Apuntes urgentes sobre el (mal)estar de la naturaleza humana y no humana desde las provincias de Salta
y Santiago del Estero

Mariana Schmidt^[1] y Virginia Toledo López^[2]

Introducción

En Argentina, la conjunción de desarrollos biotecnológicos, el bajo costo de las tierras y del desmonte, y su potencial productividad para la agricultura, favorecido por un ciclo húmedo y por el alto precio de ciertos commodities, permitió hacia inicios del siglo xxi el avance progresivo de los cultivos de secano sobre territorios antes considerados improductivos, bajo un discurso hegemónico que alentó el desarrollo de regiones marginales. Como contracara, a su paso los territorios son violentados, vaciados, contaminados, intoxicados, incendiados y arrasados, construyendo zonas de sacrificio ambiental donde la biodiversidad merma y los cuerpos enferman.

En este capítulo centramos la mirada en el Gran Chaco Americano, segunda área boscosa del continente, en su porción correspondiente al Chaco seco, donde, entre 1976 y 2012, se transformaron un total de 15.800.000 ha de hábitats naturales en sembradíos y áreas de pastoreo, y en particular en el 68 % de ese total que corresponde a Argentina (Vallejos et al., 2015). La ecorregión se destaca como zona de avance de la frontera de commodities contemporánea, con un presente trazado por profundas transformaciones socioecológicas al ritmo de renovados ciclos de acaparamiento de tierras (Sosa Varotti y Zorzoli, 2021). A su interior, las provincias de Salta y Santiago del Estero emergen como casos de gran relevancia en virtud de la enorme pérdida de biodiversidad, la recurrente conflictividad indígena y campesina, junto con las crecientes afecciones a la salud por parte de una lógica de producción celebrada por sectores empresariales y gubernamentales.

El interés en la cuestión ambiental y su consagración en la agenda internacional desde los años 1970 contribuyeron a poner en evidencia los límites del paradigma científico imperante y al desarrollo de renovadas epistemologías críticas y ontologías relacionales. Perspectivas decoloniales y feministas han alertado respecto de la lógica binaria de pensamiento que estructura la racionalidad formal-instrumental, colonial-mercantil y patriarcal dominante, y que impone violencia y control frente a otros (humanos y no humanos), al tiempo que establece un imaginario de evolución histórica lineal (Leff, 1998; Escobar, 2014; Federici, 2020). En un intento de superación de visiones fragmentarias y mecanicistas, posicionándonos desde la ecología política, retomamos los aportes de Moore para referirnos al tejido de la vida: “¿es la naturaleza una serie de objetos sobre los que actúan los seres humanos o es una trama de la vida a través de la cual se desarrollan las relaciones humanas?” (2020: 51). El autor responde que, si bien hay cada vez mayor acuerdo desde las ciencias sociales y ambientales respecto de que la humanidad es parte de la naturaleza y se rechazan los dualismos, los conceptos y los marcos analíticos que predominan en las investigaciones, siguen sosteniendo la interacción entre unidades o sistemas independientes que interactúan entre sí, dando continuidad al binomio entre “lo social” y “lo natural” que enfatiza la alteración y separación entre los “sistemas naturales” y los “sistemas sociales”. Es necesario, por el contrario, prestar atención a la dialéctica de los seres humanos en la trama de la vida (no “entre” sociedad y ambiente, sino “a través de”). La interdependencia emerge como dimensión de análisis privilegiada (Navarro y Gutiérrez Aguilar, 2018), al tiempo que la noción de cuerpo-territorio nos permite dar cuenta de los modos de vida sostenidos desde prácticas de inter y ecodependencia (Federici, 2020).

Además, atentas a la centralidad que ha cobrado la disputa por el agua en los albores del siglo xxi, recuperamos aportes que han dado visibilidad a una dimensión frecuentemente soslayada en los estudios sobre el agronegocio, como es la hídrica. En línea con investigaciones desarrolladas en la región latinoamericana desde la ecología política, nos interesa indagar en la dimensión de poder y conflicto inherente al uso, la distribución y la apropiación del agua, no solo en términos de accesibilidad, sino también de su cantidad y calidad (Merlinsky et al., 2020). Para esto, recuperamos aportes que han visibilizado la dimensión hídrica en los estudios sobre la acumulación en el agro contemporáneo, que lo redefinen como “agrohidronegocio” (Dias Mangolini Neves y Mendonca, 2020; Thomaz Junior, 2010). Esto nos permite poner de relieve las heterogeneidades existentes en los modos en que el recurso hídrico fluye en la región bajo estudio, con foco en la desigual capacidad para acceder no solo a la tierra, sino también al agua. Esta perspectiva de análisis nos sitúa también en los estudios que cuantifican la cantidad de agua que es requerida y por tanto apropiada en el proceso de producción de commodities^[3] y en la cadena de consecuencias ecosistémicas derivadas de la deforestación de bosques nativos: descenso en la evapotranspiración y en la formación de lluvias, alentando procesos de sequía cada vez más prolongados y, de modo contrario, un incremento en los riesgos de inundación y dificultades para la absorción del agua excedente como consecuencia de la pérdida de cobertura vegetal y la degradación de los suelos, por mencionar algunas.

Nuestras reflexiones se nutren de investigaciones precedentes (Schmidt, 2017; Toledo López, 2016) y de proyectos conjuntos que buscan analizar y comprender las características y particularidades de la consolidación del agronegocio en las provincias de Salta y Santiago del Estero^[4]. La propuesta metodológica se centra en un trabajo simultáneo con distintas estrategias de construcción y análisis de la información. Recurrimos a la sistematización y el análisis de múltiples fuentes secundarias (medios periodísticos, datos estadísticos, legislación, informes de organismos estatales o privados, entre otras), material documental que ha sido contrastado con registros de campo y entrevistas en profundidad realizadas de modo presencial o virtual.

