Sofia Lanchimba Velastegui

Introducción

Las décadas de 1960 y 1970 en Ecuador estuvieron marcadas por procesos de transformación económica, social y política. Las izquierdas radicalizadas y las dictaduras militares jugaron un rol preponderante en esos procesos; por una parte, las izquierdas pregonaban e incitaban a la revolución, mientras que, por otra parte, las dictaduras militares buscaban la contención y la desaparición de los insurgentes. Fueron años en los que el campo político estuvo marcado por la dinámica insurgencia/contrainsurgencia y por una polarización propia de la Guerra Fría. El periodo histórico que analiza este capítulo comienza con una masacre que impulsó la radicalización de una generación de militantes de izquierda y culmina con los últimos estertores del proyecto revolucionario.

La periodización que se utiliza responde a la dinámica de las izquierdas radicalizadas:

1. radicalización y proliferación de organizaciones de izquierda revolucionaria (1959-1972),
2. crecimiento y ascenso de la lucha (1972-1983), y
3. repliegue (1983-1990).

En cada uno de estos ciclos, se desplegó una política contrainsurgente, ya fuera por la vía de dictaduras militares o por gobiernos autoritarios.

A partir de la revisión de documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos^[2] (CIA), documentos producidos por las izquierdas radicalizadas ecuatorianas, hojas volantes y la recuperación de trayectorias militantes, se reconstruye la relación insurgencia-contrainsurgencia y se pone especial énfasis en el carácter, los objetivos y la política que asumieron las dictaduras y el gobierno autoritario de León Febres Cordero para contener la radicalización de izquierda y la movilización social entre 1959 y 1990.

En este capítulo se parte de la idea de que la política contrainsurgente no solo se trató de represión, sino que abarcó dimensiones culturales, sociales, económicas y militares que fueron usadas para aislar y neutralizar a la insurgencia. En la tensión insurgencia-contrainsurgencia, se disputó la reconfiguración del campo político ecuatoriano y se delineó el campo para el regreso al orden constitucional que se produjo en 1979.

1. Radicalización y proliferación de organizaciones de la izquierda revolucionaria (1959-1972)

Ecuador aún tiene que tener una revolución, pacífica o no, que termine o disminuya materialmente el poder de los miopes, si se retrasa, es más probable que su curso final sea violento y extremo: bajo estas circunstancias, los comunistas, ahora pocos y divididos, se podría esperar que ganaran mucho…^[3]

El año 1959 fue un parteaguas de la configuración del campo político ecuatoriano −acabó por definirse en 1979 con el ingreso de las izquierdas a la política institucional−. Por un lado, estalló la Revolución cubana, que provocó un reajuste de la Guerra Fría en América Latina, y, por otro, en Ecuador se produjo una masacre en la ciudad de Guayaquil que detonó la radicalización de izquierda. No existen cifras oficiales sobre los muertos y ha habido un silenciamiento de la memoria de aquel suceso, pero los testimonios revelan entre 600 y 800 muertos. Luego de la masacre, una generación de jóvenes, sucesivamente, se integraría a movimientos y partidos revolucionarios.

Dos años después de la Revolución cubana y frente al temor de la radicalización en el resto del continente, el gobierno estadounidense de John F. Kennedy propuso un programa de ayuda económica, política y social denominado la Alianza para el Progreso. Si bien la forma de contrainsurgencia más visible en este ciclo fue la dictadura de la Junta Militar (1963-1966), también se desplegó una campaña anticomunista durante los primeros años de la década de 1960, que contribuyó a establecer un ambiente de legitimación de la represión. Además, se implementaron un conjunto de reformas −entre las que estaba la reforma agraria− para minimizar el descontento social y mitigar la insurgencia.

La campaña anticomunista consistía en el apoyo financiero, armado y logístico a la derecha brindado por Estados Unidos, con el fin de desencadenar “el terror especialmente en el campo atizando el odio al ‘comunismo’, a Cuba, parapetándose en las supuestas amenazas revolucionarias contra la Religión Católica”.^[4] No se trataba de una crítica específica a los partidos comunistas, sino a un discurso reaccionario difundido en gran medida por la Iglesia. Al respecto, Hernán Ibarra señaló:

El anticomunismo que se divulgó a comienzos de los años sesenta estaba sobre todo nutrido de imágenes sobre el ateísmo, la destrucción de la familia y las expropiaciones indiscriminadas de bienes como hechos de naturaleza terrorífica. El tema del marxismo, era relativamente secundario y quedaba abierto a refutaciones doctrinales o ideológicas desde el liberalismo y la doctrina social de la Iglesia Católica.^[5]

