La continuidad de Nazario Benavides
luego de Caseros

Silvana Frau^[1]

La presente investigación indaga sobre los acontecimientos producidos en San Juan después de la batalla de Caseros frente a la posible destitución del gobernador Benavides, analizando cómo los diferentes grupos y actores sociales, vinculados a las actividades políticas del momento, tanto a nivel provincial como nacional, se posicionan frente a la nueva propuesta de organización del Estado- Nación.

Luego de Caseros, los actores sociales^[2] provinciales opositores al gobierno de Rosas vieron la posibilidad de poner fin al tirano gobierno de Benavides pero los sorprendió el apoyo Justo José de Urquiza a la continuidad de su gobierno y de esta manera logró mantenerse en el poder no sólo como gobernador, sino que posteriormente fue designado como General Brigadier de la Guardia Nacional Regional, a cargo de las Tropas de San Juan, Mendoza, San Luis y la Rioja. Frente a esta realidad, los hombres que integran la resistencia –algunos pertenecientes a familias tradicionales y/o también intelectuales de la época muchos de ellos de la generación del 37- mostraron su descontento a través de levantamientos, motines, denuncias judiciales y escritos desde su exilio.

El objetivo de la presente investigación es analizar estos hechos que pusieron en tensión a la sociedad sanjuanina y las reacciones de cada uno de los actores frente a los conflictos políticos, en el marco de discusiones que se plantean alrededor de la cuestión liberal.^[3]

Nazario Benavides gobierna San Juan desde 1835 y forma parte del grupo de gobernadores que responden a Juan Manuel de Rosas. Su influencia política se expande sobre todo el territorio de Cuyo, sobre el cual mantiene una fuerte presencia militar con el objetivo de evitar el avance de grupos unitarios y sublevaciones al régimen impuesto por Rosas sobre todo luego de la muerte de Facundo Quiroga y sobre todo luego de la batalla de Angaco, la Chacarilla y Rodeo del Medio-1941-. El grupo opositor, asociado a la ideología liberal, busca insertarse de alguna manera en la burocracia del gobierno o, en caso contrario, emigrar y enfrentar a Benavides y Rosas desde países vecinos.

La principal oposición la encontró en la Sala de Representantes, quienes destituyeron al gobernador y dejaron sin efecto todas las leyes y declaraciones políticas sancionadas durante su gobierno. La Revolución del 6 de junio de 1852 fue pacífica, no hubo uso de armas de fuego, solo la sanción de las mencionadas leyes en la Sala de Representantes, con el apoyo del gobernador a cargo Zararías Yanzi y sus ministros. Este primer intento de destitución no pudo sostenerse ya que Benavides recupera el gobierno apoyado por Urquiza y los gobernadores de San Luis y Mendoza.

Pero el grupo opositor volvió a intentar una destitución, ahora sí armada, la noche del 13 de noviembre fue tomado el Cuartel de San Clemente por el Coronel Santiago Albarracín – militar sanjuanino de trayectoria en la guerra de Brasil y en los ejércitos de Gral. Paz y Lamadrid-, apoyado por el Club Liberal.

La toma del cuartel se extendió por dos días ya que Benavides rápidamente organizó el Batallón de Veteranos y sitiaron al mismo cortando no sólo el ingreso de víveres, sino también cortó la circulación de agua por acequias cercanas y apoyados por sacerdotes logró la rendición del grupo de militares anarquistas.

Para concluir podemos decir que el grupo opositor a Benavides, integrantes del Club Liberal, encontró el momento propicio en la caída de Rosas. Intenta su destitución a través de la norma (Sala de Representante) en un primer momento y a través de la fuerza (la toma del Cuartel San Clemente) en un segundo momento. A pesar de estas tentativas Benavides logra someter las fuerzas anarquistas apoyado en sus redes de poder construidas durante tanto tiempo: apoyado por los gobernadores cuyano, las milicias provinciales y nacionales. Las medidas tomadas por Benavides profundizan su hostigamiento, persecución y castigos a integrantes de Club Liberal, sin respetar las instancias judiciales, estando sujetos a penas arbitrarias sancionadas por el gobierno de turno.

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