Corina Rodríguez Enríquez, Virginia Alonso
y Gabriela Marzonetto
A lo largo de los capítulos de este libro hemos intentado mostrar que la heterogeneidad estructural que hace décadas enunciaron les economistas de la región para dar cuenta de la forma de funcionamiento de las economías de nuestros países hoy sigue vigente. Con largos procesos de ajuste estructural y reformas flexibilizadoras en el medio, los mercados laborales siguen mostrando rasgos de segmentación derivados de esa heterogeneidad estructural (HE) que además presenta sesgos de género.
Como lo muestra la evidencia sistematizada en los diferentes capítulos, las mujeres del Cono Sur se encuentran sobrerrepresentadas en los sectores informales y actividades de baja productividad de la economía, con menores ingresos laborales promedio, poca estabilidad y pocos derechos asociados a la relación laboral; también se encuentran sobrerrepresentadas en el desempleo.
La utilización del marco conceptual de la heterogeneidad estructural, derivado de los estudios sobre el desarrollo en la región, nos permitió confirmar la sobrerrepresentación de las mujeres en los espacios de baja productividad. El cruce de esta mirada con la de la informalidad, entendida como carencia de registro normativo a la seguridad social, evidenció una alta correlación entre ambas, mostrando una elevada proporción de mujeres ocupadas en el sector informal (de menor productividad) que a su vez no cuentan con aportes previsionales y las protecciones provistas por la ley, siendo esta incidencia mayor en Argentina, descendiendo en Chile y siendo aún menor en Uruguay.
La calidad del empleo, y con ello las condiciones de vida que la participación laboral permite, se encuentra condicionada por los rasgos productivos de los sectores y de las actividades económicas que integran cada estrato de productividad. La dirección analítica propuesta en este libro permitió precisar espacios dentro de la estructura de empleo que brindan diferentes condiciones de trabajo según el nivel de productividad. A grandes rasgos, se encontró que los sectores formales tienen bajas tasas de no registro y mayores remuneraciones que los sectores informales. A su vez, mediante una mirada más profunda de los espacios delineados por productividad laboral en la estructura de empleo, se nota una marcada diferencia en torno a la calidad entre los sectores formales de los estratos de mayor productividad (estos son: estratos altos e intermedios) y el sector informal del estrato de baja productividad.
Todo lo anterior tiene sus rasgos específicos de género. Para el caso de Argentina, donde se aplicó en mayor profundidad esta metodología para el análisis, se constató que los componentes del estrato de menor productividad presentan los mayores niveles de participación femenina y, en tanto son más elevados que el nivel de participación del total del sector privado, constituyen los espacios en donde las trabajadoras se encuentran sobrerrepresentadas. A su vez, el componente que registra las peores condiciones laborales, el sector informal del estrato bajo, tiene el mayor nivel de sobrerrepresentación durante todo el periodo bajo análisis. Es decir, existe persistencia en la posición relativamente desaventajada de las mujeres en la participación en mercados laborales con estos rasgos estructurales.
El examen de esta articulación entre el fenómeno de la segregación laboral basada en el género y los efectos de la HE en la estructura ocupacional constituye un avance del pensamiento latinoamericano en el estudio de las formas que adquiere la inserción de las mujeres y la desigualdad de género en el mercado de trabajo dados los rasgos específicos de los estilos de desarrollo de nuestros países.
Las distintas brechas de género en el mercado laboral surgen, además de la vinculación con los estilos de desarrollo, también de la interacción de diversos factores. Entre ellos, se pueden mencionar: la discriminación contra las mujeres, la segregación vertical y horizontal, la dificultad de acceder a instancias de capacitación y formación profesional, y la mayor participación en trabajos de tiempo parcial como mecanismo para conciliar responsabilidades de cuidado en el hogar con responsabilidades laborales.
