Roberto Briceño-León

Resumen

Las dinámicas de la paz y la violencia son analizadas desde la perspectiva de la institucionalidad como una gramática social de lo correcto y las consecuencias. En el texto se analizan dos etapas de la violencia en Venezuela: la violencia de los años sesenta y la violencia del cambio de siglo. Respecto de la primera, se revisan la violencia política de los militares y la de los guerrilleros. Respecto de la segunda, se estudia la destrucción institucional que representaron los saqueos de 1969 y los golpes de Estado de 1992. Y en el nuevo siglo se relacionan los cambios que ocurren en la violencia con los altibajos de los ingresos petroleros del país y la política revolucionaria. En la primera década ocurrió la violencia de la abundancia, la cual que se expandió durante los años de gran riqueza en el país; y en la segunda década, la violencia de la escasez, que se vincula con la compleja crisis humanitaria del país. Finalmente, se revisa cómo estos resultados se relacionan con la pérdida de la cohesión social. Se concluye que las dinámicas de la paz y la violencia están marcadas por la fuerza que la gramática social de la institucionalidad pueda tener en la estructuración de la convivencia de los individuos de esa sociedad, y no por las condiciones materiales de riqueza o pobreza en la cual ellos vivan.

Abstract

The dynamics of peace and violence are analyzed from the perspective of institutionality as a social grammar of what is correct and the consequences. The text analyzes two stages of violence in Venezuela: The violence of the sixties and the violence of the turn of the century. In regarding the violence of the sixties, the political violence of the military and the violence of the guerrillas are reviewed. In concerning the violence of the end of the century, the institutional destruction carried out by the looting of 1969 and the two attempted coups d’états of 1992 are studied. And in the new century the changes that occur in violence are related to the ups and downs of the country’s oil revenues and revolutionary politics. In the first decade, there was violence of abundance, which expanded during the years of great wealth in the country; and in the second decade, there was the violence of scarcity that is linked to the country’s complex humanitarian crisis. Finally, it is reviewed how these results are related to the loss of social cohesion. It is concluded that the dynamics of peace and violence are marked by the strength of the social grammar of the institution and its impact on the social relations of the individuals of that society, and not by the material conditions of wealth or poverty in which they live.

Introducción

Por varias décadas Venezuela fue considerado un país de muy poca violencia en América Latina, cuya estabilidad social y la paz que la acompañaba eran elogiadas y tomadas como referencia y hasta modelo para otros países de la región.

Las explicaciones en ese momento procuraban comprender por qué unos países o regiones vecinas, como es el caso de Colombia y Venezuela, el departamento del Norte de Santander y el estado Táchira, eran violentos de un lado de la frontera y del otro no (Deas y Gaitán Daza, 1995)

Se ofrecían razones de tipo social: en Venezuela había empleo y mejores salarios producto de la bonanza petrolera, y por lo tanto una alta movilidad social que en Colombia estaba bloqueada por diferencias sociales de muy larga data. Otros daban explicaciones políticas: la diferencia entre el control de los partidos políticos por la oligarquía colombiana y la guerra entre liberales y conservadores, mientras que en Venezuela la guerra federal, el petróleo y la dictadura habían reducido a la oligarquía y habían permitido el surgimiento de partidos políticos policlasistas. Otros incluso aventuraban interpretaciones históricas, como las diferencias que en el uso directo de la violencia habían existido durante la guerra de independencia, pues los venezolanos habían sido los oficiales que daban órdenes, mientras que los soldados colombianos fueron quienes realmente ejecutaron las acciones letales del combate. Con los años, todas esas explicaciones resultaron inútiles.

A finales de los años ochenta, entrevisté a un artesano y pequeño empresario colombiano en Caracas. Estábamos realizando una investigación comparativa sobre actitudes hacia la violencia en varias ciudades de América Latina. El artesano era oriundo del departamento de Antioquia, un pueblo cercano de Medellín, del cual había huido desplazado por la violencia de la droga y la guerrilla. Tenía unos cincuenta años y me contó cómo un paisano lo había robado. Le había pedido prestada una cantidad de dinero importante para hacer unos negocios y, una vez pasado el plazo para el pago, el otro, simplemente y con el mayor descaro, se negó a pagar. Su rabia era infinita. Eran los ahorros de muchos años que se le esfumaban sin más. En medio de su cólera pensó en muchas formas violentas de vengarse. Luego, me dijo, con un dejo de vergüenza y resignación: “ese hijo de la gran puta se salvó porque estamos en Venezuela, en Medellín ya hubiera mandado a alguien para arreglar esto”.

Los contextos de la paz y la violencia

Las dinámicas de la paz y la violencia solo pueden ser comprendidas en los procesos sociales que viven las sociedades, esas circunstancias las convierten en más pacificas o más violentas, y se refieren tanto a ciertas condiciones materiales como al acceso a los bienes, los recursos y el poder (Briceño-León, Villaveces y Concha-Eastman, 2008). También a condiciones inmateriales, a una gramática social que organiza y estructura la acción social, el comportamiento de los individuos hacia esos bienes, recursos y poder.

En la Venezuela contemporánea han existido dos periodos en los cuales la violencia ha irrumpido en la sociedad y ha tenido un impacto colectivo importante. El primero fue en los años sesenta del siglo pasado cuando, luego del derrocamiento de la dictadura militar y la instalación de la democracia, se produjeron dos tipos de violencia política, una de los militares conservadores que buscaban recobrar el poder perdido, y otra de la violencia de la guerrilla, de orientación marxista, que con el ejemplo y apoyo cubano buscó asaltar el poder. El segundo periodo se ubica en el cambio de siglo, en los treinta años que transcurren entre los saqueos y la represión de 1989 llamada el Caracazo, los golpes de Estado de 1992 y el gobierno de la “revolución bolivariana” entre 1999 y 2019.

Venezuela: muertes violentas, 1960-2018

Fuente: Observatorio Venezolano de Violencia sobre datos oficiales de la Oficina Central de Estadística e Informática, del Instituto Nacional de Estadística y del CICPC.

En este texto vamos a ofrecer una revisión de las dinámicas de la violencia y la paz ocurridas en esos dos periodos a la luz de la hipótesis de la interacción entre las condiciones materiales y las inmateriales, de la teoría institucional de la gramática social de lo correcto y de sus consecuencias.

La violencia de los años sesenta

Los años sesenta fueron un momento de transición importante en el siglo XX venezolano. La sociedad dejaba de ser rural y comenzaba a ser primordialmente urbana; abandonaba la producción agrícola para buscar ser industrial, dejaba de ser local y cerrada para hacerse más global, y a eso contribuían las corrientes migratorias que llegaban al país. Venezuela renunciaba al gobierno de los militares andinos para convertirse en una sociedad gobernada por civiles electos en un juego democrático.

El Censo de 1961 mostró que por primera vez en la historia nacional la población urbana superaba en número a la población que vivía y trabajaba en el campo. Lo que se llamó el éxodo rural, que se había iniciado con la gran demanda de mano de obra requerida en las zonas donde ocurría exploración y explotación petrolera, se mudó luego hacia las ciudades, pequeñas o grandes, donde se gastaba el ingente ingreso petrolero que llegaba al gobierno central y se ofrecían nuevos servicios a la población. Las ciudades crecieron con rapidez y desordenadamente, pues su expansión superaba las más audaces previsiones. Aparecieron las grandes invasiones de terrenos y los “barrios” que albergaban a los nuevos habitantes urbanos, quienes construían a su manera una parte importante de la ciudad, proporcionando una realidad que el gobierno y el resto de la sociedad no sabía bien cómo interpretar ni menos cómo responder (Camacho, 2016).

