Reflexiones en torno al proceso
de paz colombiano

Stefan Peters

Resumen

El artículo pregunta por el lugar de las desigualdades sociales en los estudios de paz y conflicto. Argumenta que a los debates actuales les falta incluir factores de desigualdades sociales estructurales en su análisis. Sin querer proponer argumentos monocausales, argumenta que el hecho de no tener en cuenta estas desigualdades sociales refleja un vacío importante en los estudios de paz y conflicto. En la segunda parte el artículo discute, sobre la base del estudio de caso de Colombia, diferentes dimensiones de la relación entre el conflicto armado interno y las desigualdades.

Abstract

The article asks for the place of social inequalities in peace and conflict studies. It argues that in current debates lack the inclusion on structural social inequalities in their analyses. Of course, the article does not want to offer a monocausal argument. However, it states that the lack of including these inequalities is a major shortcoming for peace and conflict studies. In the second part, the article discusses based on the case study of the Colombian armed conflict different dimensions of the relationship between the armed conflict and social inequalities.

Introducción

A inicios de 2014 los jefes de gobierno de América Latina declararon al subcontinente como región de paz. A primera vista, esto parece casi lógico. La región apenas ha experimentado guerras interestatales desde su independencia hace unos 200 años. Además, en el curso de los procesos de transición de los años ochenta y noventa, América Latina se estableció como un remanso de democracia en el Sur Global, notoriamente planificado por regímenes autoritarios (Cederman et al., 2013, p. 214). Tras la caída de las dictaduras cívico-militares y sus prácticas de terrorismo de Estado, varios procesos de paz también pusieron fin a las sangrientas guerras civiles a partir de los años 90. En 2016, la firma del histórico Tratado de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla más antigua y más grande de la región, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), ha recibido especial atención a nivel mundial. El Acuerdo de Paz en Colombia parecía ser el punto final que permitiría entregar el tema de la violencia política en América Latina a los historiadores.

Pero esto es solo una cara de la moneda. Los cantos de victoria contrastan fuertemente con el nivel extremo de violencia en la región. Tomando las tasas de homicidio, América Latina suele encabezar las estadísticas de los lugares más peligrosos del mundo. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (2019), en 2018, 42 ciudades latinoamericanas –encabezadas por Tijuana, Acapulco y Caracas– se encontraban entre las 50 ciudades con las tasas de homicidio más altas del mundo (véase también: Rettberg, 2020).^[1] Además, los periodistas, los ambientalistas y, en general, los activistas sociales de América Latina se enfrentan a amenazas masivas y se convierten en víctimas de la violencia sistemática (Figari Layús, 2020). En resumen, grandes partes de América Latina son el escenario de una situación que puede caracterizarse como “violencia en paz” (Zinecker, 2014). Perea (2019) habla incluso de una situación de “violencia extrema sin guerra” para la región, y Epe (2018, p. 245), centrándose en Guatemala, afirma una situación de “indistinción entre la guerra y la paz”.

Sin embargo, América Latina no solo encabeza las estadísticas mundiales de violencia física. La región además grita por la injusticia. Con Galtung (1969), también podemos señalar un alto nivel de “violencia estructural” debido a la pobreza generalizada y a la persistencia histórica de desigualdades sociales extremas. A principios del siglo XXI, la región pudo registrar considerables avances de desarrollo social gracias a la coyuntura favorable del auge de los precios de las materias primas en el mercado mundial. Las tasas de pobreza e indigencia disminuyeron notablemente y se observó una reducción moderada de la distribución de los ingresos a partir de la base del índice de Gini. Sin embargo, el fin del auge de las materias primas (2013/14) también detuvo los avances del desarrollo social y la pandemia del coronavirus está actualmente poniendo en evidencia dolorosamente la fragilidad de las mejoras sociales (Peters, 2020a). Además, América Latina –a pesar de las mejoras temporales en los principales indicadores de desarrollo–, junto con el sur de África subsahariana, sigue siendo la región más desigual del mundo. América Latina también puede reivindicar una posición tristemente excepcional en lo que respecta a la concentración de la riqueza y la propiedad de la tierra. Detrás de los indicadores estadísticos están las dinámicas sociales que la investigación reciente ha caracterizado acertadamente como “refeudalización” (Kaltmeier, 2019).

Investigaciones especializadas consideran que las desigualdades sociales son un factor importante para explicar el alto nivel de violencia en la región. De hecho, observaciones cotidianas muestran como plausible que exista una relación entre la brecha brutal entre ricos y pobres, por un lado, y el alto nivel de crímenes violentos, por otro. Sin embargo, al mirar más de cerca los procesos sociales actuales queda en evidencia que las correlaciones no equivalen necesariamente a causalidades. Así pues, la disminución de las tasas de desigualdad a principios del siglo XXI no se reflejó en una reducción de la violencia.

Por supuesto, habrá que discutir qué entendemos por desigualdad, y una parte de la explicación requiere tener en cuenta también procesos de privación relativa para explicar las altas tasas de violencia (Cotte Poveda, 2011; Enamorado et al., 2016). Por otra parte, investigaciones recientes señalan excepciones relevantes –como el nivel comparativamente bajo de violencia en Nicaragua a pesar de la existencia de extremas desigualdades sociales–. También surgen dudas sobre la relación entre desigualdad y violencia teniendo en cuenta datos subnacionales y comparaciones entre municipios dentro del mismo país. En este sentido Zinecker llama a la necesidad de refinar los instrumentos analíticos y de un cambio hacia modelos explicativos aditivos y multicausales (Zinecker, 2014).

