Referentes conceptuales de la investigación

Esta tesis se inscribe dentro de la ecología política, un campo de discusión inter y transdisciplinario que analiza las relaciones de poder en torno de la naturaleza, en términos de fabricación social, apropiación y control por distintos agentes sociopolíticos (Palacio Castañeda, 2006). Sin embargo, sería más preciso referir a las ecologías políticas, en plural. Siguiendo a Martín y Larsimont (2016), es factible reconocer la existencia de al menos tres trayectorias principales: la political ecology, l’écologie politique y la ecología política latinoamericana. En términos de abordaje epistemológico, referentes teóricos y construcción del objeto de estudio, esta tesis se inscribe dentro de la ecología política latinoamericana^[1].

Las investigaciones inscriptas en esta trayectoria singular coinciden en considerar a las relaciones sociales como contradictorias y plantear que el vínculo de los hombres con su entorno está siempre mediado por relaciones sociales de dominación y consenso (Alimonda, 2011). Además, se sostiene que las problemáticas ambientales están atravesadas por relaciones de poder, que no sólo se expresan en términos de apropiación directa de la naturaleza (Martínez Alier et al., 2010; Toledo et al., 2009), sino también en términos de control y de fabricación social (Escobar, 2006; Leff, 2003). Por esa razón, ‘conflicto’ (como categoría analítica) y ‘conflictos territoriales’ (como objeto de estudio) son dos elementos ordenadores centrales.

Sin embargo, enunciar la inscripción de una investigación en el campo de la ecología política (latinoamericana) no es suficiente. Por esa razón, en este apartado explicito cuáles son los referentes conceptuales de esta tesis – esto es, la constelación conceptual construida, en los términos de Haesbaert (2014). En primer lugar realizo un recorrido por los paradigmas de desarrollo desde mediados de siglo XX hasta la actualidad. Luego, presento los elementos teóricos necesarios para analizar los procesos de conflictividad en torno al desarrollo (sustentable), articulando los postulados de la sociología de los conflictos ambientales, la sociología del desarrollo y la antropología de las políticas públicas. En tercer lugar, caracterizo la(s) tipología(s) del pensamiento ambiental, utilizadas para dar cuenta de las diferencias sustantivas existentes entre quienes propugnan por el cuidado del ambiente. Y finalmente, habida cuenta de que toda conflictividad ambiental es también territorial, explicito la forma particular en que conceptualizo ‘territorio’ en esta tesis.

Paradigmas de desarrollo: de la modernización a la sustentabilidad

Aunque es posible rastrear las raíces históricas del ‘desarrollo’ hasta el siglo XVI, hay coincidencia en señalar que la era del desarrollo es un proyecto político que se inauguró el 20 de enero de 1949 cuando el presidente de Estados Unidos Harry Truman presentó su programa para los países económicamente atrasados, i.e., los países desde entonces definidos como ‘subdesarrollados’ (Esteva, 1996; Puello Socarrás, 2015). Esta nueva forma de nominar a dos mil millones de personas tuvo una fuerte connotación política, ideológica y epistemológica: convertidas en un espejo de la realidad de los otros (y negada su diversidad), el ‘desarrollo’ se convirtió en el destino ideal(izado) de dos mil millones de sujetos sometidos a esa indigna condición llamada ‘subdesarrollo’ (Esteva, 1996). Así, el logos del Norte global definió a los otros en términos de carencia para alcanzar el desarrollo caracterizándolos como tradicionales, incapaces y analfabetos, y este marco interpretativo a su vez se tradujo en la producción de políticas de desarrollo cuyo objeto eran esos otros (irracionales, tradicionales, menos capaces).

El par clasificador desarrollado/subdesarrollado contenía, a su vez, un segundo par clasificador: Primer Mundo / Tercer Mundo (Escobar, 1995). Mientras el Primer Mundo era caracterizado como desarrollado, tecnológicamente avanzado y libre para el pensamiento utilitario, el Tercer Mundo era caracterizado como su imagen especular: subdesarrollado, rezagado tecnológicamente, con una mentalidad tradicional que obstruye la posibilidad del pensamiento utilitario y científico (Quintero, 2012). En el mismo sentido, se tendió a identificar al medio urbano y la actividad industrial como indicadores de la modernidad y el desarrollo, mientras que el medio rural y las actividades agrarias eran indicadores de la existencia de sitios propensos al subdesarrollo y la tradición que debían ser modernizados, esto es, desarrollados (Lattuada, 2014). Así, a partir de mediados del siglo XX desarrollo/modernidad y subdesarrollo/tradición se convirtieron en los dos extremos de un continuum que tendría grandes implicancias políticas en las siguientes décadas.

Desde entonces, el ‘desarrollo’ –en tanto ideología/utopía (Lins Ribeiro, 1992)– se constituyó como un eje rector de las políticas de intervención y predominante en la retórica política. Sin embargo, carece de una definición unívoca (Roig, 2008)^[2]. Según autores como Viola (2000), Durán López (2018) y Ferguson (1994), la mayor parte de sus conceptualizaciones contienen dos connotaciones diferentes: a) como proceso histórico de transición social (hacia una economía moderna, capitalista); y b) como proceso de mejora en los indicadores de bienestar material. En este sentido, Puello Socarrás (2015) sostuvo que ‘desarrollo’ y ‘subdesarrollo’ son eufemismos que actualizaron (en positivo y en negativo) el progreso, en tanto idea-fuerza rectora del capitalismo moderno (Castoriadis, 1980; Quijano, 2000).

Ligada al estructural-funcionalismo dominante en la teoría social occidental, la teoría de la modernización construida a mediados de siglo XX en Estados Unidos (Nederveen, 1995) favoreció la consolidación del paradigma modernizador de desarrollo. Profundamente etnocéntrico, esta paradigma se anclaba en dos supuestos principales en clave evolucionista unilineal: a) el ‘desarrollo’ es un estado construido a modo y semejanza de los países capitalistas y representa un punto de llegada para todas las sociedades; y b) la ‘modernización’^[3] es el proceso que haría posible alcanzar ese estado (Kay, 2001; Lattuada, 2014). Ambos supuestos se observan con nitidez en las etapas del crecimiento económico definidas por Rostow a mediados del siglo XX (figura 2).

Bajo estos supuestos, la penetración económica, social y cultural de los países del Norte global (modernos, desarrollados) en los del Sur global (tradicionales, subdesarrollados) representaba un fenómeno valorado positivamente: la difusión de conocimientos, capacidades, tecnologías e instituciones típicas de los países desarrollados en los países subdesarrollados favorecería su modernización y haría posible su desarrollo (Bernstein, 1971; Castoriadis, 1980; Kay, 2005; Lattuada, 2014; Long y Long, 1992; Roe, 1991)^[4]. Y esta transformación debía producirse por medio de políticas, programas y proyectos que contarían con la intervención de expertos y estarían motorizados por organismos nacionales e internacionales (Quintero, 2012; Schiavoni, 2005).

Figura 2. Etapas del crecimiento económico como indicador de nivel de desarrollo, según Rostow (1960)

Fuente. Bergius y Buseth (2019)

El paradigma modernizador de desarrollo tuvo su expresión principalmente en las áreas rurales de los países definidos como subdesarrollados, pues allí se observaban las características que permitían definir a un sector como tal según sus promotores: las limitaciones tecnológicas, los métodos de producción tradicionales (esto es, no modernos), la falta de innovación y el individualismo eran algunas de las problemáticas que, según los promotores de la modernización, debían ser resueltas para asegurar el desarrollo de estos sectores (Rogers, 1969). En otras palabras, la cultura de los actores locales (reificada y definida como tradicional, rígida y anclada en el pasado) era considerada como una barrera que debería ser traspasada para que el desarrollo tuviera lugar (Nygren, 1999; Rodríguez Bilella y Delgado, 2008).

Diferentes estudios en nuestro país mostraron las formas específicas en que se implementaron políticas de desarrollo referenciadas en este paradigma (Reboratti, 2006). Por ejemplo, Pizarro (2008) mostró que el Valle de Catamarca fue construida como una región atrasada gracias a las sedimentaciones de sentido que la calificaron como un espacio de frontera y marginal desde la época de la colonia, y que paralelamente sus habitantes fueron calificados como indios, provincianos, vagos, tradicionales: de este modo, se conformaron las bases que legitimarían al discurso desarrollista del siglo XX, según el cual la región y sus habitantes debían ser llevados hacia la modernización. Casos similares, en los que diferentes regiones fueron construidas como espacios marginales que debían ser transformados y sobre las cuales se llevaron a cabo intervenciones en clave desarrollista en el transcurso del siglo XX fueron analizados por Ferrero (2005a), Wilde (2008) y Aliste y Musset (2014), entre muchos otros.

Sin embargo, en palabras de Viola (2000), los programas de modernización de la agricultura tradicional emprendidos en Latinoamérica a partir de los años cincuenta tuvieron “efectos nefastos” (p. 47): los estudios de caso evidenciaron que estos proyectos –y su incapacidad de comprender la divergencia entre sus lógicas y las de los destinatarios (Cáceres et al., 1997)– no sólo no implicaron mejoras en la calidad de vida de sus destinatarios, sino todo lo contrario (Durán López, 2018)^[5]. Así, con el correr de los años, los supuestos de progreso acumulativo universal comenzaron a quebrarse (Feito, 2004) y cedieron su lugar a nuevas teorías de desarrollo, tales como la teoría de la dependencia a fines de los ’60 y ’70, el neoliberalismo en los ’80 y ’90 o el neoestructuralismo a inicios del nuevo siglo (Kay, 2005; Lattuada, 2014; Sili, 2005; Stropparo, 2011; Sztulwark, 2005)^[6].

A los fines de esta tesis, es relevante señalar que la emergencia de la cuestión ambiental como un problema en la agenda pública y en la agenda institucional de gobierno a partir de la Conferencia de Estocolmo de 1972 (D’Amico y Agoglia, 2019; Estenssoro Saavedra, 2007; Leite Lopes, 2006) supuso la consolidación de nuevos paradigmas de desarrollo, los cuales debían ser capaces de incorporar la dimensión ambiental en su trama discursiva. Sin embargo, esto no implicaba necesariamente una ruptura radical con los principios del paradigma modernizador. Veamos.

