Arturo M. Bas y los trabajadores ferroviarios en los orígenes del derecho jubilatorio
(Argentina, 1912-1919)

María Belén Portelli^[1]

Introducción

Desde finales del siglo XIX, Argentina experimentó un acelerado proceso de expansión económica, explosión demográfica y crecimiento urbano que desencadenó la emergencia de múltiples situaciones de precariedad, vulnerabilidad y exclusión en amplios sectores de la sociedad. Al iniciarse el siglo XX, el aumento de las huelgas, el avance de la organización obrera y la difusión de ideologías contestatarias pusieron de relieve el malestar de los trabajadores y despertaron la preocupación de los sectores dirigentes (Suriano, 2000). La radicalización del conflicto y el desarrollo de ideas reformistas socavaron paulatinamente el predominio del liberalismo clásico y promovieron una mayor intervención del Estado en el plano social. Esto se manifestó especialmente en la sanción de leyes orientadas a crear derechos y protecciones para el mundo obrero.

El movimiento católico social participó activamente en la corriente reformista que promovió la estructuración de las primeras iniciativas estatales de política social en Argentina (Zimmermann, 1995). En sintonía con los postulados de la encíclica Rerum Novarum (1891), los círculos de obreros (CO) reclamaron a los poderes públicos la aprobación de proyectos que mejoraran las condiciones de los trabajadores, y algunos dirigentes políticos católicos –como Arturo M. Bas y Juan F. Cafferata– impulsaron su sanción desde las posiciones que ocuparon en el Congreso (Auza, 1987a, 1987b; Lida, 2015; Portelli, 2017; Recalde, 1985). Esto evidenció que, a comienzos del siglo XX, las viejas controversias entre Iglesia y Estado por las leyes laicas de la década de 1880 comenzaron a atenuarse para ceder paso a una confluencia de intereses y preocupaciones en torno al orden social (Castro, 2009; Di Stéfano, 2011).

En los últimos quince años, los historiadores revisaron las ideas clásicas sobre la secularización y desplegaron nuevas interpretaciones –más complejas y matizadas– sobre el lugar de la religión en una sociedad que se transformaba al ritmo de la modernización. Las investigaciones postularon que los avances laicistas de fines del siglo XIX no relegaron a la Iglesia a un estado de letargo y debilidad hasta el despuntar del “renacimiento católico”, en los años treinta. Por el contrario, hoy existe consenso en que, en esas décadas de secularización, el catolicismo buscó alcanzar la “recristianización” de la sociedad, para lo cual desplegó una intensa militancia social, política y cultural, interactuando con la modernidad e incorporando muchos de sus rasgos (Lida, 2015; Lida y Mauro, 2009; Mauro, 2010). En este marco, las diversas iniciativas desplegadas por la Iglesia y el laicado católico frente a la cuestión social fueron entendidas como instrumentos para penetrar en el mundo del trabajo, catolizar a los obreros y contener el avance de las izquierdas.^[2] Algunos estudios sugirieron que la promoción de la legislación social se habría orientado al mismo objetivo: disputar el influjo de los socialistas y ganar posiciones entre los trabajadores (Asquini, 2022; Martín, 2020; Portelli, 2021). Sin embargo, aún es preciso examinar con mayor profundidad cómo operó esta estrategia y qué dinámicas y alcances concretos adquirió en la relación del catolicismo con el mundo del trabajo.

Con el propósito de avanzar en este sentido, la presente contribución busca conocer las solidaridades y alianzas que los católicos sociales establecieron con los ferroviarios durante la tramitación de las leyes que dieron origen a la cobertura jubilatoria para este sector ocupacional.

En 1915, el Congreso aprobó la Ley 9653, que creó una caja de jubilaciones específica para los obreros y empleados del ferrocarril. Sin embargo, el beneficio no se hizo efectivo hasta la sanción, en 1919, de la Ley 10650. El legislador católico Arturo M. Bas tuvo una activa participación en la gestación de este derecho (Portelli, 2021), por lo que ofrece un mirador privilegiado para captar la trama de apoyos y contactos que se establecieron entre el catolicismo y los trabajadores ferroviarios en el curso de este proceso.

Esta investigación cobra particular relevancia por las características que este sector presentaba a comienzos del siglo XX. Los ferrocarriles eran vitales para el funcionamiento del modelo económico y congregaban a una gran cantidad de trabajadores en todo el país. Con desarrollos pioneros en materia de organización obrera y reconocidos lazos con las corrientes socialistas y sindicalistas, los ferroviarios protagonizaron luchas reivindicativas que llegaron a paralizar el circuito agroexportador. Es poco lo que se sabe sobre la presencia que el catolicismo social adquirió en este gremio, y su abordaje puede contribuir a ampliar el conocimiento sobre las estrategias que los católicos emplearon para penetrar en sectores específicos del mundo del trabajo en los que las izquierdas tenían una fuerte injerencia.

En particular, este capítulo se propone reconstruir las relaciones que se establecieron entre Arturo M. Bas y los trabajadores que conformaron la Asociación Ferroviaria Nacional (AFN) a instancias de las leyes 9653 y 10650. Además de examinar cómo se conformaron esos vínculos, procura avanzar en la definición de su contenido e intensidad, así como en la comprensión de los intereses y las motivaciones que contribuyeron a moldearlos.

El análisis se asienta en un amplio conjunto de fuentes de diversos orígenes. Los Diarios de Sesiones del Congreso Nacional permitieron identificar los actores, argumentos, acuerdos y debates que marcaron el derrotero de las leyes jubilatorias. Los expedientes del Archivo Parlamentario de la Cámara de Diputados y algunas publicaciones de la AFN –estatutos, petitorios y revista El Ferroviario– ofrecieron elementos para conocer los posicionamientos de los ferroviarios que se organizaron en esta agrupación. Para examinar las relaciones entre estos trabajadores y el catolicismo social se utilizaron periódicos católicos como El Pueblo (Buenos Aires) y Los Principios (Córdoba), sin descuidar los aportes de la prensa socialista (La Vanguardia) y gremial (La Fraternidad y El Obrero Ferroviario). Es importante señalar que el uso de la prensa no se circunscribió a sus crónicas y editoriales, sino también a la reproducción de telegramas, notas y cartas que permitieron acceder a algunos de los intercambios que tuvieron lugar entre los protagonistas de esta historia. Aunque se trata de piezas fragmentarias, aportan información privilegiada que evidencia la utilidad de la correspondencia para conocer los contenidos cualitativos de las relaciones entre actores sociales (Imízcoz Beunza y Arroyo Ruiz, 2011).