En los años sesenta se dejaron atrás varios siglos de primacía rural, los tiempos en los cuales la producción agrícola y pecuaria había constituido el eje de la vida del país, tanto para el consumo propio como para la exportación. La carne, los cueros, el añil, las plumas de garza y el algodón, el cacao y el café dejaron de ser relevantes y la misma mengua la sufrieron las elites económicas y políticas que se habían construido a su alrededor. El proceso de substitución de la economía de exportación de café por el petróleo como el principal rubro de ingresos para el país, que se había iniciado a fines de los años veinte, adquirió su mayor fuerza en la postguerra, cuando Venezuela pasó a ser el primer exportador mundial de petróleo, suplantando a los Estados Unidos, que, por su alto consumo interno, se convirtió en importador de hidrocarburos.

La propuesta de los años sesenta era impulsar la industrialización del país a partir de la substitución de importaciones y con el apoyo del gobierno nacional, es decir, con los recursos financieros que proporcionaba el ingreso petrolero al país. Una nueva elite se estaba formando con el desarrollo de la agroindustria y a comienzos de los años sesenta estos grupos habían recibido un gran impulso financiero con los préstamos otorgados por la Corporación Venezolana de Fomento y la inversión internacional.

En esos años el crecimiento de la población había sido muy grande, pues la disminución de la mortalidad infantil ya mostraba sus efectos, y el país se había abierto a la inmigración: miles de españoles, italianos y luego portugueses llegaron al país acogiéndose a los planes de impulso a la inmigración, y se establecieron formalmente. Otros tantos miles de colombianos habían cruzado libremente la frontera, huyendo de la violencia política de su país y buscando mejores condiciones de trabajo y seguridad. Los años sesenta se abrieron con un panorama demográfico novedoso en el país. La que había sido una sociedad pequeña, cerrada y anhelante de flujos migratorios que nunca llegaron, de pronto cambió y se convirtió en una sociedad urbana, incipientemente industrial y con un amplio abanico de nacionalidades y lenguas (Briceño-Leon, 2018a).

La violencia de los militares

La violencia de los militares de los años sesenta es una reacción contra esos cambios que venía experimentando la sociedad en su proceso de modernización. La expresión más clara de esa oposición estaba en lo político, en el enfrentamiento al gobierno electo, pero por detrás de los militares golpistas estaba también la sociedad rentista y rural que se resistía a perder el poder.

El cambio político que ocurrió en 1958 expresaba una nueva perspectiva modernizadora que incluía a unos militares progresistas y políticos demócratas, pero también a los empresarios e industriales, quienes desde el 24 de enero se incorporaron como figuras claves a la junta de gobierno recién formada.

La violencia que representó la sublevación y toma de San Cristóbal por el general Castro León, antiguo ministro de Defensa, expresaba la vocación del pasado militarista y rural del país de permanecer en el poder. Quizá, también, el intento individual de ese personaje era repetir la aventura militar andina de su abuelo Castro a comienzos del siglo, para hacerse con el poder por las armas. Pero el país había cambiado, y no se trataba solamente de un cambio de nombres militares, sino un cambio de rumbo hacia un proceso democrático que se apoyaba en la nueva población urbana y en el empresariado, quienes empezaban a tener una visión del futuro diferente.

La violencia del intento de asesinato del presidente Betancourt en 1960, con una bomba que estalló en un vehículo que habían estacionado a su paso, mostraba las garras de las dictaduras vinculadas al latifundismo y los militares en Venezuela. El atentado fue una acción del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien tenía décadas en el poder en la Republica Dominicana y de algunos militares venezolanos, quienes, complotados con grandes propietarios del campo, acusaban a Betancourt de comunista y se oponían a sus planes de democratización, industrialización y reforma agraria. Representaban, en definitiva, lo que se podría definir como la “derecha” atrasada y antiliberal, que se oponía a la nueva imagen del futuro moderno y capitalista, construida sobre la ciudad, la industria y la democracia social y civil.

Tabla 1. Venezuela, homicidios 1960-1974

Año	Víctimas	Tasa por 100.000hab.
1960	762	10,8
1961	629	8,7
1962	784	9,9
1963	932	11,4
1964	877	10,4
1965	805	9,2
1966	744	8,2
1967	722	7,7
1968	759	7,8
1969	591	5,8
1970	562	5,4
1971	665	6,2
1972	658	6,0
1973	853	7,5
1974	834	7,1

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Oficina Central de Estadística e Informática, Anuario Estadístico 1982.

La violencia de los guerrilleros

Pero no fue solo parte de la derecha la que propició la violencia de los años sesenta. También, y con mayor fuerza, lo hizo la llamada “izquierda”, que se alzó en armas contra el gobierno y contra el plan modernizador del país. La violencia de la guerrilla en Venezuela ocurrió en el contexto de la Guerra Fría y de los movimientos anticoloniales que se habían dado no solo en América Latina sino también en África y Asia. Por supuesto, la Revolución cubana era el referente más inmediato y el que tuvo mayor injerencia en el país, pues participó no solo con apoyo ideológico y entrenamiento militar, sino que aportó armas y soldados, que invadieron el país por las playas de Machurucuto.

En la mente de los movimientos guerrilleros que surgieron en Venezuela estaba la imagen idílica de la lucha anticolonial que se había librado en la Guerra de Argelia contra el gobierno francés por el llamado Frente de Liberación Nacional (FLN), las mismas siglas que luego adoptaron los grupos guerrilleros venezolanos. Y también la larga guerra de Vietnam, primero contra los franceses y luego contra los Estados Unidos. Ese movimiento político llevó a la constitución de una alianza internacional que propulsaba la lucha armada como medio para llegar al poder en Asia, África y América Latina, y que tuvo como nombre la Tricontinental, cuya primera gran conferencia tuvo lugar en la Habana en 1966, y en la cual participaron delegados de la FALN (Fuerzas Armadas de Liberación Nacional) y del MIR, las agrupaciones guerrilleras de Venezuela que apoyaban la continuación de la lucha armada.

A diferencia de la violencia de los militares, que se fue disipando después de los golpes de Estado, la violencia guerrillera permaneció y estuvo activa en el país durante la mayor parte de la década de los sesenta. Tenía lugar en las zonas rurales o semirrurales donde se crearon varios frentes guerrilleros en las montañas de los estados Lara, Miranda, Falcón, Yaracuy, Sucre y Monagas. Aunque ejecutaron algunas operaciones en escenarios urbanos, como robos, secuestros de personas, aviones o barcos, el eje central de su actividad estaba en el campo y por lo tanto también ocurrían allí los combates con las fuerzas del ejército nacional que los enfrentaban. En algunos momentos, la guerrilla pasó a implementar faenas de violencia urbana, propias de las tácticas del terrorismo, pero fueron pocas, y como tuvieron un amplio rechazo de la población, las restringieron o abandonaron.

