados locales. Por otro lado, las organizaciones partidarias menores fluctuaron en su apoyo electoral, con escasa incidencia ejecutiva o legislativa. En ese conjunto de expresiones, los partidos más persistentes dentro de UpC fueron: el Demócrata Cristiano desde 2003, Acción Popular entre 2003 y 2015, y Acción para la República entre 2003 y 2011.

Luego del distanciamiento de la Ucedé, UpC no varió sustancialmente su línea política, apelando a la continuidad de sus principales propuestas de gobierno en las elecciones de 2003 (Reynares, 2018). Como partido de gobierno, mantuvo una relación de negociación y acuerdo con la nueva coalición dominante nacional del PJ, consolidada hacia 2005 alrededor de la presidencia de N. Kirchner. Éste, bajo la etiqueta del Frente para la Victoria (FpV) en 2003, y su posterior victoria en las legislativas de 2005 desplazó a la línea interna duhaldista en el justicialismo de la Provincia de Buenos Aires. No obstante, Kirchner estableció al mismo tiempo una estrategia de apertura a otros partidos y expresiones políticas, bajo la denominación de “transversalidad”, para consolidar una base electoral propia y encarnar una alternativa ante la alicaída dirigencia político-partidaria tradicional luego de la crisis política de 2001.

El carácter bifronte de esta estrategia se expresó en Córdoba con un escenario particular, donde dos actores acérrimamente enfrentados se disputaban la representación del proyecto nacional, o bien la posibilidad de negociar con él de modo directo. Por un lado, UpC, la coalición gobernante en la provincia, representante del justicialismo mediterráneo, y por el otro, el recientemente creado Partido Nuevo bajo el liderazgo de Luis Juez, fuerte opositor al gobierno delasotista y reacio a encasillarse en las definiciones tradicionales del espectro partidario (Tomassini, 2018). Hasta 2008, la dinámica entre UpC y el FpV fue mayormente de negociación, como puede verse, entre otros elementos, en la definición de las listas de cargos parlamentarios durante el período. En las coyunturas de 2005 y 2007, los candidatos respondían a la necesidad del ejecutivo nacional de contar con apoyos legislativos. Así, en 2005 y 2007 los primeros cargos en las listas de diputados fueron repartidos entre dirigentes cercanos a De la Sota, por un lado, y al presidente Kirchner, por otro. Incluso la nominación de Schiaretti como candidato a gobernador oficialista en 2007 contó con la venia general de la dirigencia nacional del peronismo (Montero, 2009; Reynares y Tomassini, 2021).

Sin embargo, desde la conocida como “crisis del campo”, en la primera mitad de 2008, se produjo un distanciamiento entre ambas estructuras que supuso múltiples dificultades para los integrantes de una y otra. El “conflicto del campo” constituyó un parteaguas en la política nacional con evidentes efectos locales. La mayoría de las organizaciones vinculadas al agro argentino rechazaron frontal y agresivamente la política fiscal del gobierno nacional desde principios de 2008, a partir del desconocimiento de una resolución, la N° 125 del Ministerio de Economía, que disponía un nuevo régimen de retenciones a las producciones agrícolas. Ello implicó meses de paros, cortes de ruta, desabastecimiento, cese de venta de granos y productos derivados, con manifestaciones a favor y en contra de la política nacional (Aronskind y Vommaro, 2010; Balsa, 2013, entre otros).

Ello transformó profundamente la agenda política de la provincia. Las manifestaciones de rechazo a la medida obtuvieron el apoyo de una amplia mayoría cordobesa, en el marco de una notable campaña crítica hacia el gobierno nacional por parte de los grandes medios de comunicación mediterráneos. La erosión de la imagen pública del gobierno nacional supuso un desafío para sus recientes aliados locales, que debieron lidiar con discusiones internas y enfrentar el creciente descrédito sobre la figura de los Kirchner en el electorado local. Mientras que en el juecismo se produjo una ruptura interna en función del apoyo o rechazo al gobierno nacional, en UpC el aparato justicialista provincial terminó enfrentándose al kirchnerismo.

Ello supuso un cambio tanto en la dinámica institucional como en la línea política de UpC. En las elecciones generales de 2011, como en las legislativas de 2013, De la Sota tuvo un posicionamiento abiertamente crítico y confrontativo ante Nación, sin negociación para la conformación de listas locales (López, 2012; Tomassini, 2018; Reynares y Tomassini, 2021). Dando continuidad a una trayectoria identitaria precedente –en el marco de una cultura política localista (Tcach, 2010)– la coalición gobernante reforzó un mensaje de “defensa” de los intereses cordobeses frente a un Estado nacional caracterizado como extractivo e injusto. En términos de su identidad política, a lo largo de sus diversas administraciones, el peronismo cordobés desarrolló un proyecto anclado en la defensa de lo provincial, buscando distinguirse, con matices coyunturales, de la iniciativa política al interior del peronismo nacional que encabezó el FpV de Néstor y Cristina Kirchner desde 2003.

