Nuestro relevamiento inicial, documentado en el Capítulo I, partía de identificar dos déficits en las discusiones sobre las políticas de control de precios y acceso a los alimentos. En primer lugar, cierta presunción sobre la capacidad del sujeto estatal para intervenir, sin que sea problematizada; así como –en segundo término– un rol (presuntamente) secundario, tampoco discutido, de otros actores y órdenes sociales en la definición/redefinición de las políticas en cuestión.

Sin embargo, el análisis de los casos bajo estudio nos expone a una complejidad mayor de relaciones entre las agencias estatales y su “otredad”: los actores y relaciones propias de otros órdenes que ponen en suspenso las valoraciones absolutas (lineales) en torno al “poder estatal”. Sobre todo, a la luz del hecho que si hay algo que los tres casos comparten es la puesta en duda del presunto “poder” de las agencias estatales en sus intervenciones, ya sea por deficiencias en su organización y medios para la acción –y la consecuente necesidad de recurrir a actores extraestatales (como reflejan los casos de Argentina y Egipto)–, o bien por las reservas en lo relativo a su legitimidad para la acción, como es el caso de Estados Unidos.

Sin embargo, una vez restablecido este juego de relaciones, surge un segundo aspecto: el análisis ilumina nuevas variables que –a nuestro entender– ayudan a precisar qué factores codeterminan tanto la emergencia como la particular de forma que asume cada política pública. En otros términos, los apartados precedentes ponen de relieve otras variables posibles que –contempladas en su conjunto– nos permiten reconstruir un entramado más denso de relaciones explicativas. Recapitulemos, brevemente, las particularidades de cada caso.

Como mencionábamos en los capítulos anteriores, el estatuto particular de Precios Cuidados queda definido por una economía jurídico-normativa en su funcionamiento, así como el primado de relaciones informales entre actores sociales, con un sujeto estatal legitimado en su accionar, pero fuertemente dependiente de actores no-estatales, para su puesta en marcha.

Por su parte, el caso del SNAP nos expone a cierta hiperinflación normativa y una excesiva formalización de las relaciones previstas en su diseño, a la vez que se evidencia una preocupación obsesiva en relación al gasto público, así como un sujeto estatal (federal) discutido en su accionar (en tensión con los estados subnacionales) y una burocracia deslegitimada (sospechada) en sus intervenciones en materia de política social. Un punto, este último, que derivaría en una arquitectura y tecnología de control de su accionar.

Por último, el caso del subsidio al pan baladi en Egipto pone en evidencia una marcada informalidad en las relaciones previstas, una fuerte incidencia del gasto público y el mercado internacional en su implementación, así como –en vistas a la recurrencia de protestas, principalmente de la burocracia y los estudiantes, en contra del gobierno– una amenaza recurrente de quiebre del pacto de dominación, en el marco de una economía moral del pan.

En suma, del conjunto de relaciones potenciales (teóricas) entre los órdenes del Estado, el mercado y la reproducción social (tal y como fueran relevados en el Capítulo II), el trabajo de reconstrucción empírica realizado pone en evidencia que mientras Precios Cuidados implicó un ejercicio de economía jurídico-normativa apalancada por un sistema informal de control y sanción; el sistema de subsidios al pan baladi en Egipto supuso un equilibrio –siempre delicado– entre gasto público y pacto de dominación, con una fuerte dependencia del sector externo y la mercantilización progresiva e incipiente de las relaciones previstas. El caso del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), en cambio, constituía un esfuerzo indirecto de acceso a los alimentos, con una fuerte preocupación por la eficiencia en la distribución de recursos e identificación de la población más necesitada y una articulación con actores del mercado y agencia subnacionales.

Tabla 12. Estatuto particular y valor diferencial de cada diseño bajo análisis, según componentes de capacidad estatal

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, contemplados en su conjunto, el análisis parece poner en relieve (con pesos diferenciales, según el caso), por lo menos, ocho variables significativas al momento de explicar estas particularidades; a saber: el régimen político; la capacidad de acción efectiva de la estructura burocrática (su estructura y medios para la acción) y la articulación con actores no estatales (tanto de mercado como organizaciones sociales); el grado de formalidad e informalidad en las relaciones previstas por los diseños en juego; la dependencia en los flujos de producción y abastecimiento del mercado interno y externo (o “patrón de acumulación”, en tanto que en tanto que forma de producción, apropiación, distribución y utilización del excedente en una sociedad determinada y la institucionalidad política que le da sustento); la presión fiscal y el gasto público implicados en las soluciones previstas; la legitimidad del sujeto estatal; la economía jurídico-normativa propuesta; y las amenazas al quiebre del pacto de dominación, en tanto que resultante de la forma particular de relación de las diversas agencias del aparato estatal con las distintas facciones y grupos de interés.