Al final de la década de los sesenta, muy pocos componentes quedaban en los frentes guerrilleros y la lucha armada. El Partido Comunista y el Movimiento e Izquierda Revolucionaria ya se habían incorporado a la lucha política democrática y la política de pacificación estaba cosechando los resultados de una década de política social.

Durante la primera mitad del decenio, que estuvo marcada por la violencia política, la tasa de homicidios llegó por sobre las 10 víctimas por cada 100.000 habitantes, siendo de 10,8 por 100.000 hab. en 1960 hasta llegar a 11,4 por 100.000 hab. en 1963. Pero en la segunda mitad del decenio, una vez vencidos los militares golpistas e integrados a la contienda política electoral con sus nuevos partidos los antiguos jefes guerrilleros, la tasa de homicidio fue en descenso y la década cerró con un promedio de 5,8 por 100.000 hab.. No es que fuese una cifra admirable, ni tampoco comparable a la de los países europeos o asiáticos, pero vista a la luz de lo que ocurría en Colombia o sucedería con posterioridad en Venezuela, era reflejo de un descenso de la violencia.

La violencia del cambio de siglo

En los años setenta se estabilizó la democracia en Venezuela como consecuencia de dos procesos distintos. Por un lado, se hizo patente la alternancia política, pues aunque el partido opositor democratacristiano ganó por estrecho margen las elecciones presidenciales de 1968, su triunfo fue reconocido por el partido de gobierno socialdemócrata. Por primera vez ocurrió pacíficamente un cambio de gobierno entre dos partidos políticos diferentes. Ese nuevo gobierno emprendió un esfuerzo político de pacificación por medio del cual se permitió que los antiguos guerrilleros se incorporaran a la lucha política electoral y no armada.

El segundo proceso fue económico y se derivó del incremento de los ingresos nacionales como consecuencia de una abrupta alza en los precios del barril de petróleo provocada por el embargo petrolero árabe de 1973. Este embargo restringió la venta de petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom-Kipur, y desencadenó una crisis energética a nivel mundial por la ausencia de combustible. Esa misma crisis se convirtió para Venezuela en una fortuna caída del cielo, pues, de un año para otro, se triplicaron los ingresos nacionales, lo que generó una abundancia de dinero inesperada y difícil de asimilar para la economía y la sociedad.

En esos años el país recibió también una corriente migratoria muy importante, eran migrantes que escapaban de la violencia de la guerrilla en Colombia o de la violencia de las dictaduras en el Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay. O eran migrantes económicos que simplemente llegaban de Ecuador, Perú, Haití o Portugal, atraídos por la bonanza económica que atravesaba el país. De manera simultánea ocurrió un incremento de la delincuencia, de los robos a personas, viviendas y bancos, que los cuerpos policiales atribuyeron, como de costumbre y sin razón, a los inmigrantes que llegaban al país.

A fines de esa década el precio del petróleo volvió a tener unos nuevos incrementos y con ello llegaron más ingresos a Venezuela. Los conflictos políticos en el Medio Oriente no se habían amainado, sino que cambiaron de lugar, y al final de los años setenta se trasladaron a Irán, donde una sucesión de incidentes impulsó el precio del petróleo. En este sentido, podemos señalar tres eventos relevantes. El primero, en 1978, cuando se produjo una huelga de 37.000 trabajadores petroleros en rechazo a las políticas del rey de Persia, que provocó una caída de la producción petrolera de ese país, estimándose que de 6 millones diarios se redujo a 1,5 millones de barriles por día, lo que desestabilizó el mercado petrolero mundial. El segundo evento ocurrió los primeros meses de 1979 con la caída del gobierno y la huida al exilio del Shá de Irán, Reza Pahleví, y la subsiguiente toma de rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Y el tercero fue la declaración de guerra entre Irán e Irak, que elevó el precio del barril de petróleo a $ 39 dólares de aquel entonces, el equivalente a unos 140 dólares del año 2019 (Briceño-León, 2015).

Ese fue un periodo de gran abundancia y riqueza en Venezuela. Hubo una reducción del desempleo y un aumento de las políticas sociales. Sin embargo, esto estuvo asociado a un incremento de la violencia letal. Entre inicios y finales de la década se triplicó el número de homicidios; se pasó de 562 víctimas en 1970 a 1559 en 1979. En esa década se duplicó la tasa de homicidios, que pasaron de 5,4 por 100.000 hab. en 1970, a 10,7 por 100.000 hab. en 1979. La población en esa década se había acrecentado en poco más de cuatro millones de habitantes, pasando de 10,3 millones a 14,5 millones. Así, los homicidios pasaron a constituirse en un elemento central en la criminalidad del país (Crespo, 2016).

El final del modelo rentista de paz social

A comienzos de los años ochenta había aumentado mucho el gasto público y la deuda externa del país, por lo cual una reducción de los ingresos petroleros forzó a que en 1983 se estableciera un estricto control financiero y que, luego de haber pasado más de 20 años con libre convertibilidad, se devaluara la moneda y se aplicara control. Igualmente, por primera vez luego de cuarenta años de incremento continuo del salario real de los trabajadores, se produjo una inflexión en la curva, y se inició una reducción del valor real de los salarios de empleados y obreros. Estos hechos impactarán de diversas formas la institucionalidad y la violencia del país en los años y décadas siguientes.

Aunque el incremento de los precios del hidrocarburo había sido el resultado de eventos coyunturales, las economías y los países consumidores de petróleo ya habían tomado sus previsiones y organizado planes de contingencia ante una emergencia en el suministro de combustible. En Estados Unidos calificaron esos planes como una “independencia” de la amenaza petrolera extranjera. Y, aunque suene rimbombante, se trataba de algo así, pues, tal y como lo habían explicado los propios gobiernos árabes durante el embargo de 1973, las variaciones en el precio no eran el resultado de condiciones económicas, sino que se estaba utilizando el suministro de petróleo como un arma política.

Entre esos preparativos, en los Estados Unidos se decretó una disminución de la velocidad de los automóviles en las autopistas, se impulsaron normas para la reducción del tamaño de los automóviles, se rebajaron sus motores de ocho a seis o cuatro cilindros; se cambió el horario de verano y se aumentó la reserva energética para tener una mayor cantidad de combustible almacenado y poder así responder de manera inmediata a las reducciones intencionales y bruscas de petróleo, y de este modoatenuar su impacto en los precios y la economía.

En Venezuela la industria petrolera se había estabilizado y la nacionalización de 1975 le había permitido al país tomar el control de las empresas y establecer un nuevo tipo de relaciones con las compañías internacionales, pero la amenaza del estatismo había paralizado la inversión privada (Baptista, 2004).

La sobrevaloración que, por razones políticas, había mantenido la moneda nacional y permitía un valor artificialmente alto del dólar en las compras en el exterior, había impulsado las importaciones en detrimento de la producción nacional, la cual solo podía sobrevivir por los altos precios y los subsidios oficiales. En ese momento en Venezuela resultaba más barato importar que producir. Y todas esas maniobras se pagaban con ingreso petrolero.

La crisis económica de México en 1982, con la devaluación del peso, el control de cambio y luego la nacionalización de la banca, fueron el anuncio del agotamiento del modelo rentista petrolero, que luego va a tener una repetición con el “viernes negro” de febrero de 1982 en Venezuela. Sin embargo, en la práctica, el rentismo persistió como modelo de comportamiento de la población y del liderazgo político.

