CELS-ANDHES-XUMEK^[1]

Introducción

En el contexto de la pandemia del Covid-19, las fuerzas de seguridad federales y provinciales asumieron un rol protagónico en el control del cumplimiento de las medidas de restricción de la circulación y uso del espacio público dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional. Ejercieron funciones claves en tareas de asistencia como la entrega de comida, la organización de espacios de atención médica, entre otros. La presencia de trabajadores de otras áreas estatales en los barrios se minimizó notablemente y en algunos casos desapareció completamente. El decreto 297 del 19 de marzo de 2020 que estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio^[2] puso en cabeza del Ministerio de Seguridad de la Nación la disposición de controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, de manera coordinada con las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento de las normas de emergencia sanitaria (art. 3). A su vez, estableció que, ante la existencia de una infracción a tales normas, se procediera al inmediato “cese de la conducta infractora” y se diera actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal de la Nación (art. 4).

En los meses posteriores a la adopción del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (en adelante ASPO) tomaron visibilidad pública numerosas situaciones en todo el país en las que se denunciaron prácticas abusivas por parte de personal de las fuerzas. Algunos casos implicaron hechos graves de violencia policial. La pregunta en torno al aumento de la violencia policial durante la pandemia se transformó en una constante. Este capítulo se propone brindar algunos insumos para construir una respuesta, asumiendo que la aparente simpleza de la pregunta contrasta con los matices de la respuesta. Y esto se debe en buena medida a un problema persistente en el país: la ausencia de datos estadísticos que permitan construir y monitorear indicadores sobre la actuación policial, tanto en cuanto línea de base como en lo que hace a lo sucedido específicamente durante el ASPO.

En términos cuantitativos, se trabajó sobre dos conjuntos de indicadores: a) cantidad de personas muertas en hechos de violencia con intervención policial o de fuerzas de seguridad, información construida por el CELS para el Área Metropolitana de Buenos Aires a partir de fuentes periodísticas y denuncias recibidas, debido a la inexistencia de datos oficiales en relación con esta cuestión; y b) aprehensiones policiales, asumiendo que algunas lógicas de aprehensión funcionan como indicador indirecto de abuso y arbitrariedad policial. En este caso se contó con algunos datos oficiales brindados por la jurisdicción federal, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, aunque, como se verá, el nivel de desagregación no permite avanzar demasiado en esta dirección. Desde el punto de vista cualitativo, se analizaron un conjunto de casos de abuso y/o de violencia policial extrema, así como situaciones de represión policial de conflictos sociales en el contexto de la pandemia.

1. Personas muertas en hechos de violencia con participación policial en el AMBA

Una de las formas de medir el ejercicio de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad es a través de las estadísticas sobre cantidad de personas muertas en hechos de violencia con participación de funcionarios de policías o fuerzas de seguridad. Los datos oficiales no permiten reconstruir esta información, por lo que el CELS desde 1996 lleva adelante una base de datos propia cuyas tendencias son válidas para el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según esta base, durante 2020 y 2021 no se registraron variaciones significativas en la cantidad de intervenciones letales de las fuerzas que se despeñan en el área metropolitana (Policía de la Provincia de Buenos Aires, Policía de la Ciudad, fuerzas federales).

Cuadro 1. Particulares y funcionarios de seguridad muertes en hechos de violencia con participación de funcionarios de fuerzas de seguridad. CABA y Conurbano, 1996 a 2021

Fuente: CELS. Se incluyen datos relativos a las cuatro fuerzas federales, Policía de la Provincia de Buenos Aires y Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuadro 2. Cantidad de particulares muertes en hechos de violencia con participación de funcionarios de fuerzas de seguridad. CABA y Conurbano Bonaerense. Evolución mensual enero 2020 – diciembre 2021

Fuente: CELS. Se incluyen datos relativos a las cuatro fuerzas federales, Policía de la Provincia de Buenos Aires y Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

En los momentos de confinamiento más estricto (abril y mayo de 2020) se registraron valores relativamente bajos, aunque no del todo disímiles de algunos meses anteriores a la cuarentena (febrero de 2020) o posteriores que tuvieron mayor apertura (noviembre de 2020). Se observa lo que parece ser un repunte de los casos letales en los meses en los que comenzaron a relajarse algunas medidas de aislamiento (junio y julio de 2020). Sin embargo, tanto si tomamos esta variación mensual como el dato anual acumulado, se puede afirmar que las medidas de aislamiento y la restricción a la circulación no se tradujeron en una caída de la cantidad de casos de personas muertas por las fuerzas policiales y de seguridad en el AMBA. Pero las mayores atribuciones policiales tampoco dieron lugar a un aumento de casos letales. En relación con la cantidad de funcionarios fallecidos en hechos de violencia, la cifra de 19 muertes registrada tanto en 2020 como en 2021 (ver cuadro 1) es la más baja desde el inicio de esta base de datos, y se ubica bastante por debajo del promedio de los diez años anteriores (35,2).

En relación con los particulares muertos por intervención de efectivos de fuerzas de seguridad o policiales en el AMBA, en 2020 y 2021 la mayor parte de los casos (52%) corresponden a situaciones en las que policías reaccionan a intentos de robos de los que son víctimas, o al menos así se relata el hecho en los medios de prensa (que muchas veces suelen replicar la versión que la propia policía difunde sobre lo sucedido). El tipo de hecho que en términos del imaginario general se asocia con las intervenciones policiales letales (enfrentamientos o uso de arma de fuego vistiendo uniforme, en situaciones de prevención o persecución del delito) produjo solo un 17% de las muertes de particulares. Considerando tanto las muertes de particulares como las de funcionarios, 115 personas (100 particulares y 15 funcionarios) murieron en situaciones que en principio implican un robo o intento de robo a efectivos policiales durante 2020 y 2021. Esto representa más del 50% del total de las muertes con participación policial en el AMBA en este período. Este patrón de letalidad y mortalidad policial tampoco es específico de la pandemia, sino que es una tendencia que se viene consolidando en la última década.

