Los interrogantes inconclusos

I. Hacia 1930 y el perfilamiento de los populismos latinoamericanos

Las primeras tres décadas del siglo pasado significaron para América Latina la culminación y cúspide del pacto neocolonial que, de acuerdo a las palabras de Halperin Donghi, transformó “[…] a Latinoamérica en productora de materias primas para los centros de la nueva economía industrial, a la vez que de artículos de consumo alimenticio en las áreas metropolitanas; [y] la hace consumidora de la producción industrial de esas áreas […]” (HALPERIN DONGHI, 2010: 222). Antes que nada, esta estructuración económica fue viable debido a las transformaciones que atravesaba el capitalismo a nivel global que se encontraba saliendo de su primera gran crisis ocasionada en 1873; dentro de sus consecuencias podemos mencionar: en primer lugar, el fin del liberalismo a ultranza porque empezaron a aplicarse políticas proteccionistas, no desconocidas, pero sí poco contempladas hasta el momento, para responder a la nueva situación que había contraído el comercio internacional (HOBSBAWN, 2009: 47). En segundo lugar, empezaban a tomar consistencia, debido a la creciente competitividad y demandas, los futuros monopolios en los países más avanzados industrialmente (HOBSBAWN, 2009: 51). En tercer lugar, relacionado con el punto anterior, las innovaciones tecnológicas se convirtieron en una pieza fundamental para asegurar el predomino económico. En cuarto lugar, “[…] el período que estudiamos es una era en que aparece un nuevo tipo de imperio, el imperio colonial” (HOBSBAWN, 2009: 66); es decir, las economías más desarrolladas empezaron un proceso de expansión a todo el globo con el objetivo de mejorar sus ganancias, conquistar nuevos mercados, obtener nuevas fuentes de materias primas, entre otros beneficios. Dentro de estas modificaciones, el lugar de América Latina fue determinante ya que era una región necesaria por la gran cantidad de materias primas que era capaz de aportar a las economías centrales y debido a que era un mercado factible para los países exportadores de bienes elaborados. Esto no quiere decir que toda la población americana tenía posibilidad de comprar productos fabricados en el extranjero, ni mejorar su condición de vida, pero las clases dominantes autóctonas sí lograron un gran potencial de consumo.

Esta prosperidad económica, para denominarla de alguna forma, fue conducente con la estabilización política de la región. Podemos tomar como ejemplo uno de los lemas más difundidos del período en el cono sur: Orden y progreso, como una muestra de aquellos gobiernos que amparados en los beneficios económicos se jactaban de haber logrado el equilibrio en sus países (el gobierno de Roca en Argentina, el de Porfirio Díaz en México, los primeros gobiernos republicanos en Brasil tras la caída del Imperio, son algunos de los ejemplos más destacados). No obstante ello, empezaba a tomar consistencia un problema que, inicialmente al menos, no encontró una respuesta conducente y, dicha irresolución, tuvo su expresión más violenta apenas unas décadas más adelante: ¿qué hacer con las masas, con la mayoría de la población? ¿qué lugar debían ocupar en el orden que se estaba consolidando, si es que lo tenían? Terán resume el problema de la siguiente manera:

Ésta [problemática, la de las masas] agrupa varias cuestiones: social, nacional, política e inmigratoria. Social, por los desafíos que planteaba el mundo del trabajo urbano. Nacional, ante el proceso de construcción de una identidad colectiva. Política, frente a la pregunta acerca de qué lugar asignarles a las masas en el interior de la “república posible”, esto es, la cuestión de la democracia. E inmigratoria, porque todos estos problemas se encontraron refractados y crispados en escala ampliada en torno de la excepcional incorporación de extranjeros a la sociedad argentina (TERÁN, 2012: 111).

Lo que nos interesa resaltar de la cita es que los problemas mencionados, más allá de cualquier atisbo de solución, nos permiten pensar, en primer lugar, el ascenso del radicalismo como la expresión de una parte de esos grupos mayoritarios. En segundo lugar, debemos considerar que la economía argentina era muy frágil respecto de las alteraciones mundiales ya que el país tenía una carga de divisas fija todos los años, como resultado de los empréstitos, por lo tanto, frente a cualquier alteración, lo que estaba en juego era la capacidad de responder a las deudas contraídas. Empero, “Cabe destacar que quienes proveían las divisas eran, en rigor, unas pocas firmas cerealistas y los frigoríficos” (O’CONNELL, 1984: 9), en consecuencia, cuando dichas actividades mermaron al caer los precios internacionales y se redujo el volumen de los productos que exportaban, por consiguiente, cayó la generación de divisas para afrontar los gastos de la cuenta corriente y las dificultades no se hicieron esperar (O’CONNELL, 1984: 13).

