Mariano Ernesto Iscaro^[1]

Introducción

En un contexto de cambios generalizados dentro del sector agropecuario, los territorios rurales de nuestro país se vieron transformados profundamente en las últimas tres décadas. Algunas de las consecuencias visibles de esas transformaciones fueron el avance de la agriculturización, la especialización productiva, la concentración de la producción, la pérdida de productores y el despoblamiento rural. Durante este periodo, se consolidaron nuevos actores sociales y empresas de diversa escala y procedencia identificadas con el modelo de agronegocios.

El agronegocio se expande como un modelo productivo de capital intensivo que alienta la llegada de capital financiero bajo formas jurídicas variadas, que sostiene la incorporación creciente de tecnologías que permiten mayor productividad y rentabilidad a los inversores. El resultado de este proceso es la transformación de la estructura social agraria, con la aparición o reestructuración de actores que participan de la ruralidad en un sentido amplio.

El avance de los agronegocios no se presenta de manera lineal. A partir de 2009-2011, se generaron reacomodamientos en la lógica empresarial de las grandes empresas de agronegocios protagonistas del período posconvertibilidad, emergiendo asociaciones productivas coyunturales con articulaciones a nivel local que poseen anclaje territorial, lo que complejiza la mirada sobre el modelo de agronegocios en general y sus formas de articulación territorial.

Este trabajo propone, en primer lugar, un recorrido histórico de los ordenamientos territoriales pampeanos a partir del concepto de pacto territorial (Albaladejo, 2017). Un pacto territorial es un conjunto coherente y estable de arreglos institucionales, organizativos, tecnológicos y económicos, resultantes de una etapa histórica nacional particular y de las relaciones de poder que la caracterizan, que contribuyen a establecer modos particulares de relación entre la sociedad y el territorio. La noción ha sido aplicada al caso particular de la actividad agropecuaria para caracterizar las formas de inserción territorial de esta y sus transformaciones.

En un segundo momento, se avanza sobre un estudio de caso a partir del análisis de los actores de un pueblo rural del sudeste bonaerense, en el que se busca una aproximación a las transformaciones de las identidades profesionales en relación con la construcción del territorio.

El método de investigación moviliza el estudio de caso de una localidad rural del sudeste pampeano (Nicanor Olivera – Estación La Dulce), utilizando un enfoque teórico proveniente de la geografía social. Se movilizan los conceptos de territorio y territorialidad, buscando comprender el conjunto de relaciones que se ponen en juego a partir del avance de una nueva forma de relacionamiento productivo, y su incidencia en la configuración de los territorios rurales. El objetivo es analizar mediante un caso situado, con predominio de análisis cualitativos (investigación documental, observaciones, entrevistas semiestructuradas en profundidad, grupos focales), las transformaciones de las identidades profesionales tal como consiguen definirse y expresarse localmente en relación con la construcción del territorio.

El vínculo desigual entre las formas de organización social y el modelo de producción dominante

Lejos de la aparente quietud abúlica que presentan algunos paisajes rurales en Argentina, estos son espacios de cambios permanentes sometidos a fuertes tensiones e intereses. El sector agropecuario argentino es un sistema complejo y heterogéneo de actores con diferentes escalas y lógicas productivas, que muchas veces intencionadamente se intenta ocultar bajo la falsa idea aglutinante de “el campo”. Desarmar estas ideas mistificadoras (que nos intentan presentar un espacio social homogéneo y sujeto a continuidades) y comprender las interacciones al interior de un sistema de tal complejidad es una tarea propia de las ciencias sociales y en particular de la geografía.

Para dar cuenta de esta heterogeneidad, es necesario considerar que en el país, según el último Censo Nacional Agropecuario (CNA, 2018), existen 249.663 explotaciones agropecuarias (EAP) que trabajan una superficie total de aproximadamente 155 millones de hectáreas. Del total de la tierra puesta en producción, 31,8 millones de hectáreas son implantadas (principalmente con cultivos anuales) y 123,2 millones producen sobre pastizales, monte y bosques nativos (dedicados a diversas ganaderías y actividad forestal)^[2]. Estas EAP producen una diversidad de productos que forman parte de 31 cadenas de valor agroalimentarias^[3]. Destacan entre las principales cadenas productivas las oleaginosas y cereales, con 14,4 y 11,3 millones de hectáreas respectivamente. El caso de la ganadería (de carácter mayoritariamente extensivo) incluye un rodeo de 40 millones de cabezas de ganado bovino, 8,6 millones de ovinos y 2,5 millones de caprinos, entre otros.

Las formas de organización social de la producción bajo la cual se organizan las EAP difieren a grandes rasgos por la forma en la que gestionan el trabajo (familiar o asalariado) y la dotación de recursos productivos de que disponen (tierra, capital circulante, maquinarias, tecnologías, mejoras, etc.). De esta manera, podemos definir simplificadamente dos grandes conjuntos de actores que forman parte de la estructura social agraria en nuestro país. Esta caracterización no es excluyente y contiene matices que merecen particular atención.

Por un lado, la agricultura familiar contiene a numerosos actores que, con una escasa dotación de recursos y con mano de obra predominantemente familiar, llevan adelante la producción para el mercado (en diferentes grados de integración) con el objetivo económico de maximizar ingresos globales (venta de la producción, ingresos extraprediales y autoconsumo). La condición desfavorable en la que desarrollan la producción (por escasez de capital que manejan, la falta de tecnologías adaptadas a sus necesidades y las escasas políticas de apoyo) dificulta su capitalización y en casos extremos fuerza su salida del sistema. Este sector social valoriza la tierra y la cultura rural como un patrimonio (familiar y social), y representa el núcleo de sociabilidad del interior profundo de nuestro país y buena parte de los cinturones frutihortícolas de nuestro país. En los últimos 30 años, y merced a un proceso de visibilización en curso, se ha convertido la agricultura familiar (AF) en una categoría política con capacidad de organización (emergiendo nuevas organizaciones agrarias) y planteo de demandas de políticas específicas.

En el otro extremo, los productores empresariales producen para el mercado con adecuada dotación de recursos productivos y utilizan predominantemente mano de obra asalariada (transitoria o permanente). Su objetivo económico radica en la maximización del beneficio, y producen teniendo en cuenta el pulso de los mercados agropecuarios (ajustando flexiblemente la estrategia en función de las expectativas). Para este sector social, la tierra es considerada meramente como un factor de producción (con las implicancias sociales y ambientales que esto supone), y las formas de articulación económica y sociabilidad que llevan adelante sus actores transcurren asociadas a formas de vida urbana.

Un rasgo clave de esta heterogeneidad de actores es la desigualdad estructural que presentan estas dos formas de organización de la producción en el marco de un modelo de desarrollo del sector agropecuario tendiente a la concentración. Una forma de observar esta tendencia concentradora es a partir del análisis de la distribución de la tierra y la escala productiva entre los diferentes CNA. Así, mientras que el 95 % de los productores menores de 2.500 hectáreas controla el 36 % de la tierra, en el otro extremo el 5 % mayor a 2.500 hectáreas controla el 64 % de la tierra productiva. Este grado de concentración de la tierra y la producción es el resultado un proceso histórico complejo y progresivo que se ha acelerado en los últimos 30 años, en el que la superficie promedio de las EAP en Argentina pasó de 421,2 hectáreas en el CNA 1988 a 518,3 en 2002 y a 681 en 2018.

En la cúspide de este proceso de concentración productiva, apareció y se consolidó en los últimos 30 años un nuevo perfil de actores empresariales identificado con una lógica productiva flexible y fuertemente articulada al capital financiero, identificada bajo el marco conceptual de los agronegocios.

Modelo de agronegocios y nuevo pacto territorial

A partir de los años 90, en la región núcleo pampeana, y en otras regiones de forma tardía (posconvertibilidad), se dio un fuerte impulso a la innovación tecnológica y a los cambios organizacionales de la producción agropecuaria. A esto debe sumarse la llegada de capitales extraagrarios al sector mediante variados mecanismos y formas jurídicos. La suma de estas transformaciones dio lugar al surgimiento y la consolidación de actores identificados con el llamado “modelo de agronegocios” (Gras y Hernández, 2013 y 2016). Esta nueva racionalidad productiva impulsa una nueva fase de agricultura de tipo empresarial y la reestructuración de los productores.

En este sentido, los altos precios internacionales de los alimentos y las materias primas a partir del cambio de siglo propician la expansión del sector agropecuario, dominado en gran medida por empresas transnacionales (de insumos y comercializadoras). Este fenómeno se replica en todos los países en condiciones de producir commodities con ventajas comparativas y competitivas considerables. Argentina es un espacio dinámico de esta expansión, particularmente en la región pampeana. La expansión agropecuaria también comprende porciones del noreste y noroeste argentino, de la mano principalmente del cultivo de soja, en un fenómeno conocido como “pampeanización” (con la consecuente pérdida de bosques nativos y conflictos vinculados al desalojo de tierras).

Para que este cambio tuviera lugar, fue clave la convergencia de una serie de avances tecnológicos en el sector agropecuario con la introducción del paquete de la siembra directa, la soja RR y el glifosato, que, desde su implementación masiva en los años 90, se potencia con la aplicación de medidas cambiarias de devaluación de la moneda, apertura externa y desregulación en el comercio exterior. Una de sus consecuencias es reforzar un modelo de integración comercial agroexportador en un contexto internacional favorable de precios (Barsky y Gelman, 2009). El cultivo de soja RR se consolida como el principal cultivo difundido (entre 55 % y 60 % de la producción total de granos en el país), junto con la variedad Bt de maíz, lo que lleva a una expansión inédita de la frontera agrícola, en detrimento de otros sistemas productivos menos intensivos, de cultivos industriales, y de montes y pastizales nativos (Sili, 2005).

Este modelo de agricultura industrial fuertemente dependiente de la provisión de insumos químicos y biotecnológicos se constituye en un límite para el sostenimiento de formas de vida rural asociadas a la AF en la medida que demanda inversiones de capital creciente. La concentración de la tierra y la producción son consecuencias lógicas de este proceso. En relación con la tierra, los datos del reciente CNA 2018 dan cuenta de una concentración alarmante. Como puede observarse en la figura 1, los estratos superiores a las 1.000 hectáreas concentran el 72,7 % de la tierra productiva. Como contrapartida, entre 2002 y 2018, desaparecieron 70.102 EAP (de las cuales 65.081 fueron de los estratos menores a 500 hectáreas).

Figura 1. Cantidad de EAP y superficie
por rango de escala de extensión (2018)

Fuente: elaboración propia con base en datos de CNA 2018.

En este contexto de concentración sectorial, el modelo de agronegocios consolidó una forma novedosa de ruralidad globalizada que les da sustento ideológico a las transformaciones (Hernández, 2009). Este modelo es la evolución organizacional del paradigma de la “revolución verde” iniciada luego de la Segunda Guerra Mundial. El concepto surgió en el ámbito académico y fue acuñado desde el enfoque neoclásico por Davis y Goldberg (1957), quienes aportaron un marco teórico que impulsa la necesaria integración vertical y horizontal de la agricultura y la industria. El diseño productivo propuesto articula las fases de producción, industrialización y comercialización de los productos de origen agropecuario, “del campo a la góndola”. Bajo este esquema conceptual, los productores agropecuarios pierden gradualmente autonomía y pasan a ser un eslabón pasivo de cadenas productivas de alcance global.

A partir de estos autores, el concepto ha recorrido en el ámbito académico un largo camino de reformulación. Así llegamos a una definición más actual que lo presenta como

un sistema integrado de negocios y actividades enfocados en el consumidor que incluye los aspectos de producción primaria, su procesamiento y transformación, las actividades de almacenamiento, distribución y comercialización, así como todos los servicios públicos y privados (incluyendo financiamiento) que son necesarios para que las empresas operen competitivamente y sean capaces de proveer satisfactores de calidad a la sociedad (García Winder, 2005: 6).

