En el mes de junio de 1997 Marcos, un niño de 13 años, murió súbitamente de meningitis en la Unidad Sanitaria de Villa La Rosa, horas después de haber concluido su día de clase en la escuela del barrio. Durante cuatro horas fue atendido sin éxito por el médico y la enfermera de guardia, mientras esperaban la ambulancia que lo conduciría al Hospital central de Uriarte. Ante las cámaras de televisión de Crónica TV, el canal de noticias con mayor audiencia popular del Gran Buenos Aires^[1], Facundo, hasta entonces el líder más importante del barrio, fue culpado por los vecinos de esa muerte. Un conflicto entre dirigentes barriales y funcionarios políticos municipales, designado como politizacion^[2], desafió públicamente su poder.

El hecho de que la culpa y la responsabilidad^[3] por la muerte de Marcos se dirimieran como politización y despolitización, torna pertinente la pregunta por la naturaleza práctica de esa asociación y del proceso desencadenado. Si como veremos, la politización del suceso introdujo la identificación de los responsables, son evaluaciones morales las que reaparecen estructurando el proceso político. ¿Quiénes son responsables frente a qué acontecimientos? ¿Cómo se dirimen las posiciones de los agentes en este proceso? Y, por último ¿cómo se define la comunidad de referencia o el “público” hacia quienes los políticos son responsables?

A partir de la muerte de Marcos los protagonistas se diferenciaron de acuerdo a sus responsabilidades sobre la muerte o sobre su politización. Pero estas evaluaciones no sólo diferenciaron a sus protagonistas, también los jerarquizaron dirimiendo el conflicto. Ambas evaluaciones se contestaban entre sí, de manera que Facundo sólo podía evitar el peso de la responsabilidad por la muerte, si conseguía identificar a los responsables de la politización y, por lo tanto, despolitizar la muerte.

Por consiguiente, la comprensión de este proceso nos empuja a evitar la reducción de la politización a una competencia lisa y llana por el poder^[4]. No es un cálculo de costo-beneficio el que explica el sentido del comportamiento en este caso; aunque en la Argentina neoliberal de los noventa, la politización haya sido muchas veces reducida por la prensa y las autoridades políticas a esa concepción. Como veremos, quedaba claro en este caso que para desacreditar un conflicto y el reclamo a las autoridades públicas, bastaba con identificar a quienes lo habían politizado. Esto significaba detectar a quiénes estaban sacando una “ventaja política personal”; ya sea “aprovechándose del mal ajeno” o bien convirtiendo en problema un hecho que, desde el punto de vista oficial era intrascendente. Si bien esta percepción de la politización participó del proceso que analizaremos, está bien lejos de explicarlo. Al estar envuelta en él, y participar de la construcción del mismo como un proceso inmoral, nos ofrece evidencias de la asociación entre moralidad y política inscriptas en los procesos de politización y despolitización.

Propongo entonces entender la politización de la muerte de Marcos en Villa La Rosa, en un triple sentido: como un desafío abierto a la autoridad de ciertos dirigentes políticos; como un desafío tácito a los estándares morales mediante los cuales les fue posible se reconocidos y crecer políticamente; y, en última instancia, como un límite a esa escisión entre crecimiento –o sucesión– política y comunidad de referencia, que inhabilitaba a los desplazados en su competencia por el reconocimiento político.

El desafío al reconocimiento de Facundo llevado adelante por la politización dependió de un juego de evaluaciones morales cuyos rasgos principales fueron: a) los usos de un estándar de evaluación “personal” frente a otro “institucional”, b) la capacidad de los oponentes de manipular la publicidad y privacidad de estas evaluaciones, y c) la pertinencia de los argumentos a favor de la responsabilidad por la politización, y por la muerte. El juego del reconocimiento desplegado aquí se distingue del juego del honor (Pitt-Rivers 1965; Gilmore 1987; Bourdieu 1991; Stewart 1994) y la reputación (Bailey 1971; Scott 1986) pues la competencia no es necesariamente entre iguales y exige de un superior^[5]. Quiero decir que el reconocimiento admite la pretensión de incrementar el derecho a poseer mayor respeto (Stewart 1994:59), lo que en este escenario significa crecer políticamente. Por ello, el desafío de los inferiores, Artemio, a los superiores, Facundo y el intendente Villegas, puso en jaque la distribución de derechos y, al mismo tiempo, reveló las evaluaciones morales por medio de las cuales se asignan. Por estas razones la politización fue un proceso clave para entender la impronta del mecanismo de reconocimiento en la dinámica política local, a expensas de la visión instrumental y mercantil de la política usualmente asociada al concepto de clientelismo político.

La coyuntura política uriartense

Las cartas parecían echadas en el campo político uriartense a comienzos de 1996. Era un año al que la mayoría coincidía en definir como “políticamente tranquilo”, ya que no había ni elecciones internas del peronismo, ni tampoco generales. El intendente Villegas y el resto de las autoridades del gobierno municipal habían asumido recientemente sus cargos públicos. La reelección de Villegas, a fines de 1995, contribuía en gran medida a esa sensación de calma y previsibilidad que muchos de ellos experimentaban, aunque también coexistía con cierta insatisfacción. Su segundo gobierno –de 1995 a 1999–, había terminado por aplazar las aspiraciones de ascenso de dirigentes políticos ya incorporados oficialmente al gobierno municipal, en tanto, como vimos en los capítulos IV y V, los militantes barriales ya las tenían cercenadas. Tan sólo los rumores que corrían por pasillos, reuniones y otros encuentros de la pronta renuncia de Villegas al cargo, y su reemplazo por la primera concejal Cecilia Ianni, renovaban las esperanzas de pronto crecimiento.

Recién a mediados de 1996, los militantes y dirigentes políticos comenzaban a prever la agitación que traería 1997, en el que otra elección general reasignaría cargos en el Concejo Deliberante municipal. El futuro año electoral parecía abrigar algunos de los problemas que militantes y dirigentes ocasionalmente conversaban entre actividad y actividad. Los más comentados eran: la separación y creación de un nuevo municipio denominado “La Franja” en Hardfield, con el consiguiente problema de qué fuerza política lo ganaría y quiénes serían los candidatos del mismo; la preocupación por el crecimiento local del Partido Frepaso con la elección de tres concejales en 1995; la posible convocatoria a elecciones entre las dos “líneas internas” –o facciones– del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Lipebo y Liga Federal; y, por último, la aparición de candidatos a las elecciones presidenciales de 1999 que competirían con el favorito local del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, nativo de Uriarte.

Para los políticos ya incorporados a los cargos del Estado municipal, el crecimiento del Frepaso era el tema más preocupante. El Frepaso era, como adelantamos en el capítulo I, un frente de alcance nacional constituido a comienzos de los ’90 por la confluencia de muchos de los que se fueron del peronismo, el Partido Intransigente, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista, y se consideraba a sí misma como una fuerza de “centro-izquierda”. Los dirigentes políticos peronistas uriartenses veían a los peronistas incorporados al Frepaso como “traidores”, por lo cual desconfiaban ampliamente de su dignidad política. ¿Qué conducta se podía esperar de quienes ya habían traicionado al Movimiento Peronista? Esta impugnación se incrementaba incluso frente a los militantes de izquierda y del radicalismo, por qué a los “traidores” les reconocían una virtud propiamente peronista: la capacidad y experiencia para “trabajar políticamente con los de abajo” y “llegar al barrio”. Quienes tenían llegada a, ya sea de arriba hacia abajo como a la inversa de la jerarquía política eran, en este escenario, aquellos que gozaban de gran reconocimiento.

