De “los pioneros” a la consolidación del sistema forestal

Introducción

El objetivo general de esta tesis es analizar las disputas por el desarrollo del área actualmente denominada Zona Núcleo Forestal en el Delta bonaerense del río Paraná. Sin embargo, la contemporaneidad de la pregunta de investigación requiere comprender las formas específicas de construcción del espacio a lo largo del tiempo, puesto que son social e históricamente producidos y en ellos se expresan relaciones de poder (Cosgrove, 2008). Así, el punto de partida para analizar los conflictos contemporáneos es reconstruir críticamente sus historias (Davis, 2015). O, en los términos de Vaccaro (2005), llevar a cabo una genealogía política del paisaje contemporáneo. Esto es especialmente relevante para el estudio de conflictos en áreas de humedales, dado que se trata de zonas típicamente afectadas por procesos ingenieriles en las que las raíces de los conflictos actuales suelen encontrarse en las históricas definiciones de las formas de uso y apropiación del ambiente (Mathevet et al., 2015).

Bajo estas premisas, en este capítulo me propongo analizar las históricas formas de producción y apropiación del espacio en la región de estudio desde mediados del siglo XIX hasta inicios del siglo XXI, en tanto punto de emergencia de la cuestión ambiental en el Delta del Paraná en la agenda pública e institucional^[1]. En la primera parte, retomo los estudios preexistentes realizados en la región para caracterizar el proceso histórico de construcción de la “isla” como lugar, en los términos de Escobar (2000)^[2]. Muestro los esfuerzos de las élites nacionales por construir un imaginario territorial en torno al Delta del río Paraná, y doy cuenta de las memorias colectivas locales y sus referencias a las familias “pioneras” que “crearon” “la isla”. También analizo los mecanismos de territorialización consolidados en este período, y caracterizo el modelo productivo frutihortícola dominante hasta mediados de siglo XX.

En la segunda parte, señalo los factores que coadyuvaron a su declinación, muestro cómo esto involucró la emigración de muchos isleños y explico cómo las diferentes etapas de la transición del modelo frutihortícola al modelo de forestación con Salicáceas supusieron el desarrollo de nuevas técnicas de control del agua. También muestro de qué modo el accionar estatal en la segunda mitad del siglo XX contribuyó a la consolidación de ciertos imaginarios territoriales asociados al paradigma de desarrollo modernizador, y señalo que el establecimiento de una red de endicamientos y la llegada de la energía eléctrica son parte de un proceso de territorialización que diferenció sustantivamente a “la zona de los vascos” de otras regiones del Delta del río Paraná.

A continuación, en la tercera parte del capítulo pongo en tensión el proceso de diferenciación de la estructura agraria al interior de la comunidad isleña. Asimismo, pongo en tensión las formas específicas de relación sociedad/naturaleza típicas de este período, en tanto antecedente necesario para comprender las disputas actuales en la región.

Finalmente, en la cuarta parte del capítulo muestro que el Delta del Paraná comenzó a ser valorado desde la década del ’90 como un ecosistema que, en tanto ‘humedal’, amerita ser preservado. Evidencio las nuevas formas de caracterizar el espacio y de nominarlo por partes de quienes retoman elementos de sentido del discurso biológico/ecológico, constituyendo nuevos problemas (la necesidad de proteger una naturaleza amenazada) a partir de nuevos argumentos, y muestro cuáles fueron las propuestas de intervención en clave ambiental que comenzaron a producirse en este período.

“La isla” en los siglos XIX y XX: emergencia, apogeo y ocaso del modelo frutihortícola

Los registros arqueológicos en el Bajo Delta del Paraná dan cuenta de la presencia de diferentes grupos étnicos en la región en los años previos a la ocupación europea, incluyendo comunidades guaraníes estables que habrían arribado a la región hace aproximadamente 700 años y otras comunidades con ocupaciones intermitentes a lo largo del tiempo (Acosta et al., 2010; Caggiano et al., 1978; Loponte y Acosta, 2011; Mucciolo y Musali, 2013)^[3]. Aunque la relación entre estos grupos habría sido conflictiva en los momentos de coexistencia (Loponte et al., 2006, en Mucciolo y Musali, 2013), los relatos de los cronistas indican que hicieron un frente común ante la llegada de los conquistadores en los siglos XV y XVI. Según Loponte y Acosta (2011), en menos de dos siglos estos grupos fueron eliminados debido a la guerra, la reducción a la esclavitud y la transmisión de enfermedades. Aunque se trata de una afirmación disputada puesto que algunos autores sostienen que la eliminación no fue total (de Jager, 2016; Díaz Galán y Tort, 2010; Gastellu, 2016), sí hay coincidencia en señalar que las crónicas de los viajeros y naturalistas del siglo XIX retrataban un Bajo Delta carente de toda población humana (Loponte, 2013).

Así, la historia de la colonización de “la isla” encuentra sus raíces en la ocupación criolla y europea desde fines del siglo XVIII (Galafassi, 2004a). Según este autor, en un primer momento no hubo asentamientos permanentes de importancia: la presencia humana permanente se restringía a los carboneros y sus familias, quienes extraían madera del monte blanco (una selva marginal característica del Bajo Delta) que era luego utilizada como leña en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la presión sobre el monte (combinada con un modo de producción poco eficiente, según las crónicas de la época) fue tal que prácticamente desapareció en menos de un siglo. En este período también se asentaron los jesuitas, quienes efectuaron las primeras plantaciones de árboles frutales en la zona aunque posteriormente las abandonaron (Galafassi, 2004b). Así, en estas décadas el Bajo Delta del río Paraná se caracterizó por la existencia de asentamientos precarios y aislados, la ausencia de un régimen de tenencia de la tierra y la escasa intervención estatal en la ocupación y explotación de los recursos, lo que le otorgaba un carácter marginal a este territorio (Galafassi, 2005). Además, los escasos habitantes de las islas se establecían en arroyos apartados de los canales de navegación, lo que favorecía que “[fueran tenidas] como inhabitables” desde las áreas urbanas circundantes (Sastre, 1858: p. 36).

La etapa de la conformación moderna del Delta del Paraná comenzó en la segunda mitad del siglo XIX y se consolidó en las siguientes décadas, en el marco de un proyecto de construcción nacional llevado a cabo por la elite ilustrada (Galafassi, 2005). Así, la modernización y transformación del país tuvo su correlato en el Delta del Paraná. Como lo evidenció Tamashiro (2021), el (nuevo) imaginario territorial de la región se construyó por medio de notas periodísticas, crónicas y obras literarias, especialmente a través de las figuras de Sarmiento y Sastre. Como naturalista, Sastre (1858) describió idílicamente tanto a las “solitarias y sin dueños” islas del Delta como “al hombre de las islas”, con una prosa que evidenciaba sin ambigüedades las representaciones dominantes de la naturaleza en la época (Diegues, 2000): la naturaleza como “madre liberal” y “proveedora” (Sastre, 1858: pp. 19–20), y la valoración del clima “templado y sano” por sobre el clima “caluroso y mortífero” de las regiones tropicales (pp. 24–25). Además, destacó el potencial productivo e industrial de una región que se desperdiciaba “por estar entregada al hacha destructora del leñador indolente” (p. 29). Sarmiento, por su parte, describió la belleza del sector de islas más cercano a Buenos Aires (“se llamaría Utopía, si no tuviese ya el nombre guaraní de Carapachay”) pero temía que una ocupación descontrolada lo destruyera: desde su punto de vista, la civilización y el progreso serían posibles bajo el amparo de la ley y una administración (estatal) inteligente – la tierra virgen reclamaba un proyecto de colonización (Alonso, 2019). Así, dominar y aprovechar la naturaleza (a través de la agricultura) en un marco de colonización estatal constituía la forma propuesta de habitar (civilizadamente) una región históricamente concebida como inhóspita e inhabitable.

Desde entonces, la intervención estatal creció progresivamente a lo largo del tiempo. En 1856 un decreto del gobernador provincial reconoció la existencia de litigios suscitados en torno a la posesión de “las islas” del Delta bonaerense del río Paraná, al año siguiente un segundo decreto definió que los jueces de paz de los municipios estaban autorizados para conceder la posesión de la tierra en dichas islas, y en 1888 se sancionó la Ley N° 2.052 en la provincia de Buenos Aires (Pastorino, 2019). Esta fue la primera norma orientada a regular las ventas de los terrenos fiscales y generar un esquema consolidado de tenencia de la tierra en el Delta bonaerense, e incluía preferencia de venta para aquellos que establecieran plantaciones (cien árboles frutales y quinientos para leña y madera, según el art. 9). Entre 1888 y 1934, casi dos tercios del total de las tierras fiscales del Delta bonaerense fueron adjudicadas bajo este marco legal (Benencia et al., 1994).

En 1914, como lo mostramos en Castro et al. (2019) al analizar los giros normativos del Delta bonaerense del Paraná, se normalizó una técnica que traía aparejada la posibilidad de habitar y producir en las islas mediante la sanción de la “Ley de Autorización para Endicamientos, Drenaje y Riego en el Delta del Paraná” (Ley Provincial N° 3.534), facilitando el “desarrollo” desde una perspectiva moderna. Esta ley otorgó al Poder Ejecutivo provincial la facultad de regular las obras de endicamiento, riego y drenaje con la finalidad explícita de “proteger las tierras [de las secciones II y IV de islas – esto es, el área de estudio de esta tesis] de quedar bajo el agua”, haciéndolas por lo tanto habitables^[4]. Su espíritu, además, reflejaba una política de colonización en la que el Estado garantizaba ciertas condiciones de habitabilidad para una determinada población de colonos, definiendo la actividad económica proyectada (fruticultura) a partir de un sistema de técnicas. Además, en los arts. 43 y 45 se establecían obligaciones de instalación de infraestructura (escuelas, comisarías, Iglesia, etc.) y de poblamiento, ya que “el concesionario [un privado, Adolfo Soler] obliga a colonizar las tierras adquiridas en compra, introduciendo, por lo menos quinientas familias agricultoras con un total de dos mil personas como mínimo” (art. 43). Así, detrás de una ley que autorizaba una técnica, lo que subyacía era la idea de “espacio vacío”, de “territorio desarrollable” (Escobar, 2008), de “desierto a ser colonizado por el blanco europeo” (Rojas y Wagner, 2016) como en tantas otras zonas del país (Saldi et al., 2014). Una lógica similar se reproducía en la Ley Provincial N° 4.207 sancionada en 1934, la cual regulaba la venta de tierras fiscales bajo la condición para el comprador de “construir una población habitable (…) efectuar plantaciones de árboles frutales o forestales (…) y construir obras de defensa” (art. 16), aspecto posteriormente reforzado en 1938 a través de la Ley Provincial N° 4.863.

Es evidente entonces por qué Galafassi (2004a) planteó que la organización económica en esta época estaba basada en unidades domésticas familiares: la venta de terrenos fiscales estaba supeditada al establecimiento de colonias que realizaran actividades que permitieran no sólo la reproducción de la unidad económica sino también la reproducción social de los primeros colonos. Así, entre 1860 y 1940 la regularización de la tenencia de la tierra, la promoción de los asentamientos permanentes y la promoción de la actividad frutícola fueron los ejes de una intervención estatal colonizadora que favoreció la constitución de unidades productivas de tipo familiar (Galafassi, 2005). Estas intervenciones estatales consolidaban la construcción de las islas como un paraíso productivo y a la naturaleza como una proveedora indómita que debía ser dominada a través de la mano del hombre (Tamashiro, 2021).

En este contexto, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX se produjo la llegada de familias europeas que habitaron y transformaron el paisaje del Delta del Paraná, atraídos por la posibilidad de instalarse como trabajadores en la fabricación de ladrillos o de acceder a la tierra y establecerse como agricultores (Gil, 1895). Familias vascas, portuguesas, italianas y de otras nacionalidades que escapaban de la guerra y de la epidemia de fiebre amarilla poblaron el Delta en esta etapa, generalmente agrupándose por países de origen en cursos de agua determinados (Díaz Galán, 2006; Galafassi, 2005). Este proceso de colonización marcó la llegada de los “pioneros”, cuyos descendientes hoy remarcan su identidad “isleña” y sus sentimientos de arraigo en “la isla”. El esquema de apropiación de la tierra en este período, reseñado en las páginas previas, definía su adjudicación a partir de su ocupación y el trabajo puesto en ellas, lo que favoreció un explosivo crecimiento poblacional que alcanzaría sus mayores volúmenes en el Delta bonaerense hacia 1930/1940. Además de la producción frutihortícola, la producción de mimbre (introducida por Sarmiento) también creció marcadamente en este período, dado que se utilizaba como materia prima para los canastos en los cuales se transportaba la fruta (Benencia et al., 1994; Gil, 1895). En el área actualmente denominada Zona Núcleo Forestal, hay también registros de explotación de sauce llorón para leña, de plantaciones de álamo (criollo y Carolina) para leña y carpintería, y de presencia de más de cinco mil cabezas de ganado vacuno (Galafassi, 2004a; Gil, 1895).

