Hacia una democracia deliberativa

Javier Flax

Lo que se puede prever se debe prever.

Resumen

En el presente artículo consideramos la relación entre el derecho al acceso a la información de interés público y la necesidad de implementar una metodología interdisciplinaria para la construcción de esa información de la manera más exhaustiva posible, cuando se trate de diseñar políticas públicas o de autorizar actividades productivas con posibles impactos sociales y ambientales.

Así como el derecho a la comunicación es el sustento de una democracia constitucional en cuanto democracia deliberativa, cuando se trata de problemáticas complejas que afectan el interés público no alcanza con la opinión de los expertos, particularmente porque la complejidad de estas excede la experticia de una sola disciplina y porque las soluciones involucran aspectos valorativos que sobrepasan la racionalidad científica.

Por eso exhibiremos la metodología interdisciplinaria que elaboró Rolando García a partir de la necesidad de un plan de desarrollo alternativo a la sorgorización en México, con la certeza de que debería aplicarse a la actual matriz agropecuaria que generó el proceso de sojización transgénica en Argentina. También, para evaluar una eventual implantación del trigo transgénico, atendiendo a posibles consecuencias perjudiciales previsibles, con el objeto de evitarlas o minimizarlas.

A su vez veremos que la elaboración interdisciplinaria del conocimiento requiere ser complementada con el debate público, como lo prevé el Acuerdo de Escazú, aprobado mediante ley nacional en 2020, en tanto que la definición de políticas públicas supone componentes valorativos indecidibles mediante la racionalidad científica.

1. Introducción: la democracia deliberativa y el derecho a la información

En una democracia constitucional como la nuestra, las políticas públicas –en cuanto tales y en sus diferentes niveles estatales y jurisdiccionales– deben ser sometidas al escrutinio y, eventualmente, al debate público. Si bien actualmente existe una mayor conciencia por parte de funcionarios, técnicos, científicos y profesionales del Estado con respecto a los derechos constitucionales que asisten a la población, no siempre hay un conocimiento acabado.

Incluso, frecuentemente se suele considerar que algunos asuntos son meramente técnicos y por lo tanto no requieren ninguna discusión, cuando en realidad a los mismos subyacen disputas valorativas que deben esclarecerse reflexiva y dialógicamente. A principios del siglo 20, Max Weber ya refutaba la supuesta neutralidad valorativa de las decisiones técnicas (Weber, 1984).

Sin introducirnos en el tratamiento que les brindaba Weber (bien interesante, por cierto), podemos decir que actualmente existen algunos consensos acerca de las preferencias valorativas en nuestra comunidad política que están plasmados en la Constitución Nacional, la cual a su vez asume como propios los pactos internacionales de derechos humanos y ambientales. Por esto, debería resultar más fácil entender cuáles son las orientaciones y los límites dentro de los que debe ser llevada adelante la definición de las políticas públicas.

Por supuesto, esto también conlleva un esclarecimiento, debido a que existen conflictos entre derechos fundamentales y se necesita que la política logre articular y armonizar estos derechos atendiendo a una serie de criterios, entre los cuales no puede perderse de vista el antiguo Principio de Favor Debilis. Como suele decirse, si el Estado es “neutral” en algunas situaciones conflictivas, en realidad está favoreciendo al más fuerte en la relación, cuando su deber es exactamente el opuesto: proteger a los sectores más débiles de la población con respecto a aquellos más poderosos (Abramovich y Courtis, 2002).

En países como el nuestro, con economías de mercado, el Estado tiene que ser activo. Pero cuando –neoliberalismo mediante– nos encontramos en un capitalismo muy concentrado, resulta muy fácil que se incurra en posiciones de dominio en el mercado que posibilitan todo tipo de abuso de poder.

La situación se complica aún más cuando se impone la ideología neoliberal de los mercados autorregulados, de acuerdo con la cual debería haber un Estado mínimo, sin responsabilidades sociales ni ambientales, por lo que las regulaciones y la intervención estatales deberían reducirse a una ínfima expresión.

Esa matriz político-cultural, a su vez, fue internalizada por muchos funcionarios que se muestran temerosos de intervenir en situaciones conflictivas incluso cuando es su deber hacerlo. Entonces, cuando los sectores poderosos no se quejan, parece que no hay conflicto. Pero las asimetrías y la desigualdad instalada exhiben una enorme conflictividad, la cual es ocultada o bien escamoteada al debate público.

Como suele decirse, las necesidades que deberían formar parte de la agenda pública son invisibilizadas por la agenda publicada. Pero, como no se puede tapar el sol con una mano, los conflictos emergen. Por supuesto, la eclosión a veces es tardía, cuando los hechos consumados resultan difícilmente –si no directamente– irreversibles.

Podrá pensarse que hay sectores de la población muy pasivos con respecto a la información, que consumen acríticamente aquello que los medios más tradicionales les ofrecen, particularmente en contextos de alta concentración mediática. Para esos grupos puede ocurrir que diversas calamidades –enfermedades, malformaciones, aumentos de precios, pérdida de empleos, desplazamientos y demás– sean percibidas como fenómenos naturales o designios de los “dioses del Olimpo”.

Pero hay otros sectores que son activos, y entienden las relaciones causales y las correlaciones entre determinadas políticas o emprendimientos y sus consecuencias perjudiciales. Aunque suelen tener dificultades al momento tanto de buscar información como de pretender ejercer su libertad de expresión.

Por eso –y particularmente porque existe esa ciudadanía más pasiva que debe dejar de serlo– es obligación del Estado proteger ambos derechos, para lo cual no resulta suficiente que la información circule, sino que se la debe organizar y, como veremos, construir.

