Una comparación entre generaciones

Liliana Findling, Elsa López, María Paula Lehner y Silvia Mario

Los procesos demográficos, el aumento de la esperanza de vida y las diversas formas de organización de las familias modificaron la dinámica de los hogares y las relaciones intergeneracionales.

El objetivo de este capítulo es describir y comparar los aspectos socio-familiares de dos generaciones de mujeres nacidas en Argentina, las mayores entre los años 1940 y 1955 y las menores entre 1970 y 1985, así como analizar el escenario de las políticas de salud reproductiva y la oferta de los servicios de cuidado infantil en ambos períodos.

En base a fuentes secundarias (datos provenientes de Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas, Encuestas y publicaciones académicas) se analizaron varios aspectos que afectaron a estas cohortes desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, entre ellos: ¿qué problemas presenta la infraestructura de servicios de cuidado para niños/as? ¿Cuáles fueron los avances y retrocesos de las últimas décadas en relación a las políticas de salud reproductiva? ¿Qué modificaciones ocurrieron en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo? ¿Cuál es la concepción de los roles de género en ambas generaciones? Estos interrogantes serán abordados a través de las siguientes dimensiones: familias, hogares y prácticas de cuidados de la salud reproductiva; participación femenina en el mercado de trabajo y servicios de cuidado infantil.

Familias, hogares, mujeres y salud reproductiva

A fines de 1930, disminuida la inmigración internacional que caracterizó los últimos decenios del siglo XIX y los primeros del XX, la denatalidad se constituyó en la principal responsable de la disminución del crecimiento demográfico. Bunge (1940) atribuyó ese descenso a las costumbres modernas que hacen caso omiso de la naturaleza, al trabajo femenino remunerado fuera del hogar y al rechazo a las enseñanzas de la iglesia católica. A ello se agregó el temor ante el envejecimiento de la población, como ya había ocurrido en Francia y en Inglaterra.

En esos años tomó fuerzas la idea de la “maternidad moderna” (Nari, 2004), entendida como el destino natural e ineludible de las mujeres, a la que se le atribuyeron determinadas condiciones, actitudes y comportamientos. Después de la II Guerra Mundial y en el primer gobierno de Juan D. Perón volvió a manifestarse el aumento de la inmigración internacional y de la natalidad, así como un incipiente crecimiento del nivel educacional de las mujeres y de su participación en la actividad económica, quedando el fantasma de la denatalidad en un segundo plano, situación que se prolongó durante el periodo 1958-1972 bajo diversos gobiernos constitucionales y dictaduras militares.

Durante los gobiernos peronistas las conquistas laborales y ciudadanas estuvieron matizadas por preceptos de la iglesia católica, que señalaban diferencias entre los roles sociales de varones y mujeres, identificando a los primeros como los proveedores del hogar y el sostén principal de las familias y a las mujeres con la función materna y de guardianas del hogar. En esa época prevalecían, entre los que los practicaban, los métodos anticonceptivos tradicionales (el retiro y el preservativo), mientras que los temas relativos a la sexualidad seguían siendo tabú. La doble moral sexual prescribía que las mujeres conservaran la virginidad hasta el día de la boda y, por el contrario, que el debut sexual de los varones no estuviera ligado a esa circunstancia y, en ocasiones, la iniciación sexual ocurriera con prostitutas. Los manuales sobre familia y sexualidad indicaban solapadamente cuáles debían ser los comportamientos esperados para unas y otros.

En este periodo, y en lo que respecta a la atención de la salud de la madre y el niño, debido a la ampliación del sistema de salud (Barrancos, 2002), casi la totalidad de los partos se producen en instituciones sanitarias, con los consecuentes controles prenatales y del recién nacido que redundan en una mejora del estado de salud de los mismos.

En cuanto a las configuraciones ideacionales, la imagen ideal femenina se plasmaba, en las décadas de 1940 y 1950, en una mujer que, luego de completar el nivel secundario de estudios, se casaba, tenía dos hijos y circunscribía su vida al ámbito del hogar. También existió el modelo de la mujer que trabajaba fuera de su casa y desempeñaba, al mismo tiempo, idénticas tareas domésticas que las que no lo hacían.