En particular, nos interesa explorar los modos en que el modelo irrumpe en la trama de la vida regional y afecta la naturaleza humana y no humana en la región chaqueña, y así reflexionar en torno al bienestar (o malestar) de los cuerpos-territorios, con especial foco en los modos en que las aguas fluyen en la región. Con este objetivo, el capítulo se estructura en dos apartados: el primero, dedicado a profundizar en el cambio en los usos del suelo y las consecuencias de la deforestación de bosques nativos, principal sustento vital de las poblaciones originarias y campesinas que se han visto progresivamente arrinconadas o desalojadas; y el segundo, abocado al problema de la intoxicación a gran escala como consecuencia del uso extendido de agroquímicos, junto con la emergente conflictividad por parte de colectivos organizados en defensa de la salud y el ambiente. En ambos casos, nos interesa atender al solapamiento de las problemáticas abordadas con desigualdades hídricas preexistentes y con novedosas formas de acaparamiento del agua en cantidad y calidad suficientes para la vida humana y no humana, derivadas del despliegue de grandes emprendimientos agrícolas, ganaderos o agroindustriales. Para finalizar, en las conclusiones recuperamos las principales ideas desplegadas a lo largo del capítulo y reflexionamos en torno a los principales desafíos para el buen vivir de los pueblos.

Cambios en el uso del suelo y acaparamiento de tierras-aguas-bosques

El avance del agronegocio (Gras y Hernández, 2013) se vinculó con el nuevo ciclo de acumulación abierto a partir del llamado “Consenso de los commodities” (Svampa y Viale, 2014). En las provincias del norte argentino, esta expansión supuso desde inicios del siglo xxi cambios muy significativos en sus economías locales y su estructura agraria y territorial (Ataide y Rodríguez Faraldo, 2019; Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Horacio Giberti, 2021). En adelante hacemos foco en las provincias de Salta y Santiago del Estero (particularmente en los departamentos que se emplazan en el Chaco seco y su transición a las Yungas, mapa 1), las cuales se cuentan entre las jurisdicciones con mayor superficie boscosa en el país: 7.108.203 ha y 8.282.162 ha, respectivamente, de acuerdo a sus normativas de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).

Mapa 1. Región bajo estudio en las provincias de Salta
y Santiago del Estero

Fuente: elaboración propia.

Ambas provincias comprenden una gran diversidad étnica y lingüística, con alta presencia de comunidades indígenas y campesinas. Según los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, cerca del 6,5 % de los habitantes salteños se reconocen como indígenas, casi triplicando la media nacional (2,4 %), como también el 1,3 % de la población de la provincia de Santiago del Estero, habitando la mayoría (59,3 %) en áreas rurales. También se cuentan entre las jurisdicciones nacionales con mayores porcentajes de población rural: el 13,4 % para el caso de Salta (proporción que asciende en los departamentos chaqueños) y el 27,7 % en Santiago del Estero (de las cuales el 20 % se encuentra en zonas rurales dispersas), con departamentos en los que la amplia mayoría poblacional reside en espacios rurales y periurbanos. Son provincias que presentan una baja densidad poblacional (9,2 hab/km² Salta y 7,7 hab/km² Santiago del Estero), en virtud de las amplias superficies que abarcan y la relativa poca población que albergan.

La persistencia de altos índices de pobreza y la alta proporción de hogares con al menos un indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI) son datos de relevancia en las dos jurisdicciones. A nivel nacional, Salta se ubica como la segunda provincia según NBI (19,5 %), y Santiago del Estero ocupa el cuarto lugar (17,9 %). Las cifras se incrementan a nivel departamental: 49,1 % en Rivadavia, 26 % en San Martín, y 28,1 % en Anta para el caso salteño, 36,8 % en Figueroa y 28,3 % en Jiménez para el santiagueño. Esta situación estructural que afecta a amplias franjas poblacionales de los principales departamentos agrícolas contrasta con los indicadores que dan cuenta del crecimiento en el sector agropecuario, que es señalado desde los ámbitos gubernamentales y económicos como el motor del desarrollo y la vía para la superación de las postergaciones regionales. Ambas jurisdicciones contabilizan entre sí más de 4 millones de hectáreas sembradas en las últimas campañas agrícolas, y los ingresos provinciales se nutren en gran medida del sector: para Salta, el 46,6 % del producto bruto geográfico (PGB) en el año 2019 corresponde a agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y, en el caso de Santiago del Estero, el 32 %.

El fuerte incremento en las superficies sembradas tuvo lugar especialmente desde inicios del siglo xxi (gráfico 1). En Salta, a comienzos de la década de 1990, la soja rondaba las 100.000 ha, y en la campaña 1998-1999 alcanzó al poroto (principal cultivo provincial hasta ese momento), contabilizando alrededor de 200.000 ha. A partir de entonces, la soja pasó a ser el principal cultivo en la provincia, actualmente alcanzado por el cultivo de maíz. En Santiago del Estero, la superficie con soja también tuvo un crecimiento espectacular en el período bajo análisis: el área implantada a inicios de la década de 1990 promediaba las 80.000 ha, superó las 600.000 ha una década después y las 1.000.000 ha en la campaña 2010-2011. Según datos de la campaña agrícola 2020-2021, Salta posee un total de 1.245.632 ha sembradas (de las cuales el 83,8 % corresponde a cultivos de maíz, poroto seco y soja), mientras que Santiago del Estero posee 2.677.808 ha (el 82,9 % correspondiente a maíz, soja y trigo).

Gráfico 1. Evolución de superficies sembradas con soja y maíz en las provincias de Salta y Santiago del Estero.
Campañas agrícolas 1990-1991 hasta 2020-2021

Fuente: elaboración propia con base en Dirección de Estimaciones Agrícolas (shorter.me/13mVv).