Esta situación se ve agravada para aquellas trabajadoras que tienen hijos/as menores de 5 años a su cargo, lo que no sucede para sus pares varones. Cuestión que resulta indicativa de, por un lado, la perpetuación de roles tradicionales de género, a pesar de los cambios operados en las últimas décadas; y, por otro lado, de la imbricada conexión entre la forma que adopta la organización social del cuidado y los efectos de la HE en los mercados laborales, con la dinámica de reproducción de las desigualdades socioeconómicas de género.
En efecto, la mirada sobre las políticas de cuidado en los países bajo estudio también reveló que, a pesar de avances parciales en algunos de los casos revisados, tanto en materia de provisión de servicios de cuidado como en relación con los esquemas de licencias laborales vinculadas con las responsabilidades de cuidado, los alcances son limitados y especialmente insuficientes e inadecuados para las mujeres ubicadas en esos espacios de precariedad e informalidad laboral, y vulnerabilidad social.
Los esfuerzos estatales para dar respuestas a la necesidad de resolver parte de los cuidados discurren por caminos diferentes en los países del Cono Sur, afectando de manera diferenciada las posibilidades de participación laboral de estas mujeres en Argentina, Chile y Uruguay.
En Uruguay, se optó por crear un Sistema Nacional Integrado de Cuidados, como un nuevo pilar de protección social que permitiera conjugar equidad de género con equidad generacional, apostando por un modelo que propende hacia la corresponsabilidad de los cuidados. En Chile, se optó por extender la oferta pública de servicios de Atención y Educación en Primera Infancia (AEPI) a partir de la creación del sistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo, con un doble propósito: por un lado, garantizar el desarrollo integral infantil y, por otro lado, con un perfil productivista, facilitar la participación laboral de las mujeres de menores ingresos. Por su parte, en Argentina, con la regulación y creación de los Centros de Desarrollo Infantil, se buscó formalizar aquellos espacios comunitarios de cuidado que surgieron en torno a la crisis de 2001, y con ello, se instalaron prácticas socioeducativas y que involucran a la participación de las mujeres en tanto madres, para acompañarlas en el proceso de crianza de los más pequeños.
En el estudio empírico de los tres casos nacionales se constató que las políticas que atañen al cuidado infantil se muestran segmentadas en consonancia con las dinámicas laborales, por lo que las políticas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad (cuyas mujeres se encuentran en el sector informal o en situación de desempleo) no se presentan en general como grandes facilitadoras de la organización de los cuidados y con ello de la mayor participación laboral femenina.
No obstante esta apreciación general, es destacable observar las diferencias de esfuerzos en los casos nacionales. Determinadas medidas como la ampliación del régimen de licencias y de los servicios de CAIF, en el marco de la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay, al poner en el centro de la discusión a los cuidados como pilar de protección social y al acercarse con medidas específicas a un modelo corresponsable de cuidados entre Estado y familias, se presenta como un marco más favorable a la participación laboral femenina.
También es de destacar el avance que suscitó la ampliación de la oferta de los jardines de la JUNJI y Fundación Integra en Chile, que trabajó como un componente central del programa el acceso al servicio para aquellos hijos de madres que trabajen, estudien o busquen trabajo, y adecuando horarios acorde a las jornadas laborales y en épocas de zafra. En nuestra revisión, encontramos que la medida que contribuye en mayor medida a facilitar la participación laboral de las mujeres más vulnerables es la provisión de servicios de AEPI, aunque no así el permiso posnatal parental, ya que, aunque implicó un gran avance en materia de protección a la maternidad, los criterios de acceso al beneficio se siguen mostrando excluyentes y regresivos.
Por su parte, Argentina es el país que presenta un sector informal más robusto en proporción, y al mismo tiempo es el más rezagado en cuanto a la oferta de políticas de cuidado para este sector, ya que por un lado no es contemplado para recibir licencias por nacimiento y, por otro, los servicios de cuidado destinados a esta población sólo cubren una proporción mínima de la misma. Cuestiones que obstaculizan la participación laboral femenina de las mujeres de los sectores más vulnerables y refuerzan el maternalismo y también las desigualdades económicas de género.