La Encuesta de Fecundidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires de 1964, realizada por el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) mostró que los métodos más conocidos por las mujeres encuestadas fueron el condón y el coitus interruptus, mientras que los métodos femeninos (la píldora, el diafragma, el DIU) fueron los menos mencionados. La píldora ocupaba el último lugar y sólo el 12% de las entrevistadas afirmaron conocerla, hecho que podría atribuirse a su reciente difusión. Con respecto a las preferencias sobre el tamaño final de la descendencia, mujeres y varones opinaron que era una decisión consensuada entre la pareja (De Janvry y Rothman, 1975).

De acuerdo a los Censos Nacionales de Población de la Argentina, entre 1960 y 2001 aumentaron de manera notable en el país las uniones consensuales, las separaciones y los divorcios y disminuyeron los matrimonios legales y la soltería (INDEC, 1999; Mazzeo, 1998; Torrado, 2003). Dichas transformaciones se acompañaron de otros fenómenos sociodemográficos como el persistente descenso de la fecundidad, la tendencia sostenida hacia el envejecimiento de la población y las mejoras en la condición de las mujeres, consistentes estas últimas en el aumento de la escolaridad y de la participación femenina en la actividad económica (Wainerman y Geldstein, 1994; Torrado 2003). En la década de 1970 se produjo un cambio de perspectiva en el contexto internacional hacia los temas ligados a la salud de la reproducción y los derechos de las personas, aunque hay que destacar que los cambios se dieron con ritmos diversos en diferentes países de América latina y del mundo. En la Argentina, a fines de 1983, después de la recuperación de la democracia, se promulgaron importantes leyes de ampliación de los derechos de la ciudadanía, como la patria potestad compartida, el divorcio vincular, la igualdad de derechos para los hijos matrimoniales y extra-matrimoniales, entre otras, aunque estas mejoras no se vieron acompañadas por el libre acceso al control de la reproducción, ya que siguió vigente un decreto del gobierno de María Estela Martínez de Perón (que persistió durante la dictadura de 1976-1983) que establecía dificultades para acceder a los métodos anticonceptivos modernos, como los orales y el DIU, especialmente a los estratos socioeconómicos más pobres que atendían sus necesidades de salud en los hospitales públicos. En ese marco pasaron su infancia y adolescencia las generaciones de mujeres más jóvenes y en ellas comenzó a percibirse con intensidad creciente, en comparación con las generaciones anteriores, el aumento sostenido de la participación en la actividad económica y en el aumento de la edad a las uniones conyugales, así como un incipiente crecimiento de la consensualidad en las uniones de pareja, aunque esas uniones han tendido a buscar la unión legal luego del nacimiento de los hijos. El modelo de convivencia sin papeles no es nuevo en la Argentina, donde se ha dado históricamente, especialmente en los sectores populares de algunas regiones del país. Lo nuevo es la proliferación de este tipo de uniones en amplias capas de los niveles medios de la población.

De manera adicional, se ha hecho visible la participación de ambos miembros de la pareja en el mantenimiento económico de los hogares, también llamados hogares de dos proveedores.

El tamaño de los hogares de las generaciones nacidas alrededor de 1940 es mayor que el observado en las más jóvenes, pasando de 3.6 a 2.3 en la mayoría de las zonas del país a excepción de la Ciudad de Buenos Aires, donde el tamaño de las familias siempre fue más reducido (Torrado, 2003). En la actualidad se aprecia también el aumento de las familias monoparentales, especialmente las que tienen a mujeres como jefas del hogar, que comienzan a crecer a partir de 1960, fenómeno atribuible al aumento de los divorcios y las separaciones.

En los primeros años del siglo XXI los temas relativos al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se ampliaron y permitieron la discusión y sanción de leyes que fortalecieron los derechos de las personas: leyes de salud sexual y procreación responsable, de fertilización asistida, de matrimonio de personas del mismo sexo y de identidad de género.

Las mujeres y el mundo del trabajo extradoméstico

La cuestión del empleo femenino es un problema complejo ya que, además de los factores comunes a ambos sexos que inciden en la participación en el mercado de trabajo (edad, nivel de instrucción, demanda de trabajo), hay que tener en cuenta otros que son exclusivos de las mujeres, como la situación conyugal, presencia y edad de los hijos, existencia de otros ingresos en el hogar (Kirsch, 1975). Los estereotipos sobre los roles de género y el lugar de la mujer en la sociedad en un momento histórico juegan un importante papel en la comprensión de la inserción de las mujeres en el trabajo extradoméstico.