La propaganda anticomunista se sirvió de una base preexistente: una cultura conservadora con valores cristianos. Sobre esa base se construyó un discurso según el cual el comunismo representaba lo opuesto al mandato de la Iglesia: el ateísmo. Además, se usaron las imágenes de la destrucción de la familia y la pérdida de los bienes materiales para generar temor en la población con respecto al comunismo. En la propaganda se leía: “… como propietario le costaría: Todo, su cepillo de dientes sería su único bien en propiedad: el Estado absorbe toda propiedad”.^[6]

Según una propaganda sobre el comunismo que circuló en 1962 en Ecuador, la Central de Trabajadores Ecuatorianos (CTE) era el centro de difusión del comunismo y se la identificaba como la fuente de paros, peleas, tiranía, explotación y sabotaje; además, se decía que su objetivo era la desaparición de la religión y el ejército. Es decir, según el oficialismo, el comunismo era el origen de los males que aquejaban al país.

A raíz de la masacre y las revueltas de junio de 1959, se fue configurando un discurso anticomunista sobre esos hechos. El 16 de noviembre de 1962, apareció una hoja volante en Cuenca con el siguiente contenido:

El cáncer no hace falta que lo señalemos. Explotó repugnante y virulento en toda su fealdad moral: la rebeldía colectiva de la juventud estudiantil, antaño esperanza de la Patria y el desacato, la grosería, el salvajismo de un grupo de monzalbetes [sic], para quienes el insulto, la agresión, el grito destemplado ha llegado a ser signo de grandeza y de heroísmo.^[7]

Las revueltas de 1959 no fueron leídas como un acontecimiento de descontento generalizado de la población, sino como una importación soviética que proclamaba vivas al comunismo: “Bien sabemos que detrás, de esa juventud inconsciente y de los pocos obreros engañados y envenenados por el odio, maquina entre las sombras la Jefatura Comunista Internacional y los líderes perversos a soldada del Soviet”.^[8]

El anticomunismo no se reducía al campo discursivo, también se expresaba a través de acciones directas. Según el exagente de la CIA Philip Agee,^[9] algunos grupos estudiantiles de la Universidad Católica fueron organizados en el Frente Anticomunista del Ecuador, que posteriormente cambió su nombre a Acción Anticomunista Ecuatoriana (AAE). Su existencia se puede rastrear, también, a través de una hoja volante en la que manifestaron su apoyo a las Fuerzas Armadas, acusaron a algunas personas de tener vínculos con la guerrilla y exigieron al gobierno la depuración administrativa de las personas identificadas, la expulsión de los “agentes comunistas internacionales”, la disolución del “grupo terrorista URJE” y la sanción a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE). Ese comunicado finalizaba con la siguiente amenaza: “Responsabilizamos al gobierno del Frente Democrático de lo que venga, en agitación, sangre y muerte, por la falta de acción oportuna y efectiva para detener al comunismo”.^[10]

En el campo, el anticomunismo se materializó en muertes y torturas. Según el Centro de Estudios y Difusión Social y el Centro de Educación Popular,

por intermedio del Partido Conservador y del Partido Social-Cristiano, los terratenientes se pusieron en movimiento para oponerse a los proyectos de reforma agraria. Organizaron un Sindicato Nacional de Agricultores y crearon las “Milicias Anticomunistas”.^[11]

La Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) y la CTE, a través de una hoja volante, denunciaron la represión en contra del movimiento campesino. La acusación generalizada que utilizaban era “indio comunista”. En ese documento se podían leer los siguientes títulos: 1. Ahorcan a un campesino, torturan a otro en Tungurahua, 2. Incendian una choza en hacienda de “Pesillo”, balean casa de dirigente campesino en Cayambe, apresan a dirigente de la liga campesina de Juan Montalvo, 3. En Cotopaxi, apalean y dan bala a un campesino que pedía misa, y 4. Se preparan grandes provocaciones contra los campesinos de Chimborazo.^[12] La campaña anticomunista en Ecuador legitimaba acciones como la masacre de 1959 y el asesinato de campesinos y preparaba el terreno para una dictadura.

