Aportes analíticos desde la Economía Feminista

Corina Rodríguez Enríquez

La Economía Feminista se viene expandiendo con fuerza en América Latina y haciendo aportes sustantivos para nutrir las evidencias científicas que permiten comprender los nudos de reproducción de desigualdad, para informar a las políticas públicas que podrían transformar esta dinámica, y para fortalecer el activismo feminista que disputa por esto en todos los espacios.

Estos aportes son sustantivos en una región que sigue caracterizándose como la más desigual del planeta, y donde el entrecruzamiento entre desigualdades de género y desigualdades económicas aporta sustantivamente a sociedades segmentadas y a grupos enormes de población con muy limitadas opciones de vida.

En este capítulo me propongo recuperar los principales aportes que la Economía Feminista ha hecho en la región para pensar este problema, en clave de identificar las tensiones sobre las que aún necesitamos indagar, y las nuevas preguntas que los avances conceptuales y empíricos han generado.

Para ello, en la primera sección repaso los señalamientos básicos en relación con el rol sistémico del trabajo de cuidado y la organización social del cuidado como vector de reproducción de desigualdad. En la segunda sección, repaso los aportes producidos para pensar el vínculo entre el desempeño macroeconómico y las oportunidades económicas de las mujeres. En la tercera sección, repaso críticamente algunas de las respuestas de política pública que se han venido dando para atender los problemas de empleo y de cuidado. En la cuarta sección, recupero el debate sobre los argumentos económicos a favor de las políticas de cuidado (y de igualdad en un sentido más amplio). En la quinta y última sección, marco algunas alertas para nuestra propia agenda feminista en la materia.

1. El nudo producción-reproducción y los límites a la autonomía económica de las mujeres

Desde hace décadas los feminismos vienen exponiendo y visibilizando el rol clave del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado para sostener la vida y el sistema: desde las pioneras (Larguía y Dumoulin, 1975; Federici, 1975) que comenzaron a nombrar este trabajo y a señalar sus dimensiones de opresión, pasando por la formalización del soporte sistémico de este trabajo en un registro que permitió interpelar a las miradas económicas convencionales (Picchio 2001), hasta las estimaciones actuales que valorizan la contribución monetaria de este trabajo a la formación de valor económico (Gómez Luna, 2008).

La esencialidad de los cuidados para el funcionamiento del sistema económico y social, combinada con la división social sexual del trabajo que sigue concentrando este trabajo desproporcionadamente en las mujeres, y en particular, en las mujeres de menores recursos, revela hasta dónde el nudo producción-reproducción es clave para comprender los límites a la autonomía económica de las mujeres.

Esto es tanto más cierto, cuanto mayor es la dependencia de las personas de los intercambios mercantiles. En sociedades mercantilizadas y monetizadas, el acceso a un ingreso monetario es clave para acceder a los bienes y servicios que se necesitan y desean. La participación en el mercado laboral es la forma socialmente legitimada para acceder a dicho ingreso. La persistencia de una organización social del cuidado injusta (Rodríguez Enríquez, 2018) que impone una sobrecarga de trabajo no remunerado a las mujeres, sigue siendo un obstáculo central a su participación económica.

Las brechas de género en el mercado laboral, en el acceso a ingresos monetarios y en el acceso y control de los recursos económicos son persistentes (a pesar de mejoras parciales y temporales en algunos indicadores) (MECON, 2020a). Las mujeres seguimos participando menos y peor en el mundo del trabajo remunerado.

Al obstáculo persistente de las responsabilidades domésticas se suman las propias dinámicas discriminadoras en el mercado laboral, que operan en los procesos de selección y promoción, que se expresan en los fenómenos de techo de cristal y piso pegajoso, que operan a través de la segregación horizontal y vertical, y que se reproducen con las prácticas de acoso y violencia laboral.

Los avances en la investigación aplicada sobre estos temas ha provisto abundante evidencia en la región y, de hecho, ha informado al debate y a las políticas públicas. Menos extensiva ha sido la indagación sobre las relaciones entre estas dinámicas propias del mundo del trabajo y las estrategias de desarrollo que se implementan en nuestros países.