Así, a pesar de la ampliación de las superficies cultivadas, en la región las transformaciones agropecuarias han ido en desmedro de la trama de la vida regional. Retomando a Morello y Rodríguez (2009), la “pampeanización” que ha acompañado al avance del agrohidronegocio en su capítulo chaqueño tuvo su impulso en la pérdida de superficie boscosa, en gran medida sobre tierras habitadas históricamente por población indígena o campesina y que constituyen un sustento principal para la producción y reproducción cotidianas. De modo paralelo, se ha desplegado un proceso de intensificación ganadera a partir de la instalación de grandes emprendimientos bajo sistemas de confinamiento en corrales (feedlots), que aplican tecnologías basadas en el desmonte y la introducción de pasturas tropicales (Toledo López, 2016, 2018; Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Horacio Giberti, 2021).

En lo que respecta a la pérdida de cobertura boscosa, la sanción de la Ley Nacional 26.331/2007 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y de las leyes de OTBN en Salta (7.543/2008) y Santiago del Estero (6.942/2009) tampoco ha logrado revertir la tendencia. Del total de bosques nativos deforestados entre los años 1998 y 2018 a nivel nacional (alrededor de 6.500.000 ha), un 43 % se perdió durante la vigencia de la Ley de Bosques. Se destaca la situación crítica en la región chaqueña, donde se localiza el 87 % de la deforestación para ese período, principalmente en Salta (21 %) y Santiago del Estero (28 %) (Mónaco et al., 2020). Según estudios para los años 2008-2020 (Blum et al., 2022), se han recopilado datos de 244 eventos de deforestación ilegal (cualquier tipo de pérdida de bosque nativo que violó la Ley 26.331). Estos están vinculados a establecimientos agropecuarios ubicados en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero y que, en conjunto, involucran el desmonte de 275.592 ha, aproximadamente el 34 % del área deforestada ilegalmente en esas jurisdicciones durante el período mencionado^[5]. Las superficies desmontadas siguieron en aumento incluso en contexto de pandemia: entre los años 2020 y 2022, se contabilizaron 123.558 ha desmontadas en Santiago del Estero y 46.849 ha en Salta (Greenpeace, 2021, 2022, 2023). A estas cifras debe sumarse la superficie de bosques nativos que se vio involucrada en incendios, los cuales tuvieron amplia difusión en la región chaqueña en ese mismo período (Schmidt y Castilla, 2023) y afectaron particularmente a la provincia de Salta^[6].

Lo antedicho se inserta en el marco de los históricos e irresueltos conflictos por el uso, la tenencia y la propiedad de la tierra que involucran a comunidades indígenas o campesinas en el norte argentino (Slutzky 2005; Domínguez 2009; Sili, 2011; REDAF, 2013; Castelnuovo Biraben, 2019; Ataide y Rodríguez Faraldo, 2019). Una característica de la estructura agraria provincial tanto en Salta como en Santiago del Estero remite a la desigual distribución de la tierra, y, de acuerdo con los datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) del año 2018, ambas jurisdicciones presentan una fuerte polarización: mientras que la mayor cantidad de establecimientos de menor tamaño (hasta 1.000 ha) se distribuyen en una mínima porción del territorio, un porcentaje menor de EAP concentran los estratos de mayor superficie de tierra (tabla 1).

En ambas provincias, cobra importancia el porcentaje de establecimientos agropecuarios sin límites definidos, siendo en Santiago del Estero el 29,3 % y en Salta el 32,8 % de las unidades productivas. Esta situación resulta al mismo tiempo un indicador de la precariedad y alta conflictividad asociada a la tenencia de la tierra que persiste en la región (Langbehn y García, 2021; Mioni et al., 2013). En efecto, se destaca como una zona de avance del fenómeno de acaparamiento de tierras: de acuerdo a la base Land Matrix, el 36 % de las transferencias de tierras registradas en Argentina desde el año 2000 tuvieron lugar en las provincias que componen el Gran Chaco, y los inversores son capitales extranjeros, en algunos casos asociados a capitales nacionales (Gras, 2019). Para el caso salteño, se identificaron 121 grandes transacciones de tierras en el período 2000-2020 en una superficie de más de 1.600.000 ha, que, en un 93 % de los casos, tienen como principales objetivos la actividad agrícola y ganadera. Al relacionar su localización con indicadores sociales, fue posible determinar que estas se localizan en territorios con altos índices de desocupación, NBI y tasas de analfabetismo, lo cual sugiere que estos emprendimientos no cumplen con aquellas premisas o supuestos que sostienen las inversiones en tierras a gran escala, principalmente aquellas referidas a la mejora de la calidad de vida de la población local (Salas Barboza et al., 2021).

Por el contrario, como resultado del avance del agrohidronegocio en territorio chaqueño, las tierras que habitan los pueblos originarios y campesinos se encuentran crecientemente degradadas, son cada vez más insuficientes en extensión y han quedado arrinconadas entre grandes extensiones de cultivo. El bosque, una de las principales fuentes para la recolección, caza y elaboración de alimentos, artesanías y provisión de leña, genera cada vez menos recursos, y se hace necesario recorrer más distancias para garantizar la reproducción de la vida individual y comunitaria. De este modo lo relata una entrevistada:

En la medida en que eso se fue masificando, y la gente fue quedando acorralada, se podría decir, y toda la tecnología de cosecha directamente hizo absolutamente prescindible la mano de obra de la gente, las dos cosas ocurrieron un poco al mismo tiempo, ahí es donde se generó una primera oleada de conflictos a lo largo de la ruta [n.º 34], y después en las vías hacia el interior (Andrea, mujer, 45 años, referente de ONG con accionar territorial en Salta, 04/2021).