1.1. La dictadura militar, 1963-1966

Luego de 11 años de estabilidad política que finalizaron con el gobierno de Camilo Ponce, ningún otro gobierno posterior terminó su periodo de mandato. En 1960, Velasco Ibarra fue elegido presidente; sin embargo, debió renunciar por la fuerte agitación social que alcanzó su máxima expresión en 1961 con las manifestaciones estudiantiles y obreras contra su gobierno. Carlos Julio Arosemena −vicepresidente de Velasco Ibarra− lo sucedió. Arosemena, que se había mostrado cercano a la izquierda, fue derrocado en 1963. El 11 de julio de ese año, se produjo un golpe y se instauró una Junta Militar de carácter reformista y anticomunista. Durante los tres años que duró la Junta, se implementó una estrategia contrainsurgente con dos caras: la represión y la reforma.

La Junta ilegalizó al Partido Comunista y encarceló a sus dirigentes, entre los que estaban el secretario general, Pedro Saad, y dirigentes de la FEI, Amadeo Alba y Tránsito Amaguaña. “El encarcelamiento de los dirigentes supremos de la FEI la condenó a la clandestinidad y desmanteló sus estructuras organizativas internas”.^[13] “Cerca de 150 personas fueron detenidas, algunas de las cuales ya han sido enviadas a penitenciarias en las provincias orientales trasandinas”.^[14] De inmediato se ordenó la reorganización de las universidades de Guayaquil y Loja y, a continuación, la reorganización de la Universidad Central, donde se destituyó a sus autoridades y a 270 profesores acusados de ser “comunistas”. El 30 de enero de 1964, se decretó la clausura de la Universidad Central con el fin de aplacar una ola de protestas y se continuó con la expedición de una nueva Ley de Educación Superior, que fue calificada por la FEUE y la Unión de Educadores como “la carta negra de la esclavitud universitaria” por su carácter represivo y excluyente.

Desde inicios de la década de 1960, la CIA reportaba una constante preocupación por las condiciones de pobreza de la mayoría de la población, las desigualdades y la mirada miope de las oligarquías renuentes a aplicar cualquier reforma. “La gran disparidad entre el consumo conspicuo de la oligarquía y la condición de las masas mal alimentadas y alojadas ha sido una invitación abierta a la agitación revolucionaria”.^[15] Las oligarquías, preocupadas únicamente por sus intereses inmediatos, se opondrían a cualquier tipo de reforma. En este escenario, la implementación de reformas ligadas al programa Alianza para el Progreso para frenar procesos de radicalización solo podían ser llevadas a cabo por los árbitros tradicionales: los militares.^[16]

Si bien Ecuador no constituía una fuente de preocupaciones en materia de insurgencia en la década de 1960, en los informes de la CIA sobre este país, se colaba una constante intranquilidad por el escaso desarrollo del país y las urgentes y requeridas reformas para neutralizar cualquier descontento y radicalización: “Ecuador es uno de los países más pobres y menos desarrollado en América Latina”.^[17] En dos décadas −los sesenta y los setenta−, se implementaron un conjunto de reformas esperadas por la Alianza para el Progreso, incluida la reforma jurídico-política (1978) que precedió el regreso al orden constitucional. El éxito de su implementación, sin embargo, es debatible.

A inicios de la década de 1960, en Ecuador primaba un régimen gamonal en el que las oligarquías regionales permanentemente disputaban entre Sierra y Costa para hacer prevalecer sus intereses particulares; esta contienda está reflejada entre los Partidos Conservador y Liberal. Además, se carecía de un sistema constitucional y político que sentara las bases de una institucionalidad mínima y avanzara en un proceso de integración nacional. La misma CIA afirmaba: “Lo que pasa por ‘constitucionalismo’ en Ecuador es un sistema que permite a una pequeña oligarquía manipular el sistema político para su beneficio particular y desviar los esfuerzos recurrentes para iniciar programas de reforma”.^[18] La debilidad institucional del Ecuador lo volvía muy proclive a las crisis.

1.2. El primer ciclo de reformas

Hasta 1965 la economía ecuatoriana tenía una base eminentemente agrícola caracterizada por una elevada concentración de la propiedad de la tierra y del ingreso. El 85 % de las exportaciones provenían básicamente del banano, café y cacao. Las condiciones de atraso, pobreza, inestabilidad política y falta de atención para la mayoría de la población eran condiciones propicias para la radicalización.