La larga marcha de las jubilaciones ferroviarias

En Argentina, el sistema jubilatorio se desarrolló con una lógica particularista que benefició a unos pocos sectores del mundo del trabajo, particularmente a aquellos vinculados al aparato estatal o ubicados en actividades económicas estratégicas (Arza, 2010, p. 258). El “hito fundacional” fue la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, creada en 1904 (Ley 4349) para brindar seguros a la vejez al personal de la administración pública central. A partir de entonces, la cobertura se expandió de forma gradual y fragmentada mediante la creación de múltiples sub-sistemas para diferentes grupos ocupacionales.

Los obreros y empleados del ferrocarril constituyeron el primer sector del ámbito privado en contar con una caja de jubilaciones específica, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 9653, aprobada en 1915 por el Congreso Nacional. Esta norma fue, en buena medida, una respuesta del Estado a la gran huelga que los maquinistas y foguistas nucleados en La Fraternidad (LF) lanzaron a comienzos de 1912 por aumentos salariales y mejores condiciones laborales.^[3] Poco después del conflicto, el diputado conservador Carlos Carlés presentó un proyecto que proponía incorporar al personal ferroviario de las empresas particulares a la caja de jubilaciones de los empleados estatales. Como señaló Ernesto Isuani (1985), se trataba de descomprimir el malestar obrero y evitar el estallido de nuevos conflictos que amenazaran el funcionamiento de la economía agroexportadora.

Tras analizar el proyecto de Carlés, la comisión de legislación de la Cámara de Diputados formuló una propuesta alternativa, consistente en crear una caja específica para todos los empleados y obreros de las empresas ferroviarias particulares y estatales con jurisdicción nacional, financiada con aportes de los trabajadores, las compañías y el Estado, y administrada por representantes de estos tres sectores designados por el Poder Ejecutivo.^[4] El proyecto de la comisión resultó aprobado por la cámara baja, pero sufrió importantes modificaciones al ser debatido en el Senado. Uno de los cambios más polémicos fue la inclusión del artículo 11, que castigaba con la destitución y pérdida del derecho jubilatorio a aquellos trabajadores que abandonaran voluntariamente el servicio, perturbando o interrumpiendo la regularidad de los ferrocarriles. Tras un largo debate, el artículo fue aprobado con un añadido que habilitaba a la administración de la caja a actuar como tribunal arbitral y resolver si el abandono del servicio se había producido por causas justificadas.^[5]

Tanto la LF como la recientemente creada Federación Obrera Ferrocarrilera (FOF) rechazaron el artículo 11 en todos sus términos, pues consideraban que privaba a los trabajadores del derecho a huelga, sometiéndolos aún más a la explotación y arbitrariedad de las empresas (Portelli, 2022).^[6] Pese a la resistencia de la bancada socialista, los diputados convalidaron las reformas del Senado y la Ley 9653 –también llamada “ley básica”– quedó aprobada. Ella creaba la Caja de Jubilaciones Ferroviarias, definía quiénes serían sus beneficiarios y establecía cómo se formaría su capital. Además, disponía que una comisión técnica reuniría información para la futura sanción de una “ley orgánica”, que establecería precisiones en materia de edad jubilatoria, años de servicio y monto de las remuneraciones.

El primer proyecto de ley orgánica fue presentado por la comisión de legislación ferroviaria de la Cámara de Diputados a fines de septiembre de 1916 y despertó críticas generalizadas.^[7] Mientras LF reclamó suprimir el límite de 50 años de edad para acceder a una jubilación ordinaria, la FOF cuestionó que la contribución de los obreros se incrementara al 5% y que el aporte de las empresas quedara circunscrito al caso en que los fondos resultasen insuficientes.^[8] Por su parte, las compañías –que ya habían sido denunciadas por incumplir las obligaciones contributivas de la Ley 9653– negaron poder afrontar las cargas financieras impuestas por el proyecto y plantearon que una legislación de este tipo alteraría los derechos y las garantías que las leyes les acordaban (Goodwin, 1974, pp. 65-68).

A principios de septiembre de 1917, la comisión de legislación ferroviaria de la Cámara de Diputados presentó un nuevo proyecto.^[9] En el marco de la primera huelga general ferroviaria que afectaba a todo el país, el texto fue rápidamente debatido y aprobado.^[10] En el Senado, su tratamiento se demoró hasta principios de abril de 1919. Tras ser sancionado con algunas modificaciones, retornó a la Cámara de Diputados, donde quedó definitivamente aprobado el 24 de abril de 1919 (Ley 10650).^[11]

Esta legislación estableció que podrían acceder a la jubilación los empleados y obreros de los ferrocarriles nacionales y particulares con 50 años de edad y 30 años de servicios. La administración de la Caja estaría a cargo de un directorio conformado por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, tres representantes de las empresas y tres de los trabajadores. El sistema se financiaría con un descuento del 5% de los sueldos del personal, más una contribución empresarial del 8% sobre los salarios y jornales de todos sus trabajadores. Las compañías se acogieron a lo dispuesto, posiblemente porque quedaron eximidas de pagar las sumas que adeudaban por el incumplimiento de la Ley 9653 y fueron autorizadas a incrementar sus tarifas para cubrir el aporte del 8%, transfiriendo a los usuarios buena parte de los costos. Además, el Estado nacional se comprometió a financiar los déficits de la Caja en caso de que los aportes de trabajadores y empresas no llegaran a cubrir el importe total de las jubilaciones y pensiones.

