Eduardo Bottinelli y Luis Eduardo Morás
El libro que tenemos el agrado de presentar se desarrolla a partir de una selección de las ponencias expuestas en el grupo de trabajo “Estudios políticos, sociojurídicos e instituciones” durante el XXXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, desarrollado en la ciudad de Montevideo entre los días 3 y 8 de diciembre de 2017 (ALAS, Uruguay, 2017).
Consideramos muy pertinente dar a conocer esta compilación de estudios sobre temáticas particularmente relevantes en una coyuntura histórica de alta significación debido a los vertiginosos y pronunciados cambios que se vienen procesando en la última década. Algunas de estas transformaciones sociales, políticas e institucionales resultan prácticamente invisibles para el conjunto de la academia y en los distintos países, como la reforma de la Justicia en México y sus impactos. Otros cambios pueden observarse como fuertes conflictos sociales y políticos, por ejemplo en los casos de Venezuela o Nicaragua, o como los giros drásticos que se están procesando en algunos países, por ejemplo en Perú o Brasil. En ellos se asiste a una conjugación de la judicialización de la política con la influencia sobre esta de los intereses económicos y empresariales, los cuales poseen una significación medular y requieren del aporte de elementos de discusión, análisis y profundización ante los fenómenos de cambio, incertidumbre y conflicto en América Latina. Paralelamente, resulta muy relevante comprender e investigar las transformaciones que se están produciendo al nivel de las instituciones jurídicas, con impactos directos sobre la agenda de derechos humanos y con el renovado impulso del pluralismo jurídico y las nuevas formas que adopta la administración de justicia en los países del continente. En este conjunto de problemáticas, los aportes realizados desde dos áreas de conocimiento directamente involucradas como lo son la sociología jurídica y la sociología política resultan centrales, y uno de los objetivos de esta compilación apunta al fortalecimiento y jerarquización de dos disciplinas que –por diversas circunstancias– no suelen ser destacadas dentro de la sociología latinoamericana.
En esta dirección, el presente libro responde a la necesidad de avanzar en la capacidad reflexiva y el intercambio de experiencias entre investigadores que trabajan en el campo de la sociología jurídica y de la sociología política en el contexto situado de las sociedades latinoamericanas. En tal sentido, representa un esfuerzo por dar a conocer estudios que, desde una perspectiva interdisciplinaria, permitan dar cuenta de las complejidades, los acelerados procesos de cambio y la creciente capacidad de demanda de la sociedad civil en procura de avanzar en el campo de los derechos humanos.
Uno de los grandes desafíos en la actualidad es desentrañar los procesos sociales de producción y aplicación de normas jurídicas que contemplen las crecientes diversidades existentes en estructuras sociales complejas que decididamente avanzan en sus exigencias por el reconocimiento de derechos. Esta tarea democratizadora y dignificante se encuentra expuesta tanto a los obstáculos que plantean los históricos niveles de desigualdad y fragmentación existentes que caracterizan a la región, como a los vaivenes políticos que han experimentado el conjunto de fuerzas progresistas que impulsaron cambios significativos en los últimos años. La tarea civilizatoria de avanzar y profundizar los procesos de construcción de ciudadanía hace necesaria la construcción de una renovada agenda de investigación de las ciencias sociales en general, y de la sociología jurídica y de la sociología política en particular, dotadas de sólidas bases epistemológicas, rigurosidad analítica y un fuerte componente de compromiso intelectual.
Con esta perspectiva, esta compilación de trabajos comprende dos grandes finalidades.
En primer lugar, tiene como propósito contribuir al desarrollo de la sociología jurídica como una disciplina que, a través de la utilización de diferentes métodos y vertientes teóricas, habilite el análisis crítico de las relaciones entre las normas jurídicas, la administración de justicia y las instituciones sociales.
Los trabajos aquí expuestos proponen una lectura que trasciende los abordajes más frecuentes cuando se trata de estudiar los fenómenos jurídicos, fuertemente delimitados por la importante influencia que han ejercido en el continente las miradas desde la dogmática jurídica. En este sentido, puede decirse que resultan notorios los límites del paradigma positivista, auspiciado por la ciencia jurídica durante gran parte del siglo XX, para interpretar los cambios recientes y contribuir a la transformación de la realidad. De allí que los aportes que constituyen este volumen pretendan dar cuenta, mediante la utilización de las herramientas analíticas provistas por las ciencias sociales, de las complejidades inherentes al fenómeno jurídico en su interacción con actitudes, motivaciones y expectativas sociales desde una perspectiva situada y en clave de derechos humanos. Particularmente relevante resulta este esfuerzo de análisis en un momento histórico caracterizado por profundos cambios en la esfera productiva y en los marcos de sociabilidad que vienen a cuestionar la vigencia y aplicabilidad del conjunto de normas sociales y jurídicas que tradicionalmente regularon la vida social.