La pandemia del COVID-19, que apareció en medio de la producción de los capítulos que conforman este libro, marca un escenario de agravamiento de todos los rasgos señalados. Los efectos económicos de la propia crisis sanitaria, marcados por una desaceleración de la economía global con impacto notorio en los países de la región, sumado a las medidas tomadas para enfrentarla, llevaron a una profundización de las desigualdades señaladas.
En materia de empleo y acceso a ingresos, los impactos más profundos los sufrieron, justamente, los sectores informales, que se vieron en muchos casos impedidos de seguir realizando sus actividades laborales como consecuencia de las medidas de aislamiento social (con el caso de las trabajadoras de casas particulares, y el comercio callejero como paradigmáticos), o que las vieron sumamente disminuidas.
La prolongación en el tiempo de esta coyuntura llevó a acelerar la dinámica de deslocalización de los procesos de trabajo, apoyados en la infraestructura de tecnologías de comunicación e información. El trabajo desde el domicilio o teletrabajo se fue extendiendo como práctica instalada, profundizando justamente los rasgos de heterogeneidad estructural. Los sectores de empleo de mayor productividad son los que se han podido adaptar más rápidamente a esta coyuntura, agravando las distancias en la calidad de la participación laboral, con los sesgos de género señalados a lo largo de los capítulos.
Adicionalmente, la organización del cuidado y las medidas tradicionales de conciliación entre vida laboral y familiar también se vieron afectadas. Por un lado, las propias necesidades de cuidado se vieron incrementadas como consecuencia de los recaudos necesarios para prevenir contagios. Por otro lado, algunas de las estrategias más extendidas de cuidado fuera de los hogares se vieron interrumpidas, como el servicio de cuidado brindado en los espacios escolares y en los de AEPI. Más aún, la escolarización se trasladó a los hogares sumando nuevas y crecientes demandas para los entornos familiares, en particular para las madres o tutoras.
Esta situación se presenta como una coyuntura crítica que abre una ventana de oportunidad para repensar los modelos económicos y de género vigentes. Cabe preguntarnos entonces si en el “mundo pospandemia”, mantendremos las actuales estructuras de desigualdad de género, o si será posible idear escenarios más justos e igualitarios.
Algunos aspectos de la coyuntura actual parecen auspiciosos. Uno de ellos es la contundencia con la que se visibilizó la esencialidad de los trabajos de cuidado. Tanto el trabajo de cuidado de la salud, puesto en la primera línea de actuación frente a la pandemia, como los trabajos de cuidado de las personas y de los entornos se hicieron evidentes como pilares esenciales para sostener la vida cada día. El otro rasgo auspicioso refiere a la centralidad que han tenido las respuestas desde los Estados y las políticas públicas frente a la crisis. Contrariando los dogmas de décadas, los Estados asignaron recursos masivamente para hacer frente, no sólo a las crecientes necesidades sanitarias, sino también a atender las consecuencias económicas en el empleo, los salarios, y los ingresos de los vastísimos sectores de población trabajadora en la informalidad.
Parte del escenario por delante puede apoyarse en estos reconocimientos: i) la centralidad del cuidado; ii) las diferentes posibilidades de las personas según su ubicación en la estructura del empleo y las ocupaciones; iii) la relevancia del accionar de los Estados y a través de las políticas públicas. Desde aquí podría reforzarse la agenda de transformación de las estructuras económicas, de las relaciones de empleo y de la organización social del cuidado.
Este horizonte no es lineal, sino un terreno en disputa. Para que el mismo opere en un sentido transformador, se requiere reforzar e integrar las agendas de cambios que promuevan simultáneamente una revisión en los estilos de desarrollo que profundicen la heterogeneidad y de las estructuras de cuidado que refuercen la desigualdad.
