La lucha incansable contra los feminicidios y un linaje “materno” en la defensa por la vida

Miradas hacia los territorios: Ciudad Juárez y la larga cicatriz de la Frontera Norte

“Cuando vives en la frontera

la gente camina a través tuyo, el viento roba tu voz […]”

 

Gloria Anzaldúa – Vivir en la frontera

Desde los grandes hilos que uso como base y sustento, -proporcionados por el giro y el feminismo decolonial de la mano con la sociología histórica y los estudios latinoamericanos-, parto por el reconocimiento del territorio y sus condiciones socio-históricas y estructurales, que componen el telón de fondo y escenario de esta compleja madeja. Luego, el texto da paso a las propias voces de la organización, aportando a la construcción de la/su historia desde su perspectiva, exponiendo y recomponiendo los hilos de las relaciones complejas de poder, violencias y resistencias. A lo largo del capítulo, entrelazo las voces de Norma Andrade, Marisela Ortíz y Humberto Robles -recopiladas de entrevistas de archivo (2001-2021) y entrevistas realizadas por mi (2021)-, con mis propias percepciones y afectaciones a nivel corpo-emocional, como parte del ejercicio de la autoetnografía.

Primeramente, en términos descriptivos, Ciudad Juárez es la ciudad cabecera del municipio de Juárez perteneciente al Estado de Chihuahua^[1]. Se emplaza en la Gran Frontera Norte que separa a México de Estados Unidos, conformada por 2.597 kilómetros desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México, y donde el Río Bravo y el desierto actúan como fronteras naturales. Esta larga cicatriz, atraviesa cuatro estados norteamericanos^[2] y seis mexicanos^[3], donde Ciudad Juárez se encuentra al centro, justo allí donde se juntan los límites interestatales del “otro lado”, Nuevo México y Texas. La región fronteriza simboliza aquel profundo contraste entre ciudades interconectadas por relaciones económicas desiguales parte de las lógicas del capitalismo transnacional, incrustadas en la violenta asimetría jerárquica que representa pertenecer a uno, u otro lado de la frontera.

Desde una perspectiva histórica, la región fue una zona de tránsito durante la colonia, pues unía puntos económicamente importantes^[4], de allí el nombre Paso del Norte/El Paso. Ya entrado el siglo XX, la promulgación de la Ley Volstead/Ley Seca o Enmienda XVIII, que prohibía el alcohol en Estados Unidos, influencia fuertemente el panorama económico. Dicha ley que funcionó desde 1917 hasta 1933, propició la emergencia de un mercado negro de alcohol, reorientando las economías de la frontera mexicana, donde Laredo, Tijuana y Juárez se conformarían como centros avocados a la “diversión”, “vida nocturna” y “lo prohibido”, atrayendo a miles de estadounidenses a cruzar la frontera (Núñez, 2014).

El emplazamiento “estratégico” de Juárez, la han hecho foco de crecimiento poblacional vertiginoso década a década, siendo un polo migratorio atractivo para todos los estados mexicanos. Ciudad Juárez se erige como la zona fronteriza de “ruta final” para muchas personas provenientes de México, Centroamérica y América del Sur, que buscan llegar a Estados Unidos. Esta migración fronteriza inició en los años 40’ con la implementación del Programa Bracero, un acuerdo laboral temporal (1942-1964) entre Estados Unidos y México, que promovía el traslado de campesinado mexicano para el mercado laboral agrícola estadounidense, que sustituiría su falta de fuerza laboral producto de la Segunda Guerra Mundial. Es así, que producto del fuerte movimiento migratorio desde 1940 hasta los 2000, la mitad de las personas residentes en Juárez no sean oriundas de la misma, a la vez que el exponencial crecimiento poblacional ha generado un constante desarrollo urbano sin planificación (Luna, 2018).

En concordancia, Juárez condensaba en sí la “promesa económica” de una “vida mejor”. Con la crisis económica provocada por la depreciación del algodón, principal cultivo de la región, y la crisis social generada por la finalización del Programa Bracero, en 1961 entra en vigor el Programa Nacional Fronterizo (PRONAF^[5]), con el cual se buscó elevar el nivel económico y urbano de la zona de frontera. Esto se fortalecería en 1965 con el Programa de Industrialización Fronteriza (PIF), que permitió la entrada de la Industria Maquiladora de Exportación (IME) y su progresivo afianzamiento en Ciudad Juárez, aprovechando la demanda abundante de empleo y la mano de obra barata mexicana, en un estado que, a su vez, eximía a las maquiladoras del pago de impuestos (Juárez, 2015), entre otros tantos beneficios para el desarrollo del capital. Esta recomposición estructural y redistribución del capital permitieron el fortalecimiento de grandes grupos empresariales que, beneficiados por esta nueva industria, se consolidarán como influyentes más allá del ámbito empresarial^[6], profundizando las asimetrías, exclusiones y despojos.

La industria maquiladora ha significado un punto clave en el complejo andamiaje de violencias y exclusión que caracterizan la zona fronteriza, perpetuando y profundizando relaciones de sobre-explotación y precariedad laboral, y más específicamente en la fuerza de trabajo femenina. La demanda de mujeres en las maquiladoras respondería, según Quintero (2004), al “discurso genérico de los gerentes que feminizan el proceso productivo y favorecen la creación de un mercado laboral dominado por las características asignadas a las mujeres, dóciles y baratas” (p. 143). La mayoría de las personas que trabajaban en estas fábricas son mujeres mexicanas, provenientes de distintas zonas rurales y urbanas de otras entidades federativas, y cuya edad predominante fluctuaba entre los 17 y 25 años. Para la década de los 80’, casi la mitad de la fuerza laboral de Ciudad Juárez está conformada por mujeres (Fernández, 1983). En este sentido, las mujeres son la fuerza de trabajo que mueve la industria maquiladora en México: en la explotación de sus cuerpos -desechables, descartables-, se sostiene el capital y su perversa glotonería de dominación absoluta:

Hoy estas trabajando en la industria maquiladora […] te desaparecen y mañana contratan a otra y la ponen en tu lugar sin ningún problema en la empresa, sí, entonces sin darle ningún, ninguna importancia al hecho de que tú ya no estás ahí y sin cuestionar por qué ya no estás ahí. (Norma Andrade, 2021)

El punto álgido de expansión de la industria maquiladora concuerda con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, Canadá y México en los 90’, y a su vez, con la primera oleada de feminicidios sistemáticos en Juárez: la extrema violencia y los feminicidios se estructuran como parte fundamental de la expansión e innovación capitalista (Gutiérrez y Paley, 2016). El TLCAN marcó el camino complejo que asentó la ruta oficial hacia el capitalismo gore y la máquina feminicida en México (Valencia, 2010; 2016), como se expuso en el capítulo anterior. En la frontera, la industria maquiladora se tornó metáfora cruenta que explota, depreda y desecha cuerpos femeninos.

Sin embargo, y pese al álgido crecimiento económico producto del TLCAN y las maquiladoras, la drástica caída de la economía norteamericana entre 2001 y 2003 significó la marcha de numerosas empresas y la pérdida de 55.000 puestos de trabajo (Almada y Jusidman, 2007, citados por Juárez, 2015). Situación que se exacerbó en 2008, con la pérdida de alrededor de 120.000 (Ejdesgaard, 2015, citada por Luna, 2018). El agotamiento del modelo de las maquiladoras en los 2000 ha significado una crisis que parece ser permanente, y se ha traducido además en precarización laboral, desempleo y empobrecimiento^[7]. Este colapso, evidencia la dependencia que genera la lógica del derrame económico, y a su vez, cambios a nivel de relacionamiento social, pues siguiendo a Núñez (2014), el empleo en las maquiladoras comenzó siendo preponderantemente femenino, y solo se incorporó mano de obra masculina a finales del siglo XX. Sin embargo, la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado creó condiciones críticas en las dinámicas familiares mexicanas: el modelo del proveedor se vio cuestionado, hablándose incluso de una “crisis de la masculinidad hegemónica”, altos índices de divorcio, y el aumento y profundización de las violencias múltiples contra las mujeres.

Así, el TLCAN produjo ‒sobre todo en los territorios del norte de México‒, un desplazamiento de los procesos de producción del trabajo a destajo en las maquiladoras, hacia los cuerpos de las mujeres trabajadoras en dichas industrias (aunque no sólo a esos cuerpos). Lo cual nos habla de una industrialización de la muerte a través de la maquinaria capitalista que se presenta bajo la forma de un bucle macabro donde los cuerpos de las mujeres son objetos de fragmentación/mutilación/destrucción en un proceso inverso y proporcional a la elaboración de piezas en las maquiladoras. Donde la palabra ‘pieza’ se recodifica y designa un feminicidio. (Valencia, 2016, p. 112)

En esta línea, es posible argumentar que las formas de relacionamiento social basadas en la violencia son parte de las condiciones sociohistóricas y culturales de la zona fronteriza de Ciudad Juárez, donde se ha instalado una cultura del terror, del sacrificio y del castigo en los espacios micro y macro-sociales, derivadas de la relación violencia-género-muerte, pasando a formar parte de la “costumbre de matar” (Ravelo, 2005). El territorio, está marcado por las migraciones hacia el Norte, la urbanización espontánea y la industrialización, principalmente expresada en las maquiladoras y potenciada a partir de la entrada en vigor en 1994 del TLCAN, la concentración de acumulación desregulada en algunas familias, sumado a las consecuencias de extrema violencia y acrecentamiento de crímenes producto de la lucha contra el narcotráfico emprendida por el gobierno mexicano. Todas estas dimensiones entrelazadas desde larga data, otorgan una complejización de las condiciones con las cuales se habita y se vive en Juárez, relaciones que son parte y sostén de la estructura de dominación por género, raza y clase impuestas desde el paradigma colonial-occidental, donde las violencias y el feminicidio son eje clave.

Siguiendo a Verónica Gago (2018), la máquina feminicida^[8] que se concentró en Ciudad Juárez desde mediados de la década del 90’, actuó como una genealogía ampliada más allá de México, generando un dolor mancomunado que permeó fronteras. Ciertamente, los feminicidios de Juárez han sido punto emblemático, erigiendo al territorio como insignia del asesinato de mujeres y foco de atención internacional cuando la frontera se convirtió en espacio de muerte, proyectándose una macabra imagen de barbarie deliberada (González Rodríguez, 2002, Washington Valdés, 2005, citados por Falquet, 2014). Si bien, el asesinato de mujeres, los feminicidios, han sido parte de la historia impuesta a partir de la colonización –me sostengo en la hipótesis de que con la colonización se imponen en base a sangre, relaciones de poder asimétricas entre los géneros, y la misma categoría género–, y no son una novedad inventada en Ciudad Juárez (Núñez, 2011), es cierto que los feminicidios de Juárez contienen particularidades y complejidades intrínsecas. Allí, se expone la relación directa entre capital y muerte, acumulación y concentración desreguladas, y el sacrificio de mujeres y niñas pobres, morenas, mestizas, racializadas, devoradas por la hendija donde se articula la economía monetaria y simbólica, control de recursos y poder de muerte (Segato, 2018). En palabras de Maribel Núñez Rodríguez (2011), juarense por adopción y decisión: “En mi ciudad se asesinaban mujeres como si se encontrasen en la línea de montaje, en una escabrosa analogía, eran asesinadas de la misma manera que ellas fabricaban piezas en la maquila para un mercado global” (p. 128).