Frente a la situación que describimos brevemente, una de las transformaciones que empezó a tener lugar en la economía fue un incipiente desarrollo industrial como resultado de un proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), que tuvo lugar en la mayoría de los países latinoamericanos, en algunos con mayor celeridad que otros, particularmente en Argentina, Brasil y México.^[1]Ahora bien, de una manera u otra, lo que empezó a tener cada vez mayor trascendencia en el campo político y económico nacional fue el lugar indiscutible que empezaba a ocupar la industria, junto con otras cuestiones, como la intervención del Estado en materia económica. Aspectos que, en primer lugar, de una forma u otra, sólo se acentuarían con el tiempo y, en segundo lugar, denotaban que los principios políticos y económicos que parecían estar sólidamente asentados previo a 1930 ya empezaban a estar cada vez más alejados y a ser altamente cuestionados.

En definitiva, lo que debemos resaltar es la importancia que empezó a adquirir la industria a nivel nacional, la cual, entendemos, primero, que desde su inicio reforzó la fragilidad del país respecto de los sectores externos, pero en una nueva configuración que, décadas más tarde, fue develada por algunos intelectuales; y, segundo, era la industria el tipo de actividad económica que parecía ser el motor de un incipiente desarrollo económico dado las fragilidades de las agroexportadoras. En esta dirección, nuestra primera tarea consiste en exponer algunos de los puntos de discusión que fueron centrales en las políticas industriales, por ejemplo, el denominado Plan Pinedo.

II. Estudio de caso: el Plan Pinedo y los lineamientos de una industria (por ahora y para siempre) dependiente

El Plan Pinedo fue lanzado en 1940 y respondía a las transformaciones que mencionamos, las cuales se agudizaron con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la imposibilidad definitiva de retrotraer la economía internacional a la situación previa a 1929. Ahora bien, ¿por qué es relevante dicho programa? Porque

[…] tiene el significado especial de ser el primer documento del Estado en el que se considera la posibilidad de modificar parcialmente la estrategia de desarrollo económico vigente. A tal fin el programa procura conciliar la industrialización con la economía abierta, fomentar las relaciones comerciales de la Argentina con los Estados Unidos y con los países limítrofes y crear un mercado de capitales (LLACH, 1984: 517).

Frente a las nuevas demandas, los lineamientos de las modificaciones fueron los siguientes: en primer lugar, se le dio mayor importancia al Banco Central, de reciente creación, como un actor relevante para intervenir en la economía a través de, por ejemplo, los controles de cambio; en segundo lugar, se enfatizó en la vinculación de Argentina con Estados Unidos, no sólo porque estaba en ascenso y se perfilaba como la próxima economía hegemónica en Occidente, sino también por la incipiente demanda de bienes de capital que eran elaborados por dicho país; en tercer lugar, el fomento de la industria, basado en diversificar e industrializar las exportaciones, siempre asociada a la reorganización de los mercados internacionales y el perfil de una economía abierta (LLACH, 1984: 525). En cuarto lugar, no menos importante, incluso desde los sectores más conservadores, empezó a ser cada vez más relevante la orientación nacionalista que se trasladó a más de un plano, entre ellos, la política económica.^[2] Por ejemplo, como veremos más adelante, el Pacto Roca-Runciman entre Argentina e Inglaterra fue criticado por ofender los intereses nacionales, de acuerdo a la acusación de Lisandro de la Torre, particularmente porque nunca habían sido claras las condiciones de negociación que terminaron por favorecer al país europeo, como tampoco el Estado argentino había actuado en contra de los monopolios británicos asentados en el país que abusaban de su posición dominante (DE LA TORRE, 1952: 50-68).