Con la holgada victoria provincial de De la Sota en 2011, esta línea política comenzó a denominarse, incluso oficialmente, como “cordobesismo” y fue el plafón local para el posterior intento del líder de la coalición de competir para la presidencia en 2015 (López, 2012; Imposti, 2017; Tomassini, 2018). En ese año, Schiaretti retuvo la gobernación para UpC adhiriendo a una oposición abierta al gobierno nacional. En términos generales, es posible considerar que el principal clivaje de la competencia electoral cordobesa, y también de la configuración de las coordenadas simbólicas de constitución de un espacio público mediterráneo, ha sido el del localismo cordobés versus el centralismo de la Nación. Esa estructuración del escenario político provincial permitió expresar, de manera desplazada, otra disputa soterrada entre una propuesta conservadora, encarnada en Unión por Córdoba, por un lado, y un proyecto progresista kirchnerista, inscripto en una lectura de izquierda de la tradición política del peronismo, por el otro (Quirós, 2016).

Tal estipulación global del escenario de competencia política reconoce, como en toda generalización, matices. En las diversas áreas del gobierno provincial es posible dar cuenta de agendas particulares, diferencias específicas alrededor de cuestiones puntuales, cuyo señalamiento exceden los límites de esta publicación, y merecerían incluso un programa de investigación propio. Ahora bien, la dirigencia de UpC –en el marco de un proceso de identificación en competencia por la representación del electorado cordobés– ha decidido, en los últimos años, reforzar su perfil conservador localista, enfatizando una imagen de buena gestión merced al perfil dialoguista del gobierno con los diversos actores económicos. Ello pudo observarse en el proceso electoral de 2019, donde uno de los motivos más citados del triunfo municipal capitalino de UpC fue su vasto plan de obras públicas a nivel provincial en general, pero con una fuerte impronta en la capital cordobesa.^[1]

Las alianzas opositoras en Córdoba

Desde 2015, las principales fuerzas partidarias provinciales opositoras se nuclean en derredor de una alianza de nombres variables pero una composición similar. Con muy diversos antecedentes, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y el juecista Frente Cívico (FC), llegaron en aquel año a replicar a nivel provincial el acuerdo interpartidario nacional que reunió al radicalismo con el PRO y la Coalición Cívica – ARI, de Elisa Carrió. Si bien ello parecía señalar el final de una década de una oposición fragmentada, su dinámica interna no logró mayor cohesión. Como veremos a continuación, estas trayectorias identitarias comparten un imaginario político conservador y, a grandes rasgos, liberal-republicano. Al mismo tiempo, comulgan con la incapacidad para enfrentar eficazmente a UpC por separado. No obstante, carecen de mecanismos de resolución interna de conflictos para una postulación electoral competitiva, fruto incluso de un internismo irresuelto en cada una de las organizaciones involucradas. A continuación, haremos una breve reseña sobre estas fuerzas políticas.

UCR: crisis y reorganización

La trayectoria del radicalismo de Córdoba se caracteriza por un proceso de debilitamiento, después de ser el partido predominante en la provincia hasta 1998. Esta caída alcanzó su punto máximo entre 2003 y 2007, cuando fue desplazado al tercer lugar en el sistema de partidos provincial por la emergencia del Partido Nuevo liderado por Luis Juez, dirigente capitalino de extracción peronista (Tomassini, 2018). Ante la amenaza de un tercer partido que debilitaba sus chances electorales, la UCR tendió a consolidar su tradición republicana y antiperonista, desacreditando al mismo tiempo la “novedad” de la posición juecista y nivelándola con UpC, como más de lo mismo: detrás de su pretendida defensa de la transparencia y la novedad en el gobierno, Juez seguía siendo un dirigente peronista (Reynares y Tomassini, 2022).

El debilitamiento partidario de la UCR cordobesa comienza a revertirse a partir de las elecciones legislativas nacionales de 2009, donde O. Aguad gana el tramo de diputados y Ramón J. Mestre (hijo del ex gobernador Ramón B. Mestre) accede al Senado por la minoría, quedando detrás del juecismo por escaso margen (Reynares y Tomassini, 2022). En ese marco, los guarismos de la elección legislativa 2009 señalaron una relativa recuperación del radicalismo. Si bien esa tendencia no continuó a nivel provincial, los porcentajes obtenidos en esa oportunidad posicionaron a sus candidatos, Oscar Aguad y Ramón Mestre (h), como protagonistas de la reconstrucción partidaria.