En efecto, desde 1993, las sobrecogedoras cifras de feminicidios estremecieron más allá de las fronteras mexicanas, y han ido en aumento. Sin embargo, nadie sabe con exactitud cuántas mujeres han sido asesinadas y cuántas han desaparecido en Juárez (Acosta, 2005; Ochoa, 2012; Observatorio, 2009; Falquet, 2014) -a pesar de la extensa y múltiple investigación al respecto-, pues no existen datos confiables debido a los sub-registros y la carencia de mecanismos adecuados para procesar la información (Ravelo, 2005). Esto como parte a la vez, del entramado de impunidad y complicidad de la institucionalidad que opera para el encubrimiento y manoseo de información y cifras, donde las autoridades federales son incapaces de suministrar datos consolidados, unificados y confiables (Falquet, 2014). Las únicas voces que se alzan realmente unidas, veraces e insurgentes son las no gubernamentales, las de las familias fracturadas que claman “¡nuestras hijas de regreso a casa!” (Mujeresycia, 2011).

En Juárez, las tasas de mortalidad por feminicidio se incrementaron en un 300% desde 1993 a 1994 (Martínez, 2002, citada por Ravelo, 2005). Según números entregados por la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República, entre 1993 y 2005 fueron asesinadas 379 mujeres y 47 desaparecieron (Martín, Fernández y Villarreal, 2008). Según registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 1993 y 2006, se contabilizan 444 feminicidios (Ravelo, 2017). La antropóloga Marie-France Labrecque (2012, citada por Falquet, 2014), contabiliza 941 feminicidios entre 1993 y 2010. Otros datos hablan de más de 600 mujeres asesinadas y más de 1000 desaparecidas (Robles, 2010). Sin embargo, “Las sobrecogedoras cifras dejan toda explicación en un agujero negro. Son masas de cuerpos a las que sólo una cifra se les adhiere. La diferencia entre un millón, cien o diez se vuelve cínica y raya en el absurdo” (Segura, 2000, p. 40, citada por Ravelo, 2005, p. 157). En este sentido, es claro que debe irse más allá de números y estadísticas, de por sí insuficientes en sí mismos para comprender la gravedad multidimensional y compleja de la violencia contra las mujeres y los feminicidios en el territorio juarense. Más que hablar sobre números, tasas, causas y efectos para comprender Juárez, se debe de pensar en un universo de sentidos entrelazados y motivaciones inteligibles (Segato, 2018), y para ello es menester mirar Ciudad Juárez considerando cada pieza, cada hebra, en sus múltiples dimensiones imbricadas, macro-estructurales y micro-sociales.

Asimismo, y respecto a lo que podría nombrarse como la relación frontera-víctima-muerte, Núñez (2013), retoma los planteamientos de García Pereyra en “Ciudad Juárez, la fea” (2010), donde analiza aquel proceso que transforma a la ciudad en una llena de otredades por excelencia y tendiente constante a la estigmatización. Los grupos hegemónicos anglos-paseños emprendieron una especie de “limpia” a la imagen de El Paso, su “homóloga” fronteriza, ciudad pensada como criminal, y realizando un proceso a través del cual los atributos desacreditadores se transferían a Ciudad Juárez. En esa transferencia mediante el discurso periodístico: el vicio, el crimen, la prostitución y todo lo que implicara maldad provenía del Sur, al otro lado de la larga cicatriz.

Las ciudades son expresión viviente de la conformación política y económica de la sociedad. La historia les da forma e imprime en su semblante el legado de las desigualdades seculares. Apenas separadas por una tenue línea internacional de demarcación, El Paso y Ciudad Juárez sintetizan la relación asimétrica que ha existido por más de cien años entre Estados Unidos y México (Fernández, 1983, p. 121).

Dicha visión de Juárez perdura, y la ciudad continúa siendo foco de atención internacional, mientras que El Paso en contraposición, proyecta una imagen de ciudad segura y en orden. De esta forma, la representación de Ciudad Juárez se ha sustentado en su papel de chivo expiatorio, de espacio grotesco que genera rechazo y morbo, como condena, como acto de sacrificio: Juárez encarnaría “Una ciudad en medio del desierto que se desangra ante la mirada de espectadores que sienten sosegada su alma al no vivir tal horror […]” (Núñez, 2013, p. 88). En mi caso, han sido incontables las situaciones donde he recibido mínimamente, una mueca de incomprensión, de extrañeza o “caras de susto”, cuando comento que siempre he soñado con viajar y recorrer México, cuando me explayo hablando sobre la tesis y el proceso de investigación en torno a los feminicidios. La mayoría de las veces estas reacciones provienen de personas más grandes, mi mamá y tías por ejemplo, que se horrorizan al sólo pensar la posibilidad que deviene inmediata: México sinónimo de peligro, desaparición, violencia desbocada sobre cuerpos femeninos, narcotráfico. Esta construcción de una imagen monolítica y morbosa del territorio juarense, pareciera ha logrado extrapolarse temporal y espacialmente a todo el país del norte.

Retomando la idea de Slavoj Žižek (2003) respecto del goce como factor político, Núñez (2011; 2013; 2014) problematiza la imagen creada de Ciudad Juárez. La universalización de la noción de víctima como triunfo de la ideología liberal, se sustenta en el goce como sentimiento de culpa/compasión desde la condición de espectador/a que observa cómodamente. Pero, al caer en cuentas que la propia realidad no se aleja tanto de la experiencia de la “víctima”, la barrera del/la espectador/a se diluye. En Juárez, se presenta por un lado, la utilización de “las víctimas” desde los medios masivos de comunicación, y por otro, el salvacionismo, representado por la academia y el arte (que obedecen un patrón parte de la división internacional del trabajo epistémico, donde existe un centro-un norte que genera teoría y los bordes-el sur donde esta se aplica), y la militancia (de tipo colonial que se sustenta en víctimas que necesitan ser salvadas), que, finalmente, no logran el ejercicio crítico de desmontar la noción de víctima.

Para aquellas que observamos a Ciudad Juárez desde lejos, a miles de kilómetros al Sur y sin haber pisado suelo juarense, las construcciones e imágenes asociadas a este territorio cargan en sí una serie de epítetos que evocan desierto, desolación, explotación, capitalismo desenfrenado, violencia y muerte, producto de las narrativas y discursos dominantes. Pero Juárez es mucho más que eso, es también lucha incansable, dignidad, y es también resistencia amorosa que no puede dejar de afectarnos, conmovernos y movilizarnos, por muchísima distancia geográfica que nos separe de aquel territorio. De esta pieza de tela quiero sostenerme firme -y no soltarme- a lo largo de toda la narrativa, la afectación que se produce-y-se-siente en el cuerpo y las emociones cuando investigamos sobre violencia, sobre feminicidios, en territorios particulares marcados por la herida colonial-capitalista-y-patriarcal.

Justamente desde aquí, desde un transitar respetuoso y crítico, busco eludir las “retóricas salvacionistas” (Bidaseca, 2010) del feminismo hegemónico, hablando y reconociendo mi propio lugar de enunciación para mirar a Ciudad Juárez, pretendo trascender su exotización, y centrarme en las luchas, en las resistencias imperecederas de mujeres y madres, y no en ellas desde una victimización como ejercicio de profundo colonialismo. Haciendo eco de las palabras de Maribel Núñez (2011), me posiciono desde la negación tajante de considerar a Juárez únicamente como sinónimo de feminicidio, y por extensión, y sobre todo, a las mujeres juarenses como sinónimo de víctimas.

Finalmente, no se puede comprender Ciudad Juárez ni desentrañar su complejidad, asumiendo a priori las construcciones del discurso hegemónico, entrampándonos en las jaulas del pensamiento binario/jerárquico occidental. La frontera norte como territorialidad comprende procesos históricos de conformación de espacios, identidades, y relaciones que se han configurado desde largo aliento, desde la invasión colonial como antesala de la configuración del estado nacional mexicano, donde el gran norte árido fue durante décadas, desde el siglo XIX, sinónimo de barbarie, destierro y sufrimiento (Velazco Márquez, 2001, citado por Núñez, 2014). Estas nociones coloniales del norte, como difícil de mantener y poco redituable, pero a la vez necesario de retener para no perder territorio y poder, han continuado en la construcción de las memorias históricas y colectivas, cargándole siempre de complejidades imbricadas, vicisitudes, relaciones de exclusiones y violencias parte de las identidades de frontera, que, conjugándose con su configuración como símbolo de crecimiento y desarrollo económico, de promesa de una vida mejor, de trabajo y oportunidades como cristalización de narrativas neocoloniales de “progreso y modernización” (Valencia, 2016), convierten a la larga frontera, y a Juárez como su punto más simbólico y representativo, en una potente paradoja, en una larguísima cicatriz que actúa como separación de dos mundos asimétricamente dependientes: el “Primer” y el “Tercer Mundo”.

En esta “cicatriz colonial” (Bidaseca, 2021) que se forma sobre la herida, sobre la costra que vuelve a sangrar, convergen tal vez como en ningún otro lugar de nuestra Abya Yala, las relaciones Norte-Sur impuestas por la dominación colonial-capitalista-patriarcal, la acumulación por despojo, la construcción de otredades desechables-pero-necesarias para sostener el modelo, la nación y lo masculino-dominante, y que allí se expresan de manera simbólica y hecha carne en el mismo territorio expoliado, y en los cuerpos de mujeres y niñas descartados en los márgenes. Esta frontera que es cicatriz colonial (Bidaseca, 2021) dolorosa, el no-lugar, el tras-patio, la maquiladora barata, es la que el dinero debe cruzar para llegar finalmente a tierra firme donde el capital se moraliza, se des-racializa, se blanquea, se encuentra a salvo, y da sus frutos esperados (Segato, 2018), el “verdadero” Norte global, que se encuentra al otro lado.

No creo posible poder separar las evocaciones de Ciudad Juárez y la cicatriz-frontera norte, de la escritura-voz de Gloria Anzaldúa, y nuevamente me abrazo a ella para entretejer sentidos:

En la Frontera
tú eres el campo de batalla
donde los enemigos están emparentados entre sí;
tú estás en casa, una extraña,
las disputas de límites han sido dirimidas
el estampido de los disparos ha hecho trizas la tregua
estás herida, perdida en acción
muerta, resistiendo

Gloria Anzaldúa – Vivir en la frontera

La frontera-cicatriz colonial (Bidaseca, 2021) que nos evoca tránsito, viaje, camino, puerta, denota movimiento y no ausencia de discurso, genera narrativas e identidades interseccionales/co-constituyentes, es lugar difuso, contradictorio, enmarañado si se quiere, pero un lugar al fin y al cabo, y si estos no-lugares son definidos por el anonimato de quienes los habitan, se gestan las posibilidades de transgresión: la transformación, las luchas incesantes, como aquellas pulsadas por mujeres y madres de asesinadas en Juárez, pueden romper con esa idea del no-lugar, de ninguna-parte, y otorgar a Ciudad Juárez la categoría de “lugar” mediante un nuevo relato definido no desde la opresión/victimización, sino desde la resistencia (Herrera, 2017).