Por ejemplo, en un contexto de opacidad, aprobar resoluciones que tendrán como consecuencia la transformación de la matriz agropecuaria de vastas regiones del país –con impactos sociales y ambientales previsibles– es completamente inaceptable. Sin embargo ocurrió en nuestro país en varias oportunidades durante el Estado de derecho.

En este punto es pertinente mencionar el Principio de Publicidad, enunciado por Emanuel Kant antes de finalizar el Siglo XVIII: “Todas las acciones referidas al derecho de otros seres humanos que no sean compatibles con la publicidad son injustas” (Kant, 2018: 122).

Contra lo que piensan funcionarios, es un derecho –y para algunos, como Kant, es una obligación– interiorizarse y hablar de los asuntos públicos que afectan al conjunto o a un sector de la población, así como lo es estar informados al respecto desde una multiplicidad de fuentes, pero especialmente por parte de los propios organismos estatales.

Para ir acercándonos a nuestro asunto, diremos que el Estado y –en consecuencia– sus funcionarios políticos y de carrera deben respetar, garantizar, promover y, sobre todo, proteger el derecho a la información, el cual es clave si pretendemos vivir en un Estado constitucional de derecho o en una democracia constitucional.

Los diversos organismos del Estado –en sus diferentes jurisdicciones y niveles– tienen el deber de informar sobre sus asuntos y cuando se requiere legalmente están obligados a convocar a audiencias públicas o a instancias de consulta vinculantes para saber qué opina la ciudadanía respecto de eventuales políticas o emprendimientos públicos.

En esa línea, es muy importante que se llegue a esas instancias de democracia deliberativa con la mayor información posible en torno al asunto (Nino, 1997).

La democracia deliberativa –conceptualizada por autores como Jürgen Habermas, 1986 y 1998; Robert Alexy, 2006, y Carlos Santiago Nino, 1997– es el modo en que una democracia constitucional se realiza como tal, a través de procesos comunicacionales superadores de las concepciones que ven en la democracia una mera competencia entre élites y consideran imposible llegar a acuerdos sobre lo que sea el interés general.

Para la concepción deliberativa de cómo se debe desarrollar la democracia constitucional, precisamente, los procesos comunicacionales convierten a ésta en una democracia epistémica, en la cual los individuos pueden aprender, modificar sus preferencias y salir de posicionamientos prerreflexivos y meramente autointeresados.

Frente a un problema determinado, no se trata de mantener un enfrentamiento desde posiciones férreas e inamovibles, sino de esclarecer una cuestión que afecta o involucra de diferentes modos a la comunidad política. Por supuesto, esto requiere de algunos cambios actitudinales y un aprendizaje con respecto a los actuales modos de resolver los conflictos, atravesados por pasiones viscerales. No se trata meramente de imponer una mayoría, sino de lograr consensos más abarcativos sobre determinadas cuestiones (Flax, 2018).

Por eso, los derechos a la libertad de expresión y a la información, que componen el derecho no explicitado a la comunicación, deberían ser derechos ultraprotegidos por el Estado. Sin embargo, hasta ahora, muchas decisiones llegan a transformarse en normas sin haber pasado por el escrutinio público. Mientras se transmiten en vivo las sesiones desde la Cámara de Diputados de la Nación y desde el Senado, en organismos de mucha menor jerarquía se toman decisiones pretendidamente técnicas en contextos de completa opacidad.

Claramente, mantener las asimetrías de información suele ser un recurso que posibilita autorizar esto y aquello, llevar adelante obras, políticas o emprendimientos privados o gubernamentales que de tomar estado público contarían con la oposición de una parte de la población.

En consecuencia, deben eliminarse las asimetrías de información o –en términos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos– debe cumplirse con respetar, garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información.^[1]

En términos legislativos, desde la recuperación de la democracia se avanzó muy lentamente en aspectos de acceso a la información pública, con leyes provinciales de acceso a esta, con un decreto nacional relativamente eficaz que regula el derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (decreto N.º 1.172/03) y, posteriormente, con una norma nacional de acceso a la información pública (ley N.º 27.275/16) que necesita ser perfeccionada.

Quizás uno de los avances legislativos más importantes fue la reciente aprobación y promulgación, en octubre de 2020, del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (ley N.º 27.566), o Acuerdo de Escazú (Costa Rica), sobre el cual volveremos al final de este artículo.

Esa norma, precisamente, consagra el acceso a la información ambiental, los principios de transparencia, la rendición de cuentas y la máxima publicidad, entre otros aspectos. Para eso obliga a los estados signatarios a que sus dependencias organicen y pongan a disposición la información pública relativa a los asuntos ambientales. Asimismo ordena que sean generadas las instancias de participación pública “en la toma de decisiones”, para lo cual tienen que habilitar las instancias de consulta y decisión correspondientes.

1.1. La construcción interdisciplinaria de la información relevante y pertinente

Frecuentemente no se halla disponible la información sobre un asunto que afecta a la población en su conjunto o a diferentes sectores de estas. En consecuencia, hay que generar información relevante, pertinente, oportuna y lo más completa posible. Para eso es indispensable estudiar el problema en cuestión desde todas sus aristas y perspectivas posibles, y considerar todas las consecuencias previsibles, cognoscibles desde la actualidad, tanto las beneficiosas como las perjudiciales.

A la vez, que algunas consecuencias sean consideradas deseables o indeseables depende de criterios valorativos –hoy plasmados como derechos fundamentales– que permitirán considerar indeseable lo que no se ajusta a los estándares que representan esos derechos y las responsabilidades que derivan de ellos.