A fin de dar cuenta de las formas particulares en que la problemática ambiental fue inicialmente internalizada en los países centrales en la década del ’80 y posteriormente globalizada por medio de instituciones supranacionales, Hajer (1995) retomó la categoría ‘modernización ecológica’ (desarrollada por los politólogos alemanes Jänicke y Huber). Según el autor, la modernización ecológica podía ser definida como un discurso^[7] que reconocía el carácter estructural de la problemática ambiental pero que a la vez asumía que las instituciones existentes eran capaces de internalizar el cuidado por el ambiente. Se trataba de un discurso restringido al campo de las políticas ambientales, orientado a una regulación reformista que buscaba combatir a la crítica ambiental radical consolidada a fines de la década del ‘70. Según el autor, este discurso fue dominante en el campo de las políticas ambientales de los países centrales y funcionó como principio organizador de las innovaciones institucionales acaecidas a inicios de la década de 1990.

Tal y como se puede inferir de su propio nombre, la ‘modernización ecológica’ no suponía un cuestionamiento al paradigma de desarrollo modernizador. De hecho, las soluciones propuestas a las problemáticas ambientales se vinculaban con la aplicación de técnicas propias de la racionalidad técnico-científica al interior de instituciones estatales capaces de ejercer un fuerte poder regulatorio (Harvey, 1996). La oposición a los cambios estructurales y la confianza en las soluciones tecnológicas a los problemas ambientales llevó a Hajer (1995) a caracterizarla como una aproximación tecnocrática y moderna: sus principios institucionales (eficiencia, innovación tecnológica, manejo técnico-científico, integración procedimental y gestión coordinada) no diferían sustantivamente de aquellos promovidos desde mediados de siglo XX^[8].

Por otra parte, Bergius y Buseth (2019) sostuvieron que desde Río+20 en el año 2012 se ha constituido un nuevo paradigma de desarrollo (el ‘desarrollo modernizador verde’) que constituye una suerte de green revival del paradigma modernizador de mediados de siglo XX. Para estos autores, las nuevas políticas de desarrollo propuestas por las agencias internacionales para ser implementadas en África (y más ampliamente en el Sur global) se inscriben en las ideas tradicionales de la modernización: los avances tecnológicos y el rol del capital para maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales son, en la actualidad, sus elementos principales. Este discurso, vis–a–vis la ‘nueva revolución verde’, implica favorecer trayectorias de cambio en áreas rurales del Sur global a través de métodos de producción capital-intensivos que producirían un crecimiento de la productividad sin impactos ambientales. Y, a su vez, estas trayectorias también supondrían una nueva dinámica de acceso a (y control sobre) los recursos naturales.

Así, tanto la modernización ecológica como el desarrollo modernizador verde abrevan del paradigma de desarrollo modernizador característico de mediados de siglo XX. Y aunque guardan similitudes evidentes, difieren en su foco analítico: mientras el primero brinda elementos para comprender cómo se construye e internaliza la problemática ambiental dentro de los esquemas institucionales existentes bajo lógicas tecnocráticas, el segundo echa luz sobre los novedosos modos en que las instituciones globales de desarrollo promueven trayectorias de cambio en sociedades (definidas como) no-modernas / tradicionales.

Este recorrido, sin embargo, no niega la crisis de la idea de modernización, y por extensión la crítica al desarrollo como progreso industrial y como relato homogeneizador en las últimas décadas del siglo XX (Svampa, 2017). Si en buena parte de dicho siglo no había lugar político ni ideológico para oponerse al “credo del progreso”, en las décadas del ’80 y del ’90 se hizo evidente la crisis de la modernización y el ocaso de la visión macrosocial del desarrollo (Svampa, 2008: p. 3). En palabras de esta autora, el desarrollo como “esquema ordenador y a la vez promesa emancipatoria desapareció transitoriamente de la agenda política y académica” (Svampa, 2017: p. 62)^[9]. En esta línea, la crítica ambientalista desde la década del ‘70 a aquellas perspectivas basadas en la idea del crecimiento indefinido planteó la necesidad de nuevas elaboraciones en torno al desarrollo (Svampa, 2017)^[10].

Así, desde fines de la década de 1980 asistimos a la emergencia de un nuevo paradigma de desarrollo dominante: el ‘desarrollo sustentable’, definido como aquel que permitía satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias^[11]. La característica distintiva de este nuevo paradigma era la emergencia de una tríada de sistemas independientes e interrelacionados: la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica (Di Pace et al., 2012). Antes que una negación del ‘desarrollo’, lo que se proponía era que conservación y desarrollo ya no serían dos elementos contradictorios sino complementarios – esto es, que los objetivos biológicos de la conservación podían integrarse con los objetivos sociales y económicos del desarrollo (Boya Busquet, 2008; Lins Ribeiro, 1992)^[12].

En este sentido, la adjetivación de un sustantivo cuyo sentido no era puesto en cuestión implicó que el desarrollo (ahora devenido sustentable^[13]) continuó presentando una doble connotación: como objetivo (esto es, como meta a alcanzar) y como proceso (Ramírez, 2008). Por esa razón, autores como Lins Ribeiro (1992) y Porto–Goncalves (2001) sostuvieron que es una reafirmación del modelo actual del desarrollo, en tanto se ancla sobre parámetros de racionalidad muy similares a los del iluminismo y opera como campo discursivo común de alianzas entre ciertos sectores del ambientalismo y agentes económicos^[14]. En los términos de Harvey (1996), los debates sobre el desarrollo sustentable no refieren per se a la preservación de la naturaleza sino a la preservación de un orden social particular.

Aunque a lo largo de los años numerosos autores han desarrollado críticas a esta categoría (Goñi y Goin, 2006; Leff et al., 2002; Mallorquín, 2014; Pérez Verdi, 2011; Seghezzo, 2009; entre otros), ‘desarrollo sustentable’ se convirtió tanto en la consigna rectora de las agencias internacionales y los planificadores de desarrollo como en el eslogan de los activistas ambientales (Lélé, 1991) – aun cuando cada actor social le asigne sentidos diferentes. Retomando los aportes de autores posmarxistas como Ernesto Laclau y Slavoj Žižek y sus reflexiones sobre la existencia de significantes tendencialmente vacíos, sostengo que esto se explica por una serie de elementos que caracterizan esta categoría: a) es una categoría simultáneamente universal pero particularizable en formas específicas; b) es susceptible de abarcar múltiples significados diferentes en la retórica política, aun cuando éstos sean contrapuestos entre sí; y c) no sólo puede activarse en estructuras y contextos distintos sino que además permite construir realidades diferentes.

La Zona Núcleo Forestal del Delta bonaerense del río Paraná, debo anticipar, no es la excepción: a partir de la emergencia de la cuestión ambiental en la agenda pública e institucional, tanto ONG ambientales como instituciones estatales inscriben sus propuestas dentro de la retórica del desarrollo sustentable. Sin embargo, como señalaron Arrillaga et al. (2002), no es extraño encontrar situaciones en las que se reproducen prácticas clásicas bajo novedosas formas de intervención, de modo que es necesario analizar cada caso y reconocer los paradigmas subyacentes antes que meramente reproducir sus enunciados. En este sentido, en esta tesis no pretendo abogar ni a favor ni a contra del desarrollo sustentable: mi objetivo es analizar las disputas en torno al mismo en el área de estudio. Por esa razón, en el próximo subapartado presentaré las categorías que me permiten dar cuenta de ello.

Los conflictos ambientales como luchas argumentativas: la constitución de coaliciones discursivas y su expresión en la producción de políticas públicas

A inicios de la década de 1990, Raymond Bryant (uno de los autores fundantes de la political ecology) alertó que la dimensión política de la sustentabilidad estaba siendo ignorada y señaló la necesidad de llevar adelante una ecología política del desarrollo sustentable (Bryant, 1991). Esto incluía, entre otras cosas, analizar (a través de estudios de caso) los modos específicos en que se producen e implementan diversas formas de intervención inscriptas en el paradigma del desarrollo sustentable. Así, cómo se construye el problema, quiénes son definidos como afectados, cuál es el universo de soluciones posibles, quiénes las formulan, quiénes las implementan o quiénes participan en las diferentes etapas del proceso de producción de dichas propuestas son, entre otras, algunas de las preguntas que debemos mapear empíricamente a fin de politizar el desarrollo sustentable – todo ello, por supuesto, sin perder de vista su inscripción en un campo constituido por desiguales relaciones de poder.

Al señalar la importancia de dicha politización, lo que en definitiva se postula es la necesidad de comprender a los conflictos como inmanentes a las relaciones sociales (Azuela y Mussetta, 2009; Montaña, 1991). Esto es, que el conflicto no es patológico y que su desactivación no implica su eliminación ni es una resolución definitiva, sino una estabilización contingente en función de las relaciones de fuerza características de la arena de acción (de la Vega y Ciuffolini, 2015; Roig, 2008). Bajo estas premisas, los arreglos institucionales son frutos de procesos de negociación. Así, Roig (2008) denominó ‘modo de desarrollo’ a las formas históricas de institucionalización^[15] de los conflictos estructurales: es una trayectoria histórica singular, un proceso histórico situado en un ámbito geográfico restringido. Y, a su vez, denominó ‘modelo de desarrollo’ a los proyectos históricos, a las formas idealizadas y orientadas hacia el futuro de lo que se desea: en otras palabras, a las formas deseadas de institucionalización de los conflictos estructurales. Bajo este esquema conceptual, las estrategias desarrolladas por los actores en las disputas por el desarrollo son movilizaciones de los recursos necesarios para la realización del modelo, y la desactivación del conflicto es la imposición de una forma de institucionalización dada.

Como lo planteé en el capítulo inicial, el objeto de análisis de esta tesis son las disputas por el desarrollo de un área del Delta bonaerense del río Paraná, valorada tanto por su potencial productivo (en tanto polo forestal) como por sus características ecológicas (en tanto humedal). Por esa razón, la activación de categorías provenientes de diferentes corrientes teóricas como la sociología de los conflictos ambientales, la antropología ambiental y la antropología de las políticas públicas resulta de utilidad para poder dar cuenta de dichas disputas de forma integral.