2. Estrategias de desarrollo y brechas de desigualdad

La forma que adoptan los mercados laborales y sus rendimientos están estrechamente vinculados con las estrategias que los países adoptan para gestionar su economía. Más ampliamente, las estrategias de desarrollo también son un factor determinante y explicativo de la persistencia (o no) de las brechas de desigualdad.

Desde la Economía Feminista, los debates sobre las dimensiones de género en el desarrollo llevan varias décadas^[1]. Con abundante observación empírica, la literatura en el campo ha ido creando explicaciones diversas sobre el impacto de la globalización y el rol de las mujeres en las estrategias desplegadas por los países para adaptarse a un mundo crecientemente abierto y conectado, con tránsito fluido de mercancías y capitales, y aunque menos fluido, también de personas.

Lo que la literatura feminista aplicada a los problemas de desarrollo señala, es que: i) no se pueden comprender los procesos que permiten el desarrollo, y sus implicancias en la vida real de las personas, sin considerar las relaciones de género que los atraviesan; ii) la globalización y la feminización de la fuerza de trabajo han avanzado paralelamente a los procesos de desregulación y flexibilización del mercado laboral, y consecuentemente están asociadas a procesos de deterioro de las condiciones de trabajo remunerado en una carrera hacia la baja de los estándares laborales en pos de aumentos de competitividad; iii) las oportunidades abiertas a las mujeres por las estrategias de desarrollo de los países, presentan tendencias complejas y con frecuencia contradictorias, y iv) la organización global de la reproducción social sigue imponiendo restricciones a la participación y autonomía económica de las mujeres (Giosa Zuazúa y Rodríguez Enríquez, 2010).

En América Latina se pueden mencionar algunos antecedentes que buscan identificar los nexos entre estrategias de desarrollo, políticas macroeconómicas y autonomía económica de las mujeres (en el marco de las brechas de desigualdad)^[2].

Una indagación temprana del capítulo latinoamericano de la Red Internacional de Género y Comercio buscó analizar los impactos de las políticas de liberalización comercial en algunos países de la región sobre el empleo de las brechas de género y el empleo de las mujeres, concluyendo que: i) las mujeres están mayoritariamente empleadas en industrias exportadoras intensivas en mano de obra que tienden a proveer empleos precarios; ii) la ocupación de las mujeres es relevante en la agricultura familiar y de subsistencia que sufre la competencia de la apertura comercial, cuando su bienestar es afectado por las importaciones de productos agrícolas subsidiados en su país de origen, y iii) la intensificación tecnológica de los sistemas productivos tiende a reducir la presencia de las mujeres en los empleos (Azar y otras, 2009; Salvador, 2010).

En la misma línea contribuyen Giosa Zuazúa y Rodríguez Enríquez (2010) en su estudio de los impactos de género de las estrategias de desarrollo basadas en la promoción de las manufacturas de exportación (fundamentalmente en México y los países de Centroamérica). En este sentido, señalan que estas industrias han generado oportunidades de empleo para algunas mujeres, pero con fuertes limitaciones. Por un lado, los estándares laborales de los empleos generados son bajos, y de hecho, las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en los puestos de menor calificación y segregadas en los sectores de actividad con menor desarrollo tecnológico (por caso, textil en lugar de electrónica). Por otro lado, la incorporación de las mujeres al empleo de estas industrias se dio sin ninguna estrategia de conciliación entre estas ocupaciones y las responsabilidades domésticas. Esto ha consolidado el uso intensivo del tiempo de las mujeres, y la promoción de estrategias intra e interfamiliares de cuidado.

Adicionalmente, el empleo generado en estos sectores ha reproducido las condiciones de segregación propias de los mercados laborales, que se expresan en última instancia en la persistencia de la brecha salarial de género. La misma parece ser más sustantiva, cuanto más calificados los empleos de que se trate. Asimismo, el empleo generado en estas industrias se sostiene en parte sobre la limitación de los derechos sociolaborales y los mecanismos de representación y participación.

Finalmente, Vásconez Rodríguez (2017) realizó un análisis de la vinculación entre los ciclos económicos y la desigualdad de género, mediante ejercicios cuantitativos aplicados a un grupo de países de la región. Más precisamente, lo que indagó fue la relación entre la feminización del mercado laboral (entendida como el incremento de la relación de participación laboral y las horas ofertadas de las mujeres en el mercado) y el crecimiento económico en cinco países de América Latina^[3]. Su estudio mira estas relaciones para la primera década del siglo xxi.