Ahora bien, el acaparamiento de la tierra viene acompañado del despojo de otro bien común esencial para la vida humana y no humana: el agua. En particular, el acceso al agua segura para consumo doméstico y productivo constituye un problema estructural en la región chaqueña (Belmonte et al., 2021; Juárez, 2015), que se vio renovado y complejizado en el contexto de la expansión del agrohidronegocio. En Salta y Santiago del Estero, los departamentos provinciales bajo estudio presentan valores críticos en disponibilidad de agua de red pública y cobertura de servicios de saneamiento. La problemática se profundiza en zonas rurales, donde la baja densidad poblacional y su alta dispersión territorial dificultan la extensión de la cobertura de red, por lo que el abastecimiento cotidiano se realiza a través de formas alternativas de aprovisionamiento, que incrementan los riesgos asociados a la calidad del recurso.

Si bien es posible apreciar un incremento de la cobertura del servicio en el período intercensal 2001-2010, se mantienen las diferencias entre las jurisdicciones departamentales y los totales provinciales. En lo que respecta a las condiciones de accesibilidad al agua de red, los departamentos chaqueños en Salta presentan valores inferiores al total provincial (mientras que el 91,2 % de los hogares salteños cuentan con agua de red, en Rivadavia esta cifra desciende al 53,3 %). En Santiago del Estero, la cobertura de red pública provincial no supera el 75,2 %, en tanto algunos departamentos alcanzan porcentajes menores (Jiménez 63,4 %; Rivadavia 43,07 % y Juan F. Ibarra 52,8 %). En todos estos casos, la población queda expuesta a formas regulares (perforación por bomba a motor o manual o pozo) o malas (fuentes o recipientes de acopio con contaminantes, provistas mediante transporte terrestre con camiones cisterna o con agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia) de acceso al agua, lo que se constituye en un determinante estructural para la situación sanitaria de la población.

Esta situación afecta al uso tanto doméstico como productivo del recurso hídrico. En la región del Chaco seco, la existencia de huertas de cultivo familiares o comunitarias depende en gran medida del régimen estacional de lluvias, tal como relata una referente indígena de la provincia de Salta:

Acá por la ruta 86 [las comunidades] no tienen huertitas. El tema es el agua, como yo decía, que están conectados con la cañería, pero es lo mismo, a veces por una semana no sale agua (Beatriz, mujer, 55 años, referente indígena de zona Tartagal, 08/2022).

En este marco, desde las comunidades rurales, han presentado a los diferentes gobiernos provinciales distintas demandas sobre las dificultades de acceso al agua y a los servicios de salud. En palabras de una referente territorial de Santiago del Estero:

Se han hecho proyectos para diferentes lugares, con entrega de tanques, de tinacos, se ha hecho entrega de maquinaria para limpieza de represa, ese tipo de cosas ha habido en relación específicamente al tema agua. Pero muy poco, muy poco en relación a la demanda necesaria que plantea desde siempre (Clara, mujer, 45 años, referente territorial de Santiago del Estero, 2022).

De modo complementario, a la falta de acceso a infraestructura de servicios, en la región el acaparamiento de tierras ha funcionado también como un mecanismo de apropiación y exportación del agua dulce disponible. Así, los obstáculos para acceder al agua segura se exacerban como resultado de las actividades desplegadas por emprendimientos que privan del recurso hídrico a las poblaciones indígenas o campesinas mediante el cercamiento derivado de los alambrados de los campos, la expulsión y el desalojo de sus espacios de vida. Son procesos que no solo se llevan adelante por medio del saqueo explícito o violento, sino asimismo a través de la adquisición del derecho sobre el uso de la tierra, que permite el control de otros bienes asociados, como el agua (Agüero et al., 2016).

En particular, en Salta, hemos explorado las implicaciones del agronegocio en la trama hídrica, atendiendo a la historia ambiental regional y sus consecuencias en términos de acaparamiento hídrico, a los proyectos de infraestructuras de acceso al agua, así como también a la amplificación de situaciones de riesgo como las inundaciones o sequías que de manera cíclica azotan la región (Castilla y Schmidt, 2021; Schmidt, 2022; Schmidt y Tobías, 2021; Schmidt y Castilla, 2022). A modo de ejemplo, es posible señalar cómo sectores concentrados del agronegocio cuentan con obras hídricas a gran escala. Desdelsur S.A., principal empresa productora, procesadora y exportadora de legumbres de Argentina y uno de los mayores exportadores de novillos del noroeste argentino, emplazada en el departamento de San Martín, en 2019, recibió un crédito de USD 30 millones para la ampliación de su feedlot y la sistematización y conducción de agua a nivel de parcela^[7]. Por su parte, CRESUD, integrante del grupo IRSA y una de las compañías agropecuarias líderes en la región, tiene casi el 70 % de sus campos propios o concesionados en Salta y cuenta con sistema de riego subterráneo por goteo^[8]. Por último, La Moraleja es una empresa especializada en la producción e industrialización de limones ubicada en Luis Burela (Anta), que posee dos represas con un almacenamiento de más de 11.500.000 m³ de agua y un sistema de riego de más de 14.000 km de tuberías de goteo^[9]. Mientras tanto, las desigualdades en el acceso al recurso por parte de las poblaciones que habitan esos mismos territorios persisten y se exacerban.