No obstante, en épocas electoralmente tranquilas como la signada por el año 1996, no había un completo congelamiento de la competencia política. Si bien es cierto, como analizan Moacir Palmeira y Beatriz Heredia en Brasil (1995, 1997), que el realineamiento de fuerzas se produce durante las elecciones –el “tiempo de la política”–, en Uriarte éste no es privativo de esa época. Aquí el tiempo de la política no es tan extraordinario, como en Pernambuco –Brasil–, ni tampoco está sujeto a que las facciones “se muestren por entero” (Palmeira y Heredia 1995:34). Al contrario, el “tiempo de la política” se expresa como el tiempo de la lucha entre bandos que “invocan” y “evocan” grandes facciones. Entender el proceso de politización en su particularidad requiere poner distancia al concepto de facción como una parte observable de la sociedad formada por la movilización temporaria de redes sociales, propia de la tradición antropológica (Nicolas 1969; Silverman y Salisbury 1979), pero también a la perspectiva de Palmeira y Heredia, que caracteriza la política de Brasil como política de facciones (Palmeira y Heredia 1995; 1997). Por mi parte, propongo pensar la politización como “política facciosa”, es decir como un conflicto desarrollado en una multiplicidad de situaciones que diferencian tiempos y espacios “políticos”, de aquéllos “institucionales”, y éstos de los “personales”. Para ello, se requiere identificar los estándares de evaluación moral mediante los cuales se procesa el conflicto y se configuran los límites del campo político (Frederic 2000:126).

En Uriarte “la política” adquiría la forma de: manejos, decisiones y politizaciones de hechos, de los cuales no estaba ausente el crecimiento político. Pero a diferencia de las primeras formas de expresión de “la política”, en la politización ésta tomaba un carácter más persistente y colectivo, así como enigmático e incierto. Si tras de cualquier politización se suponía la existencia de una trama enigmática, tratándose de la muerte de un niño, la politización distorsionaba o pervertía el “hecho en sí”. La politización de la muerte de Marcos, una “criatura inocente”, era percibida como un acto contaminante e impuro pues introducía ambiciones de poder. Sin embargo y paradójicamente, permitió responsabilizar a las autoridades municipales. Para que esto fuese posible, los que desafiaban a Facundo debieron evitar la acusación de politizadores, su responsabilidad en la politización. Caso contrario, Villegas podía invalidar el proceso destacando, con su evaluación, dicha inmoralidad.

La politización como desafío al poder

La politización transformaría la muerte de Marcos en un acontecimiento escabroso y peligroso, alterando las actividades ordinarias de gobernantes y gobernados, implicados. Por fuera del ordenamiento legal que rige la competencia electoral, se sucedieron entonces escenarios propicios que cuestionaban las posiciones de la jerarquía política establecida. El desafío fue a esas posiciones ganadas por el reconocimiento.

Una vez que la politización de esta muerte interrumpió el curso de las acciones cotidianas de quienes asumían el “trabajo político del barrio”, y de los familiares y vecinos de Marcos, no era sencillo entender por qué la suya fue una “muerte distinta”. Los pobladores de Villa La Rosa pondrían la muerte de Marcos en serie con la muerte de otros dos niños, ocurridas en el mismo barrio durante el último mes. Esto los llevó inmediatamente a temer que el barrio estuviera al borde de una epidemia de meningitis. El temor se fundaba en el avance de la enfermedad de los últimos años. En los cuatro años anteriores, la crónica periodística venía anunciando un aumento de la enfermedad de meningitis en la provincia de Buenos Aires. Para prevenir una epidemia, el gobierno de la provincia inició campañas de vacunación gratuitas contra la enfermedad, con la difusión de una vacuna de origen cubano bastante efectiva. En 1996 parecía que la amenaza de una epidemia había terminado. Sin embargo, la prensa se ocupaba de contabilizar rigurosamente “los casos” de niños muertos por la enfermedad y los barrios en que esto sucedía. Declarar una epidemia en Villa La Rosa parecía por entonces probable, si ya había tres casos. Pero esta amenaza antes de controlarse médicamente, fue comunicada, explicada y resuelta a través de su politización. El proceso constituyó para funcionarios, dirigentes políticos, militantes y otros pobladores, un modo de producir, conducir y resolver un conflicto.

La localización de la responsabilidad de la muerte

A la muerte de Marcos, Artemio era uno de los líderes del barrio Villa La Rosa. Unos pocos meses antes, los integrantes de las instituciones vecinales del barrio lo habían elegido presidente del Consejo de Organización Comunitaria. Esto lo llenaba de orgullo, porque después de dos intentos fallidos, había conseguido vencer a Facundo, su opositor. Juan, el padre del niño fallecido, había recurrido a Artemio, luego del fallecimiento de su hijo, para disponer del funeral y el entierro. Artemio pasó todo ese fin de semana acompañando al padre para tratar de solucionarle el problema; incluso dejó de jugar fútbol. Como presidente del Club River de La Rosa, Artemio consiguió que la casa de servicios fúnebres del barrio se encargara del velatorio de Marcos.

Cada vez que fallecía un miembro del Club River de Villa La Rosa, la casa de servicios fúnebres del barrio les hacía el servicio. Juntaban dinero entre los socios, o canjeaban servicios con sus dueños. Los vecinos del barrio consideraban este servicio fúnebre más digno que el que ofrecía gratuitamente la municipalidad, el cual, además, exigía contactos estrechos con las autoridades. Aunque Juan, el padre del chico, no pertenecía al Club, Artemio le consiguió el servicio fúnebre.

Los de La Rosa, tenían muy buena imagen de Juan, debido a su enfrentamiento con las autoridades municipales unos años atrás. Éstas habían decidido iniciar las tareas de urbanización de uno de los asentamientos donde vivía Juan. Para ello los funcionarios argumentaban que era necesario organizar a los miembros de la comunidad, mediante la elección de delegados por manzana. Juan se propuso, y fue elegido delegado de la manzana que estaba junto al arroyo. Pero como esta manzana era más complicada de regularizar de acuerdo con los parámetros urbanos oficialmente establecidos, las autoridades municipales decidieron dejarla para el final. Esta decisión llevó a Juan a exigirles insistentemente que cambiaran de decisión, que trabajaran simultáneamente en todo el asentamiento. Su causa fue finalmente apoyada por el resto de los pobladores del barrio, consiguiendo así la declinación de la decisión de las autoridades. Desde entonces Artemio consideraba a Juan uno de los suyos.