Los actores que lideran esta modalidad se presentan como “empresarios rurales innovadores” (Hernández, 2007), y construyen su perfil identitario en torno a tres ejes centrales:

1. se identifican como empresarios en lugar de agricultores;
2. consideran como principal factor de producción al conocimiento, pasando la tierra a un segundo lugar (en algunos casos extremos, se identifican como “productores sin tierra”); y,
3. por último, se asumen como líderes de un nuevo modelo socioproductivo, un nuevo paradigma, basado en los bienes inmateriales (la sociedad del conocimiento) (Hernández, 2007 y 2009).

Más allá de su enunciación académica, fueron las condiciones objetivas de la globalización neoliberal las que permitieron el avance del agronegocio. En Argentina aparece como la continuidad del proceso de modernización del agro iniciado en los 70 con el impulso a la innovación tecnológica y organizacional (en semillas, maquinarias, agroquímicos, modalidades de gestión, avance del contratismo, etc.). En tal sentido, el surgimiento del llamado “modelo de agronegocios” “es posible pensarlo como el marco ideológico que construye sentido y legitima (social y políticamente) el nuevo modo de relacionamiento agroproductivo argentino, cuyo horizonte se ha globalizado definitivamente” (Hernández, 2009: 43).

Sus impulsores han sido actores fuertemente relacionados, grupos económicos concentrados del ámbito local y capitales transnacionales ligados al agro (proveedores de semilla e insumos principalmente), quienes lo difunden a través de una serie de interlocutores locales (periodismo sectorial, organizaciones agrarias, instituciones del Estado, capacitaciones a profesionales del medio, congresos, jornadas técnicas, etc.). Se conforma de esta manera una suerte de conglomerado productivo-financiero-informacional que construye sentido e intenta dar cuenta de cómo han de entenderse las prácticas económico-productivas en el presente, proyectando hacia el futuro (ver en este sentido páginas web de AAPRESID, ACSOJA, MAIZAR, ASAGIR, ACREA, etc.).

El nuevo modelo agropecuario profundiza la expansión de la agroindustria orientada a la exportación, manejada por un reducido número de empresas nacionales y transnacionales, que se articulan desde la venta de semillas, pesticidas, maquinaría de siembra directa, hasta la comercialización.

Dada la escala que adquirieron los nuevos actores en el espacio rural, y merced a su capacidad de transferir cantidades considerables de capital al sector agropecuario, se incorporan territorios de manera creciente bajo una nueva forma de relacionamiento productivo que impulsa formas de organización de la producción, con mayor tecnología y capacidad de gestión, más flexibles y eficientes, vinculado a la obtención de escala.

Aparecen o se reconvierten actores a partir de nuevas figuras legales y de gestión (fondos de inversión agrícola, fideicomisos agropecuarios, grandes pools de siembra, entre otros). Las nuevas formas jurídicas de gestión de la producción permiten trabajar la tierra captando recursos financieros, generalmente no agrarios, que son canalizados hacia el sector. Actualmente, casi todas las entidades bancarias públicas y privadas tienen disponibles en su cartera fondos de cuota, partes que permiten inversiones de diferente escala. Las empresas de gestión que manejan estos capitales mediante unidades de negocios, además, “maximizan la seguridad en el precio de los productos mediante el uso de futuros y opciones en los mercados a término” (Barsky y Gelman, 2009, p. 499), lo que minimiza los riesgos y estabiliza las ganancias.

Esta llegada masiva de capital financiero al sector agropecuario tiene por lo menos dos aristas que deben ser consideradas; la primera se relaciona con la imposibilidad del capital financiero de ser absorbido en otros sectores de la economía que garanticen iguales o mayores tasas de ganancia del capital; y, en segundo lugar, el largo proceso de modernización agrícola y aggiornamento de las formas de tenencia de la tierra, que permiten al capital saltar la propiedad de la tierra como condición necesaria para su puesta en producción, sin el riesgo implícito que supone la inmovilización de capital en la compra de tierra. En este sentido, el avance de las empresas de agronegocios impulsó fuertemente los arrendamientos, que pasaron a representar el 18,8 % de la tierra trabajada (40 % en las provincias pampeanas con predominio agrícola)^[4]. Los valores de dichos arrendamientos siguieron una tendencia alcista, y por consiguiente el valor de la tierra con aptitud agrícola.

Los nuevos actores son referenciados genéricamente como “pools de siembra”, lo que redunda en una caracterización imprecisa. Esta denominación general engloba modalidades empresarias de diversa escala, aunque con un denominador común: en todos los casos, se reúne capital proveniente de inversionistas con el que se cultivan campos alquilados durante un ciclo agrícola, a los que se les garantizan una determinada renta anual fija o variable.

Estas modalidades empresarias obtienen ventajas como el poder de negociación para la compra de insumos, la comercialización y la aplicación de tecnología; la diversificación del riesgo climático por la dispersión en que se encuentran sus explotaciones (que en algunos casos exceden las fronteras del país); así como la diversificación de cultivos. De esta manera, disminuyen los riesgos de la actividad, posibilitando la obtención de rentabilidades mayores a los promedios y la estabilidad de la inversión. Estos grupos también se integran verticalmente con las agroindustrias, disminuyendo los costos de transacción. La demanda de tierras que provocan ha determinado un aumento significativo de los valores de los arrendamientos (y, en forma derivada, del precio del suelo).

Esta modalidad productiva genera procesos complementarios de concentración de la producción (no de la propiedad de la tierra necesariamente), tendencia hacia la tercerización de servicios y la generalización de la figura del contratista de labores (que prestan servicios en campos de terceros y resultan claves en la difusión tecnológica) (Hernández, 2007).

Es preciso aclarar que, dentro del modelo de producción, existen matices en cuanto a tamaños, formas de funcionamiento y grados de capitalización de las empresas agropecuarias (Barsky y Dávila, 2008). Desde la perspectiva jurídica, los formatos de estas empresas son diversos: sociedades de hecho (relevantes para desarrollos de baja escala o incipientes financiamientos a pequeños pools de siembra locales), uniones transitorias de empresas, sociedades comerciales, fondos comunes de inversión, fideicomisos agropecuarios (surgidos a partir de la Ley n.º 24.441/95 de Financiamiento de la Vivienda) y otros.

Estos grupos de inversores, muchos de ellos ajenos al sector, se organizan mayormente en torno a una empresa agropecuaria enmarcada dentro de la figura de fideicomisos de administración (financiero o no financiero), que, por sus ventajas impositivas y alta seguridad jurídica, permiten arrendar tierras para que un tercero las administre. Otra modalidad es la del fondo de inversión agrícola, que moviliza capitales del sector financiero, llegando muchas veces a cotizar en bolsa de valores locales e internacionales.

Las empresas e instituciones identificadas con el modelo de agronegocios son muchas, aunque pueden clasificarse en tres grandes grupos: empresas de insumos y comercialización agropecuaria, grupos de siembra de escala nacional, y los pools locales. A esto deben sumarse el sistema financiero y el aparato ideológico que sostiene el paradigma (ver figura 2)

El primer grupo nuclea a aquellas empresas proveedoras de insumos y tecnología agropecuaria, con un claro componente multinacional. Estas empresas articulan redes extensas de servicios agropecuarios y actúan como grandes difusores del modelo en la medida que fijan un horizonte productivo guiado por la maximización de la producción e impulsan una agricultura insumo-intensiva. Encontramos en este grupo principalmente a semilleros, empresas de agroquímicos, empresas de maquinaria agrícola, comercializadoras de granos, etc.

El segundo grupo lo conforman empresas agroindustriales y grupos de siembra de alcance nacional o regional, que avanzaron rápidamente arrendando tierra y que se articulan localmente con acopios y contratistas para la concreción de ciclos productivos. Dichos actores articulan redes extensas y se encuentran apalancados financieramente por capitales bancarios, principalmente urbanos. Una característica de estas empresas es su carácter flexible y la rápida respuesta a las señales del mercado. Ejemplo de este tipo de grupos económicos son las empresas Los Grobo, Cresud, Adecoagro, Lartirigoyen, MSU, Olmedo y Liag y El Tejar. Un dato que da cuenta de su dimensión en el último periodo es que estas sociedades identificadas como personas jurídicas son el 11 % de las EAP y manejan el 39 % de la superficie en producción (CNA, 2018).

El tercer grupo responde al modelo asociativo llamado vulgarmente pooles que contiene formas menos institucionalizadas y de carácter local. Las modalidades son diversas, pero predominan formas como la asociación entre un ingeniero agrónomo, un contratista y un propietario donde cada uno aporta sus recursos y se reparten las ganancias de acuerdo al grado de participación de cada una de las partes. En esta modalidad la continuidad del negocio no se encuentra asegurada, estableciendo las pautas de trabajo e inversión en cada ciclo productivo.

El resultado más evidente de los procesos es la aparición en la estructura social agraria de una variada gama de nuevos actores que, sin tener que ver necesariamente con la producción objetiva, participan de la ruralidad en un sentido amplio (Sili, 2005).

El avance histórico de estos actores va generando nuevos ordenamientos territoriales que son el resultado de la yuxtaposición y coexistencia de modelos con modelos preexistentes (en muchos casos conflictivamente) dentro de un territorio delimitado. Parece interesante entonces entender este contexto a partir del concepto de pacto territorial (Albaladejo, 2017), entendido como un conjunto coherente y estable de arreglos institucionales, organizativos, tecnológicos y económicos, resultantes de una etapa histórica nacional particular y de las relaciones de poder que la caracterizan, que contribuyen a establecer modos particulares de relación entre la sociedad y el territorio. El concepto, proveniente de Milton Santos (2000), ha sido aplicado al caso particular de la actividad agropecuaria para caracterizar las formas de inserción territorial. La idea de pacto territorial puede ser entendida como un “bloque histórico”, un período particular en la articulación territorial de un modelo de agricultura predominante. Para que dicha hegemonía se valide socialmente, son necesarias mediaciones territoriales en diferentes esferas (económico-profesional, público y privada) que definen la inserción de la actividad en un territorio. La existencia de un modelo de agricultura predominante, sin embargo, actúa en coexistencia con otros sentidos asignados a la actividad agrícola, generando configuraciones locales singulares no exentas de tensiones.

Debate en torno a las consecuencias del despliegue de los agronegocios

Resulta interesante que, tanto en el ámbito académico como en la agenda de los medios de comunicación, el debate sobre el accionar de los agronegocios se encuentra lejos de estar saldado. Por el contrario, nos encontramos en una disputa de sentido sobre las transformaciones económicas, sociales y productivas que pone a las disciplinas sociales universitarias dentro de campo de disputa. La inclusión de estos temas en los diseños curriculares que forman profesionales y estudiantes y las posibilidades que brinda pensar esta temática como eje problematizador requieren y nos obligan a identificar las posturas y los intereses de promotores y detractores del modelo.

Una línea actual de estudios rurales señala que estas transformaciones en los procesos productivos pueden caracterizarse como un proceso de “modernización excluyente”, en cuanto no se constata un derrame en el conjunto social de la riqueza derivada de la producción agraria. Por el contrario, el desarrollo de nuevas formas de organización de la producción y la aparición de nuevos actores impulsa la salida de una parte significativa del excedente generado en los territorios y desplaza a los productores de menor escala. Una parte significativa de riqueza generada se desvía a la remisión de las utilidades y a flujos financieros fuera de la región que les dio origen. Este mecanismo pareciera reducir las posibilidades locales de absorber los ingresos generados por la actividad agraria, debilitando las interacciones del medio rural con las economías locales más cercanas. Los actores del agronegocio (nuevos o reconvertidos) imponen formas particulares de territorializarse, que resultan cada vez menos complementarias de las territorialidades preexistentes en el espacio rural.

En el extremo opuesto de estas interpretaciones, otro conjunto de autores esboza argumentaciones que sostienen que el agronegocio genera un “efecto potenciador de los territorios”. Bajo esta perspectiva autocomplaciente de los actores vinculados al modelo, la bonanza exhibida por el sector agropecuario es transferida directamente al bienestar del conjunto de los actores ligados al sector rural, y en posiciones extremas, al propio sostenimiento de la economía del país. Se presenta la modalidad de agronegocios como esencialmente positiva para el sector agropecuario y se hace hincapié en los beneficios derivados de la llegada de capitales extraagrarios. Se presenta como un modelo accesible a todas las escalas de productores y en la cual se propician alianzas productivas flexibles. Esta posición se encuentra apoyada y difundida por gran parte de la prensa escrita masiva y sectorial.