Tengo la sensación de que ciertas “facultades” y zonas dormidas de la conciencia se están despertando, activando -no solo en mí, sino también en todos los habitantes de la frontera, sean de color o no-. Extraño ¿no? Y sí, el elemento “ajeno” se ha vuelto familiar -nunca cómodo, no con la sociedad clamando por mantener lo viejo, por volver al redil, por seguir al rebaño-. No, no es cómodo, pero es el hogar. (Anzaldúa, 2016, p. 36).

La primera hebra de la madeja: Alejandra, el origen y devenir de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

México, creo en ti

Como el vértice de un juramento

Tú hueles a tragedia tierra mía

Sin embargo, ríes demasiado

Acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado

Si yo conozco el cielo es por tu cielo

Si conozco el dolor es por tus lágrimas

Que están en mi aprendiendo a ser lloradas

México, creo en ti

Porque escribes tu nombre con la X

Que algo tiene de cruz y de calvario

Porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados

Con la vida y a la vez, con la muerte.

 

Lilia Alejandra García Andrade – “México creo en ti”

Recuerdo su sonrisa. Alejandra siempre sonreía […] en todas sus fotografías está ella sonriendo, en todas sus imágenes que hay de ella, ella está con esa sonrisa, con la ilusión de la juventud. El mundo ella lo veía con ilusiones, entonces florecía siempre con su sonrisa (Andrade, 2019).

Son las palabras que comparte Norma Andrade, junto al mural que retrata la sonrisa de su hija Lilia Alejandra, dispuesto en las cercanías del terreno baldío donde fue encontrado su cuerpo. Lilia Alejandra García Andrade –en adelante Alejandra, porque así la llamaba cariñosamente su gente–, tenía 17 años. Era madre de Jade de un año y medio, y de Kaleb, de cinco meses de edad, trabajaba en una maquiladora, y soñaba con ser escritora o reportera (Ortega, 2015). Practicaba ajedrez, danza, canto, basquetbol, porras, oratoria, y también poesía. El poema que decidí presentar al inicio del apartado, “México creo en ti”, es compartido por su madre Norma en el documental “Bajo Juárez” (2006), creo que no hay otra apertura posible y más cargada de simbolismos, sensibilidades, para este capítulo. Cada vez que leo el poema de Alejandra -entre revisiones y revisiones de lo escrito-, me vuelve a estremecer, parece casi la inscripción de una despedida anunciada tempranamente. Hoy décadas después, sus palabras continúan resonando profundo, –me calan, erizan la piel, porque las siento en el cuerpo también cada vez que lo leo-, y creo nos permiten habilitar reflexiones sentidas, respecto a la evocación de la vida y de la muerte, y la relación de estas como-un-todo inseparable, con una fuerte complejidad casi paradojal que se trenza y que es característica del territorio mexicano y su cultura, donde los feminicidios y las desapariciones, se anudan como su expresión más álgida hacia aquellos cuerpos marcados como lienzos.

Alejandra fue desaparecida el 14 de febrero de 2001, por el sector de la Avenida Ejército Nacional y la Carretera Panamericana en Ciudad Juárez, cuando se disponía a tomar el autobús que la llevaba de regreso a casa, luego de haber salido de trabajar de la Planta Maquiladora Plásticos Promex. Una semana después, el 21 de febrero, su cuerpo envuelto en una cobija fue encontrado en un terreno baldío, muy cerca de la maquiladora donde trabajaba. Como comparten en el blog oficial de Nuestras Hijas de Regreso a Casa –en adelante NHRC–, Alejandra fue mantenida en cautiverio una semana antes de su asesinato, fue violada tumultuariamente, torturada y mutilada.

Su maestra, Marisela Ortiz, comparte en su escrito “Acerca de los porqués” (2008), un sentido y profundo relato en relación a su vínculo con Alejandra y el surgimiento de la organización:

Cuando desapareció pude imaginar su destino. Reconozco que no tenía la menor esperanza de que ella fuera encontrada con vida y esto me llenó de dolor. Sabiendo lo que ocurre en Ciudad Juárez obviamente tenía la certeza que había sido secuestrada para ser asesinada posteriormente. Esto me lastimó mucho y empecé una cadena de denuncias públicas. Escribía, y mis escritos fueron divulgados en diarios locales de circulación en el Estado de Chihuahua. Claro, antes que Lilia Alejandra desapareciera pensé que hacía suficiente con escribir y denunciar. Nunca antes me di cuenta que enfrentábamos a un monstruo gigante contra el que nadie ha podido hasta ahora. Esta fue la realidad con la que me topé (párr. 6).

Desde el primer día de la desaparición de Alejandra, su madre Norma buscó con sus amistades, buscó en su lugar de trabajo. Acudió a las autoridades de la Fiscalía Especializada de la Mujer en Ciudad Juárez para presentar una denuncia, a la cual, los funcionarios no atendieron pues debían pasar 72 horas para investigar la desaparición y presentar una denuncia formal, según consta en la carpeta de investigación. No se inició una búsqueda inmediata ni se activó ningún protocolo, siguiendo el mismo patrón de omisión que se ha presentado en muchos casos de feminicidios y desapariciones. Para 2001, año en que Alejandra fue desaparecida, las autoridades de Ciudad Juárez contaban ya con 8 años de “experiencia” en el tema de desaparición de mujeres y feminicidios.

A partir de allí, la trayectoria vital de Norma se transforma, y ha devenido en incansable luchadora por la vida de las mujeres, niñas y niños en México. El feminicidio de Alejandra, puede entenderse como un final que resulta en inicio, en el origen de un larguísimo camino que persiste y resiste hasta hoy, 20 años después, y donde el feminicidio de Alejandra sigue impune, sin culpables, sin resultados, sin restauración ni responsabilidad por parte de los responsables: los feminicidas y el estado mexicano.

Con el arrebatamiento de la vida de las hijas, se genera una fractura desconcertante de la secuencia temporal vital que configura el mundo de generación en generación, un quiebre con el cual el futuro se trastoca, y aparece una herencia anómala que va desde las hijas a las madres, con la potencia feroz del dolor, y la necesidad urgente de reconstruir: en esta cancelación de la promesa de futuro, la hija deviene en ancestra (Salazar, 2006).

El arrebatamiento de la vida de las hijas, si bien quiebre insoslayable, dolor inmenso y desolación por pérdidas incomprensibles, actúa como una suerte de semilla en el más oscuro escenario. Aparecen, florecen, muestras de profunda solidaridad y ternura, actos de cuidado mutuo, de lucha amorosa e insurgente. En ese abrazo se encuentran las madres, padres, hermanas y hermanos, vecinas, vecinos, amistades, compañeras, compañeros, mujeres organizadas y no, pulsando en conjunto acciones que les acercan, que les han entrelazado. En algunos casos, estos encuentros confluyeron en grupos que devinieron en organizaciones, como mecanismo de una sobrevivencia que difícilmente puede llevarse adelante en soledad, esto pues “todo reclamo de justicia es por necesidad un reclamo colectivo, acompañado, pues aquello a lo que se apela es a la restitución del mundo habitable, a la reparación de la comunidad quebrantada” (Salazar, 2006, pp. 20-21), de las familias rotas, de los corazones de las madres.

Fue así, que con el feminicidio de Alejandra se gesta el origen de NHRC. Es la primera punta de un ovillo que continúa tejiéndose. Como lo expresa Norma en detalle, en el reportaje “Norma Andrade: una madre reclama justicia” (2019):

[…] no fue que fuera algo consciente, no fue que yo decidiera pensando que iba a hacer eso. Fue simplemente el ir, mi dolor, me hacía ir todos los días, a sentarme a ver el expediente de mi hija. Me hacía denunciar lo que estaba pasando, las negligencias que yo veía ante las autoridades, pero todavía sin ser consciente o sin decir “ah, yo me voy a convertir en…”, no, nunca lo planeé ni lo pensé. Fue algo que se dio a través de la denuncia y mi exigencia de justicia, sí. El empezar a presionar a las autoridades para que buscaran a mi hija, el que más madres se acercaran a mí […]

La organización se inicia con cinco familias de jóvenes desaparecidas que vienen a pedirnos apoyo, a Marisela Ortiz que es, que era la maestra de mi hija Alejandra, y a mí. Iniciamos exigiéndole al gobierno la búsqueda de estas cinco jóvenes, y la búsqueda de los asesinos de mi hija. (Andrade, 2019)

Y en la entrevista realizada por “Agenda Mujer” (2012):

Claro que de momento yo decía, si no pude ayudar a [mi hija], cómo les voy a ayudar. No faltó por ahí mi otra hija que me agarraba casi a cachetadas y me dice “precisamente por eso mamá, vamos a apoyar”. Y es así como nosotras nos unimos, todavía nada más como un grupo de madres exigiéndole al gobierno trabajar. Después el mismo nos obliga a constituirnos como una organización. En sí, la organización se constituye ya legalmente en abril de 2003, pero nosotras iniciamos la lucha desde el 2001. Pero él [gobierno] nos decía “viejas argüenderas^[9], viejas chismosas, no tienen nada que hacer”. Y, de esa manera nos obliga a formar una organización, ya más formal. De hecho, yo creo, muchas personas dicen que les llama la atención, el nombre de la organización, “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, porqué “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, porque en ese momento, a inicios de la organización, la única joven asesinada, era Lilia Alejandra, las demás todas eran desaparecidas. (Andrade, 2012)

En el momento en que la organización surge, cuando se autonombraron de tal forma, en las familias se abrigaba la esperanza de encontrar a sus hijas aún con vida. Como dice Norma, creo que el nombre de la organización, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, actúa inmediatamente como un eco que estremece, como una consigna evocativa que retumba dolorosa a través del cuerpo y a la vez que te permite de alguna manera, sentirte afectada por esa demanda, que aunque no sea parte de ti, te convoca y te sigue convocando, porque la exigencia/la herida sigue aun abierta. De hecho, cuando aparecieron sus cuerpos, o el tiempo amortiguó la ilusión de la vida con la certeza de muerte, conservaron el nombre, y no han depuesto la lucha. “[…] el nombre de esta organización que inicialmente expresaba una esperanza hecha exigencia, hoy parece el emblema de una potencia de creación que viene desde la muerte” (Salazar, 2006, p. 24), es la muerte transmutada en la vida que se defiende.