No obstante, cabe señalar que las repercusiones de las desigualdades sociales no se limitan a los delitos violentos. Desde los estudios de paz, la conexión entre las desigualdades sociales extremas y los conflictos violentos, así como la estabilización de los procesos de paz, es de particular interés. La presente contribución analiza este tema enfocándose en el actual proceso de paz en Colombia. El artículo comienza con una discusión de los debates relevantes dentro de los estudios de paz. Especialmente en el mainstream del debate, se destaca la ausencia de análisis que vinculen la investigación sobre la paz y los estudios de desigualdad. Este vacío teórico se discute luego con un enfoque en el estudio de caso de Colombia. A tal fin, se presentará primero brevemente el conflicto y, en particular, el actual proceso de paz en el país, y a continuación se analizarán las repercusiones de las diversas facetas de la desigualdad social en el proceso de paz. El artículo concluye con una reflexión sobre la importancia de incluir y fortalecer una perspectiva propia de los estudios sobre desigualdad en las investigaciones sobre paz y conflictos.

Estudios de paz sin desigualdad

Incluso una mirada superficial a las páginas de los principales diarios internacionales evidencia la relevancia política de los estudios de paz. La política internacional se caracteriza por una multiplicidad de conflictos latentes o abiertos. De hecho, en muchos países del mundo se ven hoy en día conflictos violentos internos de diversa intensidad. En 2019 el Grupo de Trabajo de Hamburgo sobre las causas de la guerra (Hamburger Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung) registró 27 guerras y conflictos armados,^[2] mientras que el Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de Heidelberg documentó 38 guerras y conflictos armados para el mismo año (HIIK, 2020, p. 10). En contraste, el renombrado Programa de Datos de Conflictos de Uppsala cuenta 52 conflictos armados estatales y 78 conflictos no estatales en todo el mundo durante el año 2018 (Pettersson et al., 2019). En suma, el mundo no es un lugar pacífico y el número de conflictos violentos también está en un alto nivel en comparación con años anteriores. Si se observa la distribución regional de los conflictos violentos, se puede afirmar que en América Latina hay comparativamente pocos conflictos violentos. Sin embargo, los datos de los institutos de investigación sobre la paz tampoco confirman la autodesignación que hicieron los jefes de Estado de América Latina como región de paz. El Instituto Heidelberg para la Investigación de Conflictos, por ejemplo, clasifica las disputas entre los cárteles de drogas ilegales en Brasil y México como guerras y también identifica las guerras limitadas que involucran a grupos paramilitares y/u organizaciones guerrilleras en México y Colombia (HIIK, 2020, p. 100 ss.). El Grupo de Trabajo de Hamburgo sobre las causas de la guerra sigue calificando la situación en Colombia –a pesar del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC– como una de guerra.

Al comienzo de la pandemia del coronavirus hubo voces optimistas que predijeron que el poder del virus no solo iba a paralizar economías enteras, sino que también iba detener –o al menos contener– los conflictos armados en el mundo. Barry Posen (2020) incluso vio una oportunidad para una “Pax Epidemica”. Estas esperanzas no eran del todo infundadas: cuando estalló la pandemia, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un fuerte llamado a favor de un cese del fuego mundial, que fue bien recibido en la política internacional. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance de la pandemia, estos posibles escenarios futuros optimistas han sido reemplazados por sombríos análisis más realistas: la guerra no puede ser detenida por el virus y las consecuencias para la sociedad civil son desastrosas (Peters y Ritzel, 2020).

Por supuesto, los debates académicos no se conforman con la identificación de los conflictos a nivel mundial. Otro punto fundamental de análisis son las causas que llevan a las guerras civiles. Durante mucho tiempo, las desigualdades sociales, tanto con respecto a los ingresos, a la tenencia de la tierra, como a las formas de privación relativa, se consideraron factores claves que subyacían a los levantamientos armados (Huntington, 1968; Gurr, 1970; Muller y Seligson, 1987; Booth, 1991).^[3] Algunas críticas tempranas señalaron que se trataba de explicaciones monocausales a problemas complejos (Skocpol, 1979). Además, estos supuestos fueron rechazados más recientemente por estudios provenientes del campo de la economía del desarrollo con base en el uso de métodos cuantitativos. En el marco del conocido debate sobre codicia (greed) y agravios (grievances) como factores de las guerras civiles, Paul Collier y Anke Hoeffler (1998, 2004) han rechazado el análisis que proclama las desigualdades como causa de las guerras civiles y más bien señalan las posibilidades de sacar beneficios de la guerra, por ejemplo, gracias a la explotación de recursos naturales, por parte de señores de la guerra (crítico: Cramer, 2002).^[4] La popularidad de Collier ha hecho que su tesis reciba amplia atención en el mundo académico, la sociedad civil y la política frente a otros enfoques (Keen, 2012). No obstante, en términos generales el debate sobre la relación entre desigualdad y conflictos violentos no ha dado resultados claros y debe considerarse “no concluyente” (Houle, 2016, p. 682). En particular, varias investigaciones recientes identifican las desigualdades horizontales entre los grupos étnicos como causas de la insurgencia armada y las guerras civiles (Stewart, 2008; Cederman et al., 2013), mientras que Boix (2008) subraya la importancia de las desigualdades verticales.

Si bien el tema de las desigualdades se debate de manera controvertida en las discusiones sobre las causas de los conflictos internos violentos y, por consiguiente, está presente, los enfoques actuales sobre la consolidación de la paz se caracterizan por una amplia omisión de la categoría de desigualdad. Esto se debe, entre otras cosas, al uso de los términos “violencia” y “paz”. En las ciencias sociales el debate en torno a la violencia suele centrarse en la violencia física (Sofsky, 1996; Reemtsma, 2020) y los estudios de paz se concentran sobre todo en analizar cómo se puede poner fin a los conflictos armados y estabilizar y consolidar las sociedades postconflictos. Por lo tanto, las categorías clásicas de “violencia estructural” y “paz positiva” (Galtung, 1969) han perdido relevancia para la disciplina y, sobre todo, para la práctica política. Así, estos enfoques se encuentran hoy en día mayoritariamente en los estudios sobre las desigualdades (Schroer, 2000).