Consideramos que ello es el resultado de un proceso de recambio dirigencial parcial que comienza en 2003, luego de la crisis de liderazgo que se acentúa a comienzos de ese año. Luego de la inesperada enfermedad y muerte del ex-gobernador Ramón B. Mestre, en el contexto del descrédito del tres veces gobernador Eduardo Angeloz y la negativa del ex-intendente capitalino Rubén Martí a ocupar lugares expectantes en el partido, el radicalismo no tenía referentes competitivos electoralmente ni con ascendencia en la interna partidaria (Reynares y Tomassini, 2019).

Esta relativa recomposición del radicalismo hacia 2009 puede ser leída también a la luz del cambio de coordenadas de la agenda política cordobesa –y también nacional– que se produjo entre fines de 2007 y la primera mitad de 2008, con el escándalo en torno a las elecciones provinciales de 2007, por un lado, y la ya mencionada “crisis de la 125”, por el otro.^[2] Ambos acontecimientos profundizaron la percepción negativa del gobierno nacional en una mayoría del electorado local. Frente a ello, los actores político-partidarios reordenaron sus líneas políticas, especialmente en lo que hacía a su relación con el kirchnerismo. En este punto, la UCR cordobesa se vio fortalecida debido a la persistente oposición que sostuvo frente a este último (Reynares y Tomassini, 2022).

Mestre (h), concejal capitalino en 2007 e intendente entre 2011 y 2019, protagonizó la recuperación partidaria. Sustentado sobre los seguidores de su padre, Mestre (h) alcanzó una posición central en el partido con un proyecto de defensa de la identidad tradicional e histórica del radicalismo. Esta postura le permitió amalgamar todas las posiciones antipactistas, compitiendo contra el entonces presidente del Comité Provincia, Mario Negri, en tanto éste era proclive a una coalición con el juecismo para enfrentar al oficialista UpC (Reynares y Tomassini, 2022). Negri había sido vicegobernador de la provincia entre 1987 y 1991, ocupando luego el cargo de diputado nacional casi de manera ininterrumpida desde 1993. De este modo, ya en 2015 se distinguían, dentro de un complejo escenario de líneas internas, dos subcoaliciones principales: la encabezada por Ramón J. Mestre, con base en la capital cordobesa y el apoyo de dirigentes que respondían a O. Aguad (diputado nacional desde 2005, con amplia trayectoria en los gobiernos municipales y provincial de Mestre padre, y candidato a gobernador en 2003, 2011 y 2015), por un lado, y la liderada por M. Negri, con anclaje territorial en la provincia, por el otro.

Las disputas entre Negri y Mestre por la candidatura a la gobernación de 2015 quedaron en suspenso ante las perspectivas abiertas por su inclusión en la coalición Cambiemos, conformándose una única lista bajo la candidatura de Aguad. Sin embargo, ya en 2019 el escenario interno del radicalismo mediterráneo fue distinto, y la implícita oposición interna entre Negri y Mestre derivó en la ruptura de la coalición, llamada en ese momento Córdoba Cambia. Como veremos a continuación, esta fractura no pudo ser resuelta por el otro miembro relevante de la coalición cambiemita, el PRO, inserto también en una disputa interna.

PRO: emergencia provincial y organización

En 2013 el PRO comienza a tener presencia territorial en Córdoba intentando convertirse en una fuerza con posibilidad de disputa provincial. En el marco de una progresiva nacionalización de una fuerza partidaria originalmente porteña (Mauro, 2020; Vommaro y Morresi, 2017), su construcción se sostuvo sobre dirigentes locales con trayectorias en partidos menores de extracción liberal. Así, el PRO comenzó a entablar relaciones en Córdoba a través de distintos aliados estratégicos, entre ellos el entonces legislador de UpC antes afiliado a la Ucedé, Javier Pretto. En aquel año, éste se apartó del bloque mayoritario para crear su propia bancada unipersonal de cara a las elecciones legislativas nacionales, convirtiéndose también en el presidente del PRO en la provincia de Córdoba.

El espacio político se instaló en la provincia combinando en su estrategia la incorporación de “outsiders” con la de experimentados “armadores”, como el ex intendente de Córdoba por UpC entre 1999 y 2003, Germán Kammerath. Entre los primeros, adquirió relevancia el ex-árbitro de fútbol Héctor Baldassi, quien ganó por amplio margen las elecciones legislativas de 2017. Tras la victoria en 2015 de Mauricio Macri en la elección presidencial, el PRO cordobés se disputó entre dos subcoaliciones internas, lideradas respectivamente por Pretto y Baldassi. La primera se recostó sobre el sector “político” del PRO nacional, cuyo referente más notorio fue el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. La segunda, en cambio, fue promovida por el Jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña. Esta disputa impactó en las dificultades de la alianza Córdoba Cambia para actuar cohesionadamente en los comicios de 2019, ya que, como veremos más adelante, cada una de estas facciones apoyó a un referente distinto de la UCR para la gobernación. Ello implicó la “división” de la fórmula opositora al oficialismo provincial, facilitando así la victoria de este último.