Tres días después del entierro de Marcos, los vecinos de La Rosa seguían conmovidos no sólo por el dolor familiar, sino por la preocupación de una epidemia de meningitis, y la imperiosa búsqueda de los responsables de la tragedia. Entonces, vecinos de barrios aledaños a Villa La Rosa como El Faro y Rivera cortaron el Camino Perón, el único que comunicaba directamente a Uriarte con la Capital Federal, y llamaron a la televisión. La gente presente en el corte, acusaba a Facundo y a la Comisión del Consejo de Organización de la Comunidad que presidía, de esta muerte y de las anteriores. Artemio se mostraba satisfecho por las acusaciones públicas a Facundo. Era tan importante para él, que fueran muchos los que lo culparan, como que fueran también de otros barrios, y que todo el peso de la culpa recayera sobre Facundo. Éste era su principal enemigo político y, el hecho de ser identificado como el principal culpable de esa muerte beneficiaría enormemente a Artemio.

Para Artemio era lógico que la gente le quisiera “echar la culpa de todo” a Facundo, ya que era el presidente de la cooperadora de la escuela a la que asistía regularmente el chico, y también de la unidad sanitaria donde había fallecido. Pero, había un hecho que para Artemio redoblaba el desafío, la culpabilización de Facundo se volvía más significativa por la participación de seguidores del Frepaso. Esto lo empujaría, junto a su banda, a tomar los recaudos necesarios para, de un lado, sostener la politización más temida por el intendente, y al mismo tiempo, no dar evidencias de su participación en el desafío lanzado al poder de Facundo.

Así, a pesar de ser su principal competidor, en lugar de avivar públicamente el enfrentamiento sostenido por los vecinos hacia Facundo, Artemio se puso “a trabajar para que no le echaran la culpa de todo”. El propósito de esta retórica no tenía por objeto evitarle la responsabilidad de la muerte a Facundo y a las autoridades municipales, al contrario, de ésta dependía evitar que lo acusaran públicamente a Artemio de politizador. Artemio actuaba como si supiera que la despolitización traería consigo la ausencia de responsabilidad política.

Entonces, cuando los manifestantes cortaron el Camino Perón en su intersección con el Puente La Noria, Artemio llamó por teléfono al intendente. A diferencia de otras ocasiones, esta vez sí fue atendido. El intendente había visto el noticiero del canal Crónica TV, y había leído el diario local. Artemio le dijo que la situación era grave, que lo del chico lo habían politizado; que “el Frepaso y los radicales estaban moviendo el asunto”. Le señaló, además, que eran ya tres los chicos muertos por la misma enfermedad, y que la culpa de lo sucedido se la habían echado a Facundo.

La politización, revelada por la presencia de militantes de partidos opositores encabezando el enfrentamiento hacia Facundo, involucraba al intendente. Éste tenía motivos fundados para preocuparse por su imagen. Entonces Villegas respondió al llamado, enviándoles mercadería –todo tipo de alimentos secos–, que Artemio y los suyos repartieron para calmar el ánimo de los manifestantes. Pero el intendente hizo algo más.

Dos días después del corte del Camino Perón, el intendente respondió al desafío adaptando un evento ya anunciado a las nuevas circunstancias. La noticia de la inauguración oficial de un jardín de infantes en Villa La Rosa ya había corrido por el barrio y el Palacio Municipal, una semana antes de la muerte de Marcos. El intendente y su gabinete concurrirían a Villa La Rosa para inaugurarlo, pero también para contestar a través de la inauguración el desafío a Facundo, y con ello a su propia responsabilidad. Aquí estaba en cuestión el mérito de Facundo a recibir del intendente tamaño reconocimiento, y esto cuestionaba también la investidura de Villegas, el autor de dicho acto. Como vimos en el capítulo anterior, Facundo había elevado sus privilegios por el reconocimiento de las autoridades municipales, y especialmente del intendente. Su designación como coordinador del Comudeso después de haber perdido las elecciones había indignado a Artemio y a los suyos. “Lo del Jardín” conocido en este escenario como “el Jardín de Facundo”, era intolerable para Artemio, otro título más que las autoridades le daban sin que fuera un personaje “querido por el barrio”. A esto debería responder Villegas para limpiar su involucramiento frente al cargo que pesaba sobre Facundo.

Al intendente y a los demás funcionarios peronistas, les preocupaba la politización de la muerte del chico, porque una fuerza política como el Frepaso podía sacar provecho del conflicto. Mientras a los vecinos, la politización les permitiría expresar, con la asignación de la culpa a Facundo, la indignación por su reconocimiento político. Mientras los primeros tratarían de despolitizar la muerte montando una sucesión de escenas para localizar las responsabilidades fuera del Estado, los vecinos y sus líderes insistirían con la culpabilidad. La politización y despolitización de esta muerte fue, de este modo, un espacio de conciliación y confrontación de los estándares de asignación de responsabilidades de las autoridades políticas y sus subordinados.

La despolitización pública I: neutralización de la culpa y desmoralización de la política

Una semana después de la muerte de Marcos, el intendente municipal y su esposa, la subsecretaria de Acción Social, concurrieron a Villa La Rosa para inaugurar el jardín de infantes “El Principito”, más conocido como “el Jardín de Facundo”. El poseedor de éste como de otros lugares políticos, es responsable por todo lo que allí sucede. El intendente, contaba con tal factor, y tenía frente a sí la oportunidad de contestar al desafío que, sin haber sido lanzado contra él, lo afectaba. Era justamente la identificación del jardín con Facundo lo que intentó despejar, aunque como veremos no fue tan exitoso como hubiera pretendido.

Villegas estaba frente a un problema; la inauguración tenía entre sus propósitos reconocer a través de un acto oficial el trabajo de Facundo, con quien él mantenía una relación directa y cotidiana. Pero si él insistía con el reconocimiento de Facundo en un contexto en el cual era acusado de instalar la enfermedad y la muerte en Villa La Rosa, Villegas se volvía corresponsable. Con el acto de inauguración, el intendente enfatizaría lo oficial y público del jardín, sacando de foco a Facundo. Sin embargo, esto no bastó para librar al jardín del espectro de Facundo. La inauguración del jardín por el intendente implicaba un reconocimiento al trabajo de Facundo, lo cual no era compatible con la culpabilidad que el barrio le asignaba. Como todo culpable Facundo debía ser castigado y la actitud de Villegas estaba lejos de hacerlo.

A los funcionarios les había resultado bastante difícil acceder al lugar de la inauguración. El jardín estaba en una esquina a tres cuadras del asfalto convertidas en puro barro. Los autos oficiales debieron estacionarse a dos cuadras y los funcionarios llegar caminando en el barro. Antes de comenzar la inauguración oficial anunciada para media mañana, se sucedían los comentarios sobre quiénes asistirían, y qué había pasado con “lo del chico” y “la epidemia de meningitis”. Todos los funcionarios del área de Salud Pública y Acción Social estaban presentes.

El acto se demoró los minutos que le tomó al intendente tratar de arreglar personalmente un problema que los vecinos de La Rosa le plantearon. Parado en una esquina y rodeado de unos veinte vecinos, trató de tranquilizarlos proponiéndoles una reunión. El público del acto observaba el incidente mientras esperaba ansiosamente. Algunos se preguntaban si el planteo no estaría relacionado con “el problema del chico muerto”.