Según se expone en el blog oficial de NHRC, los comienzos manifiestos de la organización pueden registrarse a partir de febrero de 2001, con una serie de protestas públicas provocadas por la indignación e impotencia de la desaparición y feminicidio de Alejandra en Ciudad Juárez. Las fundadoras, son Marisela Ortiz, maestra de Alejandra, y Norma Andrade, su madre. También fueron parte fundamental las familias de jóvenes desaparecidas y asesinadas en la ciudad de Chihuahua^[10], como Evangelina Arce, Josefina González, Soledad Aguilar, Mario Lee (esposo de Soledad), Ramona Morales y Rosario Acosta (Ravelo, 2004).

Es así como iniciamos nuestra organización: volcando esta indignación, este dolor y coraje en una fuerza que nos ha permitido soportar todo el aparato de la burocracia, y poder enfrentar a las dependencias corruptas e ineficaces, funcionarios cómplices y a la impunidad del poder político y económico, buscando además de la justicia que no hemos logrado, disminuir las causas de tantas muertes absurdas como las de nuestras hijas (Nuestras Hijas de Regreso a Casa, s.f.).

En palabras de Norma Andrade:

[…] yo recuerdo que, Marisela, otra compañera Rosario Acosta, y su servidora, empezamos a ir con las mamás a Chihuahua, eran cinco madres de jóvenes desaparecidas, empezábamos a denunciarlo, y es así como nos formamos primero como, podría decir como una especie de colectivo, porque no éramos una organización que estuviéramos ante un notario ni mucho menos, simplemente éramos madres de jóvenes desaparecidas y la mía asesinada, exigiendo que buscaran a las desaparecidas y exigiendo que detuvieran al asesino de Alejandra, yo quería saber que había pasado realmente con mi hija. Entonces, así fue como empezamos. (Andrade, 2016)

En relación a acciones que eventualmente generaron la organización, Marisela Ortiz relata:

[…] al inicio de estas acciones jamás pensé que podríamos formar una organización, esto vino como consecuencia. A partir de allí empecé a generar algunas acciones más firmes, pero todavía sin ninguna intención de crear algo formal como lo que ahora es Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una organización prestigiada por sus acciones encaminadas a la defensa de derechos humanos y por la gestión que ha realizado a nivel internacional en la búsqueda de soluciones para terminar con el femicidio más terrible de la historia contemporánea (Ortiz, 2008).

Por su parte, el dramaturgo Humberto Robles, se une tempranamente a la organización en 2001, principalmente en la generación y manejo de redes digitales como el blog oficial y el grupo de Facebook, así como a través de la creación de la obra “Mujeres de arena”^[11]. Posteriormente, ingresa Malú García Andrade -hermana de Alejandra e hija de Norma-, y es quien actualmente lleva adelante la representación de la organización y las principales acciones. En este sentido, la composición de personas que integran el grupo ha ido variando, pues las familias van y vienen dentro de ella (Pérez, 2005). Así me lo comentaba Marisela en nuestra charla, respecto de la conformación actual del grupo:

Está por ejemplo, Martín que es hermano de una de las chicas asesinadas […] está Silvia […] que es hija de una muchacha que desapareció hace muchos años y nunca se encontró su cuerpo, y está Marcela verdad, que es hermana de una chica que fue asesinada también, no recuerdo exactamente el año pero creo que fue en el 97. Fundamentalmente ellos tres son los que llevan la voz verdad, los que se mueven, los que gestionan pero hay otros que acompañan y que al mismo tiempo de acompañar pues van aprendiendo […] en el grupo yo creo que tenemos como que, serán unas 25 familias actualmente. (Marisela Ortíz, 2021)

Volviendo a los orígenes del tejido, con la fractura vital provocada por las desapariciones y feminicidios de sus hijas, mujeres que no habían participado de organizaciones sociales y que desenvolvían sus vidas dentro de la “normalidad” que entrega el contexto de Ciudad Juárez y la zona fronteriza, se vieron lanzadas al espacio público –aquel donde se ejerce la política, donde las voces se hacen audibles, y los cuerpos visibles–, a dialogar y a ser interlocutoras, a utilizar un lenguaje técnico y ajeno, a habitar con valentía entornos sociales donde debían explicar una y otra vez su experiencia, sus reflexiones, expectativas y demandas, su esperanza y su exigencia (Salazar, 2006). De esta manera, en las raíces de la organización es posible reconocer la herencia de las hijas, manifestándose en distintas hebras que conforman el telar de las luchas. La nostalgia de volver a verlas, el reflejo de sus rostros en los ojos de otras niñas y mujeres que también pueden ser desaparecidas, y la herencia tangible, sus propios hijos e hijas: nietos/as devenidos en hijos/as (Salazar, 2006). La herencia es la forma de regresar a casa, es la herencia viva que denuncia, resiste y lucha, finalmente, es el fuego transmutador que mantiene la memoria viva, insurrecta, luchadora incansable por construir un mundo-otro donde estas violencias no pasen nunca más.

Nuestras hijas están de regreso a casa y en su regreso han vuelto a partir de la herencia expresada en la memoria de su vida y en el modo inaceptable de su muerte. Han vuelto desde el acontecimiento mismo de su asesinato convertidas en una exigencia de ley y en una restitución del mundo como nuestra casa. Su regreso es posible porque su herencia ha sido aceptada, acogida y honrada por las organizaciones que se constituyeron a partir de sus desapariciones. (Salazar, 2006, p.23)

Consecuentemente, a medida que los años se van juntando y las experiencias sumando, la organización se va integrando y afianzando. Realizan protestas, actos de denuncia, y gestiones ante diversas instancias –profundizadas en el cuarto capítulo–, construyendo así los siguientes objetivos principales:

• Acompañar y orientar a las familias cuyas hijas han desaparecido.
• Reclamar la justicia jurídica y social para las familias afectadas, a través de diferentes acciones.
• Promover programas de rehabilitación ocupacional para atender la salud física y afectiva de integrantes de las familias que lo soliciten.
• Impulsar la modificación, elaboración y revisión de artículos de la ley contenidos en el Código Penal del Estado de Chihuahua que permiten estos y otros hechos violentos.
• Informar oportunamente a la comunidad nacional e internacional acerca de los asesinatos, desapariciones y violaciones a los derechos humanos de mujeres en el Estado de Chihuahua.
• Promover entre ciudadanos y ciudadanas de cualquier país, organismos internacionales, los gobiernos y las ONG´s, que se pronuncien en contra de los asesinatos y desapariciones de mujeres y a favor de un alto a la impunidad de que gozan actualmente estos crímenes.
• Demandar que desde la comunidad nacional e internacional se obligue a las autoridades locales, estatales y federales de México, a que destinen las personas y los recursos materiales necesarios para la búsqueda de la solución a esta problemática.
• Difundir pronunciamientos, informes y diagnósticos que organizaciones e instituciones nacionales e internacionales hagan en relación con la situación que viven las mujeres en el Estado de Chihuahua.

(Nuestras Hijas de Regreso a Casa, s.f.)

En palabras de Norma Andrade, y respecto del objetivo principal de NHRC actualmente:

El objetivo de la organización en un principio siempre fue la localización de nuestras hijas y la justicia para nuestras hijas, y ese sigue siendo el objetivo primordial… Y el otro objetivo como le digo, era el que nosotras fuéramos medianamente funcionales para entregarnos a la sociedad después de un hecho tan traumatizante como el que habíamos vivido, y siguen siendo los mismos. (Norma Andrade, 2021)

A través de estas directrices expuestas en el blog oficial, y de la mano con lo que me compartía Norma en nuestra entrevista -que yo más bien integro en mi experiencia vital como una conversación con alguien a quien admiro muchísimo-, se manifiesta un accionar integral, que considera aspectos relacionales, vinculares, familiares y de acompañamiento, podría decir, de una política más íntima o en clave femenina, así como el trabajo en ámbitos institucionales, legales e internacionales. Patricia Ravelo (2004), a través de un trabajo de observación directa, diálogos y colaboración, destaca que una de las cualidades que distingue a NHRC, es el ejercicio de alternativas de colaboración con otras organizaciones que las han apoyado en diversas actividades de solidaridad, como el diseño de programas de recuperación, gestiones o contactos, elaboración de proyectos e impartición de talleres, entre otras instancias.

En la conversación con Marisela, me relataba igualmente con orgullo, la llegada y las repercusiones amplificadas que ha tenido la lucha de NHRC durante estas décadas, trascendiendo territorios y temporalidades.

Fue así como se conformó Nuestras Hijas de Regreso a Casa, con el apoyo solidario primero de periodistas, escritores, cineastas, digamos pues líderes de opinión, actores, actrices en la Ciudad de México y después se fue extendiendo te digo, a diversos países, nunca vimos tanta solidaridad.

Logramos que escritores interesados en el tema lo difundieran a través de sus libros, de sus películas, de pues, del ámbito al que se dedicaran para escribir sobre el tema de las mujeres en Ciudad Juárez, y aquí te digo, mi gran respeto a Diana Washington de Estados Unidos^[12], escritora, a Sergio González Rodríguez^[13] de México, a Javier Juárez de España verdad, a Gregory Nava, que es un director de cine que hizo la película con Antonio Banderas y Jennifer López^[14] y que nos ayudó también para incluso, integrarnos mucho más nosotros como grupo. Bueno, y diversas personalidades que nos acompañaron en tramos muy grandes del camino, a Vanesa Boucher verdad, actriz mexicana […] a Alejandra Sánchez verdad, cineasta mexicana, que hizo un documental y una película sobre el caso de Alejandra^[15] y etc. […] hay muchas tesis que se han escrito sobre el caso, hay muchos este, periodistas, que han escrito artículos relativos al tema y muchas escuelas y universidades que nos abrieron la puerta para poder difundir todo lo que ocurre en México en relación a la violencia contra las mujeres.

Llegó el día te digo, en que pues ya constituidas como una asociación, empezamos a recibir invitaciones de diversos países para contar nuestra historia, para llevar testimonio de algunas madres, para recibir este apoyo solidario y en algunos casos hasta económico […] Hubo auge en el momento en que se disparó esto hacia Europa verdad, cuando fui con el juez Baltazar Garzón y expuse el caso y se dio a conocer de una manera que no tienes idea. (Marisela Ortiz, 2021)

Estas acciones emprendidas con alcances internacionales, situaron lo que acaecía en territorio juarense más allá de México, actuando como un eco amplificador de denuncia y tejido de solidaridades. Incluso, Jane Fonda y Sally Fields, reconocidas actrices estadounidenses, viajaron en 2004 a Ciudad Juárez a protestar en contra de los feminicidios y desapariciones de mujeres, respondiendo al grito convocante de la lucha de las madres. Fue una época donde el nombre de Ciudad Juárez se hizo palabra común, sinónimo de muerte de mujeres, en todo mundo. No obstante, la inmensa trascendencia histórica de estas acciones políticas, para Norma, Marisela y Malú -las personas más visibles de la organización-, significaron igualmente un despliegue sistemático de respuestas y reacciones por parte del estado, por parte de los círculos de poder vinculados al ejercicio y mantenimiento de la violencia como sometimiento. Como parte de este contexto, se encuentran campañas de desprestigio y difamación pública a nivel local (Ravelo, 2004), persecuciones, amedrentamientos, amenazas de muerte y agresiones recibidas por integrantes de NHRC. Las consecuencias de estas situaciones son una suerte de quiebre, el distanciamiento físico de las integrantes originales de la organización por resguardo a sus propias vidas.

