Moralización de la política y crecimiento político

“La historia de las elites gobernantes muestra claramente que cuando los símbolos de su culto pierden su potencia, cuando las audiencias exteriores ya no difieren de ellos, esas elites pierden su legitimidad y son propensas a perder poder” (Cohen 1981:4).

En 1991 Villegas ganó por primera vez las elecciones al cargo de intendente de Uriarte. Luego consiguió ser reelecto en 1995, y en 1999 se prepararía para competir por su tercer mandato. Los detalles de su última campaña electoral ratificaron el proyecto político que sostuvo durante los ocho años de gobierno municipal: el denominado Proyecto Uriarte. Para Villegas éste era la síntesis de la filosofía política que había elaborado a lo largo de sus veinte años de militancia política. De las muchas experiencias que había vivido como militante, había identificado dos grandes y acuciantes problemas de la política uriartense. Uno de éstos eran “los conflictos que se suscitaban entre villeros y vecinos de barrios de clase media, producidos por diferencias sociales”. El otro, al que llamaba el “síndrome Duhalde”, era la creencia de los políticos uriartenses de que podrían hacer la carrera política de Duhalde y llegar, como él, a vicepresidente de la nación, usando la intendencia de Uriarte como un “trampolín” para cargos provinciales y nacionales, más que como un ámbito con valor en sí mismo. A comienzos de la década del ’90 Villegas tradujo la solución de estos conflictos a su proyecto político: el Proyecto Uriarte.

El Proyecto contó con el reconocimiento público de políticos: uriartenses, bonaerenses, nacionales y extranjeros; y especialistas en el tema^[1]. Todos, valoraban las pretensiones “descentralizadoras de la gestión pública”, la búsqueda de “eficiencia” y la “profundización democrática”, llevadas adelante. Si bien destacaban sus rasgos “modernizadores”, la adecuación a las nuevas tecnologías de la “participación ciudadana” y la “administración pública”, el Proyecto Uriarte poseía un carácter eminentemente moral. Los deseos de “cambiar la forma de hacer política” por una “buena”, ponían de manifiesto que Villegas y sus colaboradores, ubicaban ahí el problema moral de la política.

Si tomamos las evaluaciones contenidas en la justificación personal, el reconocimiento público y los rasgos moralizadores del Proyecto como formas alternativas de legitimación ideológica, es decir, por su falsedad, nos alejamos de la posibilidad de comprender; hacia atrás, las condiciones que desde la perspectiva de los políticos las vuelven imperiosas, y hacia delante, los efectos de la adecuación de la moralización de la política a esas condiciones; en síntesis su inscripción práctica, real y concreta. Este capítulo estará dedicado justamente a explorar ambos sentidos, en tanto las consecuencias serán dejadas para los siguientes.

Sostendré que, tomando esos rasgos moralizadores del Proyecto Uriarte como respuestas a una situación dilemática de los políticos, podremos comprender la relación entre los distintos rostros de presentación del Proyecto. Esta perspectiva nos coloca a cierta distancia de las que consideran a las políticas públicas como formas de dominación discursiva (Dreyfuss y Rabinow 1982; Apthorpe 1997). Nuestro problema no es, en este capítulo, el efecto de dominación de las políticas públicas vistas como un discurso que enmascara los problemas particulares de ciertos actores políticos como problemas generales (Cohen 1981), sino una dimensión causalmente anterior. ¿Cómo es que las políticas condensan y asocian los problemas propios de los políticos con los de la sociedad a la que se deben? Concretamente, pretendo mostrar, desde la perspectiva de los políticos uriartenses, cómo el análisis de la moralidad vuelve inteligible la asociación de estos problemas, pues zanja el enmascaramiento y diferenciación de los políticos, imagina la comunidad de referencia y constituye sujetos colectivos (Ong 1999:53).

Mostraré, entonces que la moralidad del Proyecto Uriarte expresa la respuesta de los políticos a una experiencia crítica, fuente de sus dilemas morales prácticos, signada por: un escenario de reformas neoliberales del Estado, el debilitamiento de una moral política de la convicción basada en el compromiso irrenunciable con la causa villera, y la sucesión del poder o crecimiento político.

Políticas públicas, antropología y moralidad

Las políticas públicas como problema antropológico han sido abordadas muy recientemente en la compilación de Chris Shore y Susan Wright Anthropology of Policy (1997). Según señalan las autoras, la antropología habría demorado su estudio por la tendencia a privilegiar visiones instrumentalistas del poder –como medios de regulación basados en premios y castigos–, o bien, por tomarlas como instancias neutrales de la política (Shore y Wright 1997:5,6). A cambio, han propuesto dar cuenta del papel dominador de los mecanismos de estructuración de los sujetos que esconden las políticas públicas en la sociedad contemporánea. En general, los autores de la compilación concuerdan con la siguiente afirmación: “Como argumenta Foucault la efectividad del poder yace en su habilidad para enmascararse a sí mismo y ocultar sus propios mecanismos” (Foucault 1978:86 en Shore y Wright 1997:25).

Incorporado el análisis de las políticas públicas al campo antropológico, podemos ampliar dicha perspectiva con la pregunta por la dimensión moral del enmascaramiento; es decir por los mecanismos inscriptos en las políticas públicas que resuelven problemas internos, como el del “síndrome Duhalde”. Dado que el poder no siempre es efectivo, es decir que no siempre consigue la obediencia que se propone, es sumamente importante establecer la manera en que con las políticas públicas los políticos buscan enmascarar sus problemas. El enmascaramiento es el resultado de esas evaluaciones morales mediante las cuales los políticos van definiendo, a lo largo del tiempo, sus problemas y las soluciones. Éste es un proceso muy distinto al que sugieren las orientaciones que como la de los expertos de los organismos multilaterales de crédito pujan precisamente por la homogeneización y racionalización de las políticas públicas^[2]. Podremos apreciar, a distancia de una visión normativa, las negociaciones, traducciones y adaptaciones de las recetas neoliberales, que los actores, aun en los niveles gubernamentales de menor escala, han efectuado en la Argentina^[3].

Cuando las políticas públicas enmascaran, o procesan problemas de un grupo dirigente en problemas socialmente legítimos, se vuelven un puente entre la persona, el grupo y otros contextos: locales, nacionales y trasnacionales, de los que forman parte. Al estar destinadas a dar sentido al escenario en el que se gestan son, para quienes las elaboran, un puente entre el pasado, el presente y el futuro. De un lado, ese puente da cuenta de la dimensión mítica de las políticas públicas, su continuidad simbólica, a través del encapsulamiento del pasado, el presente y el futuro (Neiburg 1998:96); del otro, la necesidad de renovación, transformación e innovación que a veces expresan pone en evidencia – contra lo que suele argüirse-, experiencias dilemáticas que ciertas coyunturas producen en quienes las imaginan. Uno y otro se combina haciendo inteligible el escenario.

Como se verá los agentes crean proyectos políticos como proyectos de vida, queriendo convertirse en algo, mientras convierten a otros (Ortner 1984:152), manipulando la ambigüedad de ciertas categorías y símbolos, socialmente disponibles^[4]. Tras esa manipulación subyacen las evaluaciones morales sobre el orden deseado, y la clase de persona política a alcanzar, lo cual convierte a ciertas políticas públicas en una clase particular de ellas, los proyectos políticos. En fin, la constitución de los políticos en un grupo dirigente dependería de la consistencia moral de su proyecto político, esto es de su capacidad para procesar la tensión entre los problemas propios y los colectivos^[5], intensificando así la potencia mística de los símbolos utilizados (Cohen 1981).