En la memoria colectiva local, la gesta de los antepasados es sintetizada en la expresión “nosotros creamos el Delta” (Pizarro, 2019). En sus relatos, sintetizados por la autora (y directora de esta tesis) en la introducción del libro citado, los isleños caracterizan a la gesta de los “pioneros” como una historia de “sacrificio”: por la travesía de meses (en barco primero y canoa después) hasta llegar a “la isla”, por la convivencia con los tigres, y también por la conquista de la naturaleza haciendo zanjas a pala y limpiando el terreno a “fuerza de machete” y “con el agua hasta la cintura”. De un modo similar a lo señalado por Ferrero (2009) respecto de los colonos misioneros, la epopeya fundacional de los “pioneros” en “la isla” describe las duras vivencias al enfrentarse a lo desconocido: así, el espacio adquiere características de territorio virgen, salvaje e inhóspito que debe ser poblado (esto es, dominado y civilizado) por individuos con voluntad de sacrificio; el pionero, por su parte, adquiere atribuciones y valores ético-morales dignas de los héroes (Azcona, 1997), en tanto valiente, solidario, trabajador, honesto y de pocas palabras.

Aunque los primeros inmigrantes europeos que se radicaron en el Bajo Delta bonaerense se instalaron en los albardones (es decir, en las porciones más altas de las islas) y sembraron mayormente allí, tuvieron que diseñar un esquema de manejo de agua –llamado a zanja abierta– para poder plantar en las porciones internas deprimidas de las islas. Cada una de estas zanjas se hacían a pala, y algunos isleños mayores recuerdan que la diversión de sus abuelos era competir a ver “quién hacía más metros de zanja con la pala” (entrevista a productor familiar capitalizado, diciembre de 2013). Como lo mostraron Martini (1954) y Moreira (2018) de forma detallada, los sistemas abiertos garantizaban una alta velocidad de ingreso y de egreso del agua aprovechando los pulsos de inundación, de modo que el agua regaba los cultivos y luego se retiraba ante la bajante del río. Este sistema, que se veía favorecido por el pequeño tamaño de cada quinta (dado que no excedían las pocas decenas de hectáreas), implicaba el trazado, mantenimiento y limpieza de una red de zanjas y canales y se adecuaba a las posibilidades técnicas de todo tipo de explotación en términos de actividades productivas (Alonzo, 1959)^[5].

Para los “isleños”, este pasado refiere a “la época dorada del Delta”. A diferencia de la actualidad, en esa época “era todo gente”: existía una intensa actividad social (porque “cada trescientos metros había una casa”), una importante infraestructura pública y comunitaria (escuelas, capillas, sociedades de fomento, salas de atención primaria, etc.), transporte fluvial frecuente y acciones estatales de dragado y canalización (Moreira, 2018; Ortiz, 2021; Straccia y Camarero, 2021). También en esta época se constituyeron diversas instituciones que estructuran el tejido social isleño, como la Cooperativa de Consumo, Forestal y Servicios Públicos del Delta Ltda. (1932, conocida como Cooperativa Forestal de Tigre), el periódico Delta (1933), la Asociación Mutualista Isleños Unidos (1934) o el Consejo de Productores del Delta (1936), entre otros (M. Fernández, 2014; Olemberg, 2010; Ortiz y Monkes, 2019). La propia celebración anual del Día del Isleño, realizada cada 31 de octubre desde 1936 y que opera como sitio de memoria (Ortiz, 2021), encuentra sus raíces en esta época.

Los relatos sobre el paisaje insular “de antes”, como lo planteó Ortiz (2021), evidencian que hoy en día opera como una referencia esencializada de lo que la vida en “la isla” podría ser. Sin embargo, esos relatos también dan cuenta de las complicaciones que suponía vivir allí cotidianamente. Estas dificultades la hacían “demasiado sacrificada”, “inhabitable”, y su tolerancia se justificaba sólo por el hecho de que la mayor parte de los inmigrantes escapaba de la guerra en Europa o de la epidemia de fiebre amarilla de fines de siglo XIX (productor familiar capitalizado, diciembre de 2013; noviembre de 2017; febrero de 2018). Según uno de nuestros entrevistados, “a veces hay gente que dice ‘eh, pero antes se vivía mejor’ (…) siempre [se] está disconforme de lo que uno vive, pero hay que pensar lo que vivió otra gente (…) la gente de antes hizo mucho sacrificio” (productor familiar empresarial, febrero de 2013). Es decir, nuestros registros de campo evidencian que la añoranza de los isleños respecto de “la época dorada del Delta” no supone una mirada romántica respecto de la vida “de antes” en “la isla” en su totalidad: su añoranza refiere a dimensiones específicas (como la actividad social, la infraestructura pública y comunitaria, etc.), pero sostienen que en su conjunto la vida “de antes” no sería considerada deseable bajo los estándares de calidad de vida actuales. Esto no es menor, puesto que algunos actores extralocales sí construyen ese tipo de representaciones romantizadas que son abiertamente rechazadas por los isleños (tal y como lo analizaré en el próximo capítulo).

Además de las dificultades en la vida cotidiana, las grandes inundaciones del siglo XX (ocurridas en 1905, 1940, 1959, 1966 y 1982–83) están presentes en la memoria local, al igual que las heladas, los incendios y otras inclemencias climáticas. Y es que, como sintetizó un pequeño productor familiar en una reunión de una asociación vecinal al recordar un incendio que ocurrió en su quinta en 1978 y que había afectado toda la producción familiar, “la isla es empezar todos los días” (talleres grupales de historia oral, marzo de 2015)^[6]. Esto supone una transformación en las representaciones sobre la naturaleza, re-producida a partir de la interacción de los “isleños” con su espacio a lo largo de esas décadas: aunque aún contenía reminiscencias románticas, era también construida como una fuerza inevitable que debía ser dominada a través de obras de infraestructura específicas, como canales, zanjas o endicamientos. Como lo mostró Tamashiro (2021), en la primera mitad del siglo XX los periódicos locales daban cuenta de la naturaleza como un elemento amenazante que atentaba contra el desarrollo productivo en términos modernos (las mareas como pulsos naturales inevitables), y los dragados, las canalizaciones o los endicamientos eran presentados como las soluciones recomendadas (las técnicas de manejo de agua como forma de dominio de lo inevitable). De hecho, a esta época corresponde la construcción del primer endicamiento realizado en la zona, en las quintas que pertenecían a Benito Noel. Luego de la marea de 1940, se comenzaron a endicar 1200 hectáreas “enteramente a pala y carreta”: su construcción demoró un lustro y recién se completó en 1946, pero la marea de 1959 lo rompió y todas las plantaciones que estaban en la porción endicada se perdieron (entrevista a encargado de campo de empresa forestoindustrial, diciembre de 2013; pequeño productor familiar, febrero de 2015).

Hacia mediados del siglo XX, la fruticultura en el Delta del Paraná entró en crisis por un conjunto de razones. Por un lado, la creciente demanda de fruta (por el desarrollo de la industria alimenticia y el crecimiento poblacional de las ciudades) no era satisfecha por los montes de las explotaciones familiares isleñas, imposibilitadas de realizar un salto de escala. Simultáneamente, los procesos de promoción frutícola en el Alto Valle de Río Negro, Cuyo y San Pedro (así como la mejora en la conectividad regional mediante ferrocarriles y rutas) supusieron la emergencia de nuevos polos productores frutales a costos marcadamente menores y por lo tanto mucho más competitivos. A su vez, se había producido una reversión en el flujo migratorio, ya que las políticas de fomento industrial de mediados del siglo XX en las áreas metropolitanas aledañas favorecieron la emigración de muchos isleños (quienes encontraban en el continente condiciones de vida y de trabajo relativamente menos sacrificadas) y esto elevó los costos de mano de obra para la fruticultura isleña y dificultó la reproducción de las explotaciones familiares (Galafassi, 2005; Gentile y Natenzon, 1998; Moreira, 2018). Así, la fruticultura en “la isla” entró en crisis y entre 1942 y 1952 la cantidad de hectáreas cultivadas se redujo a la mitad (Tamashiro, 2021).

En este contexto estructuralmente adverso, un conjunto de eventos ambientales de fuerte impacto contribuyó a que la fruticultura dejara de ser la actividad productiva dominante en esta región del Delta. En 1959, la combinación de lluvias, una sudestada (con fuertes vientos que impulsaron las aguas del Río de la Plata hacia las islas) y el agua de los repuntes generó una inundación extraordinaria que provocó la pérdida de la mayoría de los animales de granja, los ganados y los cultivos en todo el Delta del Paraná (Pizarro et al., 2018; Razzetto, 2008).

En la Zona Núcleo Forestal, la “marea del ‘59”, tal y como es localmente referida, es recordada principalmente por la altura que alcanzó: para muchos fue “la marea más alta” que vivieron, así como la primera vez que tuvieron el agua dentro de sus casas (Ortiz, 2021). A lo largo de nuestro trabajo de campo, los isleños recordaron el impacto de esta marea sobre sus vidas, que “vino (…) y nos dejó en la vía”: como lo mostraron Pizarro et al. (2018), los pobladores locales recuerdan que “la marea lo llevó todo” y que se tuvieron que ir “porque no quedó absolutamente nada”, que “el ganado se ahogó”, que quienes se quedaron tuvieron que vivir “arriba de un embalsado” durante varias semanas, que “mucha gente vendió y se fueron a trabajar a las fábricas [del continente]”, y que “se empezó a despoblar (…) y dejó de funcionar todo”. Así, en los relatos sobre la “marea del ‘59” se intersectan las experiencias de vida de cada familia isleña, los impactos generales sobre la dinámica social en “la isla” y los impactos sobre las actividades económicas predominantes (Benencia et al., 1994).

Luego de la “marea del ‘59”, algunos isleños continuaron con la actividad frutícola y plantaron nuevamente. Sin embargo, en 1966 una crecida que duró de febrero a mayo “secó todo lo que estaba medio brotado” y en 1967 una helada de once grados bajo cero mató a las únicas plantas que habían logrado sobrevivir el año anterior (pequeño productor familiar, febrero de 2017). Luego de eso, quienes aún no lo habían hecho se reconvirtieron productivamente hacia la actividad forestal, que como mostraremos en el siguiente apartado ya era mayoritaria en la región para ese momento.

“La isla” en la segunda mitad del siglo XX: la forestación con Salicáceas

La forestación temprana

En el Delta del Paraná, el proyecto desarrollista modernizador de mediados de siglo XX involucró la promoción del monocultivo de Salicáceas. Si bien los registros oficiales dan cuenta de explotaciones forestales de álamo y sauce desde la llegada de los “pioneros”, la constitución de esta región del Delta bonaerense como un territorio forestal encuentra sus raíces en un conjunto de políticas estatales de mediados de siglo orientadas a la provisión de materia prima para el incipiente eje Buenos Aires–Rosario en el marco del proceso de industrialización por sustitución de importaciones (Gentile y Natenzon, 1998; Mikler, 1969). En 1948, la sanción de la Ley Nacional N° 13.273 para la Defensa, Mejoramiento y Ampliación de Bosques fijó las bases para la promoción económica de la forestación, a través de exenciones impositivas y un régimen de créditos blandos (Fernández y Nussbaumer, 2019; Martini, 1954). La crisis de la fruticultura, en combinación con las “ventajas extraordinarias” (Mikler, 1969) del Delta del Paraná para la actividad forestal –evidenciadas en el hecho de que los sauces y los álamos eran los únicos cultivos plantados que habían sobrevivido a la “marea del ‘59”– favorecieron su expansión en la región entre la década del ’40 y la década del ’70, concomitantemente con la declinación en la superficie destinada a la actividad frutícola. Según los datos del Censo Nacional Agropecuario de 1941 publicados por Martini (1954), la superficie forestada con álamos y sauces en el Delta del Paraná era menor a veinte mil hectáreas. Apenas treinta años después, el número se había quintuplicado: los documentos estatales relevados por Moreira (2018) estimaban que la superficie forestada con álamos y sauces hacia 1969 excedía ligeramente las cien mil hectáreas.

Durante estas décadas, en una etapa que Ortiz (2021) definió como ‘Forestación Temprana’^[7], nuestros entrevistados coincidieron en que “hacer madera” era una actividad de un “sacrificio tremendo” que involucraba un gran desgaste corporal: además de mantener “limpias” las zanjas, los troncos se volteaban con hacha, se levantaban “a hombro”, se cargaban en “las vías” (una traza de rieles) y se llevaban en “la zorra” hasta la costa, donde se cargaban en los barcos nuevamente “a hombro”. A diferencia de lo ocurrido respecto de la llegada de los “pioneros”, varios de nuestros entrevistados vivieron esa época y llevan en sus memorias y sus cuerpos las marcas de ese sacrificio. Uno de ellos recordó que “me acostaba a dormir a la noche cansado, pero cansado, que te duele hasta el último pelo, y no podés dormir de lo cansado” que quedaba (entrevista a productor familiar capitalizado, febrero de 2018). Otros lo definieron como “un trabajo de preso”, que “no es [digno] para la vida de un humano” (entrevista a productor familiar empresarial, febrero de 2013; entrevista a pequeño productor familiar, septiembre de 2018).

