Disputas en torno a la apropiación de la Canchita de los Bomberos (Mar del Plata, 2012-2015)^[1]

María Laura Canestraro^[2]

Durante 2012 se crea el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar^[3] que constituye una novedosa política de acceso al suelo y a la vivienda para sectores medios que hasta entonces habían quedado por fuera de las operatorias masivas de los últimos años. Atendiendo a la doble demanda de necesidad de vivienda y de impulso del sector de la construcción, se proyecta la gestión de 400.000 créditos hipotecarios a nivel nacional para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para la adquisición de viviendas en el marco de desarrollos urbanísticos. Posteriormente, se añade la compra de viviendas a estrenar, y la compra de terreno y construcción.

Hacia fines de septiembre de ese mismo año, el Municipio de General Pueyrredón^[4] anuncia las tierras disponibles para comprometer en su implementación bajo la modalidad “desarrollo urbanístico”, entre las que figura el predio conocido como “Canchita de los Bomberos” en el barrio Parque Luro de la ciudad de Mar del Plata, donde se prevé la construcción de departamentos monoambientes y dúplex, en terrenos aportados por el Estado nacional. Frente a ello, rápidamente se conforma un grupo de vecinos autoconvocados en defensa de la utilización de dicho predio como espacio verde, que lleva adelante una diversidad de estrategias –incluida la presentación de un recurso de amparo ante la justicia– en vistas a manifestarse en contra de la decisión del municipio y evitar la construcción de viviendas en el lugar. Progresivamente, el conflicto suscita la aparición en escena de otros actores que también juegan un papel central en la producción de la ciudad y pugnan por legitimar sus posiciones (asociación vecinal de fomento, colegios profesionales, etc.).

Aquí nos proponemos, siguiendo el abordaje de Melé (2003; 2006), reflexionar acerca de los efectos sociales que el conflicto produce en tres dimensiones: la territorialización, que refiere a las formas de apropiación simbólica del espacio que suelen reforzarse o modificarse en el proceso; la irrupción del conflicto en el espacio público, que remite a las formas de deliberación pública en que el conflicto es procesado; y la actualización local del derecho, que alude a la juridificación del conflicto y, con ello, a las resignificaciones y transformaciones que se producen una vez que ingresa al mundo del derecho (Azuela y Mussetta, 2009; Azuela y Cosacov, 2013).

En este marco, nos preguntamos: ¿qué representaciones simbólicas y qué imaginarios urbanos emergen en el conflicto? ¿Trascienden el territorio e irrumpen en la esfera pública o más bien se acotan a aquél? ¿De qué forma ingresa del conflicto al mundo jurídico? ¿Se mantienen los objetivos en el corto plazo o se modifican? ¿Es posible identificar estrategias por parte del Estado en función de sus diferentes dispositivos institucionales y jurisdicciones? ¿Son coincidentes o contrapuestas? ¿Cómo se vincula este proceso a la dinámica y a la estructura urbana de la ciudad? En definitiva, ¿qué efectos sociales produce el conflicto?

Con el propósito de reflexionar sobre estas cuestiones, realizamos entrevistas en profundidad a vecinos autoconvocados, recopilamos documental producido por estos actores y participamos de las charlas informativas que realizaron para dar a conocer la problemática. Asimismo, relevamos normativa y sistematizamos información periodística, boletines vecinales y publicaciones realizadas en redes sociales; también realizamos un registro fotográfico. A continuación describimos el origen y el desarrollo del conflicto para luego poner el foco en cada una de las dimensiones implicadas en su productividad social. Finalmente, vinculamos los efectos sociales que produce en la dinámica y estructura urbana de la ciudad.

Del solárium al Pro.Cre.Ar: usos y destinos de la Canchita de los Bomberos

En su origen, las tierras que se hallan en disputa por su posible destino para la implementación del Pro.Cre.Ar pertenecen a María Luro de Elissathe Chevalier –hija de Pedro Luro, uno de los principales propietarios del Partido de General Pueyrredón–; posteriormente se delimitó sobre ellas el barrio que alude a su figura: Parque Luro. Ya hacia inicios de 1900, varias hectáreas de la zona pasan a ser propiedad de la familia Unzué que destina el predio a la construcción de un solárium para el tratamiento de la tuberculosis en niños.

En 1947 se crea la Sociedad de Vecinos Zona Parque Luro, y así se comienza a canalizar una variedad de reclamos orientados a urbanizar la zona. Dos años más tarde, en 1949, se reconoce oficialmente la Sociedad de Fomento Parque Luro.^[5] Ese mismo año, se emplaza en el barrio el Destacamento del Cuerpo de Bomberos, aledaño al terreno que actualmente se halla en disputa, cuya denominación deviene de aquel hecho histórico ya que era el lugar utilizado para actividades recreativas de los bomberos.

Según relata el informe técnico realizado por profesionales a pedido del grupo de vecinos autoconvocados, ya por 1951 “surgió la necesidad de una plaza pública”.^[6] No es casual la mención de este dato, pues la apelación a esta demanda se erige como un hito en el argumento construido por estos vecinos, desde una doble dimensión: como espacio público y como espacio verde. A partir de ello se hilvanará un imaginario dominante sobre el conflicto y, así, su ingreso al mundo del derecho.

Hacia 1950 se disuelve la Sociedad de Beneficencia, que había sido destinataria de la donación de la familia Unzué, y se transfieren sus bienes al patrimonio del Estado nacional. Una década más tarde, hacia 1960, con la erradicación de la enfermedad que había motivado su construcción, el solárium queda abandonado y sus autoridades no le otorgan destino al predio. Fue a partir de inicios de la década de 1980 que, con la demolición de la histórica institución, se suscitaron diversas disputas en torno a los usos y destinos del predio. Desde entonces, permanece sin destino certero.

