El presente capítulo aborda el desarrollo y análisis de las políticas sociales y los procesos de intervención social en el campo gerontológico. Este desarrollo se inscribe en el actual contexto latinoamericano donde el fenómeno de envejecimiento poblacional se caracteriza por un aumento acelerado de la población mayor de 60 años, así como por un aumento de la longevidad. En el primer apartado se aborda el proceso de envejecimiento poblacional como cuestión política, donde el aumento de la esperanza de vida se registra en escenarios de profundización de las desigualdades y escasez de políticas sociales destinadas a la cuestión. De esta manera se pone de relieve la disputa de sentidos en torno a la vejez como sujeto de la política. En el siguiente apartado, en el campo de las políticas públicas, se desarrollan el concepto de las políticas sociales en tanto intervenciones específicamente sociales del Estado que producen y moldean directamente las condiciones de vida y de reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales (Danani, 2009). En las sociedades capitalistas el mercado constituye la institución organizadora central, y en ese sentido, los procesos de mercantilización son los procesos que organizan la vida legítima. La política social comprende procesos de desmercantilización en tanto exprese y materialice el ejercicio de un derecho, comprendiendo la construcción de relaciones político-institucionales. En este sentido, la intervención social ocupa un lugar central en las posibilidades de deconstrucción de las desigualdades en la vejez y la construcción de sociedades más igualitarias. En el tercer apartado se aborda el análisis de las políticas públicas de vejez y las intervenciones sociales gerontológicas desde una perspectiva histórica. Desde esta perspectiva, se configura una tensión histórica en la construcción del sujeto de la vejez en tanto objeto de cuidado/sujeto de derechos. Esta tensión se expresa a su vez en la construcción mercantilista de la vejez y la construcción en tanto sujeto de derecho que coexisten y continúan vigentes, configurando profundas implicancias en la vida y reproducción de la vida de las personas mayores. En el cuarto apartado se aborda el análisis de la construcción política de la vejez como relación social desde los aportes de las perspectivas decolonial e interseccional. La construcción de relaciones sociales mercantiles pone en tensión el acceso y ejercicio de los derechos de las personas mayores, entre ellos a la participación social. Desde las perspectivas decolonial e interseccional es posible dar cuenta de la acumulación de desventajas que se expresan en el momento de habitar la vejez en intersección con otros ejes de distribución del poder como el género, la raza/etnia y la clase social. Así, ciertas vejeces quedan expulsadas del proceso social negando su participación en el proceso social configurando un contexto de emergencia de nuevas expresiones de la cuestión social donde los espacios de participación social de ciertas vejeces entran en crisis. En el último apartado se desarrollan procesos de profundización de la desigualdad en el contexto de pandemia. Este contexto visibilizó la vigencia de la tensión objeto de cuidado/sujeto de derecho, evidenciando la participación de las vejeces en la disputa por la definición del problema y del sujeto de la vejez en los procesos de construcción política. En este sentido, se ponen de relieve las estrategias y prácticas de resistencia que despliegan las vejeces históricamente negadas hacia la búsqueda de construcción de nuevas y diversas formas de participación social, hacia la construcción de otras formas de relación social.

2.1. Envejecimiento poblacional como cuestión política

Las construcciones de sentidos en torno a las teorías sociales gerontológicas adquieren especial relevancia en el actual contexto latinoamericano que presenta un proceso demográfico de envejecimiento poblacional en aumento. En efecto, este contexto plantea una redefinición del campo de disputas de sentidos acerca de los significados que adquieren los conceptos de envejecimiento, vejez y personas mayores. El proceso de envejecimiento poblacional refiere al proceso de transformación de la estructura de edad de la población por el cual aumenta la población en edades avanzadas. Las variables que ayudan a explicar el envejecimiento son los indicadores de natalidad y mortalidad, y en menor medida las migraciones. La Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid define al proceso de envejecimiento demográfico como “el resultado del descenso sostenido de la fecundidad, la emigración e inmigración en algunos países, y el aumento de las expectativas de vida” (Cepal, citado en Roqué, 2016). En este proceso el primer fenómeno que se registra es el fuerte aumento de la población mundial en los últimos 60 años marcando una transformación demográfica sin precedentes. En efecto, según los datos de Naciones Unidas, ésta era en 1950 de 2.500 millones de personas, mientras que en el año 2010 ascendía a casi 7.000 millones. En el caso de América Latina y el Caribe el incremento pasó de los 167 millones en 1950 a los casi 600 millones en el 2010, según datos y proyecciones de Naciones Unidas. En el actual contexto latinoamericano, según las estimaciones, en 2017 había 76,3 millones de personas mayores en América Latina y el Caribe, que representaban el 12% de la población regional. En 2030 esta población ascenderá a 121 millones donde las personas mayores representarán el 17% de la población total de la región. Las proyecciones expresan que este porcentaje ascenderá al 30% y habrá alrededor de 234 millones de personas mayores hacia el año 2060 (Huenchueán, 2018). Estas transformaciones de la estructura de edad se caracterizan a su vez por el fenómeno mundial denominado feminización del envejecimiento. En efecto, a nivel mundial se registra una mayor longevidad en las mujeres respecto de los hombres. A principios de la década del 2000 había 328 millones de mujeres de 60 años y más y 265 millones de hombres. De acuerdo con los datos de la CEPAL, en América Latina y el Caribe la población de mujeres de 60 años ascendía a 31,4 millones representando el 54,9% de la población mayor en el 2010. En ese mismo año los hombres de 60 años y más representaban el 9,0% de la población masculina regional, mientras que las mujeres de esa edad constituían el 10,7% de la población femenina (citado en Roqué, 2016). Argentina registrando un 16,7% es uno de los países de la región que supera este porcentaje. Por otra parte, la población femenina mayor presenta un proceso de envejecimiento interno en tanto se incrementa en mayor medida el grupo de mujeres mayores de 75 años y más. En promedio, en el 2010 tres por cada diez mujeres mayores latinoamericanas tenían 75 años o más. Particularmente en la Argentina el 36% de las mujeres mayores tenía 75 años o más (UNFPA- CEPAL, citado en Roqué, 2016). Asimismo, una de las características que asume el envejecimiento en la región es la rapidez con la que se produce, a diferencia de los procesos de envejecimiento en los países industrializados (Roqué, 2016). En este sentido, el proceso de envejecimiento poblacional no solo asume diferentes características y ritmos en cada continente, sino también al interior de cada uno de ellos e incluso al interior de cada país. Para el 2010 en América Latina y el Caribe la población de 60 años y más era cercana a los 57,1 millones lo que equivalía al 9,9% de la población total. De ellas, 31,4 millones eran mujeres, que representaban el 54,9% de la población mayor (CEPAL, 2011). Las proyecciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía nos muestran que en ese mismo año los hombres de 60 años y más representaban el 9,0% de la población masculina regional, mientras que las mujeres de esa edad constituían el 10,7% de la población femenina (CEPAL, 2011). Tanto Argentina (16,7%), como Chile (14,5%), y Uruguay (21,2%), son países que superan este 10,7%. Por otra parte, la población femenina mayor presenta un proceso de envejecimiento interno, dado que se incrementa en mayor medida el grupo de mujeres mayores de 75 años y más que el grupo de 60 a 75 años. En promedio, en el 2010 tres por cada diez mujeres mayores latinoamericanas tenían 75 años o más. En Uruguay, el 40,6% de las mujeres de edad tenía 75 años o más en tanto que en la Argentina la cifra alcanzaba el 36%; en Cuba el 33,5% y en Chile el 32,1% (UNFPA- CEPAL, 2010). En Argentina, según los datos del Censo 2010 (INDEC, 2010), el porcentaje de personas mayores de 65 años es del 10,2%, mientras que las personas de 80 años representan un 2,5% sobre la población total. Asimismo, se prevé que la población mayor de 60 años crecerá a un 24,2 % para el año 2050. Estos datos dan cuenta que Argentina es un país demográficamente envejecido ya que su población de personas mayores de 60 años supera el 7% de la población total. A su vez, dentro del contexto nacional el escenario sociodemográfico de la CABA presenta la mayor tasa de envejecimiento poblacional del país, alcanzando el 15,7% de la población total según el último Censo Nacional de 2010. Estas transformaciones de la estructura de edad se caracterizan a su vez por el fenómeno mundial denominado feminización del envejecimiento registrando una mayor longevidad en las mujeres respecto de los hombres. En América Latina y el Caribe la población de mujeres de 60 años y más representaba el 54,9% de la población mayor en el 2010, de las cuales tres de cada diez tenían 75 años o más (Roqué, 2016). En Argentina la población de 60 años y más representaba el 14,9% de la población total hacia el 2015, de las cuales el 36% tenía 75 años y más. (Roqué, 2016). En este sentido, se registra un aumento de la esperanza de vida en la región de 52 a 74 años en los últimos 60 años. En Argentina, la esperanza de vida al nacer para el 2015 es de 76,92 años, mientras que para los hombres asciende a 73,72 años, para las mujeres es de 80,33 años. El aumento de la esperanza de vida comprende una diversidad de procesos entre los que se destacan el desarrollo científico técnico y el incremento de la base de derechos con la consiguiente implementación de políticas públicas que han colaborado para mejorar las condiciones de vida (Pérez Díaz, citado en Roqué, 2016). En este sentido, como señala el Plan de Acción de Madrid de 2002 el aumento de la esperanza de vida se constituye como uno de los mayores logros de la humanidad presentando oportunidades en la apertura de nuevos posibles. A su vez considerando las particularidades contextuales y la diversidad y heterogeneidad en los procesos de envejecimiento, la transformación demográfica presenta una serie de desafíos en las sociedades latinoamericanas.

