Roberto Bavastro y Constanza Mazzina

Introducción: del optimismo a la realidad

La tercera ola de democratización que se inicia a fines de los años 70 y marca toda la década de los 80 y los primeros años de la del 90, sumada a la caída del Muro de Berlín, trajo la ilusión de que el proceso iniciado era irreversible y todo era posible en democracia. Ese optimismo democrático nos hizo creer que habíamos aprendido la lección: si no habíamos llegado al fin de la historia –tal como escribía Fukuyama en aquel entonces–, cuando menos parecía el fin de una historia de confrontaciones entre modelos autoritarios y democráticos.

Para mediados de los años 90 todos los países de la región habían logrado transitar el camino que los llevó a la democracia. Todos menos Cuba. Cuba se convirtió, primero, en aquello que ya no queríamos ser, pero luego, para muchos, fue un baluarte de resistencia y un modelo a seguir. Desde ahí, se inició el camino para el retorno de viejas y malas prácticas que siguen, aún hoy, tiñendo el horizonte de la democracia en la región. Ayudados por “el viento de cola” del precio del petróleo venezolano, la alianza entre Castro y Chávez^[2] colaboró con el desdibujamiento del optimismo democrático que había reinado al inicio de la tercera ola. “Atados a lo que se denominó viento de cola los gobiernos del socialismo del siglo XXI despilfarraron los recursos y la oportunidad que se les abría, evidenciando altísimos niveles de corrupción y un desapego notorio de las reglas de juego de la democracia republicana”.^[3] Así, se fue abriendo paso un proceso de desdemocratización que sacudió hasta sus cimientos a la democracia venezolana y –hoy también– a la nicaragüense, y que, al mismo tiempo, impidió la apertura democrática del régimen cubano. Bajo el paraguas del castrismo, la democracia en esos países se convirtió en una fachada para la consolidación de nuevas formas de autoritarismo. Hoy América Latina se enfrenta en silencio a dictadores de nuevo cuño. Con el paso del tiempo, Cuba fue exportando su modelo iliberal y antirrepublicano. Castro había aprendido que no había que hacer la revolución ni un golpe de Estado al estilo de las intentonas de Chávez, sino que, a través de la vía electoral, se podía llegar al poder y desarmar desde ahí adentro el propio andamiaje democrático. El modelo iliberal se consolidó y cruzó fronteras, siguió avanzando y su retórica llegó también al otro lado del Atlántico. América Latina cerró 2023 con más incertidumbre que certeza, características que hoy parecen recorrer el mundo entero.

Este capítulo tiene por objetivo analizar el panorama regional en vista de los más de cuarenta años de inicio de la ola de democratización en la región, haciendo hincapié en los desafíos con los que se encuentra, y plantear algunas preguntas para los próximos años.

Nuevas formas, viejas mañas: el camino autocrático

El último reporte de VDEM –Varieties of Democracy, 2023– señala que la democracia no solo está en retroceso, sino que la autocratización sigue avanzando. Por primera vez en más de dos décadas, el mundo tiene más autocracias cerradas que democracias liberales. El 28 % de la población vive en autocracias cerradas y solo el 13 % en democracias liberales. El nivel mundial de democracia ha vuelto a 1986, es decir, al momento en que en América Latina transitábamos la tercera ola de democratización que todavía no había llegado a Europa del Este. De esta manera, más de 35 años de avances democráticos se han evaporado durante la última década. El declive es más dramático en la región Asia-Pacífico, que ha vuelto a los niveles registrados por última vez en 1978. Europa del Este y Asia Central, así como América Latina y el Caribe, han vuelto a los niveles de finales de la Guerra Fría.^[4] ¿Cuáles han sido los cambios más dramáticos en esta década? El informe señala que la libertad de expresión se ha deteriorado en 35 países en 2022; hace diez años era tan solo en 7 países. La censura gubernamental de los medios de comunicación empeoró en 47 países. La represión gubernamental de las organizaciones de la sociedad civil se ha agravado en 37 países y la calidad de las elecciones empeoró en 30 países. La caja de herramientas de las autocracias es extensa, entonces, ¿sobre qué instituciones, sobre qué libertades avanzan los autócratas? Por un lado, se aumenta la censura de los medios de comunicación y la represión de las organizaciones de la sociedad civil, pero también disminuye la libertad académica: en más de 25 países en proceso de autocratización. Es decir, la libertad académica y cultural, así como la libertad de debate, también figuran entre las principales instituciones atacadas por los autócratas.^[5]