En 1985, se reservan algunas parcelas para la construcción de un Centro de Convenciones y Congresos Nacionales e Internacionales con Sala de Conciertos y Hotel de 5 estrellas, para lo cual se modifica su uso residencial de baja densidad y se afecta como Distrito de Urbanización Futura.^[7]

En 1990, a través de la ordenanza 7896 se declara de interés municipal “las fracciones no construidas de propiedad de los gobiernos nacional y provincial, y de sus empresas y organizaciones descentralizadas, ubicadas en el Partido de Gral. Pueyrredón”. Y se agrega que, en aquellos casos en que no esté contemplada la cesión gratuita al municipio, este solicitará un tratamiento prioritario para constituirse como comprador preferencial. Si bien esta normativa alude con vaguedad a una diversidad de inmuebles, en 1991 se señala explícitamente el interés del municipio por gestionar la cesión de las fracciones fiscales del predio en cuestión, hasta el momento bajo la jurisdicción del Estado Nacional.

En 1996, hay un intento de instalación de un Parque de Diversiones “Park American”; sin embargo, el Ejecutivo municipal deniega el permiso de uso del suelo.^[8] Dicha medida se toma en función de que los usos solicitados difieren de aquellos a los que está afectado el predio; de que esos usos, “en cuanto a concurrencia de público, nivel de ruido y concentración vehicular se muestran incompatibles con el carácter residencial del área circundante al predio propuesto”; de que se tuvo en cuenta la proporción de vecinos opuestos a la instalación; entre otros.

Para 1997, a través de la ordenanza 11.150,^[9] se establece la normativa urbanística relativa al destino como “Centro Cultural de Convenciones y Hotel Cinco Estrellas”, se desafecta parcialmente el distrito de Urbanización Futura y se ordena la apertura de tramos cedidos y no abiertos al público, y la donación al uso público (calle), y así se define el ensanche de diversos tramos. Asimismo, se declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación dos de las parcelas del predio para ser afectadas a espacio verde y libre de uso público. En 1998, mediante la ordenanza 11.738, se convalida un convenio por el cual el Estado nacional designa a la municipalidad como “depositaria en custodia del inmueble propiedad de aquel (…) hasta tanto el Estado Nacional determine el destino final del predio en el marco de lo dispuesto en las normas que rigen la materia”; así se reserva el derecho de revocar el convenio y, si así fuera, a exigir la restitución inmediata de inmuebles.

Los años subsiguientes se suceden una serie de denuncias alrededor de diversas actividades que se desarrollan en la Canchita de los Bomberos: desde la instalación de un circo durante la temporada estival, pasando por el funcionamiento de un camping clandestino e incluso la ocupación en forma esporádica o permanente. Posteriormente, en 2009, el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado transfiere parte del predio al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para la construcción del Museo de Arte Contemporáneo.

Un año después, en marzo de 2010, se aprueba el marco urbanístico para un “Plan Particularizado de Desarrollo” del sector, que alcanza tanto la construcción del museo como a la del Distrito descentralizado Norte y la posibilidad de afectación de parte de la zona para vivienda multifamiliar u hotel de categoría no inferior a tres estrellas.^[10] Días antes de la resolución, algunos vecinos manifiestan su malestar por los rumores al respecto y reclaman la existencia de un espacio verde en el lugar. “Esa ordenanza contempla el museo, una sede para la descentralización de la Municipalidad, la cual es muy importante, pero también indica que podría haber un hotel cinco estrellas y edificios, nada tiene que ver con nuestra intención y con los que nos habían dicho. Nos oponemos rotundamente a todo esto”, declara por entonces Cristina Rojo, presidenta de la Sociedad de Fomento del Barrio Parque Luro a un medio local. Haciendo hincapié en las dificultades que ese proyecto acarrearía en términos de infraestructura, agrega que “la lucha por la plaza sigue”.^[11]

Finalmente, se construye el museo y hacia fines de 2013 queda inaugurado. También continúan desarrollándose iniciativas privadas en la zona –en general, edificios sobre la costanera–. En paralelo, se desestima la concreción del Distrito Norte y se prevé una localización alternativa. Pero, sin duda, las principales disputas se vinculan con el proyecto urbanístico de construcción de viviendas en el lugar, enmarcadas en el Pro.Cre.Ar.

El proyecto urbanístico

El Pro.Cre.Ar se crea en junio de 2012 con el objetivo de “facilitar el acceso a la vivienda propia de la población y la generación de empleo como políticas de desarrollo económico y social”.^[12] En septiembre se anuncian las tierras disponibles que pueden quedar comprometidas bajo la modalidad “desarrollo urbanístico”; entre ellas está el predio conocido como “Canchita de los Bomberos”, donde se prevé construir apartamentos monoambientes y dúplex, en terrenos aportados por el Estado nacional.

Días después del anuncio, un grupo de vecinos se autoconvoca en defensa de la utilización del predio como espacio público y contra la construcción de viviendas, atendiendo además al impacto demográfico que podría ocasionar en el crecimiento poblacional de la zona. En este contexto, se reúnen vecinos con autoridades del MGP, la Administración Nacional de Seguridad Social,^[13] el Ministerio de Economía y el Banco Hipotecario, con el fin de conocer el proyecto y de intentar alcanzar algún consenso respecto de él. Desde el MGP se reitera la intención de conservar los espacios verdes y se prevé que, del total de la superficie, quede un 70% de plaza pública y un 30% de viviendas.^[14] Se hace referencia a la sanción de normativa adecuada con modificaciones que “buscan reducir sus usos, garantizar el predominio del espacio público verde –el cual es de un 60% de la superficie– y asegurar que los emprendimientos que se pudieran hacer en el futuro no impactaran en la morfología del sector”, sostiene Marcelo Fernández, director de Asuntos de la Comunidad.^[15]