En la Argentina, históricamente, una porción importante de las mujeres siempre han trabajado fuera de sus casas, pero es a partir del Censo Nacional de Población de 1960 que se observa un aumento de la proporción de mujeres que participa del mercado de trabajo. De acuerdo a esos datos, sólo una de cada cuatro mujeres en edad activa participaban en la actividad económica, un valor elevado si se lo compara con el resto de los países de América Latina y bajo en relación con las cifras de los Estados Unidos y varios países europeos (Kirsch, 1975; Recchini de Lattes, 1983). ¿Por qué una sociedad que para esa época presentaba un elevado nivel de urbanización/industrialización y ya había mostrado una reducción de la fecundidad no tenía los niveles de participación femenina de las sociedades desarrolladas?, se pregunta Kirsch (1975). Según el autor, el descenso de la fecundidad sólo explica en parte la participación, siendo variables de mayor importancia el ingreso del cónyuge, la actitud de la sociedad para la mujer/madre que trabaja y la actitud de los empleadores para contratar mujeres. En ese sentido, aún en un momento de profundos cambios culturales y sociales, el trabajo femenino se consideraba en la Argentina algo accesorio, en términos del autor “fuerza de trabajo secundaria”.

Wainerman y Navarro (1979), en un trabajo acerca de las ideas predominantes sobre el trabajo femenino en la Argentina, recorren el período que va desde principios del siglo XX hasta 1970 y reconocen como hitos fundamentales la ley Nº 11.357 de 1926, que iguala los derechos civiles de la mujer mayor de edad con los de los varones mayores de edad; la ley Nº13.010 de 1947, que reconoce sus derechos políticos y la ley Nº17.711, que en 1969 le otorga plena capacidad al cumplir la mayoría de edad cualquiera sea su estado civil.

Las leyes que regulaban el trabajo femenino se habían redactado a principios del siglo XX y estuvieron en vigencia hasta 1974, cuando se promulga la Ley de Contrato de Trabajo. Estas primeras leyes postulaban que las mujeres tenían una menor capacidad física para el trabajo y estaban capacitadas sólo para actividades ligadas a su condición femenina, privilegiando ante todo la función materna. El trabajo femenino extradoméstico que se legitima es el realizado por necesidades económicas. Algunos trabajos, como el de maestra o enfermera, se valoran pues se asocian con funciones femeninas de maternaje y cuidado.

La baja participación de las mujeres en el mercado de trabajo se fue modificando hacia el aumento a partir de la década de 1960. De acuerdo a los Censos de Población, el porcentaje de mujeres en edad activa que participaban de la fuerza de trabajo fue creciendo: 21,5% en 1960, 25,3% en 1970 y 27,5% en 1980. Hay que señalar que los comportamientos laborales de mujeres y varones son muy diferentes: como observan Recchini de Lattes y Wainerman (1979), las tasas de actividad de los varones no sólo son superiores a las de las mujeres, sino que adoptan tasas específicas de actividad por edad muy distintas. Los varones mantienen altas tasas durante toda su vida activa, mientras que las mujeres tienen un máximo de participación entre los 20 y los 24 años, que luego declina.

Es probable que muchas de las mujeres de la cohorte de mayor edad hayan tenido experiencias de trabajo fuera de sus hogares hasta que formaron sus familias y comenzaron a tener hijos.

Con respecto a las mujeres de la generación más joven, Wainerman (2003) destaca que la diferencia más notoria del patrón actual o contemporáneo de inserción laboral de esas mujeres con respecto al que se observaba en los años 1960/1970 se debe a la permanencia versus la intermitencia asociada a las etapas del ciclo de vida familiar. El perfil típico en 1970 era el de una participación de las mujeres jóvenes antes de casarse o de tener su primer hijo y una reinserción (menor) luego de la etapa de crianza. Actualmente, quienes más aportan a la fuerza de trabajo son mujeres casadas o unidas con carga de familia. Desde 1980 hasta la actualidad, las mujeres han incorporado el rol productivo al rol reproductivo y este cambio en las pautas de participación se asocia a un cambio en las estrategias y roles familiares (Wainerman, 2003). Es así que el mayor nivel educativo, el menor número de hijos, el incremento en la esperanza de vida y la difusión de un estilo de vida que privilegia la realización individual y los mayores niveles de consumo alientan la participación laboral fuera de los hogares.

En la primera década del siglo XXI Argentina transita un contexto macroeconómico de crecimiento por el aumento del valor de las commodities, al que se suma un repunte del sector industrial, merced a un tipo de cambio desfavorable para la importación de productos manufacturados y regulación del intercambio comercial tendiente a la protección de los bienes de fabricación nacional. En 2010, el empleo registrado formal se había incrementado en un 65% respecto a 2002 (Díaz, Goren y Metlicka, 2011). En este contexto económico favorable, el aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo se estabiliza alrededor del 50 % y asume un comportamiento similar al masculino.