Los parámetros esbozados fueron importantes tanto por la coyuntura en la que se produjeron, como así también por los debates a futuro. Por eso, como ha señalado Portantiero, “En esos años [los 30’] se definen las características fundamentales del crecimiento industrial, se estructuran los mecanismos para la intervención del estado sobre el mercado, crece impetuosamente la clase obrera industrial” (PORTANTIERO, 1987: 14). Si bien es innegable la profundidad de las transformaciones, debemos traer a colación dos observaciones: en primer lugar, el programa mencionado fue ideado por la clase dominante que obtenía la mayoría de sus beneficios de las actividades agroexportadoras, en consecuencia, bajo ningún punto de vista se consideró alterar la base de la estructura económica, sino auxiliarla con otros elementos; en este sentido, las medidas tomadas sólo eran pensadas como una manera de auxiliar a las actividades primarias, pero bajo ningún punto de vista se intentaba alterar el eje agroexportador. En segundo lugar, desprendido del punto anterior, podríamos pensar que las mismas condiciones en las cuales se llevó adelante la industrialización en el país y en la región, hizo que se presenté desde el inicio una industria deficitaria respecto de las posibilidades que tenía para convertirse en el epicentro dinámico de la economía; por ejemplo, la ausencia de un programa que contemple las posibilidades de una industrialización pesada, problema que estará presente de ahora en adelante en el centro de los dilemas sobre la industria en Argentina.

Algunos de los elementos de política económica mencionados fueron profundizados por los distintos gobiernos del continente, como el caso de Cárdenas en México hacia fines de la década de 1930 y la nacionalización del petróleo, la experiencia de Vargas en Brasil y la reorganización del Estado unos años después y, para el caso argentino, con el gobierno militar que tomó el poder en 1943, con la profundización de la industrialización en base a las demandas de seguridad nacional y embebidas en un discurso nacionalista, casi autárquico en algunos puntos, y la consolidación de la intervención estatal, tanto en materia económica como social (LLACH, 1984: 539). Para nuestro tema, muchos de los elementos resaltados fueron los que marcaron la política económica del peronismo, momento en el cual explotaron las discusiones y las transformaciones que estamos tratando, por lo tanto, ésta no surgió de la nada, más allá de que contaba con ciertas novedades como la búsqueda de la independencia económica y la soberanía política, el rol del Estado en la economía y, especialmente, la distribución del ingreso hacia el sector proletario, en consecuencia, lo que se produjo fue, retomando los términos de Torre y Pastoriza, la democratización del bienestar (TORRE Y PASTORIZA, 2002: 257). Sin alterar en profundidad los parámetros económicos establecidos, pero sí generando un gran resquemor y malestar en los sectores más acomodados de la sociedad que veían amenazada su posición frente al ascenso de los sectores populares, una amenaza, cabe agregar, que enfatizaba más en lo simbólico que en lo concreto porque, como mencionamos, las bases de la economía no se habían alterado. En este sentido, podemos conceptualizar el origen del peronismo como un espacio político que le dio entidad a los sectores sociales que no tenían resonancia en el sistema y que, a partir de la llegada de Perón al poder, pudieron canalizar y satisfacer parte de sus demandas económicas y sociales, en tanto que los márgenes económicos facilitaron las posibilidades para la retribución de los ingresos. En parte, en este punto se encuentran algunos de los argumentos centrales de las primeras interpretaciones académicas sobre el peronismo:

El “autoritarismo” de los movimientos populistas latinoamericanos, concretamente del “peronismo” y del “varguismo”, sería función del proceso de rápida industrialización posterior a 1930 [la industrialización por sustitución de importaciones], el que tiene lugar mientras las clases trabajadoras están relativamente mal organizadas en sindicatos y partidos y en las poblaciones rurales existen todavía reductos de conservadurismo tradicional (MURMIS Y PORTANTIERO, 2004: 114).

Esta lectura, en la cual ahondaremos más adelante, tuvo como principal referente a Gino Germani, impulsor de la sociología en Argentina y creador de dicha carrera en la Universidad de Buenos Aires en el año 1957, quien entendió que el ascenso del peronismo, y otros movimientos similares en la región, fue el resultado de los vertiginosos cambios económicos, políticos y sociales que atravesaba la sociedad desde la década de 1930, donde la inadecuación de las instituciones tradicionales fue la que dio fuerza a este tipo de movimiento político; asimismo no debemos dejar de lado la relevancia otorgada al papel del líder como demagogo y manipulador de los sectores mayoritarios (MURMIS Y PORTANTIERO, 2004: 126).