Más allá de estos inconvenientes internos, la composición del mensaje público del PRO sostuvo las líneas rectoras de la línea política metropolitana en general: denuncia a la corrupción del gobierno de Cristina Kirchner, soluciones institucionales basadas en la defensa nominal de la república, una interpretación lavada de la política como servicio y gestión, y la interpelación al imaginario social del éxito (y la responsabilidad) individual (Vommaro y Morresi, 2017; Schuttenberg, 2019). Como veremos con mayor detalle en el apartado siguiente, la composición pública de algunos de sus principales candidatos se recostó sobre imágenes cotidianas de personas exitosas en sus carreras profesionales que deciden dedicarse a la política como parte de una vocación servicial frente a los problemas provocados por la corrupta clase política. En particular, el electorado cordobés demostró un apoyo masivo y persistente a la figura de Macri: alcanzó el 71,5 % de los votos en el ballotage de 2015, mientras que acompañó con un acto masivo su cierre de campaña en 2019, dentro de un contexto adverso posterior a su derrota en las Primarias Abiertas de ese año.

Juecismo: fraude, crisis y alianza

La tercera fuerza que compone Córdoba Cambia en 2019 es el Frente Cívico (juecismo)^[3]. Su aparición supuso un cambio de la configuración bipartidista en 2003, primero como un espacio capitalino y luego, a partir de 2005, con alcance provincial. Desde ese entonces su discurso estuvo marcado por el antagonismo a UpC, apoyándose sobre el electorado antiperonista mediterráneo (Panero y Varetto, 2008). Como ha señalado Tomassini (2018), luego de su cuestionada derrota en las elecciones provinciales para la gobernación en 2007, tras denunciar fraude, Juez optó por una estrategia de visibilización a través de los medios de comunicación, lo que descuidó la solidez de su conformación territorial.

En el marco de la denominada “crisis del campo” en 2008, se opuso al gobierno nacional, lo que trajo aparejada una fractura de su organización al alejarse aquellas líneas internas que respondían al proyecto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El ascendiente de Juez empezó a mostrar las dificultades de su organización política para sostener su competitividad electoral. La alta personalización del espacio juecista en la figura de su líder condicionaba a la joven estructura partidaria, dada la imposibilidad de trasladar votos a otras figuras que no sean la del propio Luis Juez (Tomassini, 2018).

Su oposición frontal al gobierno nacional fracturó su organización interna, lo que se expresó en el enfrentamiento con el intendente Giacomino en la Municipalidad de Córdoba. Los severos problemas de gestión que tuvo éste, derivados en parte de esta interna con los dirigentes juecistas de su gabinete, dificultó sus posibilidades ante la elección municipal de 2011 (Tomassini, 2018; Reynares y Tomassini, 2022). A ello le siguieron resultados adversos en comicios municipales y provinciales, como las legislativas de 2013, donde no superó el 4% de los votos. Frente a ese escenario, Juez decidió, a partir de 2015 formar parte de la alianza Juntos por el Cambio, junto con la UCR y el PRO.

En este contexto, la dirigencia nacional cambiemita –concentrada en los resortes del poder ejecutivo nacional durante la presidencia de Mauricio Macri y con predominio claro del PRO sobre el resto de sus socios partidarios– terminó por dificultar la coordinación necesaria para la supervivencia de la alianza Cambiemos ante los comicios provinciales de mayo de 2019 en Córdoba. Tanto Macri como Peña apoyaron explícitamente a Mario Negri como candidato a gobernador. Mestre, por su parte, no declinó su precandidatura y exigió hasta último momento que se celebrasen internas para definir el candidato, lanzando fuertes críticas a la dirigencia nacional de Cambiemos. Tuvo el aval implícito de la mayoría del PRO local, enfrentada a Baldassi. Se presentaron dos listas: Negri – Baldassi, por Córdoba Cambia, y Mestre – Briner por la UCR. Esta ruptura supuso serios inconvenientes para la coordinación de recursos y esfuerzos en el despliegue de la campaña de las dos listas, no sólo a nivel provincial sino también en cada uno de los comicios municipales que se celebraban en la misma fecha. La candidatura de Negri fue promovida por las estructuras territoriales del otro miembro de Córdoba Cambia, el Frente Cívico, siendo Juez candidato a la intendencia cordobesa. Además, contó con la tracción electoral de Macri y algunos de sus ministros, que visitaron asiduamente la provincia durante la campaña. Por su parte, Mestre se sostuvo sobre el aparato partidario de la UCR y los recursos disponibles desde la intendencia capitalina.