Una hora después de lo previsto el locutor oficial inició la ceremonia. Agolpados en la esquina del jardín, el intendente, acompañado por funcionarios y concejales, cortó la cinta celeste y blanca que cerraba la entrada al establecimiento. Entonces caminaron por un largo pasillo interior hasta subir al tablón que servía de palco. Las sillas ubicadas al frente estaban destinadas a los chicos, quienes pacientemente se mantuvieron sentados durante toda la ceremonia. Los adultos –padres, vecinos y la prensa– nos ubicamos detrás de las sillas. Todos cantamos el Himno Nacional. Luego hablaron el intendente, su mujer y secretaria de Acción Social, y un concejal.

Sobre el palco estaban las autoridades municipales: concejales, secretarios y directores; pero ningún dirigente barrial del Consejo de Organización de la Comunidad. A Facundo se lo podía ver abajo a la derecha del palco, mezclado entre los presentes. El intendente destacó el esfuerzo de la comunidad y la necesidad de que los chicos estuvieran protegidos en un jardín, mientras los padres salían a trabajar. Villegas subrayó la participación municipal en la refacción del edificio, y agradeció a todos los trabajadores municipales involucrados, su esfuerzo y dedicación. En un momento Villegas le pidió a una de las autoridades de la Dirección de Minoridad que por favor le recordara el número que llevaría el jardín, incorporado desde este acto a la nomenclatura oficial.

Villegas intentaría borrar del espacio oficial el trabajo de Facundo en la construcción del jardín, al no dejarlo subir al palco ni tampoco nombrarlo, y al iluminar tan sólo la voluntad oficial de cuidar a los niños invertida en ese lugar. Pero este comportamiento de Villegas fue sutilmente quebrado cuando Dora, su esposa, agradeció el “esfuerzo de la comunidad”, y la participación de “la Unidad Básica 23 de Marzo”. Quizás hubiera sido peor corregirla, pues esto seguramente hubiera provocado una mayor atención en el error. Es que “23 de Marzo” no era el nombre de una unidad básica sino de la institución vecinal de Facundo. La presunta confusión denunciaba la dificultad del oficialismo uriartense para mantener oculto a Facundo durante la inauguración de “su Jardín”. Pero además Dora pondría en evidencia las dificultades de separar el reconocimiento político personal fundado en la intimidad, del reconocimiento oficial e institucional; o el trabajo político del trabajo social e institucional. Un proceso, como vimos en los capítulos previos, ligado a esta orientación de división del trabajo político, por momentos equívoco.

Cuando las autoridades municipales alentaron la disolución de las unidades básicas peronistas desde el gobierno municipal, y promovieron la creación de “instituciones intermedias” dedicadas al bien común y no al interés político –más próximo al privado-, privilegiaron el trabajo institucional y social al político. A través del valor asignado a lo social como práctica altruista, por oposición a la política como medio para el beneficio personal, participaron del desprestigio e inmoralización de la actividad política. Al mismo tiempo, quienes eran evaluados como suscribiendo a comportamientos de este tipo veían cercenado su crecimiento político. Pero tampoco tenían abierto el camino del crecimiento político quienes se abocaban al trabajo social, ya que éste era altruista al no aspirar, por definición, a ese crecimiento.

Para las autoridades municipales, la oficialización del jardín implicaba suspender el reconocimiento de Facundo, por eso elogiaban el trabajo de la comunidad, a través de sus instituciones barriales, y de los empleados municipales. Dicho de otro modo, para despolitizar la muerte de Marcos, los funcionarios enfatizaron públicamente el sentido colectivo y oficial del jardín. De este modo, también mostraban el compromiso oficial con los niños, tomando distancia de las acusaciones de responsabilidad por la epidemia de meningitis. Esto no significaba asumir la responsabilidad por la muerte, al contrario, ese compromiso vago con la infancia tomaría la forma de una excusa^[6]. Las autoridades actuaron entendiendo que la culpa no los afectaría, si evitaban reconocer el mérito de Facundo, el acusado.

Sin embargo, ocultar la persona de Facundo no era, para Artemio y su banda, suficiente para desconocerlo políticamente. El escenario creado por las autoridades sería percibido como un acto de complicidad. Por ello, aun habiendo sido invitados oficialmente como “autoridades del Consejo de Organización del barrio”, Artemio y los suyos se rehusaron a asistir al acto. Para ellos era demasiado evidente que la inauguración sería una forma más de reforzar el reconocimiento de Facundo. Tratarían entonces de boicotear el contexto oficialmente creado para hacer efectiva la despolitización, un acto oficial con el consenso de las autoridades políticas. Desde el punto de vista de Artemio si Facundo no era sacrificado definitivamente, las autoridades municipales corrían el riesgo de ser acusadas de complicidad o de encubrimiento.

La despolitización pública II: una explicación inmoralmente racional

Como señalé, a diferencia de las autoridades municipales, Artemio trataba de hacer público el desafío al poder de Facundo, ocultando al mismo tiempo el rastro de sus propias acciones. En su carácter de presidente del Consejo de Organización de Villa La Rosa, había organizado para la tarde del mismo día en que se inauguró el jardín, una “reunión extraordinaria” del Consejo con los vecinos, las instituciones, los familiares del chico y el director de Epidemiología de la Municipalidad, quien les daría respuestas sobre la posible epidemia.

Cuando por la mañana recorríamos el Comudeso, a pocos metros del flamante jardín, Daniel, un leal seguidor de Facundo, me había puesto en aviso de esa reunión. Daniel estaba muy preocupado por la reunión y me lo manifestó así: “Va a estar brava la de hoy, por eso voy a ir. Están confundiendo todo –en referencia a Artemio y su banda–. Sólo un chico murió de meningitis, y ellos dicen que hubo tres casos… Sí hasta llamaron a la televisión”. Enseguida me pidió las anotaciones que yo había hecho durante la última reunión del Consejo de Organización, argumentando que él no podía contarle todo lo que se había hablado a Facundo y que mis anotaciones podrían paliar esta dificultad. Daniel me puso en la obligación de reconocer el contexto y ponerme de su lado, el lado de la despolitización. Pero yo me negué a entregarle las notas de campo, diciéndole que para él serían ilegibles y que, en todo caso, podríamos programar un encuentro para que yo les diera mi opinión de las reuniones. Fue una salida neutral que la politización no me permitiría sostener por mucho tiempo. Era moralmente correcto para ellos que yo tomara partido, y un modo de hacerlo era comprometerme con ellos. Daniel no insistió con esto, pero sí trató de controlar mi llegada y mi salida de las reuniones del Consejo asustándome primero y ofreciendo su compañía, después. También Artemio, esa misma tarde, se ofrecería llevarme en su camioneta luego de la reunión, por primera vez promovía mi acercamiento a su bando.

Antes de iniciar la reunión en el Comudeso, Artemio necesitaban saber si había ido mucha gente al acto del jardín. Respiró aliviado cuando le avisaron que “la comunidad no había estado”. Artemio entendía que, con su ausencia, los vecinos del barrio habían impugnado también el acto, y con ello la desmedida conquista de Facundo de sitios del barrio oficializados por su reconocimiento.