Las principales conclusiones a las que llega son: i) las modalidades de crecimiento de los países bajo estudio han privilegiado la intensificación del uso de la mano de obra antes que la apertura a la generación de oportunidades de empleo; en este contexto, los sectores con mayor generación de empleo para las mujeres han sido los de servicios, que tienen un retorno negativo en términos de salario; ii) se observa un incremento de la feminización laboral debido a un aumento en la participación femenina mientras la oferta masculina de trabajo se mantiene constante o decrece levemente; iii) este incremento en la participación va acompañado, en la mayoría de los casos, de reducciones en la intensidad del trabajo (horas por semana), lo que permite intuir que el subempleo sigue siendo la principal opción de trabajo para las mujeres; iv) la inserción en el mercado de trabajo por parte de las mujeres, si bien es creciente, no asegura la incorporación a un empleo, en especial en condiciones adecuadas, y v) el incremento de las horas trabajadas (intensidad del trabajo) por las mujeres, tiene una relación inversa con el crecimiento económico; esto demostraría que la reducción del tiempo dedicado a los cuidados (para participar en actividades económicas) no es sostenible cuando no se puede sustituir por servicios públicos o privados, o corresponsabilidad de otros miembros del hogar.

En definitiva, lo que estos aportes embrionarios señalan es que las estrategias de desarrollo no son neutrales a las condiciones de inserción económicas de las mujeres y a las brechas de desigualdad. Por un lado, las desigualdades de género pueden de hecho funcionar como ventajas comparativas a la hora de promover estrategias de crecimiento impulsadas por la liberalización comercial. Por otro lado, el crecimiento económico no es condición suficiente para mejorar la participación económica de las mujeres ni las brechas de desigualdad.

Los problemas de autonomía económica, de calidad del empleo y de distribución del cuidado siguen siendo persistentes, y su transformación depende en parte de las políticas públicas que se vayan implementando para abordarlos.

3. Las respuestas de política pública

Las cuestiones relativas a la autonomía económica de las mujeres han ido permeando las agendas de políticas pública en la región, con matices enormes por subregiones y países. Los ejes de la respuesta de políticas públicas a los problemas vinculados con el empleo y el trabajo de cuidado en el contexto de las estrategias de desarrollo y las dinámicas macroeconómicas de los países de la región pueden sintetizarse en los siguientes:

3.1. La reorganización de los cuidados bajo el paradigma de la corresponsabilidad social

Desde el Consenso de Quito, acordado en la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe en 2007, existe un reconocimiento explícito de la centralidad de los cuidados en el funcionamiento sistémico, y del carácter injusto y reproductor de desigualdad de la organización social de los cuidados.

La proliferación de encuestas de uso del tiempo permitió advertir la magnitud de la desigualdad en el uso del tiempo de varones y mujeres, y el peso enorme de las responsabilidades de cuidado para estas últimas. También en algunos países, estas encuestas permitieron estimar la contribución de este trabajo a la generación de valor económico, ubicándolo en todos los casos como la actividad económica que, de considerarse en las cuentas nacionales, más contribuiría al producto bruto interno. Según la sistematización realizada por Cepal (2018), el valor del trabajo no remunerado oscila entre 15,2 % (para el caso de Ecuador) y 24.2 % (para el caso de México del PBI). Una estimación reciente para Argentina ubicó este valor en 15,9 % del PBI (Minger, 2020b). Estimaciones realizadas en el año 2013 para Uruguay, lo estiman en 22,9 % (Salvador, 2015).

Las políticas que buscan atender los problemas de la organización del cuidado se alinean (al menos discursivamente) con el paradigma de la corresponsabilidad social en los cuidados, es decir, con una distribución más equitativa de responsabilidades de cuidado entre los actores que conforman esta organización: Estado, mercado, hogares y comunidad, además de entre varones y mujeres.