Rasgos contemporáneos de la política en las coaliciones cordobesas

Una proximidad cordobesista

Como ya hemos planteado, nuestro análisis de las trayectorias identitarias de los principales actores político-partidarios de Córdoba transcurre en un doble carril. Habiendo ya explorado los rasgos generales de sus devenires organizacionales e identitarios, en lo que sigue nos detendremos en algunos de los aspectos donde se evidencia la implicación de las transformaciones estructurales de la política contemporánea: la representación por proximidad (Rosanvallon, 2009); y el vaciamiento de la política, donde la dimensión deliberativa pierde espacio frente a la gestión de recursos (Mair, 2013).

La crisis general de la representación política (Duso, 2015) es un síntoma de las transformaciones integrales en el escenario político mundial, lo que no supone la desaparición de los partidos sino su reconfiguración en búsqueda de nuevas prácticas de legitimación. Como plantea Rosanvallon, los partidos se han desplazado en el marco de la licuefacción del tiempo de la acción política, en un mundo de la información continua, de la transparencia generalizada, que pone en primer plano la opacidad del mundo y la dificultad para dar cuenta de su complejidad (2009: 255). En términos generales, el cambio de época ha señalado también cierta homogeneización de las opciones político-representativas. Aunque cada partido tenga sus propias bases programáticas y estilos políticos, en determinados momentos los partidos tradicionales tendieron a identificarse en sus discursos y en sus prácticas como consecuencia del cambio de época y las transformaciones del vínculo representativo que ello conlleva (Lupu, 2016).

Como ya ha sido señalado en la bibliografía específica, la definición de candidatos ha sido una de las áreas de la organización político-partidaria con mayores cambios respecto de los modelos partidarios de masas (Mair, 2013). Entre los partidos integrantes de Córdoba Cambia, la designación de los postulantes depende menos de las trayectorias particulares dentro de la institución o la ocupación de cargos internos, que de la capacidad personal de los dirigentes para entablar vínculos empáticos con los afiliados y la ciudadanía en general. Estos rasgos de la metamorfosis partidaria remarcan la importancia de los dirigentes con una imagen pública positiva. 

Luis Juez fue capaz de construir la base del Partido Nuevo a partir de una imagen distinta del resto de la clase política. Entre los miembros originales de aquella organización se destacaban la sencillez y humildad como aspectos que lo construyen como “un igual”, como “un par”. No había distancia jerárquica con “el Luis”, una expresión típicamente cordobesa de un “tipo de barrio” (Tomassini, 2018). Ahora bien, luego de su cuestionada derrota en las elecciones provinciales para la gobernación en 2007, Juez optó por una estrategia de visibilización marcadamente mediática, relegando sus vínculos con el aparato partidario territorial. En este caso en particular, puede observarse cómo el liderazgo de popularidad de Juez, que rindió frutos notables en sus primeros años, luego probó ser un fuerte limitante para su crecimiento y un arraigo territorial que garantizase su competitividad en su jurisdicción originaria.^[4]

Cierta similitud es posible de encontrar en uno de los principales dirigentes del PRO en Córdoba, Héctor Baldassi, quien fue electo diputado nacional en 2013, en las primeras elecciones de esa fuerza a nivel provincial. En este caso, se evidenció una elaborada campaña de comunicación que resaltaba los rasgos ordinarios de Baldassi, con imágenes de su entorno familiar tradicional y su contacto amable con la gente en la calle. Se exhibía su vida familiar (casado y con 3 hijos), mientras explicaba la razón por la que lleva como sobrenombre “Coneja”, y destacaba su profesión como referí internacional de fútbol. En esto último, lo importante era que “su estilo era simple, con reglas claras y sin prepotencia”. Esos valores permanecían al momento de lanzar su candidatura: “honestidad, diálogo, esfuerzo y trabajo en equipo” (Hector Baldassi, 2013, 0.26 s).

De este modo, el principal candidato del PRO en Córdoba entre 2013 y 2019 se configuró bajo el modelo de la proximidad, privilegiando su imagen individual y de contacto estrecho con sus vecinos, aludiendo a cuestiones generales de orden ético. No obstante, si observamos sus relaciones con el resto de las coaliciones del partido, ha sido un dirigente inorgánico, disputando espacios dentro de la organización y apoyándose en una relación directa con el líder del partido a nivel nacional, Mauricio Macri (La Voz del Interior, 2016; Passero, 2018; Silva, 2018). Esta combinación de estrategias dio lugar a una serie de inconvenientes organizativos dentro del PRO, confrontando con la línea interna que se nutre de dirigentes partidarios provenientes de la Ucedé liderados por Javier Pretto. 