En la población se mantuvieron unas altas expectativas de mejoras en las condiciones de vida, basadas en un incremento en los ingresos, el empleo público y los subsidios estatales. Las medidas de respuesta del gobierno fueron la regulación y el control de precios, lo cual, como suele suceder, fue acatado apenas parcialmente, y lo que estimuló fue la escasez de bienes en el mercado formal y el surgimiento de un mercado negro de los productos de primera necesidad.

El cambio de gobierno, y el triunfo por segunda vez de Carlos Andrés Pérez en las elecciones presidenciales de 1988, crearon la ilusión de que se podía regresar a la bonanza petrolera que se había tenido durante su primer gobierno, el cual había coincidido con la bonanza petrolera de 1974. Sin embargo, la situación económica era muy distinta y el propio presidente sabía que debía responder de manera diferente y buscar enmendar los entuertos que su primer mandato había provocado, es decir, intentar salirse del rentismo petrolero. Pero ni la población ni la dirigencia política estaban preparadas para tales cambios.

La violencia del quiebre de ilusiones

A fines de febrero de 1989 y luego de un incremento en el precio de la gasolina y del transporte público, se desencadenó una revuelta, entre espontánea y organizada, por parte de fuerzas políticas y grupos criminales, que llamaron al saqueo de comercios de alimentos, ropa, ferreterías y electrodomésticos. Esos saqueos estuvieron concentrados en Caracas y en algunas ciudades del interior del país. La respuesta del gobierno fue tardía y cruenta; se sacó el ejército a la calle y se decretó el estado de excepción.

En un estudio que realizamos en aquel momento (Briceño-León, 1990), pudimos contabilizar en la morgue de Caracas que, en una semana de desvalijamientos y represión militar, fallecieron al menos 532 personas en muertes violentas, bien sea como resultado de las disputas de los saqueadores entre sí, bien por los enfrentamientos con los propietarios, o bien víctimas de la acción militar.

En el año previo a las revueltas del Caracazo, en 1988, se habían cometido en el país 1709 homicidios durante todo ese año y en todo el territorio nacional. Así, una cifra de 532 muertes era casi una tercera parte de víctimas fatales del año anterior, pero acontecidas en una semana y en una sola ciudad, resultaba un número sorprendente y una expresión de violencia inédita en el país. Ese año la tasa de homicidios llegó a los 13 muertos por cada cien mil habitantes.

Estos saqueos pueden ser interpretados de múltiples maneras. Unos los elogian, otros los denuestan, pero existe consenso general respecto a que fue la expresión de un descontento de la población, de una insatisfacción por las expectativas frustradas y el empobrecimiento que se había vivido en los años anteriores. Aunque, visto en la distancia temporal, la situación social de aquel momento era abismalmente menor en miseria y empobrecimiento a la vivida en Venezuela en los años 2018 y 2019. Sin embargo, el sentimiento era legítimo y comprensible en su momento.

Lo más importante del proceso que allí se inicia, y que quisiera destacar, es el quiebre institucional que representaron esos saqueos. Las normas y leyes relativas a la propiedad, a los mecanismos de acceso a los bienes en la sociedad fueron trasgredidas abiertamente. Y la dirigencia política, en lugar de reprobar esas acciones, las intentó justificar con los mismos argumentos con los cuales otras veces se ha intentado explicar los robos: por las carencias y necesidades de esa población. Esto último resulta paradójico, pues muchos de los saqueados fueron pequeños comerciantes, tan pobres como sus saqueadores, y, además, la inmensa mayoría de quienes tenían carencias y necesidades nunca participaron en los saqueos.

La violencia de los dos intentos de golpe de Estado

En los dos años posteriores, el número y las tasas de homicidios se mantuvieron estables, en alrededor de los dos mil quinientos fallecidos por la violencia cada año. Pero en 1992 ocurrieron dos incidentes que atropellaron la institucionalidad política: fueron dos intentos de golpe de Estado ocurridos en febrero y noviembre de ese año.

Estos intentos de derrocamiento del presidente de la república fueron perpetrados por grupos militares violentos que enfrentaron a soldados con soldados en varias ciudades del país. El 4 de febrero de 1992 hubo ataques contra cuarteles, el palacio y la residencia presidencial. El 11 de noviembre de 1992, además de los ataques terrestres a cuarteles y estaciones de televisión, la aviación lanzó bombas sobre instalaciones militares y autopistas de la ciudad capital.

Los muertos en las refriegas fueron inferiores a los del Caracazo. Se estiman alrededor de doscientos fallecidos. Al final del año se contabilizó un incremento de 800 homicidios más que en el año anterior a los golpes de Estado, por lo cual la tasa de homicidios, que se había mantenido estable alrededor de los 12 muertos por cada cien mil habitantes, ascendió por primera vez a 16 por cada cien mil habitantes.

Hay que subrayar que su impacto social fue mucho mayor, pues la institucionalidad política que establecía que para acceder al poder político se debían cumplir ciertas reglas del canon democrático, como inscribirse y ganar en elecciones, fue sustituida por el uso de la violencia y la fuerza de las armas como medios para lograr la presidencia y el dominio político.

En los años siguientes, la violencia homicida no se mantuvo estable como había sucedido después del Caracazo, sino al contrario, se incrementó hasta alcanzar unos niveles hasta entonces desconocidos para la sociedad venezolana, con una tasa que superaba las 20 víctimas por cada cien mil habitantes (Briceño-León y Pérez Perdomo, 2003).

A partir de allí se da una lucha más abierta entre las fuerzas a favor y en contra del respeto de la institucionalidad social y política en el país.

Tabla 2. Venezuela, homicidios 1975-1998

Año	Víctimas	Tasa por 100.000 hab.
1975	895	7,4
1976	1.028	8,3
1977	1.260	9,5
1978	1.350	9,5
1979	1.559	10,7
1980	1.881	12,5
1981	1.697	10,9
1982	1.747	10,9
1983	2.043	12,4
1984	1.673	9,9
1985	1.675	9,6
1986	1.501	8,4
1987	1.485	8,1
1988	1.709	9,1
1989	2.513	13,0
1990	2.474	12,5
1991	2.502	12,3
1992	3.366	16,2
1993	4.292	20,2
1994	4.733	21,7
1995	4.481	20,1
1996	4.961	21,4
1997	4.225	18,3
1998	4.550	19,5

Fuente: elaboración propia sobre datos del Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Justicia.

La tregua institucional

La devastación de la institucionalidad política que representaron los golpes de Estado en la conciencia de los venezolanos permitió el surgimiento de fuerzas políticas que se superpusieron al sistema de partidos que por más de medio siglo se había disputado las simpatías de los electores y el poder. En las elecciones de 1993 triunfó una alianza encabezada por Rafael Caldera, un anciano expresidente y líder político veterano, fundador del Partido Social Cristiano COPEY, uno de los dos grandes partidos políticos, pero que en esa oportunidad se candidateó de manera individual y ganó las elecciones enfrentando a los candidatos de los grandes partidos tradicionales, entre ellos al candidato del partido que él mismo había fundado cinco décadas antes.

