Los escenarios contemporáneos de actuación del “género” en lo social desafían cada vez más las versiones menos comprometidas de las teorías del género, mostrando la necesidad de incorporar opciones más transformadoras y críticas.
Cabruja, 2008
La igualdad de género es un derecho humano fundamental. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo tan generalizada que su eliminación es una preocupación global. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por los Estados miembros de las Naciones Unidas establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2016), los cuales plantean la incorporación sistemática de la perspectiva de género en la implementación de la agenda global de desarrollo. El empoderamiento de las mujeres es una condición previa para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y ocupan un lugar central en la Agenda 2030. Según la ONU, 14 de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de femicidio/feminicidio están en América Latina y el Caribe, y se estima que 1 de cada 3 mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual, lo que alcanza la categoría de epidemia de acuerdo con la OMS. Un informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS, 2013) considera que la violencia contra las mujeres, además de ser una violación de los derechos humanos, es un factor que condiciona la calidad de vida de las mujeres, produciendo efectos severos en su salud, vida cotidiana y supervivencia. La región es la más violenta del mundo para las mujeres (OMS 2013). Según un reporte del 2018 de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL, 14 de los 25 países con más feminicidios se ubican en América Latina. En 2017, la información oficial para 19 países de América Latina y el Caribe muestra un total de 2.559 mujeres víctimas de feminicidio o femicidio. Si a estos se suman los datos de otros 4 países de la región que solo registran los feminicidios cometidos a manos de la pareja o expareja de la víctima, este número asciende a 2.795 mujeres muertas por feminicidio en este año. Los datos de 2016 y 2017 evidencian que El Salvador (10.2), Honduras (5.8), Belice (4.8), Trinidad y Tobago (3.0), Guatemala (2.6) y República Dominicana (2.2) son los países con mayor prevalencia de feminicidios en la región (bit.ly/37mfqLE, 2017). Al menos 282 mujeres fueron asesinadas en los primeros 27 días del 2019 en América Latina y el Caribe, según datos recogidos por observatorios sobre género y movimientos feministas de 15 países de la región. En lo que va del 2019, de acuerdo con datos ofrecidos por los medios, México (con 104 feminicidios) y Brasil (con 69) tienen las cifras más altas. Sigue Argentina con 20 feminicidios. Por otra parte, la región presenta la mayor tasa de violencia sexual fuera de la pareja a nivel global y la segunda mayor tasa de violencia por parte de la pareja o expareja (OMS, 2013). Otros datos revelan que 3 de los 10 países del mundo con las tasas más altas de violaciones de mujeres y niñas se encuentran en el Caribe (IDH Caribe PNUD, 2012). En América Latina entre el 17 % y 53 % de las mujeres han reportado violencia por parte de su pareja, y 2 de cada 3 mujeres son asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Según datos recogidos por Naciones Unidas, en Argentina, México, Colombia y otros países de la región, la violencia doméstica contra las mujeres creció entre 30 % y 50 % en 2020. Las políticas sociosanitarias frente a la pandemia del COVID-19 trajeron aparejada una mayor dependencia económica de las mujeres por la pérdida de trabajo, que las afectó más que a los varones, junto con la sobrecarga de tareas de cuidado de los/as hijos/as (Naciones Unidas, 2020).
En América Latina las mujeres están atravesadas por diversas situaciones de inequidad: desigual acceso a salud y educación, diversos impedimentos para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, y la persistencia de situaciones de discriminación y violencia sexista frente a las herramientas legales implementadas en los países de la región. La violencia contra las mujeres es la violación más generalizada de los derechos humanos y el feminicidio/femicidio es su expresión extrema. Se denomina “femicidio” los asesinatos de mujeres considerándolos como homicidio, sin destacar las relaciones de género, ni las acciones u omisiones del Estado. Mientras que el concepto “feminicidio”, definido por Marcela Lagarde (2009: 216), ejemplifica el
conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres y que estos fuesen identificados como crímenes de lesa humanidad. El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y espacio daños contra niñas y mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos –en ocasiones violadores–, y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas.