Los tipos sociales agrarios y la disputa por el territorio

La expansión de este modelo agropecuario implica un crecimiento de la producción de commodities oleaginosos y cerealeros, a partir de incorporar tecnología ahorradora de mano de obra y que adquiere eficiencia a partir del incremento de la escala, generando menor demanda efectiva de empleo inserto en el ámbito rural.

La incorporación tecnológica con el sistema de siembra directa aumenta el capital requerido y reduce drásticamente el número de labores y horas-hombre por superficie trabajada de tierra. Muchas de las tareas se trasladan hacia la gestión y el área de servicios. Este paso de la actividad del productor al ámbito de la gestión también implica otro tipo de calificaciones. La gestión de la producción tiene un claro componente urbano y se relaciona con el manejo de la actividad contable y la contratación de las labores.

Para responder a la nueva demanda, se consolida un conjunto de contratistas de labores asociados al nuevo modelo de producción, que deben ampliar y actualizar el parque de maquinarias para responder al incremento de los rindes y las escalas productivas. La contracara del modelo se refleja en el abandono de la producción, la venta o el arrendamiento de tierras (difusión del rentismo) por parte de los productores familiares con menor disponibilidad de capital.

En este sentido, todas las formas de vida rural preexistentes (agricultores familiares, campesinos, pueblos originarios, etc.) donde la mano de obra familiar resulta central en el esquema productivo aparecen presionadas por diferentes vías para abandonar la producción (sesión de tierras en alquiler en región pampeana, y desalojos y desmontes en el NOA y el NEA).

Esto resulta en un continuo proceso de cambio en las trayectorias de los pequeños y medianos productores de base familiar que o bien se desvinculan de la producción, o bien reconfiguran sus identidades y formas de gestión transformándose en empresarios rurales en casos eventuales para la zona pampeana (Gras y Hernández, 2009).

Para dar cuenta de las relaciones que esta aparición de actores y cambio de trayectoria suponen, es necesario remitirnos a los conceptos de territorio y territorialidad. En el análisis de la geografía crítica, entendemos al territorio como la expresión de las relaciones de poder y sentido que le asignan a un espacio socialmente construido los diferentes actores. Bajo esta mirada el territorio aparece como único, pero es construido por múltiples territorialidades que, movidas por racionalidades diferentes, poseen una lógica que expresa la distribución asimétrica del poder dentro de una estructura social desequilibrada. Este desequilibro viene dado por las desiguales composiciones de capital global que poseen los actores. Cada una de estas especies de capitales se relaciona con las dotaciones de conocimientos, de relaciones sociales y de condiciones materiales de existencia que poseen los actores en diversos grados, en correspondencia con su posición en una estructura social de clases determinada.

La territorialización de los actores “es un proceso de dominio (político-económico) y/o de apropiación (simbólico-cultural) del espacio por los grupos humanos” (Haesbaert, 2010). Son el conjunto de prácticas mediante las cuales un actor fija en el espacio un conjunto de relaciones sociales que lo favorecen. Por tanto, para comprender cómo se construye un territorio, lo que interesa saber es cuáles son los dispositivos que los actores utilizan para afianzar su poder y legitimarse.

A su vez, la forma en la que impulsan las territorialidades remite “al sistema de acciones, a los contextos, normas, regulaciones y representaciones en los que se concretan las intencionalidades de los actores” (Blanco, 2009), marcados fuertemente por una ideología. Estas lógicas territoriales en algunos casos pueden resultar complementarias entre diferentes actores o grupo de actores, y en tal caso se retroalimentan generando una dependencia endógena entre quienes comparten un territorio. Esta situación no excluye la presencia de relaciones asimétricas de poder, pero las sostiene en un grado de tolerancia o conveniencia por parte de los grupos involucrados.

Ahora bien, pueden existir (y de hecho existen) lógicas territoriales que resultan incompatibles y ponen en tensión el territorio. Estas emergen como formas disímiles de valorar y apropiar un espacio. En tal caso, la consolidación en un territorio de un determinado actor social implica la necesaria marginación, desplazamiento o supresión de otros actores. Es entonces cuando podemos referirnos a procesos de exclusión territorial.

Como venimos analizando, el mencionado modelo de agronegocios se encuadra fuertemente en los postulados de la “sociedad del conocimiento” y busca articular los diferentes eslabones productivos, que van desde la provisión de insumos hasta la comercialización final en forma de redes cada vez más integradas y dinámicas. Bajo este modelo productivo, los actores integrados al modelo aparecen expresándose en el territorio como un actor-red, que ejerce una multiterritorialidad que le permite operar simultáneamente y en tiempo real en varios espacios a la vez. Esto le otorga una serie de ventajas respecto del resto de los actores (con menor disponibilidad de acceso al capital y a circuitos técnico-económicos) que quedan con movilidad reducida o directamente inmovilizados en el territorio.

Para el caso argentino, el fenómeno de la exclusión territorial se expresa al menos de dos formas. Para el caso pampeano, los mecanismos bajo los cuales el sector de la agricultura familiar pierde terreno se da principalmente por la vía del mercado. La demanda de capital que se requiere para acoplarse al nuevo contexto lleva a que muchos productores abandonen la producción pasando a convertirse en rentistas de pequeña escala (ya no poseen el capital circulante necesario ni las maquinarias y pasan a ser un actor pasivo que recibe beneficios de la producción de terceros). Esto deviene en una salida lenta pero constante de productores familiares.

Para el caso de NOA y NEA, el proceso de exclusión territorial adquiere forma de conflicto abierto con las territorialidades preexistentes (campesinado, pueblos originarios, etc.), que se ven forzados a abandonar la tierra en la medida que este modelo productivo requiere del avance de la frontera agropecuaria que incluye desmontes y desalojos de la población residente.

La investigación situada: el territorio de Nicanor Olivera (La Dulce)

El territorio donde se llevó a cabo la investigación es un pueblo rural pampeano localizado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Nicanor Olivera – Est. La Dulce. Es un poblado que se encuentra ubicado a 56 km al noroeste de la ciudad de Necochea en el partido homónimo. La ruta que comunica la ciudad cabecera y el pueblo se encuentra pavimentada en su totalidad, 48 km por RP n.º 86 en dirección a Benito Juárez, y 8 km por RP n.º 85 de acceso, que continúa en dirección a San Cayetano (Fig. 3).

El criterio de selección de la localidad obedece a tratar de investigar unidades de población asociadas claramente a las dinámicas del sector agropecuario.

No operan en este perfil de pueblos fenómenos tales como movimientos pendulares de pueblo dormitorio, desarrollo turístico de ningún tipo, presencia de industrias grandes que dinamizan el mercado laboral (de hecho, no existe ninguna fábrica, solo talleres de arreglos de maquinarias o mecánicos y comercios pequeños de variados rubros). Se trata de un pueblo rural pampeano fundado en torno a una estación de tren, y que conoció su desarrollo máximo entre las décadas del 20 y 70, de la mano del sostenimiento y la capitalización del “mundo chacarero” (Balsa, 2006) que le daba vida y dinamismo.

Figura 3. Necochea y ubicación de Nicanor Olivera – La Dulce

Fuente: Atlas Total Clarín de la República Argentina (2008).

La definición del territorio desde el punto de vista geográfico se encuentra delimitada por el ejido urbano de los pueblos y sus tierras adyacentes, que presentan espacios diferenciados; el periurbano del pueblo; los parajes rurales; y el campo dedicado a las actividades productivas intensivas y extensivas.

Figura 4. Imagen satelital Nicanor Olivera – La Dulce

Fuente: Google Maps. Captura de pantalla realizada en junio de 2019.

En la zona de estudio, se desarrollan producciones diversificadas tanto por la escala como por las modalidades de organización. Entre las producciones extensivas, se destaca la agrícola (cereales, oleaginosas, forrajeras en cinco cultivos principales) y las actividades pecuarias (bovinos de carne y leche principalmente, y ovina, porcina y lanar en menor medida).

La localidad presenta un ejido urbano dividido por las vías e instalaciones del ferrocarril (actualmente fuera de funcionamiento). Presenta una planta original regular formada por un plano de ocho manzanas de lado al sur de las vías, y suman en total 64 manzanas urbanizadas. La zona cercana a la ruta 85 se encuentra más densamente poblada (Fig. 4).

Historia socioproductiva de La Dulce, del mundo chacarero a los nuevos actores

El territorio es un producto de la apropiación histórica del espacio, resultado de procesos sociales, económicos, políticos y culturales, y en tal sentido intentar comprender fenómenos actuales nos obliga a indagar en la producción historiográfica disponible. Por tratarse de un pueblo pequeño y relativamente joven, se dispone de escasa producción histórica local, lo que llevó a reconstruir los procesos a partir de datos, documentos y narraciones de los actores.

El partido de Necochea fue creado en el año 1865 por las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Se lotearon nuevas tierras, y acudieron nuevos vecinos y colonos. La llegada del ferrocarril, hacia 1892, como una extensión del Ferrocarril Sud, dio origen a nuevos pueblos en su trazado e impulsó el desarrollo de Necochea. La consolidación de operaciones comerciales a orillas del río Quequén y la posterior construcción del puerto cerealero, a principios del siglo xx, generaron dinamismo a la zona.

En el periodo inmediatamente posterior a la Independencia, la frontera sur de la provincia de Buenos Aires era una zona de avance terrateniente y considerada inestable a partir de las permanentes incursiones de pueblos originarios en los denominados “malones”. En el contexto de avance y consolidación de la frontera al sur del río Salado, a partir de la década de 1820-1830, comenzaron a llegar los primeros estancieros ganaderos que se establecieron en la región aledaña al río Quequén Grande. Entre ellos Nicanor Olivera, que obtuvo enormes extensiones mediante el proceso de enfiteusis de Rivadavia.

Nicanor Olivera (hermano de Eduardo Olivera, fundador de la Sociedad Rural Argentina) llegó a esta zona en 1862 junto con su familia, y estableció una estancia denominada Malal Tuel (“cerco de piedra” en lengua mapudungún). Dicha denominación se corresponde con la presencia en estos campos de barrancas que formaban cercos naturales que permitían encerrar animales con facilidad en ausencia de alambrados. Para la etapa inicial, se realizó el transporte de un rodeo de ganado vacuno destinado a la estancia recién fundada. En el lugar se construyó el casco de la estancia para albergar a su familia.

El proyecto de fundación del pueblo se relaciona con el avance del sector agropecuario y la puesta en producción de tierras a partir del impulso generado por el “modelo agroexportador” de finales de xix y comienzos del xx. Este modelo de baja densidad poblacional demandó en determinado momento la creación de nuevos poblados (generalmente asociados al tendido ferroviario) que actuasen como centros de aprovisionamiento y servicios para el mundo rural.

En 1907 se inauguró la estación ferroviaria La Dulce como parte de un ramal del Ferrocarril Sud que unía Tres Arroyos con Lobería. Dicho ramal se construyó por pedido de la familia Olivera sobre terrenos pertenecientes a los hermanos Domingo, Pablo y Adolfo Olivera. En honor a su padre, decidieron fraccionar una parte de las tierras de la estancia original para fundar un pueblo que bautizaron con el nombre del padre, Nicanor Olivera. El poder económico y la influencia en los círculos ganaderos de la época le permitieron a la familia Olivera direccionar la inversión ferroviaria y, como correlato, la puesta en valor de sus tierras. En el mismo sentido, surgieron las estaciones de Claraz, Ramón Santamarina, Juan N. Fernández, San José, Deferrari y La Negra. Algunas de estas luego consolidaron pueblos en su entorno, y en otros casos sobrevivieron hasta mediados del siglo xx como estaciones dependientes de grandes estancias de la zona. Desde el periodo fundacional, el pueblo comparte una doble identificación que resulta indistinta en la caracterización de los actores: La Dulce (la estación del ferrocarril) – Nicanor Olivera (en referencia al pueblo).