Mientras tanto profesionales de los Colegios de Arquitectos y de Martilleros muestran ciertos reparos con la propuesta, recogiendo parcialmente los argumentos de los vecinos autoconvocados, quienes además recurren a los servicios de un abogado para una posible demanda judicial pues cuestionan la legalidad del proceso. El letrado José Esaín, especialista en derecho ambiental, considera que la selección de ese predio “está viciada” ya que “no se cumplió con lo establecido por la ley provincial que exige la realización de una evaluación de impacto ambiental (…) El error es que no han evaluado los impactos y tampoco tuvieron en cuenta el valor ambiental urbanístico que tiene el predio”.^[16]

Tal decisión intenta desmotivar la oposición de los vecinos, que desde la MGP se considera mayoritariamente centrada en la “necesidad” de mantener un espacio verde. “Ahora van a tener un espacio verde. Ya no pueden decir nada, salvo que reconozcan que no quieren esas casas ahí”, manifiesta un referente municipal en un portal de noticias.^[17] Conjuntamente, el Concejo Deliberante respalda en su mayoría la decisión del Ejecutivo respecto de la construcción de parques públicos; los matices derivan de la reserva de superficie disponible o no para el Pro.Cre.Ar. Casi en simultáneo, el titular de ANSES anuncia la construcción de 250 viviendas en la Canchita de los Bomberos.^[18]

Sin embargo, a pesar de las modificaciones que se le hacen al proyecto original en vistas a recoger parcialmente el pedido de los vecinos, estos intiman al municipio para que realice una evaluación de impacto ambiental en el predio y que, hasta tanto ello se produzca, se detengan las obras.^[19] Los plazos se vencen y el MGP no da respuesta a la solicitud. Consecuentemente, en el mes de marzo de 2013 los vecinos, a través de la Asociación Vecinal de Fomento Parque Luro, presentan un recurso de amparo en el Juzgado Correccional N.° 4.

En los días subsiguientes, continúan las denuncias sobre los supuestos incumplimientos del municipio. Y ante la llegada de operarios de la empresa constructora –COARCO– que intentan colocar postes para alambrar la manzana junto a personal de seguridad, los vecinos se instalan en la plaza a las 5 de la mañana exigiendo a aquellos una autorización judicial para hacerlo. Un día después de estos hechos, y a un mes de la presentación judicial, el 25 de abril de 2013, la Dra. Camadro, titular del Juzgado Correccional N.º 4, dicta una medida cautelar a favor de los vecinos y ordena a la MGP la suspensión de las obras hasta completar el informe de impacto ambiental.

Seguidamente se anuncia la presentación de ese informe^[20] y se da continuidad al estudio preliminar elaborado en octubre de 2012. A raíz de ello, el secretario de Obras y Planeamiento de la MGP, José Luis Castorina, expresa que el municipio se encuentra respondiendo a la causa, que cuenta tanto con la declaración de impacto ambiental extendida por la Dirección de Gestión Ambiental como con los planos aprobados. Por tanto, si bien no comenzarán las obras hasta que la justicia no resuelva de manera firme, no se descarta la construcción en la Canchita, aunque se han comenzado a evaluar terrenos alternativos para avanzar con las obras del Pro.Cre.Ar.

Sin embargo, en el mes de agosto, el juez subrogante Leonardo Celsi –a cargo del Juzgado Correccional N.º 4– resuelve reafirmar la medida cautelar y rechazar la presentación de la MGP. En resumen, la sentencia presenta tres disposiciones: “1. Hacer lugar a la acción de amparo, 2. Invalidar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, 3. Imponer costas a la Municipalidad de General Pueyrredón”.^[21]

Finalmente, a pesar de la apelación de la MGP a la sentencia en primera instancia, el 24 de octubre de 2013 la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo resuelve fallar en segunda instancia a favor de la petición de los vecinos y así queda la sentencia firme.

A fines de 2014, se presentó en el HCD un proyecto para destinar los terrenos de la denominada “Colonia Alfonsina Storni”, en el barrio Constitución, para poder viabilizar el desarrollo urbanístico. Sin embargo, los vecinos del sector también manifestaron su oposición tanto en función del supuesto impacto ambiental negativo que tendría la construcción de viviendas en el lugar como del cumplimiento del destino para el cual las tierras fueron donadas.

Imaginarios en disputa: territorialización e irrupción en el espacio público

El proceso descripto remite inexorablemente a un cúmulo de acciones que guían las prácticas de los principales actores involucrados en la disputa. Es decir, son emergentes de una diversidad de representaciones e imaginarios urbanos, de puntos de vista (Bourdieu, 2002), que subyacen al conflicto alrededor de la construcción de viviendas en el predio de la Canchita de los Bomberos: sea a favor, en contra e, incluso, en tensión.

Siguiendo a Baeza (citado en Hiernaux, 2008: 18), los imaginarios sociales son una variedad de construcciones mentales de significancia práctica del mundo que se comparten socialmente y otorgan sentido a la existencia. En particular, los imaginarios urbanos, al decir de Hiernaux, “son fruto de la capacidad humana para representarse la ciudad a partir de imágenes que se presentan de ella al individuo y la sociedad y transformar esa representación en un imaginario actante, es decir, actos guiados por la imaginación” (2008: 18).

Es a partir de la sistematización de la información relevada que podemos definir ciertas categorías de análisis en las que se plasman imaginarios actantes; en definitiva, diversas representaciones del espacio que se hallan en disputa y que tienen incidencia en las prácticas de los individuos. Tales formas de apropiación simbólica se refuerzan o se modifican en función del conflicto y así delimitan el proceso de territorialización (Mele, 2003). Ellas son la concepción del espacio público, la apelación al pasado o el mito de origen, la alusión a lo político y las tensiones entorno a la valorización del espacio.