Estructuralmente, la transición de la actividad frutícola a la actividad forestal se encontraba con algunas limitaciones. Según Galafassi (2005), la estructura fundiaria preexistente era inadecuada dado que la unidad económica frutícola y la unidad económica forestal eran sustantivamente diferentes (~20 hectáreas para el primer caso, ~150 hectáreas para el segundo). Como las tierras fiscales disponibles para ser adjudicadas eran relativamente escasas, el aumento del tamaño promedio de las explotaciones sólo podía ocurrir a través de procesos de concentración de la tierra mediante: a) la compra/ocupación de quintas abandonadas a partir de la migración de sus dueños; y/o b) la compra de quintas a isleños que permanecían en “la isla” pero pasaban a ser incorporados como mano de obra asalariada para las diferentes tareas silvícolas. Además, de acuerdo con este mismo autor, la actividad forestal requería menos mano de obra (en términos comparativos respecto de la fruticultura) y por lo tanto la reconversión productiva no lograba revertir los procesos de expulsión. En esta fase de forestación temprana, el éxodo poblacional fue especialmente relevante en las secciones de islas de los partidos más cercanos al área metropolitana: San Fernando, Tigre y Escobar (Benencia et al., 1994).

Pese a que se había producido una veloz reconversión productiva y la mayor parte de las tierras frutales se habían convertido en forestales en apenas tres décadas, la mecanización aún era relativamente incipiente (Alonzo, 1959) y el sistema a zanja abierta seguía siendo dominante en la región (Bispe Lariguet y Salas, 1969). Por esta razón, el sauce (un cultivo forestal de mayor tolerancia al anegamiento) solía plantarse en las porciones interiores de las islas, mientras que el álamo (de mayor valor comercial pero menor tolerancia al anegamiento) se plantaba en los albardones. Hacia el año 1969 el 75% de la superficie forestada en el Delta bonaerense (esto es, cuarenta mil hectáreas) se concentraba en el sector de islas de los partidos de Campana y San Fernando: se trata de valores que difieren poco de los guarismos actuales, lo que permite dimensionar a qué escala se realizaban estas prácticas pese a las restricciones tecnológicas existentes.

En nuestro país, una de las principales expresiones del paradigma de desarrollo modernizador predominante a mediados del siglo XX en las áreas rurales fue la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en 1956. Esta institución, anclada en las lógicas de desarrollo imperantes en la época, tenía como objetivo combatir el estancamiento productivo mediante la difusión de paquetes tecnológicos bajo un esquema de transferencia unidireccional (Torres, 2008). En el Delta del Paraná, la Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná (EEA–DP) se constituyó sobre una estructura preexistente que fue transferida al INTA (la Estación Experimental Nacional Delta de Campana del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires), y desde su propia constitución tuvo como objetivo central el desarrollo del sector forestal de la región.

A inicios de la década del ’60, luego de la marea extraordinaria de 1959, INTA EEA–DP y NEDECO (una compañía neerlandesa de ingeniería) firmaron un convenio para implementar un proyecto piloto de endicamientos en el Delta del Paraná (Moreira, 2018). Esta propuesta definía explícitamente a “la protección contra las inundaciones” como “condición absoluta para el desarrollo” (INTA EEA–DP, 1963), y contenía un nuevo esquema de manejo del agua: el sistema de zanja abierta no había funcionado para controlar los embates de la “marea del ‘59”, de modo que se proponía un sistema de endicamientos que sólo permitiera el ingreso del agua a través de compuertas según las necesidades de la plantación. Así, reproducía la concepción de la naturaleza como una fuerza inevitable aunque dominable a través de obras de infraestructura (Tamashiro, 2021), así como las concepciones desarrollistas con una lógica sustentada en la ocupación efectiva de la tierra para su transformación y puesta en condiciones para la producción agraria de tipo capitalista (Galafassi, 2005; Gentile y Natenzon, 1998)^[8]. El proyecto generó opiniones controvertidas, como lo mostró Tamashiro (2021), y finalmente no se ejecutó por falta de financiamiento. Sin embargo, el INTA EEA–DP sí construyó un endicamiento piloto (de menor superficie) en sus campos en el año 1963. En 1967 se formuló un segundo proyecto piloto, similar al original, aunque nuevamente la falta de financiamiento impidió su ejecución (Moreira, 2018).

Ante estas limitaciones, la provincia de Buenos Aires decidió permitir la construcción de endicamientos colectivos en el Delta bonaerense a través del Decreto–Ley N° 7.969, analizado en detalle en Castro et al. (2019). Esta norma, que contemplaba el manejo a escala cuenca, regulaba las formas en que debían construirse y mantenerse los endicamientos (planteando la obligación de tener en cada predio un desagüe con compuerta a fin de no perjudicar la dinámica de la cuenca aguas abajo) y normaba las obras de riego y drenaje al interior de cada propiedad. La ejecución de cada obra estaría a cargo de una empresa constructora contratada por los municipios, la cual debía ser solicitada por el 70% de los propietarios o poseedores a título de dueños de las parcelas con frente a los cursos de agua; en caso de aprobación, la Municipalidad declararía a los trabajos como de utilidad pública e iniciaría las obras. Los gastos corrían por cuenta de los propietarios que la compartían, estableciéndose que el valor total de la construcción a cargo de los vecinos que hayan optado por realizar las obras en conjunto se prorratearía en proporción a la superficie de sus parcelas beneficiadas. Es decir, se trataba de una modalidad que requería un nivel alto de acuerdo entre vecinos a la hora de invertir en obras para el control del agua. Sin embargo, aunque el esquema normativo lo permitía explícitamente, hasta mediados de la década del ’80 la proporción de campos endicados continuó siendo relativamente reducida y se limitó a los campos de las empresas forestoindustriales (González, 2015).

De forma simultánea a las pruebas piloto de endicamientos desarrolladas junto a empresas holandesas, los isleños y los técnicos del INTA EEA–DP desarrollaron un nuevo sistema de manejo de agua: los “atajarrepuntes”. En contraposición con el sistema abierto de zanjeo y canalización y el sistema cerrado de endicamientos, este esquema semiabierto tenía como objetivo restringir (mas no impedir totalmente) el ingreso de las aguas a las porciones internas de las islas. No brindaban protección ante mareas extraordinarias, como sí lo hacían los endicamientos, pero tampoco se preveía la ocurrencia de una nueva marea como la de 1959 en las décadas siguientes. En cambio, este tipo de sistemas sí restringían el ingreso de agua en caso de sudestadas moderadas y frente a las fluctuaciones periódicas de los ríos y arroyos. Además, como involucraban cotas de menor altura en comparación con un dique, tenían costos significativamente menores y por lo tanto no eran prohibitivos para los habitantes locales (Moreira, 2018). Su difusión posibilitó nuevas condiciones de producción y la incorporación de maquinarias agrícolas de envergadura moderada (Ortiz, 2021).

Entre el conjunto de acciones estatales que consolidaron este giro hacia la actividad forestal también se destacó la instalación de una planta productora de papel para diarios de Papel Prensa S.A. en el municipio bonaerense de San Pedro (poco más de cien kilómetros al norte de los municipios de Campana y San Fernando, donde se nucleaba la mayor parte de la forestación del Delta bonaerense). En el marco del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, se sostenía que la expansión forestal (que ya había ocurrido) encontraba su límite en el escaso desarrollo de la forestoindustria: bajo esta lógica, el desequilibrio entre oferta y demanda suponía un problema y el establecimiento de Papel Prensa S.A. podría ser la solución (Moreira, 2018). La licitación se lanzó en 1969, y numerosos estudios presentados en el Primer Congreso Forestal realizado ese año destacaron las ventajas de las Salicáceas cultivadas en el Delta para la fabricación de pasta para papel y su rentabilidad en términos económicos (Martin, 1969; Mikler, 1969; Salas y Bispe Lariguet, 1969). Aunque la licitación se declaró desierta, la instalación de la planta se autorizó en 1972 y fue inaugurada en 1978 (Fernández y Nussbaumer, 2019). Papel Prensa S.A. tenía (y continúa teniendo) alrededor de diez mil hectáreas de campos propios forestados en el Delta del Paraná, pero estatutariamente no podía autoabastecerse y debía comprar al mercado al menos el 50% de la materia prima (reglamentación aún vigente en la actualidad). Dado que más del 90% de esa madera provenía del Delta bonaerense, se esperaba que su radicación aumentara la demanda y por lo tanto fomentara la expansión de la forestación en la región –con la consecuente generación de empleo– (Fernández et al., 2017). A su vez, en la década del ’70 también se reglamentaron beneficios de desgravación impositiva y créditos fiscales para la forestación, con el fin de promover esta actividad en todo el país (Fernández y Nussbaumer, 2019).

Sin embargo, los impactos de estas políticas en el Delta bonaerense fueron muy limitados: el cierre de las pocas forestoindustrias existentes en esas décadas redujeron aún más la demanda de madera^[9], y no sólo no hubo un incremento del tamaño de la cuenca forestal sino que incluso ésta se retrajo parcialmente (Barros, 2006). De hecho, en la actualidad la cuenca es altamente dependiente de la demanda de Papel Prensa S.A., quien consume más de la mitad de la producción forestal de la región (Fernández et al., 2018).

La forestación moderna

Apenas veinte años después de la “marea del ‘59”, una nueva inundación dejó otra huella indeleble en la vida isleña. Si la “marea del ‘59” es recordada por ser “la más alta”, la “marea del ‘83” es recordada por ser “la más larga”: originada en los repuntes de la porción superior de la cuenca del Paraná, esa marea “milenaria” empezó en noviembre del ‘82 y terminó en septiembre del ’83, creciendo lentamente y dejando todo el Delta “bajo el agua” durante meses (Ortiz, 2021). Para los isleños “fue la [marea] que más desastres hizo”, porque “secó todo”: “estuvo mucho tiempo la marea, entonces mucha gente se fue y dejó las quintas. No había forma de vivir” (entrevista a pequeño productor familiar, diciembre de 2013). Y no se trata sólo de una expresión metafórica: varios de los entrevistados recuerdan que tuvieron que irse “porque si no acá me ahogaba con mis hijos y mi señora” (Pizarro et al., 2018). Otras investigaciones dieron cuenta de procesos similares en otras zonas del Delta del Paraná: se trató de una marea que forzó a la mayor parte de la población insular a desplazarse a tierra firme (Boivin et al., 2000).

Las pérdidas de los cuadros forestales producto de la marea se estimaron en poco menos de cinco millones de toneladas de madera en pie, en un total de cuarenta mil hectáreas (Fernández Valiela, 1987). Sin embargo, la pérdida no fue total dado que aquellos que tenían alguna embarcación diseñaron un esquema que les permitía cortar la madera desde el barco: la hazaña de “cortar madera bajo el agua” es parte de la memoria social isleña, y abona a la narrativa de esfuerzo y sacrificio que sería idiosincrática de los “isleños” (Ortiz, 2021). Una vez vendida la poca madera que podía cortarse desde el barco, quienes no tenían embarcaciones –esto es, la enorme mayoría de los isleños– sobrevivieron gracias a la ayuda de la familia o debieron apelar a la multiocupación (Pizarro et al., 2018).

Las memorias de esta inundación también dan cuenta de la ligazón entre el “isleño” y la “isla”: uno de los isleños entrevistados contó que se niega a cortar el único árbol que sobrevivió a la marea, a cuyos pies se desarrolló la mayor parte de la entrevista, y cuando sacamos una foto grupal quiso hacerlo junto a él (registro de campo en entrevista con productor familiar capitalizado, diciembre de 2012). Como lo plantearon Pizarro et al. (2018), esto evidencia que la inundación no había afectado simplemente a la plantación o al campo, en tanto espacio intervenido con fines económicos/productivos: la “marea” había afectado sus casas y sus historias. Su lugar, su identidad misma.

Luego de la “marea del ‘83”, el éxodo de la población isleña en esta zona se profundizó. En base a los censos nacionales de población, Benencia et al. (1994) mostraron que los municipios donde se nucleaba la actividad forestal sufrieron una fuerte emigración en esta década: entre 1980 y 1991, aproximadamente el 33% de la población remanente de San Fernando y el 39% de la población de Campana abandonaron “la isla”^[10]. Al reflexionar sobre los impactos de la “marea del ‘83”, uno de los isleños entrevistados nos indicó los días exactos en que el agua había alcanzado cada punto y cómo habían adaptado su vida cotidiana hasta que él y su familia se vieron forzados a irse, y luego de una silenciosa pausa planteó que “¡se pasaron tantas acá! Por eso emigró mucha gente, ¿sabés la [cantidad de] gente que se ha ido que no volvió más?” (entrevista a productor familiar capitalizado, diciembre de 2013). En el mismo sentido, otro de nuestros interlocutores recordó que “había gente que no quería saber más nada en la isla” después de esta marea, y por eso se profundizó el despoblamiento (entrevista a productor familiar capitalizado, diciembre de 2012; diciembre de 2013). Si el polo de atracción urbano, la crisis de la fruticultura y la “marea del ‘59” ya habían dado pie a procesos de expulsión (especialmente en los municipios más cercanos a la ciudad de Buenos Aires), en la zona de estudio esto se profundizó con la “marea del ‘83”.