Arturo M. Bas y el gremio ferroviario

El diputado católico Arturo M. Bas tuvo una activa participación en la gestación de las jubilaciones ferroviarias, lo que favoreció el establecimiento de vínculos con este sector del mundo del trabajo. En especial, entabló un estrecho contacto con trabajadores no alineados a LF ni a la FOF, que en 1916 se nuclearon en la AFN. La reconstrucción y el análisis de estas relaciones contribuyen a conocer los mecanismos a través de los cuales el catolicismo social disputó la influencia de las izquierdas y ganó presencia en este colectivo obrero.

El comienzo de todo: la Ley 9653

Arturo M. Bas nació en Córdoba en 1875, en el seno de una familia católica vinculada al comercio. Tras concluir sus estudios en el Colegio del Salvador (Buenos Aires), se formó en derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Ejerció su profesión liberal, se desempeñó en la magistratura y no se sustrajo de la docencia universitaria. Sin embargo, su carrera más prominente se desarrolló en la política. Se inició con los sectores conservadores opositores al proyecto liberal que encarnaba el roquismo. En 1909 integró la Unión Provincial, un partido compuesto por grupos conservadores y radicales católicos que apoyaban al presidente José Figueroa Alcorta. Posteriormente, adhirió a la Unión Nacional, una agrupación creada en 1911 por sectores críticos del Partido Autonomista Nacional y, en su mayoría, identificados con el catolicismo. Como miembro de esta organización, disputó las elecciones legislativas de 1912 y resultó electo diputado nacional por Córdoba.^[12]

El desembarco de Bas en el Congreso Nacional –en paralelo al de su coterráneo y correligionario, Juan F. Cafferata– formó parte de un proceso de incorporación de algunas figuras del laicado a ciertas posiciones del poder estatal, desde las cuales promovieron el intervencionismo social del Estado.^[13] Las preocupaciones en torno a la cuestión social y la sintonía entre la doctrina social de la Rerum Novarum y las ideas reformistas de la elite gobernante favorecieron la convergencia entre los católicos y los sectores dirigentes (Di Stefano, 2011). Por esta vía, el catolicismo ganó fuerza en el movimiento reformista que impulsó una mayor acción del Estado en el terreno social, en un camino intermedio entre el liberalismo ortodoxo y el cambio radical (Zimmermann, 1995).

El inicio del período parlamentario de Bas también coincidió con la llegada de monseñor Miguel de Andrea y Alejandro Bunge a la conducción de los CO. Esto implicó la puesta en marcha de un “plan de conquista de las masas” que, en el escenario de democratización abierto por la reforma electoral de 1912, buscó contener el avance de los socialistas y aproximarse a los sectores obreros (Lida, 2015; Martín, 2020). En este marco, la organización gremial adquirió un significativo impulso como estrategia para ganar terreno en el mundo del trabajo, y la acción legislativa no se sustrajo de estos objetivos.

A poco de asumir su banca como diputado nacional, Bas se involucró en el proceso de diseño, debate y sanción de la Ley 9653 que creó la Caja de Jubilaciones para el personal ferroviario (Portelli, 2021). Junto con el radical Vicente Gallo, integró la subcomisión encargada de estudiar la factibilidad del proyecto de Carlés y elaborar una propuesta alternativa, consistente en crear una caja específica para los ferroviarios.

De acuerdo al relato que el propio Bas elaboró años más tarde, este proceso legislativo le permitió vincularse con los miembros de la “comisión de ferroviarios pro-jubilación”, dirigida por E. Bartoloni, S. Valle Barraco, R. Pappucio, J. B. Raggio, J. M. González, E. Arias, J. Caffarena y A. R. Cánepa.^[14] Sin ofrecer mayores detalles sobre esta entidad y sus integrantes, el católico aseguró que mantuvo con ellos una “comunicación casi diaria”:

Fue tan frecuente nuestro trato, y tan armónicas mis visitas con la enunciada comisión respecto a la anhelada ley de retiros, que llegué a identificarme con sus miembros en el propósito y en la adopción de todas las medidas conducentes a su realización. (Bas, 1919, pp. 305-306).

En agosto de 1912, estos mismos ferroviarios habían suscrito un petitorio que solicitaba el pronto y favorable despacho del proyecto de Carlés, sin ninguna objeción. Esto puede indicar que se trataba de empleados que anhelaban obtener el beneficio jubilatorio sin mayores dilaciones.^[15] Al año siguiente, cuando el Senado sancionó el proyecto, protagonizaron una campaña a favor de su aprobación en la Cámara de Diputados. Mientras LF y la FOF cuestionaron fuertemente la incorporación del artículo 11, un petitorio de la “Junta Nacional de Delegados Ferroviarios Pro-Jubilación” dirigido a la cámara baja aseguró que el proyecto sancionado satisfacía “ampliamente” sus expectativas. Encabezado por E. Bartoloni, S. Valle Barraco, R. Pappucio y J. M. González, el documento reunió más de 120 hojas con firmas de trabajadores que se presentaban como “empleados de los ferrocarriles de empresas particulares” de distintas localidades de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.^[16] Consideraban que los cambios sancionados por el Senado contribuían “al correcto funcionamiento de una ley de esta naturaleza” y solicitaban a la cámara la aprobación del proyecto “en todas sus partes”. Nuevamente, parecían interesados en contar con el derecho jubilatorio, independientemente de las medidas disciplinarias introducidas por el Senado.

Los empleados partidarios de la aprobación del proyecto de jubilaciones con el artículo 11 incluido registraron una intensa actividad en Córdoba. En noviembre de 1913, el diario católico local Los Principios publicó la solicitud que un grupo de “empleados ferroviarios de Córdoba” había enviado a la Cámara de Diputados.^[17] Según manifestaban, eran trabajadores que, por sus edades y años de servicio, estaban “en condiciones de optar próximamente a la jubilación”, pero la demora de la ley les hacía temer que las empresas los despidieran antes de recibir el beneficio previsional. Requerían entonces que los diputados aprobaran cuanto antes el proyecto modificado por el Senado, sin ningún cambio que obligara a regresarlo a la cámara alta. Además de desmarcarse del posicionamiento de LF, acusaron al gremio de ignorar la situación de los trabajadores cercanos a la jubilación y de perjudicarlos con su resistencia al artículo 11. Afirmaban que la actitud de la sociedad de maquinistas y foguistas había sido inducida por el socialismo, que veía afectada la posibilidad de realizar huelgas “arbitrarias” para presionar a las empresas. A diferencia de LF, aseguraban que este artículo no resultaba una amenaza, porque “cuando una huelga esté justificada, los huelguistas no perderán los derechos que les acuerda la ley”, y confiaban en que el funcionamiento del tribunal mixto sería una garantía de ello.