Inscripta en el campo de la sociología de los conflictos ambientales y la ecología política, Merlinsky (2013) sostuvo que los ‘conflictos ambientales’ son focos de disputa de carácter político que generan tensiones en las formas de apropiación, producción, distribución y gestión de los recursos naturales en cada región. En estas situaciones se ponen en cuestión las relaciones de poder que facilitan el acceso a esos recursos, las cuales implican la toma de decisiones sobre su utilización por parte de algunos actores y la exclusión de su disponibilidad para otros (Martín y Larsimont, 2016). En un sentido similar, Folchi Donoso (2001) planteó que cuando un grupo humano construye una relación estable con el ambiente (relación que, cabe aclarar, no ha de ser necesariamente sustentable desde el punto de vista ambiental ni respetuosa de los equilibrios ecológicos) se consolida un espacio socioambiental, y que los ‘conflictos de contenido ambiental’ se producen cuando esa relación es puesta en tensión, sea por agentes externos o por disputas al interior de la propia comunidad^[16].

A partir del reconocimiento de esta situación de tensión es que se genera un campo de actores (y de relaciones de alianza y oposición entre ellos) que comienzan a formar parte de una arena política común de disputa^[17], en los términos de Cefaï (2002). Lascoumes y Le Galès (2012), retomando a Cefaï desde una perspectiva constructivista y pragmatista, definieron a las ‘arenas’ como los espacios de confrontación del conjunto de posiciones divergentes expresadas en una disputa y señalaron que las múltiples interacciones que se desarrollan en las arenas públicas tienden a producir una forma específica de problematizar qué es lo que está en disputa, cuáles son sus características o quiénes son imputados como responsables.

Como sostuvo Langbehn (2015), dar cuenta de la construcción discursiva del problema (de política) es el primer paso en el análisis de los conflictos ambientales. Para ello, en esta tesis retomo los planteos teórico-metodológicos de Hajer (1995), quien argumentó que estos conflictos son ‘luchas argumentativas’ en las que cada actor procura imponer una forma específica de construcción del problema a la vez que intenta posicionar a los restantes actores en lugares específicos – esto es, se atribuyen causas, se definen afectados, se señalan culpables y se define quiénes y cómo deberían resolverlo, lo cual implica imponer un marco interpretativo en desmedro de marcos otros (Lascoumes y Le Galès, 2012). Es un planteo similar al de Vera Alpuche (2012), quien desde la ecología política definió como ‘conflictos discursivos’ a la dimensión discursiva de los conflictos ambientales.

Según Lascoumes y Le Galès (2012), el movimiento de construcción del problema público supone simultáneamente nominar por medio de categorías específicas^[18], atribuir las causas a la situación problemática y señalar a sus responsables. En esta tesis, estas cuestiones son especialmente relevantes: las luchas por cómo nominar y categorizar al espacio (¿”la isla” o “el humedal”?) son un elemento central de la disputa y suponen definir el problema de formas disímiles, de modo que a su vez definen causas e imputan responsabilidades de modos distintos. Como lo plantean las teorías de agenda–building, la definición del marco interpretativo (que funciona como estructura de significación) configura la cuestión de una forma singular y constriñe el universo de lo posible (Sádaba y Rodríguez Virgili, 2007).

El foco en las prácticas discursivas de los actores interesados supone la imposibilidad de asignar roles predefinidos y estáticos: antes que actores sociales sujetados a roles específicos, esta perspectiva los define como agentes que se constituyen (y son constituidos) en la lucha argumentativa^[19]. Es en este sentido que las posiciones de los actores no se definen a priori sino que se construyen en el proceso mismo de conflictividad: cada forma de construir el problema supone diferentes formas de posicionarse y ser posicionado^[20]. Así, los enfoques socioculturales son de suma relevancia para detectar etnográficamente la configuración de la arena y las conexiones de poder que unen a los actores sociales (Little, 2007; Skill, 2010). Además, esta configuración no puede asumirse como estática a lo largo del tiempo dado el carácter contingente de los procesos políticos (Koopmans y Statham, 2000): es necesario realizar un análisis diacrónico de la dinámica del conflicto (Alonso y Costa, 2002; Merlinsky, 2013).

El enfoque argumentativo de los procesos políticos involucra dos middle–range concepts centrales: ‘líneas narrativas’ y ‘coaliciones discursivas’ (Hajer, 1995). Por un lado, las ‘líneas narrativas’ representan un dispositivo político que combina elementos de diferentes dominios y construye un set de referencias simbólicas que permite construir un marco compartido en términos de definición del problema, de culpables, de afectados o de asignación de responsabilidades para su resolución. Por otro lado, las ‘coaliciones discursivas’ son el conjunto constituido por líneas narrativas específicas, actores que las reproducen y prácticas que se inscriben en ellas^[21] – las­ líneas narrativas son, para el autor, “el cemento discursivo que mantiene unida a la coalición discursiva” (op. cit., p. 65; traducción propia). Así, las coaliciones discursivas pueden formarse si prácticas preexistentes comienzan a vincularse unas a otras de forma activa y se construye un discurso que les dé sentido en un proyecto político común. Sin embargo, son constitutivamente heterogéneas: es una formación sumamente laxa, dado que ese conjunto de actores no necesariamente está vinculados entre sí ni tiene intereses compartidos (Langbehn, 2016). A su vez, cabe señalar que las coaliciones discursivas pueden constituirse como bloques antagónicos pero que no están destinadas a ello. El análisis empírico es necesario para dar cuenta de las formas específicas de relación que pueda producirse en cada caso, sea en términos de oposición/antagonismo o de alianza/articulación. Y ha de ser diacrónico, puesto que tanto la constitución de las coaliciones discursivas como sus relaciones pueden mutar a lo largo del tiempo.

En este sentido, lo que está implícitamente contenido al señalar el carácter político de los conflictos ambientales y dar cuenta de la importancia de su análisis diacrónico es que tanto la situación de antagonismo como la desactivación del conflicto (que puede o no ocurrir en un período temporal dado) son momentos de un mismo proceso de conflictividad ambiental. En otras palabras, el reconocimiento de esos momentos debe ser considerada una herramienta heurística que tiene como meta aportar a un análisis integral del proceso de conflictividad. Así, el momento de desactivación –en caso de ocurrir– debe ser analizado bajo las mismas premisas teórico-metodológicas que la manifestación pública de la situación de antagonismo: es necesario indagar sobre los actores participantes, las estrategias que llevan a cabo, y quiénes son incluidos y quiénes excluidos en dichos mecanismos de articulación (Tsing, 2005).

El reconocimiento del carácter discursivo de los conflictos ambientales, sin embargo, no puede implicar dejar por fuera las formas de intervención concretas que proponen los agentes sociales en esos contexto de disputa (Pacheco et al., 1992). Como lo plantearon Alonso y Costa (2002), una sociología de los conflictos ambientales debe considerar tanto la dimensión cognitiva/discursiva como la dimensión práctica. Por esa razón, la articulación con los postulados de la antropología de las políticas públicas y la sociología del desarrollo resulta de suma utilidad para analizar las conflictividades.

Según autores referentes del primer campo, el proceso de formulación de la políticas públicas refiere a las prácticas socioculturales y las formas organizacionales por medio de las cuales se generan dichas políticas (Shore, 2010; Shore y Wright, 1997). A diferencia de los abordajes dominantes en el siglo XX, que consideraban a la política pública formulada como una variable independiente y se focalizaban en analizar (las fallas en) la fase de implementación, este campo hace foco en analizar los procedimientos llevados a cabo por los actores estatales y no estatales a lo largo de todo el proceso de producción de la política (Aguilar Villanueva, 1992, 1996). Así, se plantea que no es posible asumir perspectivas lineales (mecánicas) sobre los procesos de política ni limitarse a estudiar la implementación de las políticas públicas, sino que es necesario dar cuenta de la complejidad, la ambigüedad y el desorden de estos procesos en todas sus etapas (Wedel et al., 2005).

Según Shore (2010), las políticas públicas se caracterizan, entre otras cosas, por reflejar maneras de pensar sobre el mundo y cómo actuar en él. Esto es, por contener modelos de sociedad y de cómo los individuos deben relacionarse entre sí y con el colectivo (y, podríamos agregar, con el ambiente) – aunque profundizaré sobre esta cuestión en el capítulo correspondiente, aquí denominaré a esto ‘referencial de la política pública’ (Bejarano Mayorga, 2012). Además, las políticas estatales se caracterizan también por ser herramientas de intervención y acción social para regular y cambiar la sociedad (es decir, ser inherentemente instrumentales), y por lo tanto expresar cierta voluntad de poder. Esto implica, entonces, que en los procesos de producción de políticas públicas siempre subyace una disputa (implícita o explícita) entre diferentes modelos de sociedad (Shore, 2010; Shore y Wright, 1997), y las políticas ambientales no son la excepción (Gutiérrez, 2018; Langbehn, 2015; Straccia, 2019; West et al., 2006). Así, la práctica etnográfica permite dar cuenta de cuáles son los modelos en disputa subyacentes a todo proceso político.

En un sentido similar a lo planteado por Langbehn (2015), el análisis de las políticas públicas requiere inicialmente dar cuenta de las formas específicas en que el problema se constituye como tal en la agenda: esto es lo que Oszlak y O’Donnell (1981) han denominado la ‘cuestión’, es decir, los asuntos socialmente problematizados. La noción de ‘agenda’ supone un espacio de poder en el cual un conjunto de ideas ha sido problematizado de una forma específica y convertido en asunto de interés público (Pérez y Urcola, 2020). Retomando la propuesta de estos autores, que a su vez siguieron la clasificación de Roger Cobb y Charles Elder, en esta tesis diferencio entre ‘agenda pública’ (que refiere a las preocupaciones de los miembros de la comunidad) y ‘agenda institucional de gobierno’ (que refiere a los asuntos explícitamente aceptados por parte de los encargados de tomar las decisiones en las instituciones estatales de diferentes niveles). Así, los interrogantes sobre quién y cómo problematiza un asunto, cómo se constituye en cuestión, sobre la base de qué recursos y alianzas o cuál es su definición inicial operan como guía para identificar cómo una cuestión se constituye en la agenda pública (Fuks, 2000). Además, es necesario preguntarse sobre por qué algunos de ellos se instauran en la agenda institucional: de acuerdo con Jaime et al. (2013), los eventos críticos (como los incendios del 2008 en el Delta del Paraná) constituyen ‘ventanas de política’ y son oportunidades propicias de duración limitada para que ello ocurra. Sin embargo, la forma específica de definición del problema producida en las etapas iniciales de un proceso político no es estática: las políticas públicas son disputadas y resignificadas en cada una de las diferentes fases en que se producen y reproducen, de modo que el análisis diacrónico es necesario para dar cuenta de estos procesos (Cowan Ros, 2016).