En términos generales, las acciones (o su ausencia o debilidad) en este campo pueden sintetizarse en los siguientes aspectos: i) existencia de variadas propuestas de ampliación de licencias paternales e implementación de licencias parentales y familiares en el marco de las relaciones de empleo asalariadas, con pocos avances en su implementación efectiva; ii) provisión de servicios de cuidado extradomésticos, con un énfasis notorio en servicios de cuidado para les niñes, en particular, para la primera infancia, con diseños más maternalistas o corresponsables según los países (y los momentos)^[4], y con una orientación en muchos casos focalizada hacia los hogares de mayor nivel de vulnerabilidad social; iii) debilidad de políticas públicas que proveen al cuidado directo de las personas mayores y de las personas con discapacidad; iv) avances lentos y segmentados por países en la ampliación de la protección laboral y social de las trabajadoras remuneradas del cuidado; v) una tendencia lenta a la transformación de los estereotipos de género en el cuidado, muy desigual entre países, y más provocada por la incidencia del activismo feminista y las lentas transformaciones culturales inerciales, que por políticas públicas específicas.

Los avances son lentos y muy selectivos por países, con el caso de Uruguay como insignia, con la construcción de su sistema nacional integrado de cuidados^[5], y avances más desintegrados en algunos otros países (Blofield y Martínez Franzoni, 2014; Batthyány Dighiero, 2015; Marzonetto, 2019). Con todo, las políticas de cuidado van incorporándose crecientemente como parte central de las acciones que buscan reducir las brechas de desigualdad de género y promover una mayor participación económica de las mujeres.

3.2. El microemprendedurismo como opción económica para las mujeres de menores ingresos

Avanzar en una agenda de cuidados en la región se considera un elemento fundamental para destrabar uno de los principales obstáculos a la participación económica de las mujeres. A esto se suman (o debieran sumarse) acciones activas en el campo de las políticas de empleo, que incluyen intervenciones de acción afirmativa (mediante, por ejemplo, incentivos fiscales para contratación de fuerza de trabajo de las mujeres, especialmente en sectores con mejor calidad de empleo), certificación de calidad de género de las empresas, incentivos a la conformación de plantas laborales más paritarias, promoción de la terminalidad educativa y formación en oficios de las mujeres, exigencia de paridad en los directorios de las empresas^[6].

Con todo, el paradigma del emprendedurismo es el que con más énfasis se ha promovido en particular para las mujeres de sectores socioeconómicos más vulnerables. Esta visión ha ido acompañada de la promoción de la inclusión financiera (y también digital)^[7]. El supuesto sobre el que se sustenta esta mirada es que los problemas para la participación económica de las mujeres de estos sectores radica en su dificultad para crear y gestionar emprendimientos económicos, las limitaciones para acceder a mercados, y la posibilidad de contar con créditos productivos y con medios alternativos de comercialización (como el comercio electrónico).

Los programas que buscan promover emprendimientos económicos de baja escala por parte de las mujeres suelen combinar asistencia en distintos de estos aspectos. Lo que en general omiten es, justamente, atender las necesidades de las mujeres “emprendedoras” en términos de conciliación entre la actividad productiva y las responsabilidades de cuidado. Los estudios sobre el tema coinciden en señalar que la intensificación en los tiempos de trabajo total de las mujeres beneficiarias de estos programas es una característica común (Nadur, 2018).

Si bien los resultados en términos de mejorar las condiciones para la autonomía económica de las mujeres son mixtos, lo que se advierte es un abordaje individualista del problema (en términos de la responsabilidad individual de las mujeres de salir de la situación de carencia en la que viven), que desconecta las condiciones de posibilidad económica de estas mujeres, con las características macroeconómicas de la estrategia de desarrollo en que están insertas. Y más aún, que en muchos casos omite vincularla con las pocas alternativas para conseguir arreglos de cuidado que le permita mayor dedicación al trabajo remunerado.

3.3. Los programas de transferencias monetarias condicionadas: ¿el reconocimiento de la exclusión estructural?

Otra de las vías extendidas en la región para atender los problemas de acceso a ingresos monetarios son los programas de transferencias condicionadas de ingreso, sobre los cuales se ha dicho ya muchísimo^[8]. Una de las preguntas fundamentales respecto del rendimiento de estos programas, en relación con los tópicos del presente volumen, es qué implicancias tienen para la participación económica de las mujeres y para la organización de los cuidados.