El avance, hasta hace poco tiempo inevitable, de la democracia liberal a escala mundial se ve desafiado por nuevas (o no tan nuevas) alternativas. No estaríamos aquí en presencia de un desenlace producto del “backsliding” o la “regresión democrática” (Pérez Liñán, Schmidt & Vairo, 2019), tampoco del clásico quiebre de las democracias –breakdown– acontecido entre la primera y la segunda oleada democrática resultado del golpe cívico-militar tradicional (Linz & Stepan, 1977), sino más bien de una etapa caracterizada por la lenta erosión de la democracia: mediante cambios amparados en procedimientos legales se socava la legalidad democrática en un proceso de creciente “autocratización” (Lurhman & Lindberg, 2019; Leiras & Mazzina, 2021).

La muerte lenta de la democracia, a la que hacía referencia Guillermo O’Donnell, ya no representaría un fenómeno privativo de democracias tardías o delegativas (O’Donnell, 2011) sino también de democracias de larga frecuencia, duración y tradición (Levitsky & Ziblatt, 2018). Esto mismo ha sido señalado en el informe de IDEA Internacional (2020):

Los retrocesos democráticos modernos ocurren desde el interior del sistema democrático, a través de reformas legislativas y constitucionales y de decisiones políticas tomadas por mayorías democráticamente elegidas. El gradual vaciamiento de los pilares no electorales de las democracias en retroceso, finalmente daña los principios básicos de control popular e igualdad política de la democracia (p. V).

El siglo XXI nos presenta un nuevo desafío: el retroceso democrático que conlleva la ruptura democrática “desde adentro”. El retroceso democrático, una forma específica de erosión democrática, implica el debilitamiento intencional, deliberado del sistema de separación de poderes a través de restricciones a las libertades civiles y políticas. El índice sobre el Estado de la Democracia en el Mundo define retroceso democrático como un “debilitamiento gradual e intencional del control ejercido sobre las instituciones gubernamentales y de rendición de cuentas, acompañado de una disminución de las libertades civiles” (Bavastro & Mazzina, 2020).

El término “democracia con adjetivos” fue desarrollado por Collier y Levitsky (1998) a finales de los años noventa para calificar a las democracias de la tercera ola cuando, pasados unos años, mostraban ya signos preocupantes. Aquellos adjetivos apuntaban al centro de los atributos de las democracias liberales: si el sufragio tenía problemas (las elecciones no eran libres, limpias o competitivas), configuraba una “democracia oligárquica”; si estaban restringidas o cercenadas las libertades civiles, se abrían paso las “democracias iliberales”; si la oposición era perseguida o limitada por diversos medios, entonces se llegaba a una “democracia controlada”. En este contexto, ¿qué adjetivo se les pondría a las democracias latinoamericanas en la actualidad? Patrones estructurales subyacen en la política regional que, combinados, pueden incluirse en todos los tipos de democracias con adjetivos que hoy podemos clasificar como “democracias defectuosas” o también “democracias disfuncionales”, como señaló L. Whitehead^[6] (2003). Es decir, el conjunto de problemas que muestran nuestras democracias atraviesa la historia de todos los gobiernos de la tercera ola, y convierte esos “adjetivos” en problemas sistémicos, no ya coyunturales: algunos gobiernos limitan las libertades (fundamentalmente de prensa y expresión); en otros casos, el sufragio no es libre o no es competitivo; algunos, incluso, persiguen a la oposición. Pero un paso más y ya no estamos frente a democracias con defectos, sino ante regímenes híbridos, y si el camino continúa, llegamos a regímenes autocráticos. Así, en el extremo, encontramos a Cuba como una autocracia plena, cerrada. Los casos de Venezuela y Nicaragua muestran el camino de la desdemocratización y la deriva autoritaria. Estos últimos son perfectos ejemplos de que en la actualidad las democracias mueren en las manos de líderes electos que hacen uso y abuso del poder para subvertir los mecanismos democráticos a través de los cuales llegaron al poder; una a una van desmantelando instituciones, derechos y libertades. Como señaló Andrés Malamud: “hasta la década de 1980, las democracias morían de golpe (breakdowns). Literalmente. Hoy no: ahora lo hacen de a poco, lentamente. Se desangran entre la indignación del electorado y la acción corrosiva de los demagogos”. Venezuela y Nicaragua han mostrado el avance desde una democracia con defectos a un autoritarismo cerrado. En la misma línea, Lührmann & Lindberg han notado que “contemporary autocrats have mastered the art of subverting electoral standards without breaking their democratic façade completely” (2019).