En consecuencia, los debates políticos y académicos sobre el tema se han caracterizado por una mirada que reduce la paz a la ausencia de conflictos violentos. De igual forma, se suele entender la construcción de paz, principalmente, como una maniobra encabezada por las élites políticas y sus asesores internacionales. Especialmente en las investigaciones orientadas a la formulación de políticas, esto iba acompañado a menudo de un sesgo tecnocrático, que se manifestaba, entre otras cosas, en la presentación de toolkits o de “enfoques de Ikea” –es decir, de un conjunto de módulos con fácil instrucción de uso– para la construcción de paz (crítico: Körppen, 2011, pp. 77 ss.; Kappler, 2015, p. 880). Esto dio lugar a una serie de medidas poco exigentes para el éxito de la consolidación de la paz: desmovilización, desarme y reintegración de excombatientes, mecanismos de justicia de transición, así como la promoción de la democracia (liberal) y del imperio de la ley, los cuales deberían allanar el camino hacia la paz.^[5]

El paradigma liberal de la construcción de paz no solo ganó influencia científica, sino que también marcó la política de paz internacional. Sin embargo, el éxito de los enfoques liberales de construcción de la paz es aleccionador. Mientras que algunos autores localizan las razones de la falta de éxito en errores de aplicación de las medidas y, por consiguiente, defienden el concepto como tal (París, 2010), las voces críticas articulan fallos fundamentales en su diseño. Según ellos, la persistencia de un enfoque estrecho y vertical bajo supuestos liberales corre el riesgo de complicar o socavar completamente las condiciones para una paz estable y duradera tal como la propagan las Naciones Unidas (Pugh et al., 2008; Richmond, 2010).^[6] En primer lugar, el paradigma liberal de construcción de paz, centrado en la reproducción de los modelos occidentales de economía de mercado y de democracia liberal-representativa, que parte de una mirada del individuo liberal-racional, puede socavar la estabilización de las sociedades después de un conflicto e incluso contribuir al surgimiento de nuevos conflictos o al agravamiento de los ya existentes. En segundo lugar, bajo esta lógica el paradigma liberal carece de sensibilidad al contexto en el cual debe llevarse a cabo el proceso de construcción de paz, ya que con frecuencia equivale a un modelo de talla única. En tercer lugar, un enfoque centrado en la agencia de las élites siempre corre el riesgo de reproducir y fortalecer la exclusión de grupos ya socialmente marginalizados.

De allí que el surgimiento de múltiples críticas al paradigma liberal en los últimos años ha conducido a lo que hoy se conoce como “nueva corriente principal” (Finkenbusch, 2016, p. 248). Como resultado, el propio concepto de “construcción de paz” está siendo cuestionado cada vez más y sustituido por términos que den cuenta de una paz posliberal, local, territorial, híbrida, inclusiva, ambiental y/o sostenible (Richmond y Mitchell, 2012; Mac Ginty y Richmond, 2013; de Coning, 2016; Ide, 2017; Luckham, 2018; Peña, 2019). Los enfoques de la construcción de paz local y la paz territorial en particular destacan la importancia de las especificidades contextuales en contraposición a los conceptos universalistas de la paz y, bajo el epígrafe de “giro social”, se apunta a poner el acento en temas de índole contextual y sacando el foco principal de la idea de seguridad (Lee et al., 2016, p. 494). Esto ha ido acompañado de una mayor atención a la inclusión de varios ejes de desigualdad. En este contexto, cabe destacar la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre “Mujeres, Paz y Seguridad” y, por consiguiente, la promoción de la justicia de género en los procesos de paz (Von Gall y Von Messing, 2020; crítico: Wisotzki, 2011). En resumen: en los últimos años se han producido importantes cuestionamientos en los trabajos académicos sobre la paz, los cuales le han provisto a este campo de estudio una mirada crítica y distante con respecto a nociones idealizadas, como la de “construcción de paz”, y lo han acercado a perspectivas más integrales que captan de forma diferencial las complejas realidades empíricas de las sociedades en situación de posconflicto o transición.

No obstante, los enfoques que incluyen las desigualdades verticales siguen siendo escasos o tienen una existencia sombría dentro de las investigaciones sobre la paz. Por regla general, esas causas estructurales de los conflictos se desvanecen en los debates en relación con el peligro de que se extienda excesivamente la pretensión y el alcance de los instrumentos de consolidación de la paz. Esto también se aplica, por ejemplo, a los enfoques de la justicia transicional. Cabe señalar que la justicia transicional suele reforzar formas de justicia restaurativa frente a la tradicional justicia retributiva (De Gamboa, 2020) y combina instrumentos jurídicos con instrumentos no jurídicos (como las comisiones de la verdad). No obstante, los debates más recientes en torno a la justicia transformadora, que también, y sobre todo, aborda las causas de los conflictos y, por lo tanto, se esfuerza por cambiar el statu quo, siguen estando en la sombra y se consideran poco apropiados para la política práctica (Waldorf, 2012; Gready y Robins, 2014). En cambio, el presente artículo argumenta que la omisión o marginación de las desigualdades sociales verticales representa un vacío central en los estudios de paz.