Según Benencia et al. (1994), quienes se fueron de forma permanente eran principalmente jóvenes cuya migración no constituía una estrategia de vida familiar, dado que no realizaban aportes económicos para la subsistencia del hogar. Sin embargo, la migración no era exclusiva de ese grupo social, puesto que son también frecuentes las historias de familias enteras que abandonaron “la isla” (Galafassi, 2005). Aunque en la década del ‘90 el proceso de expulsión perdió fuerza, no se detuvo del todo: en comparación con los datos del censo de 1991, los datos del censo de 2001 publicados en PROSAP (2011a) muestran una ligera caída de la población en el sector de islas de Campana (de aproximadamente 1467 a 1420 habitantes, una reducción de 3,2%) y una caída un poco mayor en el sector de islas de San Fernando (de aproximadamente 3640 a 3067 habitantes, un 15,74%)^[11].

La existencia de numerosas quintas abandonadas, junto con los desiguales recursos que poseían las diferentes familias isleñas y la disponibilidad de tierras fiscales, supuso una reconfiguración de la estructura social agraria y una diferenciación y movilización socioeconómica (González, 2015). Durante una entrevista con los miembros de una empresa familiar de la región, éstos recordaban que hasta “principios de los ’80 era una actividad familiar, no una empresa”. Sin embargo, el hecho de haber adquirido un barco para trasladar madera justo antes de la “marea del ‘83” les permitió “sacar madera de todas partes” y “ganar” prestando el servicio de extracción de madera “a los chicos” (entrevista a productor familiar empresarial, diciembre de 2013). Esto también les permitió adquirir nuevos campos (“fiscales” y de “vecinos que se fueron”), dando pie a un proceso de expansión que se había iniciado con la “marea del ‘59” pero que se profundizó principalmente con la “marea del ‘83” (Pizarro et al., 2018)^[12].

Según algunos de nuestros entrevistados, las compras de tierras en las islas tienen muchas dificultades legales, dado que en general

muchas quintas abandonadas (…) tienen problemas legales de papelerío, que no se sabe bien de quién es la propiedad. Algunos se han vendido en varias etapas a través de boletos, así que habría que rescatar al propietario original, que por ahí el propietario original, la última escritura es de hace 40, 50, 60 años (…) [por lo que comprar] es medio complicado (entrevista a pequeño productor familiar, diciembre de 2013).

En el mismo sentido, otros plantearon que “[entre los vecinos] estaba la palabra y no se iba a hacer una escritura”, por lo que muchas tierras figuraban como fiscales en los catastros aunque en realidad no lo eran, o bien figuraban con dueños que en realidad no eran tales (pequeño productor familiar, diciembre de 2013). Por lo tanto, el proceso de expansión y diferenciación socioeconómica involucró cierta conflictividad^[13]. A lo largo de nuestro trabajo de campo, varios isleños cuestionaron las acciones de quienes lograron mejorar su posición social en este período, tanto por el avance sobre tierras fiscales (pero de facto con dueños) como por los préstamos realizados a medianos y pequeños productores, quienes al no poder saldar sus deudas terminaron cediendo sus campos en forma de pago (Ortiz, 2021). Otros, en cambio, negaron estos planteos y sostuvieron que no había otros compradores posibles, de modo que eran la única opción para quienes no podían o no querían quedarse (registro de campo, junio de 2019). De una u otra forma, la estructura social agraria recién tomó su forma actual en esta etapa.

Respecto de las técnicas de manejo del agua utilizadas, las limitaciones de los esquemas utilizados se hicieron aún más evidentes con la “marea del ‘83”. Al igual que había ocurrido con los sistemas a zanja abierta dos décadas atrás, los sistemas semicerrados no habían logrado morigerar los impactos de esta nueva marea, y para quienes habían vivido sucesivamente la “marea del ‘40”, la “marea del ‘59” y la “marea del ‘83” (con impactos crecientes en cada ocasión) era necesario tomar medidas que mitigaran el riesgo. Para Fernández Valiela (1987), quien fuera el primer director del INTA EEA–DP, las inundaciones periódicas eran el principal factor limitante del progreso en el Delta del Paraná, y la situación sólo podía ser modificada a través de la construcción de endicamientos debidamente sistematizados. Desde su punto de vista, esta transformación estructural debía realizarse con el apoyo financiero estatal, puesto que los productores forestales carecían de margen para ello. Aunque proponía esta transformación para todo el Delta bonaerense, es relevante destacar que en sus propuestas resaltaba especialmente a un sector de ochenta mil hectáreas delimitado por la Ruta Nacional 12, Paraná Guazú, Paraná Miní, Canal La Serna y Paraná de las Palmas, dadas sus características ecológicas (“menos influenciada por las crecientes”) y socioeconómicas (“población forestal más evolucionada y más capitalizadas (…) y en condiciones de captar rápidamente la metodología de las modernas técnicas de producción”). Dos décadas más tarde, la actualmente denominada Zona Núcleo Forestal se asentaría sobre esta misma delimitación, tal y como se evidencia en la figura 5.

Figura 5. Arriba, delimitación de la propuesta de endicamiento a partir de Fernández Valiela (1987). Abajo, delimitación de la Zona Núcleo Forestal.
Fuente: elaboración propia

En la comunicación realizada por Fernández Valiela (1987) en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, al igual que en otros documentos que analizó Galafassi (2001) y que retomaré en el próximo apartado de este capítulo, se evidencia que la “marea del ‘83” trajo aparejada una profundización de las lógicas desarrollistas modernizadoras, tal y como lo plantearon Gentile y Natenzon (1998). Dichas lógicas son especialmente evidentes en dos ítems: a) la referencia al ‘subdesarrollo’ en el título de la comunicación^[14], una categoría que adquiere su sentido dentro de la ideología de la modernización, en los términos de Viola (2000); y b) las referencias a la racionalización y a la diferenciación social en clave evolucionista, explícitas en expresiones como “[la necesidad de implantar] una agricultura racional”, con “modernas técnicas de producción”, susceptibles de ser rápidamente adoptadas por una “población forestal más evolucionada y más capitalizada” (en comparación con otras poblaciones forestales del Delta bonaerense, más cercanas al frente de avance). Lo propio debe señalarse respecto de la función de la institución de desarrollo rural, reafirmada en su rol de agencia de transferencia de paquetes tecnológicos modernos (Torres, 2008). E incluso en relación con las concepciones de naturaleza, puesto que el giro forestal de la región no colisionaba con las concepciones dominantes: la perspectiva utilitarista e ilustrada de la naturaleza y la necesidad de su dominio a través de obras de infraestructura no se vio modificada sino profundizada (Tamashiro, 2021).

Como señalé en el subapartado previo, la posibilidad de realizar sistemas cerrados mediante endicamientos ya había sido evaluada en la década del ’60 y existían las herramientas legales necesarias para hacer endicamientos colectivos, pero los isleños no habían podido hacer frente a esos costos ni tenían posiciones unánimes sobre su pertinencia. Sin embargo, los impactos de la “marea del ‘83” reinsertaron la cuestión en la agenda local. Y a su vez, el incremento de las capacidades económicas de ciertos productores hacía más factible su ejecución. Como lo mostró Moreira (2018), en medio de la marea el INTA EEA–DP designó un Consejo Local Asesor de emergencia a fin de reevaluar todos los proyectos existentes de endicamientos, focalizándose en dos de ellos: uno de ocho mil hectáreas que retomaba la propuesta de 1967, y otro de ochenta mil hectáreas en el área delimitada en la figura previa (Fernández Valiela, 1987).

Aunque dichos proyectos no prosperaron, la creación de la Cooperativa de Provisión y Servicios Públicos para Productores Forestales (CPSP, conocida localmente como “la cooperativa”) en 1987 sería el punto de partida para la construcción de diques colectivos. Inicialmente, “la cooperativa” tenía como fin gestionar el servicio de distribución y comercialización de la energía eléctrica en el Delta de Campana y superar una de las principales limitaciones en términos de infraestructura: la inexistencia de una red eléctrica en las islas^[15]. Para ello, se propuso la figura de endicamientos de usos múltiples, puesto que cada dique: a) operaría como barrera física para el ingreso de las crecientes, construyéndolos de una altura tal que constituyeran un sistema cerrado; b) operaría como camino, construyendo su parte superior con un ancho tal que permitiera el flujo de vehículos terrestres; y c) permitiría el trazado y mantenimiento del tendido eléctrico en forma paralela al camino, asegurando de este modo la existencia de una traza “limpia” (en términos locales) que redujera los posibles daños sobre dicho tendido (Moreira, 2018).

Cabe señalar, además, que la interrelación entre la red de tendido eléctrico y los endicamientos permitió llevar adelante un sistema de manejo del agua de mayor complejidad: en vez de constituirse como un sistema cerrado y manejar el agua con compuertas, el uso de bombas eléctricas (y posteriormente bombas de doble vía) hace posible manejar el ingreso y egreso de agua con independencia de los niveles en los cursos de agua adyacentes. A su vez, estos nuevos esquemas permiten la incorporación de nuevas maquinarias agrícolas para las tareas productivas –como motosierras para raleo, poda y corte de madera, barcos con pluma para el transporte de la madera, camiones para el transporte de ganado, tractores e incluso harvester para el corte de los troncos (Ortiz, 2021)–, favoreciendo la industrialización de la forestación (Olemberg, 2010).

Aunque Fernández Valiela (1987) caracterizaba a la población isleña como individualista y con desinterés por acciones colectivas en beneficio común –afirmaciones también presentes en Pons (2008)–, fueron los socios de “la cooperativa” quienes financiaron colectivamente la construcción de los primeros diques colectivos de usos múltiples^[16]. Más aún, en una suerte de reedición de la gesta de los “pioneros”, fueron los propios isleños quienes pusieron sus cuerpos y sus vidas para construirlos. De hecho, los isleños recuerdan que “un vecino perdió un hijo haciendo el camino (…) así mismo, con todo lo que le pasó, el hombre siguió trabajando (…) para toda la comunidad”, y destacan el trabajo de él y toda su familia porque “perdieron un hijo y un nieto (…) pero sin embargo siguen” (pequeño productor familiar, diciembre de 2012; productor familiar capitalizado, diciembre de 2012). Otros rememoran esa gesta y recuerdan que “pusimos el hombro acá e hicimos siete kilómetros de línea nosotros”, “con los tractores nuestros, con máquinas, todos los vecinos, hasta las mujeres clavando palos” (productor familiar capitalizado, febrero de 2015; productor familiar empresarial, febrero de 2013). En los años posteriores, la construcción de nuevos “caminos” (tal y como son localmente referidos los endicamientos de usos múltiples) y el aumento de la superficie endicada (figura 6) permitieron la expansión de la red de tendido eléctrico. A su vez, el desarrollo de esta red vial justificó el establecimiento de un sistema de balsas y un transbordador fluvial que, bajo la gestión de “la cooperativa”, propicia el cruce vehicular del río Paraná y facilita la circulación al interior de las islas (Moreira, 2019)^[17].

Figura 6. Superficie endicada en la Zona Núcleo Forestal.

Fuente: elaboración propia, a partir de capas cedidas por el área SIG del INTA EEA–DP

Así, los “isleños” señalan que este conjunto de acciones y logros acometidos en las décadas finales del siglo XX implicaron una mejora sustantiva en la calidad de vida de ellos y sus familias, y muchos se preguntan si sus hijos “estarían acá ahora” si no fuera por eso (productor familiar capitalizado, febrero de 2016). Es decir, resulta indudable que los diques, la disponibilidad de energía eléctrica y los caminos son parte constitutiva del conjunto de prácticas productivas tendientes al manejo del agua en las plantaciones forestales, ganaderas y silvopastoriles. Sin embargo, son mucho más que eso: como lo plantea Ortiz (2021), los endicamientos son primordialmente una práctica de vida y condensan una larga historia de pérdidas, esfuerzo, sacrificio y amor por “la isla”. En términos de paradigmas de desarrollo, estos procesos continuaron inscribiéndose dentro de las políticas estatales de corte modernizador, puesto que incluso los endicamientos colectivos previamente mencionados eran promovidos por instituciones estatales y se realizaron en el marco de la ley sancionada en 1972. Lo propio sucede con el transbordador que cruza el río Paraná y que permite el acceso a las islas con vehículos terrestres: su adquisición la realizó el Estado Nacional, quien lo donó posteriormente al Municipio de San Fernando y finalmente fue cedido en comodato a “la cooperativa” para que se lo gestione (RBDelta, 2011). Así, el establecimiento de la red de infraestructura (esto es, el tendido eléctrico, los endicamientos y las balsas) es una síntesis de prácticas estatales, prácticas productivas y prácticas de vida de los “isleños”.

Estos procesos estructurales de desarrollo de infraestructura generaron una diferenciación de la región respecto de sus áreas adyacentes en este período. Es decir, “la zona del Carabelas” ya no era sólo sustantivamente diferente del Delta Medio, como lo había sido históricamente, sino incluso de sus áreas vecinas. En sus trabajos etnográficos, Díaz Galán (2006) y Camarero (2011) dieron cuenta de cómo los isleños de otras zonas del Delta bonaerense plantean que en esta región se vive “como en la ciudad” debido a la infraestructura existente, y a lo largo de nuestro trabajo de campo los propios isleños de la zona reconocieron que a “los vascos del Carabelas nos tienen como los ricos” (registro de campo, diciembre de 2013). Por esta razón, la singularización de la región expresa también una diferencia de clase: si “los vascos del Carabelas” son quienes viven “como en la ciudad”, quienes habitan en las áreas adyacentes son principalmente pequeños productores familiares (forestales y mimbreros) y asalariados que no en pocas ocasiones encuentran dificultades para satisfacer sus condiciones materiales de existencia (registro de campo, febrero de 2017 y 2018, octubre de 2022)^[18].