En América Latina se ha perdido apoyo a la democracia en la última década, de modo que se produjo un aumento del autoritarismo, en especial entre la población más joven. En el término de 20 años (de 2003 a 2023), por ejemplo, el apoyo a la democracia disminuyó en un 9 %; pero si tomamos en cuenta que en 2010, año que mayor apoyo recibió la democracia, fue de 63 %, entonces de ese año al recién pasado, hubo un descenso de 15 %. Según los datos obtenidos por Latinobarómetro, en 2023 solo el 48 % de los latinoamericanos apoya la democracia como régimen político.

Se observa que no solo la democracia está en recesión, sino que además hay un crecimiento de la idea de que el autoritarismo puede ser preferible como forma de gobierno, habiendo aumentado esta percepción en un 17 %. Ello evidencia la fragilidad de la democracia en la región y la tendencia hacia el populismo y los regímenes autoritarios. Siguiendo a Latinobarómetro, los países latinoamericanos que más apoyan la democracia son: Uruguay con un 69 %, Argentina con un 62 % y El Salvador con un 64 %. Otros países, como Honduras y Guatemala, son más propensos a la idea de que es lo mismo que el gobierno sea democrático o que no lo sea. Mientras que países que han vivido dictaduras militares como Argentina y Chile valoran más la democracia. Si comparamos los resultados de 2020 con los resultados de 2023, vemos que en 7 países aumentó el apoyo a la democracia: Panamá (11 %), Argentina (7 %), Brasil (6 %), Colombia (5 %), Perú y Ecuador (4 %), Honduras (2 %). Y en 9 países ese respaldo disminuyó: Venezuela (12 %), Costa Rica (11 %), México y Guatemala (8 %), Uruguay y Paraguay (4 %), Bolivia (3 %), República Dominicana y Chile (2 %)

En términos generales, en todos los países examinados en Latinobarómetro, excepto en Panamá, se registra un aumento en la preferencia del autoritarismo. Los países que más se inclinan a favor son: México, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Guatemala y Paraguay. Por el contrario, en Panamá se registró una disminución del 1 %. En cuanto a los jóvenes entre 16 y 25 años, un 43 % apoya la democracia, y un 20 % prefiere un régimen autoritario. Entre los mayores de 61 años, un 55 % se inclina por la democracia como forma de gobierno y un 13 % está a favor del autoritarismo (Latinobarómetro 2023).

La criminalidad y el modelo Bukele

América Latina se ha caracterizado por ser un continente de baja conflictividad entre Estados (Domínguez, 2003), sin embargo, desde hace varias décadas continúa siendo una de las regiones más violentas del mundo.^[7] Más de 2,5 millones de homicidios ocurrieron en América Latina desde el año 2000. Esto significa que el 33 % de los homicidios del mundo tienen lugar en esta región cuya población solo representa el 8 % mundial. En su inmensa mayoría, las muertes son atribuibles al crimen organizado.^[8] Trejo y Ley (2020) muestran para el caso de México cómo las organizaciones criminales se convirtieron en agentes políticos al suplir el poder del Estado en distintos territorios a lo largo y ancho del país, donde la violencia criminal se volvió un mecanismo de control territorial estratégico y donde la creciente capacidad y poder de uno, redundó en el debilitamiento del otro. Pero también está visto que muchas veces existe una cooperación entre ambos: quienes debieran velar por el imperio de la ley trabajan en cooperación y connivencia con el crimen organizado. El crimen organizado en América Latina, que

engloba múltiples, grandes, medianos y pequeños empresarios ilegales, no solo produce rentas ilícitas, sino que también, dependiendo de sus capacidades y redes, ejerce control territorial, provee servicios públicos e imparte justicia, convirtiéndose en muchos casos en un sustituto, competidor o colaborador del Estado y las instituciones locales.^[9]