Así, por ejemplo, podrá estimarse indeseable aquello que lesione el derecho a la salud o al trabajo, o todo lo que no se ajuste a un criterio de sostenibilidad como el incluido en el artículo 41.º de nuestra Constitución nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Construir esa información significa estudiar un asunto de manera contextualizada, atendiendo a su complejidad, lo cual supone una metodología interdisciplinaria. Se trata de la convergencia de diferentes disciplinas para estudiar un problema, pero no de un modo descontextualizado como podría hacerse desde una perspectiva tecnocrática o cientificista, que no se hace responsable por las consecuencias de sus propuestas o innovaciones.

Por el contrario, se trata de atender a la complejidad derivada de las relaciones con otras variables y a las consecuencias beneficiosas, pero también perjudiciales de su eventual implementación, con el fin de desistir de su realización –como ocurrió con algunos emprendimientos mineros– o bien de evitar, disminuir o minimizar sus consecuencias perjudiciales.

Para esto es imperioso prever formas de reparación de los daños y de compensar a los eventuales perjudicados por sus pérdidas, siempre que estas sean circunstanciales, admisibles y efectivamente aceptadas en un proceso de negociación.

Cabe preguntarse si, por ejemplo, frente a la necesidad de realizar un proyecto en torno a un territorio o una cuenca con el objeto de construir una represa, sería razonable y suficiente que lo hicieran solamente ingenieros civiles o electromecánicos. O, si se tratara de aprobar o implementar un paquete tecnológico para la producción agrícola que afecte de diferentes modos a la población y al ambiente, sería razonable y suficiente que solamente biotecnólogos o ingenieros agrónomos, por caso, tomaran todas las decisiones al respecto desde su experticia.

Actualmente resulta claro que si se va a construir una represa hidroeléctrica de mediana o gran envergadura debería estar disponible toda la información sobre el impacto social, económico, cultural, político y ambiental previsible que puede producir. Esto, para que se lo pueda evaluar antes de su construcción y no cuando las consecuencias indeseables empiecen a manifestarse en términos de daños de diversa índole para la población y el ambiente, cuando los funcionarios que tomaron las decisiones ya no estén en el cargo o, sencillamente, para rendir cuentas.

Esto es necesario porque no se plantea que no se construya la represa, atendiendo a sus objetivos explícitos deseables, sino que se tomen en cuenta todos los factores y las variables, que sean identificados los afectados presentes o no, como las futuras generaciones, y que sean escuchados aquellos perjudicados y se consideren sus eventuales daños para evitarlos, minimizarlos y –si corresponde– compensarlos.

Para eso se requiere incluir a profesionales de diferentes disciplinas, como biólogos con diferentes especialidades, ecólogos, sociólogos, antropólogos, médicos, economistas, politólogos, comunicólogos y filósofos.

Si este procedimiento resulta claro para la represa u otro tipo de obra, ¿por qué no se acepta que es igualmente obvio cuando se pretende aprobar, por ejemplo, un nuevo paquete biotecnológico?

La represa puede ser un caso real, como efectivamente los hay. Sin embargo, la utilizamos como una metáfora de las problemáticas complejas cuyas consecuencias deberían preverse en la medida de lo posible realizando estudios interdisciplinarios mediante “grandes programas” de investigación. E incluso sometiendo la información al escrutinio público no solo a través de las instancias de representación política, sino también –directamente– a los diferentes afectados, mediante procesos comunicativos como las audiencias públicas u otro tipo de mecanismos de consulta.

Claramente, un enfoque monodisciplinario –aunque involucre como auxiliares a muchas otras disciplinas de un modo incomunicado– no podrá realizar las mismas previsiones que una convergencia interdisciplinaria orientada por objetivos valiosos. En consecuencia, veamos en qué consiste una metodología interdisciplinaria.

2. La metodología interdisciplinaria

La teoría sobre las políticas públicas consideró la interdisciplinariedad desde sus inicios. En el campo de la política científica, a su vez, fue Oscar Varsavsky en Argentina quien –en su influyente libro Ciencia, política y cientificismo– hizo un enorme aporte no solo con sus críticas al cientificismo, sino también con su propuesta de investigación científica alternativa al cientificismo.

El autor consideraba “cientificistas” a aquellos científicos que no reflexionaban sobre su propia tarea y menos se hacían cargo por las consecuencias perjudiciales de esta. Por su parte, la investigación científica alternativa se caracterizaba por ser autónoma, interdisciplinaria y para el cambio social.

La autonomía se oponía a la mera libertad de investigación, al modo liberal individualista, concebida como si los sujetos investigadores no estuvieran sometidos a las condiciones objetivas en las que se desempeñan en sus instituciones. Por el contrario, la autonomía científica consistía en una alternativa frente al pseudodilema en el que se hallaba estancado el debate en torno a la política científica entre el dirigismo y la mera libertad de investigación, concebida de una manera liberal.

La autonomía científica –claramente deudora de la idea rousseauniano-kantiana de libertad como autonomía o autodeterminación– consistía en orientar la investigación de manera reflexiva, considerando como objetivo valioso el cambio social en un sentido liberador o emancipatorio en el que mejoraran las condiciones de vida o el bienestar de la población.

Finalmente, la tercera pata de la investigación alternativa –la interdisciplina– era considerada por Varsavsky no solo como la convergencia de dos disciplinas científicas preexistentes, sino también en el sentido de la que requieren los “grandes programas” para prever las consecuencias indeseables que fueran efectivamente previsibles (Varsavsky, 1969).

Roberto Follari explica muy bien que la metodología interdisciplinaria no debe confundirse con un simple enfoque generalista frente a la especialización disciplinaria, porque sin disciplinas bien constituidas ni científicos bien formados tampoco hay interdisciplina.