Concretamente, la moralización de la política encarnada en el Proyecto Uriarte puso de manifiesto la respuesta a una experiencia dilemática signada por: a) la reorganización de la sucesión política, o del crecimiento político; b) en un escenario neoliberal capaz de intensificar los conflictos con los desplazados; y c) el desmoronamiento de la causa villera. El Proyecto, como veremos, buscó la solución al problema moral de la política, por medio de la imaginación de una nueva comunidad de referencia (Cohen 1989) capaz, al mismo tiempo, de contener conflictos y regular la competencia política, y, en particular, de habilitar la construcción de un cuerpo de elite local. Este fenómeno pondría de relieve la imbricación^[6] entre crecimiento político y comunidad de referencia.

Los conflictos sociales y el ocaso de la mística de la política

Mientras en 1991 Villegas delineaba su filosofía política de gobierno sabía que gobernar el municipio como peronista implicaba dar muestras de adhesión a la política nacional de gobierno del presidente Menem; porque además de pertenecer al mismo partido, su jefe político era el vicepresidente Duhalde. También sabía que uno de los objetivos del presidente era terminar con el núcleo central del Estado benefactor y su modalidad particular de distribuir beneficios, lo cual había sido durante largo tiempo sinónimo de la justicia social peronista. En el escenario neoliberal, la justicia social parecía quedar progresivamente librada a la competencia de los individuos y sus productos, por la distribución de beneficios públicos^[7]. Esto era la confirmación del proceso experimentado por los funcionarios uriartenses con el Plan Arraigo, del que habían participado directamente.

La lógica mercantil y utilitarista invadió progresivamente el campo de las políticas sociales al ser dominadas por “tecnologías políticas” como la “foca­lización” (ver capítulo I), recomendadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La distribución de beneficios bajo esta forma de la competitividad era como la del mercado: los más pobres entre los pobres, quienes supuestamente más demandaban, debían ser beneficiados con los bienes y servicios de la “ayuda social directa”. Por principio, ningún agente debía mediar en esa “ayuda”. El Estado, a través de oficinas creadas para este fin, identificaba a la “población con NBI” (Necesidades Básicas Insatisfechas): sin pavimento, ni agua corriente, ni cloacas, ni viviendas consolidadas, mediante información extraída del Censo Nacional de Población y Vivienda, para garantizar la “extrema necesidad” de los “beneficiarios”. Pero dentro de este amplio grupo, el gobierno nacional, orientado por los mencionados organismos de crédito multilateral, definía criterios para determinar la extrema necesidad de los beneficiados, con la asistencia de profesionales especializados^[8]. La cuestión era que muchos de los villeros, al no clasificar como “pobres extremos”, quedaban sin beneficio. Para los funcionarios uriartenses el problema se agravaba cuando tenían que aplicar esta lógica a la inversión en infraestructura urbana y equipamiento comunitario, que exigía una aplicación colectiva antes que individual.

De ese modo, Villegas debía enfrentar el horizonte de continuidad del proceso político, en un contexto en que la política perdía localmente sentido por el agotamiento de esa moralidad fundada en la convicción en el arraigo villero –analizada en el capítulo anterior–, y por la tecnificación neoliberal de la política. En este contexto, los funcionarios políticos uriartenses parecían privados de la capacidad de cambiar el destino de la gente, pero más todavía el de los desarraigados. Esa lógica instrumental y mercantil dejaba escaso margen a la acción de los políticos. No había agencia y mucho menos ambigüedad en la distribución, la política se volvía puro cálculo. Ya no serían los militantes políticos, sino un cuerpo de técnicos en minoridad y familia, trabajadores sociales, e incluso investigadores sociales, los encargados de determinar la “necesidad”. Para Villegas y los políticos que lo seguían, por este camino la política acabaría perdiendo la poca mística que le quedaba. En adelante, sería muy difícil seguir afirmando que “en política dos más dos no es cuatro”.

Dado que otros procedimientos más impersonales y estandarizados alcanzarían sólo a los “pobres extremos”, podían augurar que los conflictos entre villeros y vecinos se potenciarían. Máxime considerando que aquellos habían comenzado a ser desplazados de la posibilidad de crecer políticamente. La cuestión era encontrar los modos en que la política podría hacer algo con y por ellos, sin incluirlos en ella; pues los villeros ahondarían la protesta cortando con neumáticos incendiados, calles y avenidas, o movilizándose a la municipalidad cada vez con más frecuencia. El panorama confirmaba el supuesto compartido por Villegas y sus colaboradores, el municipio era la escala estatal más difícil, pues allí confluían y muchas veces estallaban los conflictos nacionales, provinciales y locales.

La constitución de una jefatura local y el crecimiento político

La pérdida del sentido anterior de la política era la causa de gran parte de los males que afectaban a los políticos. Esta creencia fue central al gobierno de Villegas, cuyos más próximos aliados veían como la fuente principal del mal, la lucha despiadada por crecer en la política, su mercantilización guiada por la remuneración más que por la vocación, y el “uso” del cargo de intendente o concejal, como medio para acceder a puestos de mayor jerarquía más que como fin. En efecto, el “síndrome Duhalde” era, desde este punto de vista, el resultado de una desvalorización moral de la política en general, que llevaba a muchos a querer emular su carrera política, creyendo que la conquista de la intendencia de Uriarte les permitiría recorrer su mismo camino: la vicepresidencia de la nación, la gobernación de la provincia de Buenos Aires y, posiblemente, la presidencia de la nación^[9].

Las elecciones de octubre de 1991 le dieron el triunfo a Villegas^[10], consagrándolo intendente municipal. Al mismo tiempo, Duhalde^[11] dejaba la vicepresidencia de la nación, para ocupar el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires^[12]. Villegas había sido su más estrecho colaborador durante los duros años de la dictadura militar lo cual, para muchos, explicaba la confianza que le tenía. Pero la elección de Villegas como sucesor de Duhalde en Uriarte, frente a otros militantes que colaboraban estrechamente con el nuevo gobernador, le exigía a Villegas una justificación en términos de sus propios méritos. Como él mismo señalaba, si Duhalde había hecho tan buena carrera política era por su capacidad, no porque hubiera sido intendente de Uriarte. En este sentido, Villegas debía demostrar sus virtudes, sin las cuales no tendría la autoridad suficiente para constituirse en dirigente. Por eso, durante la campaña política, de diciembre de 1990 a octubre de 1991, esta distinción fue crucial para consolidar la jefatura local.

“Lo novedoso del esquema –señaló uno de sus íntimos colaboradores– es que Villegas no saldrá a prometer, sino a escuchar y comprometerse con las inquietudes de la gente. El legislador nacional tiene una notoria inserción en los sectores más humildes de la sociedad” (Noticias de Uriarte, diciembre 1990:19).

“Lo más gráfico que se escucha decir a la gente sobre Mauro Villegas es que es un diputado honesto, humilde, que siente realmente necesidad de hacer algo por los demás. Desde ya, no es poco ‘premio’ para un dirigente en estos tiempos de escasa credibilidad política. Pero además de estas razones morales y éticas… Según pudimos saber, en enero de 1985, antes de que el Dr. Duhalde tomara su licencia como jefe comunal, el entonces primer concejal Villegas le preguntó: ¿Qué cosas tengo que tratar con prioridad…? ¡Ah, no… –le respondió el actual vicepresidente (Duhalde)– durante febrero el intendente sos vos! Aquel mes ocupando el despacho con más poder del Palacio Blanco (el municipio) –y aun con un mandato ocasional y corto, Mauro Villegas tomó contundentes medidas apuntando a privilegiar la participación de las instituciones intermedias y los vecinos” (Noticias de Uriarte, abril 1991:11).

El periódico Noticias contribuyó a forjar la reputación de Villegas, al presentarlo como un hombre maduro, austero, artesano y jardinero de profesión; muy reconocido por: sus compañeros^[13], admiradores y opositores, y por su disponibilidad y humildad para tomar contacto personal con la gente de los barrios. Mauro, como lo llamaban sus seguidores, rondaba los cincuenta años, era de hablar pausado y calmo. Era su trayectoria personal, con independencia de su familia, la que nutría su trayectoria política^[14]. En el Palacio Municipal, esta característica suya contrastaba con la del intendente peronista anterior Ávila, quien había contratado a dos karatecas como guardaespaldas, para rehusar pequeñas y grandes manifestaciones en su contra que, con cierta frecuencia, se generaban en las puertas de su despacho.