En definitiva, creemos que estudios como los que aquí se presentan contribuyen a la consolidación de una agenda de investigación, a la generación de espacios interdisciplinarios de investigación y al diálogo integrativo entre colegas latinoamericanos que transitan similares caminos de búsqueda de respuestas y propuestas de cambios.
En segundo lugar, se conjuga la necesidad y el interés por desentrañar, analizar y profundizar en los cambios y las permanencias que el campo político latinoamericano ha estado atravesando en las últimas décadas, buscando que los elementos centrales que hacen y desafían a las democracias modernas se vean cuestionados a los efectos de problematizar esos aspectos centrales de la democracia latinoamericana. En este sentido, los trabajos de sociología política presentados tienen algunos componentes centrales de cuestionamiento dentro de los temas que se abordan habitualmente en el área, pero que no dejan de ser trascendentales.
Si se entiende a la sociología política como el área que se ocupa de estudiar el poder y las relaciones de poder dentro de un contexto social determinado, deben considerarse fundamentales, por lo tanto, el estudio y problematización de las desigualdades de representación política que se dan en las democracias modernas o el rol que juega el dinero para el desarrollo de la actividad política.
De este modo, uno de los ejes centrales de debate y análisis de la sociología política refiere a comprender y problematizar qué dirigentes políticos acceden a los puestos de jerarquía política, cómo lo hacen, y qué rol juegan los mecanismos de selección de los partidos, los procesos de socialización, la formación educativa, el acceso a recursos económicos propios o los círculos de poder a los que se pertenecen para alcanzar determinados puestos en la política. Asimismo, cabe preguntarse y analizar qué rol juegan los empresarios en la política, no solamente en su participación directa –ocupar cargos visibles, como se aprecia en distintos países–, sino también en el papel que desempeñan en la financiación de las campañas electorales, y qué significan esos aportes económicos en términos de capacidad de influencia política.
Estos elementos, junto con las nuevas tecnologías y el papel que están desempeñando en las campañas electorales, y también en el propio ejercicio de la democracia y la deliberación de problemas, se constituyen en elementos centrales de discusión contemporánea, especialmente relevantes en contextos regionales de cambios trascendentales que están marcando virajes en las políticas económicas de integración regional y mundial, así como en las relaciones laborales y políticas sociales, viraje que se debe fundamentalmente a los cambios producidos en el signo político de los gobiernos y a los intereses centrales a los que responden los nuevos gobiernos que se van instalando en los distintos países de la región.
Los once trabajos comprendidos en este volumen se articulan a partir de tres grandes ejes temáticos: los dos primeros se componen por un conjunto de estudios mayormente vinculados a la sociología jurídica, y el tercer eje está focalizado en la sociología política.
El primer eje temático está centrado en un tema de creciente relevancia como lo es la judicialización de la política. El segundo eje destaca los mecanismos alternativos de administración de justicia, participación ciudadana y experiencias de justicia comunitaria que se vienen desarrollando en los distintos países de América Latina. Finalmente, el tercer eje se focaliza en la sociología política, con una variedad de temáticas que van desde la discusión sobre la representación parlamentaria, el comportamiento electoral y la influencia del dinero y de internet en la política.
Judicialización de la política
En una coyuntura histórica que asiste a intensos debates suscitados por los procesos judiciales iniciados contra numerosas y relevantes figuras políticas en el marco de la operación “Lava jato”, así como el impeachment, en un caso, y el encarcelamiento, en otro, que involucran a los dos últimos presidentes de Brasil, el artículo de Raul Enrique Rojo (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), que tiene por título “A responsabilidade política no brasil de nossos dias. Reflexões à luz da perseguição de juízes e promotores por suposto abuso de autoridade”, aporta una mirada original y profunda sobre los riesgos de confundir distintas esferas de las responsabilidades de los poderes del Estado. Para el autor, la responsabilidad política es completamente diferente de la responsabilidad criminal, por lo cual la vía judicial para la dilucidación de conflictos políticos supone un conjunto de consecuencias negativas. Entre los principales efectos contrarios para una democracia sólida, se cuentan la afectación de la separación de poderes, la pérdida de legitimidad del sistema político y la aplicación de normas procesales del derecho penal propias de la investigación criminal (presunción de inocencia, secreto del sumario judicial, no retroactividad de la ley, etc.) a situaciones políticas más amplias y complejas que no siempre se agotan en la tipicidad de un acto criminal específico.
