Continuidades y rupturas desde las políticas de seguridad en la ciudad de Rosario

Ma. Laura Bianciotto, Agustina Cinto, Nicolás Barrera y Marianela Scocco

Introducción

En el marco del proyecto que abona los trabajos que comprenden este libro, nos interesa aquí situar nuestra reflexión dentro de los problemas fundamentales que identificamos inicialmente: la seguridad, las violencias y los derechos humanos, en tanto temáticas relevantes para la elaboración de políticas públicas. Para ello, desplegamos una serie de estrategias metodológicas que nos permitieron dar cuenta de las particularidades del contexto local.

Específicamente para el nodo Rosario, el trabajo de campo consistió en entrevistas con vecinos y referentes barriales, policías, funcionarios y autoridades de diferentes organismos; búsqueda y sistematización de información estadística; y relevamiento en medios de comunicación masiva y alternativa. En cuanto al trabajo con vecinos y referentes, se focalizó en dos barrios de la zona noroeste de la ciudad, a partir del contacto previo con las organizaciones que trabajan allí. Por su parte, el trabajo con policías se produjo de manera dispar y con ciertas demoras en las autorizaciones del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. En este caso, se realizó fundamentalmente a jefes y/o responsables de áreas, y a funcionarios públicos de dicha dependencia. Finalmente, se incorporó la sistematización de informes estadísticos y de medios de comunicación referido a los años 2020-2021.

Respecto del abordaje de políticas públicas, partimos de considerar que se trata de acciones que no pueden ser pensadas por fuera de la articulación entre actores estatales y extraestatales. Es decir, no entendemos a las políticas públicas como la aplicación unidireccional de cursos de acción, sino como prácticas y narrativas que cobran forma y sentido en entramados relacionales contextualmente situados, no exentos de disputas y tensiones. De tal modo, las políticas públicas “reflejan cierta racionalidad de gobierno” (Shore, 2010: 31), que habilita el análisis no sólo de los destinatarios de esas políticas, sino también de quienes se ocupan de su elaboración e implementación. Como espacios de interrelación entre actores estatales y extraestatales, es preciso atender en su abordaje a la distancia existente entre la norma o lo prescripto por estas políticas y su efectivo cumplimiento (Poole, 2012).

Por lo tanto, nos aproximamos al Estado desde sus prácticas y desde los actores que las hacen posible. Como sostiene Mitchell, “[el] Estado debe analizarse como efecto estructural; es decir, no como una estructura real, sino como el poderoso y aparentemente metafísico efecto de las prácticas que hacen que dichas estructuras parezcan existir” (2015:172). Así, entendemos que el Estado no puede pensarse como un bloque homogéneo, despersonalizado y meramente coercitivo, sino encarnado en personas concretas, cuyas decisiones marcan una impronta particular en los modos en que las políticas públicas son pensadas y puestas en marcha (Tiscornia, 2005; Soprano, 2007; Soprano y Bohoslavsky, 2010; Migdal, 2011). En este sentido, el límite entre Estado y sociedad es producto de procesos políticos propios de la modernidad, sin perder de vista que “producir y mantener la distinción entre Estado y sociedad es en sí un mecanismo que genera fuentes de poder” (Mitchell, 2015:160). Las propuestas de analizar al Estado desde sus prácticas y actores que las construyen evidencian la producción y reproducción cotidiana de esas fronteras, más permeables de lo que se ha considerado, así como la frecuente desarticulación que impide tratar al Estado como un todo monolítico, sin desconocer el poder de nominación –el efecto de Estado– que aun así detenta (Bourdieu, 2014).

Considerando lo expuesto, presentamos aquí algunos de los resultados obtenidos en dicha pesquisa para la ciudad de Rosario^[1], precisando dos aspectos. Por una parte, analizamos el despliegue de las políticas públicas que se impulsaron desde el Ministerio de Seguridad para llevar adelante las disposiciones emanadas por los gobiernos nacional y provincial. En tal sentido, atendemos al cambio de gestión y de coalición gobernante como eje analítico significativo en términos políticos. Por otra parte, damos cuenta del modo en que estas políticas fueron percibidas desde la mirada de vecinos, referentes barriales y funcionarios públicos. Con ello, nos interesa poner de relieve las continuidades y rupturas que se configuraron en las políticas de seguridad, focalizando en aquellas cuestiones que fueron establecidas como relevantes y en las dinámicas organizativas que se llevaron a cabo frente a lo que podría leerse como una reconfiguración de la estatalidad preexistente.

