Carla Espósito Guevara

Introducción

Zavaleta Mercado^[1] apuntó que el golpe de Estado es la manera que adopta el cambio político y la sucesión en el poder en Bolivia. Durante 37 años, esa afirmación había perdido sentido, hasta el 12 de noviembre de 2019, cuando, luego de 21 días de convulsión social que llevaron a la renuncia de Evo Morales, ante un parlamento casi vacío, la senadora conservadora, Jeanine Áñez, asistida por un militar de las Fuerzas Armadas que le impuso la banda presidencial, se posesionó como presidenta interina de Bolivia.

La forma en que Áñez accedió al poder desató un intenso debate en torno a la pregunta de si este fue o no un golpe de Estado. Quienes sostienen que no lo fue^[2] hablan de una insurrección y dicen que, a partir de las renuncias de las autoridades que estaban en la línea de sucesión constitucional, se había creado un “vacío de poder”^[3] que condujo a una sucesión legal. Señalan, además, que el nombramiento de la senadora Áñez fue ratificado por la Asamblea en una sesión en que la propia bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) participó.

Por el contrario, quienes sostienen que se trató de un golpe^[4] afirman que fue un nombramiento ilegal, pues se violaron normas, reglamentos constitucionales y rituales de toda transición estatal; asimismo, señalan el rol desempeñado por las Fuerzas Armadas, tanto en los motines policiales como en la “sugerencia” de renuncia realizada por el Alto Mando Militar al expresidente Evo Morales.

Este capítulo se adhiere al posicionamiento que interpreta la forma en que la exsenadora J. Áñez asumió la presidencia de Bolivia en 2019, y el contenido de ese gobierno, como un golpe de Estado. No se trató, sin embargo, de un golpe clásico, sino de un nuevo tipo de golpe que articuló diferentes estrategias de una guerra híbrida, con técnicas del lawfare, con elementos de una guerra de baja intensidad y otras características propias de los golpes clásicos. En relación con estos rasgos, Argiriakis define el golpe del 2019 como “golpe de estado combinado”,^[5] y este artículo comparte ese concepto. Además, el golpe se basó en un largo proceso de aprendizaje que se remonta al fallido golpe cívico protagonizado por el movimiento anticonstituyente del 2008, cuando comenzó un proceso de acumulación y radicalización en el seno de la derecha boliviana que culminó en 2019, cuando el MAS entregó en bandeja de plata a sus opositores las condiciones de su propia derrota.

En 2019 se articuló una coyuntura compleja que mezcló dos elementos: un movimiento de indignados facilitado por los errores del MAS, en el que convergieron los descontentos de varios sectores y ciertos actores políticos que, frente a la imposibilidad de ganar las elecciones por la vía eleccionaria o vía congreso, apostaron por el golpe de Estado aprovechando la coyuntura. Esto hace necesario un análisis detallado de los antecedentes del golpe, de sus actores y de los componentes políticos, simbólicos y religiosos que lo legitimaron.

1. ¿Qué es un golpe?

Lesgard plantea que el concepto de “golpe de Estado” es histórico y cambiante. En los siglos xvii y xviii, se entendía como un acto defensivo del poder político orientado a evitar la guerra civil, era potestad del príncipe y obedecía a la razón. Pero, con el advenimiento de las teorías de la soberanía, esta acepción desapareció y se desplazó por el ejercicio del poder político que se mantiene con la fuerza. En el siglo xix, dice Lesgard, el golpe se definió como

una acción ofensiva contra el Estado Constitucional de Derecho, [que] desafía al mismo tiempo la constitución legítima del poder político en la que el pueblo soberano elige libremente y […] la constitución legal de un gobierno asentado en el ordenamiento jurídico del Estado-nación.^[6]

Esa definición se heredó al siglo xx.

Roitman explica que en el siglo xx los golpes se perpetraron en el marco de la Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa aparecía como caldo de cultivo para la expansión comunista; para evitarlo, los Estados Unidos lanzaron un programa de dos fases: una económica y otra político-militar. La fase económica fue el Plan Marshall, programa de desarrollo que buscó alejar a los países europeos del socialismo. La fase política-militar fue la Doctrina Truman, estrategia norteamericana de “contención” del comunismo durante la Guerra Fría. Esa doctrina definió el concepto de Occidente sobre la democracia liberal representativa, los valores del “mundo libre”, su concepto de “desarrollo”, el de “seguridad” y el de “enemigo global”, que era la amenaza comunista.^[7] Respondiendo a esta estrategia tras el triunfo de la Revolución cubana, Roitman explica que el gobierno de John F. Kennedy diseñó la Alianza para el Progreso para América Latina como una política de ayuda económica de contención de las demandas de reforma agraria con la que trató de alejar a las masas del comunismo y la pobreza; además, se impulsó la formulación suramericana de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN).^[8]

Los golpes de Estado en América Latina durante el siglo xx ocurrieron en el marco de la Guerra Fría y de la DSN. Los golpes del siglo xx se justificaron en la lucha contra el comunismo y se definieron como episodios en que los militares lograron derrocar por la fuerza a gobernantes elegidos mediante el sufragio popular, destituyendo a las autoridades legítima o legalmente constituidas. Utilizaron la violencia represiva y el terror con el objetivo de controlar o dar fin a las movilizaciones sociales y sindicales y derrotar al enemigo interno.^[9]

De manera similar, Moreno y Figueroa definen los golpes del siglo xx como actos llevados a cabo “para deponer un gobernante o gobierno y colocar a otro e implican, por tanto, una ruptura con una institucionalidad”.^[10] Conceptualmente, esos autores plantean otro elemento fundamental que es la distinción entre golpe y revolución. El golpe de Estado, dicen, es “una ruptura de la institucionalidad existente desde dentro y desde arriba del poder”^[11] y, por ello, es diferente de un proceso revolucionario que supone la movilización popular desde abajo, aunque existen casos en que los golpes han conllevado protestas y movilizaciones sociales, pero no necesariamente por eso los golpes se convierten en un acto revolucionario, en cuanto no contienen un elemento clave de la revolución que es la transformación del statu quo de una sociedad, puesto que el golpe supone casi siempre un acto restaurador, regresivo y vertical.

Ahora bien, existe una marcada coincidencia entre los autores estudiados al señalar que los golpes de Estado cambiaron luego del final de la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética (URSS), el fin de los gobiernos del comunismo realmente existente y la constatación del alto costo político y de violaciones a los derechos humanos que implicaron los golpes en el pasado.