2. Aprehensiones policiales durante el ASPO

2.1. Fuerzas federales

La información estadística brindada por el Ministerio de Seguridad de la Nación fue muy escueta y con un nivel de agregación tal que impide realizar lecturas profundas sobre el comportamiento policial en relación con las aprehensiones durante la pandemia^[3]. Los únicos datos obtenidos refieren a la cantidad total de aprehensiones realizadas por las cuatro fuerzas en 2019 y en 2020, sin posibilidad de desagregar por mes, por delito o por jurisdicción en la que se realizó la aprehensión.

Tabla 1. Aprehensiones realizadas por las fuerzas de seguridad federales. Años 2019-2020

Fuerza	2019	2020
Gendarmería	178662	182296
Policía Federal	25030	34078
Prefectura	2309	1380
Policía de Seguridad Aeroportuaria	583	613
TOTAL	206.584	218.367

Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación

Se observa un aumento interanual del casi un 6% en el total de las aprehensiones realizadas por las cuatro fuerzas. Si se desagrega por fuerza, el aumento en el caso de Gendarmería fue del 2,03%; Policía Federal es la que presenta el aumento más marcado, de un 36%; Policía de Seguridad Aeroportuaria, 5%; y en el caso de Prefectura, se produjo un descenso interanual en la cantidad de detenciones de un 40%. Como se aprecia, la Gendarmería concentra con mucha diferencia la mayor parte de las aprehensiones: 86% en 2019 y 83% en 2020. Si bien resulta llamativo el aumento de las aprehensiones por parte de la Policía Federal, al no existir datos desagregados por delito no es posible establecer ninguna correlación entre este aumento interanual y las tareas policiales de control del cumplimiento del ASPO^[4].

2.2. Policía de la Provincia de Buenos Aires

Durante 2020 la Policía de Provincia de Buenos Aires realizó 427.401 aprehensiones. En 2019 se habían informado 299.078 aprehensiones. Esto implica un aumento interanual del 43% en la cantidad de aprehensiones, en un año en el que atravesamos un período prolongado de aislamiento y restricción de la circulación. Resulta evidente entonces que la menor circulación no redundó en un descenso de la cantidad de aprehensiones, sino todo lo contrario. Cabe analizar entonces si las tareas policiales de control del cumplimiento de las medidas del ASPO impactaron en un número mayor de aprehensiones, o si el aumento se debe a dinámicas sin relación con la pandemia.

Si se comparan los años 2019 y 2020, se observa que todos los meses, a excepción de enero, febrero y diciembre, muestran un número mayor de aprehensiones en 2020. Entre marzo y julio se dio el mayor crecimiento interanual, con pico en abril, mes en el que las aprehensiones crecieron un 139% con respecto al mismo mes del 2019.

Cuadro 3. Aprehensiones realizadas por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Comparación anual 2019-2020
con desagregación mensual

Fuente: CELS en base a datos de la Superintendencia de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad de Provincia de Buenos Aires.

Se trata efectivamente del período de restricciones más fuertes a la circulación, y de mayor despliegue de las fuerzas de seguridad y policiales para asegurar el cumplimiento de esas restricciones. Antes de la cuarentena estricta (enero y febrero) y luego de la apertura de actividades (a partir de agosto) la cantidad de aprehensiones de 2020 es muy similar, mes a mes, a la de 2019.

Para afirmar de manera inequívoca que las tareas de control de la cuarentena produjeron el importante aumento de las aprehensiones realizadas por la Policía de la Provincia de Buenos Aires registrado en 2020, habría que poder desagregar la información según los delitos imputados por la policía a la hora de informar la aprehensión, y observar ese comportamiento mes a mes. Con la información obtenida esto puede hacerse sólo de manera parcial y acumulada, es decir, sin la desagregación por tipo específico de delito y por mes que sería necesaria para terminar de corroborar la hipótesis. Lo que sí se observa es que en la categoría residual otros delitos, que incluye las aprehensiones por el Art. 205 del Código Penal^[5], las aprehensiones pasaron de 183.045 en 2019 (62% del total de aprehensiones) a 350.085 en 2020 (82% del total de aprehensiones), una diferencia de 167 mil que explica en buena medida el aumento total interanual. El comportamiento mensual de esta variable (categoría otros delitos) durante 2020 también apuntala la hipótesis de que el aumento de las aprehensiones se relaciona con el control del cumplimiento de medidas de aislamiento.

Cuadro 4. Aprehensiones realizadas por la Policía de la Provincia de Buenos Aires por otros delitos, enero-diciembre 2020

Fuente: CELS en base a datos de la Superintendencia de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad de Provincia de Buenos Aires.

