Sergio Osvaldo Pena

1. Fundamentos e historia

El campo en la Argentina ha tenido en las ovejas un actor central de su desarrollo. Esto, que fue objeto del armado de conglomerados agroindustriales en diversas regiones del país, de Buenos Aires a Tierra del Fuego, fue perdiendo predominancia hasta llegar a tener un stock de solo 12 millones de cabezas de los 75 millones de fines del siglo xix.

El mapa actual de la distribución de la actividad refleja lo antedicho, donde predomina la región patagónica como eje central, conformada como monocultivo ovino en alguna de sus zonas. Mientras, en otras latitudes, el ovino es solo complemento de la ganadería vacuna o de la agricultura.

En muchos casos, los productores que poseen ovinos tienen pequeñas majadas que van desde el autoconsumo al acompañamiento de otras ganaderías, como la caprina o la vacuna.

El rol de economía de escala ha sido reservado a los productores más capitalizados y que básicamente se fueron concentrando en la Patagonia, donde también se instaló la agroindustria lanera y frigorífica con destino a exportación.

La actividad ha sido cruzada por las cuestiones ambientales, como los procesos de erupción de volcanes de la cordillera (Hudson, Chaitén y Puyehue) y de desertización, los embates de grandes nevadas o las prolongadas sequías.

Esta noble actividad que tiene como emblemáticos productos la lana y la carne ha sido golpeada por los precios internacionales, lo cual ha condicionado su crecimiento a nivel local.

Las exportaciones de ambos productos fueron marcando el hilo de su crecimiento o la caída, de acuerdo con el momento histórico observado.

Algunos golpes al sector se pueden situar en la década del noventa, cuando la cuestión económica interna y la convertibilidad, sumadas a los vaivenes externos del exceso de stock de lana en Australia, hicieron tambalear la industria instalada local y los niveles de exportación. Así se puede ver cómo el consumo interno de fibra de lana se va perdiendo al cerrarse paulatinamente la industria local, al igual que las empresas comercializadoras y exportadoras de lana.

El consumo mundial de fibras, a partir de allí, beneficia a los productos sintéticos y el algodón por sobre la fibra de lana. El exiguo espacio porcentual ocupado de tan solo el 1,2 % no es suficiente para retomar el crecimiento.

El comercio internacional de la carne ovina se resume a Oceanía, que –con solo el 10 % del stock mundial de ese ganado– representa el 72 % del volumen total del mercado global (FAOSTAT, 2016). Esto es así porque, en muchos países, el ovino se destina al mercado interno.

Argentina participa con menos del 1 %, incluso con el grueso de la producción cárnica orientada a la exportación y facilitada por el estatus sanitario de la región patagónica. Lo reducido del mercado de exportación de la carne ovina argentina se refleja en el hecho de que solo existen siete frigoríficos exportadores que se orientan casi exclusivamente al mercado de la Unión Europea.

Las exportaciones argentinas de carne aumentaron a comienzos del siglo xxi y llegaron a su pico en 2005 con 8.500 toneladas (se incrementaron en un 400 %). Luego, en 2012, la tendencia se revirtió y en la actualidad ronda menos de 5.000 toneladas.

Las características estructurales del mercado internacional han implicado cambios en la orientación productiva de la ovinocultura, reflejada en la incorporación de ovinos doble propósito, por un lado, y a la cría de ovinos para carne, por otro.

Volviendo a nuestro país, el surgimiento de establecimientos dedicados a la cría de ovinos –principalmente para carne– en el área de la Pampa Húmeda hace pensar que la actividad, al menos en esa zona, se dedicará solo a producir carne y dejará la lana en segundo plano.