En Santiago del Estero, renovadas injusticias hídricas se manifiestan como parte de una creciente conflictividad asociada a problemas ambientales derivados del establecimiento de megaemprendimientos del agronegocio, que también han sido analizados en términos de acaparamiento verde (Toledo López, 2021a). Se destaca, hacia el 2009, la instalación de una megaempresa de agrodiésel en el sudoeste provincial, impulsada por un grupo empresario de origen tucumano, que al mismo tiempo controla amplias superficies, incluyendo zonas del departamento Jiménez en las que subyacen registros de conflictos de tierra (Toledo López, 2021b). Ese año también inauguró en el área central un megafrigorífico (Forres-Beltran), política que luego sería apuntalada a través de diferentes programas orientados a promover el sistema silvopastoril como camino al desarrollo como parte central de las metas 2030^[10], o bien más adelante el denominado Plan GanAr (junto con el gobierno nacional)^[11] y que asimismo se vincula con la implantación de otros megaproyectos, en el contexto de la difusión de nuevos transgénicos, como los de producción de alfalfa a gran escala destinada a exportación. La empresa controla 3.500 ha en la provincia, en la zona centro (entre Fernández y Forres), y cuenta con riegos del río Dulce por inundación. Actualmente, Santiago del Estero es considerada “la capital nacional” de la alfalfa^[12]. Así, se advierte por parte del gobierno la promoción de energías “renovables” que, sin embargo, renuevan la matriz extractiva a través del acaparamiento verde (se destaca recientemente los basados en la minería de litio)^[13]. Por otra parte, con frecuencia las comunidades rurales acusan a sectores empresarios y terratenientes de realizar obras a gran escala y sin autorización, desviando y secando cursos de agua que surcaban tierras otrora comunes, junto con denuncias respecto de prácticas de corrupción asociadas a la distribución cotidiana del agua, especialmente en lo que refiere a la provisión mediante camiones cisterna.

Así, el desigual acceso al agua puede deberse tanto al accionar de actores públicos o privados en la construcción de infraestructuras hídricas para su distribución (canales de riego, acueductos, represas, redes, etc.), como a su acaparamiento por parte de los emprendimientos agrícolas o ganaderos, lo cual puede lograrse por medio del acceso a tierras más aptas por su ubicación (régimen pluviométrico, cercanía a cursos de agua o acuíferos disponibles, por ejemplo), o como resultado de los alambrados que ofician como barrera para el acceso a ríos y aguadas. Pero también puede derivar de mecanismos más sutiles e invisibles: la cantidad de agua que se incorpora y exporta en cada grano producido (el “agua virtual”)^[14]. Se estima que en Argentina el agua que se destina a la producción de un kilo de soja representa 2.300 l, mientras que, para producir un litro de biodiésel (combustible elaborado a base de soja), se necesitan 14.000 l de agua, y para un kilo de carne se requieren 16.600 l (Acción por la Biodiversidad, 2020). A modo de ejemplo, un estudio llevado adelante para los departamentos del Chaco seco en Salta estimó la huella hídrica total correspondiente a los tres principales cultivos (soja, maíz, poroto) en 843 hm³, donde casi el 50 % de este volumen es aportado por el cultivo de soja. De este modo, permitió identificar los requerimientos hídricos del modelo agrícola y el destino de los flujos de agua generados, y visibilizar la vinculación existente entre inversiones en tierra y recursos de agua dulce asociados (Agüero et al., 2016).

La situación hasta aquí narrada se complejiza aún más con el incremento en el uso de agroquímicos, asociado a la expansión de las superficies cultivadas, que afectan particularmente a la salud de los cuerpos y a la calidad del agua para consumo, como veremos a continuación.

Territorios de sacrificio, cuerpos enfermos y aguas contaminadas

En la evolución histórica de la llamada “revolución verde”, Moore señala que una de las grandes transiciones está dada por su cada vez mayor toxicidad: por primera vez en la historia, la agricultura asume la “función de vanguardia en la intoxicación” (2020: 320), mientras que sus consecuencias en la salud de la naturaleza humana y no humana son entendidas como “factores externos”. En Argentina, al igual que en el resto de los países de la región, es posible advertir este crecimiento exponencial en la cantidad de productos químicos aplicados de modo paralelo al ya mencionado aumento en las superficies sembradas^[15].

En Salta y Santiago del Estero, la conflictividad por las consecuencias de la exposición a los tóxicos utilizados por el agrohidronegocio emerge particularmente en relación con la afectación a los cuerpos y espacios de vida de las comunidades indígenas y campesinas, y con las crecientes afecciones a la salud en la población urbana de las periferias de las principales localidades agrícolas (Krapovickas, 2016; Toledo López y Schmidt, 2019; Castelnuovo Biraben, 2019; Toledo López, García Battán y Pereyra, 2020; Zarrilli, 2020). Diversas investigaciones han buscado poner de relieve la persistencia de los agrotóxicos en el ambiente y han detectado glifosato y otros productos en fuentes de agua para consumo humano y riego en diversas localidades de la región chaqueña, así como presencia de tóxicos en aguas subterráneas, superficiales y tanques colectores de agua de lluvia en Santiago del Estero (Bonilla Caballero, 2019; Mas et al., 2020), mientras que otros estudios denuncian la inaccesibilidad a fuentes de agua y su contaminación por el escurrimiento desde los campos de cultivo en Salta (Naharro y Alvarez, 2011).

A través de la revisión de notas periodísticas, testimonios informales y denuncias, hemos encontrado referencias a la contaminación de aguas, a la mortandad de fauna o flora acuática, y a afecciones a la salud derivadas de la exposición a aguas contaminadas (Schmidt et al., 2023). En lo que refiere al acopio, acarreo y almacenamiento de agua, puede entreverse el predominio en el uso de recipientes plásticos, que se degradan con las altas temperaturas. Estas situaciones se complejizan cuando el agua es contenida y acarreada en bidones que antes contenían agroquímicos, descartados en las periferias de las fincas o vendidos a estas poblaciones en los centros urbanos. A su vez, cabe mencionar que en la región la contaminación del agua no responde solo a causas antrópicas, sino que tiene asimismo causas naturales, debido a la presencia de arsénico, que afecta a la calidad del agua y expone a la población que la consume a mayores riesgos de salud. En Salta y Santiago del Estero, hay zonas en las que el agua de consumo presenta altos niveles de salinidad y arsénico en napas subterráneas, que superan los valores establecidos en el Código Alimentario Argentino (López et al., 2018; Revelli et al., 2016)^[16].