Aunque representaba una gran innovación y despertaba incógnitas por las alianzas políticas que lo habían apoyado, su gobierno se dedicó a reconstruir la institucionalidad del país, devolver la confianza en la democracia y en el estado de derecho, detener el sentido utilitario de la violencia y hacer llamados a la cordura y temperancia. Fue un gobierno inclusivo, que indultó a los golpistas e incorporó a algunos de sus líderes a funciones de gobierno, así como antiguos guerrilleros que se habían incorporado a la vida electoral y democrática.

Durante los cinco años de su gobierno la violencia criminal se estabilizó en el país. Los esfuerzos por recuperar la institucionalidad y hacer valer el estado de derecho dieron menguados frutos, pero frutos al fin, pues por cinco años consecutivos no aumentaron los homicidios y al final de su gobierno el número y la tasa de asesinatos fueron menores que a su inicio (ver tabla 2).

Estos fueron años muy difíciles para la economía nacional, pues los precios del petróleo, principal fuente de ingresos, bajaron a un promedio de $10 dólares el barril, y la inflación llegó al 100% anual. La suspensión del control de cambio y la apertura económica a inversiones extranjeras variaron radicalmente a lo largo de esos cinco años, pero el sentimiento de la población era que no se había producido el cambio y la mejoría deseada. Al final, apenas se había logrado estabilizar el gobierno y la economía, no superar los problemas, y eso mismo fue lo que ocurrió con la violencia.

La violencia en la bonanza

El deslave de los partidos políticos que se había iniciado en 1993 se repitió con creces en las elecciones de 1998. Los candidatos que se disputaron la presidencia eran una reina de belleza, un empresario y gerente público con un apellido materno difícil de pronunciar y un exmilitar golpista. Los resultados electorales le dieron el triunfo al militar, Hugo Chávez, quien con un discurso antipolítica y antipartidos, embestía contra todo y prometía soluciones maravillosas con un cambio en la Constitución y su permanencia paternal en el poder.

Dos procesos marcaron la primera década del siglo XXI. Por un lado, un proceso de destrucción institucional generalizado, realizado a nombre de la revolución primero y del socialismo después. Y una riqueza súbita que llovió en el país al aumentar, de manera sorprendente, los precios del petróleo, por el alza de la demanda en China e India, y con ello el regreso del modelo rentista, del populismo y estatismo al país.

La política de confrontación hacia sus adversarios y los beneficios electorales que le proporcionaba la polarización el país llevó a una práctica política y unos mensajes que terminaron favoreciendo la violencia. El gobierno del presidente Chávez se caracterizó desde sus inicios por una decisión política de no reprimir el delito y de no hacer cumplir la ley, pues en sus propósitos revolucionarios no era malo irrespetarla. La idea central subyacente era que la delincuencia y la criminalidad eran el resultado de la pobreza y el capitalismo, y que por lo tanto, si se realizaban unas políticas sociales que pudieran ofrecer asistencia social, tales como educación, empleo, comida, de manera inmediata y automática disminuiría el delito. Adicionalmente, se consideraba que la violencia era una expresión de la lucha de clases, por lo tanto, no se debía reprimir ni utilizar las fuerzas policiales para enfrentar a los delincuentes, pues lo que se deseaba era no apagar esa lucha.

Esos criterios se expresaban en los mensajes que enviaba el presidente de la república en sus largos discursos: “robar no es malo”, “es mentira que la violencia es el arma de quienes no tienen la razón”; es una “revolución pacífica, pero armada”. En sus arengas se elogia a la violencia y también a los violentos: se les rinde homenaje público a los jefes guerrilleros venezolanos y colombianos. Se crean “milicias” en el campo y la ciudad a las que se define como “guerrilla rural” o “guerrilla urbana”.

El presidente Chávez nunca celebró el día de diciembre en el cual ganó las elecciones por votación, sino que año tras año celebró con grandes desfiles militares el día que dio el golpe de Estado y fracasó en obtener el poder. Era un elogio permanente a la violencia como un medio para alcanzar fines políticos.

Toda esa destrucción institucional estuvo acompañada y favorecida por la inmensa riqueza que llegó a su gobierno, producto del inusitado incremento de los precios del petróleo que en esos años se elevan de USD10 a USD140 por barril. Un incremento de catorce veces en los precios y en los ingresos del gobierno central. En su discurso de toma de posesión, a comienzos de 1999, cuando los precios del petróleo se encontraban muy bajos, Chávez propuso impulsar el crecimiento de una economía no petrolera en el país. Pero al aumentar los ingresos petroleros de manera tan abrupta y verse con tanto dinero en sus manos, regresó al modelo rentista en la economía, al estatismo y al populismo. En su gobierno se repitieron todos los errores del pasado, los mismos que acompañaron la anterior gran alza del precio en los años setenta, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero esta vez agigantados por la magnitud de los ingresos y por la intencionalidad de un militar que buscaba perpetuarse en el poder en lugar de promover la democracia.

La suma de estos dos procesos ofreció una situación muy especial para la comprensión de la paz y la violencia. Durante esos años el gobierno central recibió una inmensa riqueza que fue distribuida entre la población en forma de regalos, becas y subsidios. También aumentaron fuertemente las importaciones; se importaba y regalaba de todo: dinero, comida, bebida, electrodomésticos, carros, viviendas. Paralelo a las importaciones, se destruía la producción nacional: unas veces ofreciendo los productos importados por debajo de su precio, otras expropiando fincas agropecuarias o industrias en plena producción. Todo ello no se sustentaba en razones económicas, sino políticas, a saber, intentar destruir la autonomía financiera y la libertad política del sector privado en el país.

En esos años las estadísticas oficiales mostraban con algarabía los éxitos en la disminución de la pobreza y la desigualdad en el país (INE, 2012) (Venezuela, República Bolivariana, 2010). Pero, al mismo tiempo, aumentaba la violencia y subían los asesinatos. La tasa de homicidios, que se había mantenido estable en 20 por 100.000 habitantes durante cinco años, subió a 25 por 100.000 habitantes en 1999 y a 33 por 100.000 habitantes en el año 2000. Para el año 2003 se había más que duplicado, para llegar a los 43 homicidios por 100.000 habitantes. En los años posteriores, la riqueza del país siguió en aumento, pues los precios del petróleo continuaron en ascenso, y la violencia también crecía en medio de esa gran bonanza. Para el año 2008, cuando llegó al máximo el valor del petróleo, la tasa de muertes violentas alcanzó 52 víctimas por cada 100.000 habitantes, con lo cual se superó la tasa de homicidios de Colombia. Y para 2012, el último año de gobierno y de vida del presidente Chávez, la violencia continuó en aumento (Alguíndigue y Pérez Perdomo, 2011).

Ese fue también el último año de la abundancia en el país, aunque en esa oportunidad la abundancia era aún más artificial, pues se basaba en un gran endeudamiento externo que había adquirido el país vendiendo petróleo a futuro. El presidente necesitaba crear una sensación de abundancia y bienestar en la población, para poder así ganar una reelección que se perfilaba difícil, y lo hizo gastando los ahorros y endeudando al país. La violencia no se detenía, y mientras el gobierno en campaña regalaba electrodomésticos y viviendas, y proponía pomposos planes de seguridad para defender la vida, la tasa de homicidios alcanzó los 73 muertos por cada 100.000 habitantes (Venezuela, Consejo General de Policia-UNES, 2012).

