Leonardo Astorga Sánchez

Tal vez sea triste que se haya quebrado una tradición democrática, que en este continente era larga. Pero cuando el Estado pierde sus calidades, vienen aquellos que por mandato deben mantener su vigencia a asumir ese cargo. Hoy lo hacemos. Estamos seguros de que Chile entero tiene que comprender el sacrificio que nos significa.

   

Almirante José Merino Castro, 11 de setiembre de 1973

Introducción

Si bien es cierto que la cita que encabeza este capítulo corresponde a las declaraciones de un miembro de la Junta Militar chilena que tomó el poder después del golpe de Estado en contra del gobierno de Salvador Allende, esas palabras resultan familiares para la realidad que se experimentó en gran parte de América Latina entre 1960 y 1980. En ellas se encuentran las principales razones discursivas que justificaron a las Fuerzas Armadas para hacerse con el poder mediante el uso de la fuerza y que se resumen en tres conceptos: “honor”, “deber” y “sacrificio”.

Entre 1960 y 1980, América Latina se caracterizó por un fuerte proceso de militarización, que llevó a la creación de un Estado autoritario contrainsurgente.^[1] Durante esos años, el golpe de Estado pasó a ser un acto político clave, mediante el cual el aparato estatal y su institucionalidad eran capturados por las Fuerzas Armadas y se les imprimía el carácter castrense, mientras que la disciplina y racionalidad militar pasaban a ser los ejes que orientarían la función y el arte de gobernar.^[2]

Por medio del golpe de Estado, los militares llegaron al poder en Brasil en 1964, en Bolivia en 1971, en Chile y Uruguay en 1973 y en Argentina en 1976, y también hubo gobiernos militares en Centroamérica y se llevó a cabo una campaña de guerra sucia en México. A través del golpe de Estado, se iniciaron, en muchos países, procesos de transformación, en donde la violencia y el terrorismo de Estado pasaron a ser los medios para lograr la reorganización y creación de proyectos de sociedad que se exponían como una utopía autoritaria.^[3]

Asimismo, la presencia de los militares en el poder, en un contexto de Guerra Fría, facilitó y permitió una integración y cooperación de los Estados autoritarios contrainsurgentes. Tal particularidad hizo posible, según lo analizado por Patrice McSherry, que la violencia alcanzara un nivel transnacional, siendo la operación Cóndor su máxima expresión.^[4]

La diferencia de esos golpes de Estado con aquellos que se produjeron antes de la década de 1960, como explica Marcos Roitmann, es que las Fuerzas Armadas produjeron esos golpes por iniciativa propia.^[5] De esa manera, los militares llegaron a actuar e intervenir como grupo, como una corporación, y tomaron el poder para sí mismos porque se consideraban la única fuerza organizada y capaz de garantizar el orden, pues veían a las otras instituciones políticas como débiles o corruptas.^[6]

Por consiguiente, el presente capítulo se propone llevar a cabo un acercamiento a las razones discursivas que fueron utilizadas para justificar el derrocamiento de gobiernos civiles por parte de los militares en Chile y en Argentina. El análisis parte, en primer lugar, de una delimitación del concepto de “seguridad”, pues es clave para comprender mejor la manera de actuar de las Fuerzas Armadas en el contexto de Guerra Fría. Luego, este trabajo se adentra en el estudio de declaraciones, bandos y proclamas militares, con el fin de comprender cómo el honor, el deber y el sacrificio se unieron a las justificaciones en materia de seguridad planteadas por los militares.

1. Fuerzas Armadas, seguridad y discurso

Un elemento importante que debe considerarse para poder entender no solo el discurso, sino también la manera de actuar de los militares entre 1960 y 1980, es la idea que tenían del concepto de “seguridad”. Para las Fuerzas Armadas, este concepto fue clave, ya que se partía del axioma de que la seguridad del Estado era la seguridad de la patria y la nación, además de que la seguridad garantizaba el desarrollo. Asimismo, los militares aducían que solo una institución como las Fuerzas Armadas podía garantizar y ofrecer seguridad, y, por tal razón, debían encargarse del Estado.