La importancia de incluir una perspectiva que analice las desigualdades sociales en los estudios de paz se hace evidente ante la observación empírica de los constantes problemas que presentan los procesos de construcción de una paz estable y duradera, o, dicho de otra manera, de una paz sostenible. En otras palabras, la no consideración de una perspectiva que incluya un análisis de las desigualdades sociales no solo representa un problema teórico, sino que también puede –dependiendo del contexto– tener graves consecuencias prácticas, como poner en riesgo la estabilización a mediano y largo plazo de las sociedades postconflicto. El análisis, tanto del conflicto armado en Colombia como de su actual proceso de construcción de paz, proporciona un buen ejemplo de estos riesgos y desafíos, como se ilustra a continuación.

Colombia: guerra y paz en un país desigual

Colombia se caracteriza por una larga historia de conflictos internos violentos, que se remonta al menos a finales del siglo XIX (Guerra de los Mil Días, 1899-1902) y que alcanzó una triste intensificación adicional con la fase de la violencia a mediados del siglo XX. Con la fundación de los grupos guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1964, se inició un conflicto armado interno que duraría más de cinco décadas y que, en buena medida, continúa luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. El conflicto en Colombia experimentó diferentes fases y dinámicas. Intervinieron una multiplicidad de actores armados, entre ellos el Estado, diversos grupos guerrilleros y grupos paramilitares. Más allá de sus diferencias en tanto a grado de responsabilidad y alcance, todos ellos han estado involucrados y/o han sido responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, aunque la dinámica y las prácticas de violencia respectivas difirieron entre los actores. Mientras los movimientos guerrilleros en particular se especializaron en secuestros y abortos forzados, las fuerzas de seguridad han sido responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, como las que se dieron en los casos de los falsos positivos,^[7] cometidos por los militares bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Los grupos paramilitares, a su vez, son responsables de alrededor del 60% de las masacres cometidas en el país. Según cifras oficiales, el conflicto armado interno se cobró más de ocho millones de víctimas,^[8] entre ellas 270.000 muertos, más de 80.000 personas desaparecidas, alrededor de 32.000 secuestrados, miles de falsos positivos, víctimas de violencia sexual y más de 7 millones de desplazados. Todo ello ha tenido lugar en el marco de una democracia formal caracterizada por elecciones periódicas, separación de poderes y, desde 1991, una de las Constituciones más ejemplares del mundo (Jaramillo Pérez, 2012; CNMH, 2016). El elevado número de víctimas señala que (casi) todas las familias de Colombia se vieron afectadas por el conflicto. Sin embargo, el conflicto no fue socialmente neutral: la población rural, las comunidades indígenas y afrocolombianas y las personas pertenecientes a sectores social y económicamente marginalizados sufrían (y sufren todavía) de manera desproporcionada diversas formas de violencia. Entre ellas, la violencia de género y, más precisamente, la violencia sexualizada, ha sido utilizada como una práctica sistemática que ha afectado principalmente –aunque no exclusivamente– a miles de mujeres y niñas (Bello, 2016).

Dada la duración e intensidad de la violencia, no cabe duda de que la firma del Acuerdo de Paz en 2016 representa una oportunidad histórica y un requisito previo para el camino del país hacia un futuro mejor. Las imágenes de la firma del Acuerdo de Paz dieron la vuelta al mundo, acontecimiento que fue bienvenido eufóricamente a nivel internacional y plasmado en la condecoración del entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) con el Premio Nobel de la Paz. Frente a un tenso clima en la política internacional, el cual se sigue endureciendo, Colombia fue más que un rayo de esperanza. Más bien, el proceso de paz colombiano demostró que –contrariamente a todas las profecías pesimistas– los conflictos complejos pueden resolverse por medios diplomáticos y, por lo tanto, Colombia pasó a ser un ejemplo del poder de la política constructiva y orientada a la paz. Sin embargo, desde el inicio el entusiasmo de la comunidad internacional contrastaba con el polarizado debate colombiano sobre el proceso de paz. En un plebiscito sobre el Tratado de Paz, una leve mayoría de votantes, agitada por los cristianos fundamentalistas y los militantes de línea dura de la derecha política, rechazó el resultado de las negociaciones. Pero el análisis de una polarización política solo representa una parte de la realidad. Más del 62% de los votantes se abstuvieron. Esto último no puede explicarse únicamente por las fuertes tormentas del día del plebiscito y la tradicionalmente baja participación de los votantes en Colombia. Cabe señalar que la paz con las FARC era simplemente una prioridad secundaria para amplios sectores de la población. Como resultado, se carece de un consenso social mínimo sobre la necesidad de un proceso de paz con esta guerrilla, y la polarización del debate público se expresó también en un estridente debate sobre los contenidos supuestos y reales del Tratado de Paz (Bello, 2016; Esguerra Muelle, 2017; González, 2017).

Con algunos ajustes, el Tratado de Paz entró en vigor por vía parlamentaria, sin un nuevo referéndum. El Tratado de Paz consta de seis secciones: a) Reforma Rural Integral; b) Participación política: apertura democrática para construir la paz; c) Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, incluyendo la “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político– de acuerdo con sus intereses” y las “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres”; d) Solución al problema de las drogas ilícitas; e) Víctimas y los mecanismos de justicia transicional; y f) Mecanismos de implementación y verificación (Acuerdo Final, 2016).