En efecto, en este escenario de profunda transformación demográfica de la población mayor, en su mayoría mujeres, y de expulsión de ciertas vejeces de los espacios de la vida social, cobran relevancia los procesos de producción y reproducción de la vida de las personas mayores como sujetos de derechos. En este sentido, en las últimas décadas se registra un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas mayores a través de diversos instrumentos internacionales y regionales desde una concepción integral del proceso de envejecimiento y la vejez. En este marco, la resolución de la Asamblea Mundial de Naciones Unidas sobre el Envejecimiento celebrada en Viena en 1982 surge justamente a partir de las preocupaciones y los desafíos que presenta el proceso de envejecimiento poblacional en constante aumento. Entre sus principios establece que las acciones políticas deben orientarse hacia la eliminación de la discriminación por edad en la construcción de sociedades integradas con participación de todas las generaciones propiciando la construcción del lazo social intergeneracional (ONU, 1982).

En este sentido, las condiciones de producción y reproducción de la vida en la vejez históricamente se encuentran atravesadas por diversas expresiones de discriminación basada en la edad cronológica de la vejez donde las exclusiones de distintas esferas de la vida social se configuran por el solo hecho de ser viejes, adquiriendo particularidades en torno a las relaciones de poder de género, clase, etnia/raza, territorio en cada momento histórico. Al respecto, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores define la discriminación por edad en la vejez en términos de exclusiones basadas en la edad que anulen o impliquen restricciones en el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos en todas las esferas de la vida social (OEA, 2015). Se trata de cuestiones que adquieren especial relevancia entonces en el actual contexto sociodemográfico donde, como señala Ludi (2012), si bien se registra un aumento de la esperanza de vida, también aumentó la precariedad laboral, el desempleo y la pobreza junto con la escasez de políticas sociales destinadas a la cuestión.

En este sentido, desde la perspectiva decolonial la esperanza de vida se vuelve relativa respecto de las relaciones de poder en la estructuración social con eje en las categorías de género, raza/etnia, clase y territorio. En efecto, desde esta perspectiva el análisis de los datos acerca de la esperanza de vida expresa las desigualdades en la vejez. Las estadísticas elaboradas por diferentes organismos internacionales refieren que la población trans presenta una esperanza de vida que oscila entre los 35 y 40 años, dando cuenta de condiciones desiguales de vida que configuran vejeces negadas (Roqué, 2016). Así como también las personas con acceso a mayor cantidad de recursos materiales y simbólicos tienen más posibilidades de afrontar su vejez con mejores recursos. En efecto, Kessler (2015) señala que, para los sectores altos, medios y las franjas de sectores populares con mejores condiciones de vida, la esperanza de vida es mayor. Asimismo, desde la perspectiva interseccional es posible dar cuenta de la diversidad y heterogeneidad en las vejeces respecto de las condiciones desiguales de vida, así como respecto de las distintas formas y experiencias de habitar la vejez. De esta manera el concepto de interseccionalidad permite develar el carácter relacional en los procesos de desigualdad que se expresan en el momento de la vejez. En virtud de lo cual, la perspectiva interseccional no solamente descubre la diversidad y heterogeneidad en los procesos de envejecimiento sino los condicionamientos diferenciados de portar y disputar significados y espacios dentro de la vida social (Yuni, 2015). De esta manera, los procesos de exclusión de espacios sociales por el solo hecho de ser viejes adquiere características particulares tanto materiales como subjetivas, en las formas de ser transitada, construida, significada y habitada por las personas mayores en relación con la configuración de sus posiciones subjetivas y objetivas en torno a las relaciones entre los ejes de poder de género, raza/etnia y clase social. De manera que ser persona mayor “pobre, analfabeta y campesina configura ciertas expectativas, condiciones y posibilidades de experimentar la vejez, ampliamente diferenciadas de las que se generan como anciana de clase media alta, con niveles educativos medios y altos que reside en un núcleo urbano” (Yuni, 2015:327). Como señala el autor, no se trata solo de una cuestión de acceso a bienes culturales, sino de acceso a los recursos de la salud, de la seguridad social, así como de inserción y participación en las relaciones de producción y reproducción de las condiciones de existencia. En virtud de lo cual es posible considerar que la reproducción de vida de las personas mayores se encuentra condicionada no solo en relación con la discriminación por la edad cronológica de la vejez sino también respecto de las relaciones de poder en la estructuración social con eje en las categorías de género, raza/etnia, clase y territorio (Wood, 2022). Es decir, respecto de las condiciones desiguales de vida y las distintas formas y experiencias de habitar la vejez en el marco de los procesos de estructuración social. En efecto, la particularidad del proceso de envejecimiento poblacional en nuestra región radica en su crecimiento acelerado y en un contexto caracterizado por la desigualdad y la complejidad.

De manera que, en este escenario de profunda transformación demográfica de la población mayor y de expulsión de ciertas vejeces de los espacios de participación en el proceso social se presentan una serie interrogantes y desafíos a la organización social en la construcción de intervenciones sociales orientadas a garantizar en el pleno ejercicio de los derechos a lo largo de toda la vida y particularmente en la vejez. En este sentido, a continuación, se abordan las políticas sociales del Estado para el análisis de las intervenciones sociales, sus implicancias en la construcción del orden social y de las relaciones sociales de la vejez.

2.2 Políticas Sociales: Intervención social del Estado

El abordaje de las intervenciones sociales se configura en el marco de las políticas públicas del Estado. En este sentido, se parte de la conceptualización del Estado y las políticas públicas para abordar específicamente el análisis de las políticas sociales del Estado. Desde estas consideraciones, se aborda la construcción de las políticas públicas de vejez, y finalmente se particulariza en el análisis de las intervenciones sociales gerontológicas como aquellas intervenciones específicamente sociales del Estado en la cuestión de la vejez. Desarrollar una definición de Estado implica considerar una concepción que integre diversos aspectos del mismo en tanto relación social. En este sentido, desde el punto de vista de sus relaciones con la sociedad, Vilas (2011) plantea que el Estado constituye un instrumento de poder:

Es el espacio institucional en el que se desenvuelve la lucha política de clases y otros grupos sociales. Solamente la articulación de los intereses particulares o sectoriales en ese espacio les dota de carácter imperativo y de ser presentados como intereses del conjunto (pp. 11).

Se considera así que el Estado posee el monopolio de la fuerza legítima, de los recursos, delimita un determinado territorio nacional, a la vez que constituye el espacio donde se dirime la lucha política entre diversos actores con distintas posiciones de poder e intereses, expresando y produciendo una determinada forma hegemónica de organización política, social y económica en un momento histórico determinado. Así, es el Estado quien legítimamente define los problemas y por lo tanto la forma en que se interviene en su resolución posicionándose como definiciones hegemónicas. De esta manera, el Estado al nombrar crea sujetos, problemas y soluciones. En este sentido, la definición de los problemas implica siempre una determinada concepción sobre los mismos que es resultado de la lucha política. Al respecto, García Linera plantea que “el Estado es una relación y un conjunto de estructuras que es resultado de la lucha política” (García Linera, 2010:5). De manera que es posible considerar al Estado como una relación social, un entramado de relaciones de poder donde participan diversos sujetos histórico-sociales con determinados intereses. Como plantea García Linera (2010), el Estado en tanto campo de lucha política conforma un campo de disputa por la reproducción o por la reforma del orden social. Comprende un entramado de relaciones de poder donde se dirime la definición de los problemas, los sujetos y las modalidades de intervención. Así, el modo en que se resuelvan esas disputas en cada momento histórico va a imprimir una determinada orientación al Estado hacia la modificación o hacia la reproducción del orden social. Al respecto, las formas de intervención del Estado se expresan a través de las políticas públicas. En efecto, Ozslak y O´Donell (1981) sostienen que las políticas públicas ponen de manifiesto una determinada modalidad de intervención del Estado en las cuestiones socialmente problematizadas:

Un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita atención, interés o movilización de otros actores sociales. Puede inferirse una cierta discrecionalidad, una determinada orientación (pp. 1).