Políticas públicas de seguridad en contexto de pandemia

Las políticas públicas de seguridad en pandemia en la ciudad de Rosario se inscribieron en un particular contexto provincial y nacional. En diciembre de 2019 una nueva coalición de gobierno –el Frente de Todos– ganó las elecciones con la asunción de Omar Perotti como gobernador, generando una alternancia de signo político^[2]. En ese marco, asumió como ministro de seguridad Marcelo Saín, especialista destacado y con experiencias previas de gestión y asesoramiento. La trayectoria de Saín se inscribe dentro de una concepción democrática de la seguridad pública, esto es una concepción política de seguridad de amplio espectro y que trascienda ‘lo policial’. Desde allí, durante su gestión diseñó una cartera ministerial en las diferentes áreas y subsecretarías compuesta por funcionarios de diversas trayectorias y pertenencias académico-políticas; varios de ellos activistas y referentes de las organizaciones de DDHH. Ciertamente, la impronta del ministerio fue la de impulsar transformaciones que permitieran subsanar falencias normativas, de desempeño profesional, de condiciones de trabajo, de control interno y de elaboración de información para la toma de decisiones.

Parte de esos lineamientos confluyeron en el proyecto de Ley de Seguridad Pública (no fue tratada y perdió estado parlamentario) y mostraron su correspondencia en la esfera nacional –Ministerio de Seguridad de la Nación– donde se esgrimieron similares argumentos y preocupaciones^[3]. No obstante, el período de gestión de Saín (diciembre 2019-marzo 2021) no estuvo exento de tensiones y confrontaciones públicas con legisladores opositores, con periodistas y con aliados del frente gobernante. La “política progresista” de Saín fue duramente cuestionada ante la falta de consecución de los resultados esgrimidos, particularmente, en la ciudad de Rosario con las llamadas disputas ‘narco’ y las escaladas de violencia por el control territorial. No obstante, el período que cumplió funciones como ministro no puede abstraerse del contexto global, específicamente, de la identificación por parte de la Organización Mundial de la Salud del COVID-19 como pandemia.

A nivel nacional, el 20 de marzo de 2020 se realizaron los primeros anuncios en torno a las medidas de Aislamiento Sanitario Preventivo y Obligatorio (ASPO), a través del DNU N° 260/2020, con el objetivo de interrumpir los desplazamientos masivos y “cortar” la cadena de contagios. En líneas generales, fueron suspendidas las clases en escuelas; se interrumpió la atención presencial en organismos públicos y privados; se iniciaron tareas laborales bajo la modalidad de home office o teletrabajo; y fueron prohibidos los eventos masivos. Las medidas incluyeron la regulación estricta del espacio público, pero también el control del espacio privado mediante el establecimiento de prohibiciones de reunión y de franjas horarias para la compra de víveres o la salida recreacional de los hogares.

En ese marco, las fuerzas policiales y de seguridad fueron concebidas como “personal esencial”^[4], es decir, aquel sector de la población que quedaba exceptuada del cumplimiento del ASPO, dada la relevancia de las tareas que desarrollaba. Esa calificación colocaba a las fuerzas bajo un nuevo rol social, como señalaba un funcionario del Ministerio de Seguridad: “esa institución que hasta hace muy poquito era el problema, ahora [era] la solución a todo” (entrevista, 27/4/2021). En busca de diferenciarse de la gestión provincial anterior, puede interpretarse cierta revalorización de la policía no sólo como el problema a resolver, sino fundamentalmente como la solución ante la pandemia por tratarse del actor más presente en el territorio. De este modo, las fuerzas fueron encomendadas al control del movimiento poblacional en general, mediante operativos de control vehicular y de circulación cuyo fin era la identificación –y, en consecuencia, el cese inmediato– de infracciones al mencionado decreto, bajo el encuadre legal de los artículos 205^[5] y 239^[6] del Código Penal. Asimismo, las fuerzas locales realizaron controles vehiculares, incluyendo la detención y secuestro de motos y automóviles, en un contexto de aislamiento que, a la vez, mostró una baja en la tasa de delitos y homicidios (Fuente: informe anual homicidios – Pcia. de Santa Fe 2020). Así, en la región Rosario, se registraron 14.199 casos de infracciones al ASPO, de las cuales 1.052 tuvieron tratamiento judicial a través de reglas de conducta, multas, suspensión de proceso a prueba y criterios de oportunidad (Fuente: informes estadísticos Ministerio Público de la Acusación).