En el trabajo titulado “Revisión teórica sobre la judicialización de la política”, se presenta un análisis del incipiente campo de estudio instalado a partir del creciente protagonismo que la administración de justicia viene desempeñando en diversas áreas que tradicionalmente correspondían al ámbito de decisión político. Daniel Tacher Contreras (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) desarrolla un meticuloso marco analítico y expone ejemplos que ofrecen la posibilidad de organizar el estudio del fenómeno trascendiendo el lenguaje técnico del derecho al incorporar una enriquecedora mirada de la complejidad de los procesos implicados. El autor elabora una posible tipología que involucra cuatro ámbitos donde se expresa esta judicialización: la inclusión del discurso jurídico en la definición de las políticas públicas; la expansión de los tribunales; la apelación al ámbito judicial para resolver conflictos de naturaleza estrictamente política; y finalmente la tramitación de los delitos de lesa humanidad cometidos bajo regímenes autoritarios.
A partir de un exhaustivo relevamiento de información sobre conflictos políticos judicializados en las dos décadas que separan la restauración de la democracia en el año 1985 y la llegada al poder de la izquierda en el 2005, Henry Trujillo (Universidad de la República) propone un modelo de análisis y tipología para la interpretación del caso uruguayo. La hipótesis que guía el trabajo “Conflictos políticos y poder judicial: la judicialización de la política en Uruguay (1985-2006)” parte del supuesto de que este fenómeno expresa las crecientes dificultades que enfrenta el sistema de partidos para cumplir funciones de regulación social y gestión del Estado. El autor destaca las transformaciones experimentadas en las relaciones entre sociedad civil, partidos y Estado, y construye con el material empírico recolectado una tipología que le permite clasificar los 245 casos ubicados en tres categorías: conflictos internos al sistema político; casos de control de la expresión pública y la protesta; y casos de defensa de derechos y rendición de cuentas.
Mecanismos alternativos de administración de justicia, participación ciudadana y justicia comunitaria
En los últimos años se han promovido en el continente importantes reformas en la administración de justicia. En el año 2008, la Reforma Constitucional en Materia Penal operada en México sustituyó el modelo penal inquisitivo, adoptando un proceso acusatorio oral. El artículo de Angélica Cuéllar Vázquez (FCPyS-UNAM), titulado “La experiencia de los facilitadores en la Justicia Alternativa en México”, aborda las posibilidades que brinda un modelo basado en el desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de conflictos (mediación, conciliación y junta restaurativa) que enfatizan la restitución del daño a la víctima por sobre la aplicación de un castigo basado en el encarcelamiento. El trabajo expone algunos resultados de una investigación realizada en Morelos con los facilitadores que tienen la responsabilidad de implementar un modelo innovador de administración de justicia evitando los costos asociados al proceso penal tradicional.
El artículo “La participación ciudadana en la Justicia penal en Argentina como medio para legitimar la justicia” de María Lorena Giaquinta (Universidad Nacional de Córdoba) aporta una mirada sobre un tema que viene siendo objeto de creciente interés en la administración de justicia: el juicio por jurados. La autora explora los resultados de la inclusión de mecanismos de participación popular en las decisiones judiciales introducida en Córdoba en el año 2005, enfatizando los avances logrados en términos de democracia participativa y recuperación del prestigio, confianza y legitimidad de los jueces y del proceso penal.
El instituto de la mediación es ampliamente reconocido a nivel internacional como un mecanismo idóneo para superar los efectos negativos de la judicialización y favorecer formas de derecho plural y autónomo, fortaleciendo la capacidad de las propias comunidades para hacerse cargo de los conflictos y promoviendo una ciudadanía activa. En esta dirección, el trabajo “A mediação comunitária numa perspectiva comparada: Cuba/Brasil” de Mirel Legrá Fleitas y Delton Ricardo Soares Meirelles (Universidade Federal Fluminense) enumera una serie de beneficios asociados al procesamiento de los conflictos mediante una vía alternativa para su resolución con activa participación de la comunidad, contrastando la experiencia en dos países. De acuerdo a los autores, al tramitar los conflictos prescindiendo de los mecanismos judiciales estatales, las comunidades se tornan menos dependientes del asistencialismo, ganan en cohesión interna y se promueve su empoderamiento.