De manera que el resultado de las disputas por la definición del problema y del sujeto configura la modalidad de intervención, así como la implementación, escasez o la falta de políticas públicas conformando la direccionalidad del Estado hacia la reproducción o transformación del orden social. En este sentido, Vilas define a las políticas públicas como el “conjunto de acciones de gobierno ejecutadas para alcanzar los fines hacia los que se orienta el ejercicio del poder político” (Vilas, 2010:39). Estas definiciones ponen de relieve las históricas disputas de sentidos en torno a la vejez en la construcción política con implicancias hacia la construcción de un determinado orden social.

Ahora bien, en el marco del amplio campo de las políticas públicas, de acuerdo con Danani (2009) las políticas sociales comprenden las intervenciones específicamente sociales del Estado. Así la política social puede ser definida a partir de su centralidad, es decir, por el objeto sobre el que actúan directamente. De esta manera, se concibe la política social como “aquellas específicas intervenciones sociales del Estado que producen y moldean directamente las condiciones de vida y de reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales” (p.7). En efecto, el hecho de que las condiciones de vida y de reproducción de la vida constituyan su objeto es lo que diferencia a las intervenciones sociales de otras intervenciones. Se trata entonces de un proceso por el cual se construye la vida en común en virtud de discutir sus condiciones, reglas y transformaciones en un movimiento permanente. De esta manera las intervenciones sociales del Estado expresan la lucha política en la construcción de determinadas relaciones sociales hacia un determinado orden social.

Al respecto, nos encontramos frente a sociedades donde los procesos de expansión y consolidación capitalista en el siglo XIX se caracterizan por la transformación en mercancía de objetos que hacen a las condiciones de vida y a la reproducción de la vida. Mercancías que no formaban parte de los intercambios regulares hasta entonces, sino que se trató de sociedades que requirieron procesos de mercantilización. En estos procesos, la forma mercancía de la fuerza de trabajo comprende la relación fundamental de las sociedades capitalistas porque se entiende que ella organiza la vida colectiva e individual en su sentido más amplio. Es a través de la definición de las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo que se establecen cuáles y cómo serán los medios que se obtengan y cuál será su alcance en la satisfacción de necesidades (Polanyi, 1992). De esta manera en las sociedades occidentales capitalistas el mercado constituye la institución organizadora central, y en ese sentido, los procesos de mercantilización son los procesos que organizan la vida legítima, la concepción legítima de cómo deben ser las vidas. Una vida ordenada en las sociedades capitalistas es una vida que se encuentra mercantilizada (Danani, 2009). Al respecto, los procesos de desmercantilización tienen un lugar central y fundacional al momento de comprender, discutir y hacer política social. En efecto, los procesos de desmercantilización de la reproducción de la vida se dirigen, interpelan y ponen en cuestión el principio organizador de estas sociedades, en tanto suspende por un momento ese proceso de mercantilización. Así, de acuerdo con Esping Andersen (1993) es posible definir el concepto de desmercantilización como “el proceso por el cual se presta un servicio como un asunto de derecho y por el que una persona puede ganarse la vida sin depender del mercado” (p. 41). Es decir, demarcándose de aquellas condiciones establecidas como parte de las características de la vida en las sociedades capitalistas. Danani (2009) señala la existencia de dos mercados, el mercado de bienes y servicios, donde están disponibles los satisfactores de las necesidades, y el mercado de trabajo donde se obtienen los medios para acceder a la satisfacción de aquellas necesidades. En este sentido, es posible considerar dos tipos de desmercantilización. La desmercantilización de las necesidades, que refiere a las políticas que desmercantilizan ciertos bienes y servicios que son los satisfactores de esas necesidades. Y la desmercantilización del trabajo, que refiere al acceso de las personas a los ingresos sin la prestación de un trabajo. Esto presenta desafíos a la gestión de las políticas sociales, ya que la desmercantilización de las necesidades corresponde con la provisión de bienes y servicios públicos, mientras la desmercantilización del trabajo se corresponde con la provisión monetaria, con la transferencia de dinero, exponiendo a las políticas a dos formas distintas. La desmercantilización de las necesidades tracciona la desmercantilización de la fuerza de trabajo, en tanto socializa la reproducción y las personas ya no se encuentran tan obligadas a depender del mercado de trabajo. Mientras que la desmercantilización del trabajo no desmercantiliza las necesidades, sino que las reenvía al mercado, ya que la persona recibe los ingresos para obtener los medios de satisfacción de las necesidades nuevamente en el mercado (Danani, 2009). En virtud de lo cual los procesos de desmercantilización conforman un resultado contradictorio, parcial y fragmentario. En efecto, Esping Andersen (1993) plantea que los procesos de desmercantilización en la política social debilitan el nexo monetario, haciendo a las personas menos dependientes del dinero con el que cuentan, cuya suficiencia o insuficiencia las empuja a aceptar o no algunas condiciones. No obstante, el debilitamiento del nexo monetario no implica que el mercado desaparezca, sino que quedan suspendidas sus reglas por un momento. Esto refiere a la idea de que todo ingreso o todo consumo, debe estar mediado ya sea por la venta o el pago de algo a alguien. Es por esto que nunca hay desmercantilización total y absoluta.

Ahora bien, estos procesos complejos en permanente revisión son medulares para pensar la política social cuya centralidad es actuar sobre las condiciones de vida y de reproducción de la vida, en tanto dan cuenta de que no toda política social desmercantiliza, incluso hay políticas sociales que son mercantilizadoras, cuya estructura, cuya lógica de funcionamiento empuja al mercado y no aleja o debilita al mercado. A partir de la definición de Esping Andersen (1993) es posible considerar que la asistencia no representa en sí misma un proceso desmercantilizador. Es decir, se trata de un proceso de desmercantilización en tanto y en cuanto exprese y materialice el ejercicio de un derecho. Por lo tanto, ni la caridad ni la beneficencia son procesos desmercantilizadores porque su principio organizador no es el ejercicio de un derecho. Así como también es posible considerar que este debilitamiento del nexo monetario no implica que la desmercantilización sea un proceso económico. Si bien involucra la distribución de ingresos, no se trata de un proceso económico en tanto lo que se suspende entonces por un momento es la lógica de mercado que estructura relaciones sociales mercantiles en el marco de estas sociedades capitalistas. Es en este sentido que esa limitación a la mercantilización entraña un proceso de socialización y politización de la vida, que por sus propias características contradice un principio básico de estas sociedades, para las cuales las condiciones de vida y de reproducción de la vida es un asunto privado que se resuelve a través del mercado (Danani, 2009). De manera que una menor dependencia del mercado en algún aspecto de la vida pone en tensión el principio organizador de las sociedades capitalistas planteando otras relaciones sociales no mercantiles. El ejercicio de un derecho implica que el acceso al mismo tiene que darse en condiciones en las cuales ese ejercicio pueda ser ejecutable y, por lo tanto, exigible. Y esa cuestión es lo que potencialmente (en tanto la política tienda o no hacia la desmercantilización) implica encontrar en el campo de la reproducción de la vida la constitución de relaciones sociales no mercantiles sino relaciones político-institucionales. Es por esto que los procesos de desmercantilización refieren a un proceso socio-político y no económico. En tanto un derecho se ejecuta ante el Estado, solamente la intervención estatal puede establecer que ese acceso a un bien o servicio o a los ingresos se constituya en un derecho, y eso constituye una relación político-institucional. Implica la construcción de relaciones sociales otras, donde la construcción del problema se define en tanto reconocimiento y garantía de derechos y del sujeto como sujeto de derecho, interpelando el orden social establecido.