Frente a eso era urgente un programa de reformas que mejorara en algo las condiciones de las mayorías, minimizara su exclusión y les arrebatara militantes a las estructuras de izquierda. Esto incluía una reforma agraria, la alfabetización, la distribución del ingreso y la llegada de gobiernos democráticos. Es decir, se necesitaba eliminar las condiciones que pudieran llevar a un país a la revolución, siguiendo el ejemplo cubano. Según José Moncada, la Junta promovió el más serio programa de reformas −agraria, tributaria y administrativa−, cuya finalidad era “amortiguar las contradicciones del agro y el descontento campesino y […] modernizar al país abriendo un cause más amplio a la industrialización”.^[19]

Los principales cambios en el campo consistieron en la eliminación de formas precapitalistas de producción; para ello, se promulgaron varias disposiciones legales: la reforma agraria de 1964 eliminó el huasipungo, el Decreto 373 abolió el trabajo precario en la agricultura, y el Decreto 1.001 declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación e inmediata ocupación a todas las tierras bajo producción arrocera cultivadas por precaristas.^[20] No hay que olvidar que, entre 1959 y 1964, se liquidó el huasipungo por iniciativa privada. Lo que significó la “entrega de las peores tierras y [la] eliminación del derecho de los huasipungueros a acceder a los recursos de la hacienda”.^[21]

La Junta Militar llevó a cabo la primera Reforma Agraria en 1964 y creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC). Según la ley, esta reforma consistía básicamente en la expropiación de tierras explotadas en forma absentista y defectuosa, la reversión de tierras incultas (aquellas que habían permanecido ociosas por 10 años), la eliminación de toda forma precarista de tenencia de la tierra con fines agrícolas, la intervención en las haciendas de Estado, y la promoción de parcelaciones privadas que se ajustaran a los lineamientos de la ley. Con esta reforma “lo que se impuso es la tendencia general hacia la profundización del desarrollo capitalista en el campo y la consecuente proletarización del campesinado”.^[22] Entre sus efectos estuvo la migración temporal o definitiva.

A la reforma agraria, se sumaron las reformas tributaria y administrativa, que tenían como objetivo centralizar y modernizar el funcionamiento del Estado. El conjunto de reformas era parte del proceso de modernización que empezó a tomar forma a mediados de la década de 1960. Estas primeras reformas −administrativa, fiscal y agraria− impulsadas por la Junta Militar (1963-1966) sentaron las bases de un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones que permitió el crecimiento de la población asalariada y la migración del campo a la ciudad. Ese impulso industrializador y el crecimiento de población asalariada crearon las condiciones para la organización de sindicatos en la siguiente década.

En suma, el conjunto de reformas que se desplegaron entre las décadas de 1960 y 1970 tendieron a la desestructuración del viejo régimen gamonal, el impulso de un proceso de industrialización, el fortalecimiento del aparato estatal y la integración nacional. El ciclo de reformas iniciado en la década de 1960 cobraría fuerza en la de 1970 gracias al boom petrolero. La tarea de la Junta Militar era la gestión de la crisis y la transición a la vida institucional, pero no lo logró y tuvo que abandonar el poder ante la presión de las élites empresariales de Guayaquil opuestas a las reformas industrialistas y la movilización de sectores laborales y estudiantiles.^[23]

1.3. La Insurgencia

En el primer ciclo, se produjo una activación política que se expresó en una explosión organizativa de partidos de una izquierda radicalizada y procesos de movilización cuyo principal protagonista fue el movimiento estudiantil. Las expresiones de izquierdas que aparecieron en esos años buscaban ocupar un lugar a la izquierda de los partidos comunista y socialista y surgieron en torno a debates sobre la estrategia revolucionaria y realineamientos respecto al estalinismo, el conflicto chino-soviético, la Revolución cubana, la política del Vaticano y las revoluciones anticoloniales. Se produjo una multiplicación de familias de izquierdas: comunistas, socialistas, guevaristas, trotskistas, maoístas, cristianos de izquierda, etc.

En 1963 se creó el Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano (PSRE), en 1964 el Partido Comunista Marxista Leninista (PCMLE), y en 1965 el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Durante estos años la militancia estaba guiada por los anhelos de producir focos revolucionarios armados.