A esta reunión extraordinaria del Consejo, se sumarían unos cincuenta vecinos que esperaban una respuesta frente a la tragedia de Marcos. Conmocionados y preocupados, los ocasionales participantes –el padre, los familiares y un grupo identificado por Artemio como “del Frepaso”–, se acomodaron en bancos situados a la izquierda del público tradicional y frente a la comisión que presidía el Consejo. “Los de Facundo”, Daniel y el secretario de la Cooperadora de la Unidad Sanitaria del barrio, permanecieron del otro lado de aquel grupo, parados a la derecha de la comisión que presidía el Consejo, diferenciándose del resto del público.

El director municipal de Epidemiología, el doctor Echeverría, de pie en el centro del espacio de reunión, se dedicó a ofrecer argumentos para explicar esta tragedia. Este médico-funcionario comenzó por explicar por qué no estuvo la ambulancia en la unidad sanitaria cuando Marcos la necesitaba. En segundo término explicó por qué pese a los rebrotes de la enfermedad, no había habido campaña de vacunación contra la meningitis ese año. Finalmente debía explicar las causas de la enfermedad. La manera en que el médico-funcionario enfrentó estas tres cuestiones provocó la ira de los presentes, en especial de los padres, pero también el desafío público de Artemio a un modo de hacer de las autoridades municipales.

Sobre la campaña de vacunación el médico explicó que la vacuna cubana se había suministrado en forma gratuita a la población de riesgo, de entre 2 y 6 años hasta que la enfermedad bajó su nivel de incidencia. Como ya el año anterior ésta había disminuido, decidieron no volver a suministrarla. Pero aun cuando este año hubieran vacunado nunca le hubieran aplicado la vacuna al chico que se murió, al tener 13 años no pertenecía a la población de riesgo.

Los presentes le señalaron que, sin embargo, el niño se había enfermado y había muerto, y que entonces algo estaba mal. Le pidieron si no podía haber campaña de vacunación nuevamente ese año y si no se podía aumentar la edad para recibir la vacuna. En tanto, él respondía que no había motivos para realizar la campaña de vacunación y se lamentaba que no hubiera habido un médico del lado de los vecinos, que les pudiera confirmar sus argumentos. Estos eran que no había en Villa La Rosa una epidemia y, por las estadísticas provinciales, tampoco un rebrote, se trataba de casos aislados. No obstante, se comprometió a averiguar si era posible reforzar allí la campaña de vacunación.

El segundo punto, más conflictivo, era el de la ambulancia. Se decía en el barrio que Marcos había llegado a la unidad sanitaria con fiebre muy alta y que en la sala de emergencia lo atendieron un médico y la enfermera, dejándolo en observación. A las dos horas, al chico le empezaron a salir manchas en la piel; entonces llamaron a la ambulancia, que sólo apareció cuando el chico ya había muerto, esto es 4 horas después. Juan, el padre del chico, estaba indignado porque la ambulancia no había llegado a tiempo. Señalaba en la reunión que no podía admitir que hubieran sacado la ambulancia de la “salita”, cuando antes siempre había una a disposición permanente de los médicos de la unidad sanitaria de La Rosa. El médico les respondió que en realidad el municipio había eliminado el sistema de ambulancias anterior porque no era eficiente: era muy caro y daba pocos resultados. Al municipio no le convenía en absoluto tener una ambulancia en cada unidad sanitaria, porque resulta que ésta podía estar parada todo el día sin que nadie la necesitara, mientras en otro lugar de la ciudad dos personas podrían necesitar una ambulancia de emergencia, al mismo tiempo. Entonces, explicó, es más barato que el municipio contrate un servicio de emergencias médicas que comunique las ambulancias a una central, antes que hacerse cargo del mantenimiento de un coche ambulancia para cada una de las 20 unidades sanitarias del municipio. Para el médico la “racionalización del servicio de emergencia médica” operaba mucho mejor de este modo; ahora si en este caso no lo había hecho, él lo averiguaría. Definitivamente, aseguró, no había que pensar en que era un problema del sistema sino negligencia de alguna persona en particular. El médico parecía advertir que sus palabras no tenían aceptación en la audiencia, que no lograban convencer. Entonces reiteraba a cada instante lo importante que del “lado de los vecinos un médico pudiera dar fe de la verdad de sus palabras”. Sus explicaciones no eran “interesadas” sino “médicas” esto es, técnicas, pero justamente por la falta de consideración hacia la preocupación y el dolor de los vecinos, tenían escaso valor moral. Los vecinos continuaron quejándose del mal funcionamiento de la unidad sanitaria del barrio, de la falta de médicos pediatras que atendieran diariamente y en casos de emergencia como el de Marcos. El doctor Echeverría dijo entonces que tomaría nota de los reclamos y averiguaría por su cuenta qué había sucedido.

Los integrantes de la comisión del Consejo de Organización, integrada por el bando de Artemio tampoco fueron convencidos por las palabras de Echeverría. Washington, el vicepresidente, ignorando lo dicho por el médico, le reiteró el pedido de una ambulancia para uso exclusivo de la unidad sanitaria del barrio, y también la inclusión de la vacuna contra la meningitis en el calendario de vacunación. Finalmente, Artemio, como presidente del Consejo de Organización, le preguntó a los gritos al médico: “¿Cuánto sale una ambulancia? Cincuenta mil pesos, ¿Y se gastan 4 millones en el Hospital de Rivera?”. Artemio apelaba a la vieja rivalidad con Rivera, el barrio más antiguo y reconocido de la periferia por los funcionarios de Uriarte, en el que abundaban las obras e inversiones públicas. Entretanto, los de Facundo, miembros de la cooperadora de la unidad sanitaria, permanecían en silencio.

Al final de la exposición del médico, una señora que estaba al lado mío, me dijo, “Pero al final no explicó cómo se contagia”. La alenté a que le preguntara antes que Echeverría se fuera. Cuando la mujer finalmente preguntó, el médico respondió explicando en qué consistía la enfermedad y como si el público estuviese integrado por niños les dijo: “… la meningitis era una infección en la membrana meníngea. Ahora, para que ustedes sepan de qué les hablo, piensen en los ravioles de seso. ¿Vieron que el seso tiene una telita que lo recubre? Bueno eso es la membrana meníngea”. La respuesta sobre el contagio, nunca llegó. Un señor señaló que el arroyo que atraviesa el barrio estaba contaminado y que eso había producido la epidemia; el médico lo negó. La “falta de respuesta” en ese sentido desató otra polémica que el médico no pudo contener. Para los vecinos el problema era el basural y el arroyo próximos a la escuela que contaminaban y esparcían la enfermedad. Por última vez, Echeverría reiteró su ferviente deseo que hubiera un médico del lado de los vecinos para que pudiera entender sus razones, y concluyó “la meningitis no tiene nada que ver con la basura y la contaminación”.

Entonces ¿cómo explicar esa muerte? El médico dijo que habría que ver cómo estaría “el chico” el día anterior, si por ahí ya tenía unas líneas de fiebre y había sido desatendido. Este razonamiento no fue tolerado por los familiares y el resto de los presentes, pues desplazaba la responsabilidad, de las autoridades municipales a la familia de Marcos. Finalmente señaló que él entendía la situación de los padres pero que como médico le resultaba difícil pensar que el chico no hubiera manifestado ningún síntoma por la mañana. Esto desató la ira de los padres que, enfervorizados y humillados, rechazaron la insinuación de pie y a los gritos.