Incluso en una fuerza política generalmente reacia a postular candidatos sin antecedentes partidarios en comicios relevantes, como es Unión por Córdoba, algunas de las estrategias electorales planteadas en 2019 señalaron un intento por adaptar su mensaje público a las coordenadas de la representación por proximidad. En primer lugar, su campaña durante ese año apuntó a renovar su imagen como propuesta política, luego de veinte años ininterrumpidos de gobierno. Se rebautizó la alianza como Hacemos por Córdoba (HpC), incorporando fuerzas minoritarias con electorados predominantemente urbanos y de tendencia liberal como el GEN o el Partido Socialista.

A partir de allí, la campaña se concentró en el territorio provincial y en la figura del gobernador Juan Schiaretti, quien contaba ya con altos niveles de aceptación pública. El grueso del mensaje aludía a la capacidad de gestión, honestidad, proximidad y experiencia de Schiaretti, a quien aludían por su nombre, Juan, y subrayaban su apodo, “el Gringo”. El uso del nombre de pila, e incluso del sobrenombre, como veremos en apartados siguientes, refleja la pretensión del peronismo de conjugar una “representación de proximidad” con el bagaje conservador y localista de su línea política. No obstante, una aproximación al liderazgo de Schiaretti deja ver que la proximidad es una dimensión accesoria, incorporada a un perfil de dirigente y gobernante donde predomina la distancia del representante institucional frente a la ciudadanía, e incluso de cara al resto de la dirigencia partidaria (Pagliarone, 2022).

El caso de Schiaretti en HpC deja ver, por contraste, la relevancia de la proximidad en las figuras de Juez o Baldassi. En el caso del gobernador, la marca de la representación viene dada por su investidura y capacidad de gestión, es decir, aquello que lo distingue del resto de la ciudadanía. Mientras tanto, en el modelo de representación por proximidad (Rosanvallon, 2009), la demanda ínsita allí –esto es el reclamo de presencia, empatía y compasión del político ante cada situación particular– se produce ante la gradual desaparición o debilitamiento de aquella función tradicional de representación de la que se encargaban los actores políticos. Actualmente el representante se ufana, principalmente, por “estar”, con un gesto corporal resumido en una imagen, que solo acompaña a quien demanda asegurando que sabe lo que se siente y es empático ante la carencia o el conflicto. 

Como Baldassi o Juez, más legítimo resulta aquel gobernante o aquella política que “se acerca” más a la realidad cotidiana, a la experiencia concreta y singular de los ciudadanos. Se muestra especialmente en la exigencia de que los representantes sean “hombres comunes”, desdibujándose la distancia entre éste y los representados (Annunziata, 2013). Esta representación por proximidad habilita una forma específica de identidad colectiva, donde el centro es ocupado con la narración de ejemplos, tomando mates o compartiendo en familia, en los que “muchos se pueden reconocer” (Rosanvallon, 2009: 275). Como podemos observar en las presentaciones de candidatos actualmente, la generalidad con que se caracterizaba al lenguaje político en términos ideológicos o tecnocráticos es progresivamente reemplazada por una referencia comunitaria basada en la experiencia de lo cotidiano o familiar.

En los diversos actores político-partidarios de Córdoba que recuperamos brevemente, la proximidad se encarna en imágenes diversas. Juez es el hombre común, sagaz, que apela a la complicidad del cordobés común, divertido y “contador de chistes”. En ese sentido, la conexión de esa imagen se traslada a la honestidad de quien puede manejar éticamente los recursos públicos. Una imagen similar surge con Baldassi, aunque sostenida sobre los éxitos pasados como árbitro internacional de fútbol. Este outsider extrae de su condición ajena a la política la capacidad para representar sin los vicios de quien practica profesionalmente la política. Este recurso, como vemos, no es exclusivo de una fuerza política, sino una característica de la época, que simplifica la densidad simbólica de la representación (que puede aludir a tradiciones políticas o explicaciones más o menos complejas de la realidad social) y la apoya en una trama imaginaria que la ciudadanía puede relacionar con experiencias y sensaciones inmediatas de carácter personal o íntimo. 