A su vez, la gran cantidad de dinero gestionada por los cárteles de la droga se vuelve una carnada muy tentadora para que los líderes políticos puedan financiar sus costosas campañas. Se genera así una cooperación tripartita entre crimen organizado, fuerzas de seguridad y fuerzas políticas (partidos y líderes) que deja un panorama preocupante que atraviesa toda la región.^[10] Como indica Latinobarómetro:

La corrupción tuerce el poder del voto al intervenir en las campañas electorales con enormes sumas de dinero y provoca una competencia desleal. La corrupción del poder a nivel presidencial es una forma brutal de minar las bases de la democracia, porque lleva a la presidencia a personas que sin esos fondos ilícitos no lo habrían logrado.

Por su parte, el último informe de Latinobarómetro observa:

Destacamos la debilidad de las élites simbolizadas en los presidentes de la república: 21 presidentes condenados por corrupción, 20 presidentes que no terminan su mandato, presidentes que fuerzan su estadía en el poder rompiendo las reglas de reelección. Un tercio de los presidentes elegidos desde que se inicia la transición han transgredido las reglas de la democracia. Valen más los personalismos, que terminan opacando a los partidos políticos. Esta debilidad conduce a la atomización del sistema de partidos y se desploma su imagen y legitimidad. Destacamos el colapso del desempeño de los gobiernos, plasmado en la baja satisfacción con la democracia. La pandemia profundiza esta insatisfacción y por esa vía influye en la imagen de la democracia. No en vano hay 18 alternancias en el poder desde 2018. Las quejas por opciones, pluralidad y soluciones no se expresan verbalmente, pero sí lo hacen en el malestar hacia la política, el alejamiento de los partidos, el abstencionismo, el voto nulo y blanco, y la alternancia en el poder (Latinobarómetro, 2023).

En este sentido, El Salvador resulta un caso interesante y a la vez alarmante, al cual prestar especial atención. El presidente Nayib Bukele ha recibido tanto reconocimiento como críticas internacionales por haber reducido las tasas de homicidio de su país a mínimos históricos^[11] mediante el uso de un “régimen de excepción” que ha implicado la detención y el encarcelamiento de 65 mil presuntos pandilleros. El Salvador ahora tiene la mayor población penitenciaria per capita del mundo.^[12] Los efectos tangibles sobre la seguridad pública, sin embargo, le han dado a Bukele una extraordinaria popularidad. A pesar de la prohibición constitucional de postularse para otro mandato, Bukele resultó electo a inicios de febrero de 2024 con más de un 80 % de votos a su favor, lo cual contribuyó a profundizar la erosión democrática.

El caso de El Salvador no debe verse como una excepción. El concepto de mano dura como solución para la creciente violencia es algo muy extendido en el continente y, más allá de su discutida eficacia, representa un riesgo para la democracia. El círculo vicioso entre inseguridad – falta de respuesta estatal – demanda de mano dura parece repetirse ad infinitum.

Polarización y elites

Por lo menos dos son las características predominantes en la región, en primer lugar, la fragmentación política y, en segundo término, su polarización ideológica: la grieta. Se trata de una grieta que, basada en tres líneas de fractura, se manifiesta en algunos casos de manera superpuesta: ideológica (izquierda/derecha; populismo/republicanismo), productiva (sectores competitivos/sectores no competitivos, economía formal/economía informal; economía abierta/economía cerrada) y territorial (centros/periferias; urbano/rural; costa /sierra) (Mazzina, Leiras).