Así concluyó el periodo de violencia con abundancia. Durante esos años se habían proporcionado bienes materiales a la población, pero se habían destruido el sentido de lo correcto y disipado el temor por las consecuencias de la acción criminal. En 1998, por cada cien homicidios hubo 118 detenidos bajo los cargos de homicidio; a partir del año 2006 esa relación cambió, y para 2012 por cada 100 homicidios hubo apenas entre 8 y 9 detenidos (Briceño-León, Avila y Camardiel, 2012).

Tabla 3. Venezuela, homicidios 1999-2018

Año	Víctimas	Tasa por 100.000 hab.
1999	5.974	25,1
2000	8.022	33,1
2001	7.960	32,3
2002	9.620	38,1
2003	11.342	44,
2004	9.719	36,5
2005	9.962	37,0
2006	12.257	45,3
2007	13.156	49,0
2008	14.589	52,6
2009	16.300	54
2010	17.600	57
2011	19.366	67
2012	21.692	73
2013	24.763	79
2014	24.980	82
2015	27.875	90
2016	28.479	91,8
2017	26.616	89,0
2018	23.047	81,4

Fuente: elaboración propia con datos de archivo del CICPC, Observatorio Venezolano de Violencia, 2018, Instituto Nacional de Estadística.

La violencia en la escasez

A partir del año 2013 cambiaron las condiciones políticas y sociales del país, y con ellas también las modalidades de la violencia. Los cambios, sin embargo, no representaron una mejoría en la calidad de vida de la población, sino, por el contrario, un mayor empobrecimiento, una mayor pérdida de libertad y nuevas formas de violencia del Estado.

Después del anuncio de la muerte del presidente Chávez se estableció un nuevo gobierno presidido por la persona que había sido designada por él como su sucesor durante su último viaje y aparición pública en Venezuela, a fines del año 2012. Este nuevo periodo de la violencia se corresponde con un nuevo gobierno y con tres circunstancias: una mayor presencia militar, una mayor represión política y social y un derrumbe en la economía.

A partir del año 2013 se consolidó una mayor presencia de los militares en posiciones claves del gobierno nacional, que ocuparon ministerios, gobernaciones, institutos autónomos y el control de la industria petrolera y la minería del país. Pero lo más relevante fue el dominio de la política de seguridad por parte de miembros del ejército, quienes pasaron a posiciones de primer nivel. Durante la gestión de Chávez, el ministro encargado de la seguridad era un civil y el viceministro un militar. Con el nuevo presidente la situación cambió, y los militares ocuparon los primeros lugares en todos los cargos, incluso en la llamada Universidad de la Seguridad (UNES). Estos cambios se reflejaron en una militarización de los planes y operaciones de seguridad.

La contracción de la actividad económica fue resultado de diversos procesos y errores. Por un lado, la situación presupuestaria del nuevo gobierno central fue complicada desde el inicio, pues, según afirmaciones del propio exministro de planificación económica, se habían traspasado todos los límites de lo razonable con el endeudamiento adquirido durante la campaña electoral de 2012. Adicionalmente, en estos años se produjo una caída en los ingresos nacionales, porque los precios del petróleo en el mercado mundial disminuyeron y porque la industria petrolera venezolana estaba produciendo menos crudo. Luego de varios años de falta de mantenimiento de los pozos y de desinversión generalizada en la industria, se pasó de una producción de 3,6 millones de barriles por día en 1998 a 0,7 millones en 2018. Se vendía menos petróleo y a menor precio. En una economía que se había orientado y vivía de las importaciones de alimentos, medicina y materias primas compradas con los ingresos petroleros, la gran mayoría realizadas por el sector público, la pérdida de la capacidad de importar significó la escasez inmediata y creciente de comida y medicamentos. La situación era simple y dramática: ya no se tenían recursos para importar y tampoco se tenía oferta de bienes nacionales, pues el gobierno se había encargado de destruir la producción nacional.

En esas condiciones la simpatía que el gobierno populista había construido sobre regalos y dádivas se vio fuertemente mermada. Las protestas de todo tipo comenzaron y crecieron diariamente, y el gobierno tuvo que apelar a la represión. Ya no era más el caramelo populista, sino el garrote dictatorial.

En ese contexto surgieron en el país tres tipos de violencia. En primer lugar, aparece como novedad en la historia nacional la violencia asociada al hambre como un fenómeno generalizado. Esto tiene dos expresiones, por un lado, personas que no eran delincuentes profesionales comenzaron a delinquir buscando acceder a recursos adicionales, desde grupos de personas que saqueaban el transporte de alimentos en las carreteras, hasta el ridículo caso de un joven a quien apresó la Guardia Nacional y mostró a la prensa como un trofeo, por haberse robado unas calabazas. Por el otro lado, el tipo de bien robado por los delincuentes profesionales también fue diferente. Por mucho tiempo lo que se robaba eran objetos de lujo: dinero, joyas, celulares, camisas o zapatos de una marca de moda. Pero eso cambió y comenzaron a robar alimentos y medicinas. A veces era el botín buscado, pues por la escasez, ni siquiera con dinero se podían obtener los alimentos. Otras veces como una adición al robo principal, pues luego de cargar con las joyas y computadoras de una casa, pasaban por la alacena y el refrigerador para llevarse la comida.

En segundo lugar, se presenta la violencia política que puede tener la forma de violencia policial o violencia de los grupos paramilitares afiliados al gobierno. En el año 2015 se iniciaron las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) por medio de las cuales los cuerpos militares ocupaban territorios completos y buscaban a los presuntos delincuentes para “darlos de baja” con el argumento de que se habían resistido a la autoridad.^[1] En los años posteriores, la OLP cambió de nombre, se le agregó una “H” para hacerla humanitaria, pero se siguió haciendo lo mismo. Luego, se encargó su acción letal a otros cuerpos policiales, como las recién creadas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, que a partir de allí adquirieron mayor relevancia y protagonismo, hasta convertirse en casi la única política de seguridad del gobierno. En el año 2016 los cuerpos de seguridad mataron a 5.281 personas, las cuales fueron archivadas como dadas de baja por resistirse a la autoridad (Antillano y Avila, 2017).

En tercer lugar, se produce la aparición de grandes bandas de crimen organizado que buscaban un dominio territorial a partir de la alianza y coordinación entre varios grupos delincuenciales para constituir lo que llamaron “trenes” (donde cada grupo delictivo era como un vagón). También se fortalecieron las organizaciones con una estructura casi militar, con jerarquías y líneas de mando, las cuales se dedicaron con preferencia a la extorsión, para poder garantizarse un continuo flujo de caja que les permitiera sostener el pago de un pie de fuerza que podía superar los cien miembros. Estas bandas pasaron a controlar el tránsito de la droga por el país, la minería ilegal y las carreteras nacionales. Su crecimiento organizacional fue posible por la incorporación de antiguos militares o policías en sus filas, quienes les dieron un cambio cualitativo por sus conocimientos logísticos y operacionales, además de las conexiones que muchos de ellos mantenían con funcionarios activos en los cuerpos de seguridad. Después de 2017, a estas bandas nacionales se incorporaron en distintas zonas del interior del país los grupos de la guerrilla colombiana del ELN, quienes hasta entonces solo operaban en la frontera.