Al respecto, la literatura sobre el tema destaca dos aspectos problemáticos. Por un lado, que las condicionalidades impuestas vinculadas a la educación y el cuidado de la salud de les niñes refuerza el rol cuidador de las mujeres. Si bien esto no necesariamente implica un incremento en el trabajo no remunerado de las mujeres (aunque en algunos casos sí lo produce), el efecto simbólico de consolidar la idea de que son las madres las responsables principales (cuando no únicas) del cuidado de les niñes es potente.

Por otro lado, y haciendo ya un par de décadas largas que estos programas se vienen implementando en la región, los mismos no demuestran ser efectivos para gestionar mecanismos de salida. Por el contrario, la población beneficiaria permanece durante años en tal condición, y esto ocurre principalmente porque es muy difícil para estos hogares, y en particular para las mujeres que funcionan como beneficiarias operativas, conseguir oportunidades económicas que justifiquen la pérdida del beneficio.

En algún sentido, la permanencia de estos programas en el tiempo y su relativa estabilidad en términos de cobertura va mostrando cierto reconocimiento de la dificultad estructural que esta población tiene para acceder a empleos de calidad. Y este parece un rasgo estructural que, como lo mostrarán otros capítulos en este volumen, deviene más de las características segmentadas de los mercados laborales y la inefectividad de las políticas públicas, que de la propia responsabilidad de las mujeres y de sus comportamientos individuales.

4. Las potencialidades y los límites de los argumentos económicos a favor de las políticas de igualdad

Implementar políticas públicas que puedan transformar los rasgos estructurales de segmentación de los mercados laborales y promover una efectiva reorganización de los cuidados bajo un paradigma de corresponsabilidad social requiere de esfuerzos fiscales por parte de los gobiernos. Sin duda, cualquier política pública requiere de asignación de recursos. Y las políticas necesarias para transformar algunas de las dimensiones señaladas anteriormente pueden ser costosas.

Sin embargo, a la hora de tomar decisiones sobre la asignación de recursos públicos a los múltiples objetivos de política, es importante tener en consideración no sólo el costo fiscal de implementarla, sino también los costos socioeconómicos de no hacerlo. En línea con este razonamiento, desde la Economía Feminista se han desarrollado argumentos económicos a favor de las políticas de igualdad, que señalan que su ausencia implica: i) una subutilización de la fuerza de trabajo de las mujeres; ii) problemas de productividad individual y sistémica; iii) problemas socioeconómicos que podrían, a su turno, implicar mayores demandas a los recursos públicos (Rodríguez Enríquez, 2013). Sin desconocer las controversias que estos argumentos pueden generar, los mismos han servido para influenciar en el oído habitualmente economicista en extremo de quienes toman las decisiones presupuestarias.

En la misma línea, en el actual contexto de pandemia y pensando en la esperada recuperación posterior, se viene haciendo referencia al triple dividendo de las políticas de cuidado (Cepal, 2020; ver también capítulo 4 en este volumen). El primero es la posibilidad de facilitar la participación laboral de las mujeres, el segundo mejorar el estímulo para el desarrollo de las capacidades cognitivas de les niñes, y el tercero funcionar como un sector generador de empleo (en particular de las mujeres).

Es de esperar que en efecto los cuidados adquieran una centralidad en el diseño de políticas para la recuperación pospandemia, tras el reconocimiento inevitable que este contexto implicó sobre su esencialidad. En contextos futuros de fuertes restricciones de recursos públicos, los argumentos económicos pueden ser efectivos. Sin embargo, es importante tener presente dos cuestiones. Por un lado, que estos argumentos económicos funcionan en determinadas condiciones. Por caso, el argumento que sostiene que políticas de cuidado efectivas podrían evitar o disminuir la subutilización de la fuerza de trabajo de las mujeres depende de que exista demanda para esa fuerza de trabajo. O, dicho en otros términos, la liberación de tiempo de las mujeres para volcar al mercado laboral no genera per se empleos para estas mujeres (o mayor demanda de tiempo de trabajo remunerado). En este sentido, conseguir estrechar el vínculo del análisis entre lógica productiva y lógica reproductiva es esencial.