A través de ello, puede leerse una alteración notable de las dinámicas institucionales, traducidas en la lentificación y virtualización de los procedimientos judiciales (vulnerando, en muchos casos, las condiciones propicias para ejercer el derecho a defensa), de la mano del agravamiento de las condiciones de detención en cárceles y, especialmente, en comisarías. Sobre ello, los “puntos de ingreso”^[7], establecidos en el gobierno anterior de Miguel Lifschitz (2015-2019), condujeron en el contexto pandémico a la concentración de detenidos/as en pocos espacios bajo paupérrimas condiciones de higiene y alimentación, agudizando la situación preexistente (Defensora del Ministerio Público de la Acusación, entrevista 7, 22/4/2021). Al respecto, se torna evidente una paradoja: las detenciones en el marco del ASPO se sostuvieron en condiciones que violaban las disposiciones sanitarias y propiciaban el contagio y expansión de la pandemia. Con ello, se dieron una serie de presentaciones de habeas corpus como recurso ante las detenciones arbitrarias y su consiguiente rechazo; ya sea por extinguirse la acción o por considerar que las detenciones no eran arbitrarias dada la vigencia del decreto presidencial.

Hacia dentro de las fuerzas, la situación excepcional también produjo modificaciones en cuanto a rutinas y prácticas. Por un lado, creció la demanda hacia el Ministerio de Seguridad de intervención con respecto a cuidados, es decir, la provisión de elementos de seguridad sanitaria o la garantía de traslados con el distanciamiento entonces establecido, entre otras. En tal sentido, funcionarios del Ministerio de Seguridad señalaron el miedo al contagio existente entre el personal policial, así como la caída de agentes disponibles por licencias por enfermedad. Por otro lado, el contexto pandémico propició la articulación del accionar policial provincial con fuerzas federales, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura, Gendarmería y la Policía Federal. Según funcionarios del ministerio y agentes policiales, se trató de un vínculo conflictivo en términos operativos, ante la presencia de verticalidad y jerarquías disímiles. En este sentido, se produjo un corrimiento de los límites de injerencia de las fuerzas, por ejemplo, en el caso de la Gendarmería deteniendo personas, es decir, cumpliendo funciones de policía.

La percepción de las políticas. Continuidades y rupturas según vecinos, referentes barriales, agentes policiales y funcionarios públicos

Inicialmente, el proyecto se propuso relevar las posibles transformaciones en el despliegue de violencias en sectores vulnerables vinculados a las fuerzas de seguridad y policiales. En un marco de excepcionalidad como el de la pandemia, resultaba imperativo poder documentar las rupturas y/o continuidades que se han venido indagando dentro de un prolífico campo problemático, en pos de analizar y establecer patrones de desempeño y estilos de intervención policial como de los usos de la fuerza de mayor y menor intensidad represiva. En torno a ello, en este apartado revisamos el modo en que las mencionadas políticas fueron percibidas, por un lado, por vecinos y referentes barriales –considerando las estrategias organizativas llevadas adelante por los sectores populares–; por otro lado, por agentes policiales; y, por último, por funcionarios públicos provenientes de dependencias externas al Ministerio de Seguridad, es decir, del poder judicial provincial y federal, así como de otras esferas del poder ejecutivo.