En este ámbito, cabe señalar que las dos jurisdicciones poseen legislaciones provinciales que regulan el uso de agroquímicos: la Ley 6.312/1996 (decreto reglamentario 38/2001) de Santiago del Estero (desde 2019 se está discutiendo su modificación en el Poder Legislativo provincial) y la Ley 7.812/2013 (decreto reglamentario 3.924/2015) de Salta. Ambas leyes establecen una distancia de 500 m para fumigaciones terrestres, mientras que para aéreas se extiende a 3.000 m. En lo relativo al recurso hídrico, la ley salteña prohíbe la descarga, el lavado y la recarga de agua de equipos, aplicadores, herramientas, indumentarias y materiales utilizados para la aplicación de productos fitosanitarios en cursos o cuerpos de agua y canales de riego, mientras que en Santiago del Estero resulta llamativa la escasa referencia a los criterios para con los cursos de agua en el texto de la norma y su reglamentación. En esta última, entre las condiciones por cumplir para los locales destinados al depósito y almacenamiento de los agrotóxicos, se señala que estos establecimientos no deben conectarse a cursos de agua o canales que desaguan en cursos de agua.

A su vez, de modo incipiente en las dos provincias, se ha avanzado en la elaboración de proyectos o en la sanción de ordenanzas que establecen zonas de exclusión y regulan la utilización, la gestión y el transporte de agroquímicos en áreas cercanas a asentamientos poblacionales o establecimientos educativos. En la mayoría de los casos, tales normas han nacido al calor de los crecientes reclamos vecinales y de colectivos ambientales o sociales, y la distribución espacial de las situaciones de conflicto muestra que la gran mayoría se sitúa en los departamentos que presentan los mayores indicadores de producción a gran escala (mapa 2). En nuestras investigaciones, focalizamos en el estudio de casos particulares en las escalas locales con el fin de comprender las experiencias colectivas de construcción del riesgo sanitario y ambiental vinculado a la exposición directa e indirecta a los agroquímicos (Toledo López et al., 2020; Schmidt, 2021; Schmidt et al., 2022). Entre las principales poblaciones afectadas, se destacan los pueblos originarios y campesinos, tanto quienes viven en zonas rurales como en periferias de las principales ciudades de la región, resultado de procesos históricos de expulsión y desplazamiento desde sus territorios de vida. Sin embargo, no se trata solo de situaciones que afectan a poblaciones o territorios rurales, sino que estas cobran cada vez más presencia en ámbitos urbanos y en áreas de interfase donde se asientan los grupos poblacionales más vulnerables y con menor acceso a servicios.

Mapa 2. Deforestación 1976-2021, principales cuencas hídricas regionales y conflictos por agrotóxicos en Salta y Santiago del Estero

Fuente: elaboración propia.

En Salta, cabe destacar la situación de los principales departamentos del sur provincial. En concreto, Anta es el epicentro del agronegocio y cuenta con grandes empresas agropecuarias, aceiteras, semilleras y agroquímicas emplazadas en las principales localidades (Joaquín V. González, Las Lajitas, Río del Valle, Apolinario Saravia). En los últimos años, organizaciones vecinales autoconvocadas han iniciado allí un proceso de organización y problematización pública de los impactos del uso de agrotóxicos en el ambiente y la salud^[17], frente a lo cual han sido reiteradamente amenazados y deslegitimados por los sectores concentrados de la política y la producción local^[18].

Hacia el norte provincial, en el departamento de San Martín, las zonas más afectadas por las pulverizaciones se ubican en el área de influencia de localidades como Tartagal, General Mosconi, Coronel Cornejo, General Ballivián y Embarcación^[19]. Se destaca el caso de las comunidades originarias que habitan en las cercanías de Tartagal, sobre el eje de la ruta 86, las cuales se encuentran rodeadas de fincas de cultivos y permanentemente expuestas a los productos tóxicos que son aplicados vía aérea o terrestre. En particular, cobra especial atención la lucha de las mujeres indígenas nucleadas en la organización ARETEDE y la Radio Comunitaria La Voz Indígena, que protagonizan las luchas ambientales y territoriales en cuidado de la trama de la vida local frente al avance del agronegocio, que despoja sus territorios y enferma sus montes, aguas y cuerpos. Tras años de impulsar denuncias penales y públicas para exigir la intervención de las autoridades locales y provinciales, y habiendo enfrentado situaciones de intimidación y violencia, en enero de 2023, integrantes de las comunidades weenhayek resistieron al avance de las fumigaciones que en horas de la madrugada se llevaban a cabo en campos lindantes a las comunidades Quebracho y O’Kapukie^[20].

Para la población originaria y campesina, la conflictividad por el uso de agroquímicos no puede desvincularse de los conflictos territoriales por desalojos y falta de acceso a los bienes naturales en cantidad y calidad suficiente para la salud individual y comunitaria. En estos contextos, la situación hídrica es un factor agravante, en tanto una de las soluciones priorizadas desde los organismos gubernamentales y no gubernamentales a la falta de redes de servicios de agua potable es la construcción de techos colectores de agua de lluvia, que se encuentran expuestos al contacto con los tóxicos dispersados en el ambiente por los aviones fumigadores. Al ser consultado sobre este tema, un directivo de un organismo nacional con sede en Salta que desarrolla tecnologías para la captación y el almacenamiento de agua en zonas rurales nos señalaba:

Donde hay fumigaciones aéreas, olvídate, nada de esto es posible, ni la cosecha de agua de techo, ni la recarga [de acuíferos], ni nada, en los lugares que están fumigando toda el agua está contaminada, los arroyos, la freática, la lluvia, todo… estos son en los lugares por debajo de la isohieta de 500 mm (Carlos, hombre, 65 años, funcionario de organismo nacional, 06/2021).