A su vez, este proceso histórico de desarrollo también supuso la producción de desigualdades al interior de la Zona Núcleo Forestal: por un lado, entre quienes pudieron quedarse y quienes tuvieron que irse; y por el otro, entre quienes sí pudieron quedarse pero que hoy coexisten constituyendo diferentes tipos en términos socioeconómicos. Así, los isleños que se han visto relegados (respecto de quienes han logrado incrementar sus niveles de capitalización) sostienen que las acciones estatales orientadas al desarrollo de la región son apropiadas por los grandes productores y por esa razón la isla “se va apagando de a poco” (entrevista a pequeño productor familiar, diciembre de 2012; diciembre de 2013). 

En este período, las políticas públicas sectoriales también contribuyeron a la consolidación del giro hacia la forestación moderna con un perfil empresarial (Moreira, 2018). En 1992, se implementó el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales, un esquema nacional de transferencia directa de subsidios a los forestadores a través de aportes no reembolsables o ANR (Fernández y Nussbaumer, 2019). Según dichos autores, se trataba de un régimen con criterios de distribución regresivos, dado que destinaba la mayor parte del presupuesto a las medianas y grandes empresas del país. Además, en 1998 se sancionó la Ley Nacional de Inversiones para Bosques Cultivados (LN N° 25.080, localmente referida como “ley de promoción forestal”), la cual estableció subsidios (también a través de ANR) a las nuevas explotaciones forestales y las expansiones de las ya existentes con la meta de duplicar la superficie forestada en todo el país (Fernández y Nussbaumer, 2019).

Fernández et al. (2017) analizaron la incidencia de estas políticas en el Delta del Paraná, y sostuvieron que los pequeños forestadores^[19] representaban el 60% de los titulares que recibieron los ANR pero ocupaban el 8,7% de la superficie total, mientras que los grandes forestadores apenas eran el 10% de los titulares y acumulaban el 66,5% de la superficie subsidiada. Es decir, los beneficios de este instrumento de promoción forestal fueron apropiados principalmente (mas no únicamente) por un grupo reducido de grandes forestadores, algo que evidentemente constituye una problemática recurrente de este tipo de instrumentos dado que tanto Benencia et al. (1994) como Pérez Agote y Gurrutxaga (1997) habían identificado una situación similar respecto de los regímenes de promoción anteriores.

Por su parte, los procesos que favorecieron la consolidación del esquema forestal moderno también hicieron posible la reemergencia de la ganadería en esta zona del Delta bonaerense. Según Galafassi (2005), la actividad ganadera en la Zona Núcleo Forestal en el transcurso del siglo XX –a diferencia de otras partes de la región, como en el Delta entrerriano– estaba limitada mayormente al autoconsumo^[20]. Además, las pocas familias que tenían cabezas de ganado para comercializar las perdieron en la “marea del ‘59”, tal y como lo recordó un “isleño” cuyo suegro tenía “arriba de mil cabezas” (pequeño productor familiar, mayo de 2014), de modo que hacia fines del siglo XX la mayor parte de la región era exclusivamente forestal.

En las últimas décadas, la cantidad de ganado en la Zona Núcleo Forestal creció marcadamente. De acuerdo con nuestros entrevistados, y de forma similar a lo planteado por Galafassi (2005), la ganadería se consolidó en la región como una actividad subsidiaria de la forestación moderna (esto es, endicada y tecnificada). Es decir, antes que como una actividad productiva en sí misma se reintrodujo principalmente para: a) hacer “el trabajo de las máquinas”, porque “hacen mucha limpieza” y evitan que la forestación “se llene de mugre” (pequeño productor familiar, diciembre de 2012; productor familiar capitalizado, agosto de 2014); y b) controlar los fuegos, porque esa “limpieza” implica una reducción en la disponibilidad de materia seca y porque las sendas que trazan funcionan como cortafuego, de modo que son “un seguro contra incendios” (pequeño productor familiar, diciembre de 2012; productor familiar capitalizado, diciembre de 2013). Para los productores con menores grados de capitalización, además, representa un ingreso adicional que complementa el ingreso por el corte de madera (González, 2015). Cabe señalar, entonces, que la reemergencia de la ganadería en esta región fue un proceso sustantivamente diferente de la expansión ganadera en el Delta entrerriano, ya analizada por otros autores (Massa et al., 2021; Quintana et al., 2014; Spiaggi, 2018; Taller Ecologista, 2010) y que retomaré más adelante.

En la actualidad, con un mercado forestal deprimido desde hace varios años y una alta superficie endicada que facilita tanto el ingreso y egreso del ganado vacuno como su permanencia incluso en momentos de crecientes, la ganadería en la Zona Núcleo Forestal ya está consolidada y puede presentarse esquemáticamente bajo tres formas diferentes. En primer lugar, como actividad subsidiaria de la forestación, siguiendo los lineamientos del párrafo precedente: este es el esquema más difundido en la región, con independencia del tipo de productor. En segundo lugar, como actividad integrada dentro de la forestación, conformando un esquema silvopastoril propiamente dicho donde rodeo y forestación son parte de un único esquema productivo (Rossi et al., 2014): está limitado a productores más capitalizados y es aún incipiente (entrevista a técnico de INTA EEA–DP, septiembre de 2014). Y en tercer lugar, como ganadería extensiva a cielo abierto. En este caso se trata principalmente de productores familiares capitalizados, que se ubican mayoritariamente entre el río Carabelas y el Paraná Guazú. Actualmente se estima que en esta región hay alrededor de veinte mil cabezas de ganado, pero la carga ganadera es de las más bajas de todo el Delta del Paraná (Quintana et al., 2014) y la forestación continúa siendo la actividad predominante^[21].

El proceso histórico en tensión: repensando la ‘pampeanización del Delta’

En el marco de su tesis doctoral en Antropología, presentada en el 2001 y publicada como libro cuatro años después, Guido Galafassi propuso una nueva categoría para analizar el proceso de transformación productiva, social y ambiental del Bajo Delta del Paraná: la ‘pampeanización del Delta’ (Galafassi, 2005). En los años posteriores, dicha categoría operó como punto de partida para quienes cuestionan los procesos históricos de desarrollo y las prácticas productivas actuales en el Delta del río Paraná (incluyendo, pero no de forma exclusiva, a aquellos localmente definidos como “ambientalistas”), de modo que su historización es un paso necesario en el marco de la presente tesis. En los términos de Girola (2011), ‘historizar’ (o reconstruir la historicidad de) los conceptos en el campo disciplinar de la sociología supone inscribirlos en sus singulares contextos de producción^[22], e implica tanto una dimensión sincrónica (dar cuenta del conjunto de circunstancias en un momento dado) como diacrónica (dar cuenta del cambio de esas circunstancias a lo largo del tiempo, hasta llegar al presente de enunciación de quien lo activa).

Galafassi llevó adelante su investigación, de corte cualitativo, en las secciones de islas correspondientes a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y Campana, es decir, en la porción distal del Delta bonaerense del rio Paraná (área a la cual denominó ‘Bajo Delta’). Por lo tanto, su unidad de estudio se superpone con la unidad de estudio de esta investigación. Para este autor, ‘pampeanización’ es una forma de referir al proceso de producción y transformación de la naturaleza en el Bajo Delta de las últimas décadas del siglo XX (esto es, el Delta de la forestación moderna), el cual tenía como modelo al agro pampeano (Galafassi, 2001). A partir del análisis de datos producidos etnográficamente, sostuvo que la concepción predominante en los últimos 30 años sobre desarrollo y el modo de articulación entre sociedad y naturaleza se basaba en la capacidad de transformación del medio natural isleño, haciéndolo máximamente productivo, y el modelo de referencia (en términos de configuración territorial) era el espacio continental y productivo de la Pampa Húmeda. Por lo tanto, puso en tensión el proceso histórico de desarrollo de la región y las relaciones subyacentes entre sociedad y naturaleza.

Para el autor, la ‘pampeanización’ es el proceso que busca “convertir al medio natural deltaico naturalmente inundable (…) en un territorio con características similares a los campos de tierra firme de la vecina región pampeana” (Galafassi, 2001: p. 11), en el sentido de carente de inundaciones periódicas. Así, planteó que el nuevo vínculo con la naturaleza se sustentaba en un proceso que transformaba al espacio isleño (al que caracterizó como anfibio^[23]) en un espacio continental, cuyo modelo era la pampa agroganadera. Sin embargo, aclara el autor, esto no implicaba cambios en las unidades productivas típicas, que seguían siendo mayormente a nivel de grupo familiar (independientemente de los niveles de capitalización o los grados de integración en la cadena forestoindustrial). A su vez, es importante notar también que Galafassi alertó que esta categoría no debía leerse como un sinónimo de ‘agriculturización’ en términos pampeanos: el proceso de pampeanización permitía la introducción de actividades agropecuarias típicas de la región pampeana (puesto que no se verían limitadas por las inundaciones), mas no implicaba necesariamente eso.

En un sentido similar a lo planteado por Galafassi, Gentile y Natenzon (1998) señalaron que la perspectiva de concebir a la dinámica hídrica del Delta como un obstáculo para el desarrollo de la región favorecía a los intereses sectoriales vinculados a grandes grupos empresarios. Para dichas autoras,

si las inundaciones no son algo nuevo para la región ni producen efectos tan devastadores, entonces el gran interés en enfatizar que el agua es el principal factor limitante para el desarrollo de las actividades productivas, y en consecuencia para el desarrollo socioeconómico de la región, estaría asociado a la necesidad de los grandes grupos empresariales forestales de elevar la productividad, incorporando más hectáreas reforestadas sin riesgos de inundación. Es decir, que la problemática del riesgo por inundaciones está vinculada a una compleja trama de intereses sectoriales que determina en cierta medida la elección de las medidas de mitigación que se encaren (pp. 104–105)^[24]

La existencia de esta premisa (las inundaciones son la mayor limitante para el desarrollo de la región) como eje rector del modo de desarrollo de las últimas décadas fue evidenciada por Galafassi (2005) a través de un análisis de los documentos producidos por las agencias estatales de desarrollo rural entre 1984 y 1986. Más aún, podríamos sumarle también la comunicación de Fernández Valiela (1987) previamente referida, de innegable raigambre modernizadora. En su estudio, Galafassi mostró que en dichos documentos las inundaciones se construyeron como la causa principal (cuando no única) del despoblamiento del Bajo Delta del río Paraná, y sostuvo que “la conclusión lógica que se desprende de semejante diagnóstico no puede ser otra que, para que el Delta tenga algún futuro productivo, se deberá necesariamente limitar las inundaciones” (p. 183). Esa premisa, entonces, operaba como base fundacional del proceso de ‘pampeanización’: el progreso en la región, según dicho autor, era entendido “como sinónimo de una transformación radical del medio natural en una llanura sin inundaciones (similar a la pampa húmeda) para la producción dominante de forestales” (p. 184).

Para Gentile y Natenzon (1998), este proceso involucra explícitamente una cuestión de clase, puesto que se trataría de una perspectiva diseñada por y para los grandes grupos empresariales forestales. Para Galafassi (2005) también, aunque de forma implícita: si es el INTA EEA–DP quien institucionalizó estas premisas y la institución funcionaba “como una empresa de servicio para los grandes productores” (p. 83)^[25], entonces clase social es una dimensión constitutiva del proceso de ‘pampeanización’. En ambos textos, además, la pampeanización y la forestación con Salicáceas emergen como indisociables. Dado que la producción dominante de Salicáceas ocurría principalmente en el área actualmente denominada Zona Núcleo Forestal (Campana y parte de San Fernando), entonces la ‘pampeanización’ (del Delta) se concentraría en esa región específica del Delta bonaerense.

Como planteé más arriba, desde el año 2008 (a partir de la emergencia de la cuestión ambiental en el Delta del Paraná) esta categoría es ampliamente activada por las ONG ambientales que cuestionan el modo de desarrollo del Delta del Paraná, generalmente utilizándola como diagnóstico de situación que legitima sus preocupaciones (el Delta está amenazado por el proceso de pampeanización) y justifica sus propuestas de intervención. Sin embargo, su uso no se limitó a la caracterización de la Zona Núcleo Forestal (o más ampliamente del Bajo Delta bonaerense). En diferentes ocasiones, esta categoría fue utilizada para hacer referencia a: i) sectores más amplios del Bajo Delta (entrerriano y bonaerense), que incluyen a la Zona Núcleo Forestal pero la exceden (Quintana et al., 2014; Sica et al., 2016); ii) otros sectores del Delta del Paraná, que no incluyen a la Zona Núcleo Forestal (Bantar Munin et al., 2012); o iii) el Delta del río Paraná en su totalidad (Baigún y Minotti, 2021; Gallopín y Nugent, 2020; Machain et al., 2013). Las dos excepciones que hemos encontrado son Donadille et al. (2010; 2011), quienes siguieron la línea de Galafassi y sostuvieron que el modelo de pampeanización a través de endicamientos está adecuado específicamente a la explotación forestal de las márgenes del río Carabelas (en el área central de la actualmente denominada Zona Núcleo Forestal) y que, al menos hasta el momento de la escritura de dichas publicaciones, no podía ser extrapolado a otras regiones del Delta del Paraná.