Vecinos y referentes barriales

En cuanto al trabajo de campo con vecinos, vecinas y referentes, observamos que no aparecen cambios significativos con respecto a la pre-pandemia. Se destaca una doble dinámica contrapuesta y complementaria: el hostigamiento y la desprotección. Caracterizamos esta doble dinámica en estos términos en tanto nos permite mostrar diferentes facetas de un accionar policial que no siempre se muestra represivo, sino que se alterna en función de una interpretación de la situación, de los recursos con los que cuenta, el lugar y las personas involucradas.

Respecto del hostigamiento, en algunos relatos, se señala un uso desmedido de la autoridad policial –planteado en términos de “mayor abuso”–, desplegado en determinadas prácticas de control. Se alude, así, a la solicitud de documentación identificatoria –que se percibe como más presente que antes e incluso constante–, especialmente, hacia jóvenes, que podía acarrear retenciones en comisarías (en el caso de no contar con ella), e incluso pedido de coimas para evitar las detenciones. Para un miembro de una asociación civil vinculada a una iglesia y con trabajo orientado a niños y jóvenes, lo que había cambiado era “el tener constantemente encima los documentos, los DNI, todo el día con el documento, hasta incluso para hacer un mandado o trasladarse dentro del barrio”. Eso hizo que muchos jóvenes perdieran el DNI y tuvieran dificultades para cobrar becas o asignaciones sociales que les correspondían, lo cual “complicó la propia subsistencia o la propia economía de estos jóvenes” (Referente Barrio Ludueña, entrevista N° 3 – 12/04/21).

Otra práctica policial que evidenció mayor arbitrariedad y uso de la violencia, según algunos vecinos y referentes, fue el ingreso a domicilios particulares con motivo de registrar la tenencia de sustancias ilegalizadas y/o por “averiguación de antecedentes”. En tales casos, “entraban a las casillas y rompían todo” (Referente Barrio Ludueña, entrevista N° 3 – 12/04/21). Ahora bien, cabe destacar que, pese a ser consultado de modo explícito en las entrevistas, sólo excepcionalmente se describen situaciones concretas de este tipo de intervención policial. Más bien, los relatos remiten a una descripción general, trasluciendo las continuidades de este tipo de intervenciones policiales para con las juventudes, antes y durante la pandemia, acrecentadas de cierto modo en este contexto. En este sentido, un docente del Barrio Ludueña sostuvo:

A mí me parece que no sé si se intensificó la violencia institucional que ya estaba. O sea, digo, para ellos… Yo veía a los pibes ¿che la policía te trata mal? y ellos me decían no. Porque ellos están acostumbrados a un nivel digamos, de verdugueo, desde siempre. (Docente Barrio Ludueña, entrevista N° 15, 03/06/2021)

Aunque no se pudo profundizar en este aspecto, los operativos de control de circulación –conocidos como retenes– que ocurrieron, sobre todo, en los primeros meses del ASPO, aparecen como un nuevo ámbito de viejas prácticas de hostigamiento, chantajes y secuestro de objetos.

Como contraparte complementaria del hostigamiento, identificamos la desprotección para señalar las inacciones, alternancias y/o falta de respuestas frente a los pedidos de intervención. En cuanto a la circulación de móviles policiales, los vecinos y referentes señalaron que no fue constante y no se obtuvo ninguna referencia concreta a situaciones donde el personal policial prestara asistencia (ya sea social o médica), como pudo observarse en el desempeño de otras fuerzas federales (en otras zonas del país). Incluso, el informe 2020 de la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad destacó que el servicio de 0800, para reportar telefónicamente posibles irregularidades en el desempeño de la fuerza policial, fue mayormente utilizado para denuncias ante apremios ilegales y malos tratos en los operativos de control y ante a la “inacción policial frente a civiles violando la cuarentena”.