Como todo enfoque sociocultural, esta perspectiva considera la singularidad de los contextos sociales e históricos en los cuales se desarrollan sus procesos, los cuales tienen lugar en múltiples instancias sociopolíticas en las que convergen diversos agentes sociales que tienen intereses específicos (Beltrán et al., 2008). Aquí, en diálogo con la sociología del desarrollo y el enfoque orientado al actor (Long y Long, 1992; Rodríguez Bilella, 2004), denominaré a esas instancias ‘interfaces socioestatales’, en tanto arenas de intercambio y conflicto en las que actores estatales y no estatales (sean individuales o colectivos) se interrelacionan de forma intencionada (Hevia e Isunza, 2010). Dado que son espacios relacionales en permanente construcción atravesados por relaciones de poder y que los sujetos portan proyectos sociopolíticos disímiles, son necesariamente conflictivos: la interfaz tiende a ser una arena social de conflicto, incompatibilidad y negociación (Long, 2013). Además, como lo plantearon Hevia e Isunza (2010), las interfaces socioestatales pueden o no estar institucionalizadas según el grado de (in)formalidad de los mecanismos de participación que los caracterizan, ya que en un mismo proceso político coexisten mecanismos formales (normados) con mecanismos informales (sean de presión –por ejemplo, manifestaciones– o de negociación –como mesas de acuerdo–).

Bajo la perspectiva del enfoque orientado al actor, la política pública se produce en una multiplicidad de interfaces socioestatales de diversos grados de institucionalización en las que se definen los cursos de acción (Long y Long, 1992). En dichas interfaces, que no deben ser asumidas apriorísticamente sino ser etnográficamente reconocidas y analizadas, tanto los actores y sus relaciones como la política en cuestión se transforman continuamente (Rodríguez Bilella, 2004). Esto implica que, antes que meros sujetos pasivos susceptibles de ser transformados por la política, los actores sociales pueden expresar capacidad de agencia (Feito, 2005; Long y Long, 1992)^[22]. Así, es posible analizar los procesos de las políticas públicas poniendo el foco en las múltiples interfaces y colocando a las disputas entre los diversos agentes en un lugar central a través de la articulación de la teoría de la estructuración con la orientación etnográfica reflexiva (Giarraca y Gutiérrez, 1999; Long y Long, 1992).

Complementariamente, y siguiendo a Alonso y Costa (2002), el estudio de estos procesos políticos también supone la activación de una batería de conceptos centrales de la teoría de la acción colectiva. Uno de ellos es ‘estructura de oportunidades políticas’, el cual hace referencia a aquellas dimensiones del ámbito político que (sean estructurales o coyunturales) afectan las expectativas de éxito o fracaso de los diferentes actores, de modo que fomentan (o restringen) las opciones de acción disponibles para ellos (Tarrow, 1994) y por lo tanto nos permite dar cuenta de las estrategias desarrollados por los actores en la arena de conflicto (bajo su configuración singular en el momento en que la acción tiene lugar). Esos cambios, a su vez, generan la apertura de ‘ventanas de oportunidades’ que posibilitan que los actores puedan desarrollar una estrategia dada (McAdam et al., 1999). De esta manera, es posible analizar la dimensión contingente de los procesos políticos, esto es, a las correlaciones de fuerza constitutivos de la arena de conflicto en un tiempo y espacio dado, así como su carácter dinámico en el tiempo (Koopmans y Statham, 2000). En síntesis, los procesos de producción de las políticas públicas bajo estudio serán considerados como dinámicas arenas de conflicto, atravesadas por una siempre cambiante estructura de oportunidades políticas que favorece aperturas y cierres de ventanas de oportunidades y en los que los actores sociales participan y desarrollan diversas estrategias.

Finalmente, es pertinente explicitar una precaución de método: en el marco de conflictos ambientales no es extraño que coexistan procesos de producción de diferentes políticas públicas, de modo que es posible presentar cada proceso por separado (en tanto estrategia narrativa) pero analíticamente es necesario considerar su anudamiento. Y, a su vez, tampoco debemos asumir apriorísticamente complementariedad en dichos procesos: dado que cada política pública se produce en una diferente multiplicidad de interfaces socioestatales de las cuales participan actores (estatales y no estatales) diversos, la complementariedad (o no) debe ser empíricamente verificada^[23]. En ese sentido, la categoría ‘contradicción situada de las políticas públicas’ es de suma utilidad para analizar su superposición contrapuesta y conflictiva en contexto espaciotemporales específicos (Arzeno y Ponce, 2013).

Tipología(s) del pensamiento ambiental

Más allá de la existencia de una protoinstitucionalidad ambiental existente en nuestro país desde la década de 1970 (Estrada Oyuela, 2007), Gutiérrez e Isuani (2014) sostuvieron que a inicios del nuevo milenio se produjo el surgimiento de un nuevo ‘ambientalismo social’ (esto es, no estatal) y una comunión entre la agenda pública y la agenda institucional de gobierno en esta materia. En ese contexto de emergencia de la cuestión ambiental a nivel nacional, los incendios del año 2008 en el Delta del Paraná tuvieron un efecto inmediato en ambas agendas y la arena de disputas por el desarrollo de la Zona Núcleo Forestal adquirió una configuración completamente novedosa. Tal y como mostraré en los sucesivos capítulos de esta tesis, el paradigma modernizador de desarrollo (dominante en la producción de políticas públicas en los siglos XIX y XX) quedó atrás luego de los incendios: desde entonces, todos los actores coincidían en reconocer la importancia del cuidado del ambiente/naturaleza, y las estatalidades se produjeron (mayormente) en clave de “desarrollo sustentable” / “sustentabilidad”.

Sin embargo, aún entre quienes propugnan por el cuidado del ambiente dentro de su línea narrativa también existen diferencias sustantivas. Como lo planteó Lins Ribeiro (1992), el ambientalismo es un movimiento social ideológicamente heterogéneo. Y América Latina no es la excepción: bajo el mismo rótulo es posible reconocer posiciones conservadoras, reformistas, neomarxistas, neoliberales y mesiánicas, por nombrar sólo algunas (Gudynas, 1992a)^[24]. A fin de dar cuenta de las diferentes formas de problematizar la cuestión ambiental en la arena pública, en esta tesis retomo la tipología producida por Foladori (2005). Para este autor existen tres grandes corrientes de pensamiento ambiental, que a su vez contienen distintas posiciones en su interior^[25].

En primer lugar, los ecocentristas: aquí se incluye a quienes abogan por la ecología profunda y el preservacionismo. Para quienes problematizan la cuestión ambiental dentro de esta corriente, el cuidado de la naturaleza es un deber moral: el valor de la biodiversidad, por ejemplo, no se define en términos de provisión de bienes y servicios para la humanidad sino que tiene valor intrínseco, por el simple hecho de ser parte de la biosfera. E, implícitamente, asumen que las leyes de la naturaleza son mejores que las actividades humanas y que conducen a resultados óptimos. Según Foladori, siguiendo a Dobson, este marco presenta una tensión entre la radicalidad del cambio social y político deseado y la confianza en los medios tradicionales democrático-liberales para llevarlo a cabo: de ahí que, en términos generales, son posiciones que carecen de un programa adecuado de transformación política y social. De hecho, y aunque resulte paradójico, sus demandas de implementación de políticas de preservación a través de la conformación de santuarios de naturaleza implican la consolidación de paisajes duales: al definir áreas de preservación, también se definen áreas de sacrificio (Santos, 2014)^[26].

En segundo lugar, Foladori reconoció la corriente tecnocentrista (antropocentrista). Lo que guía el criterio valorativo de la relación entre la sociedad humana y su ambiente aquí es el interés humano, antes que la naturaleza (como ocurre con los ecocentristas). Si bien coexisten dos grandes perspectivas (cornucopianos y ambientalistas moderados), ambas coinciden en considerar que es posible superar los problemas ambientales por medio de soluciones técnicas: sus herramientas principales son las políticas de comando y control (que regulan el uso de los recursos naturales mediante normas específicas) y los instrumentos de mercado (como forma de internalización de externalidades). Se trata de posiciones reformistas que confían en las soluciones técnico-legales y en la adaptación de las instituciones a los retos ambientales emergentes: las ‘expertocracias’, en palabras de Gorz (1994). Sus propuestas de intervención, legitimadas en la retórica de la eficiencia y la neutralidad, suponen un desplazamiento del debate hacia fuera de la política – y los enfoques críticos repolitizan el debate al dar cuenta del carácter político de estas categorías despolitizadas, sean ‘naturaleza’ (Celata y Sanna, 2010; Ferrero y Gomitolo, 2017; Swyngedouw, 2011), ‘glaciar’ o ‘humedal’ (Straccia e Isla Raffaele, 2020)^[27]. Gudynas (1992b) definió a este corriente como ‘administradores ambientales’ (tecnócratas, en cuyas perspectivas los temas sociales son subsidiarios respecto de los ecológicos), mientras que D’Amico y Agoglia (2019) la definieron como ‘ambientalismo hegemónico’.

Y finalmente, en tercer lugar, los antropocentristas críticos. Aunque se trata de una corriente heterogénea constituida por marxistas ecológicos, ecosocialistas y otras perspectivas (Alimonda, 2012; Riechmann, 2006), al interior de esta corriente hay coincidencia en privilegiar las relaciones sociales sobre la base tecnológica: la premisa de que la relación de los hombres con la naturaleza está condicionada por las relaciones sociales de producción de cada momento histórico (esto es, por las relaciones entre humanos) es el punto de partida. Aquí se incluyen las ‘posiciones contrahegemónicas’ (que tienen una postura crítica sobre la ideología del progreso y consideran que existe un estrecho vínculo entre los componentes sociales y ecológicos de los conflictos ambientales) caracterizadas por Gudynas (1992b), y referidas como ‘corriente ambiental crítica’ por D’Amico y Agoglia (2019)^[28].