A partir de marzo se registró un aumento significativo, que fue del 350% entre febrero y abril. Con el correr de los meses y el relajamiento de las medidas de restricción, el número de aprehensiones por otros delitos cayó sin pausa hasta ubicarse en diciembre en niveles semejantes a los del momento anterior al inicio de la cuarentena. En casi todas las demás categorías de delitos se registra un descenso interanual en la cantidad de aprehensiones policiales entre 2019 y 2020, con la excepción de los homicidios, con un aumento del 14%, y la categoría piratas. La información disponible apunta entonces a que el marcado aumento de las aprehensiones policiales en la Provincia de Buenos Aires en 2020 se relaciona con el trabajo policial de control de las medidas de aislamiento y restricción a la circulación, aunque la falta de desagregación de la categoría otros impide establecer si esas aprehensiones fueron enmarcadas dentro del art. 205 o en otros delitos como, por ejemplo, resistencia a la autoridad.

2.3. Policía de la Ciudad de Buenos Aires

La información conseguida sobre aprehensiones realizadas por la Policía de la Ciudad se restringe al año 2020 y al primer semestre de 2021. Ante la imposibilidad de comparar con períodos anteriores, se dificulta realizar una evaluación sobre el impacto de la pandemia en las aprehensiones policiales en esta jurisdicción. Pero, por otra parte, a diferencia de los datos de la provincia de Buenos Aires, las aprehensiones realizadas por el artículo 205 (violación de la cuarentena) se encuentran desagregadas, lo que facilita identificar su peso en el total de aprehensiones. La Policía de la Ciudad realizó 29.502 aprehensiones durante 2020, y 16.318 durante el primer semestre de 2021. En 2020, un 5% del total de las aprehensiones fueron informadas como motivadas por el delito tipificado en el art. 205 del Código Penal (violación de cuarentena). Esto implica unas 1400 aprehensiones. Para 2021 no se informa ninguna aprehensión por este delito. Es decir, las aprehensiones por el art. 205 no fueron muy significativas ni tuvieron una incidencia relevante en el total de aprehensiones en 2020. De hecho, durante el primer semestre de 2021, en el que no se produjo ninguna aprehensión por art. 205, la Policía de la Ciudad realizó comparativamente más aprehensiones que durante 2020. En esta jurisdicción destaca en cambio la fuerte incidencia de las aprehensiones por delitos menores de drogas^[6], que constituyeron el 31% del total de aprehensiones en 2020 y el 43% en los primeros seis meses de 2021. Enfatizamos esto porque las aprehensiones por delitos menores de drogas constituyen uno de los ámbitos privilegiados del ejercicio de la arbitrariedad policial a través de sus facultades de detención de personas.

3. Dinámicas de violencia policial durante el ASPO

3.1. AMBA

Durante la vigencia del ASPO tomaron visibilidad hechos de violencia policial, algunos ligados abusos menores, otros a gravísimas violaciones a los derechos humanos. Esto motivó la pregunta recurrente sobre si se podía hablar de un aumento de la violencia policial durante este período. Dada la insuficiencia de la información cuantitativa agregada para las jurisdicciones abarcadas en este informe, el relevamiento de diversos casos a través de medios de comunicación, redes sociales y entrevistas con víctimas, familiares y organizaciones que las acompañan permite hacer una serie de señalamientos específicos en este período para el AMBA y una reconstrucción de algunos casos de otras jurisdicciones que por su gravedad consideramos importante destacar. Algunos de estos casos tuvieron su génesis en acciones policiales vinculadas con el control del cumplimiento del decreto presidencial.

Las prácticas registradas marcan una continuidad de intervenciones abusivas de larga data en nuestro país: hostigamiento, amenazas, detenciones arbitrarias, procedimientos con personal policial sin uniforme ni identificación, allanamientos violentos e irregulares, libros de registro fraguados, uso abusivo de la fuerza y ocultamiento de pruebas, entre otros ejemplos. Los casos relevados muestran que este repertorio de acciones policiales violentas se ejerció con mayor repetición y recrudecimiento sobre sectores históricamente vulnerados por las policías en todo el país en contextos urbanos y rurales: jóvenes de barrios populares, vendedores de la economía popular, migrantes, personas en situación de calle, personas transgénero, trabajadoras sexuales, miembros de comunidades indígenas y trabajadores rurales. Pero, en paralelo, algunos casos revelaron formas problemáticas o abusivas de interacción entre policías y personas de otros grupos sociodemográficos que no suelen ser víctimas de estas prácticas, y en zonas donde la presencia policial no suele ser hostil, por ejemplo, mujeres adultas de clase media. A partir de 2021 no se volvieron a registrar casos de este último tipo. Esto último permite hipotetizar que las prerrogativas conferidas a las fuerzas para el control del ASPO generaron un contexto propicio para la extensión de estas prácticas hacia otras poblaciones, que cesaron al retomar las fuerzas sus tareas habituales y su habitual selectividad.

El relevamiento realizado sugiere que los casos de abusos protagonizados por integrantes de las fuerzas de seguridad que ocurrieron en el contexto de medidas de control del aislamiento se concentran en las primeras semanas de cuarentena estricta (últimos días de marzo, abril y mayo). En los meses posteriores se registran situaciones violentas que no se explicarían por abusos de facultades en los controles, sino que remiten a formas típicas de la violencia policial, como allanamientos violentos o casos de uso de la fuerza con resultados letales.