Estas organizaciones insurgentes eran pequeñas y débiles por su división en facciones y no representaban ninguna amenaza;^[24] sin embargo, el despliegue de importantes movilizaciones sociales sí constituía un problema para los diferentes gobiernos y una importante motivación para esas izquierdas. Aunque la Junta Militar destruyó al Partido Comunista, “la insatisfacción laboral y estudiantil” logró generar una presión importante para pensar en una posible reorganización de la Junta.^[25]

Al cerrar la década −en la que ocurrió el asesinato del Che Guevara en Bolivia en 1967−, la estrategia contrainsurgente parece haber dado resultado. En un informe sobre las guerrillas latinoamericanas del 22 de enero de 1971, la CIA informó:

Durante más de diez años, Fidel Castro ha estado alentando y ayudando a los revolucionarios latinoamericanos a viajar a las tierras y montañas de sus propios países para imitar su campaña guerrillera y su victoria. Hoy, sin embargo, hay menos de 1000 guerrilleros rurales resistiendo en solo unos pocos países. Son débiles, de importancia decreciente y no representan una amenaza grave para los gobiernos. La insurgencia guerrillera en el interior se volvió cada vez más anacrónica e irrelevante en muchos países latinoamericanos en la década de los sesenta a medida que las sociedades se urbanizaban y modernizaban a un ritmo acelerado.^[26]

Si bien las reformas fueron un importante factor para modernizar y neutralizar la insurgencia, también generaron las condiciones para el nacimiento de una nueva generación. Como el mismo informe de la CIA sostenía: “Sin embargo, a medida que las fortunas de la guerrilla rural se han desvanecido, una nueva generación de revolucionarios ha aparecido en las ciudades”.^[27] En 1972 algunos de los líderes de las organizaciones con impulsos político-militares fueron encarcelados por la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976), y otros acabaron en el exilio.

2. Crecimiento y ascenso de la lucha (1972-1983)

El segundo ciclo (1972-1983) fue de ascenso de la lucha social y crecimiento organizativo. El fortalecimiento de la industrialización generó las condiciones propicias para la creación de nuevos sindicatos, pero fue incapaz de absorber la mano de obra que se alimentaba de los flujos migratorios del campo a la ciudad. A pesar del boom petrolero, las condiciones de vida no mejoraron para las mayorías. El carácter desigual y excluyente de la modernización alimentó el malestar social. Durante este ciclo, las izquierdas cambiaron de estrategia y la actuación a través de los frentes de masas les permitió un crecimiento exponencial. Surgieron nuevas organizaciones de izquierda, tales como el Movimiento Revolucionario de Izquierda Cristiana (MRIC) en 1972 y el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT) en 1977.

El crecimiento organizativo y la politización de sindicatos, campesinos, maestros, estudiantes, etc., permitieron el sostenimiento de importantes huelgas nacionales. Sin embargo, perdieron fuerza con el regreso al orden constitucional que abrió las puertas para el ingreso de las izquierdas radicalizadas a la arena institucional. Desde 1979 hasta 1983, desaparecieron todas las organizaciones que se habían radicalizado en las décadas de 1960 y 1970.

2.1. Segundo ciclo de reformas

Al igual que en la década de 1960, las oligarquías ecuatorianas no estaban dispuestas a implementar reformas que afectaran sus fortunas. Nuevamente, una dictadura militar tuvo que profundizar la modernización. En 1972, Guillermo Rodríguez Lara derrocó a Velasco y, aunque tenía un discurso nacionalista revolucionario −gracias al cual recibió el apoyo del Partido Comunista y de sectores sindicales−, encarceló y persiguió a los principales líderes de las izquierdas radicalizadas.

Rodríguez Lara se enfrentaba a la falta de recursos y a la oposición que podría surgir desde las oligarquías. Por ello, necesitaba el apoyo popular para llevar a cabo cualquier reforma. “Utilizó una retórica populista, al mismo tiempo que hacía ciertas concesiones a las organizaciones gremiales, fundamentalmente a las Centrales Sindicales”.^[28] Este ambiente permitió la organización de los sindicatos, la movilización campesina y su dinamización política, “frente a la mirada relativamente tolerante del Estado”.^[29]

Desde 1973, se produjo una profundización de la modernización −crecimiento de industrias, nueva reforma agraria y fortalecimiento del Estado− que fue sostenida, en gran medida, por el boom petrolero^[30] y por los altos costos del petróleo.^[31] Sin embargo, esta modernización fue desigual y excluyente. Crecieron las clases medias asalariadas gracias al fortalecimiento del Estado. El sistema educativo se amplió y permitió el crecimiento del número de estudiantes y educadores, especialmente en la universidad. Pero los campesinos que migraban a las ciudades y los que se quedaban vivían en condición de subsistencia. La búsqueda de viviendas en las ciudades alimentó los cinturones de pobreza. Aunque crecieron las industrias, no lograron absorber la mano de obra, y el descontento popular fue en aumento a lo largo de la década.