La concepción del espacio público

La alusión al espacio público se convierte en el eje nodal del conflicto. Desde los vecinos autoconvocados, asume una diversidad de acepciones. En general, como sinónimo de “nuestro espacio verde”, “de uso comunitario”, como un bien colectivo que merece ser defendido apoyándose en argumentos legales. Incluso, sostienen que históricamente han sido los únicos que lo han mantenido como tal: “con los primeros reclamos de la plaza llegamos hasta el día de hoy con los vecinos defendiendo el predio y, en ese sentido, no debemos perder de vista que tampoco los vecinos pueden cumplir el rol que tiene que cumplir el Estado”. Así, se autoadjudican la actuación frente a los déficits del municipio, entendiendo que la propuesta de mantener la plaza “tendría que haberse originado desde el Estado”.^[22] Este argumento es cuestionado por los vecinos del barrio que se manifiestan a favor de la construcción de las viviendas que consideran que, siendo precisamente el Estado el propietario de las tierras, puede darle a ellas el destino que considere más conveniente.

La presunción comunitaria señalada se pone en tensión al momento en que trasciende el espacio barrial y se lo define como un espacio de la ciudad. Así, refieren a que “no solamente hay que tomar la cuestión de la Canchita de los Bomberos como una cuestión de índole barrial sino que hay que tomarlo como una cuestión ciudadana, o sea, una cuestión de los marplatenses”.^[23] Tanto desde lo técnico, por estar situada en un espacio lineal dentro de la franja costera, como desde lo simbólico, para ser usado y disfrutado por todos los marplatenses e, incluso, turistas. “Desde Plaza España hasta Camet no hay un solo espacio público y ahora lo estaríamos perdiendo (…) se está cambiando un extremo de la cuerda por otro extremo: este espacio verde y de todos se convertiría en uno completamente cementado y privatizado”,^[24] dice el abogado patrocinante de los autoconvocados.

En relación con las críticas que reciben ciertos argumentos considerados estigmatizantes respecto de los posibles destinatarios de las viviendas, los vecinos autoconvocados consideran que su oposición no es al programa en sí mismo sino a su emplazamiento: “es en un sentido positivo que hay que hablar no en detrimento del Pro.Cre.Ar sino a favor del espacio verde para todos los marplatenses y para la ciudad de Mar del Plata”.^[25] En esa línea, sugieren que el destino debiera garantizar “igualdad”, a pesar de que sus prácticas lo ponen en tensión: “No es una cosa u otra. Es la playa, la plaza, las viviendas y el trabajo, pero cada cosa en su lugar (…) queremos dejar en claro una vez más que el espacio público que se defiende es aquel que tiende fundamentalmente a la mezcla social, el que de su uso permite un derecho ciudadano de primer orden, así el espacio público debe garantizar en términos de igualdad la apropiación por parte de diferentes colectivos sociales y culturales, de género y de edad”.^[26]

Destacan la importancia del acceso a la vivienda pero también cierta calidad de vida; por ello, mencionan la existencia de lugares alternativos para llevar adelante el programa habitacional. E incluso llegan a proponer que “entre los baldíos y las casas en venta del barrio se podría satisfacer la demanda de 220 viviendas (y aún más) y al mismo tiempo conservar la plaza y la fisonomía del barrio”.^[27] Reforzando ese discurso, uno de sus asesores profesionales sostiene que la vivienda colectiva ya ha fracasado, que hay muchas áreas sobredensificadas y desvalorizadas.

La apelación al pasado o el mito de origen

Los vecinos autoconvocados aluden recurrentemente a la donación del inmueble que realizara la familia Unzué con un fin específico, benéfico. Es ese argumento, ligado al “origen” del predio, es el que otorga legitimidad al reclamo. De él se desprenden otros que remiten de diversas formas a aquel y que ponen en jaque el papel desempeñado por el Estado en el cumplimiento de la finalidad, que consideran se ha apropiado de las tierras y es necesario “hacer entrar en razón”. Entre ellos, destacan que la disputa por la plaza se remite a la década de 1950 –“sobre este terreno los vecinos siempre se manifestaron. No es que esto es algo nuevo”–,^[28] cuando se presentó un proyecto de parquización de la zona, que con posterioridad fue archivado. Uno y otro argumento –la finalidad originaria y el reclamo por el espacio público– aparecen unificados de manera recurrente: “Que se respete el espacio verde que desde hace más de 80 años disfrutan todos los vecinos”.^[29]

Sin embargo, el propio intendente pone en duda la canalización de esta demanda a través de la vía institucional: “Si bien nunca existió un proyecto de una plaza para ese lugar –porque nunca hubo una iniciativa de algún legislador o de algún particular en tal sentido, aclaró– sí advertimos que se despertó una inquietud reciente entre los vecinos que queremos recoger y considerar”.^[30] En relación con la concreción del proyecto de plaza frente al Museo de Arte Contemporáneo, un portal de noticias local publica que una alta fuente municipal expresó que “Ahora van a tener un espacio verde. Ya no pueden decir nada, salvo que reconozcan que no quieren esas casas ahí”.^[31]

En esa misma línea, otros vecinos del barrio que se manifiestan a favor de la ejecución del Pro.Cre.Ar en la zona refutan el argumento de los autoconvocados expresando que el predio siempre estuvo abandonado. “En la Canchita jugaron mis hijos, cuando era aprovechada por varios clubes deportivos y colegios de la zona, quienes se encargaban de su mantenimiento. Luego (…) fue poco a poco convirtiéndose en tapera, depósito de basuras, nidal de roedores y asiento de casillas precarias. Y así se mantuvo por largos años”.^[32] Quien habla incluso sostiene que si bien fracasó la propuesta de realizar un centro de convenciones no fue por resistencia por parte de la Sociedad de Fomento. “Es recién ahora, cuando se corre el riesgo de darle un destino que beneficie a familias integradas por ciudadanos con iguales derechos a los de la ‘gente como uno’ pero aún carentes de la oportunidad de acceder al derecho fundamental a poseer una vivienda digna, cuando el vecindario se alarma, se indigna, protesta legalmente y se ocupa de mantener la Canchita hecha un primor”.^[33]