Para comienzos de siglo xx, la familia Olivera ya se hallaba consolidada en la zona, y el campo original se encontraba dividido en tres partes entre los herederos de Nicanor. En ese contexto, los herederos decidieron fundar un pueblo cercano a la estación ferroviaria sobre sus tierras. Generaron suelo urbanizable, y al mismo tiempo lotearon parte de sus tierras para la producción cercana. Dicha acción generó múltiples beneficios; por un lado, permitía valorizar las tierras, con salida directa al puerto y, a la vez, obtener ganancias del negocio inmobiliario por la venta de campos y lotes. Otro beneficio asociado al negocio era la posibilidad de disponer en la zona de futuros arrendatarios para sus propios campos por la llegada de población inmigrante.

El 12 de abril de 1908, se produjo la fundación del pueblo de La Dulce y el loteo de tierras adyacentes. Este loteo es el hito fundante del periodo chacarero o lo que Albaladejo denomina “pacto territorial agrario”. Se creó el pueblo y se consolidaron desde este momento un grupo nutrido de pequeñas y medianas explotaciones en su entorno inmediato. El crecimiento del pueblo ocurrió con base en la capitalización de productores familiares que comenzaron a tener doble residencia en el campo y en el pueblo. Es el momento del acceso a la tierra, primero bajo la figura de arrendatario, luego el acceso paulatino a la propiedad y en algunos casos la mecanización de los agricultores devenidos en contratistas.

Cabe mencionar como particularidad histórica el fuerte arraigo de la comunidad danesa en la localidad. Estos inmigrantes llegados a la zona a comienzos del siglo xx se encontraban en gran número, y traccionaron logros en la localidad, entre los que se pueden enumerar la fundación de las dos cooperativas ligadas al sector agropecuario que posee el pueblo, Cooperativa de Seguros de Granizos La Dulce Ltda. (1922) y Cooperativa Agropecuaria La Segunda Ltda. (1948), y la participación activa en asociaciones, clubes y sociedades de fomento. Todavía, en la actualidad, una parte de las familias reconocen sus orígenes en esta comunidad. A decir de un miembro de la comunidad, forman parte activa del pueblo como una “minoría visible”.

En paralelo a la puesta en valor de los campos, el pueblo conoció tempranamente un despliegue de infraestructuras y empresas de servicios que permitieron consolidar población en la localidad. Como ejemplo de ello, se instaló el criadero Buck (1930) como un emprendimiento familiar de inmigrantes alemanes, que llegaría a ser emblema de la producción de semillas híbridas con sus cultivares a nivel nacional.

Repasando brevemente la historia de la estructura social agraria regional, aparece claramente un periodo comprendido entre 1909 y 1947, donde existió un crecimiento importante del número total de explotaciones agropecuarias en el partido, que replica un fenómeno similar a la región pampeana. El mayor crecimiento en el periodo se dio en las explotaciones pequeñas sobre la base del arrendamiento. El componente principal de los nuevos productores era la mano de obra extranjera recién arribada al país. En el censo de 1937, figuran en el partido 1.390 arrendatarios, el 77,7 % de 1.787 explotaciones agropecuarias. La particularidad es que 579 (41,5 %) tenían entre 1 y 5 años de residencia en el campo que ocupaban, en tanto que 476 (34,2 %) presentaban una residencia de entre 5 y 15 años. Ambos datos denotan un acceso a la tierra precario y signado por la movilidad entre campos.

El segundo periodo en que comenzó una transformación profunda fue entre 1947 y 1967, cuando la actividad agropecuaria se caracterizó por una intervención estatal fuerte en el mercado de suelos. Eso permitió una sustancial transformación en la tenencia de la tierra, donde se transitó del predominio de unidades de producción en arriendo a explotaciones en propiedad.

Las políticas de colonización agrícola iniciadas por el primer gobierno peronista (Ley de Colonización n.º 5.286 y la creación del Ministerio de Asuntos Agrarios) en el sudeste bonaerense significaron la aparición de una cantidad considerable de colonias (en Balcarce, Necochea y Gral. Pueyrredón). En el periodo considerado, se crearon solo en la provincia de Buenos Aires colonias en una extensión de 630.000 hectáreas. Iconos del proceso, en el partido de Necochea, son la formación de las colonias agrícolas Calangueyú (en 1946 sobre un total de 13.869 ha, formando 52 nuevas explotaciones) y Del Carmen (en 1966 sobre un total de 3.800 ha, formando 22 nuevas explotaciones). En ambos casos, la formación de colonias cercanas a La Dulce permitió el acceso a pequeños y medianos propietarios en unidades de entre 150 y 400 hectáreas.

Otra política importante a considerar fue la Ley n.º 13.240 del año 1948, que establecía la extensión de los contratos por arrendamiento y los sucesivos congelamientos en los cánones de estos. Este congelamiento de contratos afectó el régimen de tenencia de la tierra en el mediano plazo. Por un lado, el congelamiento de cánones dio estabilidad a los arrendatarios, que, con sucesivas prolongaciones de la ley original, sostuvieron su condición hasta la Ley Raggio de 1969. Por otra parte, la situación de inmovilización del capital agrario, y lo irrisorios que se volvieron los cánones pasadas tres décadas, presentó una situación favorable para la negociación entre algunos propietarios y arrendatarios que llegaron a acuerdos para la adquisición de las parcelas consolidando el estrato de productores medios. En el censo de 1947, de un total de 1797 EAP en el partido de Necochea, solo 339 (19 %) se encontraban bajo el régimen de propiedad. Un total de 1.267 explotaciones (70,5 %) fueron llevadas adelante por arrendatarios que pagaban dinero mayoritariamente (71 %). Una porción menor (5,4 %) combinaba propiedad con arrendamiento o mediería.

En conjunto, la política de colonización y la defensa de las condiciones de los contratos de arrendamiento significaron en el periodo un proceso de desconcentración amplio de la propiedad de la tierra. Según datos de la FAA, entre 1933 y 1973, 95.000 chacareros se convirtieron en propietarios. El partido de Necochea no escapó a dicha tendencia.

De esta manera se consolidó el lugar de los productores familiares, devenidos en propietarios de sus campos. Buena parte de ellos también lograron capitalizarse en maquinarias durante el periodo combinando el trabajo en sus chacras con el trabajo como contratistas en campos de terceros. Un dato que confirma la tendencia de acceso a la propiedad proviene del CNA 1960, donde la tierra en propiedad dentro del partido de Necochea representaba ya el 69,6 %, y el arrendamiento, solo el 23,3 %.

En este periodo el transporte de mercancías y personas se realizaba casi exclusivamente por medio del ferrocarril hasta el puerto de Quequén y Buenos Aires. El desmantelamiento de la red ferroviaria comenzó tempranamente en la localidad cuando cerró en 1978 definitivamente la estación La Dulce. Hasta esa fecha, el servicio ferroviario brindaba tres servicios semanales. Luego de esa fecha, quedaron inhabilitadas las dependencias ferroviarias, pues dejaron de circular trenes de carga y para pasajeros.

A partir de la década del 70, se generó un nuevo contexto (marcado por la apertura económica del país sobre todo desde 1976), y la situación del sector chacarero se tornó compleja. La pérdida de productores familiares de pequeña escala se asocia a la competencia entre los márgenes de rentabilidad de las producciones y los cambios tecnológicos, lo que generó un aumento del valor de los arrendamientos y de la tierra en general, haciendo necesario el incremento de la escala y las dotaciones de capital utilizadas.

Los cambios productivos recientes y la llegada de nuevos actores

El fin del periodo chacarero coincidió con una serie de crisis de carácter nacional e internacional. Ya desde comienzos de la década del 80 y hasta los 2000, se acentuaba un proceso de transformación del pueblo y un estancamiento de la población residente.

Basta con dar una mirada a los datos proporcionados por los CNA 1988, 2002 y parcialmente los de 2018 para observar algunas de las transformaciones de la estructura agraria en la Argentina. El 21 % de las EAP desaparecieron en el período intercensal 1988-2002, mientras que la superficie promedio de las EAP aumentó un 23,3 % en el partido. En 50 años se redujo a un tercio de las EAP en el partido, duplicando la superficie promedio.

En el relato de algunos de los entrevistados, comenzaba a verse claramente en el pueblo la diferenciación social entre aquellos productores que lograron integrarse de manera exitosa al modelo y aquellos que no.

Los procesos descriptos modificaron la estructura agraria regional. Esta evolución guiada por el mercado (que no se produce sin conflicto) provocó una diferenciación de productores con distintas estrategias y capacidades técnicas y económicas (Mateos y Capezio, 2006). Por ello, en términos económico-productivos, se asistía a una elevación de la competitividad sectorial, que al mismo tiempo resultaba en una profundización de la concentración. Operaba en paralelo una pérdida progresiva de saberes y autonomía productiva de la mano de la incorporación del “paquete tecnológico” asociado al cultivo de soja. Como consecuencia de ello, el productor perdió “capacidad de decisión, diluyéndose en el marco de estrategias globales de acumulación capitalista” (Gutman, 1991).

El partido de Necochea no quedó exento a las transformaciones estructurales. Las EAP se redujeron considerablemente, siendo las más afectadas las de menor tamaño. Las explotaciones menores a 200 ha se redujeron en un 35 % en el período intercensal 1988-2002.

Al mismo tiempo, como señalábamos, el proceso de agriculturización implicó la explosiva expansión del cultivo de soja. Los datos para el partido de Necochea resultan significativos: en 1990 se cultivaban un total de 7500 ha de soja, para la campaña 2002/2003 unas 23.000 ha y en la campaña 2015/16 207.000 has.

En este sentido, Necochea ha acompañado el proceso llamado “sojización”, sobre todo a partir de 2003. Este proceso generó una simplificación de los sistemas productivos, y una mayor especialización en muy pocos cultivos, lo que conlleva un mayor riesgo para el productor, no visualizado en periodo de buenos precios internacionales.

Un rasgo que destacar en este contexto ha sido el incremento de la superficie puesta en producción. Para el año 1990, en el partido se sembraban cerca de 245.000 hectáreas, y en la campaña 2016-2017, 400.500 ha (con un pico de 472.550 ha en la campaña 2012-2013).

La especialización en doble cultivo soja-trigo resultó importante, encontrándose en todas las campañas entre 60 % y 70 % de la producción. Evidencia de esta concentración es el hecho de que los cinco principales cultivos suman actualmente más del 95 % de la superficie trabajada y de la producción total de granos. Los incrementos en el área sembrada y en los rendimientos son significativos en todos los cultivos, pasando la producción total cercana a 600.000 toneladas en 1990 a 1.650.000 toneladas en 2011-2012. En el mismo periodo, mientras que la superficie cosechada se incrementó 2,1 veces, la producción lo hizo en 3,2 veces.

Son varias las razones que explican la fuerte expansión ocurrida en los últimos años. Tal vez lo más significativo es el proceso de tecnificación mecánica (en particular, con la introducción de la siembra directa), y la incorporación de innovaciones químicas (fertilizantes, herbicidas, etc.) y biológicas (híbridos y transgénicos), que incrementaron el uso de insumos a la vez que permitieron incrementos de la productividad. A ello debe sumarse un importante aumento del precio de los commodities durante el periodo 2002-2011, que traccionaron en la región la llegada de empresas agropecuarias de siembra, llamados localmente pools, interesadas en el alquiler de campos.

En el partido de Necochea, en las últimas dos décadas, la producción ganadera se ha visto continuamente desplazada por parte de la producción de oleaginosas y cereales, como de parte un proceso de agriculturización. Tradicionalmente, los sistemas productivos eran mixtos con presencia de ganadero bovino con alimentación pastoril. Para sostenerse en la actividad, los productores ganaderos han debido realizar esquemas más complejos, con incrementos importantes en los niveles de suplementación (con concentrados y forrajes conservados) e incluso incorporando la alimentación en confinamiento dentro del mismo sistema (feed lot). La aparición del engorde a corral se ha practicado en algunos periodos de bajos precios de los granos y por una demanda interna que privilegia el consumo de animales jóvenes, para lo cual el sistema de engorde intensivo resulta conveniente económicamente. De todos modos, este proceso de intensificación productiva no fue suficiente, y la pérdida de existencias ganaderas ha sido creciente durante los últimos 15 años.