Algunos antecedentes ya fueron expuestos en ocasión de ser publicado el capítulo sobre la Ley Ovina del libro Políticas públicas en la ruralidad argentina (INTA Ediciones), el cual relata lo siguiente:

Las políticas públicas son el resultado de procesos y dinámicas sociales. Por lo tanto, para avanzar en su análisis se torna imprescindible conocer los eventos y las dinámicas que las forjan. Desde que empezó la actividad en la Patagonia hubo varias leyes y decretos que buscaron regularla. Existen distintas etapas en la ganadería ovina, pero solo recién a partir de la década del ochenta se pueden distinguir las manifestaciones de una política pública clara, con la publicación del Plan Global para el Desarrollo de la Economía Patagónica, elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPYA) en colaboración con asociaciones de productores y organismos técnicos (Williams, 2005). Entre las medidas promovidas a nivel nacional en dicha década se destacan: i) el Fondo Compensatorio para Productores Laneros, Decreto PEN 341 de 1981, que vinculaba el reintegro de los subsidios a la cantidad de lana/carne producida; ii) las Compensaciones al Empleo Lanero y iii) las leyes N.º 22.465 y N.º 24.437, que otorgaban beneficios fiscales a la actividad agropecuaria patagónica (Álvarez, 2009).

En los años noventa, con la consolidación del neoliberalismo y la reducción de las agencias reguladoras del Estado, se profundiza el contexto de estancamiento y retroceso de la ganadería ovina. En ese marco se constituyó el Ente de Desarrollo de la Patagonia, organismo que estuvo acompañado por una batería de medidas que promovieron el desarrollo ovino de la región (Taraborrelli y Pena, 2018: 211).

Evidentemente, la batería de medidas establecidas en aquel momento solo fueron paliativos para seguir avanzando en la búsqueda de políticas públicas más duraderas para la actividad.

De aquella época, este artículo toma como ejemplo lo que se transformaría en una verdadera línea de política activa con continuidad, más allá de sus vaivenes, como es el programa Prolana.

Mediante la resolución 1.139 de 1994, la SAGPYA captó la necesidad de mejorar las lanas argentinas (en calidad, presentación y condiciones de venta), con el fin de acercarse a los estándares de competitividad internacional y mejorar su posición en el mercado internacional. La iniciativa concentró los esfuerzos de las sociedades rurales, las cooperativas, los industriales y los exportadores laneros (integrantes de la Federación Lanera Argentina), los gobiernos provinciales y el INTA (Taraborrelli y Pena, 2018: 212).

Y, desembocando en lo que se puede mencionar como el evento que comenzó a darle forma a la ley, fueron organizados los foros laneros patagónicos, convocados desde el propio Gobierno nacional a instancias de las provincias y sus instituciones.

El Foro Lanero de 1998 ha sido señalado como el punto de referencia para pensar la Ley Ovina. El foro sirvió como marco para que las autoridades nacionales [SAGPYA-INTA], los productores [a través de sus asociaciones] y las autoridades provinciales promovieran un proyecto de ley que contemple las necesidades y demandas de la ovinocultura patagónica: desde el despoblamiento rural, el precio internacional y la falta de competitividad hasta los inconvenientes ocasionados por las arbitrariedades climáticas. La densidad de los antecedentes institucionales, sumada a la consolidada dinámica de participación público-privada [por ejemplo, a través del antecedente de los foros], favoreció la rápida elaboración de varios bocetos y borradores, puestos a discusión en unos 20 talleres multiactorales organizados territorialmente. En los talleres se definió, como estrategia política, la presentación de un proyecto que extienda las fronteras patagónicas y que alcance al resto del territorio nacional donde exista ganadería ovina. Pese a ello, el ADN regional se encuentra taxativamente definido en la redacción del proyecto. Respecto de ello, un protagonista de aquel proceso afirma: ‘La verdad es que fue una iniciativa patagónica, pero para que los diputados nacionales la aprobaran debíamos tener el apoyo de todo el país, porque si no, iban a decir es una ley sectorial para la Patagonia. La verdad es que la Patagonia, desde un punto de vista de subsidios, ya tenía bastante porque tenía lo de Tierra del Fuego, lo de los puertos patagónicos, tenía subsidio al gas y a la energía. Entonces dijimos que sea a todo el país el tema. Que sea una ley que abarcara a los pequeños productores de todas las provincias. Y así se hace. Y así se manda la ley, con algunas trampas. Alguna trampa en el sentido de que en la ley se entregaba el dinero por cantidad de animales ovinos, entonces eso hacía que nosotros, en la Patagonia, nos asegurábamos de que viniera fundamentalmente para acá’ [entrevista a exfuncionario Ley Ovina Chubut, setiembre 2016].
Finalmente, el 4 de abril de 2001^[1] se sanciona la Ley Nacional 25.422/01 Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina sin modificaciones trascendentes. Según su artículo 1.º, el régimen está destinado a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos con el fin de permitir su sostenibilidad a través del tiempo y, consecuentemente, que permita mantener e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural.
Con la ley se promueven actividades técnicas y económicas [enmarcadas en criterios de sustentabilidad de los recursos naturales] que tengan un impacto positivo en los productores y en la producción de hacienda ovina. Entre ellas, la recomposición de las majadas, la mejora de la productividad, la mejora de la calidad, la incorporación de tecnologías, la promoción del asociativismo, el control sanitario y acciones de comercialización e industrialización.