Las dificultades para el acceso a la Justicia en los países del continente representan uno de los principales obstáculos para la vigencia de una democracia plena. El trabajo de Juan Pablo Marín Álvarez (Universidad de Antioquia) titulado “La función reivindicatoria del derecho a partir del daño: el derecho como herramienta ciudadana para la consecusión de los intereses sociales de las mujeres víctimas del conflicto armado en el barrio Bello Oriente de Medellín” expone los límites institucionales, sociales y económicos existentes para la protección y reconocimiento de los derechos de ciudadanía. Mediante una metodología cualitativa en este estudio de caso sobre una realidad particularmente violenta como la emergente del conflicto civil en Colombia, se arroja luz sobre la importancia del reconocimiento del daño, la movilización social y el activismo legal a efectos de ejercer el derecho a un acceso efectivo de la Justicia.
La propuesta de Leticia Gavernet (Universidad Nacional de Córdoba, CONICET, Universidad de la Republica, UDELAR) que tiene por título “Transformaciones del diseño institucional y demandas indígenas: los casos de Perú (1993), Argentina (1994), Ecuador (2008) y Bolivia (2009)” aborda las reformas constitucionales aprobadas en cuatro países y las modificaciones en el diseño institucional y jurídico a que dieron lugar. La autora expone un análisis sociojurídico que toma como insumo: las dinámicas que históricamente pautaron el desarrollo en el continente, caracterizadas por una desigualdad social acentuada, estructural y persistente; las sistemáticas crisis institucionales y de gobernabilidad; los profundos niveles de conflictividad social; y los numerosos intentos de reforma constitucional. En ese marco, se analizan para los cuatro países las coincidencias y divergencias en dos planos: las reformas constitucionales y las matrices político-ideológicas en las cuales se sustentaron.
Representación, participación y política
El artículo de Augusto Neftali Corte de Oliveira y Clitia Martins Backx Martins (Fundação de Economia e Estatística, Brasil), titulado “Desigualdades da representação política no parlamento brasileiro”, propone, a partir de la información referida a la conformación de la Cámara de Diputados, un debate desde la perspectiva de la representación descriptiva, analizando la desigualdad de representación existente en el Parlamento brasilero (focalizado en la Cámara de Diputados), especialmente de los sectores subalternos tradicionalmente discriminados del ámbito político, a saber: mujeres, negros, menos instruidos y pobres. A partir de los datos presentados, se plantean una serie de interrogantes acerca de los desafíos para la democracia y la necesidad de la incorporación de la diversidad social en la representación parlamentaria, particularmente importante en contextos de planteos que hablan de una crisis de representación del Parlamento y la política brasileros.
Marcela Machado (Universidade de Brasília [UnB]) presentó un trabajo titulado “O Dinheiro importa? O Comportamento dos deputados da 54ª Legislatura frente ao financiamento de campanhas de origem empresarial no Brasil”, sin dudas una temática muy relevante en tiempos de mutaciones en las élites políticas y económicas en América Latina y referidas especialmente a los casos de corrupción que han recorrido gran parte de la región. El foco del artículo está puesto en Brasil, donde la autora sostiene que el financiamiento de las campañas electorales funciona como uno de los vehículos que los empresarios utilizan para influenciar sobre la arena política. Utilizado en QCA, la autora se propone investigar si el financiamiento de las campañas electorales influencia el comportamiento de los diputados durante su actuación en el Parlamento.
Finalmente se encuentra la ponencia presentada por Jesús Alejandro Tello Cháirez (Universidad de Guadalajara-México), “El rol de internet en la apertura parlamentaria”, desde luego un tema de absoluta vigencia y de creciente importancia e interés en el desarrollo de la actividad política y parlamentaria. Lo que la ponencia busca es indagar acerca de la contribución que internet puede tener en la implementación de Parlamentos más abiertos y de mayor comunicación directa con la ciudadanía, analizando a la vez cómo se transita institucionalmente el camino de cambio que supone la inserción de esta tecnología y el vínculo con la ciudadanía. En este sentido, se examina cómo a través de internet se reconfigura la opinión pública y se logran espacios complementarios para generar procesos de deliberación pública que promuevan un mayor involucramiento de las personas en los procesos político-ciudadanos.