En todos los ejemplos mencionados, la imagen que habilita, o al menos intenta, la relación de proximidad entra en relación con un universo simbólico simplificado que establece criterios de validación específicos: tanto en el caso de Juez como Baldassi, sus rasgos “típicamente cordobeses” o de una persona común, de barrio, consolida la imagen de la política como algo sencillo, que no requiere de debates o polémicas, sino sentido común, esfuerzo y honestidad. Y en el representante institucional Schiaretti, también su acercamiento al ciudadano de a pie apela a imágenes simplificadas del bagaje cultural cordobés, como lo indica la alusión al “Gringo”, denotando allí su pertenencia a la tradicional inmigración italiana en la provincia (Ferrero 2003; Zapata, 2022). Incluso ese apodo se relaciona con un trasfondo de esfuerzo, honestidad y superación, típico de los productores agropecuarios de la “Pampa gringa” cordobesa. De cierto modo, en el proceso de identificación encarnado por la construcción de la imagen pública de estos dirigentes se deja ver la articulación de una proximidad cordobesista. Ese localismo provinciano se declina en diversas facetas, vinculadas a un repertorio de rasgos que serían típicos de una identidad cordobesa más tradicional, como por ejemplo la comicidad y perspicacia del habitante urbano o serrano, o bien de la honestidad y capacidad de trabajo del poblador de la llanura agrícola ganadera.

El vaciamiento de la política

Otra de las categorías contemporáneas relevantes para re-describir las trayectorias identitarias de los principales actores político-partidarios de Córdoba remite al “vaciamiento de la política” (Mair, 2013). Se fractura allí un binomio constitutivo de la democracia liberal conjugado en los partidos de masas entre la representación, por un lado, y la legitimidad procedimental, por el otro. Según Mair, las funciones típicamente partidarias de dar voz a los ciudadanos y diseñar políticas públicas que reconcilien conflictos e incoherencias entre diversos sectores tienden a invalidarse. De allí que “este [moderno] sentido de la representación, y por ende de la agregación, se evapora” (Mair, 2013: 129). Entonces, se margina la representación como articulación de demandas, intereses o contenidos particulares, realizada por los partidos para constituir una comunidad política a la base de la acción gubernamental y por ende en la base de la marcha del Estado. Estas organizaciones devienen un engranaje en la traslación de imágenes legitimantes para el gobierno.

Deteniéndose en esas imágenes, y en la legitimación en la que ellas abrevan, subrayamos una caracterización de la política que margina su carácter polémico y disputado de la definición de los problemas públicos. Ello se observa en los efectos de sentido que se analizan discursivamente.

Por ejemplo, en el lugar que se le asigna a la política en relación con otros valores o ámbitos.

En referencia a ello, un militante del radicalismo consideraba que la capacidad del mestrismo para erigirse como vértice de la coalición dominante dentro del partido se basaba en la centralidad de la “gestión” dentro de su mensaje público, antes que en la deliberación y el intercambio de opiniones: “Obras no palabras. La idea de la eficiencia, de ir sobre las cosas que puede llevar adelante, un Estado austero, ajuste. No es, me parece, un grupo político [el mestrismo] que haga gala de la discusión” (E1, comunicación personal, 24 de mayo de 2018).

Este desdibujamiento de las ideologías y su desplazamiento hacia otras formas de entender y practicar la política son identificadas en entrevistas y discursos de dirigentes de los diferentes espacios políticos de Córdoba. Una de las principales dirigentes del peronismo de la ciudad de Córdoba sostenía que:

El pueblo es pragmático… Cuando los sectores son muy marginales, porque están sobre la línea pero muy en la línea de la pobreza, abren la puerta a todo el mundo y escuchan a todo el mundo, pero lo que están esperando de todo el mundo es una ayuda ya… En estos sectores no se da ese debate, a ver, no pueden pensar, hay que resolver (E2, comunicación personal, 8 de octubre de 2013).

Por otro lado, con frases breves y contundentes, Luis Juez reducía la complejidad de la política, al focalizarse exclusivamente en la gestión de cuestiones relativamente menores, como el arreglo de calles: “Cuánta ideología hace falta para tapar un bache” (Discurso de Juez, citado en Tomassini, 2018). 

Tomando una parte por el todo, Juez acotaba la política y consideraba superflua su dimensión ideológica. Así, por diversos motivos, la dimensión deliberativa de la política es relegada por su aspecto ejecutivo, resolutivo, frente a demandas cuya resolución es impostergable. Si bien hay cuestiones que pueden corregirse rápidamente, esta dinámica marcada por la urgencia es integral al modo en que la dirigencia se relaciona con la ciudadanía. La complejidad de la realidad política se resume en una imagen de transparencia y eficiencia factible de alcanzar con medidas sencillas. No sólo hay una reducción de la política a la gestión, sino que se la estereotipa, se exageran sus principales rasgos y se tienden así a homogeneizar las propuestas.

Observamos una dinámica de identificación política que tiende a simplificar al extremo la complejidad de la vida social, produciendo imágenes homogéneas basadas en las “obras” y la “resolución” de problemas concretos y cotidianos. El mensaje público se allana y resulta cada vez más uniforme. El carácter simbólico del discurso político se redirige a experiencias cercanas. En línea con el formato representativo de proximidad, la política se interpreta como la solución de los problemas de la gente, omitiendo cualquier alusión a explicaciones más complejas sobre los problemas sociales. 