Dentro de los cambios mencionados, hubo un proceso que empezó a adquirir una trascendencia inusitada: la reconfiguración de la clase trabajadora, la cual pasó a estar integrada en su mayoría por migrantes internos, sin, teóricamente, demasiada experiencia política ni sindical porque no se habían desempeñado en el ámbito urbano-fabril; aspecto resumido brillantemente por Germani: “El componente ‘criollo’ de la nueva clase trabajadora fue tan prominente que produjo la aparición de un estereotipo: el ‘cabecita negra’, que a su vez fue sinónimo de peronista” (GERMANI, 1980: 126). El eje de la argumentación se encuentra en que se produjo un cambio radical en la conformación de la clase obrera que tuvo su correspondiente derivación política con el peronismo que terminó desplazando a la corriente liberal-socialista más tradicional. Aquí debemos hacer un alto para destacar cómo empezó a hacer mella la vinculación de los procesos que tenían lugar en Argentina con la de otros países latinoamericanos por medio del concepto populismo. Antes que nada, la idea de populismo ha sido asociada, desde la tradición de la filosofía política, a un fenómeno peligroso en el sentido de que excedía los límites de una comunidad racional y, por derivación, no respetaba los parámetros institucionales vigentes (LACLAU, 2015: 10). En segundo lugar, y por dicha razón, el populismo ha sido relegado del ámbito político e intelectual de forma adrede (LACLAU, 2010: 34). En ambos casos, lo que está de fondo es que las condiciones latinoamericanas decantaron en dicho fenómeno como resultado de los cambios locales y la alejaron cada vez más de los parámetros civilizados.

Empero, la interpretación de Germani, fue cuestionada por otros enfoques que sostienen que existió más continuidad que ruptura en la llegada del peronismo al poder porque, primero, muchos de los obreros que provenían del interior del país ya contaban con alguna que otra experiencia sindical (KORZENIEWICZ, 1991). Segundo, hubo una participación para nada despreciable de las agrupaciones sindicales vigentes en el armado primario del peronismo ya que, entre otros motivos, en Argentina predominaba una fuerte tendencia sindicalista que privilegiaba las relaciones con el Estado por encima de las identificaciones políticas (MURMIS Y PORTANTIERO, 2004: 159).^[3] Tercero, “El vuelco final de las corrientes mayoritarias del sindicalismo hacia el peronismo, que tuvo lugar en octubre de 1945, se precipita, como había sucedido en el mes de julio, como reacción obrera frente a una ofensiva contra sus conquistas reivindicativas por parte de los grupos de grandes propietarios industriales, agrícolas y comerciales (MURMIS Y PORTANTIERO, 2004: 162)”. Es decir, el miedo a una presunta ofensiva patronal fue determinante en que la mayoría de los sindicatos apoyasen al movimiento que estaba surgiendo, por eso, “La multitud se decidió a actuar ese 17 de octubre con un objetivo preciso: defender las conquistas obtenidas en los meses anteriores contra la reacción patronal que se veía venir […] Perón representaba la dignidad recobrada; su caída, la amenaza de volver a perderla” (ADAMOVSKY, 2012: 172). De una forma u otra, 1945 representó un punto de no retorno para la política nacional porque se dirimió el equilibrio de fuerzas entre distintos actores sociales y dio lugar a una nueva configuración económica, que entraría en crisis casi 30 años después.

Todo este breve derrotero que expusimos es pertinente para pensar que el ascenso de este tipo de movimientos representa a una sociedad desarticulada debido a que se había producido un claro cortocircuito entre la sociedad civil y las instituciones, el cual, para el caso argentino, podemos rastrearlo en la apertura democrática de las primeras décadas del siglo XX porque, si bien con el ascenso del radicalismo el poder ejecutivo pasó a ser controlado por un espacio mayoritario, los sectores más conservadores mantuvieron el dominio sobre el Congreso y otros resortes estatales (ANSALDI, 2000: 18). En consecuencia, en primer lugar, cobró impulso una cierta cultura política golpista debido a que las corporaciones, cuyos representantes solían ocupar los estrados del Congreso, le dieron forma a una tendencia basada en que la expulsión de la arena política era la única vía para resolver conflictos (ANSALDI, 2000: 41). Y, en segundo lugar, en cuanto a los sectores populares, se acrecentó el predominio de la corriente sindical ya que los beneficios que se podían obtener eran resultado de su vinculación con el Estado, en detrimento de programas más parlamentarios, como los del Partido Socialista, u otras propuestas más combativas; al mismo tiempo que las agrupaciones sindicales favorecieron la articulación del espacio político que llevó a Perón al poder ya que éste no contaba con una base organizativa propia, más allá del apoyo de algunos radicales y cierta parte del Ejército (TORRE, 1990: 154 y 211). Ahora bien, esa dependencia inicial, para llamarla de alguna manera, fue socavada por el mismo Perón, ya desde el gobierno, porque empezó a controlar los recursos y mecanismos, como la representación jurídica de los sindicatos, que contribuyeron a doblegar la autonomía con la que contaban y terminaron subsumidos al Estado. Una situación similar, en el sentido de que dejó de lado las instituciones tradicionales, se había producido en el caso de Brasil debido a que la llegada de Vargas a la primera magistratura suprimió el Congreso, asumió los poderes legislativo y ejecutivo, nombró interventores federales, contó con el apoyo del ejército, entre otras medidas (FAUSTO, 2003: 166 Y 168).