Tabla 13. Variables significativas comparadas [la notación debe leerse de forma tal que el signo “+” o “-“ supone presencia o ausencia, respectivamente, o bien la dominancia/primacía del primer aspecto del binomio (+) o del segundo (-)]

Fuente: Elaboración propia.

Dos observaciones se imponen en este punto. En primer lugar, dos de las ocho variables guardan relación directa con los componentes de capacidad estatal (a saber: la legitimidad/ilegitimidad del sujeto estatal y la organización y medios para la acción) y dos lo hacen de forma indirecta: presión del gasto público y la economía normativa. Esto se debe, no solo a la centralidad del sujeto estatal (gobierno y burocracia) en el proceso (sobre lo que volveremos en breve), sino que también pone de relieve la importancia misma de nuestra propuesta de análisis: la necesidad de problematizar primero las capacidades estatales, como condición para la identificación de variables relevantes de análisis.

Sin embargo, se hace necesaria una distinción adicional entre estas variables, en vistas a que no todas operarían al mismo nivel. Por el contrario, se verificaría una relación de orden lógico diferente entre cada. En esta línea, mientras algunas devienen particularmente significativas como operadores al momento de la emergencia de las políticas en cuestión; otras lo hacen en lo relativo a la definición de su particularidad de forma; y otras, por último, nos permiten explicar su sentido (su orientación), esto es la colectivización, mercantilización o individualización de los riesgos y los beneficios derivados del accionar estatal. Se trata, en suma, de tres niveles diferentes a partir de los cuales pueden agruparse las variables identificadas.

Estos niveles de tipificación, a partir de los cuales clasificar las ocho variables relevadas, evidencian que mientras la amenaza de quiebre del pacto de dominación hace a las condiciones de emergencia; el resto de las variables operan a nivel de la particularidad de forma emergente, con excepción de la legitimidad del sujeto estatal y la organización y medios para la acción, las cuales cumplirían un rol en la determinación del sentido. Veamos en detalle cada nivel de análisis.

Tabla 14. Variables y niveles de tipificación lógica

Fuente: Elaboración propia.

1. Nivel de las condiciones de posibilidad

Cada una de las políticas y arreglos bajo análisis constituyen la cristalización de un estado del juego de fuerzas entre actores estatales, de mercado y de las esferas de reproducción social, con miras a resolver la tensión que define el estatuto ambiguo de los alimentos en sociedades de mercado: su doble condición de bienes de consumo y símbolos elementales del pacto social. La política pública emergente da cuenta del estado de fuerzas de los actores sociales de cara a establecer/restablecer qué parte de los riesgos asociados al acceso a los alimentos se colectivizan y qué parte se mantiene en la esfera privada en la administración de bienes escasos y básicos; qué parte corren por cuenta del Estado; y qué parte se deja librado a las fuerzas del mercado y los agentes individuales.

En Egipto, como ya hemos desarrollado, la subvención a productos (presuntamente) consumidos preferencialmente por sectores sociales vulnerables, como el pan baladi, pone en evidencia una economía moral sustentada en una serie de reconocimientos legales efectivos de acceso al mismo, en el contexto de un conjunto de reformas que supusieron una pérdida de derechos, como la liberalización de las tierras. Una economía moral del pan que tiene como premisa el derecho a la comida y condiciones justas y sustentables para su consumo.

Esta tensión se traduce en una amenaza siempre latente de acción colectiva. Una práctica que también tiene raíces históricas profundas y que pasó a formar parte del repertorio –siempre disponible en la memoria y tradición popular– de acción colectiva. Una práctica ambigua, entre el beneficio individual y la protesta social (Serulnikov, 2017: 155).