El Acuerdo de Paz colombiano no solo es extenso en comparación a otros acuerdos de paz, sino también ambicioso. La paz es mucho más que el silencio de las armas y requiere ocuparse del pasado violento, así como de las reformas políticas y socioeconómicas (Instituto Kroc, 2020, pp. 21 ss.). Es decir, “contempla crear las condiciones para que Colombia pueda salir de la guerra” (Cortés Rodas, 2020). Aunque el gobierno de Juan Manuel Santos excluyó explícitamente de las negociaciones el modelo económico y de desarrollo, el acuerdo contiene, sin embargo, puntos de partida para cambios sociales de gran alcance, especialmente en el área del desarrollo rural, la profundización de la democracia y, en general, en lo que respecta al concepto de paz territorial introducido por el alto comisionado Sergio Jaramillo en una conferencia en la Universidad de Harvard (Jaramillo Marín, 2014). Además, el Acuerdo de Paz y, en particular, las instituciones de justicia transicional incluyen enfoques diferenciales que reflejan la diversidad del país y las desigualdades horizontales, y de esta manera buscan construir una paz inclusiva. En resumen: el Acuerdo de Paz contiene un potencial considerable de transformación.

Sin embargo, la implementación del Acuerdo de Paz ha producido hasta ahora, en el mejor de los casos, un balance mixto (Instituto Kroc, 2020). No obstante, y a pesar de las críticas, no cabe duda de que el proceso de paz ha dado rápidos resultados y ha permitido mejoras tangibles en muchas partes del país. En primer lugar, cabe mencionar la importante reducción del número de víctimas del conflicto armado a partir de la firma del acuerdo. Además, la desmovilización y el desarme de los excombatientes de las FARC ha sido exitoso, especialmente según los estándares internacionales. Hoy en día, la gran mayoría de los excombatientes se ha pasado a la vida civil. Más aún, después de las elecciones de 2018, el nuevo partido de las FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ha ocupado sus escaños en el Parlamento, como está previsto en el Acuerdo de Paz:^[9] el cambio de los Kalashnikovs a las papeletas es sin duda un gran éxito del proceso de paz. Después de todo, las instituciones de justicia transicional se han constituido exitosamente y han comenzado a funcionar a pesar de la fuerte oposición política de la derecha que rodea al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al actual jefe de Estado Iván Duque del partido Centro Democrático. Además, el complejo sistema de justicia transicional de Colombia ya se ha convertido en una referencia internacional y, con toda probabilidad, pronto será un nuevo producto de exportación colombiano.

Sin embargo, hay un amplio consenso en que el proceso de paz está actualmente en crisis. La implementación del Acuerdo de Paz no parece ser la prioridad del gobierno de Iván Duque. Pero la crisis no puede adjudicarse solamente al cambio de gobierno ya que incluso durante la gestión anterior del presidente Santos, la implementación del acuerdo se caracterizaba por ser bastante parsimoniosa. En primer lugar, la implementación del Acuerdo de Paz está tambaleando en muchas áreas. Esto se evidencia especialmente tanto en la reforma rural integral, en las medidas para fortalecer la participación política como en la ausencia de una solución eficaz al problema de las drogas ilícitas (Instituto Kroc, 2020). Además, aunque el gobierno suele presentarlo como muestra del éxito de la implementación de paz, un análisis profundo y crítico muestra que las medidas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como punto central de la paz territorial también tienen serios problemas.^[10] Relacionado con estos últimos dos puntos, el proceso de paz se ve ensombrecido por la continuidad de la violencia política. También en pleno proceso de paz, varios actores armados siguen operando en el país y podemos hablar de una “paz incompleta” (Garzón Vergara y Silva Aparicio, 2019). Particularmente en la costa del Pacífico, en el Catatumbo en la frontera con Venezuela, así como en el norte y el sur del país, como en muchas otras zonas, apenas podemos hablar de paz. Al contrario: tras la desmovilización de las FARC, se generó un vacío de poder en esos territorios que se ocupó de forma inmediata por viejos y nuevos actores armados. Allí, la economía de las drogas ilícitas florece. Sumado a ello y al violento accionar de los grupos (neo)paramilitares, el ELN y las disidencias de las FARC también se han involucrado en negocios lucrativos e ilegales, como el de la droga y la minería. La continua presencia de actores armados está estrechamente vinculada a un escandaloso aumento de la violencia contra los activistas sociales y los excombatientes de las FARC (Rozo Ángel y Ball, 2019; Naranjo, 2020; Trejos, 2020). Los estudios actuales asumen que entre el Acuerdo de Paz y finales de marzo de 2020 fueron asesinados entre 300 y 817 activistas sociales y más de 190 excombatientes de las FARC.^[11] A su vez, el proceso de paz también presenta grandes problemas en otros ámbitos: la restitución de tierras a las víctimas de desplazamiento forzado avanza a paso de tortuga, el apoyo financiero para la reincorporación de los excombatientes es escaso, los campamentos de exguerrilleros se caracterizan por su precariedad económica y social, y la situación de seguridad de los exguerrilleros es sumamente endeble (Rodríguez et al., 2018; Barrios Sabogal et al., 2020). Además, en octubre de 2019 un grupo dirigido por líderes históricos de las FARC (incluyendo a Iván Márquez) se retiró del proceso de paz y reanudó la toma de armas. A finales de ese mismo año, el proceso de paz ya se encontraba en una fase difícil y estas dificultades se agravaron aún más en el contexto de la pandemia del coronavirus (Peters, 2020a).

Las razones de la situación preocupante del proceso de paz en Colombia son múltiples y, por supuesto, no se pueden reducir a explicaciones monocausales. Sin embargo, asombra que la cuestión misma de las desigualdades sociales como causa del camino pedregoso hacia la paz tenga tan poca presencia en los debates.