Más aún, destacan que quienes hoy se oponen “nunca se quejaron” frente a otras hechos sucedidos en el predio; e incluso con la instalación de Museo de Arte Contemporáneo “no dijeron nada”.^[34]

La alusión a lo político

La utilización del conflicto como recurso político predomina en el discurso de los vecinos autoconvocados. Es desde ese ámbito que consideran que se originó la disputa: “parece que el conflicto lo hubiésemos generado nosotros. Y, en realidad, se genera a partir de que los que, realmente, gestionan políticas de Estado lo hacen como si fuese la ciudad suya. Y nunca es escuchando a los ciudadanos, que son los que están sufriendo, de alguna manera, esa cuestión porque si vos pagás los impuestos están sosteniendo ese tipo de gestión”.^[35]

Así, en principio, lo político aparece cuestionado en términos de los sujetos (“los políticos”), que la gestionan. En tal sentido, Esaín expresa “hay un error en la toma de decisión del proyecto de construcción de viviendas en un espacio verde, que para los funcionarios municipales es un baldío que cumple con todas las normas para ser edificado, pero para los vecinos significa la única plaza en la zona”.^[36]

Asimismo, manifiestan no haber tenido ningún tipo de acercamiento “excepto por ahí del bloque de (concejal) Arroyo, que opinan como nosotros”.^[37] Sin embargo, otro concejal (Rodríguez), vecino del barrio, presenta un proyecto de ordenanza en el que le solicita al Ejecutivo que intermedie ante el Gobierno nacional para relocalizar el proyecto de construcción de viviendas.^[38]

Sumado a ello, destacan la desinformación tanto de los funcionarios municipales como de las otras dependencias estatales involucradas en el programa. Cuestionan incluso su desempeño, tanto en lo que respecta a la definición del proyecto como al supuesto negociado que lo subyace. Por estos motivos, una vez que la justicia falla en segunda instancia, se plantean un posible enjuiciamiento de los funcionarios involucrados en la decisión. “Fueron muchos años de este conflicto. Ahora que la Justicia nos dio la razón, creo que deberíamos accionar contra los funcionarios municipales que hicieron todo mal. Que vayan presos sabemos que es imposible, pero al menos que respondan con su patrimonio”.^[39]

Finalmente, se entiende la política en sentido abstracto, casi despolitizada. “Quisimos de alguna manera cuidarnos de posicionarnos políticamente”.^[40] Se la entiende incluso escindida del plano jurídico que, en detrimento de las “malas decisiones” de los políticos que faltaron a la ley avasallando derechos, aparece con una entidad suprema: “la justicia dijo no” a los Gobiernos provincial y municipal.

Contrariamente, quienes se manifiestan a favor del proyecto sostienen que fue precisamente la justicia la que que excedió sus funciones “falla casi siempre a favor de los cipayos en estos casos, ya nos acostumbramos a eso”.^[41]

Las tensiones entorno a la valorización

La cuestión de la valorización del espacio genera diversas controversias. Mayoritariamente, los vecinos autoconvocados sostienen que la implementación del Pro.Cre.Ar acarrearía una desvalorización, aunque también ponen el foco en la pretensión de revalorización que habría detrás del propósito del desarrollo urbanístico. En tal sentido, la ejecución del plan oscilaría entre un proceso de revalorización-desvalorización.

Se alude a la desvalorización del barrio tanto desde lo material como desde lo simbólico. Desde lo material, se argumenta el impacto que tendría en la infraestructura del barrio. “Son 221 viviendas y 245 cocheras, cocheras subterráneas (…) son entre 1200 y 1500 personas. Eso es lo que hablamos, ¿no? De golpe. En promedio, la incidencia dentro del barrio, en promedio, es un crecimiento del 14%”, cuando bajo parámetros “normales” hace lo propio al 3.5% anual.^[42] Sin embargo, los vecinos autoconvocados consideran que la infraestructura ya es deficiente.

Asimismo, se hace énfasis en el proceso de desvalorización que atraviesa el sector en términos comparativos con la zona sur que ha atraído otro tipo de inversiones “Desde hace años, la zona norte viene sufriendo una serie de consecuencias producto de obras que se han realizado al sur de la ciudad (…) tiene un montón de inversiones puestas en espacios públicos que en la zona norte nunca, nunca se hicieron. O sea, la zona norte siempre fue producto de la decisión de lo que había que solucionar para toda la ciudad pero nunca específicamente hubo una propuesta para la zona norte”.^[43]

Atendiendo a los argumentos esgrimidos por los vecinos que se oponen al proyecto, sus promotores destacan que “La línea arquitectónica es coherente con la del Museo de Arte Contemporáneo, lo que revaloriza la zona y le da más valor, aún a las construcciones preexistentes (…) La idea es que los que allí vivan puedan, a su vez, disfrutar de un área de esparcimiento realmente amplia (…) le agrega valor a toda la zona, además de solucionar los problemas de vivienda de muchas personas, generando un círculo virtuoso en el que se conjuga el diseño, la comodidad y el área verde al alcance de todos los vecinos”.^[44]

Desde una dimensión simbólica, recogiendo la preocupación por el déficit infraestructural, los vecinos autoconvocados ponen el foco en los perjuicios que implicaría para los beneficiarios del Pro.Cre.Ar vivir allí. “(…) a lo que lo van a traer es, realmente, a un lugar muy deficitario y que le van a hacer pagar el departamento muchísimo más de lo que podrían pagarlo en cualquier otro sector de la ciudad en forma independiente”.^[45] Ello se vincula además con la tensión que se generaría entre la “población receptora” y “la población que se agrega” en relación a la disputa por los recursos existentes en el barrio: “(…) aparte de los servicios, ¿qué va a pasar con todo lo demás? Tan simple como vas a ir a comprar pan y ya no hay porque… “no, tenés que venir antes de las 11”. Es decir, modifica el día a día”.^[46]