Al respecto expresa:

Solo puede haber interdisciplina en la medida en que existen disciplinas previas que entran en contacto. Por tanto, no se trata de una práctica que borra las ‘obsoletas’ divisiones entre las ciencias para instaurar un ancho mar de un saber totalizante y sin delimitaciones internas, sino de un trabajo a realizar en base a las disciplinas ya establecidas […] Siendo así, nos encontramos con dos modalidades de interdisciplina que aparecen epistemológicamente fundadas: el encuentro de un nuevo objeto teórico surgido en medio de dos disciplinas previas y la aplicación tecnológica a la resolución de problemas empíricos complejos (Follari, 1982: 67).^[2]

2.1. La elaboración de la metodología interdisciplinaria de los “grandes programas”

Ahora bien, una cosa es proponer la interdisciplina y otra muy diferente es su realización. La carencia elocuente de estudios interdisciplinarios al momento de planificar políticas públicas podría ser un síntoma de inviabilidad. Sin embargo, su viabilidad fue demostrada por Rolando García cuando fue convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, de las siglas en inglés Food and Agriculture Organization) para coordinar las investigaciones en torno a la introducción del monocultivo de sorgo y el paquete tecnológico correspondiente en México.

Como expresó el mismo García, elaboró la metodología interdisciplinaria en torno a una problemática compleja concreta: el problema de la “sorgización” –plantación intensiva de sorgo– de una región de México, el Valle de Santiago, en el Estado de Guanajuato.

La región del Bajío era conocida como el “granero de México”, importante productor de trigo y maíz. En la década de 1950 se introdujo el sorgo, que fue presentado como el cultivo ideal por el suelo y el clima. Además, con un alto precio garantizado como forraje por el desarrollo de la ganadería.

El cultivo de sorgo contaba con el apoyo de un sistema de crédito que incluía un paquete tecnológico con semillas mejoradas, nuevos tipos de fertilizantes químicos, control de plagas y herbicidas […] El crecimiento de la demanda de sorgo y el éxito económico de sus productores estimuló un nuevo avance del cultivo durante los años de 1970. El mecanismo era el mismo: la monopolización de la tierra y la perforación de pozos (García, 2006: 174).

El proceso productivo requería la compra de paquetes tecnológicos que los campesinos no estaban en condiciones de adquirir, por lo que comenzaron a arrendarles sus tierras a pooles de siembra que tenían la capacidad financiera para hacerlo.

García da cuenta de las consecuencias sociales indeseables: desplazamiento de campesinos, migración, desempleo, proletarización, empobrecimiento y desnutrición. En cuanto a las consecuencias ambientales indeseables: desertificación del suelo y falta de disponibilidad de agua para consumo humano.

La explotación no controlada del agua del subsuelo condujo a que el manto freático bajara de ocho metros de profundidad en 1955 a 200 metros en 1982. El agua de ese nivel es salinizada y, en efecto, salinizó la tierra. Las nuevas máquinas compactaron y endurecieron el suelo, lo cual llevó a utilizar máquinas todavía más pesadas. Se trata, sin dudas, de una forma de crecimiento predatorio con deterioro social y ambiental.

Por eso, luego de comparar varios casos, concluyó: “La ‘modernización’ agrícola, impuesta sin considerar el ‘costo’ en términos de ambiente físico y sociedad, funciona de este modo: con el empobrecimiento de los campesinos, con las migraciones, con la proletarización, con la sobreexplotación de los recursos naturales” (García, 2006: 179).

2.2. Las instancias de la metodología interdisciplinaria de García

A continuación realizaremos una exposición sucinta de la metodología interdisciplinaria que construyó e implementó García, quien coordinó el programa de investigación y al equipo multidisciplinario para el estudio encargado por la FAO, el cual se transformaría en interdisciplinario gracias a su aporte como “científico pluricompetente” y genuino epistemólogo constructivista.^[3]

El objetivo final de la investigación consistía en presentar un programa alternativo de desarrollo sostenible que corrigiera los desequilibrios producidos por el monocultivo de sorgo.^[4]

En primer lugar debe comprenderse que el ambiente y la sociedad son sistemas dinámicos complejos, que a la vez interactúan entre sí. En consecuencia, la organización interdisciplinaria de la investigación resulta ineludible si efectivamente se pretende considerar las dimensiones y los procesos involucrados de modo de diseñar políticas adecuadas y evitar consecuencias previsibles indeseables, para no incurrir en el cientificismo del que hablaba Varsavsky.

Para eso se requiere un equipo multidisciplinario, pero la multiplicidad de disciplinas es condición necesaria aunque no suficiente para la interdisciplina. Veremos que la articulación de las múltiples disciplinas en una genuina investigación interdisciplinaria supone varias instancias, pero desde un punto de partida común que está dado por el marco teórico y los criterios valorativos compartidos por los integrantes del equipo en esa instancia, los que fueron definidos y clarificados reflexivamente en lo que García denominó “marco epistémico”.

2.2.1. El marco epistémico: el “inter” de la interdisciplina

El marco epistémico es clave en la constitución del equipo interdisciplinario, de modo tal que no sea meramente un grupo multidisciplinario. En La investigación interdisciplinaria de sistemas complejos afirma García:

La articulación entre las disciplinas comienza en el mismo punto de partida de la investigación, a través de un marco epistémico común. Sin ello no es posible lograr un estudio sistémico que conduzca a un diagnóstico integrado y a una formulación compartida de políticas alternativas (García, 1991: 21).

Ahora bien, no solo se refiere al marco conceptual que se requiere que compartan los científicos de las diferentes disciplinas (por ejemplo, la concepción constructivista y sociogenética de la ciencia frente al empirismo burdo), sino también a que el marco epistémico supone compartir los valores que conforman una ideología.