En definitiva, para clausurar el apartado, nuestro objetivo estuvo en dilucidar algunos debates relacionados con el ascenso de los nuevos movimientos políticos en la región, entre ellos el peronismo, porque marcaron el ritmo de la política y la economía y fueron parte del contexto en el cual reflexionó Peña sobre las características y legados que habían dejado dichos procesos. En esta dirección, para la situación nacional, lo más destacado es el hecho de entender que el peronismo fue la expresión de una sociedad que había encontrado su correspondencia en dicho espacio político, por eso, como ha sintetizado de gran manera Halperin Donghi, “[…] el peronismo va a ser desde su origen expresión política de una sociedad transformada” (HALPERIN DONGHI, 2006: 17). Justamente, su persistencia en el tiempo y el impacto de su crisis definitiva, por lo menos en la forma en la que se conoció en la mitad del siglo XX. Ahora veamos cuáles fueron las consecuencias y las proyecciones de las transformaciones que mencionamos, para Argentina y la región.

III. Los límites populistas y la emergencia desarrollista: el parteaguas argentino de 1955

El peronismo había dejado en marcha más de un proceso al momento en el que fue destituido por un golpe de Estado, pero, más que nada, no había logrado diseñar algún mecanismo, dentro del orden constitucional, que sirviera para que los sectores sociales en conflicto, pudieran resolver sus contradicciones dentro de un marco normativo (NOVARO, 2010: 15); situación que se retroalimenta con la lógica corporativa que mencionamos más arriba ya que los grupos que tenían la posibilidad de incidir mediante otros organismos estatales y no estatales, lo hacían sin ninguna objeción y cada vez con mayor celeridad. Por ejemplo, los partidos políticos de izquierda, como el Partido Socialista y el Partido Comunista,^[4] no presentaron demasiadas objeciones a la hora de participar dentro de los espacios que agrupaban a la oposición proveniente de los grupos sociales más reducidos ya que entendían que el peronismo era un experimento de carácter fascista, pero en variante criolla, y, por derivación, todas las fuerzas democráticas debían aliarse para derrotarlo, en una versión pormenorizada de lo que había sucedido en el viejo continente. En este sentido, la dinámica que expusimos fue reiterada en más de un movimiento político latinoamericano que fue caracterizado de manera peyorativa, por distintos motivos, y hubo serios intentos y éxitos para destituirlos; por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos fue el de Allende en Chile, de acuerdo a las palabras del entonces presidente trasandino en el mismo momento del golpe de Estado que lo destituyó en septiembre de 1973:

En nombre de los más sagrados intereses del pueblo, en nombre de la patria, los llamo a ustedes para decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa que será superada. Este es un momento duro y difícil: es posible que nos aplasten. Pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor […] La historia es nuestra y la hacen los pueblos (ALLENDE, 2012: 134-135).

La idea detrás del discurso del mandatario chileno se basa en que los procesos en marcha, en este caso, el gobierno de la Unidad Popular y su programa de un socialismo por la vía democrática, era preparar un futuro mejor para los sectores mayoritarios. Dicho con otra palabras, los conflictos entonces desatados tenían un horizonte futuro de resolución, aparentemente inevitable, que, dado que los sectores más concentrados se veían perjudicados por las políticas implementadas, éstos últimos no dudarían en llevar a cabo las acciones necesarias para destituirlos, con un éxito rotundo en el país trasandino si pensamos que el gobierno dictatorial encabezado por Pinochet terminó por alterar bruscamente ciertos lineamientos de la economía y la sociedad chilena .