Del corpus analizado se reconstruye como recurrente la percepción de desprotección e inacción por parte de las fuerzas de seguridad (especialmente, la policía). Se remite a una presencia inmanente de la policía dejando hacer que tampoco resulta novedosa, dejando pasar determinados hechos de violencia intrafamiliar, entre pares, y ante situaciones de comercio ilegal que se diversificaron al interior de los barrios (por ejemplo, desalojo forzado de vecinos para alquilar sus casas). En algunas de las entrevistas realizadas, esta circulación policial fue relatada en términos de “pasar por la calle, mirar y seguir de largo” (Referente de Barrio Ludueña, entrevista N° 4, 22/4/2021). Asimismo, se mencionaron ciertas características que estos controles asumieron para con los jóvenes del barrio (muy especialmente, varones). Sin embargo, según observaron las personas entrevistadas, estas prácticas policiales no pueden pensarse como exclusivas del accionar en el contexto de la pandemia. Es decir, las prácticas y presencias policiales no se configuraron como una preocupación central, ni como prácticas que constituyan violencia institucional en términos activistas. Para estos actores, las preocupaciones en pandemia giraron en torno a la subsistencia y supervivencia cotidiana en el marco del desmejoramiento de las condiciones de vida, el repliegue de la presencia estatal y la reconfiguración de prácticas vinculadas con comercios ilegales y violencias.

Asimismo, se impugnaba la legitimidad (el sentido) de estas disposiciones, dado que, como también puntualizan los entrevistados, “lo que pedían las restricciones era imposible en los barrios” (Referente de Barrio Ludueña, entrevista N° 14, 7/6/2021). Frente a las precarias condiciones habitacionales para quedarse en casa –“nuestro patio es la calle”, señalaba una vecina– y las necesidades apremiantes de salir a resolver la subsistencia cotidiana, la circulación de personas mantuvo cierta continuidad en los barrios, aún pese a las restricciones. Es decir que, previo o a la par del control o la intervención policial, para los vecinos era legítimo y necesario (por lo menos, durante los primeros meses de la pandemia) seguir circulando ante la necesidad imperiosa de hacerlo o ante la imposibilidad de no hacerlo. Como sostuvo un docente del Barrio Ludueña:

Hay un alto porcentaje que vive de la changa o son oficiales, o sea, laburan en obras de construcción. Todos trabajos informales. Y todo ese circuito se cortó. Entonces, ahí, si vos no vas un día y no te traes el mango. Entonces yo imaginaba que muchos se la habrán aguantado, para decir bueno sigo para adelante y veo y después cuando no se pudo sostener más, no se pudo sostener más. (Docente de Barrio Ludueña, entrevista N° 15, 03/06/21)

En algunos casos, inclusive, la percepción fue que los y las agentes policiales que circulaban por el barrio compartían, en parte, esta lectura y tenían cierta consideración frente a determinadas situaciones, por ejemplo, al encontrar un grupo de vecinos en la calle preparando una olla comunitaria y no interferir en la actividad.

Agentes policiales

Con respecto a la percepción de los y las agentes policiales, la aplicación de políticas públicas generales que venían a afrontar el contexto de pandemia produjo un reordenamiento de las tareas policiales en torno, principalmente, al control poblacional. Ello provocó modificaciones en la cotidianidad del trabajo policial:

Hacer control vehicular, chequeo en general, es más que habitual […] no es lo mismo, porque te pone en primera instancia en una situación sumamente incómoda con el ciudadano común, con la persona que está saliendo… para un laburante que le tiene que dar de comer a la familia… En cierto punto, por lo menos en lo personal, te ponía en situación incómoda, donde vos tenés poca capacidad de discernir qué hacer y qué no hacer. (Agente policial, entrevista N.º 22 – 20/08/2021)

Vemos entonces, que la mayor planificación de tareas y la obligación de regular y controlar a toda la población por igual, reforzaron el carácter instrumental de la policía y, al hacerlo, redujo su autonomía en tanto puso entre paréntesis los saberes profesionales específicos. Es decir que el criterio policial, aquella posibilidad que tienen los policías de organizar su trabajo, de determinar qué corresponde o no hacer, se vio limitado. En otras palabras, se apaciguaron técnicas y saberes específicos que los y las agentes policiales despliegan cotidianamente.

Es en ese marco que debemos inscribir los constantes señalamientos que los agentes policiales entrevistados nos hacían en relación a la aparición de conflictos con aquellas personas no habituadas a tratar con la policía (trabajadores, trabajadoras, comerciantes, etc.), quienes manifestaban su enojo o incomprensión frente a los controles que debían afrontar.