Asimismo, en tanto la configuración de las sociedades occidentales capitalistas requirieron procesos de mercantilización (Polanyi, 1992), el orden social no constituye un ordenamiento naturalmente dado e inmodificable, sino que se trata de una construcción histórica social y, por lo tanto, posible de ser transformado. Al respecto, Lechner (1984) plantea que la definición de lo que es la política, depende de nuestra concepción de sociedad, esto es, regida por leyes naturales o en tanto construcción social. En este sentido, discute la idea conservadora acerca de la condición natural de la vida común determinada y regida por leyes naturales inmanentes y, por lo tanto, imposible de ser modificado. Al respecto, señala que lejos de ser algo naturalmente dado e inmodificable, el orden social comprende una construcción histórica social y como tal posible de ser transformado, y es justamente esto lo que hace a la política social la intervención por excelencia. Así como se construye un ordenamiento determinado, puede ser construido otro tipo de ordenamiento social, por eso plantea que lo contrario de un orden no es el desorden, sino que implica la construcción de otro orden diferente. La concepción de que la sociedad comprende un orden naturalmente dado se corresponde con la idea de la autorregulación de los mercados, por lo tanto, el Estado no debe intervenir ya que cualquier intervención es un obstáculo para el natural funcionamiento del mercado. Por el contrario, la concepción de la sociedad en tanto construcción histórico-social da cuenta del lugar y del papel de la política como un momento de la producción y reproducción de la sociedad por ella misma. De esta manera, Lechner (1984) propone pensar la distribución en un sentido amplio, donde la lucha política sobre la distribución concierne también la construcción de relaciones sociales, y plantea que la política “es la lucha que busca ordenar los límites que estructuran la vida social” (pp. 5). Desde estas aproximaciones la intervención social se inscribe el debate sobre la cuestión de los límites, en tanto cuestionamiento de los límites establecidos como naturales, las clasificaciones excluyentes que determinan quiénes pueden acceder y quiénes no, quiénes pueden ser sujetos de derechos y quiénes no. Fraser (1997) sostiene que toda interpretación es una intervención, lo que implica considerar desde qué concepciones y posiciones nos ubicamos frente al conflicto, a la sociedad, a los sujetos, considerando que tiene un efecto sobre eso que es lo propio de la política, que es el establecimiento de relaciones sociales. Entonces, surgen interrogantes respecto de los procesos de intervención social ¿Cuáles son relaciones sociales que se orientan a construir? ¿Cuáles son las características y condiciones del ordenamiento social que construimos o contribuimos a construir? A partir de lo cual es posible considerar que los procesos de intervención social del Estado participan en la disputa de sentidos y la distribución del poder, en la lucha sobre la formación misma de los sujetos, de las relaciones sociales que estructuran un determinado orden social.

Se considera que la estructura social “refleja los diferenciales de capitales materiales y simbólicos de una sociedad dada, los cuales están atravesados por cuestiones económicas, culturales, y a su vez son el producto de luchas y relaciones sociales de clase, de género, étnicas y territoriales” (Alvarez Leguizamón, Muñiz Terra y Arias, 2016: 18). Como plantean las autoras, se conforma un espacio donde se dirime el modo en que las sociedades se explican a sí mismas y las formas de su reinvención. De esta manera, la estructura social está compuesta de sujetos espacializados en diferentes ámbitos (agrarios/urbanos/rural-urbanos) que implican además relaciones sociales de distinto tipo (Álvarez Leguizamón, 2015). Se conforma así como un campo de disputa relacional en el que se construye y reconstruye el orden social (Alvarez Leguizamón, Muñiz Terra y Arias, 2016). Esta definición da cuenta de que la estructura social no solo refiere a una cierta composición de la sociedad en un momento histórico determinado, sino que pone de relieve las relaciones entre los sujetos en las disputas por la distribución y apropiación de capitales, así como la imposición de los principios de visión y división del mundo social como legítimos.

En este sentido, la intervención social ocupa un lugar central en las posibilidades de deconstrucción de las desigualdades sociales y la construcción de sociedades más igualitarias en los procesos de estructuración social. En virtud de lo cual, a continuación, se aborda el análisis de las políticas públicas de vejez y las intervenciones sociales gerontológicas, a la luz de estas conceptualizaciones mencionadas, desde una perspectiva histórica.

2.3. Políticas públicas: la cuestión de la vejez y la vejez en cuestión

Las relaciones entre las políticas públicas destinadas a la población mayor y los procesos de estructuración social son abordadas desde la perspectiva decolonial en tanto permite el abordaje situado de las relaciones de poder históricas por la distribución y apropiación de capitales, así como por la imposición de los sentidos y prácticas en torno a la cuestión de la vejez como legítimos en la configuración de un orden social en permanente disputa. En efecto, si bien en cada momento predomina un determinado orden social como legítimo, el análisis situado en el marco de los procesos, sociales, políticos, históricos culturales y económicos permite dar cuenta de los cuestionamientos al orden predominante como único válido, desde prácticas y sentidos otros, donde las personas mayores participan como actores sociales hacia la construcción de ordenes diferentes. Asimismo, en este análisis situado, desde la perspectiva interseccional es posible incorporar en el análisis las desiguales formas de experimentar el orden social dominante, así como los sentidos y prácticas de resistencia que expresan las vejeces en su diversidad. Huenchuan (1999) define las políticas públicas de vejez como “aquellas acciones organizadas por parte del Estado frente a las consecuencias sociales, económicas y culturales del envejecimiento poblacional e individual” (pp.28). En este sentido, se pone de relieve la posición del Estado implicando la construcción de la cuestión de la vejez, así como una determinada definición de la vejez que orienta determinadas modalidades de intervención. De esta manera se configura un campo de disputa política cuya resolución en cada momento histórico va a implicar la construcción de determinadas intervenciones del Estado en la cuestión social de la vejez. Es posible considerar que comprende una disputa política donde participan una diversidad de actores con diversos intereses y posiciones y donde se pone en juego la disputa por la definición de la vejez y de la cuestión de la vejez. En efecto, Tamayo Saez (1997) destaca que los problemas no existen en la realidad, sino que son construidos y “definidos subjetiva e interesadamente” (pp. 286). En virtud de lo cual distintos actores van a formular distintas definiciones del problema reflejando en estas definiciones sus propios intereses y concepciones. En este sentido es que la definición del problema es ante todo una cuestión política, que involucra la decisión acerca de a quién se tiene en cuenta y hasta qué punto, “el carácter eminentemente político de esta fase se muestra en toda su extensión cuando observamos las consecuencias que produce optar por una definición del problema y no por otra” (pp. 286). Las definiciones que se disputan en la lucha política no son asépticas ni objetivas, las alternativas de resolución serán distintas según sea la definición del problema que se posicione como hegemónica, determinando a su vez a quienes se beneficia y a quiénes se perjudica (Tamayo Saez, 1997).

En este sentido, como herramienta de análisis del proceso de construcción de las políticas públicas en tanto campo de lucha de poder, el ciclo de construcción de las políticas públicas permite considerar en el análisis el contexto y el conflicto político detrás del proceso, en la comprensión de los fundamentos y la forma en que actúa el Estado (Bardach, 1998; Tamayo Saez, 1997). En tanto construcción conceptual este ciclo no necesariamente ocurre en la realidad, se destaca que no todas las políticas públicas siguen este proceso en todas sus fases, e incluso algunas alteran el orden del proceso. Asimismo, no se trata de momentos estancos ni aislados, sino que todas las fases del proceso se encuentran vinculadas con un nexo de dependencia, de manera que un replanteamiento en cualquiera de sus fases afecta a las posteriores y eventualmente a las anteriores (Tamayo Saez, 1997). De esta manera, el proceso o ciclo de construcción de las políticas públicas comprende la problematización social de una cuestión para su ingreso en agenda de gobierno, momento en el que comienzan las fases de definición del problema y de los sujetos de la intervención, de la formulación de alternativas de solución, la adopción de una alternativa, implantación de la alternativa seleccionada y evaluación de los resultados obtenidos (Tamayo Saez, 1997). En el proceso de construcción de las políticas públicas destinadas a la población mayor se aborda particularmente el momento de definición del problema y de los sujetos de la intervención en tanto la definición predominante es la que va a orientar la construcción política. Como señala Huenchuan (1999) “esta definición es un producto político, crea un discurso, localiza responsabilidades y moviliza las acciones a determinados elementos ´iluminados´ por esa definición” (pp. 30). En efecto, comprende uno de los momentos más importantes en el proceso de construcción de una política pública en tanto aquellos elementos no contenidos en la definición de la cuestión quedarán fuera de ella.

En la construcción de las políticas de vejez es posible mencionar la prevalencia de dos enfoques con distintas implicancias en la disputa por la definición del problema y del sujeto, el enfoque de carencias y el enfoque de derechos. Históricamente la cuestión de la vejez implica en gran parte cuestiones socialmente construidas desde la concepción de edad cronológica de la vejez. Fundamentado entonces en la edad cronológica de la vejez, el enfoque predominante de las primeras intervenciones en la cuestión comprende el denominado enfoque de carencias, surgido en las sociedades industriales donde la vejez se construye en términos de carencias económicas, físicas y sociales (Huenchuan, 1999).