Hoy, América Latina se encuentra entre las regiones más polarizadas del mundo, solo superada por Europa del Este y Asia Central.^[13] “La alta polarización lleva a las diferentes fuerzas políticas a defender programas incompatibles, que, de hecho, excluyen al adversario” sostienen Carlos Malamud y Rogelio Nuñez Castellano.^[14] Se generan así discursos populistas, cargados de demagogia, que apuntan a los instintos más básicos de una población frustrada social, política y económicamente.

La mencionada frustración social y los discursos polarizantes contribuyen a la falta de

confianza en la capacidad de las instituciones democráticas (o sus integrantes) para procesar conflictos, la ciudadanía se vuelve menos aversa al riesgo y vota por outsiders anti-sistema que prometen reemplazar la estructura existente por una sin intermediarios (aka “políticos”) que sí satisfaga las necesidades de la ciudadanía.^[15]

Este análisis de Laura Gamboa describe muy bien la situación de varios países de la región donde el rol de las oposiciones políticas será clave para defender y sostener la democracia.

Un comentario en la misma línea sobre los resultados de los comicios celebrados en los últimos años: los ciudadanos castigan con su voto a los oficialismos, independientemente del sello ideológico. Patricio Navia indica que lo que está sucediendo “es que todos los que están en el poder son castigados, porque la gente está descontenta. Y eso es lo que ha vuelto a pasar en Argentina, donde perdió el oficialismo y ganó la oposición”.^[16] Por cierto, 2023 cierra con cuatro elecciones presidenciales en la región: en todas ha prevalecido el voto de castigo, salvo en Paraguay. Los candidatos oficialistas perdieron en Guatemala, Ecuador y Argentina, donde, además, los candidatos vencedores fueron una sorpresa, nadie anticipó sus triunfos. El caso de Ecuador merece una nota aparte, luego de la muerte cruzada entre Guillermo Lasso y el Congreso, el ahora expresidente no presentó delfín. Lo cierto es que desde 2021 hasta la fecha, todos los presidentes que fueron elegidos donde existe la segunda vuelta tuvieron que ir al balotaje, como sucedió en 2021 con Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú y Guillermo Lasso en Ecuador; en 2022 con Gustavo Petro en Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Rodrigo Chaves en Costa Rica; y en 2023 con Bernardo Arévalo en Guatemala, Daniel Noboa en Ecuador y Javier Milei en Argentina.^[17]

El siguiente gráfico de Latinobarómetro sintetiza las alternancias en los últimos años:

Alternancia. Elecciones presidenciales 2018-2023

Sin alternancia. Elecciones presidenciales 2018-1023

Conociendo el resultado de las elecciones celebradas en El Salvador en febrero de 2024, agregamos sin alternancia el caso de Bukele.

Influencia extranjera

China y Rusia, así como otros países autoritarios, han ganado un enorme poder en el sistema internacional en los últimos años, lo cual puso en peligro el consenso de que la democracia liberal es el único camino viable hacia la prosperidad y la seguridad, y dañó el sistema internacional liberal. El estado actual de la democracia a nivel global debería generar alarma entre todos los que valoran vivir en libertad.^[18]

En Latinoamérica, donde el resentimiento hacia Estados Unidos y el peso de las ideas radicales son fuertes en todo el espectro ideológico, las autocracias han aprovechado la influencia regional de intelectuales e instituciones académicas para difundir la ideología iliberal, cuestionando el consenso democrático de la pos Guerra Fría. Al mismo tiempo, el avance chino ha sido posible gracias a la siempre tumultuosa situación económico-financiera de la región.^[19]

En América Latina, donde los gobiernos son menos estables, las instituciones menos maduras y sólidas y la cultura democrática no es fuerte, la influencia de China, sin resguardos, crítica y escepticismo, puede significar un elemento de riesgo en el mediano o largo plazo.^[20]

Puede resultar difícil establecer relaciones causales, pero lo cierto es que junto al aumento de la presencia china en la región se ha visto un deterioro de las instituciones democráticas y que la cooperación iliberal más allá de las fronteras ideológicas^[21] ha llegado para quedarse. Uno de los ámbitos donde esto se puede ver claramente es el espacio informativo^[22] y en los salvatajes económicos que parecen salvavidas de plomo: los préstamos chinos cargaron a los países en desarrollo con una deuda que ahora son incapaces de pagar.^[23]