De algún modo, lo que se deja en suspenso es la sensibilidad legal –pensándola en términos de Geertz (1994), quien la entiende como las formas locales o contextuales en que se representa la relación entre hechos y ley– de los policías por una aplicación universal de la norma. Ese hecho genera problemas en el ejercicio de las prácticas policiales en la medida que, aplicando universalmente normas abstractas, problematiza su relación habitual con poblaciones que entran dentro de los procesos habituales de sujeción criminal (Misse, 2005) y supone una tensión con las formas rutinarias de decidir y el criterio policial.

Funcionarios públicos

Como vimos, las limitaciones establecidas por el ASPO dieron lugar a numerosas intervenciones policiales que sostuvieron, en líneas generales, una continuidad con las prácticas previas al contexto pandémico. No obstante, esta particular situación reactualizó la trama de vinculaciones y tensiones interinstitucionales entre el accionar de las fuerzas de seguridad, comandadas por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, y organismos del poder judicial provincial, como el Ministerio Público de la Acusación; y federal, como el programa ATAJO del Ministerio Público Fiscal, así como con otras esferas del poder ejecutivo, como la Secretaría de DD.HH. de la provincia.

En torno a la modificación o no de las prácticas rutinarias de las agencias estatales en general, los funcionarios de estas dependencias públicas enfatizaron que hubo una búsqueda de mayor articulación con otras agencias frente a una falta de canales de articulación institucionalizados (creación de mesas de diálogo, establecimiento de contactos mediante vínculos personales). Sortear esta particularidad del funcionamiento estatal, preexistente a la pandemia, fue concebido como una necesidad en un escenario de presencialidad restringida. Así, uno de los entrevistados destacó la impronta artesanal que adquirieron esas intervenciones (Dirección de Violencia Institucional de la Secretaría de DD.HH., entrevista N.º 2, 08/04/2021), fuertemente ligadas al perfil militante de los funcionarios y a su propia iniciativa frente a la falta de recursos, en términos de personal y presupuesto destinado. De tal manera, si los “casos” no llegaban a las oficinas públicas, se buscaban, en articulación con referentes barriales, para mejorar las intervenciones desde el Estado. En torno a la desarticulación preexistente, el contexto pandémico también exhibió la carencia de registros sistematizados o la incompletud de los registros existentes, en contradicción con la necesidad de rápida respuesta que se demandaba territorialmente.

Respecto de la modificación o no de las prácticas policiales, los funcionarios entrevistados enfatizaron que lo novedoso se ubicó en torno a que las actividades cotidianas estaban prohibidas. Con ello, se produjo la ampliación del objeto de control estatal, no sólo sobre los sectores populares, sino también –aunque en menor medida– medios y altos. Así, señalan la continuidad que tuvieron las prácticas rutinarias de violencia sobre sectores en condición de vulnerabilidad, particularmente jóvenes y pobres. Un interesante contrapunto pudo establecerse respecto de lo sostenido por los funcionarios: mientras desde la Secretaría de DDHH y ATAJO afirmaron la exacerbación de la violencia policial en los barrios, incluyendo abuso de poder, uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias; desde el Ministerio de Seguridad expresaron que las prácticas no fueron más violentas, sino que la policía sostuvo un rol disuasivo, “más amigable”, por lo que sólo se tomaron “medidas de concientización”. Sin embargo, en términos generales, desde la perspectiva de los funcionarios, las políticas de seguridad durante la pandemia dieron cuenta de continuidades respecto del accionar policial, especialmente, en cuanto al tratamiento hacia los sectores más vulnerables que, en algunos casos, resultó intensificado con respecto al accionar pre-pandemia.

Reflexiones finales: rupturas y continuidades de las políticas de seguridad en contexto de pandemia

El trabajo que aquí presentamos se propuso mostrar algunos de los rasgos más significativos de la investigación que llevamos adelante en el contexto de pandemia. Particularmente, atendimos a las rupturas y continuidades de las políticas de seguridad, desde la perspectiva de vecinos y referentes barriales y funcionarios públicos. Así, pudimos observar una presencia mayor de continuidades rutinarias que de prácticas diferenciales, especialmente en cuanto a los grupos sociales que son objeto de control de las fuerzas. Lo mismo puede decirse con respecto al modo de funcionamiento de las agencias estatales en términos generales. En lo particular de los agentes policiales quisimos destacar las tensiones surgidas entre los lineamientos producidos por los gobiernos y autoridades con los saberes específicos y las prácticas cotidianas desplegadas; centralmente, la generalización de la población como objeto de control policial.