Como lo explica Barry Buzan, la idea y el concepto de “seguridad” requieren de la identificación de un objeto referente al cual proteger (el Estado, la nación) y, a partir de esa identificación, posibilitar las condiciones y prácticas para que ese objeto sea motivo y objetivo de seguridad.^[7] Al lograrlo, al establecer el objeto que proteger, el cómo protegerlo y de qué o de quiénes protegerlo, se inicia un proceso de securitización que no va a depender de una amenaza real, sino de cómo esa amenaza es presentada y narrada. Lo que se busca es que, mediante el discurso como parte del proceso de securitización, se priorice un tema con tal urgencia, que incite a una acción inmediata: el golpe de Estado.^[8]

Tomando en cuenta lo anterior, se entiende la seguridad como parte de un discurso, donde la clave era cómo se argumentaban y legitimaban las acciones que se debían llevar a cabo. Más aún si a lo que se estaba apelando era a la supervivencia y al rescate del Estado y de la patria frente a una amenaza.

El discurso y la acción de los militares tienen mayor sentido si los observamos a la luz de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). La Guerra Fría, por su parte, ofreció el contexto global para que las Fuerzas Armadas enmarcaran su actuación y su papel en la elaboración política e ideológica y en la definición de una manera de cómo hacer las cosas.^[9] Como lo explica Laura Sala,^[10] esas formas de ser y hacer partían del hecho de definir la seguridad nacional como el resultado de que los militares ejercieran el poder nacional a través de una estrategia y prácticas para alcanzar objetivos específicos y la capacidad de imponer su voluntad a pesar de sus oponentes. La DSN, según Leal Buitrago, era una macroteoría militar del Estado, mediante la cual se justificaba la importancia de que las Fuerzas Armadas ocuparan las instituciones estatales, a la vez que se militariza el concepto de “seguridad”.^[11] Mediante la Doctrina de Seguridad Nacional, las Fuerzas Armadas empezaron a verse y definirse no solo como las defensoras de los intereses nacionales, sino también como las encargadas de definir esos intereses.

Todo lo anterior respondía, además, a un elemento clave y estructural en la cultura política de América Latina: el militarismo. Eso era así porque, antes y después de los procesos de independencia, las Fuerzas Armadas se mantuvieron como una institución constante, que ocupaba un lugar muy importante en los diferentes procesos de cambio que experimentaron las sociedades latinoamericanas.^[12] Así, el militarismo exponía a las Fuerzas Armadas como la solución a los problemas políticos, actuando en un principio como un medio para luego ser un fin en sí mismas.

2. Frente al caos

Todo régimen crea su propio discurso, se encarga de dotar a las palabras de un significado simbólico, para que puedan reinventar el mundo, y para que encajen dentro de la concepción que se tiene de la realidad, a partir de objetivos específicos. Si se parte de esa idea, se puede llegar a entender la forma en que las Fuerzas Armadas crearon un discurso que se caracterizó por su rigidez y exclusividad, interpretando el mundo a partir de un principio de opuestos, y haciendo de tal relación la base con que llegaron a ordenar la sociedad.

Uno de los principales elementos presentes en el discurso de los militares chilenos y argentinos fue el contraste entre orden y caos.^[13] Las Fuerzas Armadas chilenas y argentinas consideraban que sus países estaban al borde del abismo, todo estaba a punto de derrumbarse, y que, ante tal situación, era su deber responder de manera heroica y a la vez sacrificada. El golpe de Estado fue expuesto como una acción dolorosa, pero necesaria, para reimplantar el orden.^[14]

Frente al caos, tanto para el caso chileno como para el argentino, las Fuerzas Armadas eran las exponentes, el arquetipo del orden. Para el caso chileno, el caos inmediatamente se asoció con el carácter comunista del gobierno de Allende, lo cual ya de por sí entraba en conflicto con el fuerte anticomunismo de las Fuerzas Armadas chilenas; así lo explicaba el general Gustavo Leigh a pocas horas de haber tomado el poder por las armas:

Después de tres años de soportar el cáncer marxista, que nos llevó a un descalabro económico, moral y social que no se podía seguir tolerando, por los sagrados intereses de la patria, nos hemos visto obligados a asumir la triste y dolorosa misión que hemos acometido.^[15]