En cuanto a la tenencia de la tierra, para 2002 la mayor parte de la producción se mantenía bajo la figura de propiedad, aunque en franco retroceso respecto de 1988. Le seguían en orden de importancia los arrendamientos y contratos accidentales (sumaban 35,2 %), ambos en crecimiento. El conjunto de entrevistas realizadas nos permite afirmar que este proceso se consolidó, sobre todo en relación con la figura de contrato accidental (mayormente usada por los grandes grupos o pools de siembra).

En síntesis, el proceso de “agriculturización” en el sudeste describe el desplazamiento de otras actividades (ganadera) y producciones (trigo y girasol principalmente). Por otra parte, el crecimiento de la superficie agrícola sembrada se produce por un crecimiento constante de la soja en detrimento del trigo y girasol. Este proceso no solo fue encarado por actores locales, sino que aparecieron en el periodo 2002-2011 actores identificados con el modelo de agronegocios.

Esto dio continuidad al proceso de pérdida del estrato más pequeño de productores, que ya se hacía evidente en el CNA 2002. En el periodo 2002-2016, un nuevo aumento de la competencia derivó en una mayor concentración productiva y la salida creciente de productores.

Para finalizar este apartado histórico-productivo, resulta relevante considerar los periodos mencionados a partir de una línea histórica (Fig. 5).

Las empresas de agronegocios en el territorio estudiado: de los “grandes pools” a las articulaciones locales

De acuerdo con De Jong (2001), el proceso histórico y dialéctico de construcción de espacio impone “rugosidades”, dado que “la acumulación de capital fijo sobre el espacio es el resultado de una construcción social que solo puede ser explicada por los procesos sociales que le dieron y están dando lugar”. La especialización productiva de los actores que habitan un territorio bajo determinadas relaciones sociales de producción forja con el tiempo una particular división territorial del trabajo. En ese sentido, como aporta De Martinelli (2008),

se ha puesto en evidencia la relación entre ciertos procesos (productivos, macroeconómicos, políticos y sociales) y el surgimiento de nuevos actores sociales en el espacio agrario pampeano. Estos procesos intervienen en la configuración de las posiciones relativas de los actores. El desarrollo del capitalismo en el agro pampeano implica, entonces, la aparición de nuevos actores, la modificación y reconversión de otros ya establecidos.

El modelo de agronegocios analizado anteriormente está en nuestro país mayormente asociado a la producción de commodities agropecuarios de clima templado. En tal sentido, la producción de cereales y oleaginosas bajo el nuevo esquema productivo fue impulsada primariamente en la zona núcleo pampeano, dadas las características agroecológicas e históricas favorables para dicha producción. Los primeros cambios en las formas de organización de la producción pueden visualizarse en esta zona desde finales de los 80 y principalmente desde mediados de la década del 90^[5].

El área de estudio de esta investigación coincide con la expansión geográfica de este modelo en una subregión donde su llegada es relativamente reciente (2002 en la posconvertibilidad)^[6].

Es preciso clarificar que las empresas identificadas con el modelo de agronegocios en el territorio pueden clasificarse en dos grandes grupos: los capitales externos y los pools locales.

El primer grupo lo conforman empresas agroindustriales y grupos de siembra de alcance nacional o regional que avanzaron rápidamente arrendando tierra y que se articulan localmente con acopios y contratistas para la concreción de ciclos productivos. Dichos actores articulan redes extensas y se encuentran apalancados financieramente por capitales bancarios, principalmente urbanos. Características de estas empresas son su carácter flexible y la rápida respuesta a las señales del mercado.

La campaña 2002-2003 aparece como el punto de partida en la zona de grandes grupos como El Tejar, CRESUD, Los Grobo o Agro Salado. La mayoría de los entrevistados afirma que tuvieron un auge hasta 2009, cuando fueron afectados por la sequía.

En el caso de Los Grobo, su llegada al territorio se dio a través de una alianza estratégica con la firma UPJ (Usandizaga, Perrone y Juliarena) con sede en Tandil, en un caso, y con la agronomía La Dulce, en otro. En el caso de UPJ, es una empresa emblemática en la zona que comenzó su alianza en 2003 y se formalizó como parte del Grupo Los Grobo desde 2007^[7].

El segundo grupo responde a un modelo asociativo entre actores locales que conforman esquemas menos institucionalizados. Las formas en las que articulan el negocio son diversas, pero predominan formas como la asociación entre un ingeniero agrónomo, un contratista y un propietario.

La interacción entre los actores del pueblo y los llamados “agronegocios externos” tuvo dos etapas. La primera de ellas fue entre 2002 y 2009, marcada por la llegada al territorio de grandes empresas^[8]. La modalidad elegida fue a partir de ingenieros agrónomos contratados que llegaban a la zona ofreciendo alquileres altos y articulando con una red local de contratistas para el desarrollo de los trabajos, algunos de los cuales formaron equipos de trabajo estables. El año 2009 es un punto importante de quiebre en esta tendencia, dado que estos grupos externos realizaron alquileres arriesgados (pagando precios de arrendamientos altos) en una campaña que terminó en sequía con enormes pérdidas. En principio, podemos afirmar que, a partir de allí, los grandes grupos no desaparecen del territorio, pero se limitan a operar en grandes campos y con relaciones consolidadas de acceso a la tierra.

La segunda etapa apareció entre 2009 y 2016, momento en que las empresas externas comenzaron a reestructurarse. En su lugar, emergieron fuertemente modalidades de articulación local que, en muchos casos, adoptaron formatos de gestión similares. Como afirma Bertello en su artículo del diario La Nación, después de 2009, “el modelo de los grandes pools sobre tierras alquiladas quedó averiado con la sequía. Su lugar lo ocupan nuevos actores dispuestos a tomar la posta del riesgo de sembrar en campos ajenos, pero con redes de contención local”. Tal es el caso de la “siembra asociada” llevada adelante por las agronomías en Nicanor Olivera^[9].

Resulta interesante el vínculo entre los actores locales y externos que encarnan esta nueva forma de organizar la producción. En el discurso de los actores locales integrados al modelo, se suele identificar a los actores externos como quienes marcan la pauta del “saber hacer”, siendo quienes impulsan un proceso de creciente racionalización de la producción, que tiene como objetivo central la maximización de las ganancias y el uso eficiente de los factores de la producción. En ese sentido, los actores locales identifican que la llegada de grandes grupos a la zona fijó un “piso para la producción”.

Trayectorias y estrategias de los actores locales en el nuevo contexto

La adopción del modelo de agronegocios, tanto por parte de actores externos como locales, trajo aparejados cambios profundos en la estructura del trabajo agropecuario, y con ello repercusiones en toda la vida social del pueblo.

A continuación, se realiza una caracterización agrupando conjuntos de actores en función del lugar que ocupan en el entramado socioproductivo y de su trayectoria en el periodo estudiado. Agrupar actores posee siempre una carga de subjetividad, pero resulta necesario metodológicamente en la medida que el análisis de las entrevistas denota características que permiten asociar conductas y describir procesos comunes. El desarrollo del trabajo de campo en diferentes momentos, que van desde 2010 hasta mediados de 2016, permite observar una temporalidad de los actores e identificar elementos de su lógica territorial de acción.

Podemos afirmar que se establece en el periodo estudiado una rearticulación de naturaleza dinámica entre los actores, por el grado de capital y conocimiento movilizado y por las posibilidades de integrarse a un modelo en contexto de cambio. De esta forma, se identifican tres tipos de actores en su vinculación al modelo mencionado.

Un grupo lo conforman los actores que quedan asociados directamente al modelo de agronegocios y se integran de manera central (empresas proveedoras de insumos, acopios, grandes productores, pools de siembra locales o externos, etc.) o periférica (rentistas, contratistas capitalizados, transportistas y trabajadores rurales calificados).

Ahora bien, esta alianza no integra a un conjunto nutrido de actores de la localidad, los cuales no encuentran lugar en el nuevo modelo de producción, marcado por la concentración y demandante de una menor cantidad de mano de obra de origen local. Estos conforman un segundo grupo, se trata de actores que siguen con una lógica de arraigo local. Lo constituyen algunas empresas emblemáticas, productores chacareros, contratistas descapitalizados y trabajadores rurales informales.

En tercer lugar, aparece un actor central en el pueblo que, por combinar una importancia estratégica en lo económico y un arraigo local, logra articular (no sin contradicciones) el rol de coordinación entre los procesos de desarrollo. En este caso se trata de la Cooperativa de Seguros de Granizo y su fundación cultural^[10].

La cooperativa inició sus actividades a comienzo del siglo xx generando seguros en escala regional para prevenir eventualidades climáticas. En las últimas décadas, inició una expansión hacia otras zonas del país brindando servicios de seguros de granizo y seguros generales en menor medida. Paralelamente, llevó adelante la creación de la Fundación Cultural, que es un hito en la historia de la institución. La particularidad de esta institución cooperativa es que, a pesar de su expansión, siempre conservó anclaje local en La Dulce, convirtiéndose en una organización de referencia.

En los últimos años, la Cooperativa La Dulce de Seguros de Granizo produjo mucha visibilidad territorial a través de su fundación cultural. Esta fundación hace de intermediador (canalizando fondos) entre un conjunto de actores que representan el sector productivo y los miembros de la comunidad. Los pobladores son beneficiarios de las políticas de desarrollo de la cooperativa, pero no son consultados respecto de ellas en la mayoría de los casos. Esto se evidencia en el carácter direccionado de la Cooperativa La Dulce en el manejo de los fondos. Así se financian obras de alto impacto y gran visibilidad (instalación de internet en el pueblo, construcción de un gimnasio para la comunidad, instalación de cámaras de seguridad en las calles más transitadas, financiamiento de obras teatrales, festivales, congresos, etc.). En la planificación y puesta en marcha de estas obras, no es consultada la comunidad, actuando la fundación en términos de un “Estado Municipal privado y no representativo” ante la mirada cómplice de un Estado municipal ausente.

La tierra: factor de producción o elemento de arraigo (de productores a rentistas)

Un aspecto a considerar en el análisis de la estructura agraria regional es el precio de la tierra y sus variaciones. A partir de la salida de la convertibilidad y la consecuente devaluación de la moneda en el año 2002, se produjo un fuerte proceso de incrementos en los precios de la tierra. Esto se debe por lo menos a dos factores concurrentes: por un lado, al incremento de los rindes en la zona (sobre todo en soja) a partir de la introducción de variedades de alto potencial en un contexto de precios favorables; por el otro, a la demanda traccionada por capitales extraagrarios que se vuelcan a la compra o el alquiler de tierra, ya sea en carácter especulativo o por carecer de mejores opciones de inversión. Así, el incremento de los precios tiene una base objetiva (rindes y precios internacionales) y un apalancamiento externo derivado de la trasferencia de capitales desde otros sectores de la economía hacia el sector agropecuario que formula expectativas de crecimiento en el mediano plazo.

El periodo que comienza en 2002 presenta incremento en la producción y un intenso proceso de apreciación de la tierra. En ese contexto, parte de los agricultores familiares salieron de actividad vía venta o por cesión (en muchos casos etapa previa a la venta), apareciendo como fenómeno el rentismo de pequeña escala.

El rentismo en pequeña escala es –según los voceros del agronegocio– la explicación de una distribución equitativa de la renta. Lo que no aparece mencionado es que, en el relato de los entrevistados, la continuidad en la posesión de la tierra en la modalidad rentista tiende a desaparecer en la segunda o tercera generación de herederos, en la medida que los actores se distancian de la producción efectiva. La primera generación de productores que abandona la producción y pasa a alquilar sus campos todavía da importancia a la tenencia patrimonial y posee con la tierra un vínculo emocional. En la segunda o tercera generación, la relación con la tierra comienza a diluirse, y esta es vista como fuente de ingresos; ya no se visualizan posibilidades de retorno a la producción (al menos de manera directa).

Otra particularidad es la heterogeneidad en el tipo de arreglos que vinculan contratos de alquiler de campos con prestación de servicios. Es el caso de varios contratistas entrevistados, que dan en alquiler su campo de origen familiar y brindan los servicios como contratistas a quien alquila la propiedad. Ello evidencia el grado de descapitalización que le imposibilita tener capital circulante para poner en marcha la producción.