De esta manera entre finales del siglo XIX y principios del XX la cuestión de la vejez es construida como un asunto de pobreza donde la edad de la vejez constituye una condición de fragilidad en que las personas mayores descienden del nivel de subsistencia al de pobreza con más facilidad que en otras edades. Desde estas concepciones el modelo asistencialista diseñado para las personas mayores pobres comprende el asilo como única intervención en la cuestión, cumpliendo la doble función de proveer de subsistencia y de apartarlos de la sociedad (Huenchuan, 1999). Proceso que entonces invisibiliza a aquellas personas mayores que no contaban con los medios para la satisfacción de sus necesidades reproduciendo las desigualdades. Desde principios del siglo XX, en línea con el enfoque de carencias, la concepción predominante define la cuestión de la vejez como un asunto de integración social. Principalmente desde las teorías funcionalistas predominan concepciones de la vejez como una forma de ruptura social, como una pérdida progresiva de funciones, y como un alejamiento mutuo donde la persona mayor reduce voluntariamente sus actividades y compromisos, mientras que la sociedad estimula la segregación generacional presionando, entre otras cosas, a que se retire. Desde estas concepciones las intervenciones se caracterizan por mantener a las personas mayores vinculadas al sistema y su comportamiento funcional a la reproducción de la estructura social (Huenchuan, 1999). Siguiendo a la autora, hacia fines del siglo XX y principios del siglo XXI predomina el enfoque de derechos en la definición del problema y del sujeto donde se concibe a las personas mayores como sujetos de derechos. Bajo este paradigma las intervenciones se orientan a garantizar el pleno de ejercicio de los derechos de las personas mayores establecidos en los instrumentos de protección de derechos internacionales y regionales. El enfoque de derechos de las políticas de la vejez promueve la habilitación de las personas mayores y una sociedad integrada desde el punto de vista de la edad. Así traspasa la esfera individual e incluye los derechos sociales cuya realización requiere de la acción positiva de los poderes públicos, la sociedad y las personas mayores. El enfoque de derechos tiene como finalidad procurar condiciones de integralidad garantizando que las personas o grupos sociales desarrollen “su capacidad para reivindicar ante instancias de decisión las condiciones inherentes a su dignidad y que en un plano de justicia pueda cubrir sus necesidades básicas y, en definitiva, erradicar conductas o ideas inconsistentes con el respeto de aquella dignidad” (pp.33). Asimismo, desde un análisis situado en torno a la definición del problema y los sujetos de la política es posible dar cuenta de ciertas particularidades. En este sentido, en Argentina a mediados de la década del ´40 se expresa la definición de la pobreza como desposesión y el pobre como desposeído. En esta clave, el nivel de los recursos opera en el lugar de la restitución como un acto de justicia. El sujeto de la vejez es definido como sujeto de necesidades específicas y como acreedor de una deuda que la sociedad tiene con él (Arias, 2012). Asimismo, se destaca la construcción de una nueva concepción de intervención vinculada al derecho social (Carballeda, 1996). Estas acciones de restitución y reconocimiento de la desposesión hacia las personas mayores se expresan en el Decálogo de la Ancianidad impulsado por Eva Perón e incorporado en la Constitución Nacional en la reforma de 1949. De esta manera, los derechos de las personas mayores con rango constitucional comprendían el derecho a la asistencia, a la vivienda digna, a la alimentación, vestimenta, cuidado de la salud física, esparcimiento, derecho al trabajo, derecho a la tranquilidad y al respeto. No obstante, el mismo fue derogado en la reforma constitucional de 1955 en el marco de un gobierno de facto. Al respecto, es posible considerar que en nuestro contexto se expresa una disputa política histórica desde mediados del siglo XX en torno a la construcción de la vejez como objeto de cuidado y como sujeto de derechos poniendo en tensión los procesos de participación de las vejeces en el proceso social, que aun continua vigente. En efecto, si bien en cada momento histórico predomina un determinado enfoque, se encuentran vigentes las disputas de sentidos en torno a la vejez y la tensión en tanto objeto de cuidado/sujeto de derechos como fundamento de las políticas públicas de vejez. De esta manera, comprenden procesos que ponen de manifiesto las disputas históricas por la definición de la vejez y de la cuestión de la vejez en la construcción política.

Asimismo, a partir de estos análisis es posible considerar las implicancias en términos de la producción y reproducción de la vida en la vejez, donde se pone en juego el lugar que ocupa la vejez en la construcción social y los mecanismos legítimos para la reproducción de la vida y, por lo tanto, la reproducción o transformación de un determinado orden social.

2.3.a. Intervenciones sociales en el campo gerontológico

En el marco de las políticas públicas de vejez se aborda particularmente el análisis de la construcción de las intervenciones sociales gerontológicas desde la perspectiva histórica. En este sentido, la disputa por la definición del problema y del sujeto de la vejez se aborda no solamente en torno a los fundamentos y la posición del Estado mencionados, sino también las implicancias en las condiciones de vida de las personas mayores, que tensionan el pleno ejercicio de los derechos. De esta manera, en el amplio marco de las políticas públicas de vejez, tomando los aportes de Danani (2009) es posible considerar a las intervenciones sociales gerontológicas en términos de aquellas intervenciones específicamente sociales del Estado que producen y moldean directamente las condiciones de vida y de reproducción de la vida de las personas mayores situadas en un contexto sociohistórico. En nuestros contextos sociohistóricos, políticos, económicos y culturales las disputas de poder que van configurando los movimientos de la estructura social configuran procesos en los que se imponen el pensamiento y las epistemologías eurocéntricas como legítimos para ver y entender el mundo. Pensamiento sobre el cual se fueron construyendo y legitimando las categorías jerárquicas con base en los ejes de raza/etnia, género, clase social y territorio que operan como base para el reconocimiento o negación de derechos. Se configuran así procesos donde las vejeces que son situadas en las escalas más bajas de la jerarquía quedan expulsadas, invisibilizadas del proceso social. Donde las diferencias en los procesos de envejecimiento y en las formas de habitar la vejez son construidos como ejes de desigualdades configurando múltiples manifestaciones de la cuestión social.

En nuestro país los procesos de formación del Estado Nación se encuentran atravesados por el patrón de poder colonial, capitalista y patriarcal donde el diseño e implementación de las políticas sociales fueron concebidos desde pensamientos, dinámicas y estructuras ajenas a la realidad latinoamericana, por fuera de los procesos históricos e invisibilizando la diversidad de formas de ser y estar en el mundo. Los conceptos de geopolítica y corpopolítica del conocimiento, surgen desde los contextos invisibilizados por la teoría eurocéntrica, develando el privilegio epistémico occidental que denomina y clasifica como lugar de no pensamiento al otro, al cuerpo racialmente marcado “Desde un punto de observación neutral y desapegado el sujeto conocedor delinea el mundo y sus problemas, clasifica pueblos y los proyectos que son buenos para ellos” (Mignolo, 2010:9). De esta manera, la concepción e implementación de ciertas políticas desde el Estado en nuestros contextos se encuentra atravesada por las clasificaciones sociales jerárquicas, pensadas desde el contexto que “tiene” el pensamiento, para ser implementadas en los contextos de los cuerpos sin ideas. En efecto, Mignolo plantea que “el primer mundo tiene conocimiento, el tercer mundo tiene cultura; los nativos americanos tienen sabiduría, los angloamericanos tienen ciencia” (Mignolo, 2010:10) Así, esta clasificación jerárquica opera como base para el reconocimiento o negación de derechos, estableciendo quiénes pueden ser sujetos de derechos. En este sentido, resulta relevante abordar las construcciones en torno a la vejez y personas mayores que fundamentan las intervenciones sociales gerontológicas en nuestros propios contextos.

Al respecto, Manes (2021) analiza los modelos de intervención con personas mayores en el contexto nacional en distintos periodos históricos. La autora plantea la existencia de un modelo de intervención predominante denominado “Modelo de intervención de Protección de los Derechos de los Trabajadores Mayores” desde 1947 hasta 2015 que presenta diversas tensiones, modificaciones, continuidades y ampliaciones dentro de cada período. A partir de lo cual Manes expresa que en la Argentina se constituyó un modelo de intervención:

ligado al trabajo como organizador de las políticas destinadas a las personas mayores, que va tomando características particulares en cada período, pero que mantiene la relación entre los derechos de los mayores con los derechos relacionados con el empleo: seguridad social, salud y políticas sociales (pp.258).