3.2. Tucumán

En la provincia de Tucumán se registraron tratos inhumanos en relación con personas detenidas por incumplimiento de la cuarentena. Hay fuertes indicios^[7] de la existencia de dos protocolos o al menos de dos formas de proceder de hecho distintas según el ámbito de aplicación. Las personas con poder adquisitivo residentes en barrios cerrados que transgredieron las restricciones del ASPO recibieron un tratamiento preferencial. Fueron trasladas a las comisarías con jurisdicción en su domicilio y solo privadas de la libertad un breve periodo de tiempo en el que tomaron los datos necesarios para iniciar las actuaciones penales^[8]. Esta situación contrasta con los aprehendidos en el marco del operativo Nadie en las Calles, principalmente personas de escasos recursos que fueron trasladadas a una instalación deportiva el Complejo Belgrano, distante de sus domicilios o residencias, donde debieron esperar varias horas en pésimas condiciones hasta que se comprobaran sus antecedentes. Las personas alojadas en el complejo Belgrano quedaron incomunicadas durante la averiguación de antecedentes. Si bien el Ministerio de Seguridad informa que la aprehensión no dura más de 8 horas, desde el Ministerio Público Fiscal informan que pueden durar hasta 24 horas.

En relación con abusos policiales en el contexto del control del ASPO, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó denuncias por exacciones ilegales contra personal de las comisarías 4° de la Capital, La Banda del Río Salí, Lastenia y en Yerba Buena. En algunos casos los policías exigieron la entrega de sumas de dinero para liberar a personas aprehendidas o devolver vehículos retenidos. En el caso de La Higuerita, Yerba Buena, se denunció que la policía entró ilegalmente a un domicilio para aprehender a un joven que volvía de comprar pan y actuó en forma particularmente violenta contra un adulto mayor y una niña^[9].

Durante este período se registraron hechos aberrantes de uso de la fuerza, dos de ellos con resultados letales, por parte de efectivos de la policía provincial. En primer lugar, el asesinato y posterior intento de hacer desaparecer el cuerpo de Luis Espinoza, el 15 de mayo de 2020, en lo que constituye uno de los casos de violencia policial extrema más graves que se registraron a nivel nacional en los últimos años^[10]. El 17 de junio del 2020 la policía tucumana ingresó violentamente al domicilio de Roxana Monteros, quien denunció haber sido atacada a golpes y haber sufrido violencia sexual por parte de los efectivos que protagonizaron el allanamiento violento^[11]. Diferentes dependencias policiales se negaron a tomarle la denuncia. Una semana después, el 24 de junio, un policía mató por asfixia a Walter Ceferino Nadal, acusado de haber robado una gorra en la ciudad de Tucumán^[12].

El caso de Espinoza, en particular, hace visible las tramas de complicidades que puede desplegar la policía para ocultar un crimen, a la vez que deja al descubierto cómo la provincia arrastra y acumula casos de violencia policial sin dar una respuesta política o judicial efectiva. Es importante recordar que los policías Claudio Zelaya y Eduardo González Rojas, ambos imputados por el asesinato de Luis Espinoza, fueron señalados por haber participado en otro hecho que aún está impune: están acusados de golpear a un joven, Alan Andrada, en la comisaría de la ciudad de Simoca en octubre de 2018. Andrada falleció días después producto de una hemorragia por los golpes recibidos. Las autoridades no tomaron ninguna medida para evitar que estos policías siguieran trabajando. Dos años más tarde volvieron a participar activamente de hechos aberrantes. Zelaya y González Rojas, junto al subcomisario Héctor Montenegro y el oficial auxiliar José Alberto Morales, fueron condenados el 23 de marzo de 2023 a prisión perpetua por el asesinato de Espinoza. Otros cinco policías recibieron penas de entre cinco y 12 años.

4. Despliegue de policías y fuerzas de seguridad para reprimir conflictos sociales

La situación de pobreza y desigualdad que se venía agravando en el país a partir de 2018 se profundizó aún más durante la pandemia. Problemas críticos como garantizar un ingreso, el acceso a tierra y vivienda o incluso a la comida se volvieron de una urgencia tal que el Estado tuvo que disponer medidas excepcionales de ayuda, pero, aun así, en muchos casos fueron las organizaciones y movimientos sociales quienes tuvieron que tomar medidas para paliar la situación. Y en muchos otros casos, lo crítico de la situación derivó en conflictos y protestas sociales. En este contexto, el uso de las fuerzas policiales y de seguridad para reprimir conflictos fue una forma de intervención policial que se registró en varias provincias. Con frecuencia, la necesidad de hacer cumplir la cuarentena fue invocada por distintas autoridades como justificación para reprimir o disolver protestas. Es interesante señalar que, en las diferentes jurisdicciones, ante el potencial conflicto entre el ejercicio del derecho a la protesta y la aplicación de medidas de control del cumplimiento de la cuarentena, el criterio de decisión fue dispar. Por ejemplo, en el caso de las protestas realizadas en la zona céntrica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en oposición a las medidas de aislamiento y en general al manejo de la situación sanitaria por parte del gobierno nacional, tanto las autoridades porteñas como las federales decidieron no impedir ni reprimir las manifestaciones, que contaban con una concurrencia mayoritaria de personas de clase media. Pero en otras jurisdicciones la respuesta estatal fue recurrir a la policía, en general ante protestas y conflictos protagonizados por trabajadores o sectores populares, sobre todo en aquellos en los que estuvo en juego el acceso a la tierra.

4.1. Provincia de Buenos Aires

Así como algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, como el municipio de Moreno, instalaron desde antes de iniciada la pandemia mecanismos de alerta temprana y articulación política para intervenir en situaciones de ocupaciones de tierras derivadas de la crisis habitacional^[13], en otras situaciones la respuesta quedó en manos del poder judicial y de la policía provincial. En estos casos, se registraron usos criminalizantes de herramientas que estaban pensadas para recolectar información con el objetivo de brindar soluciones (como los censos en terrenos ocupados), y también operativos policiales violentos para desalojar personas^[14].