Aunque el periódico omitió los nombres de los ferroviarios que firmaron este petitorio, la coincidencia de intereses y argumentos invita a pensar que los mismos actores estuvieron involucrados en la fundación de la “Comisión Pro Jubilación Ferroviarios de Córdoba”, en junio de 1914. La flamante entidad aprobó sus estatutos y conformó su comisión directiva en una asamblea en la que participaron alrededor de 400 empleados de los ferrocarriles Central Córdoba (FCC) y Central Argentino (FCA). Esta organización declaró que su “único y exclusivo fin” era “activar y gestionar de los poderes públicos de la Nación la definitiva y pronta sanción del proyecto”. Además, proclamó su voluntad de nombrar a presidentes honorarios y protectores entre los “administradores de las empresas” y “diputados nacionales”, con lo que se diferenciaban claramente de LF y la FOF.^[18] Las gestiones de la entidad incluyeron el envío de peticiones a la Cámara de Diputados, y a legisladores y altos funcionarios del Poder Ejecutivo. En este marco, mantuvieron frecuentes intercambios con Bas y sus actividades fueron ampliamente difundidas por el diario católico Los Principios, que no ocultó sus simpatías por la organización.

Aunque escasas y fragmentarias, las evidencias permitirían inferir que los directivos de esta comisión eran empleados que se desempeñaban en cargos de cierta jerarquía en el ámbito de las estaciones ferroviarias. Además, por sus edades y años de servicio estaban en condiciones de acceder prontamente al beneficio jubilatorio.^[19] El presidente, Ramón Ferreyra, tenía por entonces 44 años de edad y casi treinta de servicio en los ferrocarriles. Había comenzado como telegrafista del FCA a los 15 años. En 1890 se incorporó al FCC, donde fue designado al frente de la oficina telegráfica de la estación central de Alta Córdoba para pasar, poco después, a la secretaría de la inspección de tráfico.^[20] Por su parte, el tesorero y el pro-tesorero, Ramón López y Alfredo Ortiz, se desempeñaban en las oficinas de movimientos y reclamos de la estación Alta Córdoba del FCC, respectivamente. Entre los vocales, Juan López era jefe de reclamos del FCC, Juan Banús era jefe de la estación Córdoba del FCA y Miguel Lavisse era cajero del FCC.^[21]

La FOF puso en duda la identidad obrera de quienes solicitaban la aprobación del proyecto “con todas las disposiciones vejatorias y liberticidas contenidas en su articulado”, y aseguró que estas peticiones pertenecían a “altos empleados de las empresas ferroviarias, o algunos espíritus pusilánimes y carneriles”.^[22] LF reconoció las “impaciencias” de algunos trabajadores agotados por la ardua labor, pero les advirtió que el anhelo de una jubilación no justificaba la aceptación de “cualquier cosa” que se les ofreciera.^[23] Por su parte, el diario socialista La Vanguardia denunció que Bas estaba detrás de estos petitorios, pues “busca, por todos los medios a su alcance, el apoyo necesario para obtener la sanción definitiva de ese verdadero engendro antiobrero”.^[24]

En el Congreso, el legislador católico actuó como un firme defensor de la causa de estos empleados: suscribió el dictamen que aconsejaba la aprobación del proyecto sin modificaciones, presentó mociones de preferencia afirmando que existía “un verdadero clamor de parte de los empleados de ferrocarriles a este respecto”,^[25] y actuó como miembro informante de la mayoría cuando la cámara baja inició la discusión del proyecto (Portelli, 2021). Durante el debate, Bas aseguró que las modificaciones del Senado no afectaban fundamentalmente el concepto del proyecto original y que era preciso satisfacer con celeridad los anhelos de los ferroviarios.^[26] Sostuvo que sólo se oponían al artículo 11 los maquinistas y foguistas nucleados en LF, mientras que “miles y miles de firmas” de una “infinidad de solicitudes” remitidas a la cámara demostraban que “la inmensa mayoría” de los ferroviarios respaldaba la sanción del Senado. Para Bas, estos empleados comprendían “la enorme ventaja que significaría para ellos y sus familias llegar a conseguir esta ley”, y no era justo perjudicarlos para salvar “un concepto general relativo a la huelga”.^[27] La bancada socialista señaló que sólo apoyaban el proyecto los altos empleados cercanos a los intereses patronales y una minoría de los ferroviarios en edad y condiciones de jubilarse. Denunció, además, maniobras empresariales en la elaboración de algunas peticiones y abultamientos en la cuantificación de las firmas a favor.

El diputado católico Juan F. Cafferata tomó la palabra para apoyar la postura de su comprovinciano. Afirmó que se preocupaba sinceramente por los trabajadores y defendió el derecho a huelga como un “medio lícito de defensa en los casos extremos”, pero respaldó el artículo 11 porque, en el caso de los servicios públicos, era necesario crear ciertas limitaciones que protegieran “los altos intereses del país”.^[28] Aseguró, además, que la comisión arbitral ofrecía garantías para los trabajadores que reclamaran por causas justificadas. Expresaba, así, la doctrina católica que admitía las huelgas “justas” y “legítimas”, motivadas por reivindicaciones laborales, en contraposición a las huelgas “doctrinarias” o “revolucionarias”, realizadas con fines ideológicos (Martín, 2020, p. 91).