La clasificación de Foladori (2005) es parcialmente coincidente con la propuesta de Martínez Alier (2004). En los términos del autor catalán, los postulados del ‘culto a la vida silvestre’ guardan estrecha relación con los de los ecocentristas, mientras que las premisas del ‘evangelio de la ecoeficiencia’ (también referidos como ‘ecoeficientistas’) se asocian con las de los tecnocentristas. Finalmente, para este autor existe una tercera corriente que guarda cierta relación con los antropocentristas críticos: el ‘ecologismo de los pobres’, una corriente que asegura que en muchas ocasiones los grupos marginalizados han coevolucionado con la naturaleza de formas ambientalmente responsables y que señala el desigual impacto ambiental de las formas de producción dominantes (de modo que se vincula con los movimientos de ‘justicia ambiental’)^[29]. Bebbington y Humphreys (2009) denominaron a este corriente ‘ecologismo de los medios de vida’: aquella enraizada en los medios de vida, donde lo que prima es el deseo de mantener las formas de vida y sostener los medios que las hacen viables. Por eso, como lo plantean Alimonda (2011) y Martín y Larsimont (2016), esta perspectiva implica definir a los problemas ambientales como un problema primariamente de ‘apropiación’ – no en términos (únicamente) de explotación directa de la naturaleza, sino focalizado en las relaciones de poder que hacen posible las definiciones por el acceso a los recursos, las decisiones sobre su uso o la exclusión de su disponibilidad para otros.

Así, una misma categoría (e.g., ‘desarrollo sustentable’) podría ser parte de la línea narrativa de diferentes coaliciones discursivas y operar como retórica legitimadora de las formas de intervención propuestas por cada una, pero a su vez inscribirse dentro de diferentes corrientes en relación con la cuestión ambiental (Carneiro, 2014). A su vez, como lo evidenció de la Vega (2017), las políticas ambientales pueden producirse en clave de sustentabilidad pero conceptualizar el ambiente de formas sumamente diferentes, sea como cuestión de salud (concepción sanitarista), como recurso (concepción economicista) o como derecho (concepción ciudadana). De este modo, en esta tesis me pregunto no sólo por los paradigmas de desarrollo subyacente a las propuestas de los dos bloques antagónicamente constituidos (“isleños” y “ambientalistas”) sino también por las formas en que significan socialmente la naturaleza y los modos en que inscriben la dimensión ambiental en sus argumentos.

Si bien utilizaré como punto de partida la tipología construida por Foladori (2005), en ocasiones la complementaré con otras clasificaciones propuestas a fin de sumar precisión analítica. Así, por ejemplo, oportunamente retomaré la tipología de Bryant y Bailey (1997) para clasificar a las organizaciones no gubernamentales ambientales y la tipología de Weyland y Von Below (2021) para dar cuenta de los diferentes roles que pueden adquirir los científicos ecólogos en los procesos de producción de políticas de públicas en materia ambiental. Cada una de estas tipologías será explicada en el apartado específico en el que se las utilice.

El abordaje territorial

Finalmente, para completar la construcción del andamiaje teórico-conceptual de esta tesis es necesario explicitar cuál es la conceptualización de ‘territorio’ utilizada. Y es que los conflictos ambientales, en tanto disputas espacialmente localizadas, son también conflictos territoriales (Merlinsky, 2013).

Esta explicitación es especialmente relevante habida cuenta de que en las últimas décadas surgió con fuerza una nueva forma de nominar al desarrollo rural en el ámbito de las políticas públicas: ‘desarrollo territorial rural’ (Echeverri y Sotomayor, 2010; FAO, 2005; Schejtman y Berdegué, 2004, 2006; Torre, 2020). En estas propuestas, acceso a mercados, tecnología e innovación, consenso, participación y stakeholders/interesados emergen como categorías rectoras, razón por la que Manzanal et al. (2009) señalaron que estas (pretendidamente) nuevas perspectivas promovidas por instituciones transnacionales no son más que una versión actualizada del paradigma modernizador de mediados de siglo XX. Es decir, se trata de una adjetivación de desarrollo producida principalmente a partir de las críticas neoliberales –en los términos de Svampa (2017)– al paradigma del desarrollo modernizante como metadiscurso y como estrategia de intervención (especialmente en áreas rurales). En cambio, poder y conflicto están conspicuamente ausentes: lo ‘territorial’ es incorporado en las políticas públicas de forma acrítica, devenido espacio contenedor y asumiendo visiones armoniosas que desconocen las redes de desiguales relaciones sociales que les son constitutivas (Carneiro, 2014; Schmidt, 2014). Y, por lo tanto, no sólo reproducen las estructuras de poder y dominación existentes sino que además profundizan las desigualdades (Manzanal, 2010, 2013).

Por otra parte, y ante las evidentes limitaciones del desarrollo sustentable como paradigma transformador (Carneiro, 2004; Goñi y Goin, 2020; Soares del Gaudio, 2015), algunos autores plantearon la urgencia del ‘postdesarrollo’, esto es, la necesidad de crear nuevos discursos y representaciones no tan mediados por la construcción del desarrollo, de cambiar las prácticas de saber hacer que definen al régimen de desarrollo dominante y de hacer visibles las formas de conocimiento producidas por los objetos del desarrollo (Escobar, 2005, 2010; Gudynas, 2017) – en otras palabras, de construir alternativas al desarrollo (Escobar, 1992). Por su parte, Svampa (2011; 2013) postuló la existencia de un ‘giro ecoterritorial’ de las luchas, constituido al calor de los conflictos socioambientales y centrado en la defensa de los territorios^[30]. Siguiendo a esta autora, dicha categoría refiere a la emergencia de un lenguaje compartido que surge del singular entrecruzamiento entre matrices indígena-comunitarias, defensas de los territorios y discursos ambientalistas. En contraposición con el desarrollo territorial rural, las propuestas críticas que emergen del campo de la ecología política consideran a los territorios como lugares privilegiados de disputa, es decir, como espacios de resistencia pero también de creación de nuevas relaciones sociales y resignificación de las preexistentes (Svampa, 2008).

En esta tesis, en línea con lo postulado desde la geografía crítica y la antropología (y en consonancia con los enfoques teórico-epistemológicos que guían esta investigación), considero al territorio como simultáneamente: a) un espacio político, entramado de relaciones sociales –y por tanto de poder– (Manzanal, 2007, 2010); y b) un producto social contingente, donde identidad y poder confluyen (Haesbaert, 2007; Mari et al., 2010). Así, territorializar el desarrollo es considerar la cuestión del ejercicio del poder como un eje central (Lopes de Souza, 1995).

Bajo estas perspectivas, el espacio es necesariamente dinámico (Halvorsen, 2020): es producto pero es también proceso, cambio, “pura acción y mutación” en los términos de Tomadoni (2007)^[31]. Y según Haesbaert (2011), importa también dos dimensiones simultáneas: “una dimensión simbólica, o cultural en sentido estricto, y una [dimensión] material, de carácter predominantemente económico-político” (p. 63). Además, esto implica reconocer su carácter político: no se trata de un mero espacio geográfico sobre el cual se producen los conflictos, sino que es la expresión de las relaciones de poder (Castro y Arqueros, 2017; de la Vega y Ciuffolini, 2015).

Para Castro y Arqueros (2017), lo territorial es una dimensión constitutiva de los procesos de conflictividad ambiental y en torno a él se articulan diferentes sentidos, de los cuales aquí resulta central destacar dos: territorio como espacio de vida y territorialidades^[32] antagónicas. El primer sentido es puesto en juego por grupos cuyos vínculos con el espacio son preexistentes al proceso de conflictividad. Y aunque comúnmente se asocia con comunidades campesinas e indígenas, no se limita a ellas^[33]. Así, en palabras de estas autoras, el territorio deviene “territorialidad, [en tanto] ‘cuadro de vida’ que expresa las formas concretas de apropiación de la naturaleza y de organización del espacio bajo un sentido socialmente compartido y una relación de pertenencia e identificación” (Castro y Arqueros, 2017: p. 4).

A su vez, la caracterización de un territorio como espacio de vida puede dar pie a la interpretación de las conflictividades en términos de enfrentamiento entre dos lógicas territoriales – la mayor parte de las veces, un antagonismo entre territorialidades organizadas bajo las lógicas del capital y territorialidades locales organizadas bajo lógicas alternativas (Astelarra, 2017; Chiavassa et al., 2017; Hadad y Palmisano, 2017; Isla Raffele, 2019; Rodríguez Torrent, 2019; Vidal, 2017). Sin embargo, algunos estudios han señalado también la existencia de un antagonismo diferente: aquel producido entre territorialidades organizadas bajo la lógica de la conservación de la naturaleza y territorialidades locales organizadas bajo lógicas alternativas (Bluwstein, 2017; Ferrero y De Micco, 2011; Raycraft, 2019; Trentini, 2015). En todos los casos, implica reconocer la existencia conflictiva de territorialidades superpuestas (Agnew y Oslender, 2010). Y como mostraré en esta tesis, el antagonismo entre “isleños” y “ambientalistas” no es sino una forma de expresión de la superposición conflictiva de dos territorialidades antagónicas.

Abordaje metodológico

El objetivo de la tesis doctoral es analizar las disputas entre las coaliciones “isleños” y “ambientalistas” sobre el desarrollo del área actualmente denominada Zona Núcleo Forestal (Delta Bonaerense del río Paraná) en el período 2008–2019. La estrategia de abordaje del objeto fue cualitativa (Mason, 2002; Silverman, 2000; Vasilachis de Gialdino, 2006), dado que tenía como fin aprehender una porción del mundo social a través de un análisis centrado estratégicamente en las perspectivas nativas por medio del ejercicio reflexivo de la práctica etnográfica (Althabe y Hernández, 2004; Balbi, 2012; Ghasarian et al., 2008; Hale, 2006; Little, 2007). Esta opción metodológica contempla tanto las modalidades de producción de los datos como su procesamiento analítico, ya que implica la presencia de los/as investigadores/as en el campo a través de estadías o visitas periódicas en las cuales se producen registros que buscan reconstruir el sentido de la acción que es constitutivo del mundo social (Giddens, 1982; Hammersley y Atkinson, 2007; Rockwell, 2009). Se trata de una aproximación metodológica consistente con el marco teórico propuesto, dado que ecología política y etnografía coinciden en analizar relaciones contextualizadas desde una perspectiva sincrónica (Little, 2007).