En la localidad de Guernica, provincia de Buenos Aires, desde julio de 2020 muchas familias que habían perdido sus ingresos durante la pandemia y no podían pagar el alquiler o sostenerse en viviendas compartidas se instalaron en terrenos que habían formado parte de un loteo fallido. El 25 de julio, un grupo de funcionarios del municipio, acompañado de la policía, se acercó a relevar información básica. En medio de la desconfianza, quinientas cincuenta personas respondieron a las preguntas, porque les dijeron que era necesario para incluirlas en una solución habitacional. Sin embargo, luego esa información fue utilizada en su contra como base de la acusación del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta por el delito de usurpación. El 8 de septiembre, la Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó la orden de desalojo. En ese momento, la posibilidad cierta de una intervención violenta del Estado movió a un conjunto amplio de actores a involucrarse en el conflicto: más de cien organizaciones sociales e instituciones públicas reclamaron que se buscaran alternativas efectivas al desalojo violento a través de una mesa con autoridades judiciales, políticas, instituciones de protección de derechos, delegades y familias. Recién entonces el juez reclamó al Estado provincial que presentara un plan de “contingencia, propuestas y/o soluciones”, pero al mismo tiempo fijó el desalojo para los días 23, 24 y 25 de septiembre. Con los tiempos del proceso manejados por la justicia penal, algunos ocupantes llegaron a acuerdos y abandonaron los terrenos por decisión propia, pero otro grupo numeroso no lo hizo. El fiscal y el municipio se opusieron a cualquier prórroga de la negociación. El llamado Operativo Implacable arrancó el 28 de octubre por la noche, con movimientos de patrullas, micros, ambulancias y agentes alrededor de la Escuela de Policía Juan Vucetich en Ezeiza. Cuatro mil efectivos bonaerenses al mando del ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, se trasladaron esa madrugada y a las cinco ya se encontraban en el predio. Cortaron el tendido de luz precario. A media luz, sin mediación ni aviso previo, comenzaron el desalojo. Incendiaron las instalaciones de la toma. Primero, las comunitarias: las postas de salud, un comedor, la escuelita. Dispararon munición de goma con armas largas y gases lacrimógenos. La policía prendió fuego a muchas casillas con las pertenencias que habían tenido que dejar atrás. La primera línea del despliegue fue de efectivos de la policía con la cara cubierta, sin identificación visible y fuertemente armados. Las autoridades señalaron que la gran dimensión del operativo tuvo que ver con la estrategia de saturar el territorio ya que la superioridad numérica prevendría intervenciones más violentas, y también que se tomaron recaudos para que el desalojo fuera menos lesivo. Por ejemplo, se habían previsto corredores abiertos fuera del predio para que las personas desalojadas no quedaran acorraladas. Sin embargo, el despliegue careció de medidas que constan en diversos protocolos para minimizar el padecimiento en esa situación extrema. Los testimonios describen que las personas desalojadas de sus casillas corrían en medio del barro y la oscuridad, huyendo de las balas, los gases, el fuego, el humo, los cuatriciclos, los helicópteros y las topadoras. Hasta el momento de escritura de este capítulo las personas desalojadas no tuvieron otra solución habitacional, aunque el gobierno provincial se comprometió a brindarlas^[15].

4.2. Provincia de Jujuy

En Jujuy el gobierno provincial respondió de manera violenta a distintos reclamos sociales. Algunos de ellos derivaron de la precaria situación económica de gran parte de la población jujeña que se vio agravada durante 2020 por los efectos de la pandemia de COVID 19. Por ejemplo, el empeoramiento de la situación habitacional de las personas pobres como consecuencia de la pandemia recibió como única respuesta la represión policial.

Mayo de 2020. Libertador General San Martín. Efectivos de la policía provincial avanzaron contra un grupo de familias sin techo que habían ocupado un terreno, dejando a su paso quemadas las maderas, ramas, plásticos, carpas y cintas con las que las familias habían demarcado lotes y armado ranchos precarios. Al día siguiente las familias volvieron a asentarse y sumaron a más vecinos sin techo, tras lo cual se realizó un nuevo operativo policial que amedrentó y amenazó con desalojar a los vecinos. Se presentó un abogado de la organización de derechos humanos CEPRODH y constató que no existía orden de desalojo, por lo que la policía se retiró. Posteriormente se denunciaron estos hechos de abuso policial en la comisaría de la zona. Luego de ello se hizo presente en el terreno un fiscal escoltado por la policía. Se buscó detener a las personas que habían ido a la comisaría a denunciar la violencia policial. Uno de ellos, Jonatan Albornoz, fue detenido en la vía pública varios días después, en junio, por personal policial sin uniforme ni identificación. Albornoz y su pareja fueron amenazados, y este fue trasladado a la dependencia policial. Posteriormente denunció haber sido golpeado durante el traslado.

Septiembre 2020. Palpalá. El 28 de septiembre se organizó en la ciudad de Palpalá una masiva manifestación en repudio por el femicidio de la joven Iara Rueda y la desaparición de Gabriela Cruz y Violeta Ábalos. Allí se reclamó la investigación de estos hechos y se exigió la renuncia de los funcionarios responsables, el entonces ministro de Seguridad Ekel Meyer (hoy miembro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia) y las autoridades del Consejo Provincial de la Mujer. Más de 15 mil personas se movilizaron por las calles de la ciudad. En momentos en que la manifestación pasaba frente a la sede de la Brigada de Investigaciones Policiales, efectivos de la policía provincial iniciaron una violenta represión, disparando balas de goma y lanzando gases lacrimógenos contra los manifestantes. Varias personas resultaron heridas de bala, entre ellos trabajadores de prensa.