Colombia: país de las desigualdades

Esto es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que Colombia es uno de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. La primera mirada para determinar el nivel de desigualdad de una sociedad y su clasificación en los rankings internacionales suele recaer en el índice de Gini de distribución de ingresos. Según datos de la Base de Datos de Desigualdad de Ingresos Mundiales de la Universidad de las Naciones Unidas, el índice de Gini de distribución del ingreso de Colombia en 2018 fue de 0,52. Esto lo ubica en el grupo de países con mayor tasa de desigualdad de ingresos en el mundo, detrás del líder indiscutible, Sudáfrica (Gini 0,65), además de Namibia (0,59), Zambia (0,57), Brasil (0,54) y Botsuana (0,53).^[12] Además, las desigualdades extremas no son un fenómeno nuevo en Colombia. Más bien el país –como la región latinoamericana en general– se caracteriza por la persistencia histórica de desigualdades sociales extremas (Wehr y Burchardt, 2011).

No obstante, el índice de Gini de la distribución de los ingresos por sí solo puede resultar engañoso por varias razones. En primer lugar, la comparación entre países basada en los datos de Gini sugiere una desigualdad homogénea dentro de los países y reproduce el nacionalismo metodológico tan presente en las ciencias sociales. Obviamente, esto conlleva una serie de problemas y omisiones. En el caso colombiano, por ejemplo, hay diferencias considerables en los niveles de ingresos y el nivel de desigualdad entre los distintos departamentos (Sánchez Torres, 2017, p. 151). Además, un estudio reciente de Sánchez Torres (2017, p. 151) fundado en datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística no proporciona datos sobre el Gini de la distribución del ingreso para ocho de los 32 departamentos del país.^[13] Se trata de zonas periféricas del sur y el sudeste del país, que se caracterizan por haber sido marginalizadas históricamente y por un bajo nivel de presencia estatal. Sin embargo, los puntos ciegos de las estadísticas no solo son un problema para la determinación exacta del índice de Gini en Colombia, sino que son en sí mismos un indicador de las desigualdades en la penetración del Estado, o “poder de infraestructura” (Mann, 1984), y la presencia diferenciada del Estado colombiano (González, 2010). En segundo lugar, el índice de Gini oculta los puntos ciegos de las estadísticas. Suele haber una tendencia a subestimar los ingresos extremadamente altos, lo que causa distorsiones. En Colombia, por ejemplo, el porcentaje más rico de la población concentra el 20% de los ingresos totales (Oxfam, 2016a, p. 39). En tercer lugar, el enfoque de la distribución de los ingresos también es problemático porque no tiene debidamente en cuenta otras dimensiones de la desigualdad social (salud, educación, riqueza, propiedad de la tierra, etc.). A medida que se amplía el enfoque sobre las desigualdades sociales en Colombia, se hace más visible el cuadro de una sociedad extremadamente desigual, lo cual se expresa con mayor claridad en el caso de la desigual distribución de la propiedad de la tierra (Oxfam, 2016b, p. 22). Así, sobre la base del último censo agrícola, se puede constatar que en Colombia el 70,4% de las unidades de producción agrícola –básicamente campesina– poseen solo el 2,0% de las tierras agrícolas, mientras que el 0,2% de las unidades de producción agrícola de más de mil hectáreas –en definitiva, grandes extensiones de tierra– concentran el 73,8% de las tierras agrícolas (Sanabria Ramírez, 2019, p. 25). En cuarto lugar, Colombia no solo es una sociedad extremadamente desigual, sino que estas desigualdades también están cementadas. La movilidad social es prácticamente inexistente. La meritocracia o la igualdad de oportunidades no es ni siquiera una ilusión en Colombia. Un informe de la OCDE del año 2018 dejó claro lo brutal que es la reproducción de la estructura social existente. Según este informe, en Colombia se necesita un promedio de once generaciones para pasar del decil de ingresos más bajos a un nivel de ingresos medios (OCDE, 2018, p. 27). Dicho de otra manera: el camino de la pobreza a la clase media baja lleva unos 300 años.

A la vista de estos datos, no cabe duda de que las desigualdades sociales extremas son un rasgo estructural central de la sociedad colombiana. Al mismo tiempo, un enfoque solo basado en los indicadores estadísticos impide una mirada integral de las múltiples y diversas dimensiones que atraviesan las desigualdades (clase social, género, etnia, lugar de residencia, edad, etc.). Estos determinantes de las desigualdades no pueden simplemente colocarse uno al lado del otro o considerarse de manera aditiva, sino que deben analizarse en sus intersecciones. Por lo tanto, es clave resaltar la necesidad de un enfoque interseccional para comprender la importancia de las desigualdades sociales existentes para diversos procesos económicos, sociales y políticos (Viveros Vigoya, 2016).

El proceso de paz en Colombia y las desigualdades sociales

Dada la magnitud y la persistencia de desigualdades sociales en Colombia, estas deben ser un tema central en el análisis de todos los procesos económicos, sociales y políticos del país. El proceso de paz no es una excepción. A continuación, se analizan las desigualdades sociales como un obstáculo en el camino hacia una paz duradera y estable. Con ese fin, se analizarán dos temas: a) la continua violencia estructural como amenaza para una sociedad pacífica y b) la repercusión de las desigualdades sociales en el tratamiento del pasado en la esfera de la justicia de transición y la memoria colectiva.

Las desigualdades sociales como amenaza a la paz

La historia violenta de Colombia difícilmente puede separarse de la persistencia de las desigualdades sociales. Los actores armados han reclutado a la mayoría de sus combatientes de zonas económica y socialmente marginalizadas y rurales del país. Para muchos de ellos, la lucha armada prometía una salida de situaciones precarias y desesperadas. Esto explícitamente no descarta los motivos ideológicos de las organizaciones guerrilleras (Beltrán Villegas, 2014).^[14] Aunque generalizar siempre es simplificar y omitir la complejidad, puede afirmarse grosso modo que la base social de los distintos grupos armados es relativamente similar con reclutamiento en los estratos bajos de la sociedad colombiana. En general, diversos factores sociales (bajos ingresos, falta de perspectivas, violencia doméstica, control territorial) han sido clave en la decisión de unirse a luchar con un arma en la mano. A ello se suma el hecho de que el reclutamiento forzoso también tuvo lugar principalmente en la población rural y/o desfavorecida (Theidon, 2007, pp. 75 s.; Villegas de Posada, 2009; Manrique Rueda, 2010, pp. 70 ss.).