Luego del esfuerzo colectivo para que la responsabilidad fuera definitivamente pública y estatal, los razonamientos del médico sólo produjeron indignación. Ellos privatizaban las causas de la enfermedad y la muerte, al llevarlas al terreno de la responsabilidad familiar. Cada uno de sus razonamientos lo alejaban aún más de las evaluaciones morales acerca del lugar de la responsabilidad política, como responsabilidad pública. El médico oscilaba entre argumentos fundados en el valor de la “eficiencia” como orientación de la acción estatal, al valor de la “probabilidad”. Eficiencia de un lado y probabilidad del otro eran los principales argumentos de este médico, fortalecidos al abrigo de la corriente neoliberal de pensamiento en la Argentina de los noventa que, a los ojos de los vecinos y familiares, convertía la responsabilidad pública en responsabilidad de nadie y, en el peor de los casos, en responsabilidad privada o familiar.

En su esfuerzo por librar al Estado de ella, indirectamente intentaba despolitizar los acontecimientos, y disolver la competencia provocada por el desafío. Es que si librar al Estado de esta responsabilidad era un modo de despolitizar, contrariamente su responsabilización requería de la politización. Pese a todo, los intentos fueron infructuosos. Las expresiones de indignación de los vecinos, acompañadas por Artemio y los suyos, indicaban que las valoraciones de la eficiencia y la probabilidad –afianzadas por el menemismo– no eran admisibles. La privatización del problema era eludida por la politización, la que contrariamente entregaba la causa de la enfermedad y la muerte de los desplazados, al terreno de lo público. La tendencia contraria, la que introduciría la despolitización, es la que se aproxima a la que nos describe Nancy Scheper-Hughes (1992) sobre Brasil, donde el discurso etnomédico sí logró privatizar el hambre, convirtiendo el delirio de fome en un ataque nervioso, tratándolo con pastillas y tranquilizantes^[7].

La comparación muestra que la politización introduce en Uriarte una tendencia diferente, al inducir la responsabilidad pública, o al menos resistir el desentendimiento y la indiferencia; mientras la despolitización genera el proceso inverso. Este último es además compatible con la retórica neoliberal impuesta en la Argentina por el menemismo, como vimos en el capítulo I, donde la política es un costo que el Estado no debe afrontar pues es el mercado quien mejor administra beneficios. Desde el punto de vista de los vecinos desplazados esta segunda tendencia desmoraliza a los políticos, y produce indignación. La politización fue una de las armas para reconfigurar la corriente neoliberal en la Argentina.

La despolitización privada: de la responsabilidad
estatal a la responsabilidad personal

Los intentos por despolitizar la muerte de Marcos con explicaciones que libraban a las autoridades municipales de responsabilidad, eran complementarios a otro tipo de respuesta a los politizadores. Éstas requerían de un contexto más oculto, en el que podrían expresarse los enfrentamientos personales. Así, las autoridades municipales y Facundo seguían el impulso de atacar a Artemio y los suyos, menos contestando personal y públicamente las acusaciones, que atacando veladamente la persona de los presuntos politizadores. La principal preocupación de los primeros era, claramente, atacar la responsabilidad de Artemio en la politización, pues para Facundo no era el Frepaso, sino aquél el politizador.

Artemio y los suyos se sentían triunfantes luego de la reunión con el médico. Habían conseguido que los vecinos se enfrentaran al enviado del intendente y, por lo tanto, defensor de Facundo, quien había ganado posesión de los lugares del barrio en su propio beneficio. Washington, de la banda de Facundo, comentaba:

“Estuvo bien la gente, ¿no? –preguntó, dirigiéndose a sus compañeros –. Pudimos tranquilizarlos… Estaban enojados con Facundo, la gente no lo quiere porque es el presidente de la unidad sanitaria, de la Cooperadora de la Escuela 83, del Comudeso y encima ahora del jardín ése que inauguraron… Y ¿qué hace?”.

Pero una nota firmada por la señora Dora mostraría, minutos después, que otros eran los designios y procedimientos de las autoridades municipales y de Facundo. Cuando ya se habían retirado los ocasionales participantes de la reunión, Norma, secretaria del Consejo de Organización de La Rosa le comunicó a Artemio que la señora Dora “prohibía el uso del Comudeso para las reuniones extraordinarias, si no presentaban previamente una nota de solicitud a su coordinador”. Facundo había pasado a ser coordinador del Comudeso luego que perdiera la elección del Consejo, pero “el Consejo seguía reuniéndose” allí. La nota era un claro ataque personal a Artemio, pues no pretendía contestar las acusaciones de responsabilidad por la muerte de Marcos, sino dar respuesta a lo que era visto como un desafío personal. Sin embargo, el ataque fue velado a través del uso de medios públicos: el espacio municipal del Comudeso, la autoridad de Dora como funcionaria pública, y el procedimiento de notificaciones burocráticas.

En efecto, hacían uso de medios públicos para sancionarlo por una supuesta rivalidad política. Esto produjo un efecto de indignación e incomprensión en los atacados. Artemio reaccionó furiosamente y, a los gritos, exclamó:

“Pero ¿están todos locos? ¿Cómo vamos a tener que hacer una nota para pedir el galpón? ¿Somos el Consejo o no somos el Consejo? Si el Comudeso es municipal, y el Consejo ¿no es de la municipalidad? Si nos hacen esto nos vamos a otro lado y listo… ¿Están de acuerdo las instituciones que busquemos un lugar? Sí –se escuchó –. Pero hay que tener en cuenta que el lugar no sea la sede de ninguna institución –enfatizó uno de ellos”.

Se sentían portavoces, personas actuando en nombre de grupos de vecinos, que además, eran parte integrante de una organización pública municipal. Pero en vez de ser tratados como tales, eran tratados como personas incapaces de gozar de una posición oficialmente autorizada. La salida que encontraron a la nota de Dora tenía sí una conexión intrínseca con esa agresión, pues se pusieron de acuerdo finalmente sobre cómo producir un espacio público. De ahí la idea de realizar las reuniones del Consejo en un sitio en que ninguna persona, ni tampoco su institución se destacara por sobre las demás, rotativamente el lugar les pertenecería a todos.

Las autoridades ponían límites claros a la posibilidad de que estas personas pudieran ser reconocidas y acceder a posiciones oficializadas. Pues cada vez se tornaba más evidente que para ello era necesario estar ligado por vínculos íntimos y personales a los integrantes del gobierno municipal, que finalmente definían el reconocimiento político a partir de simpatías personales. Las autoridades municipales expresaban con mucha claridad que su apoyo a Facundo estaba fundado en una valoración personal e íntima más que en el reconocimiento institucional o social. Esta relación entre intimidad y reconocimiento sería cada vez más evidente para Artemio y los suyos. Su impotencia e indignación crecía al ritmo de esta revelación.

Los estándares morales mediante los cuales evaluaban la actuación de Artemio diferían de los que Artemio usaba para conducirse a sí mismo y esperaba aplicaran para evaluarlo. Mientras él procuraba mostrar su lugar como portavoz y lo hacía públicamente, actuando en función de la responsabilidad política frente a un barrio desplazado, era sancionado de dos modos: impidiéndole el acceso a un lugar público, y quitándole prerrogativas legalmente adquiridas. Artemio sentía que lo que era bueno, deseable y correcto para el barrio permanecía al margen de toda consideración por parte de las autoridades municipales; lo único que parecía importarle al círculo oficial era cerrar filas entre los íntimos.