El proyecto político de Villegas también lo diferenciaría del último intendente, y de los que quisieran competir con él en las sucesivas elecciones, dentro y fuera del municipio. El Proyecto, circunscripto claramente a la ciudad de Uriarte, fue el eje de su campaña política y también de su gobierno. Desde su local de campaña electoral al que, a diferencia de sus competidores, no le pondría ni su nombre, ni el de su agrupación política, sino Proyecto Uriarte, hasta las actividades de discusión que promovía en grupos de trabajo, lo distinguirían de los “comandos de campaña” peronista. Según señalaban Villegas y sus más íntimos seguidores, el problema con los “comandos” era que los abrían los candidatos sólo para las elecciones, reduciendo su función a la suma de votos y dinero. La construcción de sí mismo como “buen político” ratificaba y contestaba la bendición de Duhalde. El Proyecto Uriarte era su proyecto de gobierno que, independientemente de Duhalde, permitiría devolverle algún sentido a la política uriartense.

El descreimiento de la política y de los políticos, la consabida “crisis de credibilidad”, serían así enfrentados por el Proyecto Uriarte. La distancia entre los políticos y la gente, un problema reconocidamente transnacional, se expresaba localmente en quienes, habiendo perdido el sentido de la política, quedaban presos de intereses materialistas, y asumían el papel de “gerentes de la política”. La política no era el mercado, señalaban Villegas y sus más íntimos seguidores, en ella no podía regir el interés material egoísta, sino el del “bien común”. El altruismo y la generosidad eran los principales valores de la política.

“La política debe apuntar al ‘bien común’ pero no exclusivamente entendido como logros materiales sino como el fortalecimiento del espíritu, el pensar en otros y pensarse a sí mismo como forma de alcanzar la felicidad y el sosiego necesario de proclamar que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Sentir para pensar, pensar para proponer, proponer para realizar y así legitimarnos entre todos” (Fernando Olmos, funcionario a cargo del Proyecto Uriarte 1992).

La “credibilidad” dependía entonces de una valorización moral de la política, que fortaleciera espiritualmente a los políticos y alejara el “materialismo” de la política. Moralizarla significaba corregir esas formas “equivocadas” y “perversas” de “hacer política”, que debido a la pérdida de su sentido moral, llevaban a una competencia política desenfrenada. El Proyecto Uriarte detendría el desenfreno en el crecimiento político, el descreimiento y el consiguiente “alejamiento de la política del hombre común”. Muchas de las dificultades experimentadas por los gobernantes para conducir al municipio serían así superadas por el Proyecto Uriarte. En adelante el comportamiento político comenzaría a ser evaluado por un estándar moral a partir del cual se impondría una diferencia entre “estar en política” sin comprender su esencia, y “hacer política” habiéndola comprendido.

La moralización que propiciaba el Proyecto, aun cuando pretendía acercar los dirigentes políticos a la gente, consagraría nuevas distinciones, resultantes de organizar el crecimiento político en un nuevo sentido. En adelante, la política exigía un conocimiento especializado generado por el propio Proyecto. Era preciso que las personas implicadas “entiendan” el Proyecto para cambiar la forma perversa de “hacer política”. Cambiando la mentalidad de las personas, observarían los procedimientos creados por él, y así, al hacer política dejarían atrás las formas maliciosas. Éste era el principal antídoto contra el uso de los cargos políticos locales como medio antes que como fin. La política uriartense cobraría así un valor inusitado, pues no cualquiera podría hacer política, ni cualquier forma de la política sería aceptada. Los promotores del espíritu benigno de la política debían ser personas especiales con un compromiso demostrado con esta nueva causa. El Proyecto venía a desafiar las expectativas de crecimiento político ilimitado, sin importar los medios, a terminar con el “síndrome Duhalde”, profesionalizando a los políticos en un nuevo sentido.

El cuerpo de elite moral de la política

Alicia recibió el llamado telefónico a través del cual se enteraría que su tío Mauro Villegas había sufrido una severa descomposición. Era el verano del 2000, habían pasado 40 días desde que dejara el cargo de intendente. Estaba descansando en Las Toninas, un balneario de la costa marítima bonaerense donde veranean los pobladores de los suburbios del Gran Buenos Aires. Lo habían trasladado a Buenos Aires en grave estado. Fernando Olmos le propuso a Alicia, su mujer, visitarlo al día siguiente, pero ella no quiso. Creía que sería demasiado tarde. Estaba segura que su tío no sobreviviría. Habían pasado los festejos de Año Nuevo juntos, y ella lo había visto muy, pero muy preocupado. Había entregado su vida a Uriarte y a su Proyecto de gobierno, y ni siquiera podía asegurarles un lugar de trabajo a sus más íntimos colaboradores. Esto lo angustiaba profundamente. Entre sollozos Alicia me dijo, “no digo que haya sido un suicidio, pero yo sé que sentía que habíamos entregado todo y no teníamos nada”.

El sentimiento que había ligado a Fernando Olmos, a Alicia y a su tío fue forjado por el mismo Proyecto Uriarte y tuvo un papel clave en la conformación del grupo al que pertenecían^[15]. Fernando había sido ocho años secretario de Promoción de la Comunidad, la dependencia creada para implementar el Proyecto Uriarte. Alicia, sobrina del intendente, más tarde esposa de Fernando, fue directora de Promoción de la Comunidad durante, aproximadamente, seis años. Junto a Juan, Sebastián y Alberto conformaban el cuerpo especial de políticos municipales. Era así como se sentían, y este sentimiento quedaba expresado en la manera despectiva con la que se referían al resto de los políticos uriartenses. Tanto Fernando Olmos como Juan habían militado en las filas del peronismo de izquierda durante la década del ’70, ambos rondaban los 50 años. Sebastián y Alberto, en cambio, habían iniciado su militancia al término de la última dictadura y rondaban los 35 años cuando se inició el Proyecto. Alicia tenía 32 años cuando lo pusieron en marcha, nunca había militado, pero había dado muestras de su comprensión y compromiso; dos requisitos fundamentales.

Fernando Olmos había sido secretario general del Sindicato Municipal de la ciudad de Pergamino en el interior de la provincia de Buenos Aires, antes del golpe militar de 1976. En 1976 se escapó de su pueblo para evitar que lo detuvieran. Vivió desde entonces en Uriarte donde trabajó como profesor de tenis. Luego fue periodista del diario Tiempo Argentino, director de prensa de la municipalidad de Uriarte cuando Duhalde fuera intendente, y posteriormente asesor de prensa de Villegas, mientras era diputado nacional. A él le cupo la misión de convertirse en el funcionario encargado del Proyecto. Jorge tenía un perfil más intelectual y científico. Era psicólogo y durante su exilio en los Estados Unidos se había doctorado en una universidad neoyorquina, con una tesis sobre la psicología conductista. A su regreso trabajó como asesor en educación del gobierno peronista provincial y luego fue convocado por Villegas. Jorge tenía una tarea eminentemente pedagógica y era, según decía, quien sostenía teóricamente la filosofía política de Villegas. Alicia era psicopedagoga y expresaba un profundo desinterés por la vertiente liberal y privada de su profesión. En cambio, reivindicaba la posibilidad que le daba su trabajo en el Proyecto, donde podía desarrollar la faz “más social” de su profesión. Sebastián se parecía más a Fernando Olmos. Tenía un perfil político por su militancia en uno de los barrios de la ciudad. Siendo adolescente, durante los años ’70 había militado en el peronismo, luego con la democracia, reingresó plenamente. Alberto era licenciado en periodismo, rondaba los 40 años y también había conocido la militancia en los ’70.