Por su parte, el Colegio de Arquitectos se manifiesta a favor del Pro.Cre.Ar pero reconoce la complejidad de la provisión de tierra sosteniendo que “el Estado, fundamentalmente el Municipal, debe planificar adecuadamente la decisión de asignación de tierra pública a la realización de estos emprendimientos, no puede ni debe caer en la determinación reduccionista de otorgar los lotes ‘disponibles’ sin considerar si son los ‘adecuados’”. Así, sugiere la revisión del proyecto y la evaluación de alternativas superadoras que no acarreen conflictos sociales.^[47] También desde el Colegio de Martilleros se ponen reparos a al proyecto, sosteniendo que “Mar del Plata necesita espacios verdes” y que, además de “consultar y escuchar a todos los vecinos”, debe mantenerse una coherencia con el lindero Museo de Arte Contemporáneo “que va a ser orgullo de la ciudad y atraerá al turismo cultural”.^[48]

Contrariamente, los vecinos del barrio que se manifiestan a favor del proyecto consideran que este es un argumento discriminatorio. “Sumá los espacios verdes (jardines en el frente y fondo) de todas las casas de nuestro barrio, más las redes pluvial, cloacal, de gas, de agua corriente ya instaladas, más la escasa altura de las edificaciones del proyecto, y luego evaluá cuál es la magnitud del impacto ambiental (…) hay un importante componente de discriminación social en muchas de las protestas y reclamos contrarios a la ubicación de este proyecto de Pro.Cre.Ar”^[49].

La juridificación del conflicto o las amenazas ¿a la naturaleza?

Al momento de teorizar en torno al proceso de judicialización de un conflicto, Azuela (2006) sostiene que existen condiciones prejurídicas previas al ingreso del conflicto al mundo del derecho: la mediación simbólica y la selección social.^[50] La primera refiere a que no existe una reacción directa a los problemas sino que cada sociedad lo hace en función de los códigos que hereda de su propia historia; mientras que la segunda refiere a que, ante la imposibilidad de compartir todas las representaciones que construyen los individuos en relación con el entorno, aquellas imágenes que terminan predominando son el resultado de la selección que es producto también de aquellos códigos. Si bien ambos conceptos, dice Azuela, “son, de entrada, fáciles de aceptar, cuando son usados de manera sistemática constituyen el mejor antídoto en contra de las simplificaciones vigentes en el sentido común: la idea de que la difusión de cierta información sobre la crisis ambiental es suficiente para crear una ‘toma de conciencia’ que a su vez producirá los cambios de comportamiento que se requieren para enfrentar dicha crisis” (2006: 16).

En relación con ello, Carman (2011) sostiene que existe un contexto en el que la cuestión ambiental aparece de manera progresiva en la agenda pública de Gobiernos nacionales e internacionales, y destaca la creciente “concientización” que sobre ellas han asumido diversos actores –en su mayoría, colectivos que se organizan en función a una amenaza– y que han sabido desplegar diversas estrategias vinculadas tanto a la exigibilidad de normativa existente como a la creación de jurisprudencia al respecto. En relación con ese proceso, Azuela (2006) reconoce que “en los códigos de las sociedades modernas, existen rasgos que nos predisponen a favor de causas ambientales” (2006: 16).

En este sentido, como decíamos anteriormente, el imaginario dominante o colonizador (Hiernaux, 2008a, 2008b) sobre el conflicto se construye alrededor de una idea de espacio público-verde-comunitario –al que se refiere indistintamente de esa manera– que se halla amenazado no sólo en relación con el déficit infraestructural de su entorno sino, centralmente, en función de la imposibilidad de conservar lo que han elegido: “una vida apacible, en un ambiente limpio y con una vecindad respetuosa de los otros”.^[51] Parafraseando a Bauman (2003), una comunidad imaginada.

Ligada a esa representación aparece una idea de identidad unívoca, que aquellos consideran preexistente al conflicto y que pretende conservarse. Además, esta se visualiza no sólo en relación con los beneficios que acarrea para el barrio en particular, sino que lo trasciende y permea la definición de la ciudad misma, con pretensiones de alcanzar cierta legitimidad dentro de la “ciudadanía marplatense”, e incluso, turista. Asimismo, se descalifican los argumentos de quienes se manifiestan favorablemente al proyecto: “Muchos por desconocimiento y sin ningún tipo de argumentación válida, intentan quitar legitimidad al reclamo de la conservación del espacio público como plaza”.^[52]

Sumado a ello, como señaláramos, los vecinos aluden reiteradamente a la donación del inmueble que realizara la familia Unzué con un fin específico, benéfico. Es ese argumento, ligado al “origen” del predio otorga legitimidad al reclamo, anclado en una idea de naturaleza-plaza-beneficio que se erige como suprema, siquiera dando lugar a poner en duda si acaso el acceso a la vivienda no lo es. Se refuerza así, parafraseando a Dascola (1996, citado en Carman, 2011), la existencia de un arraigado naturalismo, sostenido en la creencia de que la naturaleza existe como objeto trascendental, con un dominio ontológico que es exterior a los seres humanos y que además cuenta con iguales fronteras y que está activada por las mismas leyes. Como contrapartida, los futuros beneficiarios del desarrollo urbanístico del Pro.Cre.Ar serían destructores de esa naturaleza, de ese espacio verde, cuyo carácter público quedaría vedado. Es decir, del discurso de los autoconvocados se puede inferir que la ejecución del programa implicaría la privatización de ese espacio, echando por tierra la finalidad que aquel pudiera tener como uso social-colectivo, como lo sería en su afectación a la necesidad de vivienda e incluso incorporando los intereses de ambas partes (Estado-beneficiarios/vecinos autoconvocados), a partir de la contrapropuesta hecha desde la MGP. Sin embargo, paradójicamente, la acepción de lo público quedaría supeditada arbitrariamente a un fin de algunos actores que lo pretenden legitimar como si fuera universal –y que, bajo otras condiciones, no se opusieron a un destino alternativo, como la construcción del Museo de Arte Contemporáneo u otros emprendimientos inmobiliarios privados en la zona–.