No solo el acopio, sino también el almacenamiento del agua disponible (sea de lluvia, o proveniente de una canilla comunitaria o camión cisterna) se configura como un problema, dado que es frecuente encontrar envases de agrotóxicos como receptáculos del agua que luego es utilizada para consumo^[21]. En las propias palabras de las comunidades afectadas:

Muchas veces el agua se corta cinco días y no tenemos agua, sacamos de un grifo, de una manguera, donde sacamos de una red que pasa hasta km 6 por ejemplo, nosotros de ahí nos conectamos. Pero hay momentos que nos cierran, no sé si nos cierran la llave, y no corre el agua, por ahí una semana, entonces como que nos vemos obligados a usar esos bidones de agrotóxicos… Uno tiene un bidoncito de 5 años, pero igual, cuando uno le pone el agua, uno, dos, tres días queda el agua ahí, igual uno siente ese olor… y le da esa impotencia, porque como que ellos vienen, echan el veneno y se van, y duermen tranquilos, respiran bien y uno queda con esos olores… (referente indígena de zona Tartagal, disponible en shorter.me/w0w8V).

En Santiago del Estero, resalta la conflictividad creciente en los departamentos limítrofes con otras provincias: al norte, en los departamentos de Pellegrini (que limita con Tucumán y Salta) y Copo (en la frontera con la provincia de Chaco), donde el avance del desmonte y de los cultivos industriales se da en paralelo al incremento en los niveles de violencia y amedrentamiento hacia las comunidades campesinas que resisten en áreas reserva de bosque, y donde son frecuentes las amenazas a defensores del territorio^[22]; en el oeste, los departamentos de Jiménez, Río Hondo y Guasayán, en donde las poblaciones denuncian la llegada de avionetas fumigadoras desde Tucumán^[23]; y al este y sureste, en los departamentos de Juan Felipe Ibarra, Taboada, Belgrano, Aguirre y Rivadavia, que limitan con las provincias de Chaco y Santa Fe, donde se destaca la presencia de empresas y productores extraprovinciales, especialmente de Córdoba y Santa Fe.

En particular, cabe destacar la situación del municipio de Bandera (departamento Belgrano), donde, en el año 2010, falleció una beba nacida con malformaciones múltiples a causa de la exposición a la que durante su gestación se vieron expuestos su madre y su padre (quien trabajaba como fumigador), cuyo caso integró la demanda colectiva presentada por varias organizaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2012, que solicitó una moratoria del paquete tecnológico^[24]. Por su parte, en 2016, fue propuesto por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), en coordinación con el gobierno de la provincia, el INTA y el (ex) Ministerio de Agroindustria, como el primer municipio certificado a nivel nacional con las llamadas “buenas prácticas agrícolas” (BPA)^[25]. Otras localidades con ordenanzas que regulan el uso de agroquímicos son Selva (departamento Rivadavia) y Quimilí (departamento Moreno). Selva, ubicada en la cuenca baja del río Salí Dulce, resalta en cuanto desde 2014 se avanzó con una propuesta de ordenamiento territorial participativo, promovido por diversas instituciones gubernamentales, universitarias y locales (Ceirano, 2021; Toledo López, et al., 2020). No obstante, la ordenanza finalmente aprobada no incorporó la demanda popular, siendo decisivo el voto de funcionarios con participación en la venta de agroquímicos a través de una empresa de servicios y combustibles^[26]. Además, como jurisprudencia en la provincia, existe un amparo colectivo que en 2016 prohibió las fumigaciones aéreas y terrestres en un radio de 3.000 m y 500 m de distancia respectivamente del terreno rural donde comunidades campesinas habitan y producen, en el marco de un conflicto de tierras ocurrido en las cercanías de Bajo Hondo (departamento Juan F. Ibarra); y el mismo criterio fue tomado recientemente para el caso del Pueblo Sanavirón, en el paraje El Chañaral, departamento de Pinto. Por último, se destaca la creciente conflictividad en los departamentos limítrofes a la provincia de Tucumán, especialmente en el departamento de Jiménez. El testimonio de un referente de la zona permite visualizar la situación cotidiana a la que están expuestas las comunidades campesinas en lo relativo al acceso al agua y la exposición a los contaminantes:

En algunas comunidades suele haber una perforación en un punto, con tanques elevados, que después, a través de cañerías, llegan a las casas. En otras comunidades, por ahí las más alejadas, donde no tienen este sistema de agua domiciliaria, muchos tienen aljibes para almacenar agua de lluvia, muchas familias tienen tarros, donde guardan el agua, muchas veces así a cielo abierto, donde tienen cerca los campos que se fumigan. Los que están cerca de los ríos en invierno cuando no llueve van a buscar agua de los ríos, y después sobre todo para los animales muchas familias tienen en el campo represas, juntan el agua de lluvia y suelen tomar los animales, estas represas guardan agua a cielo abierto, también con el riesgo de envenenamiento del agua, después los animales toman esa agua, las familias que después tienen esos animales para comerlos, hay contagio, que tiene que ver con el agua (Juan, hombre, 60 años, referente religioso, 03/2021).

Por último, se señala la trayectoria de denuncias por contaminación de la cuenca Salí Dulce, que devino incluso en un conflicto interprovincial, en la que los efluentes agroindustriales han tenido una responsabilidad destacada, y que en tiempos recientes resultó en un juicio histórico por parte de la Justicia Federal al presidente de la Unión Industrial de Tucumán, de tres años de prisión con ejecución condicional y multas de reparación por daños a la localidad El Palomar del departamento de Jiménez, ocurridos en 2012 y 2013^[27].