Egipto es, sin duda, el caso más crítico en este sentido: desde la revolución de enero de 2011 el liderazgo político se ha vuelto cada vez más contingente del poder de las calles (Frerichs, 2016). Sobre todo, a la luz de la memoria emotiva de los sectores populares, así como de los estudiantes y los empleados públicos. Son recurrentes, en esta línea, las referencias constantes a las protestas de 1977 en donde, como parte de una serie de compromisos con el FMI, el entonces presidente Sadat inició un proceso de reducción de subsidios que contemplaba cambios en el precio del pan fino, azúcar, arroz, gas butano para cocinar, gasolina y cigarrillos.

En Argentina y Estados Unidos, en cambio, la amenaza de acción colectiva toma menos la fuerza de una protesta activa (aun cuando se verifiquen “escraches” y manifestaciones en los puntos de venta para el caso de Precios Cuidados), que el pulso de la opinión pública en el marco de procesos electorales de cierta inminencia. Puntualmente, en Argentina se evidenciaría una creciente expectativa –a nivel de la opinión pública– de intervención del mercado de bienes de consumo masivo, así como descontento frente al aumento de la inflación. En este sentido, a principios de 2014, afrontaría un escenario de devaluación, y consecuente pérdida del poder adquisitivo, del orden del 40%, a la vez que los índices de inflación registrarían la mayor alza mensual del período al alcanzar un 4.5% en enero.

Lo interesante de la amenaza de acción colectiva es que no solo parece operar como variable explicativa de las posibilidades de emergencia de políticas de control de precios y acceso a los alimentos, sino que encierra una paradoja: en la amenaza de acción colectiva radicaría la mayor fuente de legitimidad a la intervención estatal y del desarrollo de sus capacidades. En Argentina, por ejemplo, según el citado estudio de IPSOS, más del 50% de la población encuestada se encontraba a favor que el gobierno controle los precios de los alimentos básicos y servicios. Incluso, el 43% declaraba que las empresas de consumo masivo deberían estar bajo directa administración del Estado. En el caso del SNAP, en cambio, legitimado en su intervención (sin un amplio consenso), es la forma en que la que se llevaba a cabo lo que dividía a la opinión pública en relación al accionar del gobierno en la prestación de la asistencia alimentaria. Un hecho que redundaría en más de 60 modificaciones y ajustes al programa, a lo largo de 50 años, sin por ello cuestionar de forma definitiva la intervención en sí.

Las agencias estatales parecen encontrar la legitimidad que requieren para su intervención, ahí donde se cuestiona su accionar mismo.

2. El nivel de la particularidad de forma

Ahora bien, el accionar del gobierno y sus agencias, así como las políticas públicas emergentes, no parecen surgir de cualquier manera. Por el contrario, su particularidad de forma (el estatuto efectivo de relaciones y características específicas que proponen) parece encontrarse condicionado (limitado y posibilitado, a la vez) por un conjunto de variables específico.

En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la estructura de organización burocrática puesta en juego lleva impresa sobre sí los límites mismos del régimen político que le da origen, como consecuencia de un déficit histórico del Estado federal, en lo que algunos han definido como federalismo descentralizado, débil y fragmentado (Skocpol, 1995:138). En este sentido, si bien los criterios de elegibilidad del programa se definen a nivel federal, lo que garantizaría cierta uniformidad de criterio, son los estados subnacionales quienes definen el punto en la escala de rangos de ingresos, tamaño y composición del hogar, bienes, gastos médicos, estatus inmigratorio o de ciudadanía, entre otros.

De la reconstrucción analítica que propusimos del esquema general del programa se desprende una estructura del tipo híbrida, donde si bien las divisiones son –efectivamente– creadas en línea con los mercados atendidos y se les brinda ciertas funciones operativas que necesitan para realizar sus tareas en esos mercados, no asumen el atributo de autonomía propio de las divisiones bajo la Forma Divisional (pura). De esta manera, la articulación entre atributos (predominantes) de la Burocracia Mecánica y otros (incipientes) de la Forma Divisional radica –a nuestro entender– en cuestiones contradictorias entre sí, como son las necesidades operativas de ganar capilaridad, garantizar ciertos grados de autonomía y libertad a los estados subnacionales, a la vez que controlar la ejecución de los fondos, en el marco del temor la iniciativa política de la burocracia.