Una vez desmantelado el enemigo comunista, Roitman plantea que el antiterrorismo, la lucha contra las mafias y el crimen organizado de la droga empezaron a considerarse como marco de la estrategia global para la estabilidad, paz y seguridad mundial. Es en la guerra contrainsurgente en Nicaragua donde se utilizó por primera vez el concepto de “guerra de baja intensidad” (GBI), que presenta tres principios:

1. el rollback, que consiste en la posibilidad de revertir procesos revolucionarios triunfantes;
2. el desarrollo de la contrainsurgencia, utilizada cuando el enemigo desarrolla estrategias revolucionarias de liberación nacional;
3. la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

Pero fue el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York el que empujó a que las fuerzas armadas latinoamericanas se plegaran a esta estrategia. A partir de entonces, el concepto de “terrorismo” se utilizó para etiquetar cualquier situación.^[12]

Según Roitman, esa estrategia fue utilizada en Bolivia en 2008.^[13] Sosa también sostiene que los neogolpes forman parte de los dispositivos de la GBI, cuyo origen está en los textos del sociólogo estadounidense y colaborador de la CIA Gene Sharp, quien describió detalladamente las diferentes etapas (ablandamiento, deslegitimación, calentamiento en la calle, diversas formas de lucha y fractura institucional) y acciones que se debían seguir para derrocar a un gobierno “dictatorial populista” que no fuera afín a los Estados Unidos.^[14] Siguiendo a Sharp, Argiriakis describe el desarrollo preciso de estas etapas en el golpe del 2019 en Bolivia.^[15]

Para Lesgard, finalizada la Guerra Fría, el golpe pasó a significar las acciones orientadas a hacer caer por mecanismos constitucionales o institucionales a gobiernos elegidos por el voto libre del pueblo, pero sin quebrar el régimen político, ni derrumbar el Estado constitucional de derecho, ni alterar las reglas escritas en la Constitución.^[16] Es decir, son acciones ofensivas dentro de la democracia realizadas por actores que tienen conocimiento de la Constitución y actúan desde las instituciones democráticas.^[17] Roitman coincide con esta definición, al igual que Lesgard, y sostiene que, después de la Guerra Fría, las doctrinas golpistas dieron paso a los golpes constitucionales, más limpios y efectivos. Estos usan la ley como arma, por lo cual los llama “golpes constitucionales”, y lo decisivo es que los actores han aprendido a jugar dentro de las reglas de juego democrático y utilizan mayorías parlamentarias o el Poder Judicial para destituir a un gobernante.^[18]

Desde la sociología histórica, Soler y Prego sostienen que, en el marco de los gobiernos progresistas caracterizados por el protagonismo creciente de los movimientos sociales, las derechas se nuclean en el espacio político parlamentario generando condiciones de posibilidad para destituir a presidentes constitucionales con herramientas jurídicas y políticas democráticas que constituyen nuevos formatos destituyentes cuyo fin es clausurar procesos de cambio e instaurar un nuevo ordenamiento social. A diferencia de los golpes del siglo xx, sostienen, los actores provienen principalmente de la sociedad civil, utilizan herramientas legales como principal mecanismo destituyente y ejercen la violencia física de manera subsidiaria.^[19]

Tirado concuerda con la anterior definición y denomina esta táctica como lawfare (del inglés, ‘ley y guerra’), con la que refiere a la generación de “una ‘guerra jurídica asimétrica’”,^[20] pero, a diferencia de Soler y Prego, esta autora subraya que el uso de la ley que hacen los actores poderosos para combatir y desarmar en el ámbito judicial a un adversario político no es neutro, sino ilegítimo e interesado. Asistimos “a la paradójica demolición del Estado de derecho en nombre de la ley”.^[21] El lawfare “sustituye la guerra abierta con métodos legales porque tiene menores costos que la guerra cinética y puede ser incluso más efectivo”,^[22] y se enmarca en la guerra de amplio espectro, hoy denominada “guerra híbrida”, que utiliza una combinación de operaciones judiciales, mediáticas, políticas o económicas para derrocar una presidencia. Parte de su eficacia radica en que “crea delitos o comportamientos sobre los que hay unanimidad de repudio y que, además, hayan despertado la indignación generalizada entre la ciudadanía (corrupción, robo, fraude)”.^[23]

Desde una lectura geopolítica, Andrew Korybko utiliza también el concepto de “guerra híbrida” para denominar a la nueva forma de intervenciones territoriales. También sitúa su explicación en cambios geopolíticos mundiales como la aparición del mundo multipolar, la presencia de armas de destrucción masiva, la paridad nuclear de varias potencias que ponen límites al enfrentamiento directo entre ellas. En ese nuevo contexto, los costos políticos y físicos de financiar una guerra convencional hacen que esta opción sea menos atractiva, entonces la guerra indirecta es más viable y en ella aparecen protagonistas desvinculados del Estado que se comportan públicamente como civiles. “Las redes sociales y tecnologías afines sustituyen las municiones de precisión […] y las salas de chat on line y las páginas de Facebook se convertirán en [la] nuev[a] guarida de los militantes”.^[24] Koribko considera que el antecedente de los movimientos civiles para derrocar gobiernos está en las revoluciones de colores, cuya experiencia luego se adaptará a las primaveras de Oriente Medio. Esos procesos se caracterizaron por evitar ataques e intervenciones militares directas, no utilizaron fuerzas externas convencionales, atacaron selectivamente, fueron amorfos y difíciles de predecir, estaban estructurados para parecer impredecibles, usaron mensajes simples para seducir, buscaron el control sobre la retórica de los derechos humanos y los medios de comunicación, y las ONG participan como organizaciones de vanguardia en temas de derechos humanos, democracia y ecología. La crítica que puede hacerse a Koribko es el excesivo peso que da a la organización externa en menoscabo de la agencia y subjetividad de los actores; sin embargo, en el caso de Bolivia, no deja de ser importante destacar la presencia de fundaciones y ONG que cumplieron un rol nada despreciable en potenciar sentimientos colectivos.

Esta es apretadamente la trama teórica y política en la que se inserta el concepto de “golpe de Estado” como un concepto histórico, plagado de adaptaciones y sujeto a cambios geopolíticos mundiales. El concepto de “golpe” ha mutado e implica hoy no una, sino una combinación de estrategias. El golpe del 2019 en Bolivia resultó de una combinación de una guerra de baja intensidad, a la que se sumó una estrategia civil que tuvo como escenario las calles y las redes sociales y un intento fallido de lawfare desde el parlamento y la OEA. Frente al fracaso del lawfare, el gobierno de Áñez usó técnicas del golpe duro como el estado de excepción y la masacre para acallar la disidencia. Por eso se trató de un golpe híbrido: por la variedad de métodos que utilizó.

2. Una historia de golpes

El golpe de 2019 tuvo su epicentro en Santa Cruz, región que, desde mediados del siglo xx, ha sido el epicentro de varios golpes de Estado. Allí se produjo el intento de golpe de Estado autodenominado “revolución de 1958”, que fue frustrado; también allí ocurrió el golpe de Estado dirigido por Hugo Bánzer Suárez (1971-1978), el intento fallido de golpe cívico de 2008 y, finalmente, el golpe de 2019. Esta correlación no es casual, y su explicación da luces para entender lo que sucedió en 2019.