En ese mismo sentido, se pone en jaque el incumplimiento de la “finalidad originaria” por parte del Estado. Lo novedoso aquí es, a diferencia de lo que sucede recurrentemente en otros conflictos de proximidad que se vertebran a partir de las “amenazas a la naturaleza”, que inicialmente se demanda al Estado la intermediación frente a un privado-desarrollador de un emprendimiento por parte de quienes habitan el entorno o se solidarizan con la causa, tal como queda evidenciado en los trabajos de Azuela y Mussetta (2009) sobre la construcción en áreas protegidas de México, de Carman (2011) sobre la ejecución de un proyecto en la Reserva Ecológica de la ciudad de Buenos Aires, o de Azuela y Cosacov (2013) en relación con la construcción de torres en el barrio porteño de Caballito, sólo por mencionar algunos ejemplos. Pero en el conflicto de la Canchita de los Bomberos es precisamente el Estado –específicamente en su jurisdicción municipal y nacional, y en su dimensión ejecutiva– quien promueve el proyecto, y así la disputa se remite a la concreción de una política pública y no a un problema entre privados.^[53] Más allá de que en su desarrollo aquellos conflictos logren irrumpir en el espacio público y se visibilicen como disputas que involucran a un espectro más amplio de actores e interlocutores (justicia, gobiernos locales, provinciales y nacionales, colegios profesionales, etc.), en su origen, aquellos y estos implican puntos de partida diversos. Parafraseando a Wright Mills (1994), en su inicio unos constituyen inquietudes vecinales mientras que el otro se erige como una resolución de un problema público, vinculado a la necesidad de acceso a la vivienda.

Sumado a ello, si analizamos el punto de inflexión que supone la entrada del conflicto al mundo del derecho observamos que los discursos –acciones y omisiones– del Estado son múltiples e incluso contradictorios, y que despliegan alternativamente –como sostuviera Bourdieu (1999)– su mano izquierda y su mano derecha. Es decir, de acuerdo con el prisma desde donde se mire la disputa, por un lado, se pretende garantizar el acceso a la vivienda y, por otro, se obstaculiza ese proceso priorizando su función regulatoria y excluyendo tal posibilidad. De esa manera, el derecho como discurso no sólo designa la realidad sino que la instituye (Austin, 1999, citado en Azuela, 2006).

Y en esta disyuntiva, la constitución de un imaginario dominante o colonizador (Hiernaux, 2008) es central y, en ese proceso, las estrategias de visibilización que se ponen en juego: amplia difusión de la problemática (Facebook, Blog, Página web, Boletines vecinales, etc.), realización de actividades en el predio, pedido de Banca 25, búsqueda de adhesiones entre otros actores (petición en Change.org: “Sí a la plaza”), asesoramiento profesional (arquitectos, abogado, etc.), marchas a tribunales y al municipio, entre otros.

Con ellas, los vecinos autoconvocados logran irrumpir en el espacio de la deliberación publica y su punto cúlmine confluye en la judicialización del conflicto, que pone en evidencia que el derecho despliega su fuerza comunicativa como si el orden jurídico no pudiera ser de otra manera, naturalizando lo cultural, lo que no es sino una construcción histórica (Azuela, 2006). Más aún, la apelación a la “justicia ambiental” constituye una práctica central para legitimarse en ese espacio deliberativo. Ello se ve favorecido porque, como dice Carman (2011), el campo ambiental no está dado sino que tiene límites en permanente construcción, que son objeto de múltiples disputas.

Distancia social-distancia espacial: efectos de lugar

Nos propusimos analizar la productividad social de un conflicto urbano (Mele, 2003) que se genera a partir del destino de un predio para la construcción de viviendas en el marco del Pro.Cre.Ar. Para ello, en un primer momento, abordamos los imaginarios urbanos como productores de actos guiados por la imaginación, distanciándonos de aquellos enfoques donde prevalece la representación de la ciudad sin interrogarse sobre las implicancias que ello tiene sobre las prácticas de los individuos en el espacio urbano (Hiernaux, 2008). En función de la sistematización del trabajo de campo, delimitamos cuatro categorías para pensar en los imaginarios que se cristalizan en la disputa: la concepción del espacio público, la apelación al pasado o el mito de origen, la alusión a lo político y las tensiones entorno a la valorización del espacio. A grandes rasgos, podemos afirmar que a partir de ellos se produce un “choque de imaginarios” (Hiernaux, 2008a)^[54] como resultado de las diversas representaciones que los actores producen y reproducen en la disputa por la apropiación simbólica del espacio en cuestión y que se hallan en tensión.

Por una parte, se distingue la producción de un imaginario dominante o colonizador (Hiernaux, 2008a, 2008b), que se construye centralmente alrededor de la tríada espacio público-verde-comunitario que se halla amenazado. Este emerge, principalmente, de las representaciones de los vecinos autoconvocados y alternativamente de otros actores que apoyan su demanda (Colegio de Arquitectos, Colegio de Martilleros, etc.). Si bien ellos se perciben a partir de estrategias de resistencia –básicamente, a la ejecución de una política pública–, lo hacen a partir de prácticas tendientes a reforzar una dinámica crecientemente segregativa. En tal sentido, como sostiene Oslender “no todas las resistencias se dejan clasificar como ‘progresivas’. De hecho, algunas resistencias refuerzan estructuras existentes de dominación y sujeción” (2002: 9).