El precio de la tierra tuvo un ascenso notable en el periodo posconvertibilidad. Al analizar la información de las entrevistas a arrendatarios, contratistas y miembros de la cooperativa, se verifica una fuerte valorización de las tierras de la región, con incrementos que van desde los USD 1.500 en 2002-2003 hasta los USD 7.500 la hectárea en 2011-2012.

El aumento del rentismo agropecuario en la zona no se encuentra exclusivamente ligado a la figura del gran propietario de tierras, sino como consecuencia de la retracción de la figura del chacarero. El abandono de la producción y el traspaso al rentismo agropecuario continúan en la actualidad y aparecen en el discurso como un proceso irreversible.

Existe una fuerte competencia por el alquiler de campos. Pareciera identificarse dos circuitos relacionados con el arrendamiento. Uno está vinculado a la confianza y la proximidad, donde se privilegian las relaciones de vecindad. En este caso quien cede la tierra privilegia la continuidad en el vínculo que le permite además mantener un control sobre el uso que se da al bien patrimonial.

En el otro circuito, las relaciones que se establecen son de tipo mercantil y basadas en las oportunidades de mercado. En este caso la puja se encuentra centrada en cuál de los actores demandantes ofrece pagar mejor arrendamiento, privilegiando una mirada de corto plazo. Aparecen identificados como demandantes figuras que se identifican negativamente como los “de afuera”, que son grupos de siembra, pools y fondos de inversión. Estos presionan el alza de los precios de alquileres porque deben ser agresivos para desplazar relaciones establecidas.

Los rentistas, una vez abandonada la producción, describen trayectorias de vida diferentes. Algunos aparecen como empleados, otros sostienen negocios dentro del pueblo o en ciudades mayores. Hay quienes con ingresos mayores destinan parte del capital a la adquisición de inmuebles urbanos en las ciudades intermedias.

La relación con lo que se produce en su tierra y su cuidado es otro de los elementos que pueden diferenciar a los rentistas. Existen rentistas en el pueblo que solo se limitan a firmar contratos y se desligan de la gestión o el control. En este grupo se prefiere establecer contratos a monto fijo de quintales. Otros en cambio asumen riesgos firmando contratos que establecen partes fijas y partes móviles en relación con los rindes.

Las diferencias entre rentistas se presentan también en cuanto a la forma de selección de los inquilinos. Algunos simplemente alquilan los campos a quien ofrece mayores precios y mejores condiciones de pago (en efectivo y en quintales según la calidad de los campos). Otros privilegian la confianza como parámetro a la hora de seleccionar a quien alquilar, aun a condición de menores valores. Estos, por lo general, acuerdan calendarios de rotaciones en los cultivos que les aseguran condiciones de sustentabilidad de la tierra en el largo plazo.

La subdivisión a través de la herencia decanta en unidades de explotación muy pequeñas que en el modelo actual de producción resultan insostenibles como unidades económicas. Esta situación, de continuar, puede visualizarse como una etapa previa a la venta de las parcelas. Una solución intermedia (aunque de corto plazo) que no signifique desprenderse del bien de capital es el sostenimiento de sucesiones indivisas al interior de las familias.

De las entrevistas surge que en el pueblo habría alrededor de 200 familias que reciben ingresos provenientes de renta de la tierra. Aparece así una suerte de sector percibido como ocioso por el resto de la comunidad y por parte de los que arriesgan en la producción, el rentista es criticado de esta manera por su aversión al riesgo y su utilización inactiva del tiempo.

Después de 2009 algunas de las empresas o grupos de siembra que venían siendo agresivas en la toma de tierras retrocedieron y se quedaron con aquellos campos más convenientes (por su extensión). En paralelo, y sobre campos de escala media y pequeña, se consolidan perfiles territorializados de pools articulados en esquema de red. En todos los casos, lo que llegó para quedarse es el carácter flexible de la toma de tierras en alquiler, lo que supone una relación volátil en el vínculo entre el recurso natural y quien lo trabaja.

Representaciones de los actores de la comunidad sobre el fenómeno de los agronegocios

Las entrevistas analizadas permiten afirmar que aparece una clara división de las apreciaciones respecto al rol que cumplen los actores que encarnan el modelo de agronegocio en la localidad. En el análisis aparece la discusión sobre los efectos que tiene el avance de capitales especulativos volcados al sector agropecuario y las posibilidades de desarrollo de los territorios.

Entre los actores del agronegocio que se pueden identificar en Nicanor Olivera, se encuentran aquellos que claramente forman parte de empresas transnacionales o grandes empresas (Monsanto, Los Grobo, El Tejar, grandes empresas contratistas) que actúan multiterritorialmente. Estos son de llegada reciente y son visualizados como externos a la localidad. Son vistos como los portadores de una racionalidad que moviliza unos objetivos que no coinciden con los del desarrollo de la localidad. Las riquezas generadas localmente por estos se remiten a otros niveles, dejando muy poco en el territorio local. Actúan claramente como agentes desestructuradores del entramado social local, lo que se evidencia en la connotación negativa que poseen desde la óptica de gran parte de los actores.

Se encuentran también actores que, teniendo un origen local, se hallan articulados e integrados al modelo de agronegocios (principalmente acopios que pasaron a la producción asociada). Estos son actores para los cuales el modelo también funciona. Sin embargo, se encuentran en una relación de articulación-tensión permanente con los actores externos, principalmente por la competencia en cuanto al acceso a la tierra y al encarecimiento de los costos que los actores externos les ocasionan por el aumento de los alquileres de campos. Estos actores, si bien tienen un arraigo local, también suelen remitir parte de sus ganancias fuera del territorio, principalmente en la compra de inmuebles en ciudades de mayor tamaño. Solo en parte reinvierten las ganancias en el ámbito local, aunque claro, son los principales generadores de empleo. Estos actores aparecen como la forma socialmente aceptada del modelo de agronegocios, y realizan una suerte de traducción local y territorializada del modelo. Sobre ellos opera una contradicción que manejan de modo dispar.

Por un lado, son actores integrados a un modelo que tiende a buscar el aumento de la escala de la mano de un paquete de tecnologías ahorradoras de trabajo, lo que impacta de manera dispar en el mercado de trabajo local. Por otro lado, conviven diariamente en una comunidad que les impone códigos de convivencia entre los que aparece la valoración de su aporte al dinamismo económico. Esto aparece como un juego entre dos extremos estereotipados; el que “vive acá pero no deja nada”, y, en el otro extremo, aquellos actores que “hacen plata, pero aportan al crecimiento del pueblo”, aunque esto les signifique no poder integrarse de manera plena a un modelo de carácter expansivo y deslocalizado.

Por otra parte, varios actores, aun recibiendo algún beneficio de parte del modelo, poseen una posición subordinada. Es el caso de rentistas o contratistas de maquinarias. Los primeros describen en su mayoría las trayectorias de antiguos productores que debieron abandonar la producción por el incremento de la unidad económica rentable, pasando a alquilar el campo a sabiendas de no poder retornar en el futuro a la labor. En el caso de los contratistas, aparecen como un eslabón frágil de la cadena, dado que manejan grandes cantidades de capital en máquinas, pero sus márgenes de ganancia resultan cada vez menores con relación al capital que movilizan. También entraron en tensión con contratistas externos que poseen mayor parque de maquinarias y costos más bajos que tientan a los productores locales. En Nicanor Olivera son identificados con el nombre de “norteros”, dado que son caravanas de contratistas que provienen mayormente de Córdoba y Santa Fe.

Debe sumarse además la situación de distanciamiento respecto del trabajo en que se encuentra parte de los antiguos productores rurales, que, aun recibiendo ingresos provenientes del alquiler de sus propiedades, no encuentran necesidad de un anclaje local de su residencia. Los más afectados han sido los pequeños productores y los asalariados rurales que debieron transformar sus estrategias y calificaciones para adaptarse al nuevo contexto. Quienes no pudieron acoplarse a la nueva etapa de modernización debieron abandonar la producción y en muchos casos la localidad.

Propuesta interpretativa del sistema de acción

Para mejorar la comprensión del conjunto de transformaciones que se dieron en la localidad, se presenta un sociograma que intenta dar cuenta del sistema de acción local (figura 4)^[11]. Esta propuesta cualitativa de explicación privilegia observar los procesos de articulación entre los actores que conforman la comunidad de Nicanor Olivera – La Dulce y su entorno de producción agropecuaria. Los marcos dentro de la figura intentan agrupar al conjunto de actores e instituciones a partir del lugar que ocupan y los elementos de cohesión que comparten, en tanto que las flechas establecen qué tipo de vínculos se da entre actores (cooperación o tensión).

Cabe aclarar que la ausencia en el gráfico de algunas conexiones entre actores no significa necesariamente la falta de relación, sino que puede deberse a dos motivos centrales: 1) la falta de información relevada que permita establecer la forma e intensidad de esta, 2) que se privilegió en este análisis las conexiones referentes a la esfera económica-profesional de los actores, minimizando las referentes a otras esferas (políticas, sociales, culturales, educativas, etc.), con el fin de no entorpecer la comprensión de este.

Para el trabajo se diferenciaron actores como empresas, instituciones o particulares que tienen capacidad de incidir sobre lo que está en juego en el territorio. Asimismo, se graficaron las modalidades productivas que impulsan los actores del territorio.

Para graficar las interacciones, se recurrió a flechas de diversa intensidad. La clasificación fue la siguiente: las relaciones positivas estables (en flechas continuas) y las relaciones positivas esporádicas (en flechas discontinuas). La identificación de relaciones de tensión o conflicto se identificaron con recuadros particulares.

Para finalizar, se recurrió a englobar en conjuntos de acuerdo a diversos criterios lógicos de asociación: se incluyó a los que cohabitan el espacio social y productivo del pueblo rural, las instituciones estatales que tienen presencia local, los actores que en el modelo actual aparecen desplazados, los actores con lógicas externas o multiterritoriales. Por último, y en el centro del gráfico, se posicionó “lo que está en juego”, identificando aquellos actores o instituciones que promueven proyectos de desarrollo territorial local.

Cabe aclarar que, en el espacio social de los pueblos rurales, un conjunto significativo de actores locales construye su territorio con la necesidad implícita de articular con el resto del conjunto social del que forman parte. Entrañan así una forma particular de territorialidad inclusiva de las personas que habitan estas localidades, siendo el núcleo central de la sociabilidad local.

Los habitantes de los pueblos rurales por lo general exaltan en su discurso este tipo de territorialidad, en donde gran parte de las posibilidades de continuidad de sus residentes dependen de sostener este entramado social que comparten. Aparecen allí variadas formas de solidaridad y redes sociales más o menos institucionalizadas que permiten amalgamar las necesidades de sus habitantes. Este conjunto de actores fue identificado como modelo de arraigo, no por conformar un modelo propiamente dicho con un discurso articulado, sino por tener sus destinos en gran medida atados a la suerte de la localidad.

Es preciso en el contexto de transformaciones actuales diferenciar la copresencia de los individuos dentro de una comunidad con su articulación en las redes (económicas, sociales, comunitarias, etc.) que hacen a la vida social. En el modelo tradicional de ruralidad, la presencia en el territorio estaba directamente asociada a la participación en las diferentes esferas de la vida pública. Hoy resulta preciso diferenciar entre los distintos tipos de ruralidad (Sili, 2005), dado que estas nos hablan de las lógicas de acción que mueven a los actores en el territorio.

Un conjunto de actores específicos integrados al modelo de agronegocios se encuentran interrelacionados de forma positiva. Estos actores desarrollan unas prácticas y un discurso que los hace presentarse como un grupo social relevante que intenta imponer una racionalidad a la totalidad del sistema. Entre ellos se puede diferenciar a los que claramente forman parte de empresas transnacionales o grandes empresas locales (Monsanto, grandes empresas de siembra), que actúan multiterritorialmente y para los cuales el modelo productivo funciona. Las riquezas generadas localmente por estos actores se remiten a otros niveles, dejando muy poco en el territorio local. Actúan sin duda como agentes desestructuradores del entramado social local, lo que se evidencia en la connotación negativa que poseen desde la óptica de parte de los actores locales.