En suma, esta articulación se estructura sobre una imposibilidad: el servicio civil estadounidense carece (por las particularidades de régimen que definen las reglas de ejercicio) de estructuras que puedan llegar directamente a las localidades, por lo que sólo puede contentarse con una combinación de incentivos financieros y recursos legislativos. En términos de Skocpol, “(…) el Gobierno Federal en parte soborna y en parte da órdenes [bosses] a los Estados subnacionales y locales, así como a los grupos no-gubernamentales; posibilitando que lo ayuden a hacer lo que él no podría hacer por sí mismo” (1995: 9). Es la red de comercialización y el aparato burocrático subnacional los que dotan al programa de la infraestructura material sobre la cual éste puede actuar. Sobre todo, a la luz del déficit histórico del Estado federal en este sentido^[1], siendo caracterizado por varios autores como un federalismo descentralizado, débil y fragmentado (Skocpol, 1995: 138).

En el caso de Egipto, en cambio, el régimen político, en cuanto reglas que definen el ejercicio del poder, configura un sistema de cerrado de jugadores de veto, propio de órdenes de acceso limitado (North et al., 2009) con alta concentración y jerarquía en el proceso de toma de decisiones, así como con acceso restringido a participar de las mismas. Una situación que deviene (a lo largo de la cadena de producción, distribución y entrega del pan baladi) en el sustrato de prácticas de acceso limitado a beneficios y recursos, incluso en potenciales prácticas rentistas, como las que hemos relevado.

Otra variable que parece influir en la forma particular que asume la política pública es lo que podríamos denominar patrón de acumulación, en tanto que forma de producción, apropiación, distribución y utilización del excedente en una sociedad determinada y la institucionalidad política que le da sustento. En nuestro caso, los flujos de relaciones orientados al mercado interno o externo, así como la articulación con actores del orden de mercado. Este punto es la consecuencia lógica de entender al Estado no sólo como un agregado heterogéneo de agencias de gobierno, con distribuciones diferenciales entre las mismas de recursos y capacidades para la acción, sino también al par gobierno-burocracia como dos actores clave en lo económico, tanto en lo relativo al proceso de acumulación de capital, como de transformación del perfil productivo de un país y la redistribución del ingreso.

En el caso de Egipto, por ejemplo, la articulación propuesta por el programa evidencia, de forma significativa, restricciones y posibilidades relativas a este nivel, en vistas a la relación dinámica que el programa mantiene con los procesos de liberalización de la agricultura, la creciente mercantilización de las relaciones previstas, la participación en los flujos de asistencia internacional y la presión sobre el gasto público. El sistema es consecuencia del proceso de liberalización de la agricultura entre 1986 y 1992, sobre la base del objetivo declarado de “activar las fuerzas de mercado en la determinación del valor de renta de la tierra (…) mejorando de esa forma la eficiencia en la distribución de la renta” (Frerichs, 2016: 16). Esto habría afectado, según estimaciones, a más de 900.000 productores (cerca del 25%) quienes quedaron despojados de sus tierras (Frerichs, 2016: 17), a la vez que forzaron a una creciente importación de productos, así como la inclusión de Egipto en programas de asistencia alimentaria, como “Food for Peace”.

Algo similar puede decirse en relación el SNAP en Estados Unidos: el mismo favoreció el proceso de distribución privada, donde la articulación con las cadenas de comercialización posibilitó no solo un mayor alcance en la distribución de los beneficios, a través de una tarjeta electrónica, sino también una “protección” contra la discusión parlamentaria que buscaba limitar sus alcances. Al día de hoy, la cantidad de tiendas autorizadas asciende a 261.000, 80% de los cuales son supermercados o hipermercados (CBPP, 2016). Al punto que esta articulación dinamizaría el ciclo económico: el programa es considerado por muchos economistas, en este sentido, como un elemento central en el estímulo de la actividad económica. Según Moody’s cada dólar distribuido entre los beneficiarios del programa, se generan u$d 1,70 en actividad económica (Rosenbaum, 2013: 4).

El caso de Precios Cuidados, en cambio, evidencia un programa que busca orientar las relaciones de mercado sin intervenirlas directamente, en un nudo de relaciones de reciprocidad (las cuales hemos intentado figurar bajo el concepto de “disciplinamiento”), a partir del: mantenimiento de canales de diálogo con el sector privado y la institucionalización (incipiente) de instancias de comunicación entre el gobierno y las agencias estatales, y el empresariado, sin necesidad de recurrir a mecanismos de coerción directa (garantizadas, fundamentalmente, por la necesidad de negociar de forma periódica los términos y alcances del programa). Un elemento que tuvo como condición de posibilidad un acuerdo voluntario, con la oferta a los sectores decisivos de la producción y la distribución.