En el caso del petróleo, Rodríguez Lara adoptó una política nacionalista “que conduce a la constitución de CEPE (posteriormente Petroecuador), a la renegociación de los contratos petroleros con Texaco-Gulf, y al establecimiento de condiciones que permitieron al Estado captar aproximadamente el 80% del excedente petrolero”.^[32]

Con los recursos petroleros bajo control estatal, los militares siguieron una agenda cepalina clásica para promover el desarrollo industrial: créditos de fomento, incentivos fiscales, subsidios, tasas de cambio sobrevaluadas, restricciones a las importaciones y recurso al endeudamiento externo cuando los precios del petróleo comenzaron a bajar.^[33]

A fines de la década de 1970, el petróleo representaba aproximadamente el 70 % de las exportaciones del país, lo que permitió que el Estado contara con más recursos para gastos e inversiones. De esta manera, el Estado adquirió cierta autonomía respecto a los grupos de poder.

La migración del campo a la ciudad, la expansión del mercado interno, la pavimentación de miles de kilómetros de carreteras y el mejoramiento de las comunicaciones fomentaron la integración nacional. Sin embargo, los cambios eran precarios e incompletos sin un proyecto de desarrollo y la implementación de un sistema político. Hasta inicios de la década de 1970, “ni los núcleos comerciales ni los terratenientes semiindustriales habían logrado un nivel de desarrollo objetivo que les permitiese imponer su modelo de desarrollo librecambista o proteccionista, respectivamente”.^[34]

A pesar del proceso de modernización, no se modificaron los problemas estructurales: la concentración del ingreso y de la propiedad, la persistencia de relaciones tradicionales de producción ahora incorporadas al capital, el subempleo, la exclusión de una parte de la población del país de los servicios de educación, salud y vivienda, el analfabetismo, la insuficiente producción agrícola para consumo interno; además, no cambiaron los patrones de producción dependientes del exterior y no se alteró el proceso de acumulación atado a las exportaciones de productos primarios.

2.2. El triunvirato militar

El triunvirato militar que desplazó a la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara en 1976 incrementó la represión. Su papel consistió en generar las condiciones para la transición al orden constitucional a través de dos vías: el disciplinamiento social a través del endurecimiento de la represión, y una reforma jurídico-política que permitía el ingreso de las izquierdas al campo político institucional.

La represión solo consiguió avivar las movilizaciones; sin embargo, la reforma jurídico-política fue la estrategia más efectiva para neutralizar a las izquierdas radicalizadas, al permitirles el ingreso a la arena político-institucional. La reforma sirvió para desmovilizar a la izquierda al dotarla de representación y, de esa forma, aislar y debilitar a los grupos más radicales. Varias organizaciones de izquierda fueron asimiladas a la dinámica política del Estado. Los efectos fueron evidentes durante los primeros años de la década de 1980, cuando todas las organizaciones revolucionarias se dividieron o se disolvieron.

La dictadura militar sentó las bases para el regreso al orden constitucional. Además de la reforma política, suprimió la política social y redujo los salarios. Al mismo tiempo, aceleró la centralización y monopolización alrededor del Estado, junto a una más profunda intervención y dependencia del exterior. “Terratenientes, agroexportadores e importadores son abiertamente favorecidos a través de medidas estatales”^[35] como la modificación de la Ley de Reforma Agraria para beneficiar a latifundistas o la concesión de exenciones fiscales a la exportación de productos primarios.

El gobierno siguió apoyando el desarrollo industrial; sin embargo, no contaba con una estrategia de promoción sectorial o de consolidación del mercado interno.

Esto, por cierto, supone una adicional exigencia de recursos y de divisas, lo cual hubiese podido ser problemático dada la caída de las exportaciones petroleras. La solución va a ser el incremento del endeudamiento externo hasta niveles nunca antes conocidos en el país.^[36]

Para 1978, se comenzó a sentir una tendencia recesiva de la economía, a pesar de la “agresiva política de endeudamiento externo (durante 1977 y 1978 el Gobierno contrató cerca de 1.400 millones de dólares)”.^[37] Los sectores más afectados fueron la construcción, la agricultura y la industria, lo cual disminuyó el empleo. Según Moncada, el debilitamiento o deterioro de la actividad económica y la caída de la tasa de acumulación también generaron conflictos entre las fracciones dominantes, cuyos intereses no coincidían y que la dictadura ya no podía gestionar.^[38] En las calles, la FEUE y la FESE denunciaron el alto costo de la vida, la devaluación del sucre, la entrega de los recursos naturales a las compañías extranjeras, la represión brutal, y la persecución política, entre otros.^[39]

En 1977 se produjo el mayor evento de represión de la década: la masacre de Aztra, en la que “se calcula que murieron más de cien trabajadores”.^[40] La liberación de la fuerza de trabajo del campo había producido una importante migración hacia la costa.