Facundo confirmaría esa evaluación de Artemio, en un encuentro que tuvimos bastante lejos del barrio. Estaba tomando un café junto a su soporte político, Margenco, el ex secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, quien había tenido que renunciar al cargo por presiones de los concejales (ver capítulo VII). Me invitaron a sentarme, y allí Facundo expresaría la semejanza de su evaluación de los acontecimientos con la de las autoridades municipales. Para él la politización de la muerte del chico nada tenía que ver con fuerzas políticas nacionales, como el Frepaso. Era, más bien, un problema personal de Artemio con él, que se había originado en una envidia personal hacia su propia persona.

“¿Quién es del Frepaso? –me preguntó Facundo. Ellos dicen que un tipo de muletas y una mujer gorda –le contesté. Ese tipo es de ellos –me dijo-, y no porque sea discapacitado –con sorna-, pero recibe bolsas de mercadería, se le da de todo… Y la gorda es del Consejo. Ya la vas a ver, Marta… ¿Sabés quien armó todo eso? La renguita Norma. Y lo hicieron para boicotearme la inauguración del Jardín. Yo no sé… fue porque lo hice yo. Mauro –Villegas– se quería morir porque lo llamaron diciéndole que había una epidemia de meningitis en Villa La Rosa y le sacaron un montón de mercadería… Están calientes porque no pueden usar el teléfono del Comudeso. Yo tengo la llave, me la dio Dora. Ellos están autorizados a reunirse los miércoles y si se reúnen otro día me lo tienen que pedir a mí por nota. Pero no la quieren entender… Yo soy el coordinador del Comudeso…”

Facundo daba así suficiente muestra de sus estrechos vínculos personales con Mauro, Dora y también con Margenco el ex secretario de Obras Públicas presente en la conversación. La satirización y menosprecio de sus enemigos sostenía el sentido personal e íntimo de la politización. Su respuesta al desafío sentaba un límite que lo diferenciaba radicalmente de los vecinos del barrio que, por su naturaleza casi humana, eran incapaces de disputarle su lugar. Ellos, podía verse, seguían siendo inferiores y desplazados, carentes de derecho al respeto y al reconocimiento, en cambio él, ya no lo era. Pese a ello, esta evaluación moral mediante la cual Artemio y los suyos se volvían moralmente inferiores no podía ser públicamente sostenida sin cierta dificultad. El peronismo había sido esa fuerza política que había “dignificado al pueblo –desplazado-”.

En consonancia con las autoridades municipales, Facundo traducía el conflicto a un enfrentamiento personal. El uso de un espacio supuestamente público como el Comudeso para sancionar a las autoridades del Consejo podía ser válido y hasta efectivo, en este contexto, siempre y cuando fuera oculto. Quiero decir, “la política” podía asociarse a la apropiación personal de espacios públicos más que a la “coordinación” de actividades públicas en él, pero difícilmente podría imponerse esta evaluación públicamente. Efectivamente hasta entonces, el desafío permanecía públicamente incontestable.

La limpieza de la escuela y la responsabilidad pública

Los acontecimientos indicaban que la politización del conflicto persistiría mientras las autoridades evitaran asumir la responsabilidad por la muerte de Marcos. Si las posiciones se volvieron irreconciliables no era porque difiriesen los estándares de evaluación moral esgrimidos, ni por la importancia esencial de aquella muerte, sino porque estaba en juego el derecho de Facundo al título que Villegas le había adjudicado. Por ello, mientras las autoridades municipales y Facundo se negaban a cargar con la responsabilidad pública por la muerte de aquel niño, la indignación de Artemio, los familiares de Marcos y otros vecinos, iba en aumento.

Una semana después de la reunión con el médico los vecinos volvieron a cortar una avenida del barrio con neumáticos incendiados. Victoria, una militante peronista vecina del barrio El Faro, empleada por la Secretaría de Promoción para actuar como coordinadora del Consejo de Villa La Rosa, me señalaba que “a raíz de la muerte del chico los vecinos reclamaron asfalto, desagües, semáforos y llamaron a Crónica TV…”. Después de ver la televisión Fernando Olmos, su secretario, la llamó por teléfono y la citó en forma urgente a una reunión.

Al principio las autoridades municipales no sabían qué hacer. Concejales, secretarios y Victoria se reunieron en el Concejo Deliberante y luego en la Secretaría de Promoción para definir las medidas a tomar. Finalmente, en una de estas reuniones a puertas cerradas decidieron convocar a todo el barrio a una reunión en el Palacio Municipal. A Victoria le tocaría además la misión de aconsejar a “los muchachos”, en especial a Artemio y los suyos, con quien ella mantenía una estrecha relación. Es que la situación era delicada y, “estando el Frepaso metido en el medio”, se les podía ir de las manos, señalaba Victoria.

Las autoridades municipales convocaron entonces a una reunión abierta en el Palacio Municipal para presentar un “Plan Piloto de Saneamiento Escolar”. Todas las instituciones del barrio fueron invitadas: las vecinales, las cooperadoras y las autoridades escolares. Por primera vez en varios meses se los podía ver a Facundo y a Artemio compartiendo un mismo espacio colocados a la misma altura, como parte del público asistente. En el salón de los intendentes, ubicado en el segundo piso del Palacio Municipal, el secretario de Promoción y Analía Tranco, la presidente del Concejo Deliberante, anunciaron, frente a unas setenta personas, las cámaras de la televisión y cronistas del periódico local, que el municipio iba a empezar con su Programa de Saneamiento de los Edificios Escolares en el barrio de Villa La Rosa. Era muy significativo que Villa La Rosa fuese el barrio elegido para iniciar un programa que luego se extendería por todos los barrios de Cuartel IXº; también lo era el énfasis puesto en la presencia de los medios de comunicación. La publicidad de los hechos demandaba una resolución también pública que alcanzara la mirada de los dirigentes con autoridad sobre los dirigentes uriartenses, como el mismo gobernador Duhalde, y probara que la politización había sido controlada. Al fin y al cabo, como ya señalamos, el control de los conflictos se había tornado la principal causa política durante los noventa en Uriarte.

El clima general de esta reunión había sido de acuerdo y consentimiento entre las partes. Las autoridades pondrían énfasis en que los “representantes de la comunidad” señalaran cuáles eran las “prioridades del barrio” en relación con la “limpieza de zanjas y tanques”, la “desratización y desinfección de arroyos y baldíos”, y la “forestación de las escuelas y sus alrededores”. De este modo, enfatizaban el carácter público y oficial de los espacios, en oposición al sentido político y personal que éstos habían tomado durante la politización. Era una forma elíptica de asumir la responsabilidad pública de la muerte, explicada por los vecinos de Villa La Rosa por la contaminación del arroyo que atravesaba el barrio.