De manera que en cada momento histórico las políticas sociales se caracterizan por una determinada concepción de las personas mayores como sujeto de la política y una determinada modalidad de intervención. Manes (2021) establece los antecedentes del Modelo de intervención de Protección de los Derechos de los Trabajadores Mayores en el siglo XIX a partir de las primeras intervenciones orientadas a la población mayor presentando las diversas rupturas y continuidades que se expresan en los distintos contextos históricos, sociales y políticos. En el período iniciado en los años ´70 y profundizado en los ´90 la autora señala las “transformaciones neoliberales en el Modelo de intervención de Protección de los Derechos de los Trabajadores Mayores” (pp. 204). La centralidad del mercado caracteriza este período fundamentalmente como legitimador de condiciones de desigualdad en la vejez. De esta manera, la autora plantea que el mercado aparece:

como figura central reguladora de la economía y de los derechos sociales, y se configura una nueva dimensión de un derecho privado posible de ser adquirido a través del consumo. La seguridad y la salud comienzan a ser productos y la vejez es conceptualizada como un gasto (pp. 204).

En efecto, en la década del `70 con la instauración de dictaduras cívico-militares en América Latina, se implementan políticas de corte neoliberal, que se profundizan en la década del ´90 y que presentan continuidades en la actualidad en determinados territorios. Los contextos neoliberales producen la caída del Estado Nación como organizador simbólico de la sociedad. La instalación de la lógica de mercado en el Estado impone un nuevo orden simbólico que construye y legitima un sujeto que solo tiene derechos de “consumidor” y no como ciudadano. Esta caída del Estado Nación es la caída de toda narrativa de anclaje modificando el suelo de constitución subjetiva. Las formas de producción de la subjetividad se inscriben en condiciones sociales y culturales específicas. Lo intersubjetivo circula en el lazo social, se constituyen sentidos que a su vez fundamentan determinadas prácticas como legítimas. En las condiciones mencionadas, la subjetividad neoliberal impone y legitima la mercantilización de las vejeces en un orden meritocrático. En efecto, en un contexto caracterizado por el creciente desempleo, empobrecimiento y privatización de los servicios, la principal política del Estado respecto de la población mayor implicó la privatización del sistema de jubilación. Se trata de un proceso donde aquellas vejeces que no pueden acceder a través del mercado quedan expulsadas del acceso a la jubilación mediante la fragmentación institucional del sistema solidario de reparto. Fundamentada en la concepción de un ordenamiento natural de la sociedad donde la vida legítima es una vida mercantilizada, las intervenciones sociales bajo la lógica neoliberal implican el desmantelamiento del sistema solidario de previsión social, imponiendo el sentido meritocrático sobre el acceso a la jubilación. Estos sentidos y significaciones que subyacen en las intervenciones sociales neoliberales se fundamentan en la concepción de un ordenamiento natural de la vida en la sociedad que supone la autorregulación de los mercados donde toda intervención social implica un obstáculo en su natural funcionamiento. Concepción que se corresponde con la construcción positivista y biologicista de la vejez asociada con los estereotipos negativos que la vinculan con la pasividad, improductividad y enfermedad, constituyendo un obstáculo para el progreso. Sin embargo, la privatización del sistema de seguridad social en tanto intervención social del Estado expresa que el orden social comprende una construcción histórica social dando cuenta del lugar y del papel de la política como un momento de la producción y reproducción de la sociedad por ella misma.

En este sentido, es posible considerar que lo que se encuentra en permanente disputa es el ordenamiento social y su distribución del poder, donde se configura la disputa de sentidos acerca de la concepción de la sociedad y del sujeto, en este análisis, del sujeto de la vejez. Esto implica que la intervención social comprende una construcción permanente, histórica y socialmente situada en los procesos de estructura y estructuración social. En efecto, desde la perspectiva histórica los procesos de intervención social respecto de la población mayor expresan los movimientos en las disputas en la distribución del poder y de los sentidos en torno al envejecimiento y la vejez. A partir del año 2003 las intervenciones sociales del Estado dan cuenta de otra direccionalidad del Estado respecto del período anterior, estableciendo otras orientaciones en la construcción del orden social que tiende a la construcción de relaciones sociales de derecho. Manes (2021) caracteriza el modelo de intervención en este período como “Ampliación del Modelo de Protección de los Derechos de las Personas Mayores Trabajadoras”. En este periodo la construcción de las intervenciones sociales gerontológicas se caracteriza por la definición de envejecimiento como proceso, la conceptualización de la vejez como una construcción social, el cuestionamiento de los prejuicios y la discriminación por edad, las referencias al envejecimiento diferencial y la diversidad en la vejez, la incorporación de perspectiva de género y la diversidad sexual. Se plantea así otra concepción del sujeto de la intervención social “definido como un titular de derechos, protagonista de la transformación social y como participante activo con capacidad de decisión” (pp. 266). En este sentido, el Estado comienza a implementar una serie de políticas tendientes a la reducción de la desigualdad y la mejora de las condiciones de vida en la vejez desde una perspectiva de derechos y justicia social. En este contexto, nuevamente se implementa el sistema solidario de reparto, y se incluye la posibilidad de acceder a la jubilación por medio de moratoria previsional. A partir de esta medida las personas mayores “alcanzaron los niveles más altos de protección institucionalizada”, expresando que hacia finales del año 2015 la cobertura total de personas de 65 años y más alcanza un 90,8% (Danani, Arias, Chiara, Gluz, 2018:140). Asimismo, se amplía la cobertura de poblaciones hasta el momento excluidas del derecho previsional con la implementación de la jubilación de amas de casa. En este sentido, las autoras señalan que la seguridad social “fue capaz de reducir y hasta invertir las brechas de género” (Danani, Arias, Chiara, Gluz, 2018:142). De manera que estas políticas orientaron procesos hacia la deconstrucción de las desigualdades de género incluyendo el reconocimiento del trabajo de las mujeres en el ámbito doméstico. Asimismo, se observa que los sistemas de protección redujeron las desigualdades también territorialmente, alcanzando coberturas del 80% para personas mayores en las regiones más desventajadas (Danani, Arias, Chiara, Gluz, 2018). Se trata de acciones que producen procesos inclusivos, reconociendo el derecho a la vejez, en la implementación de políticas orientadas a concretar el acceso a la jubilación de la población mayor y particularmente de aquellas vejeces históricamente excluidas. Lo que a su vez amplía y facilita el acceso al consumo por parte de la población mayor. En este sentido, las autoras agregan que, si bien las reformas del período no conmovieron la estructura de la protección social, se trata de acciones que desafiaron su funcionamiento “porque aquella estrategia de habilitar el acceso a instituciones de la seguridad social a través del pago subsidiado trajo al campo de las políticas de protección y bienestar el desafío de la sociabilidad” (Danani, Arias, Chiara, Gluz, 2018:146). En efecto, las autoras señalan que la mejora de los ingresos parece haber alimentado la utilización de servicios privados. En materia de salud aumentaron de continuo las contrataciones de medicina prepaga, dando cuenta de un distanciamiento de “lo público”. En este sentido, estas políticas no alcanzaron a resolver la pobreza, que siguió aquejando a un mínimo del 20% de la población (Danani, Arias, Chiara, Gluz, 2018:142). Al respecto, Kessler plantea un proceso de democratización del consumo, donde si bien los sectores populares y medios pudieron acceder a la compra de bienes y servicios, coincidió con la pobreza estructural. Es decir, este acceso al consumo produjo una coexistencia de consumo y pobreza (Kesler, 2014). En este sentido, es posible considerar que se trata entonces de intervenciones sociales que, si bien tienden hacia procesos de desmercantilización no necesariamente desmercantiliza las necesidades, sino que las reenvía al mercado, ya que la persona luego obtiene los medios de satisfacción de las necesidades nuevamente en el mercado (Danani, 2009). Como se mencionó anteriormente los procesos de desmercantilización no implican la desaparición del mercado, sino la suspensión de sus reglas por un momento, de manera que no es posible considerar una desmercantilización total y absoluta. Ahora bien, como sostiene Esping Andersen (1993) se trata de un proceso de desmercantilización en tanto y en cuanto exprese y materialice el ejercicio de un derecho. De esta manera, el debilitamiento del nexo monetario no implica que la desmercantilización sea un proceso económico. El ejercicio de un derecho implica que el acceso al mismo tiene que darse en condiciones en las cuales ese ejercicio pueda ser ejecutable. Es decir, en condiciones en las cuales quien recibe los ingresos o el servicio pueda exigir su entrega en el caso de que no se cumplimente. Y esa cuestión es lo que, en estas intervenciones sociales gerontológicas, potencialmente implica procesos de socialización y politización comprendiendo la constitución de relaciones sociales no mercantiles, sino relaciones político-institucionales. Es por esto que la desmercantilización es un proceso sociopolítico y no económico. En tanto un derecho se ejecuta ante el Estado, solamente la intervención estatal hace que ese acceso a un bien o servicio o a los ingresos se constituya en un derecho, y eso constituye una relación político-institucional. De esta manera, en un contexto históricamente caracterizado por la desigualdad en la vejez estos procesos resultan fundamentales en el análisis de las intervenciones sociales gerontológicas hacia la construcción de un determinado orden social. En este contexto de desigualdad, la complejidad da cuenta de que ambas direccionalidades del Estado se encuentran vigentes y coexisten en distintos territorios.