Gráfico 1. Tasas de actividad por grupos de edad según sexo.
Total del país. 2010.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. Procesamientos especiales de la Dirección de Estadísticas Sectoriales en base a información derivada del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Como se observa en el Gráfico 1, el comportamiento de las trabajadoras que actualmente tienen entre 25 y 49 años es muy distinto al de sus congéneres que transitaban la misma edad en las décadas de 1970 y 1980; mientras que estas últimas se retiraban del mercado de trabajo en edades tempranas (luego del matrimonio o de la llegada de los hijos), las más jóvenes mantienen su tasa de actividad económica y de empleo en ascenso hasta los 30-49 años, edades en las que alcanza su máximo (al igual que los varones). Este patrón de inserción laboral, debido a múltiples factores, da como resultado que las mujeres asuman las cargas del trabajo doméstico y extradoméstico y ha sido posible, en gran medida, por las políticas educativas y sociales que contribuyeron a la conciliación de la crianza de los hijos con el trabajo.

A pesar de ello, pueden observarse algunas diferencias respecto a la participación y el empleo si se toman en cuenta el nivel de educación, el estrato de ingreso del hogar y la composición de las familias. Entre las mujeres con mayores niveles de educación y quintiles más altos de ingreso, las tasas de actividad y de empleo son más elevadas.

La presencia y el número de hijos también son factores que condicionan el trabajo extradoméstico de las mujeres. Entre las que tienen hijos, las tasas de actividad son menores (Diaz, Goren y Metlica, 2011); asimismo las mujeres que están ocupadas y tienen hijos trabajan un menor número de horas semanales que las que no los tienen.

Gráfico 2. Promedio de horas semanales trabajadas por las mujeres ocupadas según presencia en el hogar de menores de 6 años.
Total país (urbano). 3° trimestre del 2012

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Sectoriales en base a información derivada de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) 3°trim. 2012.

De acuerdo al Gráfico 2, y para todos los tramos de edad, las mujeres sin hijos trabajan alrededor de 35 horas semanales, mientras que ante la presencia de un hijo disminuye a 33 horas y, con dos o más hijos, se reduce aún más la cantidad de horas.

Servicios de cuidados y educativos para la primera infancia

Las licencias por maternidad y paternidad y la disponibilidad de servicios de cuidado de niños, como guarderías y jardines de infantes, se constituyen en políticas indispensables para que padres y madres puedan llevar adelante el trabajo extradoméstico (Mario, 2012). El conocimiento del servicio de cuidados resulta imprescindible porque constituye uno de los factores que favorecieron la mayor inserción de las mujeres al mercado de trabajo y, de alguna forma, transfirieron el cuidado de los niños a una modalidad institucional. Para ello se ha rastreado información sobre la evolución de la disponibilidad de jardines maternales y de infantes.

En la Argentina, las políticas de protección de la maternidad y ayuda a los trabajadores con responsabilidades familiares presentan limitaciones para conciliar el ámbito del trabajo y el de la familia. En primer lugar, están pensadas casi exclusivamente para un momento específico del ciclo de vida como el embarazo, el parto y la lactancia en la que es mayor la tensión entre trabajo productivo y reproductivo (Martínez Franzoni y Camacho, 2006) y, en segundo término, alcanzan a un número reducido de personas, mayormente asalariadas del sector formal y, en menor medida, a trabajadores del sector informal.

Le legislación vigente se centra en el amparo de las licencias por embarazos, partos y pospartos. Sin embargo, ese interés ha desatendido las etapas siguientes de la crianza de los hijos, vinculadas con el cuidado de infancia, la salud y la iniciación escolar. En estos enfoques ha prevalecido la división tradicional de roles de género, en la cual las mujeres son las que cuidan y los varones los que aportan el ingreso familiar (Faur, 2006).