En suma, la accesibilidad al agua dista de ser una problemática resuelta en la región. Esto se debe a múltiples factores: las desigualdades hídricas históricas y estructurales, los problemas de calidad y mantenimiento de las infraestructuras en el largo plazo, y la falta de adecuación del diseño de las obras a los intereses y las prácticas de los futuros beneficiarios (Schmidt y Tobías, 2021; Schmidt et al., 2022), junto con el acaparamiento del recurso hídrico llevado adelante por el agrohidronegocio de manera directa e indirecta (Agüero et al., 2016; Castilla y Schmidt, 2021). Lo señalado cobra mayor dimensión en virtud de la histórica postergación y los obstáculos en el acceso al sistema de salud que también se evidencian en estos territorios. La situación ambiental y sanitaria asume entonces una realidad crítica, y la emergencia pública en materia sanitaria por COVID-19 desde marzo de 2020 recrudeció la situación de exclusión vivenciada por las poblaciones rurales y periurbanas de la ecorregión, hecho que contrastó con la declaración de las tareas asociadas al agronegocio como actividades esenciales (Tobías et al., 2022)^[28].

Hasta aquí, los casos observados permiten entrever cómo al acaparamiento territorial a partir de la expansión de las “fronteras horizontales” del agronegocio se suma el acaparamiento hídrico derivado de la expansión simultánea de sus “fronteras verticales”, que se apropian también del subsuelo por medio del usufructo de las aguas subterráneas y los acuíferos (Moore, 2020). Como resultado, en la región bajo estudio, el agua que fluye hacia el agrohidronegocio entra en contradicción con las necesidades vitales de las poblaciones locales, cuyas fuentes de acceso a este recurso vital se ven cercadas, degradadas o contaminadas.

Hacia una resignificación de las categorías para el reencantamiento del mundo^[29]

Desde inicios del siglo xxi, las provincias de Salta y Santiago del Estero se han tornado territorios privilegiados para la acumulación capitalista a partir de la consolidación del agrohidronegocio. El dinamismo económico reciente se asentó en la región chaqueña sobre la concentración de los beneficios y el reparto de los malestares, y así lleva a la reproducción de las desigualdades estructurales al tiempo que construye nuevas a partir de renovados despojos en la trama de la vida.

En búsqueda de perspectivas de análisis que nos permitieran dar cuenta de la complejidad que atraviesan las problemáticas aquí resumidas, recuperamos aportes conceptuales desde la ecología política, a fin de poner foco en los procesos que violentan el bienestar de los cuerpos-territorios. La pérdida de biodiversidad, la apropiación desigual y la contaminación de la naturaleza no humana, especialmente de los bosques, la tierra y las aguas, junto con la creciente conflictividad protagonizada por la población indígena y campesina y las consecuencias sanitarias derivadas de la exposición a agroquímicos, emergen como las principales dimensiones de análisis. La destrucción del monte, una de las principales fuentes para la reproducción de la vida campesino-indígena, implica la degradación y creciente escasez de recursos, la ampliación de las distancias para su acceso y el deterioro de las condiciones para la vida de la población local. La falta de servicios básicos de agua y saneamiento, junto con la restricción en el acceso al recurso hídrico, se agrava con la contaminación de las fuentes disponibles para consumo humano o productivo. No se trata solo de una distribución desigual en el acceso y usufructo del agua, las tierras y los bosques, sino también de los niveles de degradación y contaminación existentes en los cuerpos-territorios.

Advertimos que la apropiación y el control de las aguas es una dimensión insoslayable, que complejiza el control de tierras (bajo diversas modalidades) y los procesos de despojo y acaparamiento territorial. La garantía del acceso a la tierra y al agua (superficial, subterránea, de lluvia, por medio de infraestructuras de riesgo o diversas intervenciones de carácter público o privado) son entonces elementos indisociables para la producción a gran escala de determinados bienes que no son consumidos por las poblaciones locales y cuyo proceso involucra una gran cantidad de agua, que es exportada en forma de commodities. Acaparamiento y desigualdad marchan al ritmo de la creciente precarización de los cuerpos-territorios, que se configuran de hecho en zonas de sacrificio.

Si bien, desde los sectores empresariales y los Estados (nacional y provinciales), se propone la superación del antagonismo entre lo ambiental y lo productivo, las soluciones propuestas en su mayoría no han cesado en dar continuidad a esa disociación: se propone una producción intensiva en la que la sustentabilidad se define a partir de rotación de cultivos, mayor dependencia de insumos y tecnologías inseguras como las BPA, entre otras actividades cuyos efectos residen en el reforzamiento del proceso de pampeanización a partir de la afirmación e intensificación del agronegocio. Ahora bien, la concomitante evolución en las tasas de deforestación y degradación de los bosques, los crecientes procesos de expulsión, arrinconamiento o desalojo de las poblaciones de los territorios que históricamente habitaron, en conjunción con la contaminación ambiental y la afectación de la salud como resultado de las cotidianas fumigaciones con agrotóxicos, han dado lugar a crecientes disputas en torno a los distintos modos de apropiación y valorización del territorio y al uso y aprovechamiento de los recursos existentes (Toledo López y Schmidt, 2019).

La crisis que atravesamos nos lleva a asumir que la construcción de alternativas civilizatorias no es utopía, sino necesidad. A través de estas líneas, buscamos recuperar una escritura crítica que permita asumir el desafío urgente de la complejidad para religar la trama de la vida frente a la avanzada de los sacrificios que impone la lógica del capital. Bajo esta perspectiva, el capital no es entendido como una exterioridad, sino como una forma de organizar la naturaleza y de organizarnos en ella y a través de ella, lo cual también ayuda a enlazar sus rasgos patriarcales y coloniales (Moore, 2020). Esto nos lleva a prestar especial atención a las contribuciones que, en términos de trabajo no remunerado, realizan los seres humanos (y los cuerpos feminizados en particular) y el resto de la naturaleza no humana al cuidado de la vida, lo cual incluye una mirada crítica hacia las nociones de desarrollo y bienestar entendidas como crecimiento económico, y a la categoría de servicios ecosistémicos entendidos como dones gratuitos prestados por el ambiente a la sociedad como un todo homogéneo. Asumir el lugar de la humanidad en la regeneración de la trama de la vida es preciso para un horizonte de bienestar y buen vivir.

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