Por otro lado, se encuentran los actores que, teniendo un origen local, están articulados e integrados al modelo de agronegocios (Hansen Cereales, Ducca Cereales, Agronomía La Dulce, productores capitalizados, etc.). Estos aparecen como la forma socialmente aceptada del modelo de agronegocios, y realizan una suerte de traducción local del modelo, que, sin embargo, no se encuentra exenta de tensiones. Sobre ellos opera una contradicción que manejan de modo dispar. Por un lado, son actores integrados a un modelo que tiende a buscar el aumento de la escala de la mano de un paquete de tecnologías ahorradoras de trabajo, lo que impacta de manera negativa en el mercado de trabajo local, pero, por otro lado, conviven diariamente en una comunidad que les impone códigos de convivencia entre los que aparecen la valoración de su aporte al dinamismo económico.

Sin embargo, y más allá de las tensiones entre ambos tipos de actores (externos y locales), en su conjunto presentan una convergencia en torno al rumbo del modelo y a los beneficios que este presupone. En ambos casos dan al avance de la siembra directa y la soja un carácter de inevitabilidad. Los productores “de punta” aparecen como traductores locales de esta modalidad, y los grandes motores de la convergencia dentro del grupo social al que pertenecen. En ambos casos asumen una articulación de discurso que construye sentido en torno a la idea de irreversibilidad de los cambios operados. Esto pareciera tender a generar desde los sectores que dominan e imponen el modelo de desarrollo un efecto que tiende a legitimar el esquema socioproductivo, claramente marcado por la asimetría del poder.

Este conjunto de actores consigue posicionarse de manera de mantenerse con capacidad de decidir sobre “lo que está en juego”. Su capacidad de acción y margen de maniobra viene dada por dos elementos: un poder que se solidifica en cuanto poseedores de grandes cantidades de capital y un discurso (el del agronegocio) que sustenta su accionar. El segundo elemento que les otorga margen de maniobra es poseer una estrategia que conjuga elementos de la racionalidad del agronegocio con un marco referencial que los posiciona como parte de la comunidad.

Esta visión oculta las tensiones que genera el avance de una nueva racionalidad en torno a la manipulación de los recursos naturales (suelo, agua, etc.), y a las consecuencias que trae aparejadas sobre la salud de las poblaciones expuestas a las fumigaciones cercanas (problemas respiratorios, toxicológicos, dermatológicos, etc.). También en relación con la deslocalización constante de la riqueza generada localmente. Estos elementos emergen como tensiones en el discurso de los actores desfavorecidos por el avance de esta nueva racionalidad, para los cuales los objetos puestos en relación (soja transgénica, glifosato, maquinarias de ligadas a la siembra directa que ahorran mano de obra, etc.) aparecen resignificados con valoración negativa.

Por otra parte, varios actores aun formando parte del modelo poseen una posición subordinada. Es el caso de rentistas, transportistas, trabajadores rurales calificados o contratistas de maquinarias capitalizados. Los primeros describen trayectorias de antiguos productores que debieron abandonar la producción por el incremento de la unidad económica rentable, pasando a alquilar el campo a sabiendas de no poder retornar en el futuro a la labor. En el caso de los contratistas, aparecen como un eslabón frágil de la cadena, dado que manejan capital en máquinas, pero sus márgenes de ganancia resultan cada vez menores con relación al capital que movilizan, lo que les imposibilita renovar equipos. También entran en tensión con contratistas externos que poseen mayor parque de maquinarias y costos más bajos que tientan a los productores locales. Por su parte, los trabajadores rurales poseen bajo nivel de integración al modelo. La mayoría porque sus tareas se han simplificado en términos técnicos, lo que los convierte en mano de obra igualmente reemplazable.

Asimismo, existe un conjunto de actores del modelo de arraigo que está compuesto por actores tradicionales de la localidad (productores chacareros, contratistas descapitalizados, Buck y Coop. La Segunda Ltda.). Otra parte de ellos directamente se encuentra fuera de un mercado laboral que tiende a achicarse. En tal caso son actores silenciosos que realizan “changas” esporádicas que rara vez alcanzan para la subsistencia mínima, debiendo recurrir de manera continua a la asistencia por parte del Estado u organizaciones intermedias para cubrir las carencias. Son silenciosos porque participan escasamente de los espacios referenciados como públicos y de la vida social en general.

Para el caso del pueblo de La Dulce, la presencia del Estado aparece como marginal en cuanto a intervención directa en la producción, en la medida que tiene funciones ligadas solo a la cobranza de impuestos y tasas (a través de la Delegación Municipal) y a brindar servicios de educación en tres niveles (Jardín n.º 904, Escuela n.º 5, Escuela n.º 42, EES n.º 18, CEF n.º 17), salud (a través de la Unidad Sanitaria) y seguridad (a través de la policía y las cámaras de seguridad instaladas recientemente y monitoreadas desde Necochea).

La relación del Estado respecto a la actividad productiva primaria se reduce a la presencia intermitente de dos técnicos que desarrollan programas Cambio Rural y Pro – Huerta y algunas capacitaciones del INTA y La FCA – UNMDP mayormente vinculadas a la Cooperativa de Seguro La Dulce. Una presencia fuerte del Estado que no podemos obviar se encuentra dada a nivel de política macroeconómica y sectorial. Allí son centrales los dispositivos legales que permiten el avance de este modelo productivo en todo el periodo.

Realizar un análisis de las relaciones a nivel territorial permite discutir con las visiones más difundidas del avance del modelo de agronegocios, donde este aparece muy relacionado con el enfoque difusionista de la innovación. En este planteo surge fuertemente la idea de “avance de la frontera agropecuaria” o “avance de la soja” (en su versión más popularizada). Bajo esta óptica el proceso pareciera tener un carácter lineal de autonomía respecto al entorno social en el que se inserta. En tal interpretación la tecnología pareciera imponerse por sus cualidades intrínsecas. El modelo de explicación abordado en este trabajo, en cambio, propone una relación entre tecnología y sociedad de carácter relacional. Así, el avance del modelo del agronegocio aparece como más profundo en su transformación, en la medida que lo que cambia no es un cultivo por sobre otro, sino una racionalidad productiva que se superpone a otras preexistentes, tejiéndose en estructuras sociales complejas. Este avance incide en redes de relaciones sociales y genera procesos de inclusión/exclusión que tensionan el territorio.

La propia idea de comunidad rural entra en tensión, dado que esta hace referencia a una cercanía que supondría un relacionamiento mayor entre sus integrantes. En este caso podemos ver cómo el conjunto de actores y objetos puestos en juego para el caso de Nicanor Olivera no funciona como una red integrada, dado que la propia dinámica de funcionamiento del sector productivo del pueblo se encuentra en parte escindida de la vida social de quienes residen en él. Encontrando dentro del mismo un grupo social que lo integra de manera plena y otro grupo más disperso (que no alcanza a conformarse como grupo social relevante) que participa de la actividad económica igualmente. Esto agrava la situación social de muchos de sus integrantes, los cuales describen trayectorias para nada auspiciosas. Por otra parte, la pérdida de integrantes de la comunidad condiciona (junto a otros factores) el dinamismo de las instituciones, que en muchos casos se encuentran en crisis o en vías de abandono.

Aparecen también quienes sostienen que, por la dimensión y racionalidad que presentan los actores que encarnan el modelo de agronegocios, sumado a la capacidad de operar en diferentes escalas (saliendo sin restricciones del sector) y desterritorializar la riqueza que generan (transfiriendo ganancias), resultan perjudiciales tanto social como ambientalmente. Aquí se ubican mayormente los pequeños productores familiares, los comerciantes locales, los antiguos trabajadores rurales, y algunos funcionarios públicos que presentan un discurso que expresa la tensión. Estos no poseen peso económico en la vida social de pueblo, y por tanto su postura rara vez es convocada o escuchada. No encarnan ninguna forma de acción colectiva organizada que los posicione de manera de poder entrar en la discusión sobre el modelo de desarrollo de la localidad.

Dentro de este sistema de acción concreto, lo que está en juego es la forma en que se da la captación local de la riqueza generada por el sector agropecuario y su incidencia sobre las posibilidades de desarrollo de la localidad. En definitiva, el proceso de fondo es el avance de un nuevo proyecto territorial sobre uno preexistente. Este proceso que vemos pasar ante nuestros ojos hace crujir el entramado social en donde se da la producción agropecuaria y pone en cuestionamiento la continuidad de algunas formas de vida rural típicas del espacio pampeano.

Aparecen así fenómenos como la pobreza estructural en las zonas periurbanas del pueblo en donde subsisten en condiciones de extrema precariedad un grupo de familias que no encuentran lugar en el mercado de trabajo y dependen fuertemente de la asistencia social del Estado.

El modelo productivo de agronegocios aparece como la extensión de un tipo de agricultura que posee articulación en red entre los actores que pueden integrarse al modelo. Los intereses de estos (sobre todo los externos) pocas veces coinciden con los intereses del desarrollo local de los territorios en donde se inserta la producción. Esto significa en términos prácticos que, para muchos de ellos, su objetivo pasa por la posibilidad de generar riqueza localmente y deslocalizarla de manera creciente. Los actores del agronegocio de origen local traducen dicha modalidad en un esquema productivo que combina articulación en red amplia con lazos de solidaridad vinculados a la idea de comunidad.

El escenario social del nuevo modelo productivo

El conjunto de las transformaciones en la esfera económico-profesional de la actividad agropecuaria produjo cambios profundos en el entramado social del pueblo. Parte de los actores han modificado sus racionalidades, redefiniendo su articulación con la comunidad.

La identidad de un grupo social es una realidad compartida y relacional. Se trata de un producto cultural de la interacción social que nunca se define como un discurso unificado. En todo caso, la identidad de un individuo o grupo social es un diálogo tensionado entre lo que los sujetos “creen ser” y lo que el resto de la sociedad “piensa de ellos”. Contrario a las posturas esencialistas de la cultura, la identidad misma es un objeto de disputa, en cuanto es el significado que los propios individuos dan a su acción, y la relación con la mirada que un otro construye sobre dicha acción. En la creación de la identidad de una sociedad, siempre operan cambios paulatinos que se relacionan estrechamente con la materialidad de la dimensión económico-profesional que los contiene. Parafraseando a Karl Marx, “la materialidad determina la conciencia, y la conciencia construye identidad”.

Habiendo analizado las transformaciones en la faceta productiva de la localidad, es preciso indagar en esta instancia cómo esos cambios se traducen en los discursos identitarios.

En principio, se puede identificar en Nicanor Olivera elementos identitarios fuertes que vinculan a la población local a la idea de un “todo coherente”. En tal sentido, el discurso de varios de los entrevistados reafirma la pujanza de los actores locales como si fuera un denominador común.

Por otra parte, durante el análisis de las entrevistas, aparecen indicios que nos orientan a inferir que estamos en presencia de un pueblo vinculado a la obtención de ingresos de diferentes fuentes. Un circuito de acción se establece entre aquellos actores que forman parte de la producción concreta “en el campo” y obtiene beneficios directos de su trabajo. Otra parte de los entrevistados obtiene ingresos, pero no directamente del trabajo como fuente vincular.

Entre los actores que quedaron separados de la producción directa, aparecen los principales indicios de ruptura de la cohesión social dentro de la comunidad. Esto pareciera relacionarse con el desdibujamiento de su rol al interior del pueblo. Así, aparecen dos sectores incluidos en esta situación. Por un lado, los poseedores de un bien de capital (tierra), un bien que se vio fuertemente valorizado en el período y pudo captar parte de la riqueza generada en forma de renta. Se ubica en este grupo un conjunto de rentistas para los cuales estos ingresos resultan centrales en el sostén de su calidad de vida. En algunos casos, se trata de rentistas puros y en otros combinan esos ingresos con actividades complementarias.

En el otro extremo, el otro sector, vinculado a los actores del modelo de arraigo, son parte de los antiguos trabajadores rurales y aquellos jóvenes que directamente nunca ingresaron al mercado laboral. Este grupo ubicado espacialmente en los márgenes del pueblo, a diferencia de los rentistas, aparece fuertemente estigmatizado en cuanto a su rol social. En el trascurso de las entrevistas a los actores centrales del modelo de agronegocios, surge un conjunto de expresiones despectivas en donde se los describe como “vagos”, “gente sin cultura del trabajo”, “gente que se automargina”, entre otras expresiones.