Al respecto manifiesta:

El marco epistémico representa una cierta concepción del mundo, y en muchas ocasiones expresa, aunque de manera vaga e implícita, la ‘tabla de valores’ del propio investigador. En este sentido, la separación tajante entre el ‘contenido cognoscitivo’ y el ‘contenido normativo’ de la ciencia que realizan algunos autores no puede sostenerse. Y es precisamente a partir de un análisis epistemológico (sociogenético) que es posible poner al descubierto las raíces ideológicas de teorías científicas que se presentan como ‘conocimiento objetivo’ de la realidad (García, 1991: 20).

Podríamos creer que García está pensando en ideología únicamente en el sentido amplio de cosmovisión, como cuando se refería a los supuestos en la ciencia griega y a la ciencia china del siglo 5 a. C. en Historia y psicogénesis de la ciencia (García y Piaget, 1994). Desde ya, no se refiere a una tabla de valores o prioridades meramente subjetivas de un científico individual, aunque en ocasiones pueda ser así, sino que se trata de la ideología subyacente, la cual requiere ser esclarecida.

Actualmente, esos valores comunes son aquellos reconocidos como derechos humanos fundamentales, entre los cuales se hallan el derecho a un ambiente sano y la concepción de justicia que consagran los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), tan exigibles como los derechos civiles.

En este sentido, no debe pensarse que cualquier ideología o valor es equiparable en la perspectiva de García. Si atendemos su planteo podremos constatar que está en línea con nuestra lectura: “El marco epistémico está orientado por una normatividad extradisciplinaria de contenido social. Qué es lo que ‘debería hacerse’, está involucrado allí y sirve de base a la investigación posterior (desde la elección inicial de ‘observables’)” (García, 1991: 21).

2.2.2. El sistema como objeto de estudio: del desequilibrio a la reestructuración

Un sistema complejo no está dado con anterioridad a la investigación, sino que es la representación de un recorte de la realidad, concebido como una totalidad, de manera que los elementos interactúan entre sí de diferentes modos, por lo cual estudiarlos en forma aislada es erróneo.

En principio no entra todo, sino aquellas instancias que originalmente aparecen como relevantes desde el marco teórico, sean elementos, relaciones o procesos. El recorte se realiza en función del marco epistémico, pero a su vez depende también de los objetivos de la investigación. Así, “con los mismos elementos pueden definirse sistemas cuyas estructuras difieran, en tanto se tomen en cuenta distintos conjuntos de relaciones entre los elementos, provenientes de distintos tipos de inferencia” (García, 2006: 185).

El sistema no se delimitará con precisión en una primera aproximación, sino que se requerirá de aproximaciones sucesivas que vayan perfeccionando su recorte.

Las relaciones más significativas entre los elementos constituyen la estructura del sistema, en tanto representan su organización. Estas relaciones no se pueden observar, sino que son inferidas.

Un sistema puede tener dos tipos de estabilidad: la que deriva de la falta total de movimiento (muerte) y la que deriva del equilibrio dinámico entre los diferentes elementos. La inestabilidad aparece cuando surgen perturbaciones o un deterioro que conducen a diferentes niveles de desequilibrio, particularmente cuando la estructura es más vulnerable, menos elástica o con menor resiliencia para absorber los cambios.

Lo que debe estudiar el equipo interdisciplinario son, precisamente, los procesos de desestructuración y eventual reestructuración, el aspecto dinámico del sistema. En este caso, la desestructuración se genera a partir de las perturbaciones que provoca la irrupción de los paquetes tecnológicos, con consecuencias buscadas en términos de productividad pero con efectos indeseables previsibles de toda índole.

Como es sabido en la teoría sistémica, los mayores desequilibrios se generan cuando se dispone de menos información. Esta desestructuración se puede revertir de diferentes maneras. Pero una reestructuración valiosa será aquella que se realice en el contexto de un marco epistémico que tenga en cuenta el desarrollo sustentable social y ambientalmente.

A pesar de la clausura que define el adentro con respecto al afuera o entorno, existen flujos de información, de energía, de materia y de políticas, una apertura que –como veremos en el apartado siguiente– determina diferentes niveles de análisis.

2.2.3. Procesos de diferentes niveles o estratificación

En general, el recorte del sistema se hace en términos geográficos o territoriales, pero también pueden tomarse como criterio las formas de producción, la organización económica o algún otro aspecto.

A su vez, el sistema puede abordarse en diferentes elementos o subsistemas, como el físico, el social y el económico, los cuales a su vez son subdivisibles en diferentes elementos. Estos subsistemas interactúan entre sí de un modo horizontal. Pero debe tenerse en cuenta que los procesos que se llevan a cabo en el interior de un sistema no siempre son del mismo nivel, sino que suelen tener una lógica vertical.

Esto significa que los niveles no tienen necesariamente una acción recíproca, sino que hay niveles “superiores” en el sentido de ser más abarcativos, que condicionan y a veces sobredeterminan a los niveles inferiores. En este sentido, resalta García, se requiere hacer distinciones entre los niveles e incluso entre las velocidades o los ritmos del cambio en cada uno de los niveles, para que no se genere confusión en el análisis.

En Conceptos básicos para el estudio de sistemas complejos, García establece una estratificación de niveles para un caso de estudio vinculado con el sistema alimentario.

1. Procesos de primer nivel o nivel de base: cambios producidos en el medio físico y biológico, en los métodos de producción, en las condiciones de vida y en el sistema de relaciones socioeconómicas, y que han ido asociados a modificaciones del sistema productivo de la región.
2. Procesos de segundo nivel o metaprocesos: las modificaciones en el sistema productivo por la incorporación de nuevas tecnologías o cambios en una política pueden introducir cambios significativos en el primer nivel.
3. Procesos de tercer nivel: políticas nacionales de desarrollo, modificaciones del mercado internacional, internacionalización de capitales y demás, que determinan la dinámica de los procesos de segundo nivel (García, 1986: 398).