Esta ampliación en los límites de la categoría se asocia con la estrecha relación entre endicamientos y ‘pampeanización’: si la ‘pampeanización’ es, siguiendo a Galafassi, el proceso que busca “convertir al medio natural deltaico naturalmente inundable (…) en un territorio con características similares a los campos de tierra firme de la vecina región pampeana” y esto ocurre a través de los endicamientos, entonces su existencia a gran escala operaría como proxy de dicho proceso. Y como lo han analizado Kandus y Minotti (2010) –y actualizado posteriormente en Minotti y Kandus (2013) y Minotti (2019)–, las casi doscientas cincuenta mil hectáreas endicadas en el Delta del Paraná se ubican tanto en la porción bonaerense como entrerriana (figura 7); más aún, en los últimos años el avance de los endicamientos se está produciendo mayormente en la parte entrerriana (Minotti, 2019). Por esa razón, sería apropiado hablar de ‘pampeanización’ tanto en el Bajo Delta bonaerense como en cualquier otra región del Delta del Paraná donde haya superficies endicadas. Además, dicha figura muestra que la superficie endicada se divide grosso modo en un esquema de tercios (un tercio corresponde a superficie ganadera en distintas partes de Entre Ríos, un tercio a superficie forestal y silvopastoril mayormente en el área actualmente denominada Zona Núcleo Forestal, y un tercio sin datos en el Delta Entrerriano y la zona norte del Delta bonaerense), de forma que los endicamientos no son sólo de uso forestal sino también de uso ganadero en otras regiones^[26]. Por todas estas razones, la ampliación en los límites espaciales de la categoría no parecería entrar en conflicto con el planteo de Galafassi (independientemente de que su análisis se haya focalizado en el Bajo Delta bonaerense).

Figura 7. Distribución de endicamientos en el Delta del Paraná por categorías de uso del suelo

Fuente: Minotti (2019)

En un mismo sentido, la asociación propuesta por las ONG ambientales entre la ‘pampeanización’ y los grandes grupos empresariales tampoco entraría en conflicto con lo planteado por Galafassi. Este es el caso de lo que sostienen Quintana et al. (2014), según quienes el proceso de pampeanización radica en que “los grandes productores [de la Zona Núcleo Forestal y parte de Entre Ríos] (…) proponen una alta transformación del sistema aplicando una modalidad pampeana en cuanto a la concepción y tecnología empleada, ignorando las particulares características ecológicas y socioculturales de los humedales de la región” (p. 71)^[27]. Lo relevante aquí es la introducción implícita de una nueva dimensión de análisis que se complementa a la clase: la localidad, la pertenencia al territorio. Si bien no hay una referencia explícita al origen (local o extralocal) de estos grandes productores, la afirmación sobre el desconocimiento de las características socioculturales de la región me lleva a pensar que se trataría de actores extralocales, puesto que a priori resultaría incoherente pensar que los actores locales puedan llevar adelante prácticas que ignoren sus propias particularidades socioculturales^[28].

Para Machain et al. (2013), en línea con lo planteado explícitamente por Gentile y Natenzon (1998), los procesos de pampeanización “están promoviendo la expulsión de pequeños productores locales [y] afectando los modos de vida de aquellos que dependen directamente de los recursos del Delta” (p. 27), al vincularse con los procesos de concentración de la tierra. En este último texto, además, los autores sostienen que la pampeanización del Delta es “una transformación del humedal guiada por patrones de producción de la región Pampeana circundante” (op. cit.). Por lo tanto, la ‘pampeanización’ ya no referiría únicamente a la conversión de un territorio inundable en uno de tierra firme como lo planteó originalmente Galafassi (2001) o al uso de tecnología específica como lo sostuvieron Quintana et al. (2014), sino que se extendería hasta hacer referencia a un modo de producción singular: el de la región Pampeana.

En este punto, considero apropiado detenernos y realizar algunas reflexiones al respecto. En primer lugar, cabe señalar que la lectura crítica sobre un proceso histórico no puede ni debe habilitar una lectura romántica sobre los tiempos que le precedieron. Argumentar, como lo hace Galafassi (2005), que “quizás no esté en la recurrencia natural de crecientes la causa fundamental de la crisis del Delta” (p. 187) y cuestionar así la premisa fundante del proceso de ‘pampeanización’ es un posicionamiento válido. Sin embargo, la cita textual completa le da un cariz provocador (y a mi entender inválido) a esta reflexión:

[De acuerdo con el INTA EEA–DP,] una vez eliminado “el riesgo de las crecientes” la región podría permitirse “la diversificación de actividades, la captación de tecnología, la radicación de agroindustrias y la generación de empleos como medio de retención del isleño para lograr un sostenido desarrollo socioeconómico”. Ahora, vale la pena preguntarse, cosa que el INTA [EEA–DP] no hace, respecto a que todas estas condiciones estuvieron presentes durante la primera mitad del siglo XX, justamente cuando las crecientes no eran eliminadas, ni siquiera moderadas, pues sólo existían en muy contados casos unos atajarrepuntes de pequeñas dimensiones; es más, la mayoría de los pequeños productores convivían y producían al ritmo de las crecientes y bajantes (…). Por lo tanto, quizás no esté en la recurrencia natural de crecientes la causa fundamental de la crisis del Delta (p. 187; comillas en el original)

Reitero, pues, mi afirmación previa: analizar críticamente un proceso histórico no puede implicar una lectura acrítica sobre su historia. Las mareas de inicios del siglo XX no fueron iguales que las mareas de la segunda mitad de dicho siglo, y no es posible desconocer los impactos diferenciales que tuvieron las inundaciones de 1905, 1940, 1959 o 1983 (o cada uno de los repuntes periódicos) en la vida de los isleños. Además, como lo mostré en los primeros dos apartados de este capítulo y retomaré en el siguiente, los relatos de los propios isleños dan cuenta del carácter sacrificado de la vida en “la isla” en esos tiempos y consideran que las condiciones de vida “de antes” hoy serían consideradas indignas. Más aún, el contexto era radicalmente diferente y tanto la llegada de los “pioneros” y el apogeo de la fruticultura como su declinación y la migración poblacional (así como la pérdida de todas las condiciones mencionadas en dicho fragmento) no se explican únicamente por factores endógenos sino también por factores exógenos estructurales, como los cambios en las oportunidades laborales y las condiciones de vida en los grandes centros urbanos en el marco de la industrialización por sustitución de importaciones de mediados de siglo XX. En otras palabras, la contextualización de las condiciones de producción y de vida en “la isla” –en términos de los dinámicos condicionamientos socioeconómicos y ambientales, analizados en Cervio (2022)– es un ejercicio obligatorio al momento de analizar sus procesos históricos pasados y presentes.

En segundo lugar, y en esta misma dirección, una reflexión metodológica. Aunque los documentos estatales operan como guía de acción y consagran lo que es correcto y deseable (Muzzopappa y Villalta, 2011), es necesario tener en cuenta sus contextos de producción (Vera Alpuche, 2012). En este caso, resulta a mi juicio imprudente analizar los documentos producidos por las agencias estatales de desarrollo rural entre 1984 y 1986 sin tener en cuenta la ocurrencia de la “marea del ‘83” y sus impactos en la región (ya reseñados en el subapartado precedente). Aunque insisto en que la crítica realizada por Galafassi (2005) a los documentos institucionales que postulan a las inundaciones como causa única del despoblamiento de la región es indudablemente válida, desconocer los impactos de una inundación que expulsó de forma temporal a la enorme mayoría de los isleños en buena parte del Delta del Paraná (Boivin et al., 2000) y de forma definitiva a más de un tercio de la población insular de Campana y San Fernando (Benencia et al., 1994) resulta igualmente inverosímil: como lo planteé en la introducción de este capítulo, las prácticas puestas en tensión son prácticas situadas cuya historicidad no puede ser soslayada (Mathevet et al., 2015)^[29].

En tercer lugar, y en íntima relación con el punto previo, considero pertinente retomar una reflexión de Ortiz (2021), miembro de nuestro grupo de investigación y con quien hemos compartido trabajo de campo y reflexiones sobre nuestros respectivos objetos de estudio. Allí, en el marco de su tesis de maestría sobre el habitar “la isla” y la relación entre las personas y su lugar, el autor sostuvo que

Lo que cabe preguntarse aquí es si la expansión de estos endicamientos sólo encuentra una explicación económica y productiva, o si constituye más bien otra respuesta de la experiencia isleña con “las mareas”. Creo que debemos considerar la manera en que las grandes inundaciones han condicionado siempre toda práctica de intervención en el paisaje. Desde la altura de las casas y el alteo de los terrenos, hasta la construcción de atajarrepuntes o endicamientos para evitar “perderlo todo” ante una nueva “marea”^[30]. Pues resulta evidente que el impacto que han tenido estos eventos en la vida de los isleños ha condicionado la percepción que tienen sobre su paisaje y sobre sus formas de habitar al poner en evidencia los riesgos de vivir en “la isla”. De hecho, en base a estas experiencias vividas y sus prospecciones futuras, que implican el riesgo de sufrir una nueva inundación, los isleños no solo han intensificado el manejo de agua mediante endicamientos sino que aún hoy en día consideran que la infraestructura existente no resulta suficiente (…) [Debemos] pensar las diversas formas de manejo de agua como parte del habitar isleño, no para anular los debates actuales en torno al desarrollo sustentable del Delta y el impacto de estas prácticas en el ecosistema sino para sumar interrogantes y consideraciones para tener en cuenta. Al respecto, creo que debemos considerar que cuando se pone en la mira de las críticas a los caminos y los diques construidos por “los isleños” como un todo, se está cuestionando no solo una práctica productiva, sino también su historia y su identidad anclada en el paisaje (p. 132; comillas en el original)

Siguiendo su planteo, la expansión de los endicamientos no puede ser leída meramente como la expresión de un modo de producción que, bajo una lógica pampeana (instrumental), procura la transformación del espacio a fin de maximizar ganancias: controlar el agua es también garantizar la persistencia de la vida de los “isleños” en su lugar, en “la isla”. Por lo tanto, lo que cuestiono es la lógica maquiavélica que encerraría este proceso: cuanto menos en la zona donde se desarrolla la presente investigación, sostengo que la incorporación de la dimensión de clase (indudablemente necesaria, puesto que no todos los isleños están en condiciones de implementar un esquema forestal moderno) no puede ocurrir a costa de reducir un complejo proceso sociocultural a una mera lógica económica.

Finalmente, me parece pertinente señalar la especificidad de los endicamientos en la Zona Núcleo Forestal respecto de endicamientos en otras partes del Delta del río Paraná. Tanto en partes de Entre Ríos (Taller Ecologista / Fundación M’biguá, 2016) como de Buenos Aires (Pintos y Sgroi, 2012) se postuló la existencia de una ‘política de hechos consumados’ – categoría utilizada para referir al avance de obras de infraestructura en humedales antes de la obtención de las aprobaciones estatales correspondientes. Aunque para esas zonas puede ser cierto, es menester reconocer que en la Zona Núcleo Forestal la situación es inversa: los endicamientos han constituido una política de Estado, en el sentido de que diferentes niveles estatales a través de múltiples políticas públicas han estimulado activamente su construcción, tal y como lo señalamos en Castro et al. (2019). Así, la misma técnica (el endicamiento) en las distintas regiones del Delta tienen historias completamente diferentes.

Este conjunto de reflexiones no niega la potencia de la categoría ‘pampeanización’, sino que nos invita a no asumirla a priori y utilizarla críticamente. Es decir, a mi entender resulta necesario preguntarse si es una categoría adecuada para dar cuenta del proceso de transformación en las diferentes zonas del Delta del Paraná, habida cuenta de que supone (al menos parcialmente) una homologación de las lógicas isleñas con las lógicas pampeanas.

A partir de nuestro extenso trabajo de campo en la Zona Núcleo Forestal, encuentro parcialmente válido al planteo conceptual de Galafassi (con todas las precauciones previamente reseñadas) pero sostengo que la homologación de las lógicas isleñas con las lógicas pampeanas no es válida: ni en términos de transformación del sistema por medio de una modalidad pampeana en cuanto a la concepción y tecnología empleada tal y como lo sostienen Quintana et al. (2014), ni en términos de patrones de producción como lo plantean Machain et al. (2013) – como hemos planteado en Camarero et al. (2018), la lógica isleña es una lógica del habitar. De hecho, considero que el documento de Fernández Valiela (1987) resulta relevador en este sentido: al argumentar a favor de los endicamientos en clave modernizadora, el autor hace referencia explícita a la potencialidad agrícola de estas tierras para “todo tipo de cultivo de zonas templadas: cereales, oleaginosas, leguminosas, hortícolas, frutales, forestales, etc., y con rendimientos superiores a los que se obtienen en tierra firme” (p. 19); sin embargo, acto seguido reconoce que los productores forestales no tienen interés en realizar ningún otro tipo de actividad agrícola. De este modo, echa luz sobre la lógica modernizadora del autor (pampeanizante, incluso) a la vez que señala la incapacidad de hacerla extrapolable a la lógica isleña.