Durante estos años los homicidios aumentaron hasta alcanzar en el año 2016 un tope de 28.479 fallecidos para una tasa de 91,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Al año siguiente se registra una primera disminución de los homicidios, y luego otra en 2018 cuando fueron 23.047 víctimas, para una tasa de 81 por 100.000 habitantes. Llama la atención el incremento en las ejecuciones extrajudiciales realizadas por los cuerpos de seguridad y catalogadas como “resistencia a la autoridad”, pues pasaron de ser 5.535 en 2017 a 7.523 en 2018: veinte muertos a manos de la policía cada día. Esa fue quizás la marca clara de las transformaciones de la violencia en la época de la escasez y la caída de la popularidad del gobierno.

La pérdida de la cohesión social

En Venezuela la violencia se ha ensañado contra un segmento particular de la población: los hombres, pues más del 90% de las víctimas son del sexo masculino; los jóvenes, pues el 55,7% de los fallecidos tenían entre 14 y 29 años, y los pobres, pues aunque la criminalidad afecta a todos los sectores sociales, la mayor letalidad ocurre entre las familias de menores ingresos del país (Observatorio Venezolano de Violencia, 2019). Y lo singular es que esto ha ocurrido así tanto en la época de la abundancia como en los años de penuria. ¿Cómo explicar esta situación?

Lo que ha ocurrido en Venezuela en el cambio de siglo fue una pérdida de la fuerza institucional que rige desde la vida cotidiana hasta la política. Lo singular es que si antes del cambio de siglo esas transgresiones a la institucionalidad provenían de fuerzas distintas al Estado, que lo retaban y buscaban subvertir el poder, luego esas fuerzas destructivas surgieron del propio gobierno. Con los saqueos de febrero de 1989 en el marco del Caracazo se resquebrajaron las normas que regulaban los mecanismos de acceso a los bienes en la sociedad. Con los golpes de Estado de 1992 se quebraron las reglas que regulaban los medios y tiempos de acceso al poder político, a la presidencia de la república y a la dirección del Estado, y se pasó a usar la fuerza y las armas en lugar de la persuasión y los votos de la población, tal y como establecía la Constitución.

En el nuevo siglo la violencia estuvo asociada al socavamiento continuo de toda la institucionalidad social, económica y democrática del país. Lo paradójico y difícil de entender es que este proceso, a veces deliberado y otras aleatorio, fue el resultado de las acciones u omisiones del gobierno nacional. Pues, aunque en teoría era quien debía proteger y defender esa institucionalidad, al colocarse en una posición “revolucionaria”, el propósito del gobierno era destruir el antiguo régimen, es decir, no quería defender la ley y la norma, sino destruirlas.

En ese proceso se produjo un desmoronamiento del pacto social y de lo que, vaga y polisémicamente, se ha llamado en sociología la “cohesión social”. Para intentar avanzar con esta hipótesis, realizamos una encuesta con una muestra aleatoria nacional en la cual tomamos tres dimensiones de lo que definimos como componentes de la cohesión social: a) la normatividad, la predictibilidad de la vida social al estar regida por normas que se aceptan y acatan; b) la convivencia interpersonal, como el respeto hacia los otros ciudadanos; y c) el sentimiento de bienestar que debe acompañar las dos anteriores dimensiones y que produce confort y felicidad. La encuesta la aplicamos en 2016 con un horizonte temporal de comparación entre ese momento y diez años antes, y luego en el año 2017, con la comparación respecto al año anterior.^[2]

Los resultados fueron devastadores en las dos encuestas. El 90% opinaba que en relación con diez años antes se respetaba menos la ley. El 88% consideraba que los venezolanos eran menos iguales ante la ley, a pesar de que la igualdad había sido un componente muy fuerte de la propaganda política. El 91% pensaba que había menos respeto entre las personas y el 90% que la convivencia y la armonía entre los vecinos era peor. Y a consecuencia de esto: el 94% pensaba que el país era más inseguro, estaba más expuesto al delito y a la violencia; el 91% opinaba que vivía en un país más injusto que una década atrás y el 92% que era menos feliz que en ese entonces (Briceño-Leon y Camardiel, 2017). Lo singular de estos resultados, pero absolutamente comprensible por las magnitudes implicadas, es que esta percepción la tenían por igual jóvenes y viejos, hombres y mujeres, ricos y pobres, y simpatizantes del partido de gobierno y de la oposición. Solo un porcentaje muy pequeño de radicales partidarios del gobierno opinaba lo contrario.

Las dinámicas de la paz

Las violencias de los años sesenta estaban dedicadas a alcanzar el poder político por la fuerza de las armas. Eran una forma de violencia política que encontraba la justificación de sus medios cruentos por las bondades de los fines que las alentaban. Era, en ese sentido, una violencia instrumental, con propósitos, fines, ideología, y, si bien estuvo cargada de abusos y excesos individuales o grupales, se ubicaba en los contextos políticos del mundo y de América Latina. Por un lado, una tradición militar nacionalista y salvadora de la patria, creyente en la tesis de que un grupo de ungidos y nobles militares debían conducir el progreso de la nación con la tutela de un gendarme necesario. Y, por el otro lado, un grupo también de ungidos e iluminados líderes políticos, moralmente superiores, quienes se arrogaban el rol de vanguardia salvadora de los pobres y oprimidos. Ambos grupos surgieron con vigor y fueron derrotados en la década de los sesenta. Ahora bien, ¿quién los derrotó?

La imagen generalizada es que el ejército y la oficialidad democrática vencieron tanto a la subversión guerrillera como al militarismo dictatorial. Esto es verdad, hubo grandes esfuerzos, cambios en las estrategias y tácticas, desarrollo del profesionalismo militar y también muchas víctimas entre los soldados del ejército nacional.

Pero es una verdad parcial, pues quien realmente acabó con la violencia militar y guerrillera fue la gran política social desplegada en esa década, que logró socavar las bases de apoyo social con la cual podían contar la guerrilla o los militares alzados en armas. Fue la democracia social en acción positiva y de inclusión la que permitió, con todas sus limitaciones y defectos, que se modificaran las condiciones sociales y materiales, y se impulsara una amplia movilidad social ascendente que hizo sentir a la población mayoritaria del país, a la incipiente clase media y los pobres de la ciudad y del campo, que había un futuro mejor con la democracia.

La guerrilla rural fue derrotada por la reforma agraria, que permitió ofrecer tierras y proyectos de vida a miles de campesinos. Por las escuelas rurales que desarrollaron sus campañas de alfabetización de adultos y de escolarización de los niños y niñas del campo. Por las campañas de saneamiento rural para el combate contra las endemias rurales, tales como la malaria y la fiebre amarilla, y por sus programas de infraestructura rural: los acueductos campesinos para ofrecer agua potable y los programas de construcción de letrinas para combatir la bilharzia y las parasitosis intestinales que retrasaban el crecimiento de los niños. La construcción de decenas de miles de viviendas rurales para ofrecer viviendas sanas para evitar la enfermedad de Chagas. Los programas de crédito agrícola para apoyar la pequeña y mediana producción. El programa de vías de penetración rural que facilitaba la venta de productos de los agricultores y el acceso a los dispensarios médicos rurales. Las carreteras que los unían con la ciudad y la radio con el resto del país y el mundo…

Pero las políticas sociales no explican todo, se debió también al refuerzo de la institucionalidad derivado del consenso político que se construyó entre los partidos, el empresariado y la intelectualidad; fueron ambos factores los que hicieron posible cimentar la paz a fines de los años sesenta. El ejército democrático, sin el apoyo de la población y de las elites, no hubiese podido derrotar la violencia.