Entre ellos había una sólida amistad fortalecida a lo largo de los ocho años de duración del Proyecto. A la intimidad de las relaciones entre los miembros del equipo del Proyecto contribuyó el matrimonio de Fernando Olmos con Alicia, producido algunos meses después del triunfo de Villegas en 1991. Las muestras del afecto y la confianza que existía entre ellos eran varias. Por ejemplo, se reflejaba en la manera como se asociaban para solucionar sus problemas de vivienda. Sebastián les había prestado a Alicia y a Fernando un departamento muy pequeño por el tiempo que les llevara terminar de construir su casa en un country de la zona sur. Alberto, convencido por Alicia y Fernando Olmos, había adquirido un terreno en ese country. Por último, la valoración del parentesco “de sangre” entre Alicia y Villegas por encima del parentesco político radicado en la Secretaría de Acción Social, a cargo de la esposa de Villegas, cerraba el círculo de intimidad de este cuerpo de elite.

Villegas reconocía en ellos a quienes compartían íntimamente su filosofía política, y tenían la virtud de ganar el compromiso de otros al Proyecto. Porque estaban comprometidos con esta nueva causa y tenían la habilidad de promoverla es que les había dado el poder de manejar la Secretaría más importante de su gobierno. Alicia y Juan no dejaban de destacar la diferencia sustantiva entre la Secretaría de Promoción de la Comunidad que había creado el Proyecto y las otras secretarías, especialmente la de Acción Social. Decía Juan que esos funcionarios no entendían nada del Proyecto, y vivían convulsionados y en estado de emergencia por dar cajas de alimentos^[16], como si de eso se tratara la política. La Secretaría de Promoción, encargada de “promover la comunidad”, estaba indudablemente en un escalón moralmente superior a las secretarías ejecutivas, lo cual era el fundamento de su preeminencia política.

La dedicación del grupo al Proyecto no terminaba con el horario municipal, era permanente: “Nuestra vida –decía Alicia– estuvo completamente absorbida por el Proyecto”. Durante el horario de trabajo en la Secretaría de Promoción, mantenían entre compromisos y actividades oficiales, frecuentes encuentros. Muchas veces, éstos se prolongaban al término de la jornada de trabajo, o durante los fines de semana en alguna de las casas de los miembros del grupo. Los huecos que dejaban las obligaciones de la función pública los llenaban de este modo. Generalmente discutían aspectos del Proyecto, anécdotas que reforzaban la crítica y la distinción de los demás funcionarios públicos municipales, pero también respecto de los miembros del Proyecto que ocupaban un rango menor. Compartían así sus concepciones sobre el mundo y la época en la que vivían, y el sentido de la vida y la política en ella. Las ideas predominantes eran el desprecio por el “materialismo” y el “egoísmo” que orientaba al mundo contemporáneo. Compartían una visión romántica de un pasado sin ubicación temporal fija, cuando se “hacía política” desinteresadamente con un compromiso pleno con la causa, y donde la solidaridad y los valores espirituales eran prioritarios.

Durante esos encuentros, Fernando Olmos hacia honor a su afición por la literatura sobre la cuestión de la guerrilla, la izquierda y la revolución en la Argentina. Estas lecturas estaban orientadas por sus presagios. Él sostenía que la sociedad de consumo, la excesiva valoración por los bienes materiales antes que los espirituales, propios de una época dominada por la globalización y el capitalismo salvaje, llevarían ya no a una guerrilla colectiva como había sucedido en los ’70, sino a una guerrilla individual. Las personas, agobiadas por la imposibilidad de satisfacer las expectativas impuestas por el sistema, terminarían por participar de enfrentamientos individuales. Fernando Olmos estaba seguro que sobrevendría una época donde ya no habría causas colectivas sino individuales, y frente a su convicción y vehemencia, nadie en su entorno se atrevía a discutir sus presagios.

El modo en que se desarrollaban estos encuentros contribuía a producir un sentido de la pertenencia al grupo de los elegidos, una suerte de cuerpo de elite municipal, diferenciada de todos los que todavía no habían comprendido el Proyecto^[17]. De esta forma los políticos comprometidos se erigían, a través de la política, en vigías morales de la sociedad. Sólo un personaje escapó al diseño original del Proyecto y al círculo de su intimidad. Su desempeño en él lo examinaré en la última sección.

Con el correr del tiempo muchas otras personas se sumaron al Proyecto. La mayoría tenía alguna experiencia de militancia política en el peronismo, pero también importaban otros saberes, por ejemplo, los relacionados con la comunicación y la docencia. Periodistas, profesores, maestros, comunicadores sociales, psicopedagogos, psicólogos y sociólogos, eran las especialidades de la mayoría de los integrantes del Proyecto. De hecho quedaron excluidos los abogados, mayoritarios en el gobierno municipal, y, en menor proporción, los asistentes sociales demandados principalmente por el área de Acción Social. Los miembros del Proyecto, que habían llegado a la Secretaría de Promoción de la Comunidad sin haber dado prueba de su compromiso y comprensión de la causa, serían menospreciados por los integrantes del Proyecto. El andamiaje del Proyecto Uriarte estaba diseñado para la promoción comunitaria, y no cualquiera podía satisfacer los requerimientos de la tarea.

Las marcas de distinción

A mediados de 1992 el Honorable Concejo Deliberante sancionó la ordenanza municipal mediante la cual se instituía oficialmente el Proyecto Uriarte y se autorizaba a la Secretaría de Promoción a implementarlo. Ésta fue la única Secretaría creada por el intendente durante su gobierno. Las otras seis secretarías existían con anterioridad: Gobierno, Planeamiento, Salud y Acción Social, Legal y Técnica, Economía y Hacienda, y Privada. La creación de esa nueva Secretaría implicó el desplazamiento espacial y político de los funcionarios y empleados de la Secretaría de Salud y Acción Social, quienes habían hecho uso de esa oficina la década anterior. Promoción contaría de aquí en adelante con una de las oficinas más grandes del Palacio Municipal. Tal desplazamiento denotaba para los funcionarios políticos, militantes y empleados municipales el privilegio concedido por el intendente al Proyecto Uriarte. Pero también evidenciaba una desvalorización de lo que, el mismo intendente, denominaba “política asistencialista”, basada en la donación de alimentos –o mercadería–, chapas, colchones, silla de ruedas y medicamentos, llevada a cabo por la Secretaría desplazada. El asistencialismo degradaba la política, como también lo hacían los “gerentes de la política”. De modo que la relación espacial significaba la demostración de un “cambio de concepto y de metodología”, donde la Secretaría de Promoción actuaría como “enlace” entre la comunidad y las demás secretarías municipales, es decir, que se colocaría por encima de las demás, sin tener por ello un rango formalmente superior a las demás. El símbolo gráfico de esta función de la Secretaría de Promoción era un conjunto de flechas que salían de un centro, y otras que llegaban a él.

Ese privilegio consagraba la superioridad del Proyecto respecto de las otras áreas del municipio. Esta superioridad quedaría demostrada en la apropiación del Proyecto de los problemas socialmente relevantes, a través de tres factores: a) el diálogo del Proyecto con los procesos nacionales y transnacionales, b) su supremacía moral, y c) sus fundamentos teóricos científicos. Éstas fueron las marcas mediante las cuales construyeron el límite (Cohen 1989) que los distinguiría de los otros políticos sumidos, desde su punto de vista, en el materialismo, el egoísmo y la desorientación. Un conjunto de evaluaciones morales del comportamiento que justificaría el apartamiento de un significativo número de aspirantes a la sucesión o crecimiento político, afectados por el “síndrome Duhalde”.