Un caso paradigmático es Ecuador, un país que desde la gestión de Rafael Correa ha visto cómo su deuda con China aumentaba exponencialmente y desde entonces todos los gobiernos han tenido que encontrar un camino para renegociar^[24] esos acuerdos, plagados de cláusulas secretas y corrupción que involucró a las más altas esferas del poder, incluyendo al expresidente Rafael Correa.^[25]

Resulta interesante ver que es en este mismo país sudamericano donde se da parte del impulso ambientalista por proteger la Amazonía y que no solo pone contra las cuerdas a China, sino que también plantea grandes interrogantes respecto al futuro de la explotación petrolera y minera. Cierto es también que se trata de un país bloqueado institucionalmente, azotado por la violencia y con pobres expectativas económicas. Pero cabe destacar que el caso de Ecuador no es una excepción en una región donde las instituciones democráticas no logran resolver este tipo de tensiones, como se ve también en Bolivia.

¿Cómo queda el mapa de América Latina?

Perspectivas a futuro

2023 vio cuatro procesos electorales presidenciales en la región. Las contiendas electorales comenzaron con las elecciones en Paraguay, donde el Partido Colorado rompió la tendencia contraria a los oficialismos y logró retener el poder con el economista Santiago Peña, delfín del expresidente Horacio Cartes. Las sorpresas siguieron luego con Guatemala y Argentina. En el país centroamericano el inesperado triunfo de Bernardo Arévalo no se produjo sin sus obstáculos. Tan es así que la comunidad internacional tuvo que expresar su respaldo al Tribunal Supremo Electoral para sostener el proceso de segunda vuelta. Sin embargo, las denuncias de fraude y los embates de la Fiscalía continuaron hasta la asunción presidencial.

En Argentina, por su parte, la sorpresa vino por el lado de Javier Milei, un outsider con estilo rockstar. Comenzando en el proceso de primarias, luego en las elecciones generales (en las que había quedado segundo, detrás del candidato oficialista, Sergio Massa) y finalmente en la segunda vuelta, el candidato de La Libertad Avanza no dejó de sorprender con sus resultados electorales, con su excéntrico estilo de campaña y hasta con su asunción el 10 de diciembre. Sin embargo, recibe un país con un altísimo nivel de inflación (la inflación de diciembre último fue de 25,5 % y en todo 2023 alcanzó el 211,4 %, según el INDEC, la cifra más elevada desde 1990^[26]), fuertemente endeudado^[27] y con altos índices de pobreza, factores que restringen en gran medida el margen de maniobra de su gestión y que lo enfrentan a tempranas críticas tanto por parte de las organizaciones sociales y de viejos líderes sindicales como de un sector considerable de la oposición.

En el medio de estas sucesivas elecciones, se produjo el adelantamiento electoral de Ecuador producto de la crisis institucional y la fuerte oposición contra Guillermo Lasso, quien recurrió al mecanismo de la muerte cruzada (disolvió la Asamblea y llamó a elecciones anticipadas). En dichas elecciones el ganador fue Daniel Noboa, quien irrumpió en la recta final de la campaña, mientras que el gran perdedor fue el proceso electoral, que estuvo teñido de sangre con el asesinato del candidato y periodista Fernando Villavicencio. En el período de casi dos años que le tocará gobernar, Noboa deberá enfrentar no solo la violencia y el crimen organizado que asolan al país, sino que tendrá que lidiar con altas tasas de desocupación e informalidad y con la misión de encontrar alternativas a la explotación petrolera.