Octubre de 2020. Palpalá^[16]. La comunidad indígena Tusca Pacha, perteneciente al Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) ocupaba de manera pública, pacífica y tradicional un terreno en el margen del río Los Alisos, por el que existe un conflicto con una empresa inmobiliaria. El 20 de octubre de 2020 se hizo presente en el lugar la policía provincial, para dar cumplimiento a una orden de desalojo que aún no se encontraba firme y contra la cual la comunidad indígena había realizado presentaciones judiciales solicitando la aplicación de la Ley 26.160^[17]. A pesar de ello, el Cuerpo de Infantería de la Policía procedió a desalojar a las personas que estaban en el terreno, entre las que se encontraban mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes. También se encontraban en el lugar acompañando a las familias indígenas funcionarios del área de derechos indígenas del gobierno nacional (INAI), diputadas y diputados provinciales y trabajadores de prensa de diversos medios. Con esta presencia se buscaba garantizar que el procedimiento no se llevar a cabo de manera violenta. Sin embargo, la policía procedió utilizando la fuerza física y disparando balas de goma directamente sobre el cuerpo de las y los integrantes de la comunidad, ocasionándoles lesiones a siete personas. Se produjeron además detenciones arbitrarias de periodistas y defensores de derechos humanos, quienes fueron trasladados con violencia hacia la comisaría de la zona. Estos hechos de violencia fueron denunciados por la organización de derechos humanos ANDHES ante el Ministerio Público de la Acusación, sin que se registraran avances en su investigación^[18].

Marzo de 2021. Barrio Campo Verde, Ciudad de San Salvador de Jujuy. En marzo de 2021 el gobierno provincial decidió la construcción de una escuela en el único espacio verde de Campo Verde, un barrio vulnerable de la capital jujeña. Ese espacio era utilizado para esparcimiento y recreación por jóvenes y adultos mayores. Para preservarlo, los mismos vecinos propusieron otros espacios como alternativas, pero estas opciones no fueron escuchadas. Los vecinos decidieron impedir el ingreso de los camiones con materiales. El 8 de marzo el gobernador se hizo presente en el predio junto a cientos de policías con el objetivo de dejar inaugurada la obra. Ante la resistencia de los vecinos, el gobernador pidió a la fiscalía que iniciara una demanda para desalojar el predio. El 17 de marzo de 2021 se produjeron los hechos más graves de represión. Según los testimonios de vecinos, en horas muy tempranas de la mañana las líneas telefónicas y la señal de celular se vieron interrumpidas. Luego comenzó un despliegue de más de 500 efectivos policiales. Los policías (muchos de ellos sin identificación) no tenían orden judicial para desalojar, sino una disposición del Ministerio Público de la Acusación en la que solicitaba al Ministerio de Seguridad tomar medidas para evitar la ocupación del predio. A pesar de ello, iniciaron un ataque contra los vecinos que se encontraban en el predio que se extendió desde la mañana hasta horas de la noche. Se registró la utilización de balas de goma, palos, látigos y gases lacrimógenos como gas pimienta (arrojado a centímetros de los rostros de los manifestantes). Entre los hechos de violencia policial registrados se destacan la persecución a caballo de mujeres y niñas, golpeándolas con látigos. Hubo decenas de heridos, detenciones arbitrarias (quienes sufrieron apremios ilegales) y mujeres que denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales como manoseos por parte del personal policial.^[19] La represión se extendió a todo el barrio y tuvo como víctimas tanto a personas que se encontraban protestando como otras que no. La represión tomó tal magnitud que fue repudiada el día 17 de marzo por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación^[20]. Los hechos represivos fueron denunciados por los vecinos en la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, situación que ameritó un pedido de información pública de la Secretaría de Nación a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. En respuesta a dicho pedido de información pública la secretaria de derechos humanos de la provincia de Jujuy, Marcela Infante afirmó:

En conclusión: no existió violencia institucional, no existió represión, únicamente la policía actuó para proteger personas y bienes frente a la agresión de un grupo reducido de personas. Sin embargo, hubo policías lesionados y heridos entre las cuales hay tres policías mujeres, no así entre los manifestantes. En conclusión, de acuerdo a las imágenes analizadas, existió agresión física y verbal hacia el personal de las fuerzas y no así a los ciudadanos.

Mientras que las denuncias por violencia policial fueron automáticamente desestimadas por el gobierno y la justicia provincial, por otro lado se imputó y se requirió a juicio a los vecinos Gabriel Antonio Toconas, Víctor Fernando Puca, Héctor Hugo Aramayo, Hugo Hernán García y Héctor Hugo Huéspe (abogado de los vecinos) acusados de ser coautores de los delitos de “Atentado contra la autoridad doblemente agravado por ser cometido por una reunión de más de tres personas y por poner manos en la autoridad”, y a la dirigente social Milagro Sala, privada de su libertad desde enero de 2016, acusada de ser la autora del delito de “Determinadora directa del delito de atentado contra la autoridad doblemente agravado por ser cometido por una reunión de más de tres personas y por poner manos en la autoridad”^[21]. Las principales pruebas aportadas para imputar a los vecinos de Campo Verde fueron los testimonios y videos grabados por la propia policía.