Cuando la cámara baja aprobó el proyecto, los CO felicitaron a Bas y Cafferata, a quienes declararon “dignos representantes del pueblo y de los más vitales intereses de nuestra causa”.^[29] Los diarios católicos presentaron a ambos legisladores como “paladines esforzados” de la iniciativa, aunque el primero fue señalado como el “autor de esta ley beneficiosa” y el segundo, como su “diligente y eficaz” colaborador.^[30] Reprodujeron, además, las notas de agradecimiento de los ferroviarios a los diputados católicos. Cafferata recibió una carta de la “Junta Nacional de Delegados Ferroviarios Pro-Jubilación” –firmada por Bartoloni como presidente de la entidad– que le agradecía “el eficaz concurso aportado, mediante el cual la sanción de la ley de jubilaciones tan anhelada por este gremio, ha podido ser un hecho”.^[31] En nombre de la “Comisión Pro-Jubilación Ferroviarios de Córdoba”, Ramón Ferreyra envió una nota a Bas asegurándole que su nombre “se perpetuará para siempre en letras de oro en los anales de los ínclitos defensores de las instituciones de la Nación. Ciento cincuenta mil ciudadanos honrados le agradecen y miran en usted al gran leader de su noble causa”.^[32] Poco tiempo después, en un acto de homenaje a Bas organizado por los salesianos en Bernal, el diputado afirmó que la sanción de la ley de jubilaciones coronaba “tres años de labor y de luchas incesantes en el recinto de la cámara, en el seno de las comisiones, ante el poder ejecutivo o en mi gabinete de estudio”, afirmando así su activo papel en la creación del beneficio jubilatorio para los ferroviarios. Además, aludió al modo en que se había involucrado con los intereses de estos trabajadores –o una parte de ellos– en el curso de este proceso:

[…] sólo el que ha palpitado día a día, al lado de la familia ferroviaria, sus aspiraciones y sus esfuerzos, los entusiasmos y los desfallecimientos, las horas precursoras de la victoria o las que parecían proceder a la derrota, en una lucha titánica con fuerzas prepotentes, es capaz de medir la infinita alegría del espíritu al sentirse bendecido en el seno de miles de hogares argentinos, a quienes se ha llevado la tranquilidad y el consuelo al garantizar el porvenir para la vejez o el infortunio […].^[33]

Hacia la ley orgánica: Bas y la Asociación Ferroviaria Nacional

El 16 de enero de 1916, en el teatro Buenos Aires (Capital Federal) se celebró la asamblea constitutiva de la Asociación Ferroviaria Nacional (AFN). La nueva entidad fue integrada por muchos miembros de la “Junta Nacional de Delegados Ferroviarios Pro-Jubilación”, que antes habían apoyado la sanción del proyecto de jubilaciones con el artículo 11 incluido. De hecho, Bartoloni y Valle Barraco fueron electos presidente y secretario, respectivamente.

De acuerdo al estatuto aprobado en la asamblea, la AFN tenía prohibido “inmiscuirse en asuntos políticos o religiosos” y sus fines eran contribuir al mejoramiento moral y económico de los socios y sus familias, brindar socorro en casos de necesidad, fundar un banco de ahorros y préstamos, constituir una cooperativa de consumos y establecer sanatorios, asilos, bibliotecas y casas de instrucción (Asociación Ferroviaria Nacional [AFN], 1919). Aunque esto le imprimía una fuerte orientación mutualista, el estatuto también contemplaba la realización “ante las empresas ferroviarias” de las “gestiones que procedan y se tengan por convenientes en beneficio del personal”, y la vigilancia del cumplimiento de las leyes y los reglamentos que afectaran a los trabajadores del riel. Asimismo, la entidad incluyó entre sus objetivos la designación de los representantes obreros que, de acuerdo a la Ley 9653, debían integrar la junta administrativa de la Caja de Jubilaciones –que, además, actuaría como tribunal de arbitraje para resolver las sanciones establecidas por el artículo 11–.

En lo relativo a su composición, el estatuto de la AFN distinguía entre tres tipos de socios: activos, adscriptos y honorarios. Los primeros eran aquellos empleados y obreros ferroviarios de cualquier categoría, que cumplieran con la condición de ser “honrado y de buenas costumbres” y abonaran una cuota mensual, mientras que la condición de adscripto contemplaba a los jubilados y ex trabajadores. La figura del “socio honorario” regía para aquellos que “hubieran prestado servicios de verdadera importancia a la Asociación o que contribuyen de una manera directa o indirecta a su sostenimiento” (AFN, 1919, p. 9). Esto sugeriría que la institución buscó adoptar una base social policlasista, orientada a captar al amplio y heterogéneo mundo del trabajo ferroviario, “sin ninguna distinción de clase, categoría, credos políticos ni creencias religiosas”.^[34]

La Vanguardia no tardó en denunciar que la AFN era una sociedad amarilla, integrada mayoritariamente –y de forma “inconsciente”– por obreros y empleados subalternos y, en menor proporción, por personal jerárquico que –de modo “consciente”– respondía a los intereses de las empresas ferrocarrileras.^[35] El diario socialista aseguró que el único propósito de la flamante entidad era impedir que los sindicatos ferroviarios estuvieran representados en el tribunal de arbitraje creado por la ley de jubilaciones. A mediados de 1916, LF y la FOF emitieron un manifiesto conjunto en el que afirmaron que la AFN era una creación de las empresas para obstaculizar el desarrollo de las organizaciones obreras y, en especial, “usurpar la representación del gremio” en la junta de la Caja de Jubilaciones, lo que permitiría convalidar todos los abusos y atropellos de las compañías.^[36] Señalaban que la entidad era dirigida por jefes, inspectores y altos empleados identificados con los intereses empresariales, que conseguían la adhesión del personal subalterno mediante el ejercicio de la coacción y la violencia.^[37]

Mientras tanto, la nueva asociación se expandía en el territorio nacional –con secciones en Rosario, Tucumán, Bahía Blanca y Córdoba– y, hacia fines de 1916, contabilizaba más de 16.000 asociados (D’Uva, 2021). En vista de esta situación, una resolución del Consejo Ejecutivo del Partido Socialista de enero de 1917 aconsejó a sus afiliados que se abstuvieran de integrar la asociación. La AFN acusó al socialismo de desplegar esta maniobra para restarle adherentes y evitar que las sociedades de resistencia perdieran representación en la Caja de Jubilaciones, porque en un sólo año había reunido una masa societaria que triplicaba la de estas organizaciones. Además, ratificó su perfil mutualista y negó que las empresas intervinieran en la administración de la asociación, asegurando que en ella tenían cabida todos los ferroviarios, sin distinciones ni jerarquías. Aunque admitió que los altos empleados formaban parte de sus filas, señaló que se trataba de trabajadores que habían llegado a esos puestos después de muchos años de servicio, por lo que se interesaban especialmente en alcanzar la jubilación. Como afirma D’Uva, la nueva sociedad nunca reconoció abiertamente su vínculo con las empresas “y, por el contrario, siempre buscó presentarse como una organización independiente” (D’Uva, 2021, p. 94).