Respecto de este último punto, resulta pertinente adicionar una pequeña reflexión de cierre derivada de las precauciones de método arriba desarrolladas. Los endicamientos del Bajo Delta bonaerense tienen su propia historia (anclada en las formas isleñas de habitar “la isla” y en estrecha relación con las “mareas”), e indudablemente se inscribieron en una lógica modernizadora. Sin embargo, sostuve también que no necesariamente se construyeron en referencia a la región pampeana. Por esa razón, propongo diferenciar entre dos categorías distintas: terrestrialización y pampeanización. ‘Terrestrialización’ hace referencia a la transformación del espacio físico, la cual es señalada tanto por los académicos que llevan adelante sus estudios en el campo de la ecología –en términos de cambios en la riqueza y diversidad de la vegetación y la fauna silvestre (Bó et al., 2010; Fracassi et al., 2021) y la alteración de ciclos biogeoquímicos (Vicari et al., 2011), por ejemplo– como por los pobladores locales, según nuestros registros de campo. Existe coincidencia en reconocer que existe una transformación, aunque haya discusiones respecto de su magnitud y su sentido. ‘Pampeanización’, en cambio, refiere más precisamente a la transformación en el modo de producción y el avance de una lógica pampeana en el espacio insular.

Así, sin ser sinónimos, la terrestrialización y la pampeanización pueden ocurrir de manera simultánea: este sería el caso en ciertas regiones del Delta Medio entrerriano, donde el avance de los endicamientos para ganadería vacuna y agricultura (soja) adquiere su razón de ser bajo una lógica netamente pampeana tanto en términos de tecnologías y modos de producción (Taller Ecologista, 2010). De hecho, Ferrero y Arach (2019) lo plantean explícitamente, al afirmar que en ciertas zonas se puede hablar de pampeanización dado que se produce una “trasposición en el medio isleño de esquemas, escalas y modalidades productivas propias de la pampa húmeda” (p. 381). En cambio, en la Zona Núcleo Forestal la terrestrialización es innegable pero sostengo que la pampeanización (aún) no es tal: de hecho, los “isleños” están orgullosos de haber transformado el espacio físico para hacerlo vivible (Camarero et al., 2018), a la vez que destacan reiteradamente que combaten el avance de actores con formas de producción extralocales, tal y como lo veremos más adelante. En términos de la disputa por el desarrollo de la región, esta diferenciación puede ser especialmente importante: el establecimiento de una lógica pampeana en esta zona no es inevitable, y su eventual ocurrencia podría ser consecuencia^[31] no sólo de la ‘terrestrialización’ efectivamente acaecida sino también de otros factores como la decadencia demográfica sostenida a lo largo del tiempo, las políticas estatales incapaces de aprehender (y promover) las singularidades de la lógica isleña, y más ampliamente la falta de un proyecto histórico propio de “la isla” que opere como guía.

De un modo u otro, sabemos que toda categoría sociológica requiere ser permanentemente interpelada antes de ser activada, tanto dentro de los límites témporo–espaciales en los que fue producida como al momento de su extrapolación por fuera de dichos límites. Y considero que estas reflexiones sobre el proceso de ‘pampeanización’ del Delta son necesarias para analizar las disputas por el desarrollo de la Zona Núcleo Forestal puesto que, como daré cuenta en el capítulo siguiente, ciertos elementos del antagonismo entre “isleños” y “ambientalistas” se anclaron (y parcialmente continúan anclándose) sobre posturas simplistas que –a fuerza de generalizaciones imprecisas– obturan el debate sobre el modelo de desarrollo al que debe aspirar la Zona Núcleo Forestal, y más ampliamente el Delta del Paraná.

La “isla” y el ‘humedal’, ¿categorías en disputa? Nuevas formas de caracterización y regulación del espacio

En sus relatos, los “isleños” refieren al lugar habitado por sus antepasados y que ellos actualmente habitan como “la isla”, con la cual se han relacionado de formas distintas a lo largo del tiempo y cuya pertenencia atraviesa los sentidos locales sobre qué es “ser isleño” (Ortiz, 2021). “La isla” se compone de un conjunto de islas separadas entre sí pero está atravesada por fuertes sentimientos de arraigo, por lazos afectivos que son colectivos: como dice el autor, “la isla” (en singular) es el lugar en el mundo de “los isleños”. A su vez, el recorrido histórico por los giros normativos de la región (Castro et al., 2019) da cuenta de que las prácticas estatales a lo largo del siglo XX utilizaban esta misma categoría y referían a este espacio como “la isla”.

A fines del siglo XX, sin embargo, emergió una nueva forma de nominar al espacio, una nueva forma de categorizarlo – en los términos de Scott (1998), una nueva forma de hacerlo legible: el ‘humedal’. De acuerdo con la Convención Ramsar (también conocida como ‘Convención de los Humedales’, firmada en Irán en 1971 y a cuyos lineamientos nuestro país adhirió en 1991 a través de la Ley Nacional N° 23.919), los humedales son definidos como

las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros

y son reseñados como de fundamental importancia para la protección de las aves acuáticas. Históricamente, este tipo de ecosistemas habían sido caracterizados como improductivos y estaban asociados a la presencia de enfermedades, hedor y pestilencia: eran territorios marginales, pantanos, espacios salvajes que debían ser dominados (Aliste y Musset, 2014; Mitsch y Gosselink, 2007; Monkes, 2022). Si bien la Convención Ramsar representó un primer paso hacia el reconocimiento de su importancia y la necesidad de su protección, no fue hasta mediados de los ’90 que comenzaron a ser reconocidos como ecosistemas prioritarios para la conservación a nivel global (Keddy et al., 2009; Mitsch y Gosselink, 2007)^[32] – no fue hasta entonces que, en palabras de Aliste y Musset (2014), “el pantano se convierte en humedal [y] los bichos en biodiversidad” (p. 97).

En los años posteriores, esta tendencia se profundizó por medio de estudios ecológicos que daban cuenta de los bienes y servicios que los humedales proveerían a la sociedad (MEA, 2005). Y bajo una lógica económica, desde fines del siglo XX diversos trabajos han hecho énfasis en valorarlos (Meral, 2010). De este modo, se destacó su valor en comparación con otros ecosistemas (Constanza et al., 1997, 1998) y se construyeron lineamientos metodológicos que permitieran calcular el valor de cada humedal en particular (de Groot et al., 2007; Gómez Baggethun et al., 2010). A partir de estas aproximaciones, se postuló que los humedales son ecosistemas claves y particularmente valiosos por los bienes y servicios que proveen, tanto a nivel global (MEA, 2005) como para la región de América Latina (Stolk et al., 2006). En el caso particular del Delta del Paraná, Galperín et al. (2013) realizaron una valoración socioeconómica de los bienes y servicios provistos por estos humedales bajo este marco conceptual.

El Delta bonaerense del río Paraná, en tanto ‘macrosistema de humedales’ (Malvárez, 1999), presentó un derrotero similar. Como hemos visto en los apartados previos, la lógica modernizadora en los siglos XIX y XX suponía la construcción de la naturaleza como un espacio a domesticar, a colonizar y conquistar a través de las prácticas agropecuarias, convirtiendo en productivo un espacio que antes era definido como inhabitable (Tamashiro, 2021). A fines de la década del 1980 un grupo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires comenzó a realizar los primeros estudios ecológicos en la región, eventualmente derivando en la conformación del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales (GIEH) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEyN–UBA). Posteriormente, algunos miembros de este grupo cambiaron su lugar de trabajo al Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (3iA–UNSAM) y/o al instituto homónimo dependiente de CONICET (IIIA–CONICET/UNSAM). Además, varios de sus integrantes participaron (y continúan haciéndolo) en ONG ambientales^[33] y constituyen parte de aquellos localmente definidos como “ambientalistas”.

Según Dayan (com. pers.), quien en el marco de su tesis de maestría analiza la construcción de ‘biodiversidad’ como objeto de estudio académico en el Delta bonaerense del río Paraná, los investigadores entrevistados plantearon que los primeros estudios realizados se focalizaron en su caracterización ecológica porque “sorprendentemente no se sabía mucho de cómo funcionaba” ni cuáles eran las “fuerzas estructuradoras del sistema” (com. pers. con la autora): los únicos estudios previos existentes sobre aquello definido como lo natural eran clasificaciones de la vegetación (Burkart, 1957) y de los suelos (Bonfils, 1962) a nivel Delta del Paraná en su conjunto. Así, caracterizar la heterogeneidad espacial y temporal del sistema en términos de unidades de paisaje (Kalesnik, 2000; Kandus et al., 1999; Kandus et al., 2006; Malvárez, 1997, 1999), las comunidades vegetales y sus respuestas a la dinámica hidrológica (Kalesnik, 2005; Kandus, 1997; Kandus y Adamoli, 1993; Kandus et al., 2003; Pratolongo, 2003) o la fauna silvestre (Bó y Malvárez, 1999; Bó et al., 1994; Malzof et al., 2006; Palomares et al., 1994; Quintana, 1999; Quintana et al., 1992; Quintana et al., 1994), entre otros elementos, fueron los ejes en torno a los cuales se articularon las investigaciones iniciales.

Si bien a principios de la década del ’90 la definición del Delta del río Paraná como ‘humedal’ aparecía de forma difusa en los artículos producidos, desde fines de esa década esta caracterización del sistema sí se hizo presente en cada publicación de corte ecológico^[34]. Y a medida que se desarrollaron las sucesivas investigaciones, la necesidad de caracterizar el espacio dio lugar progresivamente a un nuevo objetivo: regular el espacio, a través de algún tipo de ordenamiento territorial (Dayan, com. pers.). Esto podría vincularse con el hecho de que las ONG ambientales en las que estos científicos inscriben sus prácticas no tienen como único objetivo la producción de conocimiento, sino también influir de forma directa en el diseño de políticas públicas (Dayan y Monkes, 2022). A modo de ejemplo, la Fundación Humedales se define como una organización que genera conocimiento de base, pero que además pretende constituirse como mediadora entre el ámbito académico y los tomadores de decisión de políticas públicas y sectoriales (Wetlands International, s/f; Noticias UNSAM, 2019). Similarmente, según su sitio web, el Proyecto Pantano (de mucha relevancia local, llevado adelante por la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza) no sólo se propone investigar diversas dimensiones ecológicas vinculadas con el Ciervo de los Pantanos sino también contribuir activamente a diseñar estrategias de conservación para su población, establecer protocolos forestales compatibles con su protección y planificar el desarrollo sostenible del territorio (Proyecto Pantano, s/f). Y lo mismo ocurre con otras ONG como Both ENDS o DOB Ecology, también de origen neerlandés que financian diferentes proyectos en el sistema de humedales del Delta del Paraná: se trata de conocer la naturaleza para intervenir en ella y protegerla de la degradación.

Si a esto le sumamos la emergencia de la cuestión ambiental del Delta del Paraná en la agenda pública e institucional luego de los incendios del año 2008 (aspecto que desarrollaré en los siguientes dos capítulos), no es sorprendente que los trabajos publicados en los años posteriores reflejen este cambio. De hecho, en los últimos años son numerosos los estudios orientados a cuantificar los impactos de las prácticas antrópicas (Blanco y Méndez, 2010; Kalesnik et al., 2011; Kandus et al., 2009a; Oddi, 2010; Sica et al., 2016) y proponer herramientas específicas de inventario, ordenamiento y gestión del territorio (Benzaquén et al., 2009; Benzaquén et al., 2013; Blanco y Balderrama, 2016; Bó et al., 2021; Fundación Humedales, 2015; Kandus y Minotti, 2018; Kandus et al., 2011; Kandus et al., 2019; Quintana y Astrada, 2013), aunque los estudios base de corte ecológico no fueron dejados de lado (Enrique, 2009; Fracassi et al., 2010; Krug, 2018; Madanes et al., 2015; Magnano et al., 2013; Salvia, 2010; Salvia et al., 2012). Dado que las preguntas de investigación de los ecólogos adquieren sentido en el marco del debate público y sus trabajos buscan promover ciertos cursos de acción y políticas públicas específicas, considero que operan como issue advocates –en los términos de Weyland y Von Below (2021)^[35]– o promotores de la cuestión (en este caso, de la cuestión ambiental en torno a los humedales del Delta del Paraná).