En términos político-administrativos, el Delta del río Paraná se encuentra bajo la órbita jurisdiccional de tres provincias diferentes (Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe) y numerosos partidos/municipios (figura 3). Más del 80% de la superficie total se encuentra bajo jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, mientras que aproximadamente 250.000 hectáreas corresponden a la provincia de Buenos Aires y se dividen en seis secciones de islas (Borodowski, 2006). El estudio que realicé en esta tesis se localiza en las secciones II y IV del Delta bonaerense del río Paraná, que corresponden a las jurisdicciones de los partidos de Campana y San Fernando de la provincia de Buenos Aires. Me focalicé en el área actualmente denominada Zona Núcleo Forestal, delimitada por el río Paraná de las Palmas al sur, el Paraná Guazú al norte, el Puente Zárate–Brazo Largo al oeste y el Paraná Miní, el Canal 5, el Canal 6 y el Carabelas grande al este (figura 4).

Figura 3. Límites político-administrativos en el Delta del Paraná, por provincias y municipios

Fuente: Mulvany (2019)

Figura 4. Límites de la Zona Núcleo Forestal (línea punteada) y límites de las secciones del Bajo Delta bonaerense (en colores).

Fuente: elaboración propia

Si bien esta es la localización geográfica de la zona de estudio, coincido con Shore y Wright (1997) en plantear que ‘el campo’ de estudio no debe ser entendido como una comunidad discreta ni como un área restringida geográficamente, sino como un espacio articulado mediante relaciones de poder (en sintonía con los lineamientos teóricos de esta tesis). Considerando entonces que la unidad de análisis está conformada por las relaciones entabladas entre actores sociales, esta investigación necesariamente excedió el área denominada Zona Núcleo Forestal e incorporó tanto a los lugareños y sus organizaciones como a los agentes extralocales involucrados, así como a instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales (ONG) que se articulan en otras escalas.

Para poder comprender la dinámica de las disputas en torno al desarrollo de la región a lo largo del tiempo, inicialmente fue necesario identificar y caracterizar a los agentes que participan en esta arena sobre la definición del tipo de desarrollo al que debería propender la región, así como comprender sus posiciones (Merlinsky, 2013; Skill, 2010). Dado que esta tesis doctoral es parte de un trabajo de investigación que venimos llevando en esta zona junto al equipo de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la FAUBA desde el año 2012 (tal y como lo reseñé en el primer capítulo), para dicha identificación tomé como punto de partida la tipología construida por Pizarro (2019). De ese modo, inicialmente identifiqué a los “isleños”, quienes viven y trabajan en las islas y se articulan en un colectivo de identificación cuyo referente es “la isla” (Straccia, 2019), así como a los “ambientalistas y a los agentes estatales (funcionarios y técnicos de instituciones estatales de diferentes niveles vinculados con el caso de estudio). En tanto construcción metodológica, y siguiendo lo planteado por Aparicio y Gras (1999), la tipología propuesta fue revisada al momento del análisis definitivo para asegurar su pertinencia.

La estructura social local (que como mostraré en el próximo capítulo se consolidó en la década del ‘80) está conformada por empresas forestoindustriales, productores familiares empresariales, productores familiares capitalizados y pequeños productores familiares (Pizarro, 2019). Esta tipología guarda cierta similitud con la propuesta por Olemberg (2015), quien sostuvo que existen tres formas de organización social de la producción en la región: empresas societarias, empresas de base familiar y explotaciones familiares.

Las empresas societarias son lo que aquí denomino ‘empresas forestoindustriales’: propiedad de grupos económicos extralocales (sean nacionales o internacionales), tienen un alto grado de integración vertical y presentan una lógica empresarial desde sus orígenes. Son empresas altamente tecnificadas, con producción mecanizada y sistemas de manejo de agua que incluyen endicamientos y bombas eléctricas que facilitan el ingreso o egreso de agua según lo requieran las plantaciones forestales.

Por su parte, tipifico como ‘productores familiares empresariales’ a quienes Olemberg denomina empresas de base familiar: son empresas altamente tecnificadas, a niveles comparables con las empresas forestoindustriales pero con un menor grado de separación entre la propiedad de los medios de producción y la gestión del proceso productivo (Olemberg, 2015). Como lo planteó Pizarro (2019), sus características dominantes son la expansión de la superficie forestada (>1000 hectáreas), su integración vertical con los restantes eslabones de la cadena forestal y el “salto organizacional” que ello representó, dado que han pasado de una lógica familiar a una lógica empresarial en las últimas décadas: en palabras de uno de ellos, “hasta principios de los ’80 [y a diferencia de la actualidad] era una actividad familiar, y no una empresa” (entrevista a productor familiar empresarial, diciembre de 2013). Sin embargo, más allá del nivel de empresarialización alcanzado continúan teniendo un vínculo indisociable con “la isla”.

Finalmente, las explotaciones familiares (así definidas por Olemberg) pueden ser divididas en dos tipos: productores familiares capitalizados y pequeños productores familiares. Los ‘productores familiares capitalizados’ poseen entre 300 y 1000 hectáreas, y sus estrategias de reproducción social^[34] incluyen la diversificación productiva y/o la pluriactividad (González, 2015): no sólo producen madera sino que su eje de negocios está puesto en un algún otro eslabón de la cadena de valor forestal, como los aserraderos, la ganadería o la provisión de servicios para la forestación (como movimientos de tierras, carga de madera en barcos, etc.), entre otros. Sin embargo, a diferencia de los pequeños productores familiares, no están atravesados por procesos de descapitalización.

Los ‘pequeños productores familiares’ se encuentran por debajo de la unidad económica forestal (<250 hectáreas)^[35], y los elementos centrales de sus estrategias de reproducción social también son la diversificación productiva y la pluriactividad (González, 2015): sus ingresos por venta de madera se ven necesariamente complementados por otros, sean producciones alternativas (ganadería o mimbre, entre otras), jubilaciones, prestación de servicios o como empleados en alguna de las empresas de la región. Los sistemas de manejo de agua en sus explotaciones se limitan principalmente a los atajarrepuntes, y la producción no está mecanizada sino que hacen “todo a pulmón” (registro de campo, agosto de 2014). Son productores atravesados por procesos de descapitalización y en permanente retracción, que a lo largo de nuestro trabajo de campo plantearon que “estamos tambaleando”, “cayendo como dominó” y que a este ritmo “en unos años no vamos a existir más” (registros de campo, noviembre de 2013; noviembre de 2014; octubre de 2015).

Cabe señalar que, a diferencia de las empresas forestoindustriales, tanto los pequeños productores familiares como los productores familiares capitalizados y los productores familiares empresariales se reconocen como “isleños” (y también son reconocidos como tales). Se trata de lugareños cuyas historias (y la de sus familias) están intrínsecamente anudadas con la historia de “la isla”. Además, en esta investigación se incluyen también a las organizaciones que los nuclean^[36]. Así, la diversidad de productores (y de organizaciones) fue uno de los elementos tenidos en cuenta al definir el muestreo para lograr la saturación teórica.

Con relación a los “ambientalistas”, se trata de una categoría nativa ampliamente utilizada en la región para referir tanto a grupos de científicos que desarrollan sus estudios desde perspectivas biológico-ecológicas en el Delta del río Paraná como a organizaciones no gubernamentales (ONG) con y en las cuales se articulan^[37]. Estas ONG ambientales (Bryant y Bailey, 1997) son organizaciones profesionales, en los términos de Gutiérrez e Isuani (2014): tienen personería jurídica, cuentan con fondos y donaciones de terceros (mayoritariamente de instituciones y organizaciones de países centrales) para desarrollar sus actividades y una de sus estrategias dominantes es recurrir a canales institucionales (formales e informales) para expresar sus demandas y participar en la formulación e implementación de políticas públicas.

Dentro de esta categoría se incluye a científicos de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de San Martín y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. También se incluye a diversas ONG como la Fundación Humedales (legalmente constituida en el año 2006 y que representa la filial argentina de Wetlands International, de origen neerlandés)^[38] o la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN)^[39], entre otras. Respecto de la Fundación Humedales, la ONG ambiental de más amplia trayectoria en la región, Monkes (2022) dio cuenta de su historia, analizó cuáles son sus enfoques dominantes respecto de la protección de la naturaleza y mostró cuáles son sus fuentes de financiamiento. Respecto de ACEN, es una ONG nacional que se constituyó en 1994 y que tiene proyectos de conservación en diferentes partes del país: en el Delta del Paraná su proyecto insignia es el Proyecto Pantano, orientado a la conservación del Ciervo de los Pantanos^[40]. En ambos casos, más allá de las diferencias existentes, el énfasis está puesto en la protección de la naturaleza (el humedal) y sus componentes (la biodiversidad).

Respecto de la categoría local “ambientalistas”, cabe señalar dos cuestiones de mucha relevancia en términos metodológicos. Lo primero es que, a diferencia de la categoría identitaria “isleños” –que es una categoría de auto y heteroadscripción (De Jager, 2017), como toda identidad colectiva (Melucci, 2004; Mercado Maldonado y Hernández Oliva, 2010)–, “ambientalistas” es una categoría heteroconstruida. Es decir, los sujetos no necesariamente adscriben a un grupo ni se conciben como tal, sino que son los otros quienes construyen al grupo desde fuera. De hecho, la mayor parte de ellos disputan tanto la categoría como su sentido, mas no a partir del sentido local sino de lo que ellos mismos entienden por “ambientalistas”: frecuentemente cuestionan su supuesta pertenencia al grupo y marcan diferencias con otros que sí lo serían (sea con otros sujetos u ONG que abogan por la protección del Delta y que tienen una perspectiva diferente sobre cómo debería llevarse adelante la conservación de la naturaleza, con otros sujetos u ONG a quienes les cuestionan cuáles son sus fuentes de financiamiento, o con ONG internacionales a las que señalan como “políticas”, como sería el caso de Greenpeace^[41]). Sin embargo, es una categoría ampliamente difundida entre isleños y técnicos y tiene un sentido nativo claramente definido, de modo que estos sujetos no pueden desmarcarse fácilmente de la adscripción asignada^[42]. Tratándose de una investigación de tinte etnográfico, aquí retomo la categoría (y su sentido) tal y como es localmente construida.

Lo segundo que cabe señalar es que se trata de una categoría nativa presente en buena parte del Delta del río Paraná, pero sus sentidos difieren en cada zona y –como toda categoría nativa– no puede ser fácilmente extrapolada más allá de los límites de su contexto de producción. En el Delta de Tigre, en la Zona Núcleo Forestal y en el Delta entrerriano ubicado frente a Rosario (Santa Fe) la categoría “ambientalistas” puede referir a individuos y organizaciones con características muy diferentes, de modo que debe siempre tenerse en cuenta que se trata de una categoría situada.