4.3. Provincia de Mendoza

Entre los meses de junio y julio de 2020, un grupo de trabajadores del municipio de la Ciudad de Mendoza (trabajadores declarados como esenciales en la pandemia: barrenderos, recolectores de residuos, preventores) intentaron abrir un diálogo con el Intendente municipal para tratar una adecuación razonable de su salario, que rondaba los 11.000 y 16.000 pesos (un sueldo por debajo de la línea de pobreza y muy lejos de una canasta básica familiar). Los trabajadores solicitaron en reiteradas ocasiones al Intendente Ulpiano Suarez una mesa de diálogo para mejorar el precario sueldo de los empleados y empleadas municipales y las condiciones sanitarias en que se desempeñaban. Ante la negativa y evasiva del Intendente a realizar paritarias y a escucharlos en una mesa de diálogo, a comienzos de junio comenzaron las protestas y las asambleas en el predio de UCIM (Unión Comercial e Industrial de Mendoza). Como medida de fuerza, los trabajadores asistieron a su lugar de trabajo, pero en lugar de cumplir sus funciones, realizaron asambleas. El 13 de junio los trabajadores reunidos en el predio de UCIM fueron reprimidos por la policía provincial que lanzó gases lacrimógenos contra los y las manifestantes para dispersarlos. Varios trabajadores sufrieron golpes y quemaduras.
Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE, lo relató:

El día sábado 13 de junio ocurrió la primera represión en el predio de la UCIM, cuando se presentó una fiscal y nos advirtió que iban a desalojar porque necesitaban cerrar el lugar. Nosotros no entendíamos por qué, si se trataba de compañeros que cumplían con sus horarios habituales de trabajo y mantenían la retención del débito laboral en reclamo por mejoras salariales y de condiciones laborales, respetando todos los protocolos y medidas de bioseguridad dispuestas. La fiscal intentó mediar, pero no lo hizo nunca, porque sólo traía órdenes de desalojar, que acatábamos con la condición de dejar 10 personas en el lugar, que luego rebajamos a 4, hasta que volvió con la orden de reprimir. Los compañeros decidieron resistir, porque se querían quedar en su lugar de trabajo. No estábamos haciendo nada ilegal y el reclamo era justo y noble, el cual también acompañaban las familias de los mismos trabajadores, porque era un reclamo pacífico. Desde la tarde empezaron a llegar más de 150 efectivos policiales y de Infantería de Mendoza. Todos estábamos angustiados y con miedo, porque veíamos que su intención era desalojarnos a los golpes, si se podía^[22].

Luego de la represión y al producirse detenciones, los trabajadores trasladan el reclamo a la Base de Preventores, ubicada en calles Belgrano y Las Heras de Ciudad de Mendoza. El 27 de junio nuevamente fueron reprimidos. Tras dispersar a los trabajadores la fuerza policial realizó un allanamiento en la sede de ATE y detuvo a 38 manifestantes.

El domingo 5 de julio llegó la intervención más violenta por parte de la policía al desalojar a los trabajadores que se encontraban reclamando en la esquina de San Martín y peatonal de la ciudad de Mendoza. La noche anterior los había visitado un fiscal con la orden de desalojo. Se había alcanzado un acuerdo para mantener un acampe con distanciamiento social y los DNI autorizados, ya que estaba vigente la restricción de circulación de acuerdo a la terminación del documento como medida sanitaria. Pero el domingo por la mañana llegó la policía con el cuerpo de Infantería. Sin presencia del fiscal y sin exhibir ninguna orden, en menos de 20 minutos avanzaron sobre todos ellos. Más de 40 personas fueron detenidas, incluyendo periodistas y sindicalistas de los gremios ATE y SUTE. El 8 de julio de 2020, el intendente municipal Ulpiano Suarez, emitió un comunicado con respecto a los motivos por los cuales los trabajadores fueron reprimidos. Se amparó en la normativa sanitaria que imponía el Distanciamiento Social y Obligatorio:

los hechos se suscitaron a raíz de denuncias de vecinos y comerciantes. Fueron recibidas por la Policía mediante llamados al 911, según manifestaron los vecinos y comerciantes que también se comunicaron con el municipio. Alertaron respecto de una reunión de personas en Peatonal Sarmiento y San Martín, que incumplían las medidas de distanciamiento y de salubridad. […] Se trataba de manifestantes, algunos pocos trabajadores municipales y, principalmente, gremialistas de ATE y SUTE, entre otros. Se constató el incumplimiento y la Justicia activó el protocolo correspondiente y habilitó los medios para proceder al desalojo, en función de los decretos mencionados que prohíben las reuniones y las actividades que no estén expresamente determinadas como permitidas. A partir de esto, personal policial aprehendió a las personas referidas.

4.4. Provincia de Formosa

En la provincia de Formosa estuvieron vigentes durante varios meses medidas muy estrictas de aislamiento social, cuyo cumplimiento fue asegurado por una fuerte presencia policial. Estas medidas no contemplaron los graves problemas socioeconómicos que sufren las poblaciones indígenas de la provincia y que fueron agravados por la pandemia. Distintas comunidades se movilizaron en diversas oportunidades y fueron reprimidas de manera reiterada por la policía provincial.

El 28 de octubre de 2020 la comunidad wichí de Pozo del Oso reclamó la liberación de dos de sus integrantes que habían sido acusados de intentar cruzar el límite interprovincial entre Formosa y Salta. La respuesta fue una violenta represión con balas de goma y el arresto de 20 integrantes de la comunidad bajo la figura de atentado y resistencia a la autoridad. Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Las Lomitas y allí, como consecuencia de la detención, debieron realizar el aislamiento obligatorio^[23].