Comenzando 2024, el crimen organizado puso en jaque el gobierno del presidente Daniel Noboa, quien decretó el estado de excepción para todo el país, incluido el sistema penitenciario, tras la fuga del jefe de la mayor banda narcocriminal de una cárcel de Guayaquil, Adolfo Macías, alias Fito. La huida fue seguida por la de otro líder narco, Fabricio Colón Pico, uno de los capos de Los Lobos, detenido por su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general, Diana Salazar. Las fugas fueron acompañadas por una serie de motines en al menos seis prisiones del país.^[28] La respuesta no tardó en llegar a las calles: tomaron un canal de televisión y pusieron explosivos en los periodistas que estaban transmitiendo, capturando a los guardias de la prisión en la que estaba detenido Fito y secuestrando al azar a jóvenes de la universidad de Guayaquil.^[29]

En 2024 habrá elecciones en México, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Será un año movido electoralmente ya que a estas elecciones hay que sumar la de Estados Unidos, que siempre tiene consecuencias para la región. Sobre la reelección de Bukele en El Salvador hemos hecho referencia en otro apartado.

Según esta dinámica, podría decirse que los países más grandes de la región hoy son un interrogante respecto a su futuro. México se encuentra en un laberinto. Con el claro deterioro de su democracia, las elecciones podrían traer aires de cambio para hacer frente al frágil contexto institucional, donde la presidencia de López Obrador ha intentado avanzar sobre los controles horizontales, incluso sobre el prestigioso INE. En Colombia Gustavo Petro y en Brasil Luiz Inácio Lula da Silva buscan impulsar reformas en contextos altamente polarizados (en muchos sentidos por mérito propio). Habrá que ver el comportamiento de la oposición en estos casos, pero la incertidumbre es clave en ambos países.

Perú no ha tenido cambio presidencial, lo cual ya parece mucho decir, pero eso no implica que los riesgos para la democracia y la incertidumbre no sigan presentes. Como se ha dicho, Venezuela debería tener este año elecciones presidenciales. En este sentido la oposición tomó la iniciativa de realizar elecciones internas que erigieron a María Corina Machado como candidata. Cuando todo parecía indicar que las elecciones podrían desarrollarse de forma más o menos justa, el gobierno de Nicolás Maduro a través de su fiscalía envió una orden de detención a líderes de la oposición. A esto hay que sumar la amenaza lanzada por un debilitado Maduro contra el Esequibo en Guyana, que pareciera ser una bomba de humo para tratar de dar legitimidad a su gobierno y distraer a la población.

En Nicaragua no se puede esperar mucho. Mientras su sociedad civil independiente se recompone para hacer frente a los brutales ataques del régimen autoritario de Ortega-Murillo, estos aumentan la represión y se cierran aún más, haciendo casi imposible anticipar lo que está por venir. El mismo patrón se repite en Cuba, una y otra vez.

¿Y qué hay de dos de los países más estables del continente? Chile acaba de rechazar por segunda vez la propuesta de Constitución, con lo cual todo vuelve a foja cero en una situación que dejará una letra escarlata sobre todo el espectro político sin distinción de colores.

En Uruguay, sin reelección para Lacalle Pou, los sondeos de intención de voto dan a la coalición de izquierda Frente Amplio una leve ventaja para recuperar el poder frente a los partidos que integran el gobierno del derechista y “multicolor” Partido Nacional. Ambas coaliciones efectuarán elecciones internas el 30 de junio, aunque está en discusión su adelantamiento. En el Partido Nacional, lidera el actual secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, mano derecha del presidente Lacalle Pou. Además de Delgado, será candidata Laura Raffo, la economista que fue candidata a la Intendencia de Montevideo por los cinco partidos de la coalición encabezada por Lacalle Pou.

Dentro del Frente Amplio, Yamandú Orsi y Carolina Cosse son los dos precandidatos mejor posicionados. Orsi, intendente de Canelones, cuenta con el apoyo del Movimiento de Participación Popular (de José Mujica) y La Vertiente Artiguista entre otros. Cosse, actual intendenta de Montevideo, cuenta con el apoyo del Partido Comunista y el Partido Socialista, entre otros.

Entre tanto, todas las encuestas coinciden en que los principales problemas del país para la población son la inseguridad y la economía. Existe un comportamiento altamente polarizado en la sociedad. En la última medición de Factum, los votantes del Frente Amplio desaprueban la gestión gubernamental en un 66 por ciento, en tanto que el 12 por ciento la aprueba, mientras que los votantes de la coalición de gobierno lo aprueban en un 75 por ciento y solo el 9 por ciento lo desaprueba.^[30]

¿Qué podemos esperar de América Latina en 2024?