Si se tienen en cuenta la oferta de servicios de cuidados y, especialmente, la evolución del nivel inicial de educación (Cuadro Nº1), se observa que desde 1945 a la actualidad se produce una expansión en la matrícula. Este período puede subdividirse en una primera etapa (1945 a 1960) de gran impulso, ligado al proyecto político social de crecimiento industrial y extensión de la educación, que muestra un aumento en la cantidad de establecimientos, de los recursos humanos y en el número de alumnos inscriptos. En la siguiente etapa (de 1960 a 1970), se produce una ampliación notable en el número de establecimientos, docentes y alumnos, acorde a proyectos políticos y sociales, generando importantes innovaciones (Dirección General de Cultura y Educación, Provincia de Buenos Aires, 2001). A fines de 1970, y con la mayor incorporación de mujeres en el campo del trabajo, se genera una demanda de guarderías privadas con fines de lucro, especialmente en el ámbito de la Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El Estado comienza a ejercer cierto control sobre estas instituciones dictando para ello resoluciones que reglamentan su habilitación.

Entre 1985 y 1993 puede observarse un aumento de la cantidad de establecimientos públicos y la incorporación de recursos humanos que hace crecer la matrícula en el nivel inicial. En 1993 se sanciona en el país la Ley Federal de Educación Nº 24.195 como intento de transformación del sistema educativo y la Educación Inicial no es ajena a estos cambios. Esta Ley establece la obligatoriedad de la sala de 5 años del Jardín de Infantes e incorpora al Jardín Maternal para niños menores de tres años. También establece la obligatoriedad del último año del Jardín de Infantes, completando así el ciclo inicial (3 a 5 años). En los documentos emanados de dicha Ley y del Consejo Federal de Cultura y Educación, se define la identidad y objetivos del Nivel Inicial, en relación a la función propia y a la función propedéutica, destinada a garantizar el acceso a los conocimientos en el Primer Ciclo de Educación General Básica. La Ley Federal no define la responsabilidad política y económica de las salas de 3 y 4 años y mucho menos del jardín maternal, quedando delegada esta función a las posibilidades de cada jurisdicción (Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 2001).

A fines de la década de 1990 continúa la expansión cuantitativa y se aprueban los Contenidos Básicos Comunes del Nivel Inicial. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires se crea la modalidad de escuelas infantiles que alberga a niños de 45 días hasta los 5 años (Faur, 2014).

Cuadro Nº 1 – Evolución histórica de la matrícula del Nivel Inicial en Argentina. Años seleccionados (1945/1993). En números absolutos.

Año	N° Jardines de Infantes			N° de docentes			N° de alumnos
	Públ.	Priv.	Total	Públ.	Priv.	Total	Públ.	Priv.	Total
1945	44	56	100	293	183	476	5127	3454	8581
1950/55	1291	558	1849	3380	959	4335	69866	31225	101091
1960/70	s/d	s/d	8400	s/d	s/d	24335	s/d	s/d	555358
1975/80	s/d	s/d	12316	s/d	s/d	42996	s/d	s/d	849298
1985	5472	2549	8021	31449	13470	44504	560559	237676	798235
1990	5907	2786	8693	33851	14969	48820	630832	283854	914686
1993	7263	2810	10073	35540	14453	49993	62709	252663	879760

Fuente: Barceló, Duarte, Enrique, Núñez y Ríos, 2014.

Desde 1996 a 2006 se mantiene la evolución y la matrícula llega a cubrir alrededor del 90% de los niños de todo el país entre 3 y 5 años, sin embargo, las salas de 3 y 4 años alcanzan niveles de escolaridad menores (DINIECE, Ministerio de Educación, 2006). Pese a la obligatoriedad de la sala de 5 años, la matrícula no alcanza a ser universal (Faur, 2014) y la oferta de servicios del nivel inicial arrastra importantes sesgos de desigualdad regional. La presencia del sector privado en la educación inicial es más notoria en las provincias con gran concentración urbana.

La cobertura de jardines maternales es muy incipiente en el país: menos del 10% de instituciones públicas de nivel inicial de jornada simple ofrece alguna sala de jardín maternal para chicos menores de 3 años. La regulación es deficiente y los costos de funcionamiento son altos. Tampoco se encuentran reguladas las competencias de los distintos organismos y el nivel de informalidad es mayor.

Esta carencia afecta principalmente a las mujeres con hijos pequeños de menores recursos que no tienen posibilidades de costear los servicios de cuidado institucionalizados en el ámbito privado y, por lo tanto, o disminuyen sus horas de trabajo o deben contar con algún familiar para el cuidado de sus hijos.

Desde la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo se abren pocos Jardines Maternales estatales o de Obras Sociales, dando lugar a la creación masiva de instituciones privadas. En la legislación de la prestación del servicio del Jardín Maternal de Empresas y Obras Sociales quedan marginados los padres de familia ya que se refiere exclusivamente a la protección de la maternidad (Ministerio de Educación, 1986).