Si tuviéramos que resumir en un aspecto el eje de las disputas en sociedades en cambio, como la argentina y la latinoamericana, podríamos hacerlo de la siguiente manera: “[…] la democracia de sufragio universal responde a derechos políticos, y la justicia social, a derechos sociales: bien pueden existir la una sin la otra” (TERÁN, 2012: 259). El gobierno depuesto en septiembre de 1955, como también Allende casi dos décadas después, había sido obsecuente con la concreción de la distribución de los recursos a los sectores mayoritarios de la población, para lo cual se utilizaron distintos instrumentos, como, entre los más destacados, la intervención del Estado, en detrimento de los grupos concentrados de la sociedad. Ahora bien, por un lado, como apreciamos precedentemente, las modificaciones del peronismo no fueron una novedad absoluta porque, como bien atestigua el Plan Pinedo, muchas de esas cuestiones ya se estaban debatiendo desde antes, por eso, por ejemplo, es difícil encontrar una línea directriz desde el principio al final de la política económica peronista, sino que la versatilidad fue su marca distintiva (ROUGIER, 2012: 179); y, por el otro lado, las modificaciones que sí se produjeron despertaron el rechazo de los grupos económicos más reaccionarios. En este sentido, los objetivos de, en primer lugar, fomentar una economía distributiva y, en segundo lugar, encontrar cierto equilibrio entre distintos sectores, fueron los más relevantes debido a que constituían los ejes del sistema. En consecuencia, podemos decir que, en gran medida, el programa peronista funcionó en la medida en que fue posible mantener esos dos elementos, lo cual se correspondió con un contexto global más general que, siguiendo la lectura de Hobsbawn, podemos denominar como “los 30 años dorados” (HOBSBAWN, 2010: 260), un período en el que el capitalismo se había expandido como nunca antes, pero, a diferencia de otras experiencias históricas, en dichos momentos, la expansión estuvo acompañada de una relevante distribución de los recursos generados como resultado del crecimiento económico.

Este nuevo cuadro de situación afectó a América Latina de manera positiva ya que una parte importante de Occidente demandaba casi todo tipo de producto que Latinoamérica podía aportar, lo cual generó una gran cantidad de recursos, divisas, por ejemplo, que permitieron profundizar los procesos de industrialización en marcha, aumentar las reservas, etc (HALPERIN DONGHI, 2010: 446-447). Por lo tanto, una vez que se presentaron limitaciones a esta nueva e incipiente configuración, las repercusiones internas no se hicieron esperar. Las primeras de ellas se produjeron en el último tramo del gobierno peronista, primero, con la convocatoria al Congreso de la Productividad en abril de 1955 que generó importantes rispideces con las comisiones internas que se opusieron férreamente a las tentativas de reorganizar las condiciones de trabajo al interior de las fábricas y, segundo, los acuerdos con petroleras extranjeras en 1952 que violaban las tentativas de soberanía económica propuesta por dicho espacio. Entonces, el problema que tuvo que enfrentar el gobierno de facto fue el siguiente: ¿cómo superar el estancamiento de la economía, pero sin contemplar necesariamente el sesgo distributivo e, incluso, intentando retrotraer la situación a un modelo agroexportador previo a la crisis de 1930? En este sentido, debemos tener presente que uno de los supuestos a desentrañar para dar cuenta de esta problemática fue la determinación del carácter de la configuración económica de la región, debate que cobrará una fuerza impensada unos años más adelante. Así, por ejemplo, los partidos comunistas de muchos países latinoamericanos adhirieron a la tesis de que era necesario aliarse con la burguesía para fomentar el imprescindible desarrollo del capitalismo, como fue el caso del Partido Comunista en Argentina que asintió al gobierno de Frondizi, quien asumió hacia finales de la década de 1950, iniciando así el ciclo desarrollista en nuestro país (LÖWY, 2007: 42).

Las tentativas desarrollistas tuvieron lugar en una parte importante de los países latinoamericanos donde se presentaron los límites relacionados con la industrialización sustitutiva y el imperativo de mantener una economía en expansión que requería que se profundice el proceso de industrialización. Dichos programas se basaban en lo siguiente:

[…] la solución que el desarrollismo hizo suya tenía mucho a su favor: al aliviar el peso que la industrialización había arrojado sobre el sector primario [debido a la demanda de insumos industriales que sólo podían ser adquiridos mediante el uso de dólares] ya clamorosamente incapaz de seguir soportándolo, daba nuevo aliento a una expansión industrial que parecía haber perdido sus resortes dinámicos […] Todo eso se lo lograba mediante una apertura parcial de la economía nacional a la inversión extranjera (HALPERIN DONGHI, 2010: 452).