Si bien, como se planteó en el título de este capítulo, la incertidumbre es una de las características del continente, se proponen aquí algunos elementos o factores a tener en cuenta en el futuro inmediato:

• Crimen organizado, violencia y “mano dura”: al tiempo que el crimen organizado se sofistica y se arraiga cada vez más en la región, es de esperar que los diferentes gobiernos apelen a fórmulas “exitosas” como la de Bukele en El Salvador, con su consiguiente impacto sobre las instituciones democráticas y los derechos humanos.
• El impacto de las disputas geopolíticas globales: en la medida en que el enfrentamiento entre Estados Unidos junto a la Unión Europea con China y Rusia escale, muchos gobiernos de América Latina se acercarán a unos u otros simulando un discurso de neutralidad. Las elecciones en Estados Unidos jugarán un importante papel en este sentido y la Unión Europea deberá también asumir un rol más proactivo en la búsqueda de acercar la región a su posición.
• En términos económicos la región en general disfruta de números macroeconómicos aceptables. Exceptuando los casos de Venezuela y Argentina, la inflación se ha mantenido bajo control. Sin embargo, la CEPAL anticipa que la región enfrenta un panorama económico de bajo crecimiento, 1,5 % en 2024. El boom de minerales como el litio para la producción de baterías puede parecer una luz de esperanza para una región empobrecida y desigual, pero mal gestionado puede ser desastroso para su ecosistema.
• Procesos electorales y desinformación: en los procesos electorales a realizarse durante este año, es de esperar que crezca el uso de inteligencia artificial para minar los mensajes electorales de información falsa o dudosa en la búsqueda de influir sobre las preferencias públicas. En este sentido, América Latina tiene redes de fact checkers que se esfuerzan por paliar la crisis pero es un continente con bajo nivel de institucionalidad para crear marcos normativos que no representen una tentación para controlar la libertad de expresión.
• Procesos electorales clave: en 2024 hay tres procesos electorales de vital importancia. México tiene por delante no solo la mayor elección de su historia sino también un punto de inflexión para Morena, el partido de izquierda en el poder. Por último, la elección que debe tener lugar en Venezuela puede generar un gran cimbronazo en los actores autoritarios del continente si Maduro es desplazado del poder. A fines de enero de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia,^[31] órgano sin ninguna independencia del Poder Ejecutivo, inhabilitó a María Corina Machado, y así rompió los acuerdos de Barbados por los cuales Maduro se había comprometido a realizar elecciones libres.
• La migración: los flujos migratorios en América Latina se han ido transformando en un factor de crisis para observar con cuidado. Ya sea por temas políticos, como el caso de Venezuela o Cuba, o por temas sociales y económicos, como la pobreza, la desigualdad o la violencia, los grandes números de migrantes generan preocupación no solo en Estados Unidos sino también en otros países de la región, como la frontera Chile-Perú o la selva del Darién en el caso de Colombia y Venezuela. Será importante ver cómo se desarrollan los hechos en esta materia y especialmente si continúa el uso político de la población migrante por parte de gobiernos autoritarios como es el caso de Nicaragua.

Algunas preguntas quedan pendientes de respuesta y ameritan en sí mismas un capítulo aparte: ¿cuál es el papel de los Poderes Judiciales en la consolidación democrática y continuidad democrática en nuestros países? ¿Cómo podemos construir anticuerpos contra el autoritarismo? ¿Qué responsabilidad tienen los partidos políticos en el retroceso democrático? ¿Siguen siendo los partidos políticos “los guardianes de la democracia” en la región? ¿Qué rol tienen las instituciones regionales en el deterioro o la consolidación de la democracia? ¿Cuál es el rol del periodismo en tiempos de noticias falsas y sobreinformación? ¿Cuál es el rol de los líderes de la región y de las élites frente al avance de las autocracias?

Referencias bibliográficas

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