La relevancia nacional y transnacional del Proyecto Uriarte

El Proyecto Uriarte permitió a los políticos locales dialogar con el contexto político y económico, provincial, nacional y transnacional. La viabilidad y la pertinencia del Proyecto quedaban demostradas en esta capacidad de articulación con todos los “niveles” políticos. El diálogo del Proyecto con los distintos procesos quedó expresada en la ordenanza municipal que le dio existencia jurídica. En ella se destacaba la inserción del Proyecto en la compleja situación del momento y su decisión de enfrentarla:

“Visto: Que el Estado nacional, a través de la firme decisión política del Poder Ejecutivo, se halla empeñado en una profunda transformación que abarca a todos los sectores de la sociedad argentina y particularmente al Estado mismo, redefiniendo su rol en la presente etapa de nuestro desarrollo histórico, político, económico, social y cultural, siendo esta política refrendada por el Poder Legislativo de la Nación a través de la sanción de la Ley de Reforma del Estado N° 23.696 y la Ley de Emergencia Económica N° 23.697.

Que el estado provincial se halla empeñado en consolidar, desde su nivel político y estructural, los objetivos trazados por el Gobierno Nacional.

Que el Municipio debe producir dicha transformación, superando un modelo de Gobierno Comunal centralista, lento e ineficaz sin capacidad de atender en tiempo y forma los requerimientos de más de 570.000 habitantes de nuestro distrito. Que las atribuciones conferidas por la Constitución Provincial y el marco de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires otorga las facultades necesarias para atender los intereses y servicios de los vecinos y

Considerando: Que el Estado Municipal constituye la célula principal, la estructura primaria del régimen republicano y democrático, que es en el ámbito del Municipio donde aparecen y se desarrollan las primeras relaciones sociales y políticas de los individuos, las más inmediatas, y, en muchos casos, las que más directamente influyen sobre su modo y condición de vida…“(Ordenanza Municipal N° 276-D-92 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante.)

Los funcionarios políticos dejaban ver el papel político clave del municipio en la coyuntura histórica que les tocaba gobernar. El gobierno municipal adquiría de ese modo un valor equivalente al de los gobiernos nacionales y provinciales. Así el esfuerzo de políticos y no políticos conduciría a reforzar la política nacional. El éxito del Proyecto Uriarte tendría entonces una trascendencia nacional. Pero el municipio también se revalorizaba porque, en su carácter de unidad irreductible del régimen democrático y de la sociedad, las transformaciones radicales que la “situación demandaba” sólo podrían efectuarse “donde aparecen y se desarrollan las primeras relaciones sociales y políticas del individuo”, es decir, el municipio.

Esa relación con el mundo también se expresaba en términos geográficos. En un mapa, habitualmente ubicado en la primera página de las publicaciones sobre el Proyecto o en afiches exhibidos durante los encuentros públicos organizados por el equipo, presentaban bajo el título “Uriarte en el Mundo”, la localización geográfica de la ciudad en el mapa de la provincia de Buenos Aires, de ésta en el mapa de la República Argentina, y de ésta última en el planisferio.

El diálogo con la escala transnacional estaba implícito también en la alineación del Proyecto Uriarte con la política del presidente Menem quien, como vimos en el capítulo I, prometía la inserción de la Argentina en el Primer Mundo^[18]. De algún modo el Proyecto pretendía seguir el camino trazado por el gobierno nacional de transformación y modernización del Estado. Cabe destacar, sin embargo, que las reformas más significativas llevadas adelante por el gobierno nacional no se replicaron en los gobiernos municipales y provincial de Buenos Aires. Aquí no se produjeron sus efectos más notorios: despidos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, privatización del régimen jubilatorio, como sucedió en el Estado nacional. De manera que esta adhesión no terminaba de explicar la iniciativa de Villegas. De hecho en Uriarte se pondría más claramente en evidencia la dimensión político-moral del problema antes que su costado económico-financiero.

La supremacía moral del Proyecto

Si la “crisis” era resultado de la ausencia de credibilidad en los políticos, el Proyecto era presentado por sus autores como el mecanismo capaz de devolverles credibilidad. La posibilidad de recuperar la confianza dependía, desde su perspectiva, de la posibilidad de “acercar” a quienes estaban “separados”. Como decía Villegas en sus discursos:

“La democracia, a través del voto popular, legitima el acceso al poder municipal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ese poder queda restringido al manejo discrecional de pocos, sin la participación de la comunidad… En este aspecto, podemos decir que hemos puesto la política en el camino del hombre común, para demostrar que el gobierno no es asunto de entendidos que se encierran en pequeñas reuniones para decidir sobre el futuro de las necesidades e intereses de todos los vecinos”.

La recuperación de la confianza dependía de acabar con ciertas barreras erigidas entre “la política” y “los políticos” de un lado, y “el hombre común” y “los vecinos” del otro. La pérdida de contacto entre unos y otros, la escasa frecuencia con la que los políticos “bajaban a los barrios”, explicaba esta situación.

La ampliación del horizonte de interacción de los políticos era una misión fundamental del Proyecto. Los políticos debían abrirse a “la comunidad” y evitar “la distancia” con “la gente”. Cuando el intendente Villegas presentaba el Proyecto Uriarte en actos, jornadas y congresos, señalaba que los Consejos de Organización de la Comunidad (llamados Coc) eran un “cambio de metodología para democratizar el poder”. Pero esta democratización exigía acabar con los “gerentes de la política”, los que fundaban su poder en “formas clientelistas de acumulación” haciendo un “uso privado de los bienes públicos”. La “mentalidad” de esta clase de políticos contribuía a aumentar la “distancia” entre gobernantes y gobernados, en definitiva se trataba de personas que no le daban a la política el valor de “promover el bien común”. Los Consejos de Organización de la Comunidad transformarían esta forma “perversa” de hacer política porque llevarían lentamente a practicarla de acuerdo con una nueva “metodología”, que “acercaría” a gobernantes y gobernados por medio de una serie de procedimientos claves.

Sin embargo, este acercamiento no sería sinónimo de fusión. La retórica del Proyecto admitía, implícitamente, que los políticos desconocían los problemas de la gente porque no eran parte de la comunidad de vecinos, sino un cuerpo diferenciado. Así era como los dirigentes se percibían a sí mismos. La comunidad misma era la única con capacidad para reconocer sus problemas. La “distancia” sería superada por los procedimientos que la clase política les proveería a los vecinos para su autogobierno, no por la indiferenciación de unos y otros.

En suma, el Proyecto Uriarte condensaba lo bueno y deseable de la política, pues fomentaba la reconciliación entre gobernantes y gobernados, el encuentro entre políticos y no políticos. Este espíritu moralizador de los gobernantes se expresaba también en las categorías inscriptas en los procedimientos para hacerlo efectivo: la comunidad organizada –un viejo concepto peronista–, el barrio y la vecindad ocuparon un lugar clave en esta moralización.

El Proyecto Uriarte, la razón y la ciencia

Villegas había manifestado: “La realidad nos obliga a inaugurar una etapa donde prive el razonamiento por sobre lo dogmático” (Noticias de Uriarte, diciembre 1990:19). Del mismo modo, Fernando Olmos, secretario municipal a cargo del Proyecto, insistía cada vez que abría un acto en la importancia del “pensar”; de un pensamiento reflexivo sobre las características, valores y destinos de la comunidad, nutrido de los conocimientos científicos. El carácter científico del Proyecto era expresado en: el tipo de encuentros que propiciaban, ya que las reuniones, las jornadas, los congresos, los talleres y los cursos, sustituían a las movilizaciones y los actos^[19]; los fundamentos científicos y su expresión escrita antes que verbal; y la creación de una biblioteca con libros de filosofía y ciencias sociales que, entre otros autores, reunía a Max Weber, Anthony Giddens, Jürgen Habermas y Karl Marx.

La decoración de las paredes de acceso a la Secretaría coronaba la valoración de la ciencia, la razón y el pensamiento. Un conjunto de diez paneles graficaban, en cuadros sinópticos, la evolución de la razón desde el iluminismo hasta nuestros días. Paso a paso destacaban la importancia del saber, del entendimiento, del pensamiento y de la ciencia en cada fase del desarrollo de la humanidad. Ubicados en lo más alto de la pared de la sala de espera, era necesario levantar la cabeza y recorrer las cuatro paredes para observarlos en su totalidad. Algunos integrantes del Proyecto de menor rango reconocían su valor incluso cuando admitían no haberlo podido entender.