Como señalaba insistentemente el secretario de Promoción, nadie podía poner en duda que “La escuela es un elemento de dignificación primaria…”. Limpiar las escuelas era un modo de recuperar estos lugares potencialmente más puros, y descontaminarlos de la influencia política, volviéndolos lugares hechos para todos. El Consejo del barrio fue el otro recurso utilizado para alcanzar cierto entendimiento común: “Yo sé que en ese barrio hay muchas necesidades… Para que no se produzcan luchas y que una institución se quede con el trabajo, gracias a la formación del Consejo aunamos criterios –enfatizó Fernando Olmos, el secretario”.

La reunión no fue sólo una puesta en escena, limitó efectivamente el avance del conflicto poniendo fin al desafío y reordenando la división del trabajo político entre autoridades y dirigentes barriales. De este modo, ninguno de éstos se destacó sobre los otros por fuera de los títulos oficialmente reconocidos. La respuesta final al desafío inscripto en la politización alcanzó su eficacia no tanto instalando la horizontalidad entre los actores intervinientes, sino reordenando su jerarquía de acuerdo con los títulos públicamente disponibles. Ahora no serían los vínculos personales e íntimos entre “autoridades” y “líderes barriales”, sino su respectivo valor en tanto mediadores de la comunidad de referencia.

Si bien aquí también se produjo una suspensión de las relaciones individuales a favor de lazos categoriales y colectivos, como Palmeira y Heredia (1995:85) han encontrado en Brasil^[8], lo más significativo de esta suspensión fue el desplazamiento del valor de la intimidad inscripto en ellas. Por lo tanto, las semejanzas son sólo parciales. La mencionada reunión en lugar de acentuar, como en Brasil, una división del trabajo político exclusiva de las autoridades públicas que compiten durante el tiempo electoral o de “la política”, se volvió una señal de apertura al crecimiento político –en especial para Artemio– al margen de la intimidad.

Justamente por eso lo más significativo del proceso fue que en el mismo acto en el que asumían la responsabilidad pública las autoridades debieron degradar en rango a su responsable, sentándolo entre el público sin ningún título oficial, y frente a Artemio, identificado como presidente del Consejo barrial. Esto pone en evidencia, nuevamente, el modo en que las reglas prácticas que organizan la sucesión política definían en este sitio, también el sentido que para las autoridades cobra la comunidad de referencia, y viceversa.

Poco tiempo después, Facundo abandonaría el barrio, mientras Artemio intentaría postularse como concejal por La Rosa, ya no de la mano de Villegas sino de Sheckster su delfín para las elecciones de 1999. Era sabido que “Villegas no quería a Artemio”, reprobaba su tendencia a armar conflictos, a demostrar con ello su pertenencia a los desplazados, en fin, su arista villera^[9]. La politización había conseguido responsabilizar a las autoridades comenzando por Facundo, rompiendo el círculo de la restricción a alcanzar mayor reconocimiento que pesaba desde hacía tiempo sobre Artemio. La imposibilidad de sostener vínculos íntimos con Villegas era un límite a su reconocimiento, límite que Artemio no aceptaba y demostraba involucrar, el desconocimiento a los desplazados.

No está de más decir que luego de la limpieza efectuada en La Rosa, el Programa de Saneamiento no continuaría, pues más que un plan piloto para todos los barrios periféricos de Uriarte estaba claro era una forma de expresar la responsabilidad pública frente a los acontecimientos.

La politización como instrumento de responsabilidad pública

Procuré mostrar en este capítulo cómo la responsabilidad pública se entrelaza con la politización, de tal manera que los intentos despolitizadores evitan automáticamente que las autoridades carguen con cualquier responsabilidad, o bien se las transfieren a “la comunidad de vecinos”. Aunque la politización contenga un sentido peyorativo, posiblemente por el desafío al desempeño de los funcionarios y a las formas de reconocimiento, también demostró significar responsa­bilización pública. Es cierto que la politización conlleva una competencia en pos del crecimiento político, pero también es cierto que con ella la asignación de responsabilidades define la comunidad de referencia por la cual y, para la cual, las autoridades gobiernan.

Entonces, la responsabilidad pública por la muerte de Marcos dependió de la politización. Al mismo tiempo que los desplazados como Artemio demandan el derecho a ser reconocidos, es decir a ser incluidos en la carrera política en tanto tales, reclaman la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre ellos, politizando la muerte. Todo parecía indicar que al quedar fuera del crecimiento político los desplazados quedaban también alejados de la responsabilidad pública, como indica la tendencia a la despoli­tización del conflicto. La competencia política en este caso reivindicaba la comunidad de referencia para quiénes se gobernaba, y debilitaba la fuerza de la intimidad en la conformación y sustentación de liderazgos.

El proceso analizado involucró no sólo un desafío al reconocimiento de Facundo, sino una disputa en torno del sentido moral de la división del trabajo político instalada entre los políticos y los vecinos. Con este desafío los desplazados del liderazgo pugnaban por la constitución de sí mismos como gobernados con derecho a erigirse progresivamente en gobernantes. También definía un sentido de la representación política, semejante al exigido por los parámetros de la democracia moderna. Precisamente, Artemio, y sus seguidores, se valieron de aquellos títulos como el de autoridades del Consejo de Organización del barrio, o de las instituciones vecinales, que les permitirían desplazar de la esfera pública la fuerza de la intimidad como causa del vínculo político e inclusión en la sucesión.

La aceptación moral de las interpretaciones y acciones de los desplazados radicaron en los siguientes factores. En primer lugar Artemio y los suyos hicieron de esa muerte “un problema público”, esto es ni personal, ni familiar. Consiguieron reubicar la definición del problema en un contexto igualmente colectivo y no personal. Es decir no era Artemio el que lanzaba la acusación sino la gente, la comunidad, el barrio. En segundo lugar, se ampararon en los títulos conferidos por la comunidad y avalados por el estado municipal de autoridades del Consejo de Organización de la Comunidad. Por último hicieron un uso de los espacios públicos: la calle, el Comudeso y el jardín, con el cual reforzarían la oposición entre usos íntimos y usos públicos del espacio. En suma, por todos los medios intentaron dejar de ser desplazados de la política para convertirse en gobernados, reinvindicando la responsabilidad pública de las autoridades sobre los vecinos desplazados.

La politización opera por fuera de los actos electorales y complemen­tariamente a éstos, reordenando la jerarquía política en esta escala. La alteración de la jerarquía resultó de la confrontación de sentidos alternativos de la responsabilidad, que albergaban sentidos de la moralidad política también alternativos, pero compartidos. De ellos, el sustentado por Facundo terminó empujándolo a abandonar el barrio. La intimidad del vínculo político que lo sostenía, desplazaba aún más a los vecinos, desdibujando la posibilidad de imaginar una comunidad desplazada de referencia, al apartar a sus miembros de toda posibilidad de acceso al crecimiento político.

Como veremos en el capítulo siguiente esta tendencia en el ordenamiento de la profesionalización de los políticos no es constante. La judicialización de la política que examinaremos a continuación, expresa una dirección distinta a la que sugiere la politización, en relación con la responsabilidad de los funcionarios. Un escándalo político, pondrá en evidencia las consecuencias de sustituir en el campo político uriartense un sentido de la responsabilidad colectivo por uno individual. La judicialización se instalará en Uriarte como evidencia de la incierta imaginación de una comunidad de referencia.

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