También identificamos un imaginario de resistencia (Hiernaux, 2008a, 2008b) que sostiene una representación distinta del territorio en cuestión, que encuentra su legitimidad en la defensa del derecho a la vivienda –que se viabilizaría para las familias beneficiarias del programa– y, en menor medida, a la ciudad –centrado en la crítica a la estigmatización subyacente al discurso de los autoconvocados que manifiestan su perjuicio por la ejecución del Pro.Cre.Ar en ese predio pero no lo hicieron sostenidamente al momento de destinarse parte de él a la construcción del Museo de Arte Contemporáneo–. Estas representaciones, si bien son compartidas alternativamente por una diversidad de actores (vecinos del barrio, posibles beneficiarios, funcionarios de gobierno), no logran plasmarse en un argumento sólido que dispute la definición de otro imaginario dominante y subvierta el escenario.^[55]

Todo ello coadyuva a la irrupción del conflicto en el espacio público, que constituye otra de las aristas del análisis de la productividad social que propone Melé (2003). En tal sentido, si bien con pretensiones analíticas, resulta casi imposible escindir el proceso de territorialización de dicha irrupción, en tanto el concepto de imaginario actante amalgama tal vinculación. A pesar de pretender despolitizar la política, no es sino a partir de la construcción de un espacio político que los vecinos autoconvocados logran interpelar las decisiones políticas-estatales; reforzándolo con el discurso jurídico a su favor. En definitiva, como sostiene Melé, la productividad de los conflictos urbanos es territorial, jurídica y política.

Así, el hecho de instalar la disputa en el campo ambiental facilita su deliberación pública en tanto, como dice Azuela (2006), “en los códigos de las sociedades modernas, existen rasgos que nos predisponen a favor de las causas ambientales” (2006: 16). En definitiva, la llamada “naturaleza” se construye, percibe y representa socialmente. De alguna manera, para ser “políticamente correcto” se antepone el discurso ambiental. Ello evidencia que, como sostiene Carman (2011), algunos usos y apelaciones a la naturaleza funcionan como máscara de la segregación sociourbana.

Así, el posicionamiento estratégico de los vecinos autoconvocados en el campo ambiental y, a partir de él, en el jurídico, posibilita la reconversión del capital adquirido en el campo urbano y así obstaculiza la implementación de una política de acceso a la vivienda, en particular, y el refuerzo de una dinámica urbana excluyente, en general. Y que, como contrapartida, coadyuve a la revalorización de la zona o, al menos, la mantenga acorde con los cánones del imaginario dominante descripto.

El caso abordado ilustra así las tensiones que moldean la ciudad. La construcción de un imaginario dominante refuerza una dinámica urbana segregacionista que se disimula bajo diversos argumentos: centralmente ambientales aunque también económicos y sociales. La mirada que prevalece en el conflicto naturaliza el binomio distancia social-distancia espacial y profundiza la desigualdad existente aun en el contexto de una intervención estatal que, a contrapelo de las tendencias características del urbanismo neoliberal, conlleva un componente de justicia espacial. Tal como si la categoría de beneficiario de una política de vivienda se asociara, parafraseando a Oszlak (1991) al merecimiento de sólo algunos lugares de la ciudad, jerarquizando el espacio urbano y restringiendo el derecho a ella sólo a quienes pueden acceder desde una lógica privada-mercantil.

Bibliografía

Azuela, Antonio (2006). Visionarios y pragmáticos. Una aproximación sociológica al derecho ambiental. Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM)-Fontamara, México.

Azuela, Antonio y Mussetta, Paula (2009), “Algo más que el ambiente. Conflictos sociales en tres áreas naturales protegidas de México”. Revista de Ciencias Sociales. UNQUI, N.º 16, pp 1-25.

Azuela, Antonio y Cosacov, Natalia (2013). “Transformaciones urbanas y reivindicaciones ambientales. En torno a la productividad social del conflicto por la construcción de edificios en la Ciudad de Buenos Aires” [versión electrónica]. Eure, 39 (118), pp. 149-172.

Bauman, Zygmunt (2003). Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid, Siglo XXI.

Bourdieu, Pierre (dir.) (2002). La miseria del mundo. Buenos Aires, FCE.

— (1999). Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal. Barcelona, Anagrama.

Canestraro, María Laura (2015). “Imaginários em disputa ou sobre a territorialização de um conflito urbano: o caso da Canchita de los bomberos (Mar del Plata, Argentina)”; URBE. Revista Brasileira de Gestão Urbana; Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 2 (2). pp. 237-249.

— (2015b). “Detrás de un ‘espacio verde’ o a propósito de la utilización del discurso ambiental. Apuntes sobre la juridificación de un conflicto urbano”. Revista de Direito da Cidade. Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ). 2 (2).

Carman, María (2011). Las trampas de la naturaleza. Medio ambiente y segregación en Buenos Aires. Buenos Aires, CLACSO-Fondo de Cultura Económica.

Hiernaux, Daniel (2008a). “Presentación. Los imaginarios urbanos de la dominación y la resistencia: un punto de partida”. Iztapalapa, 64-65. año 29. pp. 7-12.

— (2008b). “De los imaginarios a las prácticas urbanas: construyendo la ciudad de mañana”. Iztapalapa. 64-65; año 29; pp. 15-35.

Mariano, Cecilia (2000). “Actores y prácticas económicas en las tierras rurales de Mar del Plata, 1874-1910”. Ponencia presentada al VI Congreso Argentino de Antropología Social, UNMDP, Mar del Plata; septiembre.

Mele, Patrice (2003). “Introduction: conflits, territoires et action publique”. En Mele, P., Larrue, C. y Rosemberg, M. (coords.). Conflits et territories. Presses universitaires Francois-Rabelais, Maison des sciences de l’homme.

Oslender, Ulrich (2002). “Espacio, lugar y movimientos sociales: hacia una ‘espacialidad de la resistencia’”. Scripta Nova; Revista Electrónica de geografía y Ciencias Sociales; Universidad de Barcelona. Vol. VI. Núm. 115.

Oszlak, Oscar (1991). Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano. Buenos Aires, CEDES-Humanitas.

Topalov, Christian (1979). La urbanización capitalista. Algunos elementos para su análisis. México, Editorial Edicol.

Wright Mills, Charles (1964). La imaginación sociológica. México, FCE.

---