En noviembre de 2020 la comunidad wichí de Pocitos, que reclama desde 2015 mejoras para el acceso al agua potable, se organizó para exigir respuestas ante la falta de agua para lavarse las manos y preparar sus alimentos, y la insuficiente cantidad de piletones que comparten con sus animales. La respuesta estatal fue una violenta represión a manos de la policía provincial, la detención de integrantes de la comunidad y su criminalización con distintas figuras penales. Antes de su liberación, fueron trasladados a un centro de aislamiento a más de 400 kilómetros, para cumplir con las medidas de prevención del Covid^[24].

Las comunidades wichí de María Cristina y Santa Teresa, por su parte, reclamaron por un cajero móvil para el acceso a haberes, pensiones y otros programas de transferencia de ingresos. La falta de conectividad a internet excluyó a las comunidades de los programas de ayuda económica a los que sólo se podía acceder online. Sin respuesta, en enero de 2021 realizaron una manifestación. La policía provincial reprimió el corte de ruta y detuvo a 16 personas que luego fueron criminalizadas bajo las figuras de resistencia a la autoridad y daños. Al igual que en Pocitos, antes de ser liberadas tuvieron que cumplir con el aislamiento obligatorio provincial en centros muy distantes de sus comunidades. En el mismo mes la policía reprimió el reclamo de comunidades wichí en Ingeniero Juárez, quienes habían solicitado al Interventor del Hospital de la Ciudad información sobre los resultados de reiterados hisopados a integrantes de la comunidad. El operativo se desplegó con la policía montada y cuerpos de infantería. De los 4 detenidos bajo el cargo de amenazas a funcionarios del hospital, 3 eran mujeres. Al día siguiente, otro reclamo por un banco móvil fue reprimido con violencia y con un despliegue policial inusitado que incluyó la presencia de 8 camiones, patrulleros y un camión celular previsto para el traslado de los detenidos como consecuencia del reclamo^[25].

En marzo de 2021 el gobierno provincial anunció un endurecimiento del aislamiento que encontró una fuerte oposición en muchos sectores de la población, quienes además demandaban medidas por la fuerte crisis económica que vivía la provincia en este contexto. Ante este reclamo, la policía atacó a los manifestantes en la capital provincial con balas de goma a corta distancia y gases lacrimógenos, provocando graves heridas en muchas personas. Además, realizó detenciones arbitrarias y violentas, incluidos periodistas que trabajaban en la cobertura de los hechos^[26].

Consideraciones finales

A diferencia de lo que ocurrió en otros países de América Latina, donde la pandemia de COVID 19 fue utilizada como excusa para implementar regímenes de seguridad o de persecución penal de emergencia que luego se mantuvieron vigentes al comenzar la nueva normalidad, en la Argentina no existió una estrategia de este tipo. Las medidas de emergencia, y en especial la ampliación de facultades policiales para el control de la cuarentena, fueron transitorias. En este sentido, algunos fenómenos de intensificación o de novedad en las prácticas policiales violentas, como el marcado aumento de las aprehensiones en algunas jurisdicciones, la victimización de personas de sectores medios o los abusos originados en las tareas de control, también fueron fenómenos que se concentraron en los meses de confinamiento más duro. Tampoco se registró un aumento de la cantidad de casos letales en el AMBA. Cabe resaltar, otra vez, que estas interpretaciones descansan en una triangulación de datos cuantitativos y cualitativos de procedencia heterogénea y de carácter fragmentario, ya que el Estado argentino en todas las jurisdicciones no produce el tipo de información necesaria para responder a una pregunta en apariencia simple: ¿aumentó o no la violencia policial durante la pandemia?

Dos reflexiones para terminar. Al comienzo de la pandemia desde el gobierno nacional se pusieron en circulación una serie de mensajes que, de cara a la ampliación de facultades policiales, se proponía cambiar el lugar desde el cual pensar al menos algunos aspectos de la función policial: se hablaba de una policía del cuidado. Había allí algo de discurso legitimador de las medidas, y algo de apuesta a transformar la pandemia en un momento bisagra para intentar construir otro tipo de vínculo entre la población y las fuerzas policiales y de seguridad. Esto tuvo corta vida no sólo por los casos de abusos que se visibilizaron durante la cuarentena, sino porque en los meses siguientes se conocieron otros casos que mostraron la persistencia de los patrones de violencia policial previos a la pandemia. Es decir, no hubo una modificación de las prácticas policiales violentas, con lo cual resulta difícil pensar en avanzar hacia otro tipo de relación entre las policías y gran parte de la sociedad, fundamentalmente aquellos grupos que siguen siendo víctimas de la selectividad policial.

Por último, si bien como se dijo más arriba en la Argentina no se utilizó la pandemia como excusa para instalar estados de excepción permanentes o avanzar con el endurecimiento de las normas penales, no cabe duda de que la situación de emergencia sanitaria, que provocó el agravamiento de penurias socioeconómicas persistentes, sí fue invocada en varias provincias como justificación para reprimir movilizaciones y procesos de organización social. Los meses transcurridos desde entonces muestran que la pandemia deja dos legados preocupantes: una precariedad que no ha dejado de aumentar, y el recurso cada vez más frecuente a la represión y criminalización de las protestas y los procesos de organización social que emergen como respuesta a esa desigualdad creciente.

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