Finalmente, con la categoría ‘agentes estatales’ me refiero a técnicos y funcionarios de diversas instituciones estatales que operan en el territorio. Aquí se incluyen técnicos y funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – EEA Delta del Paraná y AER Delta del Paraná, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (Buenos Aires), de la Dirección Nacional de Desarrollo Forestoindustrial del MAGyP, de la Dirección Forestal del Ministerio de Desarrollo Agrario (Buenos Aires), de la Dirección Provincial de Islas (Buenos Aires), de la Subdirección de Islas del Municipio de Campana y la Dirección de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales del Municipio de San Fernando, entre otros. A lo largo de nuestro trabajo de campo hemos podido identificar que los agentes estatales no sólo tienen un fuerte vínculo territorial (construido a partir de años de trabajo sostenido en la región) sino que además sus afirmaciones son indisociables de su inscripción institucional, razón por la cual la pertenencia institucional de cada uno de ellos fue necesariamente tenida en cuenta al momento de analizar los registros. Además, al utilizar esos registros a lo largo de la tesis procuré explicitar dicha pertenencia.

La mayor parte de los datos fueron producidos a través de entrevistas etnográficas, semiestructuradas e informales (Guber, 2001; Hammersley y Atkinson, 2007; Penalva Verdú et al., 2015; Taylor y Bogdan, 1996), realizadas en el marco de trabajo de campo colectivo que venimos llevando adelante desde el año 2012 con los restantes miembros del equipo de investigación. Realizamos entrevistas en profundidad con productores familiares empresariales, productores familiares capitalizados y pequeños productores familiares: visitamos sus casas, recorrimos sus campos junto a ellos y conocimos sus historias personales y familiares, cómo viven en “la isla” y las formas en que se organizan a través de diversas asociaciones y organizaciones. También hemos hecho lo propio con los encargados de campo de las empresas forestoindustriales de la región. A su vez, llevamos adelante entrevistas semiestructuradas con técnicos y funcionarios de las diversas instituciones estatales, con representantes de asociaciones locales y con “ambientalistas”. Finalmente, el trabajo de campo de larga duración también hizo posible la realización de entrevistas informales (con grados mínimos de estandarización y sin programación previa^[43]) con “isleños”, “ambientalistas” y agentes estatales. Vale la pena mencionar que cuando en esta tesis cite fragmentos textuales de nuestros entrevistados los caracterizaré a partir de la tipología presentada en las páginas precedentes; en las contadas excepciones en que utilice un nombre propio a los fines de facilitar la lectura, se tratará siempre de seudónimos.

A lo largo de nuestro trabajo de campo realizamos un total de 246 entrevistas a 99 personas. Las técnicas de registro variaron de acuerdo con las circunstancias de la situación de entrevista y los momentos específicos en que cada una de ellas se desarrolló. En líneas generales, en las entrevistas en profundidad y las entrevistas semiestructuradas se solicitaron los permisos pertinentes a nuestros interlocutores para grabarlas con medios digitales (grabadores de voz). En la enorme mayoría de los casos nos dieron las autorizaciones correspondientes, y siempre se explicitó que estaba la posibilidad de poner la grabación en pausa en el momento que lo consideraran pertinente. Cuando la entrevista fue grabada, posteriormente fue transcripta para poder codificarla. En otros casos, cuando la entrevista no fue digitalmente grabada, se procedió a construir un registro manual apenas finalizada la entrevista. En las entrevistas informales, así como en las no planificadas, se trabajó de este mismo modo.

Tal y como lo expliqué en la introducción de esta tesis, el hecho de que la mayor parte de las entrevistas se haya desarrollado en el marco de un trabajo grupal implicó la necesidad de generar un registro tan exhaustivo como fuera posible: aun si un tema emergente no guardaba relación evidente con la pregunta de investigación personal, era probable que sí fuera relevante para alguno de los otros miembros del equipo. A su vez, como lo indiqué previamente, mis preguntas de investigación fueron cambiando a lo largo del tiempo desde el año 2012. Y, como señalaron Emerson et al. (1995), las notas de campo (en tanto transformación de lo visto, oído e interpretado) se encuadran de formas particulares – y por lo tanto, dejan por fuera otros encuadres posibles. En ese sentido, es importante explicitar que los postulados principales de mis sucesivas investigaciones han sido teórica y metodológicamente consistentes a lo largo del tiempo, lo que hizo factible la incorporación de esos registros preexistentes a esta investigación. Además, incorporamos el contexto amplio y específico de cada situación de entrevista al registro (Guber, 2004) para dar cuenta del siempre dinámico contexto de producción de los datos e incluirlo en el análisis – esto es, para comprender las características reflexivas e indexicales del lenguaje en dicha práctica discursiva (Merlinsky, 2006; Pizarro, 2014).

Las entrevistas realizadas se complementaron con instancias de observación participante (Greenwood, 2000; Guber, 2004; Taylor y Bogdan, 1996) en diversos eventos. De esta forma, desde el año 2012 estuve presente (a veces en soledad, a veces junto a otros miembros del equipo) en audiencias abiertas, audiencias públicas, reuniones realizadas por asociaciones de lugareños, asambleas vecinales, festividades locales, reuniones organizadas por diferentes instituciones estatales y reuniones organizadas por ONG ambientales, entre otros espacios. Los 47 registros construidos en estas instancias de observación participante fueron incorporados al corpus y complementaron las más de doscientas entrevistas realizadas. En el caso de las alocuciones de funcionarios institucionales realizados en eventos públicos, también las transcribí textualmente e incorporé al corpus.

Este conjunto de técnicas nos permitió conocer los puntos de vista de los agentes sociales que participan en estas disputas, y cuáles son las estrategias de intervención que consideran que serían las apropiadas en este territorio (Mari et al., 2010). Para ello fue necesario indagar sobre las formas particulares en que cada uno define el problema, dado que esto induce líneas de acción, delimita quiénes son susceptibles de participar y quiénes no, y también fortalece ciertas instituciones y marginaliza otras (Moro, 2000; Surel, 2008). Por esta razón, también me pregunté por los variados modos en que cada uno construyó quiénes eran definidos como afectados, a quiénes se señaló como culpables, qué soluciones propusieron y quiénes debían ser parte de ellas.

Las instancias presenciales de trabajo de campo se sostuvieron de forma ininterrumpida desde diciembre de 2012 hasta febrero de 2020, cuando la situación de aislamiento y las restricciones de movilidad producto de la pandemia nos impidieron continuar, y recién pudieron ser retomadas con relativa normalidad a mediados de 2022. Llevamos adelante nuestro trabajo de campo en “la isla” bajo condiciones diversas, aunque no siempre por elección propia: en verano, en invierno, en épocas de sequía y en épocas de inundación, por ejemplo. La longitud del trabajo de campo también varió a lo largo del tiempo: algunas visitas a campo fueron en el día, otras en períodos de entre tres y cinco días, y otras fueron estancias de mayor duración (generalmente entre diez y catorce días). Y aunque la mayor parte del trabajo de campo fue con vehículo automotor, algunas de las instancias iniciales fueron realizadas por otros medios: los 287 km realizados en bicicleta en los caminos de “la isla” durante diciembre de 2013 merecen ser mencionados, aunque le cedo al lector la imagen de un grupo de estudiantes pedaleando bajo el sol de diciembre con el fin de producir datos para sus respectivas tesis.

El muestreo fue de tipo cualitativo no probabilístico (Guber, 2004). Inicialmente realicé un muestreo de oportunidad y un muestreo por redes (a través de la técnica de la bola de nieve), que posteriormente complementé con un muestreo evaluado. Este tipo de muestreo se deriva de la sistematización de las variables individualizadas por el investigador a través de los informantes de oportunidad, lo que implica que no se trata de un muestreo apriorístico (definido en función de una serie de criterios predefinidos) sino que se constituye a partir de aquellos criterios que surgen como significativos de los propios informantes (Guber, 2001). La complementación de los tipos de muestreo permitió alcanzar la saturación y construir una muestra teóricamente significativa a fin de dar cuenta del entramado de relaciones sociales en el caso bajo análisis (Achilli, 2005; Guber, 2001; Hernández Sampieri et al., 2010; Saccucci, 2018). Esto, lógicamente, requirió un ejercicio reflexivo continuo sobre el rol de los porteros en el trabajo de campo^[44]: para identificar cuáles puertas se abrían (y cuáles puertas permanecían cerradas, e incluso cuáles permanecían invisibles a nuestros ojos), para entender cómo nos construían nuestros entrevistados (y por qué) y para construir reflexiva e intencionadamente un espacio propio^[45].

La producción de datos cualitativos a través de entrevistas y observación participante fue complementada con el relevamiento y análisis de fuentes secundarias, de modo que realicé un relevamiento de noticias de periódicos nacionales y regionales relacionadas con los procesos de producción de las diferentes políticas públicas a lo largo del período bajo análisis. También cabe señalar que la disponibilidad de datos cuantitativos de carácter público es muy limitada dado que el área de estudio no se corresponde con las divisiones político-administrativas, pero los datos disponibles en los diferentes tipos de Censos (de Población, Hogares y Vivienda; Agropecuarios; Forestales; Mimbreros) realizados por instituciones estatales fueron utilizados (con las debidas precauciones del caso) como herramientas complementarias en esta investigación^[46].

A su vez, los documentos constituyeron un campo de indagación en sí mismo, siguiendo los lineamientos propuestos por Muzzopappa y Villalta (2011). En esta investigación se incluyeron diferentes tipos de documentos estatales, entre los que podemos mencionar actas de audiencias públicas y de audiencias abiertas, actas de consultas públicas, registros taquigráficos de sesiones parlamentarias, cartas de intención, líneas de base, evaluaciones ambientales estratégicas, proyectos de intervención, proyectos de ley y más ampliamente todos los documentos estatales construidos en las diferentes instancias del proceso de producción de cada una de las políticas públicas analizadas. En el análisis también se incluyeron comunicados, informes y otros tipos de documentos producidos por los “ambientalistas”.