Conclusiones

En este capítulo hemos explorado algunos rasgos de las trayectorias identitarias de las principales fuerzas políticas de Córdoba en las últimas dos décadas. Por un lado, el peronismo a la cabeza de la coalición Hacemos por Córdoba; por el otro, los miembros de Juntos por Córdoba: el radicalismo, el PRO y el Frente Cívico. Estos recorridos, con sus especificidades, se inscriben en un discurso económicamente liberal y culturalmente conservador, sobredeterminado por una alusión localista, bajo la denominación de “cordobesismo”.

Esta redescripción permite ver que en las últimas décadas han emergido en la provincia fuerzas políticas, o bien se transformaron organizaciones preexistentes, bajo la articulación de diversas tradiciones del conservadurismo cultural y el liberalismo económico, sobredeterminadas por la expansión de una gramática neoliberal. Ello ha favorecido el arraigo en Córdoba de propuestas políticas donde la política se reduce a la gestión gubernamental, se dificulta el debate por fuera de valoraciones morales y se promueve la competencia y el éxito en clave individual.

Sin embargo, la definición de este escenario reconoce diferencias en cada una de las trayectorias. En el caso del peronismo mediterráneo, la ruptura principal con la dirigencia nacional kirchnerista se produjo a partir del conflicto “con el campo” de 2008. La defensa de “lo propio”, de los intereses particulares de productores agrarios y empresarios del sector, reverberó en múltiples superficies mediáticas, corporativas y políticas. Ello potenció un mensaje público localista que, años más tarde, en 2015, nutrió el proyecto presidencial de De la Sota. El Gobierno nacional era presentado como principal responsable de los problemas vernáculos. Esta contraposición subrayó un cariz tradicionalista y consensualista en la línea política de la coalición gobernante en la provincia, distinguiéndose de cierto progresismo confrontativo del gobierno nacional. A ello se le sumó el énfasis en la capacidad de gestión del gobierno provincial, encarnada en obras públicas y ciertas políticas emblemáticas.

En el caso de los miembros integrantes de la coalición opositora al gobierno provincial, con sus diferencias, también la interpelación localista atravesó el grueso de sus mensajes públicos, bajo una tónica muy similar al argumento esgrimido por De la Sota y Schiaretti durante los gobiernos de Cristina Kirchner: el Estado nacional quitaba a Córdoba sus recursos de manera ilegítima, ejerciendo presión autoritaria por fuera de la institucionalidad republicana. Una vez más, los sucesos de 2008 señalaron un cambio sustancial en el papel que la dirigencia radical y juecista asumían en el escenario local. En la UCR comienza allí cierta recuperación luego de varios años de profunda crisis, cuando el creciente rechazo del gobierno nacional les permite reivindicar sus credenciales de antiguos opositores. En el juecismo, por su parte, la ruptura con el kirchnerismo ubicó a su líder como uno de los críticos más recalcitrantes de la gestión federal. La aparición del PRO en el distrito, y la estrategia coalicionista de Macri, terminó por aglutinar estas fuerzas en un mismo frente.

A lo largo de las trayectorias políticas de las fuerzas mayoritarias se traman mensajes públicos, prácticas políticas y liderazgos inscriptos en nuevas formas de representación signadas por un cambio de época. Particularmente, los liderazgos de Juez y Baldassi fueron construidos sobre un sedimento cultural cordobés que nutrió de legitimidad a sus imágenes personales, apelando al humor o cierta afabilidad provinciana. En el caso de Schiaretti, aunque de manera accesoria, la alusión a su apodo de “Gringo” también abreva en un imaginario del campo cordobés y los inmigrantes italianos que lo habitaron. Esos rasgos contemporáneos adquieren en Córdoba una tonalidad específica, ya que la proximidad, el énfasis en la gestión y la insistencia en la honestidad se conjugan en la polarización frente al kirchnerismo. La mayoría de la dirigencia partidaria provincial ha disputado la representación de una audiencia electoral (Manin, 2006) aglutinada alrededor del común rechazo al gobierno nacional. No obstante, como hemos visto, en ambas coaliciones la construcción del “nosotros” pone el acento en cuestiones diferentes. En el caso de Juntos por Córdoba, el clivaje predominante radica en el contraste honestidad/corrupción, donde también se involucra al peronismo provincial. En el caso de HpC el nosotros colectivo se posiciona en la defensa de los intereses de Córdoba y del federalismo por oposición a un gobierno nacional injusto que privilegia el gasto público en otras provincias.

Referencias

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E2: Mujer, 60 años. Dirigente peronista, ex concejala Córdoba capital. Entrevista realizada el 08/10/2013, en Córdoba, Argentina.

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