En tercer lugar, estarían las limitaciones/posibilidades relativas a las estructuras organizacionales y procesos de la agencia en cuestión y su memoria institucional. En este nivel confluyen las variables relativas a la presión fiscal, la economía jurídico-normativa y el grado de formalidad de las relaciones previstas por los diseños bajo análisis.

Este nivel se compone no sólo de recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos, sino también de principios, normas y rutinas que regulan el accionar y de estructuras con grados diversos de diferenciación, especialización funcional e interdependencia (Oszlak, 2006).

La novedad de Precios Cuidados, en este sentido, radicaría en el desvío que sus arreglos y expresiones organizacionales supondrían de la estructura burocrática verificada en promedio en las agencias estatales nacionales. Sobre todo, en lo relativo a la expresión mínima formal en la que se cristaliza: una estructura de 41 relevadores a nivel nacional y el apoyo en organizaciones sociales, a los efectos del control, monitoreo y sanción. Incluso, el hecho que para hacer efectivo y capilar su aparato de control y monitoreo el gobierno recurra a cierta hibridez, debe ser leído a la luz de cierta desconfianza del gobierno sobre el nivel de compromiso de las estructuras burocráticas para el cumplimiento de objetivos específicos, donde sólo la militancia de base ofrecía las condiciones necesarias en términos de verticalidad, conciencia de misión y fines, para el control del programa.

Algo similar mencionamos a propósito de la relación Gobierno/Burocracia en Egipto, en donde la mercantilización de ciertas relaciones previstas en el programa se presenta como la garantía de su eficiencia, en el marco de un proceso de reformas más amplias del servicio civil.

En el caso de Estados Unidos, en cambio, las estructuras organizacionales federales evidencian una rigidez estructural, con divisiones geográficas escasamente diferenciadas y una concentración de funciones en la Casa Central, como parte de una serie de mecanismos de control del accionar de la burocracia. Asimismo, se evidencia una obsesión por el control presupuestario, tanto directo como indirecto, a través del desarrollo de fórmulas de identificación y selección de beneficiarios, así como cálculo de beneficio y una individualización de los costos.

3. Sentido: colectivización, mercantilización, individualización

En cuanto al tercer nivel de análisis, relativo al sentido u orientación de la acción (esto es la colectivización, mercantilización o individualización de los riesgos y los beneficios), el mismo parece guardar relación con dos variables, una que vincula al orden estatal con su otredad; y la otra que lo enfrenta con sus propios límites. En relación a la primera, la misma depende de la relación y el estado de fuerzas entre los actores de los diversos órdenes, de manera de legitimar la intervención de las agencias estatales, en el marco una “lucha en torno a los límites” (Fraser, 2020). Es decir, una disputa permanente por definir/redefinir los vínculos y relaciones políticas (de autoridad), de aquellos propios de la familiaridad y confianza; la producción de bienes de la reproducción social; y el mercado de la política. La segunda, en cambio, guarda relación con cierta “autopercepción” del gobierno sobre las posibilidades y límites de la organización y medios para la acción a disposición del sujeto estatal, tanto en lo relativo al conjunto de recursos disponibles para la acción, como al estado de la relación entre el gobierno y la burocracia.

Es decir, en la medida en que exista legitimidad del sujeto estatal, la tensión entre la economía moral del valor justo y la economía política del precio de mercado de bienes básicos escasos, como los alimentos, parece tender a resolverse a partir del desarrollo de estructuras estatales, salvo que ciertos déficits sobre sus capacidades o falta de legitimidad en su acción empujen la articulación con actores de mercado u organizaciones sociales. En el caso de Precios Cuidados, la articulación (informal) con organizaciones sociales posibilitó ampliar el stock disponible de recursos destinados al control del programa, en el marco de un servicio civil con fuertes déficits, fugas y pérdidas entre las instancias de toma de decisión y la ejecución misma de los programas. Algo similar desarrollamos en relación al caso del sistema de subsidios del pan baladi en Egipto, en el marco de una lucha abierta entre el gobierno y la burocracia; mientras que –por último– en lo relativo al SNAP en Estados Unidos, es la desconfianza y temor al (potencial) accionar político de la burocracia en el marco de las políticas sociales, así como los problemas de ejecución a nivel subnacional al interior en un federalismo fragmentario, lo que empuja a la articulación con actores de mercado como garantía de control y capilaridad.