Más nadie apoya a este tipo de causas y el gobierno no las apoya, al contario, ellas se sientan a trabajar contra del gobierno, de los medios, [que] las acusaban de ser vende patrias, por ensuciar el buen nombre de Ciudad Juárez, pues ¿es el colmo que digan eso no? (Humberto Robles, 2021)

Nosotros denunciábamos fuera de Ciudad Juárez, porque nosotros no confiábamos. De hecho, en la Comisión Interamericana tenemos documentadas 32 amenazas, que la mayor parte [fueron] recibidas por parte de funcionarios del estado, en el informe sombra de la CEDAW del 2004 ahí está documentada una amenaza que recibió mi compañera Marisela Ortiz, en donde el procurador de ese entonces, encañonó a Marisela y la amenazó porque a criterio de ellos, ella era la que me manipulaba […] Como nosotros hacíamos denuncia a nivel internacional, el estado incluso nos llegó a acusar de vende patrias, de ser quienes manchábamos la imagen de la ciudad. (Norma Andrade, 2021)

En 2012 y en un lapso de menos de 60 días de diferencia, Norma Andrade recibió dos ataques contra su vida^[16]. El primero, el 02 de diciembre de 2011, cuando al salir de su casa en Ciudad Juárez un sujeto le disparó en cinco ocasiones, hechos que fueron presenciados por sus nietos, Jade y Kaleb. Mientras se recuperaba en un hospital de la operación que se le realizó para extraerle las balas, se recibieron llamadas anónimas, donde un hombre señaló que, si se le continuaba brindando la atención médica a Norma, se asesinaría a médicos y enfermeras. Así, fue literalmente expulsada del hospital y trasladada a la Ciudad de México, bajo el supuesto de que allí se encontraría segura.

Cuando tuve el primer intento de asesinato, yo no sé, desde aquel momento se lo dije al gobernador: que yo no sé si viene por parte de usted por querer callarme el hocico –porque así se lo dije–, o viene por parte del agresor de Alejandra por callarme, porque soy la mamá que más habla, soy la mamá que más grita, soy la mamá más visible de todas las que están en el expediente de mi hija. Entonces realmente no sé cual haya sido, o quién haya sido, de donde haya venido, la persona que trató de asesinarme no dijo absolutamente nada, nada. (Andrade, 2020)

Norma relata los hechos de la siguiente forma:

Cuando salgo yo veo a un hombre que está parado a, como diez metros de donde estábamos subiendo [a] mi camioneta. Entonces, no sé, de esas veces, que, algo sientes. Yo lo vi, y dije, o sea me inspiró desconfianza. Entonces cuando veo a Jade dar la vuelta y cuando volteo, ya me estaba apuntando con la pistola. La primera bala me entra por el pecho, y me hace una diagonal. Las otras tres me atraviesan por el hombro, me entran por el hombro, me salen por la espalda, y todavía quiebran los vidrios de la camioneta. Jade, cuando el agresor se va corriendo, se levanta y empieza a gritar histérica […] yo recuerdo que llegamos al primer hospital que me llevó que está a cinco minutos de la casa, que es un seguro social, nos dijeron “aquí no recibimos baleados” […] Eso fue el viernes, me operan el sábado a las 11 de la mañana, y el lunes recibe una amenaza el hospital. Y me trasladan a un hotel, el estado vacía tres pisos. Un piso en el que estaban los federales, otro piso en el que estaba yo sola, y luego el siguiente piso también de puros federales […] (Andrade, 2019)

El 3 de febrero de 2012 Norma sufrió un segundo atentado^[17], en la puerta de su nuevo domicilio. Un sujeto la apuñaló en el cuello, a lo que Norma logró defenderse y otra vez, sobrevivir. En esa ocasión quien la asistió y llamó a los servicios de emergencia fue su nieta Jade (en ese momento de 12 años de edad). Desde ese entonces, tanto Norma como Jade y Kaleb tienen protección permanente, y tuvieron que dejar definitivamente Cuidad Juárez. Según expone una de sus abogadas, Karla Salas Ramírez^[18] (2018), en el periodo 168° de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, el 07 de mayo de 2018, además del desplazamiento forzado, sufren varias dolencias en su salud mental y física, particularmente los dos hijos de Alejandra, quienes sufren de graves afectaciones psicológicas y psiquiátricas que han requerido de cuidados especiales, toma de medicamentos y atención psicológica y psiquiátrica, que siempre ha tenido que ser cubierta de manera particular. Como es de esperarse, en los dos atentados que sufrió Norma no se ha identificado a los responsables y las investigaciones han sido archivadas por falta de elementos.

Luego de los violentos ataques en su contra, Norma, Jade y Kaleb, se ven forzados a abandonar su hogar, un exilio forzoso que les llevó a cruzar la larga frontera, y a habitar Estados Unidos, dejando atrás su trabajo, su comunidad, su familia, su casa, su ciudad, por más dolencias y despojos que le haya traído. En el exilio, Norma estaba sujeta a un riguroso protocolo de seguridad que le impedía entre otras cosas, salir sola a la calle.

Se me hace injusto tener que irme de mi país, porque le voy a exigir el asesino de mi hija al gobierno, hasta el último aliento de mi vida… voy a ser Norma Andrade hasta que muera. (Andrade, s.f.)

María Luisa García Andrade, Malú, fue atacada el año 2017. La noche del 26 de enero, análogo al atentado recibido por su madre, la camioneta donde viajaba -aun a pesar de viajar acompañada de escoltas^[19]-, recibió impactos de bala mientras se trasladaba por el Estado de México, entidad federativa que habita luego del exilio forzado desde Ciudad Juárez, provocado por amenazas de muerte, expresadas incluso, en el incendio de su casa en 2011. Según relata Malú para el diario La Jornada, al día siguiente recibió un mensaje de texto de un número telefónico del Estado de México, en el cual la amenazaban de muerte a ella y a sus hijos, y donde le advertían “aquí no te queremos” (Juárez, 2017). En mayo del mismo año, fue trasladada por el gobierno federal a un “sitio seguro”. En su perfil de Facebook, Malú compartió:

Les pido de corazón a todos mis contactos, amigos, compañeros, o conocidos en Facebook que no permitan que si #SiMeMatan el gobierno diga “fue un asalto”, “fue una bala perdida”, o “el atentado no era para ella”. Griten y que se exija JUSTICIA, que en cada uno de ustedes se escuche el grito de #NiUnaMás. (Pavón, 2017)

Por su parte, Marisela Ortiz, también fue forzada al exilio hacia Estados Unidos en marzo de 2011^[20], -donde habita desde entonces-, luego de recibir intimidaciones, persecuciones y amenazas de muerte en varias ocasiones. En 2009, asesinaron a su yerno Jesús Alfredo Portillo Santos, estudiante de 27 años y también integrante de NHRC, muerto a balazos por dos sujetos supuestamente sicarios en Ciudad Juárez. Y en 2013, fue asesinado su hermano, Jesús Ortiz Rivera de 43 años, en un supuesto asalto también en Juárez^[21]. Las integrantes de NHRC, han sido receptoras de más de 30 actos de amenazas, hostigamientos y ataques (Goche, 2013).

Tal como íbamos avanzando, así iban avanzando también las amenazas en nuestra contra, de tal forma que pues, perdimos familia, asesinaron a mi yerno, esposo de mi hija que colaboraba con nosotros, estaba dentro de la asociación, asesinaron a mi hermano en el 2013, secuestraron a mi hijo en el 2014, lo levantaron lo torturaron y lo tiraron por muerto verdad, y también levantaron a uno de mis hermanos y lo torturaron enormemente, y todos sabemos que era por causa de nuestras acciones tan fuertes, nuestras protestas. (Marisela Ortiz, 2021)

Norma se tuvo que retirar también por las amenazas y por el atentado que tuvo que casi le quita la vida verdad, su hija María Luisa igual, María Luisa se fue al estado de México, Norma se fue a la Ciudad de México, después se movió a otro estado por lo mismo verdad, y pues yo en Estados Unidos, pero a pesar de las distancias, pues seguimos unidas. (Marisela Ortiz, 2021)

El problema es que ahora con esto de las amenazas se dividió de tal manera el grupo que unos están aquí, otros allá, realmente la que ha estado más activa estando en el Estado de México y en la ciudad es Malú, acompañando muchos casos […] Creo que la organización lo tiene muy claro a pesar de todos los problemas, atentados, amenazas de muerte; tuvieron que vivir en otro lado etc. Obviamente no es lo mismo que cuando ellas estaban en Ciudad Juárez, cuando iniciaron y arrancaron. (Humberto Robles, 2021)

Durante el proceso de investigación, accedí por distintos medios como artículos, tesis, notas periodísticas, reportajes, escuché atenta las entrevistas de archivo en documentales y videos de Norma, Marisela, Malú, respecto de las amenazas y actos de extrema violencia y muerte en contra de sus vidas. Pero, el impacto no se compara, a escucharlo y recibirlo de sus propios relatos en conversación. No deja de impresionarme la magnitud de la violencia desplegada en contra de su lucha y la osadía con que actúa el poder. Al mismo tiempo, ¡cuánta impresión!, la fortaleza inquebrantable para seguir levantándose, rearmándose y juntando las piezas, los retazos de sus vidas valientes una y otra vez ante el embate de la muerte que se cuela por todos lados. ¿De donde sale tanta fuerza? -en este momento escribo-pienso que desde el amor incondicional a la vida-, la admiración y la emoción desborda en mi cuerpo de oyente situado a 7000 kilómetros al Sur.

La cantidad de actos de violencia, asesinatos, feminicidios y desapariciones en México, exceden en todo sentido -como he manifestado en otros momentos-, cualquier intento de cuantificación, cada caso es un hito de dolor para cada familia y comunidad afectada. No obstante, quiero hacer mención de otros tres casos emblemáticos, -también para la presente investigación-, que aun no siendo integrantes activas de NHRC, considero habilitan puntos de unión expresivos del andamiaje de esta máquina feminicida. Son vidas de mujeres que no debemos olvidar, que no podemos permitir que su memoria se diluya en los márgenes del olvido, en la imposición del terror y del silencio, y que así se conviertan en otra cifra más en una lista que de tanto doler parece interminable (Gutiérrez y Paley, 2016).