A continuación, se profundiza el análisis en torno a las construcciones diferenciales de la vejez en los contextos donde prevalece la construcción de relaciones sociales mercantiles que tensionan el acceso y ejercicio de los derechos de las personas mayores. Contextos donde emergen nuevas expresiones de la cuestión social con implicancias en las condiciones de vida de las vejeces. En estos escenarios, las perspectivas decolonial e interseccional permiten poner de relieve la construcción de sentidos y estrategias de resistencia de las vejeces históricamente invisibilizadas frente a las desigualdades.

2.4. Construcción política: la vejez como relación social. Aportes desde las perspectivas decolonial e interseccional

Es en los procesos de construcción política donde se configuran las disputas acerca de la concepción de la sociedad, la distribución del poder y de los sentidos en torno al envejecimiento y la vejez hacia la constitución de determinadas relaciones sociales que se orientan a la construcción determinados ordenamientos sociales.

En efecto, la década del ´90 se caracteriza por una continuidad en la implementación de políticas neoliberales con la reinstalación de la lógica de mercado en el Estado. De acuerdo con Manes (2011) respecto de las intervenciones sociales orientadas hacia la población mayor predomina el “Paradigma del derecho subejecutado” donde se impone una reforma previsional que implica una reducción del valor de las jubilaciones y un recorte presupuestario en seguridad social. Comprende una direccionalidad estatal que presenta continuidades en la actualidad en distintos territorios del país como la Ciudad de Buenos Aires. De manera que en estos procesos se produce entonces una nueva fragmentación del lazo social, que asimismo implica una fragmentación del lazo social intergeneracional, produciendo y reproduciendo la mirada individualista y mercantilista de la vejez. Esto implica que no se trata de un sujeto constituido alrededor de un sistema compartido sino de un sujeto fragmentado, despojado del lazo social. Al perder su poder de enunciación, aparece como desinvestido de sentido, como lugar simbólicamente destituido, generando una imposibilidad de instalar alguna condición subjetiva de posibilidades. De esta manera, la imposición de retiro del mercado de trabajo configura distintos accesos a la seguridad social donde aquellas vejeces que no pueden acceder a través del mercado para la producción y reproducción de la vida quedan expulsadas de diversos espacios sociales de producción y participación social.

En este sentido, es posible considerar un proceso con implicancias en la construcción de relaciones sociales y las disputas de sentidos hacia la mercantilización de la vejez. Como señala Yuni (2015) “Los adultos mayores no solo se convierten en un mercado potencial para diferentes consumos, sino que ellos mismos son transformados en una mercancía” (pp. 329). En este sentido, la mercantilización de la vejez implica todas las dimensiones de la producción y reproducción de la vida en la vejez como “la salud, la muerte, la estética, el cuidado del cuerpo, la calidad de vida, los sistemas de jubilaciones, el consumo de opciones para el ocio, la educación, el turismo, la industria alimentaria” (Yuni, 2015: 329). De esta manera es posible considerar que los procesos de mercantilización de la vejez empujan a las personas mayores a recurrir al mercado en la producción y reproducción de la vida como ordenamiento de la forma legítima de vida. Es decir, establece la concepción legítima de cómo deben ser las vidas en la vejez incluyendo procesos de participación y vinculación social. Se trata de un proceso de mercantilización que produce y reproduce sentidos individualistas y meritocráticos en torno a la vejez “que lleva a sostener que se envejece como se ha vivido, enmascarando el efecto de los procesos estructurales que asignan en forma desigual posibilidades y recursos materiales y simbólicos” (Yuni, 2015: 329). Así desde la perspectiva interseccional es posible dar cuenta de las ventajas y desventajas no solo acumuladas en el curso de vida, sino también aquellas que se presentan en las trayectorias particulares del momento de la vejez en intersección con otros ejes de poder como el género, la raza/etnia y la clase social.

En este sentido, desde las perspectivas críticas en torno al abordaje del envejecimiento y la vejez, el enfoque de curso de vida como herramienta de análisis permite abordar las relaciones que existen entre las trayectorias de vida particulares en la vejez y los procesos sociales. Como señala Blanco (2011), en América Latina este enfoque comenzó a ser utilizado más frecuentemente en década del ´90, y se orienta al análisis de las relaciones y configuraciones entre los eventos históricos, los cambios económicos, demográficos, sociales y culturales y las vidas individuales, así como las cohortes o generaciones. En efecto, el curso de vida reconoce al proceso de envejecimiento como un proceso social y, por lo tanto, se orienta al análisis del carácter dinámico y recíproco del cambio continuo a nivel macro social, meso social y las vidas humanas, considerando los condicionantes sociales basados en los ejes de distribución del poder de género, orientación sexual, raza/etnia, clase social, que cristalizan en procesos de acumulación de ventajas y desventajas a lo largo del curso de la vida (Blanco, 2011).

El concepto de trayectoria, como uno de los elementos organizadores centrales del análisis del curso de vida, se puede definir por el proceso de envejecimiento o el movimiento a lo largo de la estructura de edad, abarcando una variedad de ámbitos de la vida, como el trabajo o la escolaridad, que son interdependientes. Así, las trayectorias comprenden transiciones que refieren a los cambios de estado, posición o situación, que, si bien no se encuentran predeterminados, en términos generales hay cambios que tienen mayor o menor probabilidad de ocurrir en tanto continúa prevaleciendo un determinado sistema de expectativas sociales en torno a la edad, como las entradas y salidas del mercado de trabajo, que, a su vez, adquieren particularidades según ámbitos, grupos sociales, culturas o sociedades (Blanco, 2011). En efecto, desde este enfoque es posible considerar que en relación con un determinado sistema de expectativas sociales cada transición en torno a las expectativas normativas de la edad implica el retiro de determinados espacios sociales al tiempo que el ingreso a otros espacios sociales. No obstante, respecto de las expectativas normativas las transiciones hacia la vejez implican el retiro de espacios sociales, principalmente del trabajo, pero no implican necesariamente el ingreso a otros. Como señala Yuni (2015) “ya en la década de los setenta diferentes sociólogos de la vejez denunciaron que la vejez era una edad sin roles sociales significativos, en tanto que las etiquetas de pasivos, retirados o improductivos producía su invisibilización y segregación de la vida social” (pp. 325) Si, como se mencionó anteriormente, el trabajo se configura como el principal ordenador de la sociedad (Roqué, 2016; Manes, 2021), el retiro del trabajo entonces conlleva una diversidad de espacios sociales. Desde esta perspectiva es posible analizar que los procesos de mercantilización de la vida construyen relaciones sociales que envían al mercado la producción y reproducción de la vida en la vejez produciendo nuevas expresiones de desigualdad. Procesos donde las vejeces que ocupan las posiciones privilegiadas tienen acceso a la resolución de la producción y reproducción de la vida a través del mercado, accediendo a una diversidad de espacios de participación social en todos los ámbitos de la vida. Mientras que aquellas que son situadas en las posiciones más desfavorecidas son expulsadas siendo responsabilizadas por su situación, configurando trayectorias de vulneración de derechos en la vejez.

En este sentido, en el diseño e implementación de las intervenciones sociales gerontológicas se evidencian las construcciones históricas en torno a la vejez que configuran un campo de disputas de sentidos con implicancias en el pleno ejercicio de los derechos. En efecto, se trata de movimientos de sentido entre la concepción de la población mayor en tanto sujeto de derechos en el marco de un modelo restitutivo, y la construcción diferencial entre aquellas personas mayores “merecedores” del acceso a la jubilación y aquellos que no, con implicancias en quiénes pueden ser sujetos de derechos en el marco del modelo neoliberal. A su vez, como implicancias de esta construcción diferencial se producen y reproducen estereotipos negativos y prejuicios particularmente respecto de las “vejeces no merecedoras” relacionando el envejecimiento con la enfermedad, la improductividad y la pasividad. Al mismo tiempo se construyen sentidos positivos y accesos a espacios sociales, de trabajo y diversas actividades en relación con las vejeces que pueden acceder al mercado. Así, ciertas vejeces quedan expulsadas del proceso social negando su participación en el proceso social configurando un contexto de emergencia de nuevas expresiones de la cuestión social donde los espacios de participación social de ciertas vejeces entran en crisis.