La encuesta Nacional de Trabajo Infantil de 2004 muestra que los niños de 0 a 4 años que más asisten son particularmente aquellos que provienen de hogares con ingresos superiores y es escasa la asistencia de niños de hogares pobres (Barceló, 2014).

Consideraciones finales

Desde el punto de vista de las dos generaciones de mujeres contempladas es útil señalar las diferencias en sus ciclos de vida. Las mujeres nacidas a finales de la década de 1930 y en los años 1940 vivieron su infancia y adolescencia en la época del gobierno peronista y de la dictadura de la autodenominada Revolución Libertadora, periodos signados por el uso de métodos anticonceptivos tradicionales, como el coitus interruptus y el condón, entre los más frecuentes. La atmósfera cultural de los años de formación de estas generaciones de mujeres estuvo caracterizada por los mensajes educacionales (aumento de la matrícula educativa), políticos (el voto femenino, el ingreso al Parlamento) y los métodos modernos de regulación de la fecundidad (píldora anticonceptiva, DIU) ya que, en la década de 1960, las mujeres de niveles socioeconómicos medios y altos tuvieron acceso a ellos. La interrupción voluntaria del embarazo siguió vigente, aunque es ilegal y está penada por la ley. Una buena síntesis del recorrido que los aspectos relativos a la reproducción humana tuvieron entre los años 1940 a 2010 sería el tránsito del binomio madre-hijo al cuidado de la salud sexual y reproductiva.

Para las mujeres de la primera cohorte, el trabajo extradoméstico se consideraba en la Argentina algo accesorio, siendo el rol primordial asignado a las mujeres el de esposa y madre; de todas maneras no puede soslayarse que el estrato socioeconómico influye en los patrones de inserción de las mujeres.

A partir de 1960 y 1970 aumenta la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, a partir de un proceso de democratización. El descenso de la fecundidad, la mayor educación de las mujeres, son factores asociados a esa creciente participación.

Con la ampliación de los derechos ciudadanos a partir de 1980, las mujeres de las generaciones más jóvenes han sostenido su participación en el mercado de trabajo, hecho que no solo ocurre antes de casarse y tener hijos; han demorado la edad de las uniones conyugales; han desarrollado un uso más extensivo de los métodos anticonceptivos; y han optado por una maternidad tardía, sobre todo entre las mujeres de niveles medios, entre quienes pesan las motivaciones de realización personal y profesional. No obstante, existen fuertes desigualdades de género en el mercado laboral: las mujeres se insertan fundamentalmente en el sector terciario, trabajando menos horas y con una desigual brecha de ingresos en relación a los varones. También persisten desigualdades económicas, ya que entre las mujeres de menores recursos el trabajo extradoméstico está más ligado a necesidades de subsistencia.

El eje de las políticas para el cuidado infantil se ha concentrado en la mujer trabajadora, aspecto que contribuye a consolidar la división sexual de las responsabilidades familiares y laborales. Además de ampliar la normativa que extienda las licencias por maternidad y paternidad, sería necesario legislar medidas que apunten a facilitar la tarea de cuidados –a ambos progenitores– contemplando imprevistos como enfermedades, actos escolares y reuniones para padres mediante la incorporación de permisos laborales durante la jornada de trabajo.

La oferta de los servicios educativos del nivel inicial destinado a las mujeres con hijos es aún endeble. El análisis de las tasas específicas de asistencia de niños entre 3 y 5 años a instituciones educativas muestra importantes brechas según el estrato socioeconómico, y los mayores niveles de inequidad en las tasas de asistencia se producen en las edades más tempranas.

Las dificultades que enfrentan mujeres en la organización de la crianza de sus hijos evidencia la escasa visibilidad que se le otorga al cuidado como un problema social y el exiguo consenso existente para promoverlo como una política pública. Si se contempla sólo como un problema privado del ámbito familiar, no se vislumbra que son derechos adquiridos de la ciudadanía en tanto sujetos de políticas de reproducción social.

La ausencia de políticas conciliatorias flexibles determina que el cuidado de los hijos sea considerado básicamente un asunto privado y la legislación vigente promueve la persistencia de las desigualdades de género que concentra en las mujeres la responsabilidad casi exclusiva del cuidado infantil y familiar, pese a los avances acaecidos en los últimos años desarrollados en las políticas sociales y a una mayor democratización de las relaciones entre hombres y mujeres.

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