Hay que rescatar lo interesante de la operativa que preveía esta ley, que otorgaba dos beneficios diferenciados que apuntaban al logro de los objetivos: los créditos (CRD) a valor producto y los aportes no reintegrables (ANR). Así, el valor producto para el pago de los créditos fue una herramienta innovadora que estaba pensada para permitir la continuidad de los fondos, ya que los tomadores devolvían el equivalente en pesos a la cantidad de kilos de lana o de carne recibidos en pesos al momento de tomar su crédito, manteniendo de esa manera la relación entre lo recibido y lo devuelto.

Para el financiamiento de la ley se previó la creación de un Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina [FRAO]. Desde la SAGPYA, como autoridad de aplicación del FRAO, se firmó un convenio con el Banco de la Nación Argentina para que se desempeñe como agente fiduciario del fondo. En los mentados artículos se detalla la incorporación en el Presupuesto nacional de un monto anual mínimo de 20 millones de pesos para constituir el fondo. El monto ha sido establecido originalmente por ser dicho volumen el aporte de la actividad ovina al PBI nacional (entrevista a asesor sectorial de Santa Cruz, agosto 2016).

Una vez sancionada la ley, se dio un plazo de 180 días para su reglamentación. Período en el cual se movilizaron los recursos de presión de distintos espacios políticos y productivos para acelerar el procedimiento.^[2] Pese a ello, recién el 14 de junio de 2002 se reglamentó la ley mediante el decreto 1.031/02. Casi en paralelo, en setiembre, la resolución 114/02 de la SAGPYA aprueba el primer Manual Operativo, que brinda el marco para la implementación, el desarrollo y el anclaje de las acciones territoriales en las provincias adheridas (Taraborrelli y Pena, 2018: 216-217).

2. Continuidad de la Ley Ovina

Como todos saben, se está cerrando una etapa y dando continuidad con una nueva herramienta –otra ley– para la promoción de la actividad ovina en nuestro país.

La Ley Ovina, nacida a instancias de las problemáticas recurrentes del sector ovino patagónico y apoyada posteriormente por el conjunto de las regiones a través de sus legisladores en el Congreso, se transformó en el norte de la aplicación de una herramienta para generar desarrollos locales a partir de esa actividad.

Mucho se ha discutido sobre si la ley es o no una política pública per se o si solo es una herramienta tendiente a generar los mecanismos de apoyo a esa política pública tan demandada por el sector. Lo cierto es que su trascendencia la está llevando a ocupar un sitial interesante en cuanto a la continuidad lograda, que ha superado los 20 años, un hecho no menor en un país muy dirigido al corto plazo debido a sus constantes “bandazos” en materia de economía y desarrollo. Un suceso exacerbado hoy ante la pandemia de COVID-19, que ha desnudado la fragilidad de nuestros sistemas y nos muestra la crueldad de la pobreza en toda su dimensión.

Esto nos mueve a intentar –a través de la producción ovina– generar empleos genuinos y desarrollo territorial a lo largo y ancho del país. Sobre todo pensando en la necesidad de cubrir una canasta alimentaria con déficits de todo tipo que se ponen de manifiesto en los índices de pobreza.

Hay factores que se conjugan para determinar la continuidad de la ley y tienen que ver con la tenacidad de sus actores englobados en la Mesa Ovina Nacional (MON), surgida a partir de las entidades gremiales, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), pero que ha sabido captar la atención de todo el arco productivo al involucrar al sector empresarial, como la Federación Lanera Argentina (FLA); a instituciones como el INTA y al propio Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.

Es importante destacar cómo se van conformando los espacios de discusión de las diferentes problemáticas que hacen al sector. La constitución de la MON se fue gestando desde las diferentes instituciones, pero con la apertura suficiente para incorporar miradas diversas, en vista de que la convocatoria fuera federal y abierta.

Durante 2016 y 2017 se fue conformando, y recién en abril del 2018 fue firmada su acta de constitución.

El acta de la reunión de constitución de la Mesa Nacional de Competitividad Ovina, firmada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijó sus objetivos de trabajo futuros y designó a sus coordinadores el 12 de abril de 2018.

La presidencia de las CRA puso énfasis en la búsqueda de un foro de representación del sector, utilizando el espejo de lo sucedido con la Mesa de Carnes.

Ya en funciones:

…los coordinadores Sres. Daniel Lavayén y Carlos Vila Moret tomaron la palabra alternativamente, explicando los fundamentos de la reunión mantenida el día anterior, preparatoria de esta misma reunión, con el solo objeto de resumir y presentar los temas sobre los cuales trabajará la Mesa Ovina Nacional. En síntesis, que el objetivo final es lograr una mayor productividad y desarrollo de los ovinos en el país (Confederaciones Rurales Argentinas, 2018).^[3]

De esta manera, con un mayor desarrollo de los temas a tratar y ya con el listado de los protagonistas, se dieron por iniciadas formalmente las actividades de la mesa. Esta no se ha formalizado, a la fecha, en una nueva institución o figura de otro tipo.

La Mesa Ovina tuvo sus primeras reuniones poco ordenadas, con mucha catarsis. Así es como se le solicitó a un grupo de técnicos que colaboraran con el ordenamiento del temario, las discusiones y, luego, la formulación de los documentos de síntesis. Se logró avanzar identificando cuatro ejes de trabajo y se priorizó un tema por eje para comenzar con la actividad. Los ejes y los temas priorizados fueron los siguientes:

1. Normativa: incluía los aspectos de normativa legal o marco regulatorio que inciden en la competitividad del sector. Tema priorizado: Ley Ovina y otras herramientas de financiamiento.
2. Productividad: incorporó los temas referidos al incremento de la producción y las limitantes para alcanzar este objetivo. Tema priorizado: manejo de la fauna con relación al impacto sobre la actividad y la sociedad (predadores y guanaco).
3. Valor agregado: abordaba los aspectos que inciden en el agregado de valor y la calidad de los productos lana y carne, con visión de cadena. Tema priorizado: cadena de carne (tipificación, cortes, caracterización y difusión).
4. Calidad de vida y arraigo rural: abarcaba todos los temas relacionados con la calidad de vida de los productores ovinos, las buenas prácticas laborales (BPL) y la relación de la actividad con la ocupación del espacio rural de nuestro país. Tema priorizado: conectividad y comunicaciones.

En esta primera agenda se avanzó durante todo 2018 y en las reuniones sucesivas se fueron dando pasos en la dirección correcta, que serían puestos en valor a partir de entonces.

En la reunión plenaria de agosto de 2019, la MON dejaba planteados sus objetivos para seguir avanzando durante 2020, temario que se continuó hasta la fecha:

1. Actualización de la Ley Ovina.
2. Buenas prácticas ganaderas ovinas y bienestar animal.
3. Sector primario: genética, sanidad y alimentación.
4. Informalidad: estándar único nacional.
5. Programas de carne y lana.
6. Promoción de consumo de carne ovina.
7. Balance de carbono en la producción primaria.
8. Manejo sustentable de la fauna.
9. Competitividad.
10. Aranceles.

Esto pone de manifiesto la intención sectorial de buscar consensos que permitan pensar en un desarrollo armónico y con la mirada puesta en el crecimiento cuali y cuantitativo de la actividad.

Como la continuidad de la Ley Ovina es una de las metas centrales, entre otras de las varias en las que se encuentra trabajando, la MON fue articulando reuniones en donde la participación público-privada se transformó en un tema.

Un fuerte compromiso fue tomado desde las provincias centrales del país, las cuales integran un eje que arranca en Córdoba, pasa por Santa Fe y termina en Buenos Aires.

En este aspecto tomó visibilidad la Cámara de Productores Ovinos de Córdoba (CAPOC), con sede en Villa María, bajo un fuerte compromiso con el sostenimiento y la continuidad de la Ley Ovina. Esa organización, las sociedades rurales del interior de la provincia de Buenos Aires y gente de Santa Fe generaron un eje en el centro del país con mirada sobre la oveja, recuperando así el protagonismo que tuvieron en el pasado (Cámara de Productores Ovinos de Córdoba, 2019).

La MON, entre sus iniciativas, el 13 de mayo de 2021 les envió una nota a los senadores de la Nación para solicitarles que “se tenga a bien instrumentar los medios que estén a su alcance para facilitar el tratamiento del proyecto de Ley Ovina Nacional, Exp. N.º S-902/21, en el Senado de la Nación a la mayor brevedad posible”. La misiva, además, exponía el porqué de la necesidad de su tratamiento ante la finalización de la actual ley y ejercía presión sobre los legisladores para lograr ese cometido.

La difusión de la información hizo que desde diversas instituciones se brindaran apoyos y comunicados en pos de la continuidad de la ley. Entre otras, se pronunciaron el Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (CREA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), el Centro Regional Patagonia Norte del INTA, asociaciones de criadores de ovinos y demás entidades involucradas.

Ahora bien, su continuidad se debe al trabajo y la dedicación del propio sector, que ha estado encima del tema realizando una tarea de lobby sobre los legisladores de cada provincia y exponiendo las sobradas razones que existen para seguir con la tarea.

Este trabajo –silencioso en algunos momentos– logró interpretar las cuestiones políticas imperantes en el momento y pudo ser lo suficientemente paciente para que el proyecto fuera oficializado y recibiera así un tratamiento más ágil en el Senado, que es donde ya fue aprobado.

De esta forma llegó el 4 de mayo de 2021 al recinto del Congreso el proyecto con sus argumentos, de los cuales se rescatan los siguientes:

Estas renovadas oportunidades han suscitado nuevamente el interés por parte de productores tradicionales y aquellos con sistemas productivos mixtos en todo el país debido a la versatilidad que manifiesta la producción ovina. Para el aprovechamiento de las oportunidades de mercado actuales, el sector ovino y el Estado deberán trabajar articuladamente para acotar la brecha existente entre los requerimientos de los mercados y la situación actual del sector, desarrollando herramientas que permitan la mejora de la eficiencia productiva, el fomento de la integración de los actores de la cadena, el agregado de valor a la producción en origen en cada eslabón de la cadena y la mejora de los procesos de comercialización. Esta propuesta propone la simplificación de los mecanismos operativos de la ley, propone la modificación del objetivo del régimen, pasando de la recuperación de la ganadería ovina a la promoción del desarrollo integral de la cadena ovina y de llamas, con foco en la modernización e innovación de los sistemas productivos, de transformación y comercialización, los procesos de agregado de valor y la integración de todos los eslabones de la cadena. Incorpora la mirada del género promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo y la participación de las mujeres en la cadena ovina, amplía el alcance al sector de la agricultura familiar campesina e indígena, incorpora la representación de las secretarías que integran el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a los fines de integrar sus competencias a las funciones de la CAT. Se fundamenta en la importancia de mantener líneas de trabajo que sean consecuentes con la planificación estratégica definida para el sector, teniendo en cuenta la particularidad de cada provincia y en el marco del funcionamiento de la Unidad de Ejecución Provincial (Mayans et al., 2021).

Por todo lo expuesto es posible responder que, efectivamente, la estrategia utilizada por la MON y todos sus integrantes del sector público y privado dio buenos resultados, ya que se ha consolidado como tal y generado la continuidad buscada.

3. Rol del INTA en la aplicación de la ley

Es relevante tener presente la participación institucional del INTA en todo este movimiento federal, ya que en cada Unidad Ejecutora Provincial (UEP) es un actor que aporta a la concreción de las metas locales.

Hoy, en cada Plataforma de Innovación Territorial en que se divide el país para la tarea institucional es fácil detectar a la mesa ovina o la UEP local como un protagonista que tiene muchas cosas para decir. Esto se evidencia fuertemente en la Patagonia, territorio ovejero por historia y continuidad, que con sus aportes ha sabido nutrir las definiciones que llevaron a dar forma esta etapa que da comienzo con la promulgación de una nueva Ley Ovina.

A modo de ejemplo se puede destacar lo acontecido en la reunión de la UEP de Río Negro del 9 junio de 2021, en la cual se pudo avanzar en la ejecución del último presupuesto estipulado para esta ley.

El encuentro fue presidido por el secretario de Ganadería de esa provincia, Tabaré Bassi, máxima autoridad temática, quien en declaraciones informó:

El presupuesto 2021 fue el último contemplado por la Ley Ovina a nivel nacional. Por eso, es muy importante poder avanzar en la renovación de la ley y en la actualización de su presupuesto para dar continuidad a esta herramienta indiscutiblemente valiosa para el sector ovino provincial.

Además, la coordinación provincial de la ley explicó que:

…en general, las estrategias de intervención priorizadas este año fueron para fortalecer el trabajo de las organizaciones de pequeños productores y la introducción de nuevas tecnologías de manejo en los establecimientos, a través de la prefinanciación comercial y de mejoras prediales como cobertizos, apotreramientos, y captación y distribución de agua.

Esa UEP presentó, entre otros proyectos, uno cuyo monto asciende a 2.519.965 pesos y que está destinado a la actualización del analizador óptico del diámetro de fibra (OFDA, por sus siglas del inglés Optical Fibre Diameter Analyzer) del INTA Bariloche (Río Negro Comunicaciones, 2021).

Esta UEP cuenta con la participación de representantes del INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, las cooperativas Ganadera Indígena, La Amistad y Amulein Com, las sociedades rurales de Bariloche y Maquinchao, la Dirección de Sanidad y Mejora Genética de la provincia y la Coordinadora Provincial de la Ley Ovina.

El INTA ha sido un activo participante en cada una de las provincias donde se han ejecutado fondos de la Ley Ovina.

Por eso se entiende que esta herramienta convalidada en el Congreso aportará a la economía del sector nuevos fondos para promover actividades que van desde la capitalización hasta la puesta en marcha de innovaciones absolutamente necesarias.

También, a través de las mesas locales UEP y la mesa nacional CAT, aporta verdaderas mesas de diálogo sectoriales necesarias para la búsqueda de consensos.

Por último, en el contexto local e internacional en el que nos encontramos, la demanda de los principales productos generados por la actividad –las proteínas rojas de la carne y la fibra de lana– sigue siendo interesante dada la valorización de las producciones realizadas en ambientes amigables, con énfasis en la sustentabilidad. Y coloca a esta herramienta como una verdadera política pública diseñada para dar soporte a la producción ovina nacional y respuesta a esa demanda.

Por lo expuesto, cabe interrogarse sobre las nuevas directrices que se abren ante este hecho de continuidad y definir prospectivamente que estamos interpretando los tiempos que se avecinan.

Ante la severa crisis en la que nos encontramos en el medio de una pandemia inédita, por la cual nada será igual a lo que conocíamos, la posibilidad de generar una mayor producción ovina, que se traduce en mano de obra directa e indirecta, en nuevos productos cárnicos para consumo interno, y en nuevas divisas generadas por la exportación de lanas y carnes, encuentra una aliada de confianza en esa herramienta como política pública.

4. Prospectiva

Para culminar este breve espacio de reflexión sobre las consecuencias y necesidades generadas en el sector ovino en vista de dar continuidad a lo que claramente parece ser una política pública como la Ley Ovina, se plantea el ejercicio que significaría trazar un escenario deseado tomando todos los elementos hoy disponibles.

Es necesario dejar establecido qué significa para cada región en particular la producción ovina, desde el monocultivo patagónico hasta la agricultura familiar en el Noroeste Argentino.

Cada provincia seguramente podrá dar los indicadores y las variables que permitan medir el impacto de la implementación de esta nueva ley.

Se deberá trabajar para medir el stock no declarado, sobre todo en provincias extrapatagónicas, donde el problema de los movimientos y las ventas en negro les genera un gran dolor de cabeza a las autoridades.

Se deberá trabajar en cada UEP sobre cobranzas y recuperos, para integrar un fondo que se estima podría ser de 350 millones de pesos hacia 2025.

Considerando lo manifestado en diversas reuniones por la propia MON, existe una serie de ítems que hablan de la estabilidad de los sistemas, con producciones más intensificadas, buscando mecanismos para disminuir riesgos y volatilidades: climáticos, de mercados y financieros. Debe atenderse la productividad primaria: más carne y más lana por animal. Además, trabajar de manera consensuada entre cada actor y eslabón de la cadena.

Está claro que hay determinadas acciones iniciadas desde los sectores público y privado, como las certificaciones y el bienestar animal.

En el primer caso, Argentina es uno de los países líderes en certificación RWS (siglas del inglés Responsible Wool Standard, conocida como Estándar de Lana Sustentable) ante las exigencias en el mercado internacional de fibras. En cuanto al bienestar animal y el cuidado del ambiente, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación aprobó –mediante la resolución N.º 7/19– los estándares de bienestar animal para la cría, la faena y el transporte de ovinos que permiten acreditar el manejo ético y responsable de los ovinos en Argentina.

Es central difundir estos estándares y adoptarlos para posicionar al país como uno de los proveedores confiables de los exigentes mercados actuales.

El Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Lana Prolana ha sido pilar de la mejora de ese producto, pero las exigencias hacen que se deba seguir trabajando con los aportes necesarios de la tecnología, la comunicación y la trazabilidad.

La producción de proteínas rojas –demandadas hoy por los mercados interno y externo– lleva a preguntarse qué decisiones deben ser tomadas para su desarrollo, cómo se sale del esquema actual de bajo consumo interno o cómo se logra una colocación más fluida en el exterior.

También, cómo sumar más productores al desarrollo de esta actividad y que estos se encuentren con todas las posibilidades de colocar su producto, porque las líneas de faena y los canales de distribución están a disposición. Esto hace a la lucha diaria contra el flagelo de la pobreza y la falta de alimentos.

Hoy, la tecnología disponible para el monitoreo de la vegetación o del clima está disponible y hace falta para su integración a la producción ovina. Los Monitores Ambientales de Regiones Áridas y Semiáridas (MARAS) son necesarios para no cometer los mismos errores en el pastoreo de ambientes frágiles.

Contando con esa información y esos diagnósticos se podrán elaborar las estrategias necesarias para dar continuidad a una política concreta, así como pensar en que la actividad tiene un buen escenario futuro y apostar al crecimiento. Hay muchas personas detrás que lo están haciendo.

Bibliografía

Cámara de Productores Ovinos de Córdoba (CAPOC): Congreso Internacional de Producción Ovina CAPOC, 11-13 de octubre de 2019. Disponible en: https://www.facebook.com/capoc.cba.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA): Acta Constitutiva de la Mesa de Competitividad Ovina, 2018.

Food and Agriculture Organization Statistics Division (FAOSTAT): Agriculture organization of the United Nations Statistics Division, Economic and Social Development Department, Roma, Italia, 2016. Disponible en: https://www.fao.org/faostat/es/.

Mayans, J. M. Á.; Rodriguez Saá, A.; Caserio, C. A.; Mirabella, R. M.; González, M. T. M.; Mirkin, B. G.; Rodas, A. J.; Uñac, J. R.; Duré, M. E.; Lovera, D. A., y. Taiana, J. E.: Proyecto de ley de modificación y actualización de la Ley N.º 25.422 de Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, Senado de la Nación, 2021.

Río Negro Comunicaciones: “Ley Ovina ejecutó su presupuesto 2021 con más de $12 millones que serán invertidos en Río Negro”, 12 de junio de 2021. Disponible en: https://rionegro.gov.ar/?contID=69393.

Taraborrelli, D., y Pena, S.: “La Ley Ovina en la Patagonia (2001-2016): un análisis del proceso de la política pública”, Políticas Públicas en la Ruralidad Argentina, Sección II: La regulación de las actividades en las economías regionales, Ediciones INTA, 2018.

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