Por otro lado, es riesgoso reducir la demanda por políticas de cuidado (o más ampliamente por políticas de igualdad) a argumentos económicos, porque estos pueden invisibilizar la cuestión de los derechos. Las personas tenemos derecho al cuidado (a recibirlo y a darlo) y tenemos derecho a gozar de condiciones de vida básicas (y, por ende, de acceder a los ingresos que nos lo garanticen). También tenemos derecho a trabajar (y debiéramos tener derecho a elegir qué trabajo y por cuánto tiempo hacerlo). La garantía de esos derechos no debiera ser el resultado de un análisis costo-beneficio. Porque ¿qué pasaría el día que los costos excedan los beneficios?

Por lo anterior, el uso de los argumentos económicos a favor de políticas de cuidado y de aquellas que favorezcan la autonomía económica de las mujeres debe ser prudente y estratégico.

5. Fortalezas y debilidades de la agenda feminista para la autonomía económica de las mujeres

Durante décadas los feminismos han sostenido al empleo como un horizonte emancipador para las mujeres. Esto sin duda tiene sentido en el marco de sociedades donde la no participación laboral implica el no acceso a un ingreso monetario, con la consecuencia directa de la generación de vínculos personales de dependencias económica, y/o de condiciones materiales de vida pobres, y eventualmente, la dependencia de la asistencia del Estado.

Además de activar para desarmar los mecanismos de discriminación en el mercado laboral, los feminismos siguen persistiendo a la hora de promover la agenda de los cuidados como demanda social y política. Incluyendo el arduo trabajo que intentan, con éxito variado, de promover la incorporación de estos temas en las agendas sindicales.

La potencia de los paros internacionales de mujeres, la contundencia de las cifras que cuantifican la contribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a la economía, la visibilización de la manera en que desigualdad de género y desigualdad socio-económica se amarran en las dimensiones del trabajo (en sentido amplio), han conseguido mover agendas legislativas de cuidado, así como el desarrollo más embrionario o más desarrollado de políticas de cuidado.

Sin embargo, es importante mantener las alertas respecto de la pertinencia de las acciones que van avanzando. En primer lugar, porque se puede avanzar en ampliar servicios de cuidado sin desafiar la feminización del cuidado. En segundo lugar, porque se puede promover la incorporación de las mujeres en el trabajo remunerado, pero en condiciones de muy baja calidad (bajo salario, falta de protección social, jornadas muy largas de tiempo total de trabajo). En tercer lugar, porque las recetas únicas no sirven, y se requieren diseños complejos de políticas públicas que atiendan la diversidad de situaciones y contemplen la articulación entre distintas esferas de intervención. En cuarto lugar, porque es necesario que las políticas estén informadas en las experiencias de vida situadas de las personas, para garantizar que los diseños institucionalidades no fracasen a la hora de su implementación. En quinto lugar, porque las propuestas tienen que ser flexibles como para poder adaptarse a los devenires inesperados (como, por ejemplo, la ocurrencia de una pandemia global, que cierre durante meses los espacios de cuidado extradoméstico). En sexto lugar, porque las políticas no funcionan de manera aislada, por lo que, conjuntamente a avanzar en políticas específicas de cuidado y de empleo, necesitamos discutir de raíz las estrategias de desarrollo de nuestros países, porque no cualquier crecimiento económico genera mejores condiciones de vida para la población.

En este sentido, tal vez sea prudente, para concluir este capítulo, referir al carácter político de la Economía Feminista, y a su crítica fundamental a un sistema que evidencia una contradicción insuperable entre la acumulación del capital y la sostenibilidad de la vida (Pérez Orozco, 2014). En este sentido, la agenda de los cuidados debiera orientarse, más que a conseguir liberar tiempo de trabajo no remunerado para dedicarlo a trabajo remunerado (que muchas veces es empleo de baja calidad), a generar las condiciones de posibilidad de los múltiples arreglos de cuidado y de trabajo de producción de bienes y servicios que las personas deseen.

Una mirada feminista sobre los cuidados no debiera perder de vista el carácter transformador de esta agenda, que cuestiona no solamente cómo se cuida, sino también cómo se produce, cómo se consume, cómo se distribuye. Los vínculos entre producción y reproducción que se intentan develar en este volumen pueden aportar nuevos elementos para pensar estrategias en este sentido.

Referencias

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