Los funcionarios manifestaron la primacía científica del Proyecto Uriarte en tres publicaciones que distribuyeron sucesivamente entre otros funcionarios del municipio; los implicados del Proyecto dentro y fuera del municipio; y los invitados, huéspedes y observadores. La primera publicación fue sobre el Proyecto Uriarte en general, allí daban cuenta de las ideas de Villegas que inspiraban el Proyecto, la inserción de Uriarte en el mundo y en la historia de la Argentina, las características del Proyecto, y su “Marco Teórico”. La segunda fue sobre los Consejos de Organización de la Comunidad, se replicaba lo anterior pero además se detallaban “las razones” por las cuales los Consejos eran importantes. La última publicación fue sobre la Escuela de Promotores Comunitarios –Pro Universidad Abierta –. En ésta detallaban el beneficio de la tarea pedagógica para la comunidad vecinal en general y para los líderes en particular^[20]; los cursos de psicología, sociología, filosofía, historia y ciencias políticas; y las negociaciones para que la Escuela fuese reconocida por la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.

El carácter científico del Proyecto estaba encarnado en la conexión entre el diagnóstico local del problema efectuado por Villegas y su gente, y la explicación que Jürgen Habermas ofreciera teóricamente sobre un fenómeno semejante en los países con capitalismo avanzado. Habermas había explicado cómo se producía la brecha entre dirigentes y sociedad, y los fundamentos de esta crisis de la creencia en la política, lo cual les permitía a Villegas y su equipo localizar el problema en un nivel mayor de generalidad y validez. El ejercicio de traducción del lenguaje de dicho autor, al del Proyecto quedó expresado en las publicaciones mencionadas y los encuentros, donde los dirigentes del Proyecto mostraban la adecuación de esta teoría al problema local. El Proyecto fue así una respuesta particular a un problema universal localmente identificado.

El modelo sistémico que Habermas usaba para explicar el problema del capitalismo avanzado podía aplicarse a Uriarte. Alicia y Juan tenían conocimiento del manejo de los modelos sistémicos aplicados a la psicología, por lo cual confiaban en su capacidad para introducir la teoría de Habermas en el Proyecto. Sostenían que la fase postcapitalista era la generadora del descreimiento de la política, tanto en otros sitios como en Uriarte. Consideraban a “la comuna”–el municipio– como un “sistema de sociedad” y, siguiendo a Habermas, distinguían en su interior tres subsistemas: el político administrativo, el económico y el sociocultural. El problema del descreimiento lo explicaban así:

“Si el sistema político se sustentase exclusivamente en el dictado del sufragio, sucedería (y sucede) que en la conciencia del individuo se genera la siguiente contradicción; el voto lleva el poder político a su puesto, pero una vez dado este hecho, el poder ya no requiere de la consulta popular, con lo cual, al individuo le queda la mera aceptación o rechazo de los hechos consumados, generándose así la indiferencia política por parte de los ciudadanos y la búsqueda de satisfacción de deseos que reniegan de lo social. Jürgen Habermas hace este planteo refiriéndose al modo poscapitalista, y lo ve como una intención expresa del sistema político para diluir la participación del ciudadano, que según dicho autor, desea lo contrario de lo que el sistema de sociedad requiere para subsistir. Lo que queremos señalar es que el sistema político no puede ni debe generar la insatisfacción de los individuos sociales, ya que eso es el extremo opuesto de su función en la sociedad civil” (Proyecto Uriarte. Un Nuevo Modelo Político-Administrativo. Municipalidad de Uriarte, 1994:32).

La solución a este problema, aclaraban los miembros del equipo en sus escritos, no era la vía revolucionaria o el cambio violento, sino el “cambio sistémico”. La modificación en un subsistema provocaría el cambio gradual de los otros subsistemas. La teoría de Habermas contribuía a sostener esta idea, tanto como a diferenciar la política buena de la mala, identificándola con la moralización encarnada por el Proyecto. La diferenciación ya no era sólo entre gobernantes y gobernados, dirigentes y dirigidos, o políticos y la gente, sino entre los mismos dirigentes. Ni “asistencialistas”, ni “gerentes de la política”, ni “revolucionarios” comprendían la “buena política”.

Varias eran las audiencias en las que presentaban el Proyecto como una solución “racional y científica” a un problema científicamente justificado. El tránsito por ellas reforzaba las marcas que los separaban de quienes no pertenecían al Proyecto. A los gobernados se les distribuyeron las publicaciones y se reforzaron estas ideas en encuentros de comunicación y talleres de reflexión llevados a cabo en prolongadas jornadas de trabajo. A los demás gobernantes locales, esta clase de demostraciones los dejaba un tanto perplejos, pues colocaba la confrontación política en un terreno para ellos desconocido.

El Proyecto Uriarte tuvo también una audiencia internacional. En los primeros años de su implementación, el “equipo” viajó junto al intendente para presentarlo ante dirigentes políticos y académicos de América y Europa. En 1992 el intendente y los miembros de la Secretaría de Promoción de la Comunidad expusieron el Proyecto Uriarte en el XI Congreso Internacional de Resolución de Conflictos en Grupos, Familias y Naciones de Canadá; y en la Universidad de Pennsylvania de los Estados Unidos. En 1994 fueron invitados por el gobierno de la República Dominicana para “disertar sobre los Consejos de Organización de la Comunidad”; la delegación fue distinguida por el gobierno como “visitantes ilustres”, y también por el gobierno y la Universidad de Puerto Rico. En 1998 el secretario de Promoción de la Comunidad en representación del intendente participó en España del XXIV Congreso Iberoamericano de Municipios. Con Cuba desarrollaron jornadas de intercambio promovidas por la embajada argentina en ese país.

En la Argentina establecieron relación con profesionales interesados en diversas especialidades, muchos de los cuales tuvieron algún tipo de participación directa. El Proyecto atrajo a profesionales externos al municipio de los siguientes campos de interés: la educación popular, la administración pública, la gestión urbana, la comunicación social y la psicología social. Por lo general realizaban observaciones o participaban de un taller de comunicación o una jornada de capacitación, luego que el equipo se cercioraba que dichos profesionales daban muestras de estar realmente comprometidos con el Proyecto.

Como se ve, su difusión fue lo suficientemente amplia como para incrementar la valoración del cuerpo de funcionarios a cargo, su diferenciación y jerarquización sobre los demás. Esta valoración fue acompañada de un movimiento de las personas implicadas, hacia la reivindicación de la pertenencia al “pueblo de Uriarte”.

Los gobernantes y la comunidad vecinal

Como vimos, los políticos que imaginaron el Proyecto imprimieron las marcas que los constituiría en un grupo diferenciado de los otros políticos, pero también definirían así su relación con los no políticos, los vecinos gobernados. Un vínculo que no implicaría en este caso su inclusión política, tal como vimos sucedía con los villeros. Por el contrario, los procedimientos contenidos en el Proyecto eran, como aseguraban Villegas y Fernando Olmos, un cambio de “metodología política”. Concedían un encuentro regulado, que garantizaba la diferenciación entre gobernantes y gobernados, o dirigentes y dirigidos. La base de esta regulación fue un conjunto de procedimientos para la creación y funcionamiento de los Consejos de Organización de la Comunidad que consagraba nuevas formas de imaginar y producir la comunidad de referencia. La relación de los Consejos con el concepto de “Comunidad Organizada” establecido por el general Perón, fundador y líder del Movimiento Peronista, hacia fines de los años ’40, fue la dimensión de continuidad con la tradición del movimiento. Siguiendo las ideas del general Perón, Fernando Olmos aseguraba: “El hombre no puede realizarse en una comunidad que no se realiza”; los esfuerzos no podían agotarse en los destinos individuales pero si en los comunitarios. Pero el énfasis en el barrio y sus vecinos como comunidad, sí era novedoso, pues disolvía la diferenciación nominal entre villeros y vecinos, el principal problema de gobierno para Villegas^[21].