En los últimos años, el número de feminicidios ha aumentado de manera alarmante en muchos países de la región. Los crímenes hoy conocidos con esa denominación representan una novedad, una transformación contemporánea de la violencia de género, vinculada a las nuevas formas de la guerra. La humanidad hoy testimonia un momento de tenebrosas innovaciones en los modos de ensañarse con los cuerpos femeninos y feminizados, un ensañamiento que se difunde y se expande sin contención (Segato, 2010: 3).
Los obstáculos en la construcción de relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres contribuyen a la permanencia de estereotipos y desigualdades que requieren interrogación desde una perspectiva crítica de género. Las mujeres suelen ser las personas más afectadas, en comparación con los hombres, por la pobreza, el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la falta de atención sanitaria y las crisis económicas mundiales. (en lac.unwomen.org). Entre las fuentes de vulnerabilidad que atraviesan, se destacan el racismo, la xenofobia, la violencia, la falta de acceso a servicios sociales básicos, y el riesgo de deterioro de la salud reproductiva, que se agudizan debido a las desigualdades de género (Longo, 2013). Además de la persistencia de situaciones de discriminación y violencia sexista. La autonomía de las mujeres urbanas y rurales se ve también amenazada por la alta proporción de población sin ingresos propios. Un tercio de las mujeres depende de otros para su subsistencia, lo que las hace vulnerables desde el punto de vista económico y dependientes de los perceptores de ingresos, que por lo general son los hombres sobrecarga de horas de trabajo de las mujeres ocupadas (Cepal, 2014). Asimismo, comparativamente poseen menor acceso a la educación, a la propiedad de la tierra y al empleo, salarios más bajos por el mismo trabajo, menor oportunidad de acceso a trabajos estables y bien remunerados. A esto se agrega la gran responsabilidad del trabajo doméstico y la crianza de los hijos, factor que innegablemente limita sus opciones y oportunidades de trabajo y de participación social y política. Asimismo, la construcción social y cultural permite que se consoliden procesos de invisibilización de la exclusión y la violencia, instaurados a través de un andamiaje que legitima y justifica la arbitrariedad de prácticas sociales establecidas como habituales entre los géneros (Zaldúa, Lenta, Longo y Sopransi, 2014).
Por su parte, los Estados de América Latina y el Caribe han contraído compromisos con la comunidad internacional, estipulados en diversos instrumentos de derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los tratados específicos sobre las mujeres. Entre estos últimos, son de particular relevancia la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, su Protocolo Facultativo y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará). Los tratados se complementan con una importante y creciente jurisprudencia sobre la violencia de género, tanto desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Diversos instrumentos no vinculantes de gran trascendencia política, como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los subsiguientes procesos de seguimiento, las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y las recomendaciones generales adoptadas por organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, que constituyen herramientas de interpretación autorizadas de las respectivas convenciones. Por otro lado, en diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales.
Pese a que la región de América Latina y el Caribe es posiblemente la que más ha avanzado en la creación de marcos normativos nacionales para abordar la violencia contra las mujeres (Organization of American States [OAS], s/f). En América Latina las mujeres y las niñas atraviesan diversas situaciones de vulnerabilidad de derechos. La violencia, la impunidad, los límites a la libertad de expresión y la discriminación de las minorías no solo no se redujeron, sino que se intensificaron en la región (Amnesty International, 2018). Sin embargo, la presencia de las mujeres desde sus aportaciones y su liderazgo es fundamental para encontrar una solución a sus problemas (Organización de las Naciones Unidas [ONU] Mujeres, s/f).