Para el caso de Argentina, el caos al que se referían las Fuerzas Armadas era el resultado de un vacío de poder, de un gobierno al que se lo acusaba de su incapacidad para gobernar; la administración de María Estela Martínez se había caracterizado por una conflictividad social y por el aumento de la violencia, lo que terminó provocando una crisis política que le restó legitimidad y sirvió de pretexto para impulsar la intervención militar.^[16] Lo anterior se puede observar en la primera comunicación del teniente general Videla tras el golpe:

El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las fuerzas armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia.
Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado las posibilidades del ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. Las fuerzas armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación.^[17]

En ambas justificaciones, ya sea por la orientación comunista de Allende o por la pérdida de legitimidad del gobierno de Martínez, se buscaba recalcar que las Fuerzas Armadas eran las únicas capaces de hacer las cosas bien. Se construyó la idea de que los militares eran los únicos que podían enfrentar el caos y convertirlo en orden, y que, por eso, el golpe de Estado pasó a ser el inicio de un proceso de recuperación, de sanación, o de reorganización nacional.

La idea de reformar a la nación se puede observar como uno de los principales objetivos planteados en el acta de constitución de la Junta de Gobierno militar chilena:

… esta Junta asume el mando Supremo de la Nación con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada, conscientes de que esta es la única forma de ser fieles a nuestras tradiciones, al legado que los Padres de la Patria nos dejaron y que la Historia de Chile nos impone y de permitir que la evolución y el progreso del país se encaucen vigorosamente por los caminos que la dinámica de los tiempos actuales exigen a Chile en el concierto de la Comunidad Internacional de que forma parte.^[18]

Similar a la retórica chilena, podemos encontrar lo planteado por Jorge Videla como parte de su deseo de hacer del golpe el inicio de una nueva etapa histórica para Argentina:

… los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno, significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación, emprendida con real vocación de servicio por las fuerzas armadas.^[19]

Así, el golpe de Estado era considerado, visto y planteado como el inicio de una sociedad estable y renovada, siguiendo los principios de la lógica militar. Si se ve así, el discurso militar y las justificaciones del golpe constituían un discurso mítico, en donde se idealizaba a una sociedad encuadrada, disciplinada y que seguía valores esenciales: el cristianismo, el patriotismo y el respeto a la autoridad.^[20]

Es en el Bando número 5, promulgado por la Junta de Gobierno chilena, en donde se observa ese encuadre moralista de la sociedad:

… las Fuerzas Armadas han asumido el deber moral que la Patria les impone de destituir al Gobierno que aunque inicialmente legítimo ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el Poder por el solo lapso en que las circunstancias lo exijan, apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría nacional, lo cual de por sí, ante Dios y ante la Historia, hace justo su actuar y por ende, las resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea de bien común y de alto interés patriótico que se dispone cumplir.^[21]

Un planteamiento equivalente lo expresaba Videla en sus declaraciones:

Esta actitud consciente y responsablemente asumida no está motivada por intereses o apetencias de poder, solo responde al cumplimiento de una obligación inexcusable emanada de la misión específica de salvaguardar los más altos intereses de la nación. Frente a ese imperativo, las fuerzas armadas como institución han llenado el vacío de poder existente y como institución también han dado una respuesta a la coyuntura nacional a través de la aplicación de objetivos y pautas para la acción de gobierno a desarrollar, inspirados en una auténtica vocación de servicio a la nación.^[22]

3. Frente a lo civil

Otro elemento discursivo presente en las declaraciones y proclamas analizadas era la manera como se distinguía al militar frente al civil. Y, a partir de esa distinción, se justificaba que fueran las Fuerzas Armadas las que debían encargarse de ejercer el control político y decidir el destino de la nación.

En primer lugar, teniendo presente que el discurso de las Fuerzas Armadas era mítico, se establecía la figura del soldado como un héroe, como un modelo, y como la esencia del ser nacional. La institución militar se representaba como incorruptible y abnegada, la columna vertebral, la base sobre la que se asentaba la nación.^[23]

Para el almirante José Merino, las cualidades excepcionales de los militares los posicionaban como los más adecuados para dirigir el destino de la nación: “… formados en una escuela de civismo, de respeto por la persona humana, de convivencia de justicia y de patriotismo, no se persigue otra finalidad que no sea la felicidad de todos los chilenos”.^[24]

Videla, para el caso argentino, tampoco se quedaba corto al realzar la superioridad moral y cívica de las Fuerzas Armadas:

Profundamente respetuosas de los poderes constitucionales, sostenes naturales de las instituciones democráticas, las fuerzas armadas hicieron llegar en repetidas oportunidades serenas advertencias sobre los peligros que importaban tanto las omisiones como las medidas sin sentido. Su voz no fue escuchada, ninguna medida de fondo se adoptó en consecuencia.^[25]

Había, además, un interés por recalcar que las Fuerzas Armadas actuaban en nombre de la nación, respondiendo al llamado del pueblo y nunca en nombre de intereses particulares. Así lo hizo la Junta Militar chilena al plantear que “la insuficiencia del sistema institucional […] hizo necesario que las Fuerzas Armadas y de Orden, después de agotar los medios […] asumieran el Gobierno de la Nación, acogiendo así el clamor de la inmensa mayoría ciudadana”.^[26]

Lo anterior se complementaba con lo promulgado en el Bando número 5, en donde se ponía en el centro de la discusión la ilegitimidad del gobierno de Allende y su incapacidad de responder a los intereses nacionales:

… la intervención para deponer al gobierno ilegítimo, inmoral y no representativo del gran sentir nacional, evitando así mayores males que el actual vacío de poder pueda producir, pues para lograr esto no hay otros medios de razonamiento exitosos, siendo nuestro propósito restablecer la normalidad económica y social del país, la paz, la tranquilidad y seguridad perdidas.^[27]

Por su parte, los militares argentinos hicieron del patriotismo y de escuchar la voluntad del pueblo las razones por las cuales tomaron el poder mediante las armas:

[El proceso de reorganización nacional] Estará imbuido de un profundo sentido nacional y sólo responderá a los más sagrados intereses de la Nación y sus habitantes. Al contraer las Fuerzas Armadas tan trascendente compromiso, formulan una firme convocatoria a toda la comunidad nacional.^[28]

Alrededor de los militares, se creó una imagen impoluta, como miembros de una institución incapaz de traicionar los valores esenciales, la esencia del ser nacional. A ese arquetipo se le oponían los políticos civiles, quienes fueron representados como débiles y como promotores de la división y el desorden.

Para el caso chileno, desde las Fuerzas Armadas se enfatizó que el gobierno de Allende introdujo en la sociedad chilena elementos ajenos a su esencia, como, por ejemplo, la idea de la lucha de clases y de ser un gobierno para y por los comunistas:

Que el mismo Gobierno […] ha quebrado la unidad nacional fomentando artificialmente una lucha de clases estéril y en muchos casos cruenta, perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en búsqueda del bien de la Patria y llevando a una lucha fratricida y ciega, tras las ideas extrañas a nuestra idiosincrasia, falsas y probadamente fracasadas.^[29]

Por su parte, las Fuerzas Armadas argentinas recalcaron que la administración de María Martínez se había encargado de destruir la economía y no garantizaba ni seguridad ni respeto a los derechos y las libertades, y la acusaban de actos de corrupción:

[Ante] la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado; a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía que ocasionara el agotamiento del aparato productivo; a la especulación y la corrupción generalizada, todo lo cual se traduce en una irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe; las Fuerzas Armadas en cumplimiento de una obligación irrenunciable han asumido la conducción del Estado.^[30]

Las proclamabas subrayaron que, mientras que el soldado llevaba a cabo su tarea siguiendo principios de honor, sacrificio y patriotismo, los políticos civiles lo hacían en búsqueda de beneficios particulares o para causar un daño a la sociedad. Esta forma de establecer una diferencia entre lo militar y lo civil impactó la manera en que se definió cuáles partidos y organizaciones sindicales podían tener cabida dentro de la dinámica política establecida por los militares. De tal manera, se consideraba dignos aquellos que se ajustaban a la racionalidad militar y a los principios de un patriotismo que los delegaba a un segundo plano, a ser la comparsa de los militares.