En 1957, Santa Cruz lideró una batalla política contra el gobierno de Hernán Siles por el cumplimiento de las regalías petroleras del 11 % para la región; en un momento muy duro de crisis económica nacional, el gobierno del MNR aceptó entregar estos recursos a Santa Cruz, sacrificando la reactivación económica nacional. Pese a esa victoria, por razones poco claras, al año siguiente la FSB organizó un golpe nacional contra el MNR. Según la investigación de Prudem, los jóvenes, muchos de ellos militantes de la Unión Juvenil Cruceñista, tomaron la prefectura y otros edificios públicos. Pero el golpe fracasó y los golpistas intentaron huir de la ciudad. En las afueras de Terebinto, el gobierno del MNR encontró “a los sediciosos que estaban huyendo” ^[25] y asesinó a cuatro. La brutalidad de la represalia, que se apoyó en grupos de milicianos campesinos trasladados desde Ukureña, quedó anclada en la memoria regional como uno de los pilares sobre los cuales se construyó el sentimiento anticolla y antiindio, así como una subjetividad regional de ciudad castigada que quedaría latente y animaría el rechazo hacia el MAS.

Si bien la Falange nunca fue significativa como partido, su ideología se dispersó y pasó a componer Acción Democrática Nacionalista (ADN), partido de Hugo Bánzer Suárez, quien, desde Santa Cruz, dirigió en 1971 el golpe militar bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional, golpe que dio paso a una cruenta dictadura cuyos objetivos fueron derrotar la Asamblea Popular encabezada por Torrez, vista como parte de la amenaza comunista, y apoyar el desarrollo de la agroindustria cruceña.

El banzerato consolidó un nuevo proceso de acumulación capitalista en Santa Cruz gracias al reparto de tierras. Nunca antes en la República se repartieron tantas tierras como durante el primer gobierno de Banzer. Estas fueron la garantía para créditos agrarios, principalmente para la producción de algodón, y sirvieron luego para la consolidación de la base financiera de la élite cruceña,^[26] cuyos créditos, al quebrar el banco agrícola, no se pagaron, y la deuda se socializó.

3. El intento golpista de la Media Luna

En 2008, el movimiento cívico de Santa Cruz llamado la Media Luna, con apoyo de Beni y Pando, protagonizó un intento de golpe cívico de nuevo tipo que fracasó. Este se organizó para la defensa, no solo de la gran propiedad de la tierra, sino también de aquel orden social organizado en torno al poder agroindustrial y financiero que los cruceños veían amenazado por el creciente ascenso político del MAS.

En 2005, Evo Morales triunfó en las elecciones con un 54 % de apoyo; su mandato contenía dos puntos fundamentales: nacionalización de hidrocarburos y Asamblea Constituyente para refundar el país. Entre otros, la Asamblea planteaba la reforma de la gran propiedad agraria y el fin de los grandes latifundios. A partir de entonces, el Comité Cívico pro Santa Cruz (CCPSC), institución corporativa estamental dirigida por las elites económicas, preparó la defensa de los intereses empresariales y del modelo neoliberal de Santa Cruz.

La convocatoria a la Asamblea Constituyente fue férreamente resistida, fundamentalmente desde Santa Cruz, bajo la bandera de las autonomías, cuyo significado consistía en la defensa del orden local y del sistema de poderes y patronazgos locales creados en el vacío dejado por la ausencia de Estado en esa región. El Comité Cívico encabezó entonces un movimiento conformado por empresarios, logias y gobernadores de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, con los que conformó el CONALDE (Consejo Nacional por la Defensa de la Democracia), un frente amplio de “resistencia” al gobierno de Morales que contó con el respaldo del entonces embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg,^[27] quien llegó a Bolivia con el fin de desestabilizar al gobierno de Morales, razón por la que fue expulsado. Goberg impulsó un Referéndum Revocatorio de todas las autoridades nacionales, convencido de que Evo Morales no lograría pasar el 50 % de los votos y, ya deslegitimado en las urnas, la oposición y los prefectos del oriente pedirían su renuncia.

No obstante, contrario a lo pronosticado, Morales fue ratificado con un 67 % de apoyo, pero también lo fueron los gobernadores de la Media Luna, aunque con porcentajes menores. Este resultado condujo a un recrudecimiento de la conflictividad. Diez días después, los prefectos de la Media Luna convocaron a un paro cívico con el argumento de que la nueva constitución convertiría a Bolivia en otra Cuba.

Derrotada en el referéndum, la oligarquía cruceña se lanzó a una escalada neogolpista, la primera posterior a la Guerra Fría en Bolivia, cuyos métodos supusieron una combinación de tácticas violentas y no violentas. Las primeras implicaron la toma física de oficinas estatales y aeropuertos, bloqueos de caminos, incendios y destrucción de instituciones públicas, cierre de válvulas del gasoducto, toma de instalaciones gasíferas, organización y entrenamiento de grupos paramilitares de choque ya existentes, como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que efectuaban saqueos a mercados y barrios populares, y la contratación de mercenarios. Entre las tácticas no violentas, estuvieron las acciones de “desobediencia civil” lideradas por los comités cívicos y las gobernaciones. El mecanismo más exitoso fueron las masivas movilizaciones populares, organizadas en cabildos financiados con sumas millonarias por el CCPSC, con características de espectáculo, y que fueron retomadas en 2019.

Tras un sinfín de dificultades, la Asamblea Constituyente concluyó en noviembre de 2008. El 25 de enero del 2009, se aprobó la nueva Constitución en un referéndum con 64,43 % de apoyo. Sin embargo, la Media Luna no aceptó el texto final porque reconocía unas autonomías departamentales mucho más restringidas de lo esperado.

Cuatro meses después de la aprobación de la Constitución, una noticia estremeció al país: en el Hotel las Américas, fue victimado Eduardo Rósza Flores, un mercenario húngaro-boliviano que, según la investigación de Ferreyra, había sido contratado por el empresariado cruceño para organizar una célula armada separatista. Según Ferreira, la célula fue financiada por el grupo La Torre, organismo de coordinación de la institucionalidad cruceña de la que formaba parte la gobernación, el Comité Cívico, empresarios privados, empresas transnacionales, productores agropecuarios, colegios profesionales, parlamentarios, cooperativas regionales de servicios y representantes de partidos de derecha desaparecidos, como ADN y PODEMOS.^[28]

Ferreira transcribió una entrevista realizada por Rósza, traducida por La Razón, que debía salir a la luz en caso de que este muriera; en ella, el mercenario reconocía que estaba en Bolivia para organizar un órgano de defensa provincial, cuya tarea era la protección de la propiedad pública, y manifestaba lo siguiente: “[Dentro de un par de meses], si no hay autonomía […] proclamaremos la independencia y fundaremos un nuevo país”.^[29] Esta célula armada fue el mayor error del movimiento cívico cruceño. El gobierno descubrió las armas, desarticuló la célula y apresó a sus principales financiadores bajo el cargo de terrorismo. El movimiento cívico quedó descabezado, derrotado política, militar y moralmente. No obstante, la experiencia pasó a formar parte del proceso de acumulación política en el seno del movimiento cívico cruceño. El apresamiento de los cabecillas, varios de ellos provenientes de reconocidas familias, y el mal manejo judicial del caso abonaron también un proceso de radicalización de las clases medias derechizadas,^[30] que lanzaron el relato de “los presos políticos”.