En efecto, se trata entonces de un contexto donde emergen nuevas manifestaciones de la cuestión social caracterizadas por la complejidad. Así se expresan situaciones atravesadas por una multiplicidad de problemáticas sociales produciendo profundas implicancias en las condiciones de vida de las personas mayores en un contexto que legitima la expulsión de ciertas vejeces de diversos espacios productivos y sociales. De manera que en estos contextos caracterizados por la desigualdad y la complejidad emergen nuevas formas de expresión de la cuestión social. En efecto, las problemáticas sociales complejas prorrumpen en un mundo en el cual el mercado aparece como el gran disciplinador. Surgen en una tensión entre necesidades y derechos, la diversidad de expectativas sociales y un conjunto de diferentes dificultades para alcanzarlas (Carballeda, 2008). Las problemáticas sociales complejas dan cuenta de una serie de problemáticas transversales que sobrepasan la especificidad de cada institución y hasta el sentido de la intervención (Carballeda, 2008).

Respecto a los procesos de envejecimiento es posible considerar que en este contexto los espacios de inserción y participación social de ciertas vejeces entran en crisis donde los procesos de exclusión van cerrando cada vez más espacios de socialización de las personas mayores, implicando procesos desubjetivantes en tanto es en estos espacios de socialización donde se construyen procesos subjetivos con el otro, de identidad y pertenencia.

2.5. La vejez como sujeto de la política en contexto de pandemia

Cabe destacar que en el actual contexto estos procesos adquirieron mayor complejidad a partir de la irrupción a nivel mundial de la pandemia por Covid-19 a comienzos del año 2020. En este sentido, el contexto de pandemia produjo, y continúa produciendo, profundas transformaciones en nuestra sociedad y en las sociedades a nivel global. Se trata de una situación de emergencia sanitaria que, si bien impacta en todos los sectores sociales, afecta particularmente a aquellas poblaciones vulneradas, con accesos negados o restringidos, o en situación de exclusión social (Wood, Savino, Carchak Canes, Melechenko, 2021).

En este contexto, cada país ha delineado diversas estrategias orientadas a evitar el contagio en el abordaje de la situación de emergencia sanitaria. En efecto, en nuestro país como primera y principal política a nivel nacional se implementó la medida de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) mediante el Decreto 297/2020 de marzo de 2020 que establece que las personas debían permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren, pudiendo realizar solo desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. Posteriormente se implementa el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) mediante el Decreto 67/2021 desde febrero de 2021, que, en otras medidas, establece que las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros. En el diseño e implementación de estas políticas se expresa particularmente la disputa de sentidos en tanto disputa sociohistórica en la definición del problema y del sujeto de la vejez. En estos procesos se destaca la situación particular de las personas mayores que dado el contexto de emergencia sanitaria y las características del Covid-19 fueron categorizados como “población de riesgo” debido a la edad. En marzo de 2020 el Ministerio de Salud de la Nación estableció en el Anexo II de la Resolución 627/2020 que las personas mayores de 60 años debían permanecer en el domicilio la mayor parte del tiempo y minimizar el contacto social. En este marco, en la Ciudad de Buenos Aires se implementaron una serie de medidas destinadas a evitar los desplazamientos de las personas mayores, incluyendo aquellos mínimos e indispensables tales como aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. De esta manera, en abril de 2020 se implementa el Programa Mayores Cuidados con el objetivo de organizar y coordinar una red colaborativa, convocando a vecinos/as como voluntarios/as, con los adultos mayores durante la emergencia sanitaria “tanto de manera telefónica, de asistencia afectiva y compañía como presencial, ayudando a realizar las compras de alimentos, medicamentos o los que necesite la persona así como el paseo de su mascota, para permitirle que pueda quedarse en su hogar” (Resolución N.º 16/MJGGC/20). Asimismo, establece mediante un convenio con el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) que los trabajadores/as puedan durante su jornada de trabajo “realizar acciones de asistencia para los habitantes del edificio que se encuentren en los grupos de riesgo, ayudando con ello que no requieran salir de sus hogares” (Res. N.º 16/MJGGC/20). Otra medida implementada en el marco del Programa Mayores Cuidados establecía la obligación para las personas mayores de 70 años de solicitar un permiso para circular por el espacio público en el caso de necesidades urgentes. Así, se implementa el servicio de atención ciudadana 147 para “poder identificar aquellas salidas que puedan ser resueltas por parte del estado en colaboración con la ciudadanía y eviten así la necesidad de la persona mayor de salir a la vía pública” (Res. N.º 16/MJGGC/20). De esta manera en su Artículo 2° establece que a los efectos de evitar que las personas de 70 años o más “salgan innecesariamente de su domicilio o lugar en el que se encuentren cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto N° 297/PEN/20, establécese la necesidad de comunicarse previamente con el servicio de atención ciudadana al número 147” (Res. N.º 16/MJGGC/20). Luego en su Artículo 3° indica una vigencia de ese permiso por el transcurso de 48 hs (Res. N.º 16/MJGGC/20). Frente a esta medida surgieron una serie de respuestas y oposiciones desde organizaciones de mayores y diversos ámbitos sociales, políticos y jurídicos principalmente fundamentados en el principio de autonomía de las personas mayores, de igualdad y participación efectiva en la sociedad como derechos reconocidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015), dando lugar a la posterior anulación de la misma.

Se trata entonces de configuraciones sociopolíticas que expresan el debate acerca de la construcción de sentidos en torno al envejecimiento y la vejez, y que ponen en tensión el pleno ejercicio de los derechos de las personas mayores (Wood, Savino, Carchak Canes, Melechenko, 2021, 2021). En este sentido, el contexto de pandemia y de emergencia sanitaria expuso y profundizó las desigualdades existentes en las sociedades. Como señala el Informe “Impacto del Aislamiento social, preventivo y obligatorio en las personas mayores del AMBA” (Manes y otres, 2021) resulta relevante visibilizar la heterogeneidad de situaciones que han atravesado las personas mayores durante el ASPO, “entendiendo que han existido diversos y desiguales modos de transitarlo. Esta heterogeneidad se vincula con el hecho de que no existe un modo de envejecer en singular, sino múltiples y diversas formas de transitar este proceso” (pp. 9). Según el Informe, entre las principales manifestaciones del impacto del ASPO el 80% de las personas mayores encuestadas hacen referencia al distanciamiento de los seres queridos, el 33% a la soledad, angustia, ansiedad, miedo y un 28% a la pérdida de autonomía. Les autores expresan así la necesidad de un abordaje integral de la salud que no se detenga meramente en lo biológico (Manes y otres, 2021). En efecto, el análisis de las medidas implementadas pone de manifiesto la tensión objeto de cuidado/sujeto derecho en torno a la construcción del sujeto de la vejez. Si bien se orientan al cuidado y prevención de contagio de las personas mayores, las intervenciones expresan una concepción de la vejez únicamente desde el aspecto biológico sin considerar los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales que atraviesan los procesos de envejecimiento. En este sentido, se trata del predominio de la perspectiva que comprende la vejez en términos homogéneos desde el enfoque biomédico (Wood, Savino, Carchak Canes, Melechenko, 2021).

En esta tensión se expresan las históricas disputas de sentidos donde las vejeces también participan por la definición del problema y del sujeto de la vejez en los procesos de construcción política. En virtud de lo cual, como plantea Quijano (2000), las disputas y relaciones de poder constituyen procesos de clasificación, desclasificación y reclasificación social de las sociedades. En tanto las clasificaciones hegemónicas son el resultado de las disputas y luchas de poder, conforman construcciones socio históricas, dando cuenta de que no solo los lugares y roles pueden ser construidos de otra forma, sino que se encuentran en un movimiento permanente.

En este sentido, las relaciones de poder se encuentran siempre en movimiento y conflicto expresando procesos de distribución y redistribución. Asimismo, las relaciones de poder no conforman “nichos estructurales pre-existentes” determinantes, sino que las relaciones que se establecen respecto del control de las instancias centrales de poder conforman disputas que se expresan en movimientos, avances, retrocesos y resistencias.

En efecto, frente a estas situaciones de exclusión y expulsión las personas mayores desarrollan diversas estrategias y prácticas que se orientan hacia la búsqueda de construcción de diversas formas de participación social. En este sentido, resulta relevante reflexionar y recuperar las prácticas de participación en el proceso social que se configuran muchas veces como prácticas de resistencia frente a las desigualdades crecientes en la sociedad, poniendo en cuestión la construcción médico-hegemónica y mercantilizada de la vejez.