Luego de la Reforma Agraria de 1963, los campesinos de Azuay y Cañar comenzaron a migrar a la Costa, especialmente en la época de zafra, por lo cual su trabajo en la mayoría de los casos era estacional, frente a una quinta parte −alrededor de 4.000 trabajadores− que habían logrado residir en la Troncal. Por consiguiente, la mano de obra era abundante y los salarios eran bajos.^[41]

Los masacrados en el ingenio azucarero Aztra eran campesinos migrantes y zafreros que demandaban el cumplimiento del contrato colectivo. El desconocimiento del contrato colectivo dio origen a pliegos de peticiones y a la declaración de huelga. La huelga fue declarada ilegal, y el ministro de Gobierno dispuso el desalojo. Muchos fueron asesinados por disparos, otros murieron asfixiados o ahogados en el canal de riego al que se lanzaron. Luego de la masacre de Aztra, se enardecieron la agitación social y la oposición a la dictadura.

La represión y el disciplinamiento de los sectores populares eran el rasgo fundamental de esta dictadura.

El salario mínimo vital permanece congelado desde 1976 mientras se incrementan los precios. Las demandas de los trabajadores son rechazadas y se ilegaliza a las Centrales Sindicales.^[42]

Durante el triunvirato, también la Unión Nacional de Educadores (UNE) perdió la personería jurídica, fueron expulsados sacerdotes extranjeros que comulgaban con las ideas de monseñor Proaño, y Ecuador pasó a formar parte del Plan Cóndor.

En 1976 se llevó a cabo un encuentro auspiciado por la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) y por el obispo de Riobamba, Leonidas Proaño. Se trató de una reunión pastoral para tratar los problemas de los pobres de América Latina en general y de los indígenas de la zona de Riobamba en particular. La policía ecuatoriana detuvo durante dos días a 17 obispos y 21 sacerdotes de varios países de América Latina y Estados Unidos, por considerar que la reunión era subversiva. El trabajo con indígenas que llevaba a cabo Proaño no solo incomodaba a los terratenientes de la zona, sino también a la dictadura.

A nivel latinoamericano había una intensa colaboración para reprimir a la izquierda. En 1978, durante el triunvirato, Ecuador pasó a integrar la Operación Cóndor, una operación creada en 1975 y que coordinaba acciones entre Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. La estrategia usada fue el terrorismo de Estado a través de la tortura, desaparición y muerte de miles de personas. Según informes de la CIA, Ecuador recibió la colaboración de militares argentinos para el sistema de telecomunicaciones y el ofrecimiento de becas para oficiales militares que asistieran a la escuela de inteligencia de Chile.

La responsabilidad general de la participación y las actividades de Ecuador en el Cóndor recae en el mando conjunto ecuatoriano de las fuerzas armadas; sin embargo, el comando conjunto ha asignado diversas responsabilidades individuales al ejército, la marina y la fuerza aérea, por ejemplo, el ejército a través de la dirección general de inteligencia (DGI) es responsable de los informes de inteligencia y el intercambio de información entre varios cóndores. La marina es responsable de las telecomunicaciones y la fuerza aérea es responsable de la guerra psicológica.^[43]

Fue esta dictadura, además, la que pautó las reglas del juego democrático. Por un lado, posibilitó la entrada a las izquierdas en la contienda electoral y, por otro, fortaleció el aparato represivo a través de la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional (1979), que sería ampliamente utilizada por el Gobierno de León Febres Cordero para ejercer el terrorismo de Estado.

3. El repliegue (1983-1990)

El tercer ciclo fue de reflujo y de reorganización de la militancia (1983-1990). Frente a la transformación del campo político que produjo el regreso al orden constitucional, las trayectorias militantes se bifurcaron. Muchos dejaron la militancia, otros ingresaron al campo político institucional, otros se dedicaron a la docencia, otros ingresaron a ONG, y otros pasaron a formar parte de proyectos político-armados, de los que el más visible fue Alfaro Vive Carajo! (AVC). A pesar de que en 1979 Ecuador regresó al orden constitucional, la estrategia contrainsurgente no cesó; por el contrario, fue durante el periodo democrático cuando se desplegó el terrorismo de Estado para eliminar a las últimas expresiones radicalizadas.