En Argentina, el programa desarrollista del candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente buscaba, resumiendo brevemente, superar las limitaciones inherentes de la industrialización sustitutiva por medio del fomento de la industria pesada con la ayuda de los capitales extranjeros. Si lo ponemos en términos de modos de acumulación, podemos decir que la etapa que culminó con el peronismo se basó en la acumulación capitalista por medio de la extracción de plusvalía absoluta, por ejemplo, aumentando la cantidad de mano de obra empleada o el tiempo de trabajo en las fábricas, como bien intentó el Congreso de la Productividad de 1955.^[5] Mientras que la nueva etapa que se inició con el gobierno de facto es una etapa de acumulación concentrada en la plusvalía relativa (PERALTA RAMOS, 1974: 127), para lo cual era necesario modificar gran parte de los beneficios que habían obtenido los sectores empleados y la difusión de un discurso basado en la eficiencia para mantener la competitividad y los beneficios económicos. En el caso de Brasil, podemos rastrear un proceso similar al argentino, pero con algunos rasgos particulares, primero, una mayor participación de las Fuerzas Armadas como vigilantes de la industrialización, segundo, un componente nacionalista más marcado; incluso la industrialización se mantuvo durante la dictadura militar que llegó al poder en 1964 (FAUSTO, 2003: 208-209).

En definitiva, podemos decir que hacia mediados del siglo XX, en Argentina se determinaron las coordenadas del conflicto social basado en las siguientes facciones:

[…] el primero [de los sectores en disputa] pretende reponer las actividades agroexportadoras en el lugar clave que ocuparon hasta 1930, incentivando para ello la producción agropecuaria a través de la devaluación y de la consiguiente traslación de ingresos […] Enfrentado a éste, se encuentra un modelo que enfatiza en la industrialización radical, basada en la importación de tecnología y capital extranjero, y en la racionalización de la economía a través de la concentración industrial (FAUSTO, 2003: 133).

Sin caer en el peligro de una esquematización excesiva, entendemos que la cita nos sirve para tener en cuenta las coordenadas del conflicto que se va a perfilar en Argentina. En cierta medida, el desarrollismo frondicista intentó ofrecer una salida a esta disyuntiva, principalmente porque su escasa legitimidad política sólo podía suplirse con el éxito económico; es más, terminó convirtiendo en un elemento secundario el plano político ya que prevaleció la idea de que el desarrollo no necesariamente era sinónimo de democracia, por lo tanto, se podía prescindir de ella. En la mutación que mencionamos, similar a la de Brasil en cuanto a la relegación de la democracia como una condición necesaria para el avance industrial, el eje de la transformación giró en torno a que, a pesar de los éxitos económicos, los conflictos entre intereses persistían, en consecuencia, era necesaria una dirección más rígida para llevar a buen puerto semejante objetivo y, como no podía ser de otra manera, el único actor capaz de lograrlo eran las Fuerzas Armadas, embebidas en el discurso de la Doctrina de Seguridad Nacional a partir de la década de 1960 (NOVARO, 2010: 45). Además, las mismas podían argüir el argumento de que eran los actores indicados para concretar dicha transformación ya que estaban por encima, para denominarlo de alguna manera, de las facciones políticas, por lo tanto, no iban a resultar presas, teóricamente, de los grupos en disputa (O’DONNELL, 1980: 86).

Fue frente a semejante emergencia que se gestó el Estado burocrático-autoritario, el cual no fue exclusivo de Argentina porque se extendió a gran parte de América Latina, que buscaba superar, de una vez y para siempre, las limitaciones vigentes en la región. Como bien atestiguó el programa de Frondizi, el Estado burocrático-autoritario tenía como principal supuesto que el capital nacional era insuficiente, por lo tanto, era necesario atender y darle prioridades al capital transnacional (O’DONNELL, 1980: 127). En el plano inmediato, para el caso argentino, lo que debía llevarse a cabo era bajar la inflación y reducir el alcance que tenían los sectores sindicales que podían incidir en las decisiones del gobierno para demostrar que el Estado nacional era capaz de otorgarle garantías a los inversores extranjeros, tentativa que quedaría trunca con el Cordobazo a finales de las década de los 60’ (O’DONNELL, 1980: 140). Empero, dicho acontecimiento no debe pensarse como un hecho aislado, más allá de su relación inmediata con los intentos de reforma propuestos por el ministro Krieger Vasena que generaron el rechazo de una parte importante del movimiento obrero, ya que, tras la autodenominada revolución libertadora, emergió y se consolidó con los años un movimiento de resistencia, identificado con el peronismo, que prevaleció en gran parte de los sectores mayoritarios que se habían visto favorecidos con el gobierno depuesto.^[6] Justamente, uno de los pilares en los cuales se apoyó dicha resistencia fueron los sindicatos, que ya contaban con cierta disposición de enfrentamiento a los distintos gobiernos en tanto que éstos mantuvieran limitados los espacios y la libertad de expresión política (SALAS, 1994: 15). Es más:

El hecho de que a la crisis de legitimidad del sistema político se sumara una crisis, cada vez más aguda, de la autoridad estatal completa el cuadro resultante del golpe de 1955. Y ayuda a entender la notable supervivencia del peronismo: porque fue en gran medida gracias a ese debilitamiento del estado que éste pudo –sin grandes traumas ni divisiones y de forma bastante rápida– pasar, de ser una fuerza estructurada desde el vértice estatal, a ser un movimiento de masas subversivo del orden existente y capaz de sostenerse excluido de todo asiento institucional (NOVARO, 2010: 21).

En este punto nos encontraríamos con un final anunciado en cuanto a las posibilidades de que el programa de modernización autoritaria fuera exitosa porque debía enfrentarse con un movimiento que se fortalecía en base a los intentos de excluirlo del sistema debido a que “El peronismo se constituía a sí mismo en la construcción de su opuesto” (SALAS, 1994: 152). Por lo tanto, la implementación de un posible Estado burocrático-autoritario terminó por fortalecer aquello que buscaba erradicar y que finalmente lo venció; aunque debemos dejar en claro que, más allá de la prevaleciente corriente peronista, la orientación clasista también había ganado lugar dentro de los sindicatos. En cambio, en el caso brasilero, la prestancia y participación de las Fuerzas Armadas le dio mayor capacidad para resistir los embates en contra de semejante programa que, podríamos aventurar, resultó más exitoso en términos económicos, pero con un gran costo social en cuanto a la exclusión, la marginalidad, etc.

En última instancia, las expresiones de los sectores populares, hacia la década de 1960, fueron la contraparte de la caída del Estado burocrático autoritario porque una de las condiciones para que funcione era limitar la participación de aquellos que podían poner en riesgo su posible éxito, pero, una vez que se limitaron o eliminaron los canales de participación, todas las tensiones que se acumularon como resultado de las demandas no satisfechas de dichos sectores se terminaron expresando de manera violenta (O’DONNELL, 1980: 294). Situación que no hizo más que expresar la crisis abierta en Argentina desde la caída del peronismo relacionada con la incapacidad de las clases dominantes de establecer un orden legítimo, no sólo justificado, sino también, y más importante tal vez, efectivo, que logre ejercer el control sobre la sociedad (PORTANTIERO, 1996: 302); lo cual fue in crescendo con los intentos de consolidación del Estado burocrático autoritario ya que empezaron a permear los intereses de las diversas facciones de la clase dominante, dando lugar al denominado “empate hegemónico”, resultado de la incapacidad de lograr la hegemonía de alguna de las facciones con el fin de que aquella dominante sea la que dirija la suerte del capitalismo nacional (PORTANTIERO, 1996: 317).

IV. Conclusión

1955, tomando como referencia la experiencia argentina, fue el punto de llegada de una gran cantidad de cambios derivados de lo que habían sido los gobiernos populistas, o por lo menos el primer ciclo de los mismos. Por otra parte, el golpe concretado en septiembre de dicho año fue el punto de inicio de importantes fenómenos que se mantuvieron sin una resolución definitiva en los años siguientes, entre ellos, el fortalecimiento de la adscripción peronista de la mayoría de la población en el marco de los intentos del Estado de suprimir dicho vínculo. Como así también otros relacionados con las posibilidades de desarrollo industrial, el más destacado sin duda fue la posibilidad de lograr el paso de una industria liviana a otra productora de bienes industriales, y la participación de la mayoría en los órganos de gobierno, que rápidamente fue entendida como una amenaza para los grupos más concentrados que veían en potencial compromiso su posición privilegiada frente a sectores que demandaban reformas más profundas, incluso más allá de lo que los mismos gobiernos que habían apoyado estaban dispuestos a aceptar; problemáticas que no eran exclusivas de nuestro país ya que aquejaban a otros de la región.

En resumidas cuentas, fueron estas problemáticas sobre las cuales Peña elaboró gran parte de sus consideraciones, en consecuencia, era importante dedicarle el espacio necesario para aclararlas. Dilemas y diatribas que fueron y siguen siendo determinantes para pensar la suerte nacional y regional sobre las potencialidades para superar el subdesarrollo y lograr los parámetros de crecimiento y estabilidad con los que cuentan los países “desarrollados”. Por lo tanto, empecemos con las apreciaciones de Peña.

---