Señalamos entonces que la pandemia puso en evidencia esas modalidades preexistentes, aunque desplegadas en un escenario excepcional. Ciertamente, la magnitud del fenómeno implicó un trastocamiento radical de las dinámicas cotidianas, que al decir de Giddens puede definirse como situaciones críticas (1995) y de las cuales aún resta indagar sobre sus efectos y/o consecuencias.

A tono con ello, la investigación nos ha mostrado cómo la pandemia, más allá de incorporar situaciones novedosas, dejó al descubierto la artesanalidad y falta de articulación en la ejecución de políticas públicas, en el sentido de apelar a vínculos, estrategias informales y redes locales que los funcionarios, operadores y referentes desplegaron para dar cumplimiento a las medidas emanadas por las esferas nacionales o provinciales y, al mismo tiempo, atender a los inconvenientes y trastocamientos de la vida cotidiana. El cierre total de las instituciones y el viraje hacia una atención virtual o telefónica buscaron preservar la salud del personal y evitar la propagación del virus. Sin embargo, esta situación evidenció, a la vez, la precariedad de los sistemas informáticos, la lentificación en la resolución de problemas y la lesión de derechos, sobre todo, en los sectores en condición de vulnerabilidad. Frente a este panorama, consideramos que los funcionarios apelaron a un trabajo de interconexiones, propio de un saber práctico sobre el campo estatal (Bourdieu, 2014) y de trayectorias previas en ámbitos no estatales –incluso, militantes–, que parece recuperar las dinámicas que las organizaciones territoriales y los movimientos sociales despliegan de manera cotidiana.

Así entonces, el trabajo en estas esferas nos muestra que esa artesanalidad que destacamos es más una práctica social –en sentido amplio– que una práctica propiamente estatal. Es interesante, entonces, situar la pregunta por cómo acciones de las bases son recuperadas por algunas esferas estatales, mostrando que la espacialización del estado (Ferguson y Gupta, 2002) puede contener –y, en efecto, contiene– movimientos de abajo hacia arriba.

Por último, otro de los aspectos que quisiéramos destacar aquí refiere a los marcos de posibilidad para el desarrollo de una investigación socio-antropológica en el contexto de pandemia. El proyecto, elaborado en el año 2020, asumió la modalidad de trabajo de discusión virtual/a distancia, permitiendo el intercambio y articulación con colegas y equipos de diferentes partes del país, algo que hubiese sido inviable en el contexto pre-pandémico. Las discusiones y la elaboración de herramientas para recabar la información fueron debatidas y elaboradas de manera colaborativa y atendiendo a las particularidades de cada región. De tal modo, herramientas digitales ya existentes, aunque poco exploradas hasta entonces, exhibieron su potencialidad para habilitar novedosas formas de trabajo y encuentro.

No obstante, se esperaba que la ejecución del proyecto 2021 se diera en un contexto pos-pandémico que finalmente no sucedió. Las medidas de restricción, los protocolos a seguir, las sucesivas olas de contagio, así como las propias situaciones de contagio y aislamiento de integrantes del equipo y posibles entrevistados trastocaron las condiciones de trabajo y nos compelieron a reconfigurar estrategias de reunión y relevamiento de la información que no habíamos transitado previamente. En otras palabras, las tradicionales estrategias de investigación socio-antropológica –que se valen del intercambio en el campo, las conversaciones, la posibilidad de realizar observaciones participantes– no pudieron desplegarse aquí, afectadas por las mismas condiciones que trastocaron nuestra vida diaria. Aunque excede los objetivos propuestos en este trabajo, entendemos que nos debemos un profundo debate puertas adentro del campo disciplinar acerca de los modos de hacer antropología, dando lugar a estas particularidades y afrontando los desafíos de estas nuevas coyunturas.

Bibliografía

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