Febres Cordero llegó al gobierno en 1984 bajo la promesa de “Pan, techo y empleo”; sin embargo, la agresiva liberalización de la economía, la eliminación de políticas que habían protegido la industria, el aumento de precios de la gasolina y la reducción de los subsidios a los alimentos terminaron eliminando la incipiente industria y precarizando la vida de los trabajadores. Su gobierno se caracterizó por mantener bajo control a la izquierda y a los sindicatos, para lo que dedicó importantes esfuerzos en el fortalecimiento del aparato represivo. Los militantes, dirigentes sindicales y campesinos eran blanco para un gobierno que actuaba bajo la hipótesis del enemigo interno.

En resumen, el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) aplicó dos políticas:

1. fuertes medidas represivas, persecuciones políticas, tortura y asesinato −sobre todo para quienes se vinculaban con organizaciones de izquierda−, y
2. la desestructuración del mundo del trabajo a través de la aplicación de medidas neoliberales.

El repliegue comenzó a sentirse en 1986; para entonces los principales dirigentes de AVC e integrantes de otros núcleos político-militares fueron asesinados y el mundo del trabajo empezó a sentir los efectos del neoliberalismo que erosionaron sus formas de organización. El aparato represivo legal y clandestino se fortaleció bajo la política de Seguridad Nacional en el periodo de León Febres Cordero.

El sueño del oro negro se terminó también en 1986 con la caída estrepitosa del precio del petróleo. El precio del barril, que había llegado hasta 34,4 dólares en 1981, cayó a 9 dólares en 1986. Para 1987, la deuda externa llegó a 9.300 millones de dólares −representaba más del 70 % del PIB−, las tasas de crecimiento de la industria se tornaron negativas, y el ingreso per cápita del país se encontraba en niveles similares a los de 1978.^[44]

En medio del fuerte ambiente de represión, fue difícil para las centrales sindicales canalizar el descontento frente al declive de los niveles de vida y la ausencia de empleo y vivienda. Se organizaron tres huelgas nacionales entre 1984 y 1985; no obstante, no tuvieron la fuerza que habían mantenido entre 1980 y 1983. Solo después de un creciente desprestigio, la inconformidad de miembros de las Fuerzas Aéreas, la oposición unificada de la izquierda en el referéndum de 1986 y la reorganización de fuerzas en el legislativo −en el que las izquierdas ampliaron su participación−, se produjo en marzo de 1987 “un paro laboral a nivel nacional que prácticamente paralizó a Quito y otras ciudades importantes y dejó a varios policías y manifestantes heridos”.^[45]

Uno de los principales legados del periodo de Febres Cordero fue el fortalecimiento del aparato represivo, que no culminó con su mandato. Según información de la CIA, las fuerzas armadas comenzaron la implementación de “un plan de 10 años para organizar, entrenar y equipar cinco unidades especiales denominadas supresión de grupos antisubversivos”.^[46] Al finalizar la década de 1980, los grupos radicalizados prácticamente habían desaparecido.

Conclusiones

Las dictaduras ecuatorianas del periodo analizado en este capítulo cumplieron diversas funciones: fueron mediadoras de los intereses de las oligarquías, impulsaron un proceso de modernización y desarrollo, reprimieron a las izquierdas radicalizadas y la movilización social y disciplinaron a la sociedad. La política de contrainsurgencia incluyó un amplio paquete de reformas y diversas formas de represión. De hecho, en el caso de Ecuador, la forma más eficaz para contener la radicalización fue la apertura del campo político a las izquierdas radicalizadas. Una vez que la mayoría entró al juego político institucional, el resto quedaron aisladas. Y sobre estas últimas se aplicó una represión aún más violenta y sistemática durante un gobierno elegido constitucionalmente. Es decir, la política de contrainsurgencia continuó durante el periodo democrático.

El proceso de transformación que empujaron las izquierdas radicalizadas se resolvió en la tensión insurgencia-contrainsurgencia. La modernización emprendida desde la década de 1970 puso en crisis el régimen gamonal y los poderes locales y significó el ocaso de los partidos tradicionales, conservador y liberal. Además, la creciente importancia de las movilizaciones encabezadas por el sindicalismo y el protagonismo de las fuerzas de izquierda empujaron la creación de un nuevo sistema político y el fortalecimiento del Estado. La reforma político-institucional más importante fue la creación de un régimen de partidos que intentó convertirse en el mediador entre la sociedad civil y el Estado.

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