Los Consejos de Organización de la Comunidad organizaban a una comunidad en la cual no habría espacio político para la distinción entre villeros y vecinos, desarraigados y arraigados. Todos los residentes en Uriarte, sin distinción, serían clasificados como vecinos. Los Consejos eran la organización de la comunidad de vecinos para asignar prioridades a los problemas del barrio y compartir la toma de decisiones con el municipio. Los conflictos estarían controlados y contenidos por esos procedimientos mediante los cuales los vecinos se organizaban en Consejos y establecían relación con los gobernantes.

En el curso de los primeros tres años de implementación del Proyecto, el intendente y su “equipo” consiguieron crear cincuenta y tres Consejos de Organización de la Comunidad. Dividieron todo el territorio poblado del partido de Uriarte siguiendo las antiguas divisiones en barrios^[22], y convocaron a “todas las organizaciones libres del pueblo”: instituciones vecinales, clubes, asociaciones de jubilados, a “organizarse”. Cada Consejo estaba integrado por dos representantes de cada una de esas organizaciones del barrio. Anualmente elegían entre ellos las autoridades del consejo directivo del Consejo de Organización Comunitaria.

Para que su organización siguiera los cánones del Proyecto, el puente entre el municipio y los vecinos eran los coordinadores. Así denominaban a unos veinte agentes municipales, la mayoría de ellos militantes políticos peronistas. Inicialmente el propio intendente tenía a su cargo la designación. Sin embargo, esto sólo sucedió en muy pocos casos, en su mayoría los coordinadores serían transferidos con sus viejos cargos, más viáticos y horas extras de otras dependencias con la aprobación del intendente. Estos agentes formaban el “cuerpo de coordinadores”, un “cuerpo” bastante heterogéneo, como gustaba en calificarlo Alicia, su directora. Los coordinadores eran personas que debían mantener la “neutralidad”, es decir no debían influir en las decisiones de los “representantes de las entidades” del barrio sino canalizar las necesidades y demandas adaptándolas a la lógica del Proyecto; en consecuencia, no podían coordinar los Consejos de los barrios donde vivían. El concepto era no ser “juez y parte”.

El funcionamiento regular de todos los Consejos dependió fundamentalmente de reuniones. Reuniones con Alicia y los coordinadores dos veces por semana en el Palacio Municipal, reuniones del Consejo con sus miembros en el barrio de dos a cuatro veces al mes, según el barrio, y reuniones de los integrantes del Consejo por temas extraordinarios. También había reuniones especiales de funcionarios municipales con coordinadores y con los miembros de los Consejos. Las reuniones eran sobre temas variados pero todas ellas tenían relación con la mejora, el progreso o el bien del barrio. Alumbrado público, pavimento, veredas, desagües, inundaciones, contaminación, distribución de mercadería (alimentos, leche, etc.), todas las necesidades del barrio tenían que ser canalizadas a través del Consejo. Es decir que en las reuniones los representantes confeccionaban las notas con las prioridades del barrio y luego el coordinador del Consejo se ocupaba de llevarla a la Secretaría de Promoción de la Comunidad. Una vez allí, los empleados administrativos se encargaban de enviar la nota con la solicitud a la dependencia correspondiente.

Ese procedimiento era la base del “buen acercamiento” entre gobernantes y gobernados al eliminar dos procedimientos: el “lento e ineficiente” de los pasos burocráticos normales, expedientes que debían ser presentados en “Mesa de Entrada” para que llegaran al funcionario que “daba respuesta al reclamo”; y el “sucio”, el de los “arreglos políticos” entre un funcionario o concejal y el “puntero”^[23]. En los Consejos los vecinos se ponían de acuerdo, con la ayuda de su coordinador, sobre “las necesidades del barrio” y luego las “elevaban” al Municipio a través de la Secretaría de Promoción de la Comunidad, la encargada de “agilizar” y volver “transparentes” los “actos de gobierno”.

La observancia de los procedimientos dictados y producidos por el Proyecto era la garantía de la pureza de las acciones políticas. La “buena política” quedaba identificaba así como la ausencia de conflictos, y era garantizada por la realización de aquellos procedimientos. De este modo los límites antes reconocidos entre villeros y vecinos se disolverían dando lugar a la imaginación y producción de una comunidad homogénea, sin desigualdades, formada tan sólo por vecinos. La homogeneización de la comunidad de referencia era la contracara de la construcción de los políticos como clase, y de su lugar en ella. El Proyecto era al mismo tiempo un anuncio del límite entre dirigentes políticos y vecinos, la ratificación de la exclusión de los segundos de la carrera política, y un intento por establecer criterios de delimitación mediante los cuales hacer que la política sea una actividad para el bien de todos. En otras palabras, el Proyecto construía la imagen de los dirigentes como una clase política que, para perdurar, debía garantizar la gobernabilidad de los gobernados. El problema era evitar que esa división instituyera un abismo con la comunidad, una vez excluidos sus miembros de la posibilidad de crecer políticamente. En este sentido, el Proyecto Uriarte revelaba la experiencia de un problema propio de los políticos en sus intentos por constituirse y reproducirse como un grupo dirigente. Dicha expresión estaba oscurecida por su inversión, pues mientras persuadían a los no dirigentes, no políticos, de que esa división era un problema que resolver, inevitablemente establecían alguna.

Para ellos, dicha atenuación de la conflictividad estaría garantizada por la política barrial, siempre y cuando los gobernados, en particular los villeros, entendieran que el sentido de la política no estaba en acceder al gobierno municipal sino en el barrio. Dejarían entonces de presionar para ingresar a la política. El barrio era la fuente generadora de consenso producido por ese axiomático deseo de progreso. El barrio era la unidad desde y hacia la cual orientar el esfuerzo de la comunidad. No había otro espacio promotor del sentido de la política para los gobernantes, si es que querían alejarse del daño que provocaba la falta de credibilidad, y de su propia existencia en tanto tales. Con este objeto, la “promoción” de la identidad barrial generó actividades de capacitación a través de “talleres”, “jornadas” y “cursos”, destinadas a reforzar el sentido de comunidad en los barrios. En suma, todo contribuía a recluir a los vecinos en el fomento de sus barrios alejándolos del mentado crecimiento político, y de las pretensiones de conseguirlo. Las consecuencias de este fenómeno las examinaremos en detalle en el próximo capítulo, aunque sentimientos de desazón y apatía le darían un tono distintivo al mismo.

La identidad uriartense y la formación de la elite política local

El profesor Roque Pérez, ese personaje extraño al círculo íntimo de los dirigentes del Proyecto, era el segundo en jerarquía después de Fernando Olmos. No compartía los encuentros cotidianos con los demás funcionarios del Proyecto, ni su amistad, pero –al menos en mi presencia– no era cuestionado. Roque Pérez, era alto y canoso, de unos 60 años, vestía habitualmente de traje, y se definía a sí mismo como un nacionalista católico y políticamente independiente. Era un acérrimo promotor del valor de la identidad territorial, y poseía estrechas relaciones con el Obispado de Uriarte, y los diversos centros tradicionalistas y nacionalistas de la ciudad. Su tarea en el Proyecto fue la de consolidar la relación con los vecinos de los Consejos de Organización de la Comunidad pertenecientes a los barrios establecidos del centro de la ciudad. Mientras ejercía el cargo de subsecretario de Promoción de la Comunidad, era director del Profesorado de una Escuela del Obispado de Uriarte. Entre 1995 y 1996 coordinó un programa de reparación de calles de los barrios más céntricos, donde los dirigentes vecinales debían decidir las prioridades y fiscalizar las obras.