Rubí Fraire Escobedo y Marisela Escobedo Ortiz fueron hija y madre, y sus vidas fueron arrebatadas por el espiral de violencia que parece ser supervisada y avalada por el estado mexicano (Gutiérrez y Paley, 2016). Rubí fue una joven de 16 años, calcinada y desaparecida por su pareja Sergio Barraza Bocanegra en 2008. Recién dos años después, Marisela encontró los restos de su hija, y tras vencer incontables dificultades logró llevar el caso a juicio contra el feminicida, que incluso, alardeando de ello y habiendo confesado ante la (in)justicia, fue liberado por decisión del tribunal. Marisela no se dio por vencida, y continuó luchando por justicia ante el feminicidio de su hija, enlazada a otras madres que también buscaban a sus hijas desaparecidas. Logró que un tribunal superior revirtiera la sentencia absolutoria del feminicida confeso, y además, que se juzgara a aquellos jueces que la habían dictado. No obstante, a fines de 2010, cuando Marisela se encontraba protestando frente al Palacio de Gobierno en la capital estatal de Chihuahua, fue asesinada de un tiro en la cabeza.

La historia de Marisela y Rubí sintetiza el horror de la violencia convertida en asunto cotidiano: del [feminicidio] de una mujer a manos de un familiar en el ámbito privado a la lucha por justicia en el ámbito público que es truncada por otro [feminicidio], ahora plenamente visible aunque aparentemente anónimo. La impunidad lo inunda todo. (Gutiérrez y Paley, 2016, p. 8)

Susana Chávez Castillo, poetisa, escritora y activista oriunda de Ciudad Juárez. Poetisa desde niña, fue parte del movimiento por la lucha contra los feminicidios en México. Creadora de la consigna “¡Ni una más!” en 1995: lema que se hizo himno, eco planetario, ensordecedor, en los gritos de mujeres que permearon fronteras desde un hito clave en nuestra-historia, el 3 de junio de 2015 en Argentina.

Susana fue alcanzada por la violencia feminicida, violada, mutilada y asesinada el 6 de enero de 2011, por tres varones de 17 años^[22], quienes la interceptaron mientras se dirigía a encontrarse con sus amigas en Ciudad Juárez. Hoy, la herencia de Susana permanece eterna, es parte de la historia, nuestra-historia, audible-y-sentida del movimiento feminista, de nuestra lucha contra todas las violencias y los feminicidios en todas partes del mundo. Su consigna se ha hecho cuerpo, y continuará en nuestras voces unidas que no cesarán hasta que dejen de matarnos, hasta que el paradigma del aniquilamiento patriarcal, capitalista y colonial finalmente se derrumbe.

Algunos cargan mi cuerpo desierto

tras su espalda

como si fuera el sendero

un día cruzado hacía mí.

Mientras, me mezclo inclemente

con cenizas de todas las calmas

convirtiéndome en mar de tormentas,

de huesos perdidos.

 

Susana Chávez Castillo – Cuerpo desierto

Las violencias, desapariciones y feminicidios, actúan como actos comunicativos, siguiendo los planteamientos de Segato (2018), que se inscriben sobre los cuerpos de las mujeres, generando rupturas, erosiones, fisuras en el tejido vincular, a través de los cuales se sostiene el entramado de dominación. La violencia, consiste entonces en un acto enunciativo de disciplinamiento sobre los cuerpos femeninos y feminizados, como una forma de someter, disuadir, toda vez que descontrolar al conjunto, buscando inhibir los procesos organizativos y asediar a las tramas comunitarias con dolor y angustia (Gutiérrez, 2018), inmovilizándolos a través de la imposición del terror. A través de los feminicidios se aniquilan no sólo los cuerpos de las mujeres, sino que se pretende debilitar y fragmentar la comunidad: los lazos vinculares que sostienen la vida. Son las violencias domésticas, las violencias en lo público, las desapariciones y feminicidios, pero también las amenazas y coerciones directas hacia quienes luchan contra el horror, la búsqueda por la destrucción de los lazos entre madres que enlazadas demandan el regreso de sus hijas a casa.

Parte esencial de este andamiaje, es el accionar del estado mexicano, expresado en la categorización, exclusión, y erosión de las organizaciones, y de la comunidad en torno a las familias. En este sentido, las instancias gubernamentales, si bien reconocen el derecho a participar públicamente en la exigencia de justicia, y a la interlocución nacional e internacional, esto le es “permitido” solamente a las y los familiares consanguíneos de las mujeres asesinadas, excluyendo a vecinas/os, amigas/os, organizaciones, militando a favor de la indiferencia de todas/os las/los demás, y de la denegación de los lazos que nos unen (Salazar, 2006).

Los demás, están de más, sobran, estorban, entorpecen, nada tienen que hacer ahí. A los reconocidos se les exige presentarse a las reuniones a título personal y nunca “como organización”, so pena de quedar excluidos de las mesas de diálogo, de las concertaciones, de los informes oficiales, de los “apoyos” […] Excluyendo [operación medular de la clasificación] intentan disminuir la magnitud del horror y culpabilizan a las víctimas irrevocablemente ausentes. (Salazar, 2006, pp.15-16)

Con cada categorización/exclusión –acción pilar de la episteme moderna/colonial–, el estado instituye la fragmentación de la comunidad: la soledad individual, como la única forma válida de afrontar la muerte, disolviendo vínculos, alimentando sospechas, desconfianzas y la vergüenza, incluso explotando los sentimientos de culpa que atormentan a las y los sobrevivientes (Salazar, 2006). Los detentores-sostenedores serviles del régimen de violencia, buscan acallar y aislar, a través del continuo ofrecimiento de bienes materiales a las familias de las víctimas, como parte de un contexto que actúa de mordaza, así, el estado introduce una separación de las familias respecto de su entorno social, pretendiendo fracturar aun más los vínculos comunitarios, las tramas solidarias, o la posibilidad de su emergencia (Salazar, 2006).

Sin embargo, eso no sucede. Las tramas vinculares resisten ante el embate insidioso del poder, expresado en las estrategias económicas y políticas del estado: la potencia de la vida misma se manifiesta en el entrelazamiento de madres-mujeres que persisten, que re-generan la vida a pesar de tanta muerte.

¿Qué razón de ser tendrían las organizaciones que siguen actuando a pesar de su irreparable pérdida, a pesar de que nada de lo que se haga le devolverá la vida a nuestras hijas? En su reclamo, nos devuelven la vida a todos, el sentido de la vida para todos, que es la única forma posible para la vida humana. (Salazar, 2006, p. 21)

Nuestras Hijas de Regreso a Casa y la resistencia frente al patrón de la impunidad

La cultura masculina ha hecho un buen trabajo con nosotras. Son las costumbres que traicionan. La india en mí es la sombra: La Chingada, Tlazolteotl, Coatlicue. Son ellas que oímos lamentando a sus hijas pérdidas.

 

Gloria Anzaldúa – Borderlands/la nueva mestiza (1989)

[…] su expediente ha pasado por las manos de muchos funcionarios incompetentes: nueve fiscales, siete ministerios públicos, cuatro gobernadores^[23], tres presidentes de la república, y todos, me prometieron lo mismo: que tu caso no quedaría impune. Querida hija, han pasado 17 años, todos, todos, me han mentido. (Andrade, 2018)

(Cada vez que paso por esta cita de Norma es inevitable evocar su imagen pronunciando cada palabra sentida, la desolación, la indignación, el cansancio, el dolor, son imperecederos, sin yo estar hablando siento como me tiembla la voz, el nudo en la garganta aparece una y otra vez).

Además de fiscales, ministerios, gobernadores y presidentes, también se cuentan siete presidentes municipales en nueve administraciones distintas^[24], y hoy en día, se ha sumado otro presidente electo: Andrés Manuel López Obrador^[25], pasando así por todos los partidos políticos en el poder ejecutivo: PAN^[26], PRI^[27] y MORENA^[28] . Han pasado 20 años desde el feminicidio de Alejandra, y su caso, continua en la absoluta impunidad. En febrero de 2018, Norma emprendió una campaña internacional de denuncia contra las autoridades mexicanas, que inició con una solicitud formal de audiencia ante la CIDH. En este marco, en el 168°periodo de sesiones, Karla Salas Ramírez, abogada del caso de Alejandra expuso:

[…] se logró acreditar que el mismo grupo de hombres que asesinó a Alejandra en 2001, también participo en el secuestro, tortura sexual y asesinato de cuando menos otras cuatro mujeres más, entre 1994 y 2005, todas ellas menores de edad, ya que pericialmente se ha logrado identificar un modus operandi donde existen coincidencias en la mecánica de lesiones, perfiles de las víctimas, características semejantes en los lugares de secuestro y donde son encontrados los cuerpos, así como el mismo perfil genético de uno de los agresores en todos los casos. De esta forma, el caso de Alejandra evidencia que el estado mexicano ha tolerado la operación de un grupo que secuestra, tortura sexualmente y asesina mujeres y niñas, por ello la responsabilidad del estado mexicano no se limita al cumplimiento de su obligación de garantía, el cual ya se ha acreditado en el caso Campo Algodonero, sino que al realizar diligencias ociosas cargadas de estereotipos y al simular una investigación, ha consentido y ha tolerado que un grupo de feminicidas continúe actuando (Salas, 2018).

En agosto de 2018, en el marco del “Foro Escucha Ciudad Juárez: Por la Pacificación y Reconciliación Nacional”, el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, anunció que el feminicidio de Alejandra estaba resuelto, asegurando que el “asesino serial” responsable se encontraba detenido, y que contra él se tenían pruebas científicas. En una entrevista realizada el mismo año, Norma manifiesta lo siguiente:

En abril de 2018, la Fiscalía de Chihuahua obtuvo orden de aprehensión en contra de un sujeto llamado Manuel N., pero esa orden es por el caso de otras víctimas [Rosa Isela Tena, de 14 años, y Sonia Ivette Sánchez, de 13]. La orden de captura no fue emitida por el caso de mi hija, esa es una mentira del gobernador Corral. (Martínez, 2018)

A lo largo de 20 años de diligencias judiciales, se ha comprobado que en la agresión y feminicidio de Alejandra participaron al menos, tres personas, que aun no han sido identificadas, a pesar de contar con los códigos genéticos. Se han acumulado evidencias, pero ninguna ha apuntado al sujeto que reconoce Corral como culpable. Lo que se ha comprobado, como parte de una serie de irregularidades, es que inmediatamente después de iniciada la campaña internacional, la Fiscalía de Chihuahua retira la investigación del caso de la Fiscalía de Homicidios que había dirigido hasta entonces las “indagaciones”, pasando la responsabilidad directa a Sergio Castro Guevara, secretario particular del Fiscal General y agente del Ministerio Público, funcionario que no está facultado para conducir la investigación, y que a 45 días de asumida su conducción, la dio por “resuelta”. Mediante un procedimiento dudoso e irregular, parte de las maniobras comunes de la (in)justicia ejercida por el estado mexicano, Castro Guevara identificó dos víctimas de feminicidio de Ciudad Juárez, quienes, según “alguien le contó”, habían sido asesinadas por el padre de una de ellas, por lo que es detenido. Al practicarle exámenes de ADN, se descubre que era el feminicida de otras dos niñas, es decir, no de las dos primeras, ni tampoco de Alejandra. El abogado del caso, David Peña lo expone en los siguientes términos:

Es decir, investigando el caso de la víctima A [Alejandra], las autoridades dan con el supuesto feminicida de las víctimas B y C, pero finalmente lo procesan por los asesinatos de las víctimas D y E… y entonces, lo presentan como un “feminicida serial”. (Martínez, 2018).