El decreto ley número 77, en Chile, utilizó el anticomunismo como criterio para proscribir a distintos partidos políticos:

Prohíbanse, y, en consecuencia, serán consideradas asociaciones ilícitas, los Partidos Comunista, Socialista, Unión Socialista Popular, Movimiento de Acción Popular Unitario, Radical, Izquierda Cristiana, Acción Popular Independiente y todas aquellas entidades, agrupaciones, facciones o movimientos que sustenten la doctrina marxista o que por sus fines o por la conducta de sus adherentes sean sustancialmente coincidentes con los principios y objetivos de dicha doctrina y que tiendan a destruir o a desvirtuar los propósitos y postulados fundamentales que se consignan en el Acta de Constitución de esta junta.^[31]

Para el caso argentino, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un proceso de categorización en función de lo que consideraban como útil en función a sus objetivos:

Si las fuerzas armadas han impuesto una suspensión de las actividades de los partidos políticos como contribución a la pacificación interna, reiteran en su decisión de asegurar en el futuro la vigencia de movimientos de opinión de auténtica expresión nacional y comprobar la vocación de servicio.^[32]

4. El bien y el mal

Las Fuerzas Armadas se autopresentaban con un carácter inalterable e incorruptible y, por eso, se decían las guardianas perfectas de la argentinidad y de la chilenidad. Lo interesante es que esa identidad llegaba a ser definida a partir del apoyo que se le brindaba al proyecto que los militares querían llevar a cabo. Así lo explicaba el general Gustavo Leigh, miembro de la Junta Militar chilena:

No tenemos miedo, sabemos la responsabilidad enorme que cargará sobre nuestros hombros. Pero tenemos la certeza, la seguridad, de que la enorme mayoría del pueblo chileno está con nosotros, está dispuesto a luchar contra el marxismo.^[33]

Videla también presentó la acción llevada a cabo por los militares argentinos como parte de un llamado a los ciudadanos:

Las Fuerzas Armadas convocan al pueblo argentino a ejercer toda su responsabilidad en un marco de tolerancia, unión y libertad en la lucha por un mañana de irrenunciable grandeza. Ha llegado la hora de la verdad, el gobierno nacional, al formular esta sincera y honesta convocatoria al pueblo de la patria, no pretende generar espontáneas conductas de participación en el proceso.^[34]

De esa forma, se estableció una distinción entre amigo y enemigo y se crearon nociones que no daban espacio para puntos medios o neutros, por lo que todo acto que se llevara a cabo se interpretaba como a favor o en contra de la seguridad nacional.^[35] Ser un buen ciudadano chileno o argentino dependía de la postura que se tomara frente al golpe y las subsecuentes acciones por parte de los militares y se apuntalaba en función de aquellos valores claves, valores que además eran definidos por los militares como el patriotismo, el cristianismo, el anticomunismo, y el sacrificio:

Demandamos comprensión para las razones que motivaron la actitud adoptada, demandamos comprensión para las pautas orientadoras impuestas al proceso de reorganización nacional, demandamos comprensión para los esfuerzos que debemos exigir a cada argentino como contribución impostergable.^[36]

En esta nueva etapa, hay un puesto de lucha para cada ciudadano. La tarea es ardua y urgente. No estará exenta de sacrificio, pero se la emprende con el absoluto convencimiento de que el ejemplo se predicará de arriba hacia abajo y con fe en el futuro argentino.^[37]

Para el caso chileno, se hizo una referencia directa a los malos chilenos como aquellos que se identificaban como comunistas y que, de una u otra manera, apoyaron al gobierno de Salvador Allende:

… la experiencia de casi tres años de un Gobierno marxista en Chile fue suficiente para destruir moral, institucional y económicamente al país, hasta el extremo de poner en serio riesgo la subsistencia de la paz interior y de la seguridad exterior de la República.^[38]

En el caso argentino, no se hizo una referencia directa al comunismo, pero se definió a los malos argentinos como todos aquellos que podían entorpecer, amenazar moral y físicamente a la patria y al proyecto de los militares para protegerla: “Esta decisión [el golpe de Estado] persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo y sólo está dirigida contra quienes han delinquido o cometido abusos de poder”.^[39] Los golpistas argentinos además agregaron el concepto de “subversión”, que fue visto en forma amplia como un enemigo poco convencional, con capacidades exageradas para infiltrarse y generar caos.^[40] Además, la idea de la subversión iba de la mano con emprender una guerra total, permanente y generalizada y que el ejército debía controlar todo, vigilar todo y establecer un estado de sitio.^[41]

La acción llevada a cabo por las Fuerzas Armadas en nombre de la patria justificaba medidas extrañas, como lo reconocieron los militares chilenos:

Toda persona que sea sorprendida durante el Estado de Sitio imprimiendo o difundiendo por cualquier medio propaganda subversiva y atentatoria contra el Supremo Gobierno sufrirá las penas contempladas por el Código de justicia Militar para tiempo de Guerra.^[42]

Los militares argentinos defendían las medidas adoptadas como parte de los esfuerzos para lograr el objetivo de proteger a la nación:

A partir de este momento, la responsabilidad asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que afectan al país.
Por ello, al par que continuará combatiendo sin tregua a la delincuencia subversiva abierta o encubierta y se desterrará toda demagogia, no se tolerará la corrupción o la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia, ni tampoco cualquier transgresión a la ley u oposición al proceso de reparación que se inicia.^[43]

Los subversivos fueron identificados como aquellos que, de una u otra manera, se oponían y obstaculizaban la labor de las Fuerzas Armadas. Por su parte, la seguridad nacional fue puesta por encima del individuo, y las necesidades del Estado fueron presentadas como superiores a los derechos y las libertades; finalmente, la lucha por el bien común le daba al ejército un estatus por encima de la ley.^[44]

Ser un ente subversivo, o sea, un mal argentino o chileno, era terminar siendo excluido del proyecto nacional, visto como un extraño o intruso y, por eso, era susceptible de ser objeto del terrorismo de Estado, como se puede observar en las declaraciones de Videla:

Utilizaremos esa fuerza cuantas veces haga falta para asegurar la plena vigencia de la paz social, con ese objetivo, combatiremos sin tregua a la delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones hasta su total aniquilamiento.^[45]

Esa definición también apareció en la manera en que los militares chilenos legitimaron el uso de la violencia:

Todas aquellas personas que insistan en la actitud suicida e irresponsable [desafiar la autoridad de los militares] antes señalada, serán objeto de un ataque definitivo por parte de los efectivos de las FF.AA. y de Carabineros. Los que fueran tomados prisioneros serán fusilados en el acto.^[46]

Los militares presentaron sus métodos violentos como metódicos, racionales y eficientes.^[47] Asimismo, se vanagloriaron de ejercer una violencia que se hacía sin odio, ni resentimiento:

Las Fuerzas Armadas, organismos esencialmente profesionales, no pueden permanecer impasibles ante el derrumbe de nuestra patria y la desesperación de millones de chilenos. Esto no es un golpe de Estado, pues es un tipo de esquema que no calza con nuestro modo de ser y repugna a nuestra conciencia legalista y profunda convicción cívica.^[48]

Para nosotros, el respeto de los derechos humanos no nace solo del mandato de la ley ni de las declaraciones internacionales, sino que resultante de nuestra cristiana y profunda convicción acerca de la preeminente dignidad del hombre como valor fundamental. Y es justamente para asegurar la debida protección de los derechos naturales del hombre que asumimos el ejercicio pleno de la autoridad no para conculcar la libertad, sino para afirmarla, no para torcer la justicia, sino para imponerla.^[49]

En todo momento, los milicos aducían que su manera de actuar era dolorosa, pero respondía a los más altos valores y al deber que tenían como guardianes de la patria. De esa forma, el golpe de Estado se planteó y representó como la recuperación del gobierno de las manos de entes incapaces o mal intencionados y por la salvación de la patria.

Conclusión

La acción de los militares chilenos y argentinos hizo del golpe de Estado el inicio de un proceso securitizador que, a través del discurso, llegó a definir al Estado, y por extensión a la patria, como el objeto de defender y de garantizar la protección de valores tales como el patriotismo y el cristianismo frente a una amenaza que podía ser el comunismo o la subversión.

Tanto en Chile como en Argentina, el golpe de Estado fue presentado como un acto político que, en nombre de la seguridad y de la protección de la nación, permitía a los militares pasar por encima de la institucionalidad estatal y afectar la relación entre Estado y sociedad civil. De esa forma, se pretendía despolitizar a la sociedad e impedirle, a través del miedo y la violencia, participar en la política y movilizarse.

El golpe se legitimó como necesario para salvar y rescatar la democracia. Se trataba de una acción militar que llevaba al establecimiento de un estado de excepción y que limitaba las posibilidades del retorno a la democracia hasta que se obtuviera una victoria rotunda en la lucha antisubversiva y se organizara el proceso de recuperación nacional.

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