Esta situación, con algunas adaptaciones, no es muy diferente en la actualidad. La mayoría de los integrantes de las denominadas bandas criminales (Bacrim) o grupos neo-paramilitares son reclutados entre jóvenes “baratos” de barrios marginales (Nussio y Howe, 2014, p. 858), que se incorporan a los grupos armados por una remuneración apenas superior al salario mínimo, mientras que al mismo tiempo los grupos armados luchan por el control territorial en crisis locales, como condición para la posibilidad de apropiarse de los lucrativos ingresos de las rentas ilegales procedentes del tráfico de drogas y otras actividades ilegales. Es especialmente preocupante que los grupos armados ilegales busquen reclutar combatientes desmovilizados ofreciendo mejoras socioeconómicas (Theidon, 2007, pp. 81 s.; Denissen, 2010, pp. 340 s.; Nussio y Howe, 2014). Aunque también en este caso las explicaciones monocausales no son suficientes, Nussio (2011, p. 154), basándose en investigaciones empíricas con exparamilitares, advierte de los peligros de la marginación económica de los excombatientes: “La situación económica es un motor importante para la reincidencia en la ilegalidad”. La continuación de la violencia en los contextos posteriores a la desmovilización puede explicarse, por lo tanto, al menos en parte por la situación social de los combatientes. Las desigualdades sociales permiten, por un lado, el reclutamiento de combatientes “baratos”. Por otro lado, los grupos armados se sustentan mediante las posibilidades de apropiarse de los ingresos de las rentas del cultivo de las drogas de uso ilícito, la minería ilegal y demás actividades económicas de los grupos armados.

El negocio de las drogas de uso ilícito, y especialmente de la coca, es una importante fuente de ingresos para varios grupos armados y puede considerarse como un motor de la violencia (Marcy, 2010; Gaviria y Mejía, 2011; Norman, 2018).^[15] Colombia es el mayor productor mundial de coca y la superficie cultivada ha aumentado fuertemente (aproximadamente en un 350% del área cultivada) entre 2013 y 2017.^[16] Esto puede explicarse en parte como un efecto no deseado de una estructura de incentivos durante las negociaciones en La Habana como expectativa de beneficios de sustitución y/o reducción de la erradicación (López León et al., 2019). Además, cabe señalar que las razones de la obstinada continuidad de los cultivos de coca en Colombia siguen siendo la marginalización de los territorios remotos y, por ende, las desigualdades socioterritoriales. La gravedad de esta situación se hace más evidente si se considera que el gobierno colombiano ha venido utilizando un apoyo financiero, técnico y militar masivo de los Estados Unidos para combatir los cultivos de coca con diversos métodos (opciones de desarrollo alternativo, fumigación con el herbicida glifosato, destrucción manual de los cultivos de coca).^[17] El hecho de que estas políticas no hayan tenido los resultados esperados se debe en particular a la falta de alternativas para los pequeños productores en las zonas de cultivo de coca, caracterizadas por una infraestructura apenas desarrollada. Aunque hay una tendencia a ampliar la superficie promedia de cultivo de coca, en 2018 esta era de solo 1,07 hectáreas y, por ende, de pequeños productores (UNODC 2019, p. 42). Además de los mayores ingresos, el cultivo de coca también resulta atractivo porque las estructuras de la economía ilícita proporcionan un apoyo técnico y logístico que otras entidades, como el Estado colombiano, no ofrecen a los campesinos empobrecidos. Como resultado de este apoyo técnico, hay aumentos impresionantes de la productividad en la economía ilícita: mientras que la superficie dedicada al cultivo de coca está disminuyendo bajo el gobierno de Duque, según las cifras oficiales, la producción de cocaína está aumentando (Ibanez y Klasen, 2017; Dávalos y Dávalos, 2020; UNODC, 2020).

Sin embargo, la financiación de los grupos armados no se basa únicamente en el negocio de la droga. En los últimos años, han cobrado importancia diversos mecanismos para desviar los ingresos de las rentas del sector extractivista (petróleo, minería y agricultura de monocultivo, por ejemplo, de palma africana, acaparamiento de tierra, etc.) (Idrobo, Mejía y Tribin, 2014; Rettberg y Ortiz-Riomalo, 2016). A veces incluso se observa una reorientación del cultivo de la coca hacia la minería (ilegal o informal) (Rettberg y Ortiz-Riomalo, 2016, p. 90), hecho que parece tender a revertirse por la caída de los precios de los recursos naturales en el mercado global. Además, la minería ilegal parece estar cobrando importancia para la violencia –que no se restringe a los homicidios–en el contexto del actual proceso de paz (Ortiz-Riomalo y Rettberg, 2018; Hamilton et al., 2020). Lo que es común a la producción de coca por pequeños propietarios y a la minería ilegal o informal es que la actividad económica suele ser llevada a cabo por grupos de población marginados con el fin de mejorar sus precarias condiciones materiales de vida (Rochlin, 2018; Hamilton et al., 2020).