La falta de agua es uno de los problemas más generalizados que afecta la calidad de vida de las mujeres rurales. Cada año se acentúan las sequías debido a la compulsiva política de monocultivo destinado a la exportación. En América Latina el 54 % de las trabajadoras agrícolas viven por debajo de la línea de pobreza, y el 20 % representa la fuerza laboral agrícola. Las mujeres rurales son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos, desempeñan un papel importante en la preservación de la biodiversidad y garantizan la soberanía y seguridad alimentaria desde la producción de alimentos saludables. Sin embargo, viven en situación de desigualdad social, política y económica, con apenas el 30 % de titularidad de la tierra, el 10 % de los créditos y el 5 % de la asistencia técnica. Por ello es necesario trabajar en políticas públicas para promover la igualdad de género en la región (Food and Agriculture Organization [FAO], 2019).
Por esto, se presentan territorios de convergencia de reclamos y demandas compartidas que requieren del impulso de iniciativas de vigilancia social y exigibilidad colectiva en materia de derechos de mujeres en los que se problematicen los modos de vida impuestos por el modelo de desarrollo actual. La presencia en los territorios del modelo agroexportador vigente, que conlleva a las políticas de concentración de la tierra y destrucción de la agricultura tradicional, tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana de las mujeres y se implanta en el plano material y simbólico. Esta realidad afecta de manera diferente a hombres y mujeres, siendo las segundas más vulnerables a las situaciones de pobreza. La baja participación de las mujeres en el trabajo remunerado contrasta con su alta participación en el trabajo no remunerado para el propio hogar: en América Latina el 77 % del trabajo no remunerado es realizado por las mujeres, de acuerdo con los datos de las encuestas de uso del tiempo. Sin políticas públicas adecuadas que aborden materias claves como la formación y el empleo de las mujeres, que contribuyan a evitar la precarización de los empleos y que promuevan la corresponsabilidad en los sistemas de cuidado, se corre el riesgo de que se perpetúen las brechas existentes (Comisión Económica para América Latina [CEPAL], 2018).
En este escenario, las mujeres participan en movimientos sociales urbanos en oposición a la gentrificación, a la destrucción del medio ambiente y al uso de las expropiaciones (o de métodos más brutales) para desalojar a los residentes y permitir un uso más rentable del suelo (Harvey, 2013: 53). Las diversas acciones colectivas y las movilizaciones ponen en relieve las fronteras de la exclusión. Se trata de movilizaciones urbanas y rurales de carácter territorial, que incluyen desde la demanda de infraestructura y trabajo, hasta el reclamo contra el saqueo de los bienes naturales y contra la contaminación ambiental (Svampa, 2008). Desarrollan una multiplicidad de acciones colectivas multitudinarias de ejercicio de ciudadanía que cuestionan y ponen en evidencia la dimensión del problema de la violencia contra las mujeres y las escasas respuestas existentes por parte de las políticas públicas. Es decir, hay una resistencia corporal plural y performativa operando que muestra cómo las políticas sociales y económicas están diezmando las condiciones de subsistencia y hacen reaccionar a los cuerpos (Butler, 2014).
Los actuales movimientos sociales en la región ponen en relevancia problemáticas tales como la exclusión histórica de los pueblos indígenas, el papel de la mujer en la sociedad, la degradación del medio ambiente, el problema de las violencias, entre otras (Mirza, 2006). En los movimientos sociales, aparecen nuevos instituyentes protagonizados por mujeres, su presencia invita a la reflexión de la configuración, la dinámica y las necesidades de los sujetos involucrados en el proceso (Longo, 2012).
Para visualizar los obstáculos de acceso a la justicia de género, es pertinente visibilizar los procesos de significación tejidos en el entramado de la simbolización cultural, los sentidos colectivos asignados a los roles de género y las expectativas sociales en torno a ellos. Superar las injusticias significa desmantelar los obstáculos institucionalizados que impiden a algunas personas participar en condiciones de igualdad con el resto, como partes de pleno derecho en el proceso de interacción social (Fraser, 2004: 35). Las teorías feministas y el enfoque de género han contribuido a comprender las particularidades de este tipo de violencia. Impulsar iniciativas de vigilancia social y exigibilidad colectiva en materia de derechos de mujeres continúa siendo un desafío fundamental. La exigibilidad es un proceso social, político y legal con implicancias colectivas y subjetivas.