Fue en diciembre de 1996, en vísperas de la Navidad, cuando el profesor consiguió lo que más ansiaba. El intendente Villegas convirtió en decreto el Plan de Afirmación de la Identidad Uriartense^[24], mediante el cual el Proyecto Uriarte fomentaría la identidad barrial. Villegas consideraba que el arraigo a la ciudad de Uriarte empezaba por el arraigo al propio barrio. Sus discursos de presentación del Proyecto siempre incluían una referencia a la ciudad, al propósito de “hacer de Uriarte una ciudad para ser vivida por todos”, “reforzar el orgullo de ser uriartense”, etc. El intendente y los otros integrantes del Proyecto creían que para consolidar los Consejos de Organización de la Comunidad y promover el sentido de comunidad era necesario fomentar sus valores culturales. La cultura del barrio debía ser reconocida para ser valorada. Ese papel de “reconocimiento” y “rescate” era el que le habían asignado a Roque Pérez, quien por su trayectoria como historiador, nacionalista y católico, podría realizar sin que interés político alguno empañara la misión. La investigación, el relevamiento y la custodia de la memoria individual y colectiva eran las tareas definidas por el Plan. En los Consejos de Organización de la Comunidad, con la participación activa de las asociaciones vecinales, buscarían revalorizar los procesos históricos y culturales de cada barrio. Esos procesos no contemplaban las etapas de la vida previas a la llegada al barrio en cuestión, la “historia” se iniciaba con la llegada a Uriarte. Para el intendente “fortalecer la conciencia histórica y la identidad barrial era una búsqueda trascendental”.

El acto de lanzamiento del Plan y la repercusión periodística daba buena cuenta del sentido que tenía para sus creadores. Habían elegido la sede del Instituto Superior de Profesorado que Roque Pérez dirigía, lindera a la municipalidad y a la catedral de la ciudad. El instituto llevaba el nombre del primer obispo de la diócesis católica de Uriarte. Contaba con una larga tradición en enseñanza normal y religiosa, y cubría todos los niveles de escolaridad. Roque Pérez era el director del nivel en el cual se formaban los futuros profesores y maestros del nivel escolar secundario y primario.

El intendente, el secretario de Promoción de la Comunidad y el profesor presidieron el acto. La presentación del Plan fue la consagración de una nómina de familias denominada “Convención de Antiguas Familias Pobladoras”. La mayoría de los presentes eran miembros de esta Convención; más precisamente los miembros de mayor edad de estas familias. La Convención estaba definida como: “vecinos de viejo arraigo en el municipio, que colaboran con su testimonio de vida, a relevar la memoria colectiva de todas las zonas que conforman, siendo con carácter honorario”.

Un aspecto clave de esta convención era quiénes habían sido seleccionados, entre los vecinos más antiguos y establecidos de Uriarte. La selección, que habían realizado el intendente y Roque Pérez, da cuenta del sentido del acto. En un setenta por ciento, los 83 miembros de las familias pertenecían a la “clase política” de Uriarte: Alende, Isla, Navarro, Smith, entre otros. Ninguno de ellos aparecía representando a las colectividades de inmigrantes: italianos, españoles o del interior del país; tampoco Smith, de evidente prosapia inglesa. En esta Convención era la relación de las familias con la clase política lo que instituía el valor de los dirigentes en la construcción de la comunidad vecinal, pero también las pretensiones de fijar límites con otros grupos locales de elite (véase capítulo II). El grupo de la clase política profesaba de este modo su propia constitución a través de lo que llamaban el “rescate”, el “reconocimiento” y la “revalorización” de los procesos históricos y culturales del lugar, y de su patrimonio. Pero además, la relevancia asignada por los creadores del Plan al criterio de la antigüedad, jerarquizaba los barrios del centro sobre los de la periferia y definía como “nueva elite de vecinos” a los dirigentes políticos.

Moralidad y comunidad vecinal

El Proyecto Uriarte fue una instancia de imaginación de la comunidad política^[25] moralizadora, originada en los intentos de un grupo de políticos de superar una experiencia crítica. Esta experiencia estuvo localmente signada, como mencionamos, por: la exclusión de los villeros del crecimiento político y de la comunidad política de referencia; y el “síndrome Duhalde”. El desplazamiento de los villeros del crecimiento político era dependiente de su exclusión de la comunidad de referencia. Tal proceso había puesto de manifiesto que, hasta entonces, quienes pertenecían a la comunidad de referencia también tenían derecho a la sucesión política. Pero esto había terminado. La discontinuidad puso al descubierto la moralidad de la política como una conexión entre esas dos dimensiones. El Proyecto Uriarte moralizaría la política dirimiendo esa conexión entre el derecho sucesorio y la imaginación de una comunidad de referencia sin villeros.

El Proyecto, en principio, permitió a un conjunto de personas volver a trazar los límites que los diferenciaban de otros. Estos “otros” eran, por un lado, los políticos que habían equivocado el camino volviéndose egoístas, descomprometidos e interesados, y por el otro la gente, fragmentada entre villeros y vecinos. La moralización del Proyecto implicó en suma tres movimientos en la imaginación de la comunidad política: primero la unificación de los villeros y los vecinos bajo la categoría de “vecinos”; segundo la distinción entre los vecinos de la comunidad de los dirigentes políticos, y tercero, la conformación de un cuerpo de elite moral de la política. Estos límites eran intentos de superar los problemas derivados de convertirse en un grupo dirigente.

En rigor se trató de un proceso de comunalización que promovió la imaginación de un sentido de pertenencia común (Brow 1990:1) y de construcción de límites frente a otros (Anthony Cohen 1989:12)^[26]. La comunalización estuvo inscripta en el Proyecto Uriarte en un sentido jerárquico (Brow 1990:2; Elías 1998)^[27] fue actuada en el proceso mismo de su desarrollo, tanto hacia afuera del cuerpo de elite como hacia dentro.

Como advierte Schluchter sobre la relación entre moral y política en la teoría weberiana, la especificación sobre el tipo de responsabilidad que define las distintas morales requiere hacerse la siguiente pregunta: “¿para quién y por qué uno es responsable?” (Schluchter 1996:49). El análisis demuestra que la transformación de una ética pura de las convicciones a una más responsable requiere no sólo de la transformación de las convicciones, como señalamos en el capítulo anterior, sino también de la redefinición simbólica de la comunidad sobre la que se es responsable.

Pero ¿de qué era responsable esta elite política? Las nuevas convicciones eran básicamente procedimientos cuya observancia moralizaba la política. “Hacer política” a través de los Consejos de Organización tenía por cometido evitar los conflictos. En función de ello se habían diseñado sus procedimientos. Si esta forma de “hacer política” era moral es porque estaba destinada a asegurar el control, resolución o limitación de los conflictos, entonces un buen político quedaba definido, ni más ni menos, que por su demostración de la responsabilidad en el control de los conflictos, muy distinto a serlo por la solución de los problemas sociales. El Proyecto desplegó una compleja red de mecanismos destinados a contener los conflictos y, eventualmente, la ingobernabilidad, donde fue crucial la disolución de los límites entre la comunidad villera y la comunidad vecinal. Desde entonces no sería posible crecer políticamente apelando a la condición de villero. La categoría villero desapareció del lenguaje político, mientras emergía la de vecino y la de clase política. El Proyecto fue así un instrumento de reconversión simbólica de la comunidad, una retórica que construyó una nueva diferenciación social (Briggs 1996:14).

Desde luego, la política cambió su sentido. Ésta elite política local buscaba tomar distancia de la conflictividad promovida por el estado casi permanente de movilización villera, de épocas anteriores, cuando las pretensiones de crecimiento político se jugaban con ello, para al fin definirse por la evitación y control de conflictos.

El capítulo IV nos mostrará cómo el problema moral de la política permanece a la luz mientras el Proyecto intenta compatibilizar esta nueva comunalización vecinal con el derecho a la sucesión política. Veremos que para los políticos uriartenses el problema moral de la política quedaba particularmente comprometido por la dificultad de regular la competencia por el poder, al mismo tiempo que definir una comunidad política históricamente construida^[28].

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