Ahora bien, el análisis de los casos precedentes parece iluminar otro aspecto importante. A saber: que la definición/redefinición de las fronteras entre el orden de relaciones estatales, el de la reproducción social y el mercado, implica un saldo en favor del primero: un “dividendo estatal”. En otros términos, nunca la mercantilización y/o la familiarización se presentan de forma absoluta. Por el contrario, ambos órdenes funcionan a partir de cierta arquitectura estatal (aun cuando sea permanentemente resistida) que les sirve de base y permite, a su vez, ampliar las capacidades y recursos del Estado como fruto de esa articulación. En el caso de Precios Cuidados, por ejemplo, el incremento en el volumen de ventas del canal moderno por sobre el tradicional, así como el aumento en las operaciones registradas con métodos de pago electrónico y la “licencia” de intervención política a las organizaciones sociales, se da sobre la base de una arquitectura estatal que lo posibilita.

Lo mismo puede decirse en relación al SNAP, en donde los incrementos en las ventas, así como en la bancarización y la inversión de fondos federales en economías subnacionales en recesión, tienen como base de funcionamiento un conjunto de relaciones y definiciones del orden estatal que no por existir dejan de estar cuestionados y discutidas por diversos actores en el proceso.

4. Un mosaico de variables y relaciones potenciales

Estas observaciones otorgan una mayor precisión en cuanto al conjunto de relaciones sociales implicadas en los procesos bajo análisis, así como precisan un conjunto de variables (en tres niveles lógicos diferentes) que parecen operar tanto en lo relativo a las condiciones de emergencia, como en la definición de su particularidad de forma y el sentido/orientación resultante.

De esta forma, asistimos a un mosaico de relaciones lógicas como el descripto en la figura 10, el cual, si bien nada dice con certeza sobre posibles nuevos casos por fuera de los estudiados en la presente investigación, nos sugiere un lugar por donde mirar a futuro, a partir de explicitar una estructura mínima de relaciones entre variables. Es importante no perder de vista que, si bien las mismas surgen del análisis empírico de diseños y relaciones efectivas para los tres casos en cuestión, es improbable que se encuentren en su totalidad en un solo caso. Por el contrario, esta reconstrucción ideal (teórica, pero fruto de un análisis empírico) nos debería servir como un mapa de lo posible (de relaciones potenciales entre variables) que, por analogía, nos ayude a identificar lugares tentativos por donde comenzar nuevas búsquedas para mejorar nuestras generalizaciones a propósito de la tensión entre provisión y libre mercado en bienes escasos de primera necesidad.

Figura 10. Mosaico de variables y relaciones por nivel de análisis

Fuente: Elaboración propia.

Por último, si –como mencionamos– se verifica un “dividendo estatal”, un remanente siempre presente que pone en evidencia que nunca la mercantilización y/o la familiarización se presentan de forma absoluta, sino que –por el contrario–, los órdenes funcionan a partir de cierta arquitectura estatal que les sirve de base, no debe perderse de vista que siempre se encuentra bajo activas resistencias. En otras palabras, la primacía del orden estatal no anula la posibilidad de su resistencia, sino todo lo contrario. En Egipto, por ejemplo, las reformas sancionadas en el sistema de subsidios en 2014 suponen un intento por (re)mercantilizar ciertas relaciones. De esta forma, aun cuando le sirva de sustento al resto, el orden estatal es permanente renegociado en sus límites. Asimismo, en Estados Unidos, son recurrentes los intentos por reducir la intervención de las agencias federales, al punto que una coalición amplia de actores sociales tuviera que “blindar” el programa en el marco de una política de orden mayor, como el denominado “Farm Bill”.

En otros términos, a diferencia de lo que creía Thompson (1971) y Polanyi (2017), la existencia de un dividendo estatal en la regulación del acceso a los alimentos básicos (siempre en tensión y en permanente resistencia, en el marco de “luchas en torno a los límites”) parece evidenciar un tránsito siempre incompleto entre economías de provisión y economías políticas, por oposición a cierta inevitabilidad, advenimiento y resignación en el tono de las formulaciones de ambos autores sobre la dirección del proceso.