Señalar el problema de la marginalización de las zonas rurales y su vínculo con la violencia no es para nada nuevo. De hecho, este problema también ha sido contemplado durante las negociaciones en La Habana. Hay varios puntos en el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC que pretenden reducir las extremas disparidades socioterritoriales entre las zonas urbanas y rurales, así como la desigual distribución de la tierra. Durante las negociaciones de paz en la capital cubana el primer punto sobre el que se llegó a un acuerdo en el verano de 2013 fue la reforma rural integral (Bedoya Bedoya, 2019, p. 43). Esto incluye brindar seguridad jurídica mediante un sistema de catastro rural de alcance nacional, un mejor acceso a la tierra para los pequeños agricultores y los sin tierra mediante el establecimiento de un fondo de tierras, así como la mejora de la infraestructura y los servicios sociales (educación, salud) en las zonas rurales. Además, la cuestión de la tierra también está estrechamente vinculada al tratamiento del problema del cultivo ilícito de drogas (punto 4 del Tratado de Paz). En resumen, cabe destacar que en el Acuerdo de Paz se abordan las causas estructurales del conflicto. Si bien el punto de la reforma rural integral no equivale a una reforma agraria, apunta hacia un intento de modernizar las zonas rurales. También es cierto que –con toda la precaución debida– especialmente los puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz (Reforma Rural Integral y Solución al problema de las drogas ilegales) contienen un considerable potencial de transformación (Tobón, 2018; Coronado, 2019, p. 12).

Sin embargo, en la práctica la implementación del Acuerdo de Paz parece estancarse precisamente en las áreas con mayor potencial de transformación. Según el actual informe de seguimiento del Instituto Kroc (2020, p. 29; pp. 45 s.), incluso tres años después de la firma del Tratado de Paz, la aplicación de la Reforma Rural Integral (RRI) se encuentra todavía en su fase inicial y existe un peligro concreto de que tambalee. Esto último difícilmente puede ser una sorpresa en vista de la feroz oposición a la RRI por parte de la derecha, de los terratenientes y del agrobusiness (Chavez Chaves, 2018, p. 87). Paralelamente al estancamiento de la implementación, puede observarse una tendencia a una mayor concentración de la propiedad de la tierra en ciertos sectores y, por ende, una exclusión del acceso a ella por otros marginalizados. Esto es el resultado de la combinación entre reformas políticas, por ejemplo mediante la ley por la que se establecen las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) mediante la Ley 1776 de 2016, y dinámicas económicas (Bedoya Bedoya, 2019; Grajales, 2020; Torres-Mora, 2020). Este proceso de concentración de la tierra va acompañado de la continuidad de la deforestación de amplios territorios, en particular en la región amazónica colombiana, y, por consiguiente, de la pérdida de biodiversidad (Otero-Durán y Piniero, 2019, p. 93). En otras palabras, la desigualdad en la propiedad de la tierra y su concentración continúan, no se están llevando a cabo reformas estructurales y, por lo tanto, sigue siendo una de las causas centrales del conflicto en Colombia.

La falta de atención a las extremas desigualdades sociales en el proceso de posconflicto de Colombia puede convertirse rápidamente en un bumerán: el rearme de un grupo de excombatientes de las FARC en torno a líderes de alto rango como Iván Márquez ilustra los peligros de una implementación retrasada o inexistente del proceso de paz (Quinn et al., 2019). Sin embargo, cabe resaltar que la mayoría de los excombatientes de las FARC siguen en el proceso de paz. Pero esto no debe desatender los peligros de que los excombatientes vuelvan a las armas dentro de las estructuras armadas cambiadas o nuevas. Theidon ha resumido de manera muy clara esta relación entre la transición de los combatientes y el contexto social: “¿La ironía? Muchos de estos excombatientes son ‘sujetos de transición’ –el contexto social no lo es” (Theidon, 2007, p. 77).

Desigualdades en las políticas de afrontar el pasado

El conflicto armado en Colombia causó más de ocho millones de víctimas y las violaciones masivas de los derechos humanos por parte de las fuerzas estatales, varias organizaciones guerrilleras y grupos paramilitares, que formaron parte de la triste y sangrienta vida cotidiana del país. Abordar el pasado mediante procesos de memoria colectiva y diversos instrumentos de justicia transicional sigue considerándose una condición previa para la posibilidad de construir un futuro pacífico. Esta esperanza también se refleja en el actual proceso de paz de Colombia. Más aún: el tratamiento del pasado violento tiene una larga tradición en el país, que comenzó con la obra pionera La violencia en Colombia de Monseñor Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna en 1962 y, por lo tanto, antes de la fundación de las organizaciones guerrilleras FARC y ELN (Jaramillo Marín, 2014).

La búsqueda de la verdad sobre la violencia acompañaba el conflicto armado y se institucionalizó e intensificó de nuevo, en particular con la fundación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en 2011. En los últimos años, el CNMH ha compilado y publicado un gran número de excelentes investigaciones e informes sobre la historia de la violencia y el recuerdo en Colombia (por ejemplo, CNMH, 2013; CNMH, 2016; CNMH, 2017). El CNMH continúa su trabajo después del Acuerdo de Paz. Sin embargo, tras la llegada al poder del presidente Iván Duque, se produjo un giro en la orientación del CNMH, simbolizado por el nuevo director Darío Acevedo. Acevedo es considerado un hombre de línea dura que ha negado durante mucho tiempo la existencia de un conflicto armado en Colombia y sobre el cual muchas organizaciones de víctimas son extremadamente escépticas, si bien su proximidad al expresidente Álvaro Uribe Vélez es algo a lo que atenerse (Alarcón, 2020).

A pesar de que el CNMH haya perdido visiblemente su prestigio académico y su credibilidad social como resultado de la reorientación (Alarcón, 2020),^[18] el proceso de abordar el pasado cobró mayor impulso y profundidad después de la firma del Acuerdo de Paz a finales de 2016, a través del cual se creó