Desde sus inicios, la AFN mantuvo una estrecha relación con Bas. En su obra Temas institucionales (1919), el católico dio cuenta de su rol como promotor o ideólogo de la entidad. De acuerdo a su relato, durante la tramitación de la Ley 9653, “y más todavía después de su sanción”, manifestó reiteradamente a la comisión de ferroviarios con la que había trabado relación –los miembros de la “Junta Nacional de Delegados Ferroviarios Pro-Jubilación”– la necesidad de organizar “una sociedad que uniera a todos los empleados y obreros del riel, con prescindencia y desvinculada de todo partido político” (Bas, 1919, p. 325). Según Bas, la idea “mereció acogida favorable” y tuvo su concreción en la formación de la AFN.

El católico explicó que este trabajo persuasivo había estado motivado por su oposición a los sindicatos de resistencia, que “sin tener en miras, en realidad, el bienestar de sus afiliados, sólo buscan explotar las necesidades y excitar las pasiones, para alcanzar su finalidad declarada: la huelga general revolucionaria” (Bas, 1919, p. 325). Para contrarrestar el avance de estas organizaciones, promovió la agremiación de los trabajadores:

[…] única capaz de asegurarles, por la fuerza de la unión y del derecho, la utilización de los múltiples y eficaces recursos que ellos proporcionan, hasta obtener el logro de las legítimas aspiraciones anheladas, el establecimiento de un régimen de mayor justicia en el mundo del trabajo y como fruto de la producción: mejoras del salario y condiciones de trabajo, aumento del capital intelectual y material de sus adherentes por los medios de cultura que proporciona, y beneficios generales en las condiciones de vida, por la cooperación, cajas de préstamos, asistencia médica y otros múltiples recursos análogos, sólo posibles a base de la asociación. (Bas, 1919, p. 325).

Aunque la naturaleza de la fuente impone ciertos recaudos, existen otras evidencias que permiten sostener la implicación del dirigente católico en el origen de la AFN. El 11 de enero de 1916, la “junta central provisoria” de la AFN, a cargo Bartoloni y Valle Barraco, envió a Bas una invitación para asistir a la asamblea general constitutiva de la entidad, asegurando que sería un honor contar con la presencia “del defensor del porvenir del gremio ferroviario”.^[38] En su contestación, Bas agradeció este reconocimiento, que ratificaba un vínculo hecho de “campañas y afectos imperecederos”.^[39] Aunque lamentó no poder concurrir al encuentro, señaló que habría aprovechado la instancia para reiterar su “consejo de ‘unión y trabajo’ a los amigos que llegan a formar la sociedad”.

Entretanto, la prensa socialista y obrera vinculó al dirigente católico con la redacción del estatuto de la AFN. De acuerdo a La Vanguardia, la asamblea constitutiva de la asociación había aprobado el documento “a libro cerrado”, porque “¿Cómo vamos a discutir un estatuto –decían muchos– que ha sido planeado por hombres de mentalidad robusta como la del diputado Bas, por ejemplo?”^[40] En la misma línea, El Obrero Ferroviario –órgano de la FOF– afirmó que el estatuto había sido preparado por el “ilustre jesuita Dr. Bas, ferviente defensor del artículo 11”, asegurando que todo el texto “hace honor al jesuitismo del autor, pues abruma a los asociados con un sinnúmero de promesas cada cual más estupendas”, al tiempo que “evidencia su espíritu carneril al guardar un silencio significativo sobre la disminución de las horas de trabajo y aumento de salarios, que son las necesidades más perentorias y sentidas”.^[41]

Además de impulsar la constitución de la AFN, Bas acompañó su expansión en Córdoba, aprovechando su retorno a la provincia al cabo de su mandato parlamentario.^[42] En septiembre de 1916, la organización inauguró la sección FCA en la capital provincial y, al mes siguiente, una sección en Villa María con el personal de la misma empresa. Poco después, en abril de 1917, se conformó la sección FCC de la ciudad de Córdoba, liderada por Ramón Ferreyra, otrora presidente de la comisión local “Pro Jubilación Ferroviarios”. Bas asistió a estos actos y ofreció discursos que exaltaban a la AFN como un “tipo acabado de agremiación y mutualismo”,^[43] animando a los trabajadores a adherir a ella para conseguir “la realización de sus ideales, excluyendo por completo toda medida de violencia o contrarias a las leyes y al capital”.^[44] Las alocuciones del católico también advirtieron a los ferroviarios sobre los peligros de la intromisión de los socialistas y LF “en los asuntos relativos a la jubilación”, llamando a la AFN a “combatir su perniciosa influencia” y prometiendo cooperar con esa campaña hasta la obtención de la ley orgánica.^[45]

En sus primeros años de funcionamiento, la AFN se abocó prioritariamente a vigilar el cumplimiento de la Ley 9653 e intervenir en lo relativo a la sanción de la ley orgánica.^[46] Aunque Bas ya no ocupaba una banca en la cámara, se involucró en el proceso de gestación de la Ley 10650 a través de su colaboración con la entidad.