En todos estos casos, la categoría ‘bienes y servicios ecosistémicos’ operó como eje ordenador para la definición de las formas adecuadas de uso y apropiación del ambiente en el Delta del río Paraná (Dayan y Monkes, 2022). Sin embargo, sus valoraciones económicas se limitan únicamente a las publicaciones de Stolk et al. (2006) y de Galperín et al. (2013), ambas realizadas bajo el sello de Wetlands International. Y es que, con excepción de los dos trabajos citados, para estos científicos la naturaleza debía ser conservada por su valor intrínseco. En palabras de uno de ellos durante un encuentro informal en una jornada científica, “hablo de bienes y servicios ecosistémicos porque no queda otra, pero a mí me parece espantoso (…) ideológicamente tiene una concepción absolutamente mercantil” (registro de campo, octubre de 2014). En un sentido similar, otro sostuvo que “[conservar] la biodiversidad (…) es nuestra obligación” (registro de campo, noviembre de 2014). Esto evidencia que las prescripciones de qué representa un comportamiento adecuado se vinculan con una lógica de acción que consiste en seguir ciertos preceptos morales, en línea con la corriente de pensamiento ambiental que Foladori (2005) denominó ecocentristas: la sola nominación del espacio como ‘humedal’ (y su constitución como espacio de naturaleza) es lo que hace necesaria su protección, mientras que la categoría ‘bienes y servicios ecosistémicos’ es parte de su retórica legitimadora (Roth Deubel, 2008).

Según Dayan (com. pers.), los estudios ecológicos en el Delta del Paraná se anclan en una serie de premisas. Una de ellas es la dicotomía fundante de la Modernidad, y por lo tanto de la mayor parte de las disciplinas científicas: la existencia de una separación entre naturaleza y cultura/sociedad. Y en tanto ‘humedal’ (esto es, naturaleza), su caracterización debe ser realizada en términos biofísicos por vía de categorías propias del conocimiento científico ecológico. Además, estos estudios replican las concepciones del espacio como soporte (Blanco, 2007), de modo que “lo ecológico es la base”^[36] sobre la que deben definirse los usos posibles y ordenarse el territorio. Así, el rol de los científicos sería caracterizar el humedal (sus fuerzas estructuradoras), presentar evidencia de cuál es el problema (el humedal se encuentra amenazado por prácticas antrópicas específicas), y establecer cuáles serían las formas apropiadas para solucionarlo. Por su parte, los tomadores de decisión debían actuar en consecuencia (esto es, siguiendo dichos lineamientos). Este tipo de esquemas han sido frecuentemente observados en los estudios antropológicos en torno a áreas de protección ambiental promovidas por biólogos. Según Esterci (2014), se trata de propuestas que suelen entronizar los saberes científicos biológico-ecológicos en desmedro de otros saberes científicos (del ámbito de las ciencias sociales) y de los saberes locales.

En los términos del enfoque argumentativo, estas afirmaciones no sólo refieren a una forma específica de construcción del problema (el humedal se encuentra amenazado) sino que además posicionan a los restantes actores en lugares específicos: se atribuyen causas (prácticas antrópicas específicas), se señalan culpables (quienes llevan adelante dichas prácticas), se definen afectados (la sociedad en su conjunto), y se define quiénes y cómo deberían resolverlo (los tomadores de decisión deberían brindar las soluciones, tomando como eje rector los lineamientos de los expertos), lo cual implica la imposición de un marco interpretativo particular en desmedro de otros. Además, siguiendo lo trabajado en Straccia e Isla Raffaele (2020), sostengo que este tipo de propuestas son postpolíticas dado que los términos de la discusión pretenden estar por fuera del debate público, la contestación y el disenso^[37].

Pese a la profusa producción académica de estos grupos y su advocacy, las políticas públicas en materia ambiental en el Delta bonaerense hasta los incendios del año 2008 fueron escasas. En el año 1998, la Provincia de Buenos Aires declaró al Ciervo de los Pantanos como Monumento Natural (Ley N° 12.209) y en 1999 declaró al Delta en formación como Reserva Natural Integral (Ley N° 12.331). Además, el área insular del Municipio de Campana fue declarada Reserva Municipal de la Biósfera en el año 2007 a través de la Ordenanza 5.082, pero no se llevó adelante ninguna acción concreta y por tanto no tuvo ningún tipo de implicancia territorial. Y lo propio aplica para la Reserva Natural Isla Botija, unos pocos kilómetros al noroeste de Campana y declarada como tal en 1958 a través del Decreto–Ley Provincial 5.421 (y ratificada en el año 2010 a través de la Ley Provincial 14.179), pero de nula implementación (Zagel, 2003).

En el Delta bonaerense, la única norma ambiental con implicancias territoriales de importancia fue la declaración del área insular del Municipio de San Fernando como Reserva de Biósfera Delta del Paraná dentro del programa MaB–UNESCO en el año 2000 (Otero y Malvárez, 2000). Como lo hemos analizado en Castro et al. (2019), esta norma retomaba las premisas previamente mencionadas y regulaba el uso del suelo mediante la categorización del sector insular en tres zonas: un espacio de naturaleza (la zona A, donde se prohibía todo tipo de actividad productiva y asentamiento humano, según el decreto reglamentario^[38]), un espacio de cultura (zonas C1 y C2, donde se permitía la continuidad de las actividades productivas existentes y la infraestructura complementaria, como caminos o tendido de red eléctrica^[39]) y una zona de transición entre ambas (zona B, donde se permitían actividades productivas pero supeditadas a objetivos de preservación, educación ambiental e investigación). Por esta razón, allí sostuvimos que la definición del área como Reserva de Biósfera y su zonificación fijaba la población y desplegaba un control de sus espacios de circulación: así, el territorio normado regula arreglos espaciales y procesos sociales y por lo tanto deviene normativo. A su vez, al momento de cierre de su investigación Camarero (2011) sostuvo que los objetivos ecológicos de la Reserva podían haberse visto satisfechos, mientras que los objetivos sociales enunciados (mejora de la calidad de vida de los pobladores locales y reducción de la pobreza, entre otros) sólo estaban presentes en el plano retórico – algo similar a lo planteado por Díaz Galán y Tort (2010), quienes en su evaluación técnica de la Reserva de Biósfera sostuvieron que era evidente que para sus gestores las actividades sociales no eran prioritarias. En otras palabras, la esperada traducción de los beneficios de la conservación sobre la población local no ocurrió: una observación recurrente por parte de quienes han estudiado diferentes proyectos de conservación (Santos, 2009).

En relación con lo enunciado en el párrafo precedente, cabe mencionar una experiencia que le dio forma a la actual investigación y disparó sus interrogantes centrales. Algunos de quienes lideraron el proceso político de constitución de la Reserva de Biósfera recordaron que inicialmente “muchos [isleños] tenían prevenciones respecto de esta situación” pero que finalmente se llegó a un “escenario de entendimiento” (Otero, 2013), mientras que otros destacaron que “no fue la construcción de un solo sector sino una construcción colectiva” (Esteban, 2013) y que se pudo incorporar la “tradición cultural de los isleños” a la red internacional de reservas de biósfera (Kalesnik y Quintana, 2006). En contraposición, en el transcurso de nuestro trabajo de campo, tal y como sostuvimos en Castro et al. (2019) y en línea con lo planteado por Camarero (2011), diferentes isleños se quejaron por la falta de participación local y sostuvieron que se llevó adelante sin el consenso de los pobladores de la región. Cuando uno de quienes lideraron este proceso leyó nuestras afirmaciones (cuando, en palabras de Mosse (2006), retornamos al campo en forma de texto etnográfico), se puso en contacto para rechazarlas de forma categórica: en sus palabras, el problema se resumía en nuestras formas de producción del conocimiento, y me señaló en una llamada telefónica que “vos tenés que hablar conmigo, no con la tribuna”, porque “era falso” que no había habido participación local: se le había dado participación “a todas las instituciones que correspondía” (registro de campo, junio de 2019; noviembre de 2019).

En las investigaciones socioculturales, como esta tesis doctoral, los registros de campo adquieren nuevos sentidos a la luz de las sucesivas lecturas (Achilli, 2005). En esta ocasión, la relectura del intercambio en cuestión me abrió una serie de nuevos interrogantes: siguiendo con la metáfora propuesta por mi interlocutor, ¿quiénes están en la tribuna? ¿quiénes están en el campo de juego? ¿cuáles son las reglas de juego? ¿cómo se definen? ¿qué características tiene el campo de juego, en tanto escenario? ¿cómo se define quiénes pueden estar en el campo de juego (es decir, cuáles son las instituciones “que corresponden”)? ¿mirar desde la tribuna, es una decisión personal o el resultado de una trama de relaciones sociales que asignan a los distintos sujetos a algunas de las posiciones preexistentes? No era ni es mi intención analizar el proceso de constitución de la Reserva de Biósfera Delta del Paraná, sino analizar las disputas por el desarrollo del área actualmente definida como Zona Núcleo Forestal, de modo que para encontrar respuestas a esas preguntas concretas me parece apropiado referir a otras investigaciones, como la de Camarero (2011). Sin embargo, este conjunto de interrogantes adquirió un nuevo sentido al pensar los mecanismos de articulación entre “isleños” y “ambientalistas” que desarrollaré en el capítulo 6, y me forzó a preguntarme no sólo por aquellos que participan de estos procesos (los que corresponden) sino también por aquellos que no (la tribuna).

Sin embargo, antes de llegar a esa instancia primero es necesario analizar la conformación de la arena de acción y el antagonismo que caracterizó a la primera etapa de estas disputas a partir de la emergencia de la cuestión ambiental en la agenda pública, tal y como lo haré en el próximo capítulo.

Conclusiones del capítulo

A partir de reconocer la inscripción de las disputas por el desarrollo del área actualmente denominada Zona Núcleo Forestal en un contexto histórico singular, en este capítulo analicé las históricas formas de producción y apropiación del espacio en “la isla” / “el humedal” desde mediados del siglo XIX hasta inicio del siglo XXI, en tanto punto de emergencia de la cuestión ambiental del Delta del Paraná en la agenda pública e institucional local. En línea con lo planteado por autores como Byrne et al. (2007), Davis (2015) y Mathevet et al. (2015), sostuve que el análisis de los conflictos actuales y las relaciones de poder que los atraviesan requiere su reconstrucción histórica desde una perspectiva crítica que reconozca su carácter conflictivo. Diferentes investigaciones llevadas a cabo en zonas de humedales, como en la ribera de río Tempisque en Costa Rica (Pizarro Méndez, 2014) o en los Everglades en Estados Unidos (Anderson y Rosendahl, 1998) entre otras, han argumentado sobre la necesidad de vincular los procesos de modernización en los sistemas de producción agropecuaria y el desarrollo de sistemas de control de los flujos del agua en el transcurso de los siglos XIX y XX con el surgimiento de conflictos ambientales en las últimas décadas, con el fin de comprender los cambios producidos en las políticas públicas asociadas a este tipo de espacios a lo largo del tiempo (Graf, 2013). Así, historizar las formas de uso y apropiación del ambiente actualmente puestas en tensión es un primer paso necesario.

Por estas razones, en la sección 3.1 mostré los procesos de construcción de “la isla” en los siglos XIX y XX, indisociablemente vinculados tanto a los montes frutales como a “los pioneros” y sus gestas a fin de convertirla “en algo lindo”. Señalé también las formas dominantes de construcción de la naturaleza en este período, así como los referenciales modernizadores de las políticas públicas de desarrollo de la región. En la sección 3.2 analicé la reconversión productiva hacia la forestación moderna en la segunda mitad del siglo XX, la cual supuso una profundización de las lógicas modernizadoras de desarrollo en la región y la incorporación de nuevas prácticas ingenieriles de control del agua, como los endicamientos y las bombas eléctricas. La consolidación de la red de endicamientos y la llegada de la energía eléctrica contribuyeron a diferenciar sustantivamente a “la zona de los vascos” de otras regiones del Delta del río Paraná, incluso de las zonas aledañas. En la sección 3.3 retomé los argumentos principales desarrollados por Galafassi (2005) en su análisis de estos procesos, sintetizados en la categoría ‘pampeanización del Delta’, y procuré dar cuenta tanto de la potencia como de las limitaciones de esta categoría para dar cuenta del proceso histórico de desarrollo en la región. Finalmente, en la sección 3.4 mostré la emergencia de una nueva forma de producción y apropiación del espacio desde la década del ’90, constituida en el discurso científico ecológico: el Delta del Paraná como un espacio de naturaleza, un “humedal”, que requiere ser preservado ante la amenaza a la que se encontraría sujeto producto de las prácticas productivas antrópicas.

Pese a la emergencia de esta nueva forma de nominar el espacio, el recorrido realizado da cuenta de que a lo largo de los siglos XIX y XX “la isla” y “la forestación” (en las últimas décadas) son dos elementos constitutivos de los imaginarios territoriales dominantes, tanto en las memorias e identidad local como en las políticas estatales. La profundización de la narrativa modernizadora en las sucesivas décadas, especialmente ante la creciente magnitud de cada evento de inundación entre 1940 y 1982–83, permite comprender los cambios en las relaciones sociales y la trasformación del espacio a lo largo del tiempo. Sin embargo, las narrativas que legitiman las políticas públicas se encuentran siempre en tensión, y tanto procesos sociales como ambientales pueden operar como puntos de quiebre. En el siguiente capítulo mostraré cómo esta tensión latente desde la década del ’90 entre disímiles formas de producción y apropiación del espacio se reconfiguró a partir de los incendios en el Delta del Paraná a lo largo de todo el año 2008 y cómo la emergencia de la cuestión ambiental de los humedales en la agenda pública e institucional supuso también la constitución de nuevas narrativas sobre el desarrollo de la región, lo que a su vez implicó una reconfiguración de las formas dominantes de uso y apropiación del ambiente.

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