Estos niveles tienen dinámicas, velocidades y actores diferentes. Están interrelacionados, pero de modo que el análisis de los procesos del tercer nivel provee una explicación de los procesos de segundo y el análisis de este último posibilita explicar los procesos del primero. Por supuesto, en el nivel básico pueden producirse acontecimientos naturales que impliquen reacomodamientos en los niveles anteriores.

Es crucial, al momento de pensar escenarios alternativos en el nivel de base, tener en cuenta que los procesos en los niveles superiores constituyen lo que García denomina “condiciones de contorno”, las cuales pueden ser factores limitantes para las transformaciones. A veces, las condiciones de contorno son sumamente rígidas y dificultan los cambios; en otras ocasiones son más flexibles, y permiten plantear diferentes alternativas y disponer de mayores posibilidades para maniobrar políticamente. En cualquier caso, la factibilidad y la viabilidad de las acciones requieren ponderar las condiciones de contorno para no incurrir en consecuencias contraproducentes.

2.2.4. La interdisciplina como dialéctica entre la diferenciación y la integración

Quedó claro que los niveles no se deben confundir. Esto no es óbice para que en los diversos niveles de un sistema dinámico complejo se puedan identificar diferentes subsistemas que a su vez puedan convertirse en objetos de estudio de distintas disciplinas.

Así, por ejemplo, resulta claro que en el primer nivel se requiere un estudio del aspecto físico, divisible a su vez en suelo, que puede incluir la calidad de la tierra o su deterioro por salinización; el agua, la cuenca hídrica, el nivel de la napa freática, el aire, los aspectos climáticos y los biológicos.

Las formas de producción, de intercambio y de acumulación, y la tenencia de la tierra requieren ser estudiadas por la economía. Esta debe atender a los antecedentes históricos y culturales, entre otros elementos. La integración social y el trabajo serán estudiados por la sociología, y así sucesivamente.

En el segundo nivel aparecen cuestiones vinculadas con cambios tecnológicos que van a determinar el primer nivel, que también involucran el estudio de la economía y otras reflexiones.

Si bien la conflictividad puede darse en todos los niveles, quizá el tercero sea el más político en el sentido de la definición de políticas por parte de los estados, pero también en cuanto a la interacción de estos entre sí y con respecto al mercado, constituido por corporaciones con una enorme capacidad de incidencia política, mediática y, por supuesto, económica.

Los desequilibrios que se generan en el nivel 1 pueden explicarse por las políticas generadas en el nivel 3, posibilitadas por las tecnologías incorporadas en el 2. El desequilibrio y la desestructuración generan una problemática compleja que implica ser abordada de manera interdisciplinaria, para lograr –desde un marco epistémico común– una reestructuración satisfactoria.

En este punto, si quienes definen las políticas realmente se hacen responsables social y ambientalmente, se necesita de la constitución de un equipo interdisciplinario que busque una respuesta adecuada en términos de revertir o al menos minimizar y eventualmente compensar los daños que se provocan.

Atendiendo a eso, la interdisciplina no consistirá en la simple coordinación de resultados de los estudios de las diferentes disciplinas, sino que será un largo proceso de aproximaciones sucesivas con algunas etapas de integración y otras de diferenciación.

En La investigación interdisciplinaria de sistemas complejos, García enumera las fases de ese proceso (García, 1991: 16):

1. Reconocimiento general, por parte del equipo de investigación en su conjunto, de los problemas que procura interpretar y para los cuales intenta encontrar solución. En esta instancia debe realizar preguntas de base y definir el marco epistémico.
2. Análisis de estudios anteriores realizados sobre aspectos diversos de esa problemática.
3. Primera identificación de elementos y relaciones para caracterizar en la aproximación inicial para definir el sistema.
4. Planteo de hipótesis de trabajo que permitirían explicar el comportamiento del sistema. Esto supone reformular las preguntas de base en términos de las funciones que cumplen los subsistemas y del funcionamiento del sistema.
5. Identificación de la problemática a investigar en cada subsistema para verificar o refutar las hipótesis y la planificación de trabajos sobre temas especializados que requieren estudios en profundidad.
6. Investigaciones disciplinarias de los problemas referidos en 5).
7. Primera integración de los resultados obtenidos en 6), lo cual generalmente conduce a redefinir el sistema formulado en 3) e incluso a reformular las preguntas iniciales.
8. Repetición de las fases 5) y 6) en relación con la nueva definición del sistema.
9. Segunda integración de resultados y nueva redefinición del sistema.
10. Tantas repeticiones de las fases como sea necesario, hasta llegar a una explicación coherente que dé cuenta de todos los hechos observados y responda a las preguntas que han ido surgiendo en el proceso descripto.
11. Elaboración de un plan alternativo de desarrollo.

Según observa García, las fases 6 y 8, y las sucesivas fases pares serán de diferenciación. Como predomina la investigación disciplinaria, incluso pueden ser convocados especialistas ajenos al equipo para cuestiones muy específicas.

Las fases 7 y 9, y las sucesivas fases impares serán de integración. En ellas es necesario que los miembros del equipo tengan la capacidad de descentración necesaria para: a) comprender y apreciar los problemas planteados a su propio dominio desde los otros, y b) percibir aquellos problemas de su dominio que se prolongan en los otros y formularlos adecuadamente a quienes se especializan en estos últimos. Podemos afirmar sin equivocarnos que es en esta instancia donde las capacidades para la abducción adquieren una particular importancia.