En el nuevo siglo todavía se vive en medio de la violencia. Ahora bien, las experiencias que han logrado contenerla e incrementar la convivencia están fundadas en unos principios similares (Briceño-León, 2016; Mazuera Arias y Rodríguez Villaroel, 2009). En el Barrio de Catuche, en Caracas, donde los jóvenes de una zona y de la otra se mataban en las disputas territoriales y de mercado, las madres, unas que habían perdido hijos y otras que temían por sus hijos vivos, organizaron un programa que impulsaba la convivencia, basada en pactos de no agresión entre las bandas y en reglas claras de relacionamiento social y usos de espacio de los negocios, de manera que se evitaban malos entendidos y se ofrecían medios de solución a los conflictos y sanciones para quienes faltaran al pacto de no agresión, buscando regularizar las amenazas de uso de la violencia (Zubillaga, Llorens y Souto, 2015). Tal y como hacen los países y los ejércitos.

En otras zonas de Caracas, y con apoyo de una alcaldía, se desarrollaron acuerdos normativos entre los miembros de las zonas pobres para el respeto de la propiedad, los terrenos de las viviendas y las áreas comunes, y también de la convivencia, los horarios para el volumen de la música y las reglas para la venta de cerveza (Carrillo Peraza y Espinoza, 2008). Eran adaptaciones o incluso excepciones de las leyes municipales, pero que fueron acomodadas por las propias personas, que reinventaron el pacto social en una escala vecinal, para organizar su convivencia y estableciendo mecanismos de sanción para los infractores. Esto les permitió apropiarse de la institucionalidad y no considerarla algo ajeno (Hernandez y Chacon, 2015).

En los liceos donde la relación de autoridad entre maestro y alumno se había transformado en un conflicto entre hombres, se aplicó una política de género. Las maestras han sido las encargadas de imponer la disciplina a los hombres jóvenes, de modo que convirtieron las normas escolares en una regla abstracta, independiente de la hostilidad entre los hombres y menos susceptible a la sensibilidad del machismo (Pernalete, 2015).

Conclusión: una gramática social

Las dinámicas de la paz y la violencia están marcadas por la fuerza que la institucionalidad pueda tener en la estructuración de la convivencia de los individuos de esa sociedad, y no por las condiciones materiales de riqueza o pobreza en la cual ellos vivan (Briceño-León, 2018a; North, Wallis y Weingast, 2009). Tanto la pobreza como la riqueza, la inclusión o la exclusión, la desigualdad o la igualdad pueden ser vividas en un contexto normativo, institucional, que regule y disuada el pasaje a la violencia o, por el contrario, que lo permita y estimule (Briceño-León, 2017).

La paz es una construcción social que hace posible a las personas diferentes y desiguales vivir juntas y resolver sus desavenencias sin utilizar la violencia. Los conflictos forman parte normal de la vida social, es lo regular en la convivencia de individuos libres y autónomos. Las personas tienen condiciones materiales, opiniones y ambiciones que pueden ser similares o diferentes; tienen intereses distintos que pueden ser opuestos o excluyentes; y formas de conducirse en la vida con expectativas y un sentido del logro posible y de la recompensa deseada desemejante, lo que puede ser fuente continua de discordia. Esto es, en general, lo normal dentro de un grupo social.

Por eso las sociedades a lo largo de la historia han buscado construir mecanismos normativos que permitan modelar las aspiraciones y convertirlas en expectativas que puedan ser alcanzadas, formular unos medios que esa sociedad explicita y exige se cumplan para alcanzar las metas (North, 1991; Messner, Rosenfeld y Karsted, 2013; Mockus, Murraín y Villa, 2012; Habermas, 1996). Pero como no todos los aceptan y los cumplen, las sociedades han establecido otros mecanismos normativos que definen la respuesta que tendría esa colectividad frente a quienes difieran de las metas o desacaten los medios prescritos y legitimados para alcanzarlas.

La institucionalidad es una gramática social que establece dos grandes tipos de normas de comportamiento que deben ser respetadas por los individuos para poder convivir en esa colectividad. Esas normas son las reglas que rigen el juego de la interacción en esa sociedad: lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Lo se considera deseable, correcto y bueno en el comportamiento de las personas, y, en contrapartida, lo que se estima como indeseable, incorrecto y malo en sus acciones.

Pero hay un segundo tipo de reglas que no regulan el comportamiento, sino que son una respuesta a quienes desacatan las pautas establecidas, a quienes en lugar de hacer lo deseable realizan lo indeseable. Estas reglas definen las consecuencias que tiene para los individuos el transgredir las normas y causarle un daño a esa sociedad. Define el tipo y tenor de respuesta que, en reciprocidad, debe darse, de manera directa o a través de terceros, a quienes han infringido los patrones de comportamiento permitidos y deseados.

Esas normas, esa “palabrería”, que define las magnitudes y formas de la respuesta social, pueden estar en forma escrita y convertidas en leyes, o mantenidas apenas como palabras en la memoria social, pero tanto de una manera como de otra siempre definen la venganza de una sociedad ante quien ha desobedecido o hecho un daño (Briceño-León, 2019).

Los contenidos de ambos tipos normativos son irrelevantes, pues son mutables de un momento histórico a otro, de un grupo social o étnico a otro. Lo importante es su carácter estructurante del comportamiento, su dinámica y su cumplimiento (Ferrajoli, 2008; Friedman, 1975). Los contenidos deseados e indeseados de cumplimiento, la transgresión o el castigo, pueden ser tan disímiles como los utilizados en el comportamiento de los monjes de una comunidad religiosa o de los sicarios miembros de una banda criminal. La gramática social que organiza los comportamientos y los hace predecibles funciona de igual manera.

Lo que puede explicar las dinámicas de la violencia en Venezuela y los intentos exitosos que se han dado para construir la paz debe ser interpretado en el contexto variante de esa gramática social. Las políticas de seguridad o de convivencia ciudadana también deben ser orientadas en esa perspectiva.

En Venezuela es necesario reconstruir el pacto social para fortalecer la gramática de lo correcto. Hay que generar políticas sociales que lleven a reducir y superar la pobreza, pero se debe acentuar el sentido del esfuerzo y el trabajo como medios legítimos y honrosos de ganarse la vida y conseguir la superación personal.

Hay que reforzar el sentido de la norma social como un medio para alcanzar la convivencia pacífica y para la resolución de conflictos en la escuela, el trabajo, el vecindario. Hay que restituir el valor de la ley y empujar para hacerla cumplir, para reducir la impunidad penal, laboral, política. La de los criminales y la de los corruptos. Hay que fortalecer la vida social regida por normas y no por la fuerza ni las armas.

En este sentido, la diferencia que veía el artesano, a quien hice mención anteriormente y que entrevisté en los años noventa, entre su Colombia natal y Venezuela no estaba en la pobreza ni en la riqueza, ni siquiera en la eficiencia de las policías, sino en la gramática social que imperaba en ambos países en ese momento y que él podía reconocer. Quizá, si aquella historia hubiese ocurrido en el nuevo siglo, el campesino hubiese tomado otra decisión.

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