Llama la atención que las identidades de algunos de sus habitantes se presentan difusas o borrosas con relación al espacio que ocupan dentro del entramado productivo. Esto se evidencia en forma clara en los discursos, en donde la identidad de aquellos que no se sostienen ligados a alguna actividad productiva es difícilmente definida o es una combinación de varias. En la medida en que desvanecen las fronteras de los roles dentro de la sociedad local, aparecen indicios de dispersión de las identidades. Esto afecta la mirada en relación con sus iguales como ciudadanos, con la esfera productiva y con el mundo del trabajo. Es el caso, por ejemplo, de algunos rentistas que se identifican como chacareros, aunque su vida ya no transcurra en el campo y la fuente de ingreso principal sea el arrendamiento de sus tierras.

Otro rasgo que se visualiza en el pueblo es la pérdida del trabajo agrícola como eje articulador de parte de la vida social. La disminución del número de personas ligadas efectivamente a tareas relacionadas a la producción aparece como un dato incontrastable. Este fenómeno se expresa en dos procesos concurrentes: por un lado, la demanda de mano de obra se reduce en la medida que la escala productiva se incrementa y se incorporan maquinarias de mayor porte; por el otro, debe sumarse que estas avanzan sobre los requerimientos de las calificaciones de los que quedan incluidos, acotando el margen de entrada de nuevos actores.

Algo evidente en el proceso de cambio es el retroceso de la agricultura familiar, no solo en términos objetivos de productores presentes, sino como identidad social aglutinante (Balsa, 2016). Se genera una desestructuración de las formas de vida tradicional y arraigadas al contexto local. Emergen, en cambio, articulaciones funcionales en la esfera productiva (cada vez más acoplada con redes de diverso alcance), lo que sitúa a los actores con capacidad de acumulación en una posición dominante en términos económicos y de legitimidad. Esto se traduce en un discurso que proyecta un futuro de innovación como destino versus un discurso chacarero que reafirma una identidad anclada en el pasado y el arraigo local.

Una de las evidencias del cambio en la esfera productiva es la fragmentación del entramado social, donde se genera una barrera invisible (pero por todos conocida) entre los incluidos y excluidos dentro de la localidad. Así, los espacios de sociabilidad como las dos escuelas primarias, el centro de convenciones, el teatro, las festividades y otros espacios de sociabilidad se encuentran separados en los hechos. En palabras de los agentes estatales que asisten a la población vulnerable de la localidad (médicos, docentes y asistentes sociales), algunos lugares son visualizados como espacios sociales diferenciadores por nivel socioeconómico. La población vulnerable identifica en la Unidad Sanitaria un espacio de encuentro que los contiene, a diferencia de la Fundación Cultural, donde habitualmente no concurren.

Otro aspecto de la diferenciación social aparece reflejado en el territorio como la creación de un “atrás de la vía”. En este espacio habitan mayormente antiguos trabajadores rurales y población con empleos precarios en la periferia del poblado. En la estructura de las casas que conforman este espacio, se evidencian graves deficiencias de construcción, y es donde se presentan los casos de pobreza estructural y de ingreso.

Entra en tensión en estos casos la percepción de “efecto derrame” por parte de la actividad agropecuaria con relación al pueblo. En el imaginario colectivo de los notables de la sociedad local, aparece fuertemente instaurada la asociación de que, “si al campo le va bien, al pueblo también”, “el pueblo vive del campo”, “si el campo no anda, no anda nada”, entre otras.

Un elemento fuerte de la localidad es que sus miembros se reconocen como parte de una comunidad que se presenta como “pujante y solidaria”. Existen lazos de pertenencia cultural e histórica fuertes (ligados en parte a una presencia importante de la comunidad danesa). La identidad dulcense se ratifica en el discurso de las familias de origen chacarero. Estas familias son mayoritarias en la localidad, y resultan motores de la vida local.

Una institución clave en el desarrollo de la localidad es la Cooperativa La Dulce de Seguros de Granizo y su Fundación Cultural. Es un lugar identificado con aquellos sectores más acomodados del pueblo. Son las personas con estudios que articulan un discurso integral y que sostienen una posición económica que les permite participar activamente de la esfera pública como actores destacados. Son estos actores los que generan el discurso del pueblo como unidad, pero, a decir de algunos actores, esto se cumple parcialmente.

Como contracara existe un grupo nutrido de pobladores con inserción precaria en el nuevo modelo productivo. Sostienen a familias con empleos precarios y en condiciones de pobreza. Complementan con tareas de huerta para autoconsumo, como lo evidencian los profesionales de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Cambio Rural que trabajan en la localidad.

En este escenario social, los jóvenes con una mejor posición económica emigran a estudiar a otras ciudades mayores y no retornan una vez concluidas sus carreras. En el pueblo quedan los jóvenes que por motivos económicos o familiares no pueden ir a estudiar, encontrándose en un pueblo con pocas expectativas de poder insertarse en un mercado laboral poco dinámico.

En el grupo de jóvenes mayores de 17 años, se comienzan a visibilizar problemas graves de alcoholismo y drogadicción, según relatan médicos y asistentes sociales. El auxilio del Estado hacia estos actores desfavorecidos por el nuevo contexto se limita en muchos casos a la asistencia social (Plan Vida, Asignación Universal por Hijo, etc.), no encontrándose hasta el momento soluciones a los problemas recurrentes de empleo.

Reflexiones finales

El proceso de diferenciación social viene dándose dentro de la comunidad. El nuevo contexto económico-productivo del agro implicó la consolidación de un nuevo modelo de desarrollo ligado a los agronegocios, en el que un grupo de actores (locales y externos) prescinden de manera paulatina de las formas de sociabilidad local. Las formas de sociabilidad tradicional integraban dentro de la estructura productiva a actores que tenían residencia local en las comunidades rurales, lo que permitía una interacción positiva entre el crecimiento del sector agropecuario y el consecuente crecimiento de la comunidad.

La fragmentación actualmente se observa en el territorio. Aparecen así fenómenos como la pobreza estructural en las zonas periurbanas del pueblo, en donde subsiste en condiciones de extrema precariedad un grupo de familias que no encuentran lugar en el mercado de trabajo y dependen fuertemente de la asistencia social por parte del Estado (principalmente nacional). El Estado municipal no tiene políticas dirigidas hacia los pueblos rurales y menos aún para los jóvenes de estas localidades. La migración provoca una salida continua del territorio de las personas más capacitadas para encabezar procesos de desarrollo, y pareciera que gran parte de las limitaciones de las instituciones vienen dadas por la falta de liderazgos proactivos.

Debe sumarse, además, la situación de distanciamiento respecto del trabajo en que se encuentran parte de los antiguos productores rurales, que, aun recibiendo ingresos provenientes del alquiler de sus propiedades, no encuentran necesidad de un anclaje local de residencia. Esto resulta clave a la hora de entender el estancamiento poblacional del territorio, que desde el plano productivo exhibe crecimiento, a la vez que en lo social ven incrementadas las desigualdades.

El desarrollo de nuevas formas de organización de la producción y la aparición de nuevos agentes en la región (contratistas especializados, pools de siembra, fondos de inversiones, proveedores de insumos de carácter transnacional) conllevan la salida de parte del excedente generado por el agro regional que se desvía a la reinversión de las utilidades fuera de la región y a la transferencia de flujos financieros. Este mecanismo reduce las posibilidades locales de absorber los ingresos generados por la actividad agropecuaria, debilitando en parte las interacciones del medio rural con la economía local más cercana. Nos encontramos entonces con un sector agropecuario que adquiere un mayor dinamismo interno, al tiempo que decrece su capacidad de potenciador de la economía de los pueblos rurales.

La propia idea de “comunidad rural” entra en tensión, dado que hace referencia a una cercanía que supondría un relacionamiento mayor entre sus integrantes. En este caso, podemos ver cómo un conjunto de actores que hacen parte al modelo de agronegocios no necesariamente genera una interacción positiva, dado que la propia dinámica de funcionamiento se encuentra cada vez más escindida de la vida social de la localidad.

Las formas de sociabilidad tradicional están integradas por actores de la estructura productiva que tienen residencia local en las comunidades rurales. Esto permite una interacción positiva entre el crecimiento del sector agropecuario y el consecuente crecimiento de la comunidad. La expansión del nuevo modelo genera un panorama donde la propia idea de comunidad rural entra en tensión. Esto contribuye al agravamiento de la condición social de muchos de sus integrantes, los cuales describen trayectorias para nada auspiciosas.

Bajo el nuevo contexto, se da una crisis o desaparición de actores por dos vías esenciales: la migración hacia ciudades mayores en busca de trabajo, y la pérdida de márgenes de acción por parte de quienes no logran reconvertirse productivamente y quedan marginados dentro de la comunidad. Un dato saliente es que la población de Nicanor Olivera se mantiene prácticamente igual desde hace cuatro décadas. En paralelo, la producción agropecuaria se duplicó en tanto desaparecían EAP. La conclusión es que el crecimiento del sector agropecuario contiene cada vez a menos personas. Esto se debe en parte a que el modelo productivo de agronegocios aparece como la extensión de un tipo de agricultura que posee articulación en red entre los actores que pueden integrarse al modelo. Los intereses de estos (sobre todo los externos) pocas veces coinciden con el desarrollo local de los territorios en donde se inserta la producción.

Se establece de la mano de los actores externos una racionalidad que maximiza el beneficio y deja como posibilidad concreta la generación de riqueza local y su deslocalización (prácticamente total) sin que medien mecanismos de distribución (vía Estado o mercado) que posibiliten la captación por parte del conjunto de la comunidad de los beneficios del crecimiento de la actividad agropecuaria.

La pérdida de integrantes de la comunidad condiciona, junto a otros factores, el dinamismo de las instituciones, que en muchos casos se encuentran en crisis o en vías de abandono.

La expresión territorial de este proceso es la creación de un “fondo detrás de las vías” que aparece en las narraciones. La forma en que los actores denominan el espacio se vuelve relevante en la medida en que reflejan la construcción de identidades y el lugar en el espacio social. Concebir un delante y detrás en un espacio tan pequeño da cuenta de una construcción social con principio de fragmentación, donde funciona como una frontera que separa y divide al mismo tiempo. El delante es el espacio de los ciudadanos con derechos, mientras que el detrás funciona como una frontera donde se dibujan caracterizaciones incompletas, la mayoría de las veces cargadas de estigmatización.

Una de las formas de la ruptura está dada por el lazo de confianza y seguridad que brindaban los pueblos en su vida cotidiana. Esto comienza a resquebrajarse y aparecen síntomas de desconfianza hacia los sectores populares y reparos que antes no existían.

Todo pareciera indicar que una de las imposibilidades de los pueblos pampeanos para sostenerse como ejes sociales y económicos del territorio viene dada por la emergencia de actores (nuevos o reconvertidos) que imponen su forma particular de territorializarse (con formas de producción ligadas a la valorización financiera), las cuales no resultan complementarias de las territorialidades preexistentes. Estas lógicas disímiles en la forma de construir territorio generan tensión (más o menos abierta y explícita).

Para finalizar, se puede afirmar que lo que ponen en juego los nuevos actores dentro del territorio es la forma en que se da la captación local de la riqueza generada por el sector agropecuario y su incidencia sobre las posibilidades de desarrollo de la localidad. El proceso de fondo es el avance de un nuevo proyecto territorial sobre uno preexistente. Este proceso contradictorio que vemos pasar ante nuestros ojos hace crujir el entramado social en relación con la producción agropecuaria y pone en cuestionamiento la continuidad de algunas formas de vida rural típicas del espacio pampeano. Es, en ese sentido, menester de la política pública reorientar el modelo de desarrollo y dentro de él la política sectorial, para que el sostenimiento de la producción agropecuaria sea compatible con modelos de arraigo y la soberanía alimentaria, y para que así los territorios rurales sean espacios de vida, ambientalmente sanos y socialmente justos.

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