En este sentido, el ex diputado católico ofreció asesoramiento sobre el contenido del proyecto presentado por la comisión de legislación ferroviaria en septiembre de 1916. Las crónicas del acto celebrado en Villa María con motivo de la inauguración de una seccional de la AFN muestran que, mientras los dirigentes de la entidad centraban sus reclamos en la exigencia de 27 años de servicios y 50 de edad para acordar los retiros, Bas alertó a los ferroviarios sobre los riesgos que implicaba el artículo 39.^[47] Este disponía la pérdida del derecho a la jubilación y los aportes que hubieran hecho a la Caja a los trabajadores que incurrieran, de forma voluntaria o involuntaria, en una “falta en el servicio”. El dirigente católico recomendó a la AFN levantarse contra esta disposición, “inmensamente más peligrosa” que el artículo 11, porque “deja en manos de las empresas el privar de la jubilación a los empleados”.^[48] En mayo de 1917, la AFN elevó a la Cámara de Diputados un memorial con observaciones críticas al proyecto de la comisión, e incluyó el pedido de que el artículo 39 fuese “bien definido en sus alcances” y que toda pérdida de jubilación pudiese ser apelada y no dependiera de la mera voluntad de las empresas (AFN, 1917, p. 26). Según Ramón Ferreyra, “este artículo fue justamente objetado por la Asociación Ferroviaria Nacional a indicación del doctor Bas”, lo que permitiría confirmar que el ex diputado católico operó como asesor de la organización.^[49] En 1919, cuando la ley orgánica quedó aprobada, la AFN agradeció a Bas “los consejos que reiteradamente ha tenido a bien darnos, y que nosotros hemos siempre aceptado con todo respeto porque sabemos el cariño que Ud. tiene por el gremio ferroviario y especialmente por la Asociación Ferroviaria Nacional”.^[50]

Lejos de circunscribirse a asuntos legales, las recomendaciones de Bas también versaron sobre el modo de formular sus demandas y ejercer presión sobre los poderes públicos, capitalizando sus conocimientos sobre el entramado político y sus reglas. Un ejemplo de este asesoramiento pudo registrarse en noviembre de 1916, a partir de las cartas difundidas por el diario católico cordobés Los Principios. Todo se inició cuando el ferroviario Ramón Ferreyra contactó al diputado conservador por Córdoba, Gerónimo del Barco, por la falta de respuesta a las notas que la comisión local había dirigido al presidente y al ministro de obras públicas para solicitar que el proyecto de jubilaciones fuese incluido en las sesiones de prórroga. Del Barco le respondió que había podido entrevistarse con el ministro, Pablo Torello, quien le había manifestado que, si bien intentaría que el presidente incluyera al asunto en sesiones extraordinarias, consideraba necesario “no precipitarse” y “armonizar” con las empresas que resistían la ley.^[51] Ferreyra escribió a Bas para consultarle su impresión sobre la respuesta recibida. Lejos de aceptar que el tratamiento del proyecto se supeditara a un acuerdo previo con los empresarios, el dirigente católico le recomendó recurrir al presidente Hipólito Yrigoyen, quien se había mostrado favorable a los trabajadores ferroviarios.^[52] Ferreyra le agradeció “su autorizada y juiciosa opinión” y le informó que, “guiados tan hábilmente por Ud. como leader de nuestra causa”, intentarían llegar a Yrigoyen a través del senador radical Camilo Crotto, para lo cual requerirían el concurso de la junta central de la AFN.^[53] Anexando una copia de la carta de Bas, Ferreyra escribió a Bartoloni para explicarle el plan de acción y solicitarle que iniciara las gestiones con Crotto.^[54] Asimismo, pasó una circular a todos los asociados para pedirles que, siguiendo la recomendación del “autor de la ley”, enviaran notas al presidente radical para solicitarle la inclusión del proyecto en las sesiones extraordinarias.^[55] Además de revelar el modo en que la palabra de Bas era requerida y atendida por los dirigentes de la AFN, este intercambio epistolar muestra la existencia de un vínculo que favorecía la circulación de información y el diseño de líneas de acción para buscar la aprobación del proyecto. Bas se dirigía a Ferreyra con los términos “Mi estimado amigo”, y el ferroviario le correspondía al despedirse con la expresión “su afectísimo amigo”, lo que ofrece un claro indicio de cercanía. Sin embargo, Ferreyra empleaba la fórmula “Distinguido Doctor” para encabezar su carta, en una evidente muestra de respeto que también invita a pensar que el vínculo, aunque estrecho, no era entre iguales.

En algunas ocasiones, el dirigente católico hizo uso de su capital político para actuar como intermediario entre la AFN y los poderes públicos nacionales. Estas gestiones, realizadas personalmente por Bas en Buenos Aires, estuvieron dirigidas a canalizar las demandas de la asociación e incidir en los hombres de gobierno para posicionarlos a favor de sus intereses. Esto pudo verificarse en diciembre de 1916, cuando el ex diputado se entrevistó con el ministro de obras públicas “a solicitud del presidente y varios miembros de la junta directiva de la Asociación Ferroviaria Nacional”.^[56] En dicho encuentro, Bas reclamó que el gobierno implementara las acciones necesarias para que las empresas cumplieran con sus contribuciones a la Caja y expuso una serie de críticas al proyecto elaborado por la comisión de legislación ferroviaria. Un hecho similar se produjo en abril de 1919, cuando Bas viajó a Capital Federal para entrevistarse, junto con Bartoloni, con el presidente de la cámara de diputados y varios legisladores para persuadirlos de la necesidad de dar sanción definitiva al proyecto de jubilaciones, aceptando todas las modificaciones del Senado.^[57] Al día siguiente, se reunió con el presidente Yrigoyen para tratar de obtener el apoyo del poder ejecutivo en este mismo sentido.^[58]

Cuando se produjo la aprobación de la Ley 10650, la AFN agradeció la colaboración del dirigente católico, asegurando que “la sanción […] se debe en gran parte a las gestiones que con incansable energía ha hecho Ud.”^[59] En Córdoba, una comisión de ferroviarios visitó a Bas en su casa para rendirle homenaje y expresarle su “cariño y aprecio”. En ese marco, las palabras pronunciadas por Ferreyra aludieron al vínculo forjado durante la tramitación de las leyes jubilatorias: “Por fin nos es dado contemplar terminada la grandiosa obra que iniciasteis allá en el congreso nacional […] Desde entonces hasta hoy nos habéis acompañado en lucha apasionada y ardiente en todos nuestros desvelos, sinsabores, vicisitudes y desengaños”.^[60] Poco antes, a mediados de 1918, las autoridades directivas de AFN –bajo la presidencia de H. Bustos Morón– habían resuelto nombrarlo “socio honorario” (Bas, 1919) y colocar un retrato suyo en la sala de sesiones de la junta central, “por su acción parlamentaria a favor del gremio ferroviario”.^[61]

Reflexiones finales

A principios del siglo XX, el catolicismo social argentino alentó la formulación de las primeras leyes orientadas a regular las relaciones laborales y crear derechos y protecciones para los trabajadores. Con un sentido reformista, esta legislación buscaba responder a las manifestaciones más acuciantes del problema obrero y prevenir los desbordes revolucionarios. A la vez, su impulso aparecía asociado al interés de la Iglesia por afrontar la descristianización de las clases populares y el avance de las izquierdas en la organización del proletariado.