A pesar de que las investigaciones en el caso de Alejandra hayan sido encabezadas formalmente por las autoridades estatales de Chihuahua, todas las diligencias han sido propuestas por Norma y su acompañamiento legal. Parte de esas diligencias, lograron dar con la recuperación de muestras genéticas del cuerpo, de las cuales una de ellas permitió la generación de un perfil de ADN. Durante los siguientes años de obtenido dicho perfil, se contrastó con más de un centenar de personas del círculo social de Alejandra, sin resultados. Para 2008, se solicitó al Ministerio Público que contrastara el perfil de ADN del agresor con las bases de datos genéticos disponibles, lo que permitió dar cuenta que la única base con la que contaba el gobierno de Chihuahua, era del personal de la Fiscalía estatal, construida con el fin de identificar cuerpos de agentes que el crimen organizado raptaba y asesinaba.

Sin embargo -¿sorpresivamente?-, se encontró una coincidencia: una persona que había sido agente ministerial, y que recientemente habían asesinado. El análisis permitió determinar que uno de los agresores de Alejandra, compartía todos los marcadores genéticos del lado paterno con dicho agente del ministerio, lo que quería decir que, si bien el agente no era el agresor, sí era alguien de su familia paterna. Ese mismo año, se solicitó contrastar el perfil genético con los perfiles de otros feminicidas, logrando determinar que el agresor de Alejandra habría participado en al menos, otros cuatro feminicidios entre 1994 y 2005. En estos casos, se encontraron rastros genéticos de más agresores, es decir, que en dichos feminicidios participaron varios sujetos. En esta misma línea, y como lo han expresado en diversas instancias, tanto Norma como sus abogados David Peña y Karla Salas, hay varios elementos que permitirían relacionar el feminicidio de Alejandra, con los ocho del Campo Algodonero: es muy posible, que los feminicidas de Alejandra sean los mismos feminicidas del emblemático caso (Nuestras Hijas de Regreso a Casa, 2020).

Al respecto de los dichos públicos de Javier Corral, de que el caso de Alejandra estaba resuelto y Manuel N. era el feminicida culpable, Norma manifiesta que es otro chivo expiatorio más, que viene a engrosar la lista de falsos culpables construidos por la (in)justicia y el estado mexicano.

Definitivamente para mí sí lo es [un chivo expiatorio], sino lo fuera, el gobernador ya habría salido a demostrarme y a callarme la boca, “mira aquí está la prueba de ADN del agresor de tu hija y aquí está la prueba de ADN del que yo tengo detenido”, ¡ya me hubiera callado la boca, y no lo ha hecho! [Javier Corral] dijo que estaba resuelto, y que yo me negaba por oscuras intenciones […] Yo tuve una reunión con él después de esa declaración que el señor hizo […] y yo le llevé algunas copias del expediente y le dije “mire, aquí está el presunto responsable, uno de ellos, que es el que se tiene identificado, pero aquí hay otros dos ADN que dicen que también participaron, entonces, por lo tanto, si usted ya tiene un detenido, tiene el detenido A, le falta el B y el C. Cuando ya tenga los tres, detenidos y sentenciados, entonces usted puede decir, que el caso de mi hija está cerrado. Mientras usted no tenga a los tres agresores de Alejandra usted no me puede decir que el caso está cerrado”. (Andrade, 2020)

La construcción de chivos expiatorios, de falsos culpables, ha sido una constante en la historia de violencias y feminicidios en México, erigiéndose como un engranaje clave dentro del funcionamiento de la máquina feminicida de impunidad e (in)justicias. Paradigmáticos son los casos de Latif Sharif “El Egipcio”, la supuesta pandilla “Los Rebeldes”, y los choferes Víctor García Uribe “El Cerillo” y Gustavo González Meza “La Foca”. Estos dos últimos, acusados de los ocho feminicidios del Campo Algodonero, en base a coacción, golpizas y tortura sexual por parte de agentes de la policía mexicana.

El caso de Campo Algodonero: la responsabilidad del estado mexicano en el sostenimiento de la violencia feminicida

Mucho se ha escrito y analizado en torno al emblemático caso Campo Algodonero, llegando a ser un hito en la historia reciente, y en la memoria de lucha en contra de las violencias, los feminicidios, y la búsqueda incansable de justicia en las veredas de lo institucional.

El 6 y 7 de noviembre de 2001, se encontraron ocho cuerpos de mujeres en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Entre ellas, Esmeralda Herrera^[29] de 14 años, Laura Berenice Ramos^[30] de 17, y Claudia Ivette González^[31] de 20 años. Todas, desaparecieron en fechas cercanas y lugares diferentes. Las madres y familiares reportaron las desapariciones dentro de las 72 horas, pero lo que sobrevino desde allí fue una serie de acciones/omisiones negligentes y cargadas de violencia institucional, patriarcal y misógina, parte del relato/funcionamiento institucional masculino-dominante del estado.

Irma Monreal, madre de Esmeralda, en el documental “La Herencia de las Ausentes: el caso del Campo Algodonero” (2014), relata:

Las autoridades me dicen no podemos darla como desaparecida, aun cuando ellos sabían lo que estaba pasando. Y ellos me dicen “no, búscala por ahí está con el novio, se fue con el novio, con los amigos, porque así son todas de vagas” … entonces, yo lloraba, yo le suplicaba, porque yo le decía no, es que mi hija no tiene novio, mi hija no tiene amigos, a mi hija algo le pasó. Entonces ellos me decían, “así son todas las mamás, saben lo que tienen dentro de la casa, pero no fuera de la casa”. (Monreal, 2014)

No se asumió la búsqueda ante los reportes de desaparición, no se notificó el hallazgo de los primeros cuerpos, no existe información sobre los resultados de las evidencias encontradas ni donde estas fueron resguardadas, se asignaron nombres arbitrarios a los cuerpos, no se entregaron documentos de autopsias (que fueron realizadas de forma incompleta), no se entregaron resultados de ADN, existe documentación extraviada, y se hizo la entrega de cuerpos a las familias sin la identificación genética correspondiente. Incluso, a las familias se les ofreció un fondo de reparación^[32], tipo “compensación” económica, con la condición de firmar documentos que comprometieran enterrar los cuerpos entregados sin más cuestionamientos, es decir, sin solicitar exhumaciones ni más pruebas de ADN. De los ocho cuerpos encontrados, solo cinco finalmente correspondían a los nombres que el gobierno del estado había proporcionado: tres madres, tres de las familias, esperaron cinco años para que les dijeran que esos cuerpos no eran de sus hijas, y que sus hijas seguían desaparecidas.

Sumado a esto, también se reconoce una falta de seguimiento de líneas de investigación, falta de vinculación entre investigaciones de fuero local y federal, fragmentación de investigaciones en casos probablemente relacionados, y falta de investigación de funcionarios públicos por comisión de ilícitos de índole administrativa y penal (Vázquez, 2011).

Es así, que el 6 de marzo de 2002, las madres de Claudia, Esmeralda y Laura presentan de manera individual una petición de denuncia ante la CIDH, donde se alega la responsabilidad del estado mexicano por las irregularidades en las investigaciones de los casos de sus hijas, y que constituyen violaciones a una serie de convenciones y declaraciones internacionales^[33], entre ellas la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará de 1994. En 2005, reciben una notificación de que su petición había sido admitida, y que por lo tanto se convertía en un caso^[34]. Así se inicia un largo proceso en la Comisión, y posteriormente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese camino, participaron no sólo las madres y familias junto al asesoramiento legal, sino también equipos multidisciplinarios, y sobre todo, personas y organizaciones que apoyaron, aportando pruebas, documentando las violaciones a los derechos humanos por parte del estado, haciendo que el caso resonara en otras regiones y estados del país, y acompañando, estando cerca, codo a codo, pulsando entramados de resistencia mutua. Mujeres, madres, académicas, investigadoras, maestras, activistas, la Red Mesa de Mujeres de Juárez, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC), el Observatorio de Feminicidios de Católicas por el Derecho a Decidir, y Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Claudia, Esmeralda y Laura Berenice, fueron los primeros tres casos de feminicidios en la historia de América Latina y el Caribe que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 16 de noviembre de 2009, y ocho años después de sus desapariciones y feminicidios, la Corte dictó una sentencia histórica: se condenó al estado mexicano por la responsabilidad en la violación de los derechos humanos de Laura, Esmeralda, Claudia y sus familias.

Allí, se puntualiza y detalla qué tienen que hacer los estados para prevenir la violencia y cómo investigar los casos, y se establecen acciones directas para con las familias. Entre las reparaciones dispuestas por la Corte, se encuentran el deber del estado de conducir eficazmente un proceso penal, procesamiento y sanción de los feminicidas responsables, incluyendo una perspectiva de género en la investigación, la implementación de programas de educación y capacitación a funcionarios/as públicos/as en materia de derechos humanos y género, perspectiva de género y superación de estereotipos sociales asociados a las mujeres, brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita inmediata, adecuada y efectiva a las familias, investigar –“dentro de un plazo razonable”– a las y los funcionarios acusados de irregularidades, y sancionar a las personas responsables de los hostigamientos a las familias.

Se le exige al estado, en un plazo de un año de dictada la sentencia, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y ofrecimiento de disculpas públicas a las familias por las violaciones a los derechos humanos en las que incurrió, levantar un monumento en memoria de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, crear y actualizar bases de datos, pagar una compensación económica a las familias por daños materiales e inmateriales, así como el reintegro de gastos, y finalmente, rendir ante la Corte un informe sobre las medidas de cumplimiento de la sentencia.

Hay muchas razones que hacen de la sentencia del Campo Algodonero un precedente histórico y emblemático, pues puso en palestra internacional los feminicidios de Ciudad Juárez, pero en vínculo con la responsabilidad del estado en la perpetuación y sostenimiento de la violencia. En este caso quedó evidenciada la negligencia indolente de la autoridad-masculina, del estado mexicano y su andamiaje institucional desde el primer momento, así como su responsabilidad directa. Es considerado como un avance en materia de derechos de las mujeres, traduciéndose más concretamente en cambios legislativos importantes, como la tipificación del feminicidio a nivel federal. Es la primera sentencia que considera las condiciones sociales y culturales de las que surge la violencia contra las mujeres, y se considera como la primera sentencia emitida por la Corte que utiliza la perspectiva de género para juzgar (Chávez, 2017).