La derrota obligó a dejar de lado las tácticas de acción directa y silenció al movimiento cívico por varios años, durante los cuales el empresariado entabló una política de pactos con el gobierno del MAS que hizo varias concesiones al empresariado. Este pacto de gobernabilidad se extendió hasta el anuncio de la repostulación del binomio Morales-García Linera, cuando la experiencia golpista del 2008, que había quedado latente en la memoria cruceña, se reactivó, pero con otras tácticas propias de la GBI, que combinan varios métodos: guerra mediática, utilización de redes, difusión de rumores, con métodos de ocupación territorial y la organización de movimientos civiles aparentemente “apolíticos” fortalecidos con viejas y nuevas narrativas, así como con la presencia religiosa.

4. La guerra mediática: el caso Zapata

El carnaval de 2016 comenzó abiertamente la guerra mediática. Las redes sociales se volvieron el campo de batalla de la fabricación de fake news y rumores destinados a destruir moralmente la imagen de Evo Morales. Un periodista cruceño publicó una noticia que se conoció como el caso Zapata y que apuntaba a tratar de demostrar un caso de tráfico de influencia que involucraba a Morales. Pero, poco tiempo después, el propio periodista que lanzó la noticia reconoció que era falsa y huyó a la Argentina. Sin embargo, la denuncia fue amplificada por una red de periodistas y logró el objetivo de sembrar duda e indignar a la sociedad boliviana.

La falsa notica fue lanzada poco antes del referéndum que el gobierno solicitó para consultar sobre una reforma en la Constitución que pretendía modificar el código que impedía a los presidentes repostularse por dos periodos consecutivos. Morales perdió ese referéndum, entre otros factores, por la guerra mediática y el desprestigio de su imagen.

5. El referéndum del 21f y las plataformas ciudadanas

Para las elecciones de 2019, el MAS, en lugar de trabajar en nuevas candidaturas, apostó nuevamente al binomio Morales-García Linera, pese a que la nueva Constitución no permitía la reelección por más de dos periodos. El MAS buscó entonces una salida para sortear este obstáculo y llamó a un referéndum para modificar el artículo de la Constitución que prohibía la repostulación.

En medio de la feroz campaña mediática emprendida por la derecha y una gran polarización del escenario político, Evo Morales perdió el referéndum del 21 de febrero (21f). El 51,3 % de la población rechazó la modificación del artículo citado. Existe un consenso generalizado en identificar este momento como el punto de quiebre y el inicio del proceso del desgaste que culminó en la crisis política de 2019.^[31] La derecha había logrado unificar y canalizar el descontento por la repostulación y movilizarlo a través de una nueva figura política, que eran las plataformas ciudadanas.

La derecha vislumbró una posibilidad de triunfo en el referéndum y decidió encarar una campaña sin políticos o partidos visibles y la planteó como una defensa de los valores democráticos; de este modo, se crearon las plataformas ciudadanas que aparentaban ser un movimiento “apolítico”, espontáneo de la sociedad civil, aunque en realidad fueron creadas por un acuerdo entre las tres principales fuerzas de oposición. En cada ciudad del eje, las plataformas asumieron un lema distinto; el de Santa Cruz, “Bolivia dijo NO”, fue el más exitoso, y a partir de ahí se crearon decenas de lemas, como “Democracia sí, dictadura no”. Con esta estrategia la derecha logró que se sumaran sectores sociales que de otra forma no lo hubieran hecho y articuló un frente único de descontentos que se expresaron en el voto del 21f.

Aunque el MAS indicó que respetaría los resultados del referéndum, su jerarquía recurrió a otra controvertida estrategia legal: obviando el resultado del referéndum, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) lanzó un fallo interpretativo de la Constitución usando un argumento legal forzado que se basó en el pacto de San José de derechos políticos, para sostener que la postulación de Morales por tercera vez formaba parte del derecho humano de todo ciudadano a elegir y ser elegido y puso este pacto por encima del resultado del 21f. Este fallo fue uno de los errores más graves cometidos durante el gobierno del MAS; fue el detonante de la indignación ciudadana^[32] y movilizó incluso sectores no necesariamente afiliados a la derecha.

El fallo del TCP tuvo tres consecuencias: primero, sembró la desconfianza tanto en las instituciones electorales como en el respeto a la voluntad popular por parte del gobierno, segundo, creó un ambiente de receptividad de los rumores de fraude y, tercero, entregó en bandeja a la derecha una bandera legítima que facilitó la formación de un bloque que unificaba los diversos descontentos en torno a una consigna: el respeto al voto. En ese movimiento participaron tanto la extrema derecha, como sectores que nunca antes habían participado políticamente y sectores de izquierda desencantados con el MAS.

Las plataformas ciudadanas empezaron a crecer canalizando el descontento por el desconocimiento del 21f. En Santa Cruz fueron financiadas por la Gobernación, a estas se sumaron fundaciones como Ríos de Pie, financiada por Human Rights Watch, que trabaja con las tácticas de Gene Sharp usadas en las revoluciones de colores, con las que lograron resignificar el término “democracia”, mientras calificaban al gobierno del MAS como “régimen autoritario”.

6. El incendio del bosque Chiquitano

En agosto de 2019, dos meses antes de las elecciones, el bosque seco chiquitano en Santa Cruz fue devorado por las llamas. Aunque este tipo de incendios ocurre cada año en esa zona, el CCPSC capitalizó la indignación que el incendio provocó para presentarlo como si hubiera sido el mayor desastre ecológico del país. El movimiento cívico mostró una capacidad inmediata para movilizar redes de fundaciones como Ríos de Pie, universidades públicas y privadas y un número importante de influencers internacionales que llegaron a Santa Cruz y, desde el hotel Los Tajibos, posesionaron el hastash #SosChiquitania #BastaDay. Esta red posicionó exitosamente el discurso ecologista a su favor, culpó a los campesinos migrantes de ser los perpetradores del incendio y los convirtió en el nuevo enemigo interno, mientras que ignoró la responsabilidad de los grandes empresarios agroindustriales en el desastre. Ese discurso reavivó también viejos sentimientos de “invasión”, latentes en la sociedad cruceña desde los tiempos de la marcha hacia el oriente.

Aprovechando la indignación social por el incendio, el CCPSC llamó a un multitudinario cabildo en defensa de la Chiquitanía y del 21F, que puso en el centro de la mesa el tema de la propiedad de la tierra para los cruceños y tomó seis resoluciones fundamentales: respeto al voto del 21F, federalismo, desobediencia civil y rebeldía ante un “posible fraude”.

Fue en ese cabildo cuando Luis Fernando Camacho, líder de la extrema derecha cruceña, un desconocido hasta entonces, apareció públicamente con un rosario en la mano y haciéndose llamar “El Macho”, dijo que lucha “no con armas sino con fe”^[33] y lanzó la consigna: “Es el pueblo el que va a salvar Bolivia, pero con Dios a la cabeza de esta lucha”. Según Jimmy Ortiz, asesor cívico, “en este cabildo se formalizó la Guerra Espiritual […] contra las huestes demoniacas”,^[34] un discurso que se constituiría como el marco legitimador y simbólico de las movilizaciones posteriores. Ese día quedó clara la alianza entre el Comité Cívico y las iglesias^[35]. A partir de entonces, se vería un protagonismo creciente de las iglesias evangélicas, y todos los cabildos posteriores serían inaugurados con el sermón de Marcelo Salas, “apóstol” de la Iglesia Cristiana Tiempo de Cambio, que se autodefine como la iglesia del señor Jesucristo llamada a establecer el reino de Dios a esta generación.

7. El relato del “fraude monumental”

Con los ánimos todavía caldeados por el incendio, llegaron las elecciones del 20 de octubre. En ellas, el Tribunal Electoral habilitó por primera vez la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un sistema que permitía dar resultados no oficiales de manera rápida. El TREP estaba diseñado para entregar datos hasta el 80 % y no más, porque no era el sistema de conteo oficial. Siendo esta la primera vez que este sistema se usaba en Bolivia, el Tribunal electoral falló en explicar previamente a la población su funcionamiento, y así se creó una enorme confusión.

La transmisión de los resultados preliminares al 83,85 % de los votos señalaba que el MAS llevaba una ventaja de 7,9 % sobre el segundo puesto. El MAS tenía 45,75 %, mientras que el CC tenía el 37,8 % de los votos, un escenario que obligaba a una segunda vuelta. El conteo no oficial se detuvo a las 19:40 horas del domingo 20 de octubre y se reanudó al día siguiente a las 20:10, casi 24 horas después. Al reanudarse el conteo oficial, el MAS alcanzaba el 46,85 % de los votos, mientras que el CC tenía el 36,74 %, lo cual equivalía ahora a una diferencia del 10,1 % y cerraba la posibilidad de una segunda vuelta. Los votos faltantes por contar eran los del campo, históricamente tendientes a Morales.

En esas circunstancias, la suspensión del TREP fue rápidamente interpretada como parte de “un fraude monumental”. La oposición reclamó que, en las casi 24 horas que el conteo estuvo parado, se había producido un cambio de tendencia. La misión de observadores de la OEA emitió un comunicado^[36] donde indicó que los resultados presentaban un “cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección”.^[37] Evidentemente, no era un cambio abrupto, pues los votos que faltaban provenían de las zonas rurales donde históricamente el MAS tenía más poder.

Frente a la incertidumbre y las protestas desatadas, el gobierno solicitó a la OEA una auditoría de las elecciones. Esta misión presentó un polémico informe en el que señaló la presencia de “irregularidades en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo”,^[38] pero el informe se cuidó de usar la palabra “fraude”. Este sería posteriormente cuestionado por instituciones como la CELAG y el CPER.^[39] Pese a eso, las conclusiones de la OEA potenciaron la indignación popular. El relato del fraude quedó instalado. Al informe le sucedieron 21 días de conflicto, la famosa “movilización de las pititas”, que concluyó el 10 de noviembre con la renuncia de Evo Morales a la presidencia.

8. La revolución de las “pititas”

La “revolución de las pititas” fue una movilización protagonizada fundamentalmente por jóvenes y clases medias en todo el país, gatillada tanto por el desconocimiento del referéndum del 21f, como por la indignación que generó el anuncio irresponsable de “fraude” que lanzó el excandidato Carlos Mesa antes de que el conteo electoral se cerrara, fraude que nunca pudo probarse gracias a las quemas de los tribunales electorales que el propio movimiento propició.

Carlos Mesa lideró las movilizaciones en La Paz bajo la bandera de la defensa de la segunda vuelta y Camacho las dirigió en Santa Cruz con otro carácter, al convertir al movimiento social cruceño en una suerte de “guerra santa” del pueblo de Dios contra los herejes del MAS, contra quienes movilizarían los “ejércitos de Dios” con un discurso que superpuso lo militar y lo religioso. Los cabildos cruceños se convirtieron en verdaderos rituales políticos de integración moral. El liderazgo carismático de Camacho articuló en Santa Cruz una comunidad moral y política a través de la dramatización del acontecimiento político, plagado de símbolos tanto regionales como religiosos: la bandera regional blanco y verde, la cruz, el mojón, la Virgen, el rostro de Jesús, el rosario y el Cristo redentor y los rezos colectivos movilizaron a la población.

Estas movilizaciones se autodenominaron la “revolución de las pititas” y fue con su presencia en las calles con lo que Camacho y otros líderes políticos se lanzaron a las acciones golpistas frente a la imposibilidad de darle una salida constitucional al conflicto.

La “revolución de las pititas” podría verse como una adaptación de las revoluciones de colores a América Latina. Primero, porque las redes sociales tuvieron una gran importancia en la fabricación de consensos y fueron fundamentales tanto en el trabajo de desprestigio de líderes, como en las disputas por la retórica de los derechos humanos y el ecologismo. Segundo, por la importante presencia de movimientos civiles como las plataformas ciudadanas, alimentados tanto por las redes, como por ONG y fundaciones que conformaron redes de acción e instauraron frases como “resistencia civil pacífica” y “lucha contra el autoritarismo”, que se sumaron a la presencia de consignas abstractas como “libertad”.

9. El golpe y la Biblia

Durante el cabildo del 12 de noviembre en Santa Cruz, posterior a la posesión de Áñez, Camacho hizo una serie de revelaciones que ayudan a entender lo ocurrido en las altas esferas civiles y militares durante los 21 días de paro. Uno de los temas que tocó fue el papel desempeñado por las fuerzas armadas, particularmente la policía, que derivó en el motín policial del 8 de noviembre. Entre otras cosas, con una chaqueta de policía en las manos, Camacho dijo:

Quiero contarles que durante los días que estuve en La Paz, un noble policía me prestó su uniforme para poder pasar por las calles […] coronel, su institución nos protegió todo el tiempo, desde que llegamos hasta que nos fuimos. […]. A los pies de este Cristo hicimos un compromiso de reivindicar la dignidad de la policía, ellos dieron el inicio de esa esperanza cuando ya estábamos casi caídos, cuando esa policía se levantó por su pueblo […] en todo momento la policía nos apoyó, por eso es que yo quería iniciar con un minuto de silencio.^[40]

A finales de diciembre de 2019, durante el acto de descubrimiento de un mural en su honor en la sede de su fraternidad, Camacho reveló otros hechos que fueron publicados en el periódico La Razón en octubre de 2021, con un titular que decía: “Cuando policías se cuadran a Camacho y militares también”. En aquella alocución, Camacho literalmente reconoció que fue su padre quien cerró con los militares y policías y que, cuando ya tenía certeza de que las fuerzas armadas no iban a actuar, decidió trasladarse a La Paz y darle las 48 horas al presidente para que renunciara. Detalló, asimismo, cómo llegó a la sede de Gobierno y fue protegido y trasladado por la policía, que se puso a sus órdenes:

Me suben al jeep; había un coronel a mi lado, salimos y recibe la llamada de un general de la Policía, y le dice: “Ubicación, coronel”. Le dice: “Por seguridad, el paquete no se lo puedo dar, mi general”. Camacho dice que la respuesta de su escolta al general le dejó tranquilo. Era una señal de “subordinación” ante un civil. Sin embargo, relata que hubo otras llamadas incómodas.

Nos fuimos y recibimos dos llamadas más del general, hasta que lo llamó Romero [ministro de Gobierno] […] y le dice “¿dónde está?” [Camacho]. Y le dice: “No puedo darle la ubicación por seguridad del paquete, ministro”. Y colgó el teléfono”, recuerda. Seguimos avanzando, lo volvió a llamar (habla de Romero) y le dijo: “Tráigalo a Palacio, lo estoy esperando para que deje su carta”. Y me dice el coronel: “¿Qué le digo?” “Dígale que la voz del pueblo no entra por la ventanilla, que no se la voy a dejar ahí, que se la voy a dejar en Palacio Quemado”, dice Camacho.

Entendido. ¿Qué más?

Y me dice [el coronel]: “¿Dónde quiere ir?”. A mi hotel [dice Camacho]. Volvió a llamar el ministro y le dice “¿dónde lo están llevando?”. Al hotel. “¿A qué hotel?”. “No le puedo decir”.^[41]
Cuando llegó la comitiva al hotel, los policías se pusieron a la disposición de Camacho:
Fue hermoso. Llegamos al hotel, con dos movilidades, ocho policías y unas siete motos. Paran afuera del hotel. Y (el coronel) les dice: “Sáquense sus uniformes, sus mochilas y vístanse”. Se sacan el traje y me dice: “El general de la Policía (NdR: entonces era comandante Yuri Calderón) es masista, pero a partir de hoy nosotros nos hacemos cargo de su seguridad como civiles, ya no somos policías”, cuenta el entonces dirigente cívico. […]. “Puta, fue espectacular, y era la UTOP, eran los que se amotinaron. Cuando entramos, pasó todo lo que tenía que pasar”, dice sobre los primeros policías que se “cuadraron” ante él en el hotel.^[42]

Este relato revela cómo la policía rompió la cadena de mando y se puso bajo las órdenes de un civil. Esta fue la primera ruptura constitucional de las fuerzas armadas e implicó varios delitos: desacato, uso ilegal de uniformes y subordinación a un civil externo a las instituciones del Estado.

El 8 de noviembre, comenzó la espiral de motines en la Policía Boliviana. El primero estalló en Cochabamba; al terminar el día, las unidades policiales de seis departamentos se habían sumado a la medida. El 10 de noviembre, siguiendo el ejemplo de la policía, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas leyó un comunicado en el que “sugiere” a Evo Morales su renuncia.^[43] La lectura de esta sugerencia consumó el acto de ruptura constitucional y de insubordinación de las Fuerzas Armadas.

A la ruptura institucional del Alto Mando Militar, se sumaron otros desacatos protagonizados por la Fuerza Aérea. Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado, relata que su comandante permitió sobrevuelos no autorizados desacatando abiertamente órdenes presidenciales:

[N]i siquiera dejaban a Evo Morales usar el avión presidencial […]. [E]mpiezan a realizarse sobrevuelos a la altura de Challapata y esos eran vuelos que no estaban autorizados por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que, en ese momento era Evo Morales, como presidente del Estado. Entonces ahí se produce la renuncia de Evo Morales, va hacia el trópico de Cochabamba. Ese fue su último viaje, incluso él relata que sufrió un acoso sistemático, que le ofrecieron dinero a su seguridad para que puedan entregar[lo].^[44]

En efecto, las Fuerzas Armadas habían dejado de responder al presidente mucho antes de su renuncia. Lo mismo ocurrió en la casa militar; la exministra Teresa Morales dio detalles de cómo las puertas del Palacio Quemado se abrieron para que Camacho ingresara a depositar la Biblia y la bandera antes de la renuncia de Morales.^[45] A esto se agregó que, ese mismo 11 de noviembre, extrañamente y sin ninguna instrucción constitucional, Rolando Gallardo, ayudante de la Casa Militar, recogió la medalla presidencial de las bóvedas del Banco Central^[46].

En suma, todos los hechos acaecidos desde el día que Camacho llegó a La Paz forman una cadena de desacatos, insubordinaciones, actos anticonstitucionales y fracturas institucionales cometidos por las Fuerzas Armadas que, en su conjunto, pueden calificarse como un golpe de Estado.

Presionado por las protestas y la ruptura institucional, Evo Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre. Las movilizaciones comenzaron a dispersarse; entonces Camacho pidió “dos días más de paro, les suplico, les ruego, si levantan ahorita la Asamblea Legislativa puede hacer algo”. Ese algo era la sucesión constitucional que él quería evitar;^[47] asimismo, solicitó la renuncia de todas las autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y el inicio de procesos a todo el Parlamento.^[48]

Según Brockman, esa no era la misma propuesta de Carlos Mesa: “Quiroga y Paz pensaban que Camacho estaba haciendo cosas muy peligrosas: temían que pudiera maniobrar para una toma del poder con los militares”,^[49] o sea, un golpe clásico. La diferencia estaba en el método: ambos bandos buscaban la destitución de Morales, pero la línea mesista apuntaba a una salida más apegada a la legalidad y por eso necesitaban actuar en el Parlamento, mientras que Camacho pretendía una salida abiertamente golpista con apoyo de los militares y quería prescindir del Parlamento.

10. El lawfare

Mientras que Camacho intentaba la vía de un golpe cívico-militar y la conformación de una junta de notables, el 10 de noviembre, Carlos Mesa, apostado en la puerta del órgano legislativo obstruyendo el ingreso de cualquier parlamentario a la Asamblea, en una declaración pública dijo: “Nadie del MAS debe continuar este proceso político”.^[50] Con eso anunció su estrategia en el Parlamento.

El 11 de noviembre, monseñor Scarpellini (+) convocó a unas reuniones en la Universidad Católica, en las que participaron líderes como Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Danilo Paz, Samuel Doria Medina, Vásquez Villamor, Jerjes Justiniano, representantes de ONG como Juan Carlos Núñez, de Jubileo, el embajador de Jair Bolsonaro en La Paz y el representante de la Unión Europea. Luego de su renuncia a la presidencia del Senado, la senadora Adriana Salvatierra fue convocada por Scarpellini para ser consultada sobre posibles salidas legales en relación con la sucesión presidencial. Salvatierra asistió, y su testimonio ayuda a comprender dónde y quiénes tomaron la decisión de que Áñez fuera nombrada presidenta y cómo, desde ese espacio extraparlamentario, se tomaron decisiones y dieron órdenes a las Fuerzas Armadas antes de la renuncia de Morales.

Tanto Teresa Morales, como la senadora Salvatierra participaron de las reuniones los días 11 y 12. En la primera reunión, se negoció la salida de Evo Morales rumbo a México, condición que Salvatierra puso para iniciar un diálogo, pero, extrañamente, quien dio la orden al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para autorizar la salida del avión de Mexicana de Aviación donde el expresidente se encontraba fue Jorge Quiroga. Él mismo reconoció posteriormente haber autorizado el “permiso” para que entrara a Bolivia el avión mexicano. Estas fueron sus palabras:

Yo nunca pensé terminar de agente de viajes de Evo Morales, pero en el vacío de poder el avión mexicano estaba en Perú y no ingresaba [a Bolivia], yo hablo con la gente de la Fuerza Área [y] les digo que den el permiso para pacificar el país.^[51]

En efecto, Jorge Terceros, comandante de la Fuerza Aérea, se había puesto a disposición de Quiroga, un civil sin mandato constitucional, para darle órdenes que ratificaron el proceso de ruptura institucional de la fuerza aérea, que recibía instrucciones de varios actores privados. Al día siguiente, la diputada Rivera se sumó a las reuniones. Al iniciar, Carlos Mesa se dirigió a la senadora Salvatierra y le preguntó:

-¿Usted ha renunciado? Y Salvatierra responde lo siguiente:
-He renunciado a la presidencia del senado por medios de comunicación y se ha reflejado en las redes sociales, pero no he renunciado con mi renuncia escrita y firmada, porque no he podido llegar a la plaza Murillo y tampoco he podido llegar a la Asamblea.

Entonces, Mesa preguntó: “¿Haciéndola mediante los medios de comunicación su renuncia ya es válida?”. Y Salvatierra respondió que su renuncia era válida solo si se presentaba de forma escrita y firmada. Mesa le consultó cómo se procedía luego, y Salvatierra contestó:

Cuando yo entregue mi renuncia escrita y firmada se tiene que convocar a una sesión del senado y una vez comprobado el cuorum se instala la sesión […] se considera mi renuncia y si ha renunciado mi vicepresidente, el senador Medinacelli, se tiene que considerar mi renuncia y la de Medinacelli. Una vez aceptada mi renuncia se recompone la directiva de la cámara, se vota y se recompone la cámara bajo voto: presidencia y vicepresidencia corresponden a la bancada en mayoría, que es mi bancada.^[52]

Ya en la reunión, Salvatierra se percató de que había sido convocada ahí para viabilizar una salida sobre la que ya se habían hecho acuerdos previamente, sin consultar al MAS. En una entrevista personal, la exsenadora relató lo siguiente:

Ellos ya habían decidido que la presidenta sea Jeanine Áñez y lo que querían con nosotras allí era que viabilicemos esa decisión, ya habían decidido el 10 y el 11 retirar la medalla presidencial y nos insisten en la reunión del 12 que la única línea de sucesión constitucional era Jeanine.

El final de la reunión lo relató Teresa Morales, en una entrevista brindada al programa de televisión Piedra, papel y tinta:

En cierto momento de la reunión la discusión se estanca sobre el reglamento que claramente establecía la necesidad de llamar a una sesión del pleno camaral para definir la sucesión, la que recaía en manos de Salvatierra. En este momento Carlos Mesa lanza la pregunta que estaba reservando para el final:
-¿Ustedes aceptarían que asuma Jeanine Áñez? y Adriana le responde:
-“Yo no sé por qué preguntan eso si, por lo que sé [Áñez] está moviéndose en la cápsula presidencial”.^[53]

En efecto, UNITEL había reportado imágenes en las que se veía a la senadora Áñez siendo transportada por vehículos de Casa Presidencial con resguardo militar y ya estaba en su despacho de presidenta cuando dio su conferencia de prensa.

Frente a la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el reglamento, la senadora Salvatierra y la diputada Rivero pidieron suspender la reunión. Antes de salir, Doria Medina señaló: “Hagan las consultas rápidas porque de lo contrario vamos a aplicar nuestro plan B”.^[54] Nunca pudieron consultar con su bancada. Esa misma tarde, Áñez fue posesionada como presidenta. En el momento en que se desarrollaba esa reunión, la oposición ya había solicitado la banda presidencial, el dispositivo militar ya estaba listo, estaba puesta la cápsula presidencial a disposición de Áñez y la medalla presidencial ya había sido retirada del Banco Central. Al poco tiempo de que Teresa Morales y Salvatierra llegaran a la embajada mexicana, donde estaban momentáneamente refugiadas, la señora Áñez se autoproclamó presidenta sin esperar la reunión del pleno camaral, ni la recomposición de la presidencia del Senado y sin esperar la renuncia escrita de la presidenta del Senado.

El contenido del “plan B” se conoció tiempo después, cuando el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, en una entrevista pública confesó que el 10 de noviembre había tenido lugar una reunión en la Universidad Católica en la que él había participado con casi los mismos actores, excepto las delegadas del MAS. Ahí se decidió que la presidencia recaería en la senadora suplente, J. Áñez. Albarracín reconoció: “Ahí se analizó [sic] las diversas probabilidades y se dijo que la solución sea lo más aproximado [sic] a la constitución […] evidentemente en esa reunión se intercambiaron criterios de que Áñez sea presidenta”.^[55]

Albarracín mencionó una salida lo más aproximada a la Constitución, porque la salida constitucional, que consistía en llamar a reunión del pleno congresal para que este recompusiera su directiva, no era posible para la oposición ya que era minoritaria en el Congreso. Entonces, frente a la imposibilidad de hacer un acuerdo con el MAS para que otra fuerza política asumiera la presidencia, la única salida que quedó era pasar por alto el reglamento de la Asamblea, nombrar a una senadora en minoría y dar un golpe parlamentario. Aquella sesión ilegal, sin el cuórum reglamentario y sin la presencia de la bancada en mayoría, es el elemento decisivo para catalogar lo ocurrido como un golpe de Estado. Asistieron únicamente los asambleístas del partido de Áñez, que representaban el 14 % del pleno camaral, quienes llegaron apoyados por la Fuerza Aérea Militar.^[56] El propio Camacho reconoció que la Fuerza Aérea facilitó el traslado únicamente de las bancadas de oposición:

Quiero agradecer […] al ejército, [por]que también nos ayudó para que todos los senadores que estuvieron sesionando hoy, los transportaron directamente en los aviones militares para que tengamos nueva presidenta […]. Las fuerzas aéreas pusieron sus aviones y pudimos concretar para que ellos sesionen y tuvimos nueva presidenta.^[57]

Según el reglamento de la Asamblea, la presidencia del Senado podía recaer únicamente en el titular de la bancada en mayoría, pero la senadora Áñez era la segunda senadora suplente y además pertenecía a una bancada en minoría; por tanto, no estaba en la línea de sucesión constitucional y lo que correspondía era que la Asamblea, reunida en pleno, decidiera quién ocuparía la presidencia del Senado y no que lo hiciera un grupo de privados reunidos fuera del espacio institucional y secuestrando una decisión pública.

Pese a esto, Áñez instaló la sesión, al no haber cuórum la suspendió y se autonombró como presidenta del Senado; acto seguido, se autoproclamó como presidenta del Estado, pero no juró como presidenta frente al pleno camaral, como lo hicieron sus predecesores, Carlos Mesa (2003) y Rodríguez Veltzé (2005), que en situaciones similares esperaron la reunión del pleno congresal. En ausencia del Parlamento, el comandante en jefe del Ejército le impuso la banda presidencial. Una vez posesionada, Biblia en mano, entró al Palacio Quemado y dijo “El pueblo ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a palacio”, mientras sus seguidores gritaban: “¡Gloria a Dios!”.^[58]

11. El devenir en golpe clásico

Tanto el autonombramiento de la señora Áñez como las quemas de la wiphala (bandera indígena) en La Paz y Cochabamba generaron una indignación generalizada entre los sectores populares. La misma noche que el movimiento del 21f se retiró de las calles, estas fueron ocupadas por los sectores populares. Al día siguiente, la ciudad de El Alto fue testigo de una enorme manifestación popular, cuyos protagonistas portaban cientos de banderas indígenas, mientras gritaban “¡Ahora sí guerra civil!”.

Entre el 15 y el 19 de noviembre, las manifestaciones se hicieron incontenibles, el gobierno de facto puso en marcha la función coercitiva del Estado que, eufemísticamente, se llamó “pacificación del país”, el Gabinete promulgó el Decreto Supremo 4.078, que permitió al Ejército abrir fuego sobre la población desarmada y lo eximió de responsabilidad penal por los actos de represión porque actuaban en legítima defensa o estado de necesidad. Con este decreto, Áñez autorizó la represión violenta de las protestas en las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ejecutadas entre el 15 y el 19 de noviembre, respectivamente, donde murieron 33 personas y 280 quedaron heridas. Lo extraño fue que ninguna de las fundaciones o plataformas que estuvieron en las calles, protestando por el respeto a la democracia, salieron en defensa de los masacrados.

El gobierno de Áñez había asumido su “derecho de matar”^[59] para sentar la soberanía de su régimen. Mbembe define la soberanía como el derecho de matar y dice que, “en el estado de excepción, los enemigos ficcionalizados constituyen la base normativa del derecho de matar”.^[60] En efecto, el gobierno de Áñez reavivó las doctrinas del “enemigo interno” que esta vez eran los campesinos movilizados, a quienes era posible matar porque “representaban un peligro para el orden interno”. Su muerte se convirtió en una necesidad para la propia seguridad del orden, según el gobierno de facto. Ambas masacres fueron justificadas bajo la acusación de terrorismo. El ministro de Defensa, Fernando López, intentando justificarlas, dijo lo siguiente en una entrevista con CNN:

Hoy ya estamos tratando con terroristas, […] quieren dejar sin luz, sin agua, sin gas […]. Definitivamente, la intención es la quiebra absoluta, la explosión de una planta que además […] es una especie de terrorismo vandálico […] ya no hay duda […] que esto ya es terrorismo, terrorismo puro y derecho.^[61]

No obstante, la investigación del Grupo Internacional de Expertos (GIEI) no encontró evidencias de actos terroristas. Su informe señaló que “no ha identificado evidencias concretas que indiquen que se hubiera producido un ataque directo contra la planta y que esta haya estado expuesta a un riesgo de explosión”.^[62]

La política interior de Áñez era una copia de la Ley Patriótica (Patriot Act) con la que, después del 11 de septiembre, el gobierno de Bush justificó la creación de un estado de excepción permanente bajo la excusa de la lucha antiterrorista. El terrorismo fue usado como pretexto para acusar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con el gobierno. La falta de capacidad para manejar las tensiones sociales condujo al gobierno a penalizar hechos que en cualquier democracia serían normales y legales. A esto se sumó la existencia de cientos de presos políticos en las cárceles sin el debido proceso, torturas, silenciamiento de radios comunitarias, amenazas a periodistas, intervención a sedes sindicales, militarización de las calles y plazas (esto lo baso en observación personal) y presencia de grupos parapoliciales en las calles. El golpe parlamentario había devenido en golpe duro.

Conclusiones

En 2019, Bolivia enfrentó una de sus peores crisis políticas, desatada por una cadena de errores cometidos por el MAS y que crearon las condiciones de posibilidad para un enorme movimiento de protesta liderado por las clases medias; esta ganó gran legitimidad entre la juventud por el pedido de respeto a las reglas institucionales, la democracia y la alternancia. No obstante, este movimiento terminó apoyando una presidencia que asumió el gobierno violentando abiertamente la institucionalidad y toda regla democrática e instauró un régimen cercano a una dictadura. Probablemente, esta contradicción explica en parte por qué un movimiento que inició con un gran capital político terminó súbitamente desapareciendo del mapa político.

El liderazgo de este movimiento estuvo en Santa Cruz, donde emergió la figura mesiánica de Camacho, quien representa una derecha radical y religiosa. Esta capitalizó la movilización social derrotando la línea institucionalista liberal representada por Demócratas, partido que poseía una estructura partidaria de 16 años de antigüedad, así como los gérmenes de un proyecto nacional, que también desapareció del mapa político tras la figura de Camacho.

Camacho carece de un proyecto político, de una visión nacional y de una verdadera estructura partidaria más allá de su figura; por tanto, condujo a la derecha a un atrincheramiento regional radicalizado donde se desarrollaron ideas separatistas. Asimismo, la desastrosa presidencia de Áñez contribuyó al descalabro, no solo de la sigla de Demócratas que ella representaba, sino de toda la derecha que la había apoyado, y a un despilfarro del capital político que “el movimiento de las pititas” pudo acumular.

En la medida en que la posesión de Áñez resultó de una ruptura institucional, en que participaron tanto las Fuerzas Armadas como el Parlamento y ocurrió la sustitución del Parlamento por un grupo de privados, estábamos ya frente a un golpe de Estado. Este golpe se desarrolló en el marco de un nuevo contexto geopolítico mundial, en el que son más difíciles las intervenciones violentas abiertas del ejército; por eso, se trató de un golpe de nuevo tipo, en el que se combinaron tácticas como la guerra mediática y un golpe parlamentario que, debido a su ilegitimidad, derivó en un golpe duro que suspendió los derechos constitucionales e instauró técnicas de poder propias de las dictaduras, sin que ningún defensor de la democracia saliera a las calles a defenderla.

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