En relación con las políticas públicas orientadas al desarrollo de la región, definí diferentes dimensiones de análisis para su caracterización: el objetivo general, su autoridad de aplicación y la definición del ámbito de actuación, la construcción de la población objetivo (Schneider y Ingram, 1993), sus referenciales (Müller, 2000), los instrumentos de acción pública contenidos (Lascoumes y Le Galès, 2009), y su retórica legitimadora (Roth Deubel, 2008). A su vez, dado que en esta tesis retomo los postulados de la antropología de las políticas públicas, considero que la formulación e implementación de las políticas públicas son parte constitutiva del escenario de disputa por el desarrollo de la región. Por esta razón, llevé adelante un análisis narrativo de las políticas públicas (Roe, 1994) que hizo posible indagar sobre sus procesos de producción, a fin de comprender las formas singulares de expresión del conflicto entre “isleños” y “ambientalistas” en ellos y los modos específicos en que dichas políticas mutaron en sus procesos de circulación (Peck y Theodore, 2010). En línea con lo planteado desde la sociología del desarrollo, esta perspectiva complementa el abordaje etnográfico y nos permite comprender tanto los procesos de formulación de las políticas públicas como sus formas específicas de implementación.

Además, en los registros y documentos bajo análisis he procurado considerar qué se dice, desde dónde y con qué objetivos, teniendo en cuenta sus condiciones de producción, circulación, distribución y consumo (Fairclough, 1992), y tuve en cuenta las circunstancias institucionales del evento que dieron forma a la propia práctica discursiva (Fairclough, 1992; Hall, 2003; Vera Alpuche, 2012). Así, me pregunté por los proyectos históricos de los diferentes agentes y los mecanismos de inclusión/exclusión de los restantes agentes en su realización (Opotow y Weiss, 2000), así como los modos en que resignifican, negocian y confrontan los elementos de sentido provenientes de diversos órdenes de discursos (Fairclough, 1992).

Los datos producidos fueron analizados cualitativamente siguiendo los lineamientos del análisis interpretativo, integrando en sucesivos niveles los fragmentos de información empírica recogidos mediante una argumentación coherente (Achilli, 2005). Para el análisis, de tipo abductivo (Sautu et al., 2005), retomé algunos elementos de la teoría fundamentada en datos, de acuerdo con la cual los significados se construyen intersubjetivamente entre investigadores y participantes (Corbin y Strauss, 1990)^[47]. Por lo tanto, no se empleó un método hipotético-deductivo sino que se procuró descubrir la teoría en el propio proceso de investigación (Babchuk et al., 2021; Charmaz, 2017).

El proceso analítico fue llevado adelante mediante el software Atlas.Ti 7 (Friese, 2012; Penalva Verdú et al., 2015; San Martín Cantero, 2014). Inicialmente construí un corpus (una unidad hermenéutica – UH) que contenía la totalidad de los registros de campo: registros producidos a partir de las instancias de observación participante y entrevistas informales, transcripciones de las entrevistas semiestructuradas y en profundidad, y documentos estatales y no estatales. En los términos del Atlas.Ti, cada uno de estos registros (escritos, auditivos y visuales) constituye un documento primario (DP), y la UH contó con 432 DP.

El corpus construido fue luego codificado y categorizado en el propio software. Para realizar la codificación, se siguió lo planteado por San Martín Cantero (2014). En la etapa inicial, de codificación abierta, identifiqué los fragmentos de los DP relevantes para la pregunta de investigación (las citas) y trabajé con códigos in vivo y códigos abiertos: los primeros son frases textuales de nuestros interlocutores en el trabajo de campo, mientras que los segundos conceptualizan el fenómeno a través de la interpretación del analista (San Martín Cantero, 2014). Además, trabajé con un tercer código: los códigos teóricos. En total, la etapa de codificación inicial llevó seis meses de trabajo en los cuales se identificaron 2781 citas y 444 códigos. Y en una segunda etapa, denominada de codificación axial, creé redes de relaciones conceptuales a partir de los códigos y las categorías construidas. De este modo, el análisis realizado permitió construir el sistema de categorías que estructuró la tesis.

Como lo mencioné en la introducción de esta tesis, el curso conjunto FAUBA–FGCU realizado en el año 2012 representó nuestro primer acercamiento a la Zona Núcleo Forestal y nos permitió comenzar a conocer algunas de las problemáticas acuciantes en la región y las disputas con los “ambientalistas”. Si en las etapas iniciales del trabajo de campo el desafío fue ‘cotidianizar’ lo extraño, en el marco de mi tesis doctoral el desafío fue releer los registros existentes y producir los nuevos bajo la lente contraria: ‘descotidianizando’ lo familiar (Lins Ribeiro, 1998).

Dada mi formación de origen (Licenciatura en Ciencias Ambientales) y el hecho de que el conflicto entre “isleños” y “ambientalistas” se hizo evidente de forma reiterada desde las primeras instancias de trabajo de campo, uno de mis desafíos iniciales fue identificar quiénes eran los “ambientalistas”. Más aún, identificar si yo era uno de los “ambientalistas”: a fin de cuentas, no dejaba de ser un estudiante de la Licenciatura en Ciencias Ambientales preocupado por la cuestión ambiental. De hecho, técnicos de instituciones estatales me preguntaron explícitamente en más de una ocasión en aquellos primeros momentos si yo era un “ambientalista”, ante lo cual siempre respondí con evasivas: mi escasa formación en el ámbito de las ciencias sociales me era suficiente para reconocer que todavía no comprendía el sentido de la categoría nativa. Al momento de escritura de estas líneas, y reconociendo que se trata de una categoría de heteroadscripción, me encuentro en condiciones –finalmente– de responder a aquella pregunta. Independientemente de que la cuestión ambiental siga siendo una de mis principales preocupaciones académicas y políticas, es claro que yo no puedo definirme ni dejar de definirme como tal: es el campo quien ha decidido que no soy uno de los “ambientalistas”, son los isleños quienes han planteado que “ustedes son distintos a los ambientalistas”, “quieren aprender”, “vienen y se sientan con nosotros y recorren la isla” (registro de campo, diciembre de 2012; diciembre de 2013; marzo de 2014).

A su vez, nuestra construcción en el espacio–tiempo de los otros ha sido dinámica y eso debe ser también señalado. En los primeros años fuimos caracterizados por los isleños como “un grupo de estudiantes (…) que quieren aprender”, marcando las diferencias con quienes “vienen a decirnos qué tenemos que hacer” (registro de campo, diciembre de 2012): éramos “estudiantes”, “chicos”, que “recorren la isla”. Algunos años después, ya con tesis de grado y de posgrado a cuestas, en ocasiones fuimos positivamente representados como “científicos críticos [que están] de nuestro lado”, marcando las diferencias con los científicos que no están de su “lado”, esto es, los “ambientalistas” (registro de campo, mayo de 2019). Sin embargo, en otros momentos también fuimos cuestionados por nuestra “vivencia urbana”, que nos impediría aprehender las lógicas locales y que nos hacía “decir burradas” (registro de campo, octubre de 2019, agosto de 2022). Todo esto amerita ser señalado, pues los investigadores también somos construidos como agentes de ese juego que nos proponemos interpretar: la ‘implicación’ no es otra cosa que la producción de uno mismo en el espacio–tiempo de los otros, y eso está en permanente tensión (Althabe y Hernández, 2004). En los términos de Hammersley y Atkinson (2007), no se trata de evitar las reacciones en contra (pues son parte de los imponderables del trabajo de campo) sino de gestionar sus efectos.

A su vez, me parece apropiado señalar en este apartado que el trabajo de campo etnográfico no debe ser romantizado: a lo largo de los años nos encontramos con numerosas dificultades, aunque muchas de ellas menores. Por ejemplo, algunos entrevistados no entendían qué hacíamos, y algún otro nos preguntó –sin muchas vueltas– qué le daríamos a cambio por acceder a dialogar con nosotros. También en ocasiones nos enfrentamos a situaciones con diferentes grados de conflictividad, generalmente por no estar actuando adecuadamente (esto es, adecuadamente bajo las lógicas locales) de forma inadvertida. A su vez, podríamos incluir aquí a las noches invernales en “la isla” sin agua ni electricidad (y con garrafas que tenían peligrosas pérdidas de gas), o a los veranos en que organizamos trabajo de campo solamente para llegar y descubrir que finalmente nadie nos podría recibir, por ejemplo.

Pero en el transcurso del trabajo de campo también nos encontramos con algunas dificultades mayores. En el año 2013, el campo se cerró abruptamente a raíz de una confusión en torno a la “Ley de Humedales”^[48]: aunque eventualmente pudimos manejar la situación, eso nos recordó que la negociación en el campo es continua y a través de formas múltiples, incluyendo la puesta en escena y los rechazos abiertos (Gutiérrez y Roggi, 1999). A su vez, nuestro trabajo no siempre fue bien recibido por los sujetos de estudio: como lo evidenció Mosse (2006, 2015), el retorno de los investigadores al campo en forma de texto etnográfico puede generar ese tipo de respuestas. En cuatro ocasiones distintas, y (casi) siempre con respeto, los “ambientalistas” se pusieron en contacto con nosotros para explicarnos por qué nuestras interpretaciones eran erróneas, incluyendo en algunos momentos largas explicaciones de cómo se produce conocimiento científico y cómo se lleva adelante una investigación cualitativa^[49]. También algunos representantes de organizaciones “isleñas” han manifestado su descontento con ciertas afirmaciones nuestras, incluyendo llamados telefónicos con tintes agresivos.

Como dice Guber (2004), el trabajo de campo perfecto no es posible, ni tampoco deseable. En ese sentido, el reconocimiento de los avatares del trabajo de campo es un requisito ineludible de toda investigación que se autodefina como etnográfica. Sin embargo, como lo planteó Gabriel Noel en la charla realizada en el marco de este doctorado en diciembre de 2019, el reconocimiento de las dificultades o los errores en el trabajo de campo no debe redundar en confesionalismos: su pertinencia es tal sólo en relación con el proceso de producción de conocimiento. Por esa razón, a lo largo de la tesis iré dando cuenta de los modos específicos en que estas situaciones moldearon nuestro trabajo de campo. Reflexionaré sobre el acceso a campo en aquellas instancias en los que algunos porteros intentaron activamente limitar nuestro acceso a ciertos entrevistados e indicarnos con quiénes debíamos hablar (y con quiénes no), y mostraré cómo superamos eso. Y también explicitaré de qué modo estas situaciones fueron críticamente analizadas, a fin de ayudarnos a echar luz sobre diferentes dimensiones de nuestras preguntas de investigación.