¿Por qué la sentencia se vuelve relevante? Porque para que nosotras podamos defender y decir que haya un tipo penal, que haya protocolos que investiguen con una debida diligencia, siempre es a través de la sentencia Campo Algodonero, siempre es la base argumentativa, vinculante, de decir el estado ya fue sancionado, ¿quieren que otra vez sea sancionado […] porque ustedes no están cumpliendo? (Estrada^[35], 2014).

La sociedad civil mexicana organizada, ha utilizado la sentencia para presionar al estado, pues como ha hecho evidente la historia, ha sido costumbre estatal no acatar las recomendaciones y sentencias de las instancias internacionales. Dos años tardó el estado mexicano en hacer público el reconocimiento del fallo, así como las disculpas públicas a las familias. En medio de críticas, reparos y dolor, el gobierno federal finalmente construye el memorial en 2011, acto no reconocido por las familias, por lo que organizaron su propia conmemoración para todas las asesinadas de Juárez.

Se avanzó en dar discursos políticos y mediáticos, diciendo que se ha avanzado en la publicación de la sentencia e indemnizaciones, sin embargo, las disposiciones fundamentales para reparar los múltiples daños y que “esto no vuelva a ocurrir” no se ha hecho. Es sabido que los feminicidios en México han ido en sostenido aumento de cifras y ensañamiento año a año, y más concretamente, hoy 11 años después de la histórica sentencia, aún no sabe quiénes fueron los torturadores y feminicidas de las ocho mujeres del Campo Algodonero: la justicia buscada por las familias que emprendieron este larguísimo proceso, era finalmente saber qué les había pasado a sus hijas, y eso no se ha cumplido. Según expone uno de los peritajes realizados y presentados ante la Corte, solamente pueden existir dos hipótesis posibles: que los feminicidas sean agentes del estado, o que sean sujetos que actuaron abiertamente con la tolerancia y aquiescencia del estado mexicano.

A mí me alimenta la esperanza de que realmente las cosas cambien, si no la tuviera o si no estuviera luchando por las mujeres vivas, no por las que ya no están, entonces ya me hubiera ido de Juárez como muchos lo han hecho. (García, 2014)

[…] yo espero que la muerte de Esmeralda no sea en vano, que con la muerte de Esmeralda y con mi lucha de llevar el caso hasta donde fue se logre algo, que más mamás no estén en mi lugar, que más mujeres no estén en el lugar de mi hija, que nadie muera como ella, eso es lo que yo espero del mañana. (Monreal, 2014)

Finalmente, los feminicidios de tres mujeres entre cientas de asesinadas en Ciudad Juárez, Claudia, Esmeralda y Laura, lograron asentarle un golpe al muro y hacerle una grieta, en su propio lenguaje y con sus propias reglas. Y es que dentro de las reglas del juego de la (in)justicia colonial/moderna, pareciera ser que “La única justicia posible es la que acoge la herencia de esas jóvenes, en un reclamo pronunciado reiteradamente desde las miles de voces que en muchos rincones de la Tierra entienden la justicia: ¡Ni una muerta más!” (Salazar, 2006, p. 21).

En el complejo entramado de dominación colonial, capitalista y patriarcal, los medios de comunicación social, las instituciones y las macro-estructuras establecen marcos propios y reproductores del ejercicio de la violencia feminicida. Los cuerpos de mujeres asesinadas, desechados en espacios públicos y visibles, transmiten claro el mensaje de impunidad como elemento que distingue al territorio de Ciudad Juárez y México: la complicidad, participación y responsabilidad de los estados y del estado mexicano en particular.

Domínguez y Ravelo (2003) argumentan que el uso del cuerpo de las mujeres para enviar mensajes a las autoridades y a la sociedad puede entenderse como la forma extrema de la misoginia: donde el cadáver femenino deviene en mero signo instrumentalizado para fines que muchas veces no tienen que ver con la “víctima”, el emisor del mensaje, al igual que las y los destinatarios, está indeterminado, no obstante, dirige la atención hacia un sistema sacrificial llevado a cabo por un grupo de poder. Este grupo de poder, pacta acuerdos, teje redes de procedimientos, ejerce estrategias de fingimiento, amenaza, difama y elimina a quienes pueden perjudicar el sostenimiento de su impunidad, y donde los grados de complicidad y nexos de fondo son aún desconocidos.

El subtexto que yace en el larguísimo tiempo de inercia de la (in)justicia en torno a los feminicidios es la permanencia de la impunidad: la impunidad es su gran tema y puerta de entrada para su desciframiento, no un factor causal (Segato, 2016b).

[…] los feminicidios de Juárez se pueden comprender mejor si dejamos de pensarlos como consecuencia de la impunidad e imaginamos que se comportan como productores y reproductores de impunidad […] es posible también que haya sido el primer propósito de sus perpetradores en el tiempo: sellar, con la complicidad colectivamente compartida en las ejecuciones horrendas, un pacto de silencio capaz de garantizar la lealtad inviolable a cofradías mafiosas que operan a través de la frontera más patrullada del mundo. (Segato, 2016b, p. 43)

La impunidad, como relato, deviene en parte central de la estructura binaria y opresiva público/privado de la barbarie de la colonial/modernidad (Segato, 2016b). Esto es clave, pues nos permite observar los vínculos intrínsecos entre el paradigma de la política masculino-dominante y el continuum de la relación violencia-feminicidio-impunidad sistemática, donde el trasfondo es un orden social históricamente estructurado –con origen en la herida colonial– que continúa construyendo-y-sosteniendo relaciones desiguales y binarias/jerárquicas de poder.

La falta de voluntad política por parte de la autoridad para resolver un problema tan grave como el que hay, negándolo, decir no existe no es cierto, es gente que quiere estar molestando. Pero eso es desde que yo recuerdo, desde que yo inicié la lucha eso decían las autoridades, y el gobierno actual sigue diciendo lo mismo que me decían en el 2001 […] esa falta de visión, esa falta de conocer que tienen un problema y esa impunidad ha hecho que la problemática agrave y cada día sea peor, porque si antes eran determinados estados y era un foco rojo en que había puntitos…ahorita es en todo el país y en todos los estados. (Norma Andrade, 2021)

Durante su trabajo realizado en Ciudad Juárez entre 2004 y 2005, Claudia Salazar y Gabriel Araujo (2006) trabajaron con NHRC, donde pudieron participar del clima social que les permitió compartir la incertidumbre enorme provocada por la desconfianza en los modos de ser de lo jurídico, lo judicial, la “administración de justicia”/injusticia, y la indiferencia del poder frente al dolor y la angustia de las y los desprotegidos (Salazar, 2006), de aquellas personas destinadas socialmente por la estructura, hacia los bordes, hacia los márgenes.

Para NHRC, el patrón sostenido y sistemático de impunidad en los feminicidios de jóvenes y mujeres en Ciudad Juárez, es uno de los hilos gruesos, fundamentales, que continúa fortaleciendo el tejido de su resistencia. A través de discursos, escritos, acciones, enlazamientos, entre-tejidos entre mujeres y redes de mujeres, han denunciado la impunidad y la injusticia que impera en Ciudad Juárez y en México todo. Durante 20 años, de impunidad perversa, han persistido-y-resistido en su lucha, como un potente y al parecer, indestructible tejido de subversión y valentía, ante el embate también incansable, del poder que aniquila y desecha cuerpos incontables de mujeres como residuos de la modernidad/colonialidad.

“Este país se está desmoronando, se está cayendo a pedazos como migajas. Yo lo que veo es que nosotros, todo el pueblo, somos como un corcho sobre el agua, estamos ahí nomás flotando a la deriva, sobreviviendo” (Chaparro, 2015, párr. 13) expresa Norma, en febrero de 2015, cuando se cumplían 14 años del feminicidio de Alejandra. En la conmemoración luctuosa de su hija, y mientras el país se cae a pedazos, Norma entrega a las personas paletas de dulce, en forma de corazón rojo y que llevan el nombre de su hija asesinada.

Cada día en que se multiplican los lazos solidarios en virtud de la acción de los herederos de nuestras hijas, la apuesta de la barbarie se pierde. Cada vez que se olvida la injusticia y se derrota su causa en la fatiga y el agotamiento de un mundo sin memoria, despoblado de los rostros de [nuestras hijas], los asesinos del mundo ganan su apuesta. Batalla perenne sin victoria definitiva; habrá mundo mientras no se derrote la memoria, la responsabilidad por la vida del otro, antes que la propia vida. (Salazar, 2006, p. 25)

Actualmente en 2021, en el momento de las entrevistas con Norma, Marisela y Humberto, NHRC sigue viva, la herencia de las hijas ausentes, ancestras, continúa desplegada e impregnada en sus cuerpos que persisten luchando en la medida que sus propias vidas puedan protegerse. Producto de las amenazas y actos de violencia directa, se encuentran habitando distintos territorios, pero la organización continúa. Hoy es Malú quien dirige el trabajo político en terreno en México, junto a hijos e hijas de mujeres asesinadas que conforman la organización, realizan acompañamientos jurídicos a familias en los procesos de sus casos, participan en actos políticos contra la violencia y los feminicidios, plantones, marchas y convocatorias. El blog, el grupo y la página de Facebook continúan siendo llevados por Humberto. Marisela habita Estados Unidos, y desde allí continúa vinculada al trabajo y proyectos de la organización. Norma por su parte, ya no es integrante oficial de NHCR, al presente trabaja en un grupo de acción por los derechos humanos y la justicia social, donde se realizan acompañamientos a madres de desaparecidas/os, violaciones a los DDHH y feminicidios. Tras 20 años de lucha perseverante ante el embate incansable de la máquina feminicida, la impunidad y la injusticia, NHRC se levanta como una flor que se niega a morir en el desierto, con antiguas raíces que fungen como un linaje “materno” que cobija y da sentido, flor que es genealogía incuestionable e imperecedera de las luchas de madres y mujeres entrelazadas en torno a la defensa por la vida: herencia y memoria de las luchas feministas del presente en México.

[Para] Nuestras Hijas de Regreso a Casa pues obviamente hay una gran admiración, porque es el referente, o sea es la primera organización de madres que señala a las autoridades y señala a los delincuentes, entonces a mi me parece que es una de las organizaciones más respetadas, y más amadas también. (Rubí Olvera, 2019)

Nuestras Hijas de Regreso a Casa […] va abriendo camino a la posibilidad de que las autoridades te escuchen […] esas posibilidades se van abriendo si así se exigen en colectivo, y me parece que es también como otra de las herencias o cosas que Nuestras Hijas de Regreso a Casa nos dejó, como “si no nos hacen caso, vamos a buscar que nos abran la puerta y nos hagan caso”, entonces sí, me parece también que de alguna forma marca una diferencia en eso, sobretodo en cómo pensar la justicia y cómo exigir justicia y cómo hacerle ver a las autoridades que la justicia no es como la piensan. (Rubí Olvera, 2019)

Imagen 4: Intervención textil de bordados colectivos (2021). Círculo de mujeres “Vivas en la memoria”, Nezahualcoyotl

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