Así se llega a una suerte de síntesis de la tesis de García: “Los objetivos de una investigación interdisciplinaria se logran a través del juego dialéctico en las fases de diferenciación e integración que tienen lugar en el proceso que conduce a la definición y el estudio de un sistema complejo” (García, 1991: 17).

3. A modo de ejemplo: algunas consecuencias del proceso de sojización de la Argentina

En La implantación neoliberal de la sojización transgénica en Argentina (Flax, 2015) es realizaada –a modo de ejemplificación didáctica– una suerte de simulación de cómo sería aplicar la metodología interdisciplinaria al proceso de sojización en Argentina. Por su extensión no puede ser replicada en este espacio, pero sí es posible mencionar algunos aspectos.

En primer lugar resulta relativamente sencillo distinguir los procesos de distinto nivel que analiza García, así como los condicionamientos que existen entre los mismos y las consecuencias perjudiciales producidas en el nivel 1 o de base.

En el tercer nivel se puede considerar la necesidad de adquirir un commodity como la soja por parte de países emergentes –pueden ser China e India– que necesitan alimentar animales para a la vez mejorar la alimentación de su población. De este modo se abre un mercado enorme que las multinacionales cerealeras quieren aprovechar.

Estas corporaciones traen el negocio a un país como la Argentina, altamente endeudado y por lo tanto con enormes condicionamientos, y –en consecuencia– fácilmente permeable o con dificultades para establecer una clausura elemental con respecto al sistema global.

De este modo se imponen las políticas neoliberales del Estado mínimo y los mercados autorregulados. Así es que las autoridades de Argentina autorizan la soja RR y el glifosato porque ven en la agroindustria de los transgénicos una oportunidad para reactivar la economía del país.

Eso es posible también porque en el nivel dos aparecen las biotecnologías y nuevas tecnologías de siembra, como la siembra directa, para lo cual se diseñan eventos trangénicos resistentes a un herbicida potente como el glifosato. A esto se suman sembradoras de precisión, cosechadoras inteligentes que facilitan todo el proceso, silobolsas y otros elementos.

Este paquete tecnológico posibilita llevar adelante un enorme negocio no solo para las exportadoras de cereales, sino también para quienes participan en la generación de aquel. Pero para todo esto se requiere disponer de plataformas productivas: grandes extensiones de campo. Entonces entra a jugar el negocio de los pooles sojeros, los inversionistas y el arrendamiento de los campos para cambiar la escala de producción. Así se llega al nivel 1 o de base, en torno al cual no se consideraron las consecuencias perjudiciales.

Los procesos de primer nivel incluyen el efecto local sobre el medio físico o sobre la sociedad que lo habita y lo explota. Las consecuencias abarcan: a) efectos físicos (efectos de la sojización sobre el suelo), como deforestación, tala de bosques para correr la frontera agraria, erosión y pérdida de nutrientes de la tierra (pérdida de hidrógeno y fósforo; este último, no renovable) y siembra directa mediante el uso de herbicidas como el glifosato; b) efectos sociales, como los perjuicios del glifosato en los organismos, patologías correlacionadas con el glifosato, malformaciones y cáncer. Además, el desplazamiento de la población y la pérdida de trabajo agrícola a partir del cambio en los modos de producción mediante la incorporación de nuevas tecnologías para la siembra y la cosecha conducen a: c) efectos económicos, como el encarecimiento del valor de la tierra para otros tipos de producción, con el consecuente aumento en el precio de los productos básicos para la alimentación de nuestra población.

Sin embargo, no se realizaron estas evaluaciones de posibles impactos sociales y ambientales a pesar de existir alarmas e incluso estar disponible la metodología interdisciplinaria desarrollada por García, quien a principios de los noventa había estado dando cursos en el Centro de Estudios Avanzados de la UBA. Quizás porque ya se tenía en claro que habría algunos impactos previsibles que serían inaceptables.

Por tal razón, la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca aprobó –con la mayor discreción– el uso tanto del glifosato como de la soja RR (resistente al Roundup).^[5] Someter estas cuestiones al escrutinio público hubiera generado resistencias para esas autorizaciones.^[6]

A nuestro juicio, resulta claro que al momento de producirse esas autorizaciones existía conocimiento en torno –al menos– a tres consecuencias perjudiciales previsibles:

1. La pérdida de trabajo rural y el desplazamiento de familias campesinas era previsible, porque se tenía en claro que los cultivos tradicionales insumían aproximadamente un promedio de 180 horas-hombre por hectárea por año, mientras que los cultivos con el nuevo paquete tecnológico insumen un promedio de cuatro horas-hombre por hectárea por año.
2. Los efectos sobre el suelo y sus consecuencias.^[7]
3. Algunos riesgos en el uso del glifosato: si Monsanto fue multada en Estados Unidos y aceptó dejar de publicitar el glifosato como “seguro” en 1996, quiere decir que en 1996 ya no se podía alegar desconocimiento acerca de la inseguridad del herbicida. Pero se lo ocultaba.

Sin embargo no se tomó ninguna previsión para evitar, disminuir, morigerar o compensar los daños.

4. La necesidad del debate público y la interdisciplina frente a los nuevos desafíos

Queda claro que la implementación de la sojización transgénica generó ganadores y perdedores. Las ganancias se produjeron en los niveles 2 y 3, mientras que las pérdidas se concentraron en los subsistemas del nivel de base. El Estado vio en los ingresos por las retenciones agropecuarias una oportunidad de financiamiento. Pero no está claro cuánto tuvo que invertir para sostener con planes a los desplazados y atender la salud dañada por el glifosato.