Este capítulo buscó analizar cómo operó la legislación social en los esfuerzos del catolicismo por ampliar su presencia en el mundo de los trabajadores. Para ello, estudió las relaciones que se establecieron entre Arturo M. Bas y los ferroviarios durante la creación de la cobertura jubilatoria para el sector, entre 1912 y 1919.

El análisis ha permitido establecer que el diputado católico tuvo una participación directa en el diseño, la discusión y la aprobación de la Ley 9653 que creó la Caja de Jubilaciones Ferroviarias. A instancias de este proceso, el legislador entabló estrechos y frecuentes contactos con un segmento de trabajadores que realizó una intensa campaña para que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto votado por el Senado. Esto implicó su diferenciación de las posturas asumidas por LF y la FOF, que se opusieron a la sanción de la ley con el polémico artículo 11 que limitaba el derecho a huelga.

Es difícil delinear con precisión el perfil de estos ferroviarios “Pro-Jubilación”. Los escasos datos sobre las trayectorias o inserciones laborales de algunos de los principales representantes de este colectivo sugieren que se trataba de empleados que desempeñaban cargos de cierta jerarquía, lo que sintoniza con las críticas formuladas por sus opositores. Según Laura Badaloni (2022), las políticas integradoras de las empresas se orientaron principalmente a estos trabajadores y resultaron particularmente efectivas entre ellos, por lo que tendieron a mostrarse renuentes a plegarse a las protestas gremiales y a organizarse sindicalmente.^[62] Esto ayudaría a explicar por qué no formularon objeciones al artículo 11, ni acompañaron el reclamo de las organizaciones ferroviarias identificadas con las tendencias de izquierda. Aun así, no debería subestimarse el peso de la dimensión etaria, pues algunos de estos empleados habían llegado a sus posiciones después de muchos años de servicio. Esto sugeriría que se trataba de personas de edad avanzada, que veían en un horizonte cercano la posibilidad de acceder a la jubilación y evitaban cualquier reforma que demorase u obturara definitivamente la sanción de la ley.

Bas también auspiciaba la aprobación de los cambios del Senado, en gran parte porque el artículo 11 resultaba compatible con la preocupación del catolicismo por evitar el estallido de conflictos que amenazaran el mantenimiento del orden social. Este posicionamiento tenía implicancias políticas, pues reclamar la pronta sanción del proyecto permitía antagonizar con el socialismo y señalarlo como una fuerza obstruccionista, cuya resistencia al artículo 11 privaba a los trabajadores de una ley protectora y terminaba favoreciendo a las empresas (Portelli, 2021).

Así, en el propio derrotero que el proyecto de jubilaciones asumió en el parlamento, estos actores desarrollaron intereses convergentes que favorecieron el intercambio y la cooperación. Contar con el apoyo de Bas en la cámara baja tenía una importancia estratégica para los ferroviarios “Pro Jubilación”. A la vez, sus petitorios ayudaron al legislador católico a sostener el argumento de que buena parte de los trabajadores era favorable al proyecto, circunscribiendo la oposición a una minoría que defendía un principio ideológico.

Aprovechando las diferencias que se abrieron entre los ferroviarios durante la tramitación de la Ley 9653 y los lazos personales que estableció con este segmento de trabajadores no alineados a LF y la FOF, Bas alentó la formación de una entidad alternativa. En este sentido, las evidencias analizadas permiten sostener que el católico estuvo involucrado en la formación y puesta en marcha de la AFN, y que colaboró activamente en la defensa de sus intereses durante la discusión de la ley orgánica de jubilaciones.

Por esta vía, el dirigente católico buscó contrarrestar y disputar la influencia que el socialismo y el sindicalismo revolucionario ejercían sobre el sector. La cantidad de personas ocupadas en los ferrocarriles, su importancia estratégica para la economía agroexportadora y su dispersión en todo el territorio potenciaban los temores de que estos trabajadores asumieran posiciones extremas. Por ende, penetrar en este segmento del mundo del trabajo adquiría una relevancia crucial, y las alarmas de los sindicatos y del socialismo por el ingreso de sus miembros a la nueva sociedad dan cuenta de su atractivo y potencialidad para conquistar a las clases obreras.

Los esfuerzos de Bas por estimular y acompañar la organización de estos trabajadores se inscribieron en un contexto de creciente interés de los CO por la formación de “gremios” o sindicatos reclutando a sus propios socios y en articulación directa con la institución matriz. En abierta oposición a las sociedades de resistencia –entendidas como entidades de lucha y confrontación–, la sindicalización católica se presentaba como un instrumento de conciliación y pacificación social, que contribuiría a mejorar las condiciones de vida y la capacidad laboral de los trabajadores (Asquini, 2022; Martín, 2020).

La AFN se mantuvo al margen de las huelgas y buscó armonizar las relaciones entre capital y trabajo, lo que resultaba afín a las iniciativas sindicales católicas. A la par, su orientación mutualista y su composición policlasista sintonizaban bien con los CO, que le ofrecieron un decidido respaldo cuando el socialismo escaló en su oposición a la entidad, a comienzos de 1917. Sin embargo, la asociación no se integró a la Federación Profesional Argentina (1917) ni participó del I Congreso de los Católicos Sociales de América Latina (1917) (Asquini, 2022). Todo parece indicar que, a pesar de los evidentes vasos comunicantes con el catolicismo, la AFN no fue propiamente una organización católica. Con todo, las acusaciones de amarillismo que recayeron sobre la entidad hicieron que este nuevo acercamiento católico al mundo del trabajo ferroviario permaneciera –como otras experiencias– en una zona poco nítida entre las necesidades patronales y los intereses obreros.

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