Actualmente, a pesar de existir un conocimiento mucho mayor, continúa la misma matriz productiva. Es cierto que algunas instituciones tomaron nota y están comenzando a experimentar modalidades de siembra alternativa en las zonas periurbanas sin uso de herbicidas, con buenos rindes e incluso con mayor valor de mercado de la producción –precisamente– por no utilizarse organismos genéticamente modificados (OGM) ni herbicidas.^[8]

Asimismo, la FAO fomenta otros modos de producción agropecuaria sostenibles ambiental y socialmente, que permiten buenos rindes y les dan trabajo a las familias campesinas.

A pesar de eso se promueven nuevos cultivos transgénicos, como el trigo HB4, sobre el cual existe una enorme controversia y escasa información precisa. No vamos a reconstruir esta polémica, que lamentablemente no pudo convertirse aún en un genuino debate público ni menos aún en una investigación interdisciplinaria, sino que apenas mencionaremos sus aspectos principales, atendiendo a nuestro hilo conductor.

Por un lado, quien exhibió el aspecto positivo de la innovación –la mayor resistencia a la sequía– fue la bioquímica Raquel Chan (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas [CONICET]-Universidad del Litoral), la científica que descubrió el gen del girasol resistente a la sequía a partir del cual se realizó el diseño transgénico.

Ella –junto con un equipo de investigadores del CONICET, el INTA y universidades nacionales– logró el patentamiento de la innovación, cuya licencia obtuvo la empresa biotecnológica de origen nacional Bioceres, con el objeto de desarrollar el trigo HB4 e instalarlo en el mercado.

Hasta ahí parece tratarse de una alianza virtuosa entre los sectores público y privado para llevar a gran escala una innovación aparentemente muy conveniente. Pero resulta que el trigo HB4 de Bioceres no solo está diseñado para resistir la sequía, sino que además es resistente al glufosinato de amonio para evitar que malezas y otras especies compitan por los nutrientes del ambiente, y así se lo presenta en público: resistente a la sequía y al glufosinato de amonio.^[9]

Sobre este herbicida existen opiniones encontradas. Pero basta leer el folleto de la marca Prominens que acompaña a los bidones de 20 litros para entender los diferentes riesgos y las precauciones que se deben tomar. Un punto controversial sería si estas prevenciones, en caso de realizarse correctamente, permitirían evitar los riesgos.

Desde la perspectiva de algunos estudios científicos, el glufosinato de amonio es altamente peligroso. A modo de ejemplo, un pormenorizado informe elaborado por el médico Medardo Ávila Vázquez, de la Universidad Nacional de Córdoba, dio cuenta de una vasta literatura científica que registra los daños del glufosinato de amonio para la salud, así como su persistencia en el suelo y el agua, razón por la cual fue prohibida su comercialización en la Unión Europea mediante una resolución de 2013.^[10]

Por supuesto, el agrotóxico asociado al trigo HB4 es solo uno de los aspectos a considerar, pero hay muchos otros que también deben tenerse en cuenta, para lo cual debería realizarse una investigación interdisciplinaria que evaluara los impactos sociales y ambientales de su implantación. Para esto es insuficiente la perspectiva de Chan, prestigiosa y respetable científica en su campo de experticia: la investigación básica en biología molecular.

La propia profesional asumió los límites de su experticia en unas declaraciones que realizó en una publicación del CONICET en las que expresa refiriéndose a Bioceres:

Ellos tienen un know-how y una posibilidad que nosotros no tenemos desde nuestro punto de vista científico. Primero, que son agrónomos y empresarios, y nosotros somos biólogos moleculares e investigadores. El manejo de plantas a campo y en laboratorio requiere conocimientos distintos. Además, y muy importante, tienen el conocimiento y la experiencia en gerenciamiento empresarial que los científicos carecemos.^[11]

Por todo lo dicho en este apartado y en este artículo, resulta atendible el reclamo que presentó un colectivo de científicos mediante una pormenorizada carta en la que dan cuenta de la problemática que supone la actual matriz agropecuaria y sus consecuencias sociales y ambientales.

La “Carta abierta de científicos/as argentinos/as al Gobierno nacional sobre el trigo transgénico” –publicada el 20 de octubre de 2020 y a la cual adhirieron más de 1.200 científicos de diversas instituciones científicas argentinas– cuestiona la resolución N.º 41/2020 publicada en el Boletín Oficial el 9 de octubre de 2020, mediante la cual la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación aprueba el primer trigo transgénico del mundo. Asimismo expresa:

Solicitamos al Gobierno nacional que deje sin efecto la aprobación del cultivo de trigo transgénico y que, al mismo tiempo, abra un amplio espacio de debate ciudadano que contribuya a la transformación del actual modelo de producción agrícola hacia modalidades agroecológicas que consideren el interés común, la salud pública, la defensa de la vida y de la casa común.^[12]

En junio de 2021, el mismo colectivo de científicos y universitarios –ahora denominado Trigo Limpio– volvió a publicar una carta frente a la eventual aprobación de esa semilla por parte de las autoridades de Brasil, principal comprador de las exportaciones argentinas de trigo.

Pero, al finalizar la misiva, el colectivo de científicos se ampara en la ley N.º 27.566, que aprueba el Acuerdo de Escazú, el cual –como ya vimos– precisamente consagra el acceso a la información ambiental y los principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, entre otros.

Para eso obliga a los estados signatarios a que sus dependencias organicen y pongan a disposición la información pública relativa a los asuntos ambientales. Asimismo ordena que se generen las instancias de participación pública “en la toma de decisiones”, para lo cual se tienen que habilitar las instancias de consulta y decisión correspondientes.^[13]

Sería auspicioso en términos de calidad institucional que, además de habilitar el acceso a la información y la transparencia, las instituciones involucradas organizaran una investigación interdisciplinaria que permita disponer de la información más completa posible en torno a una problemática compleja que involucra el interés público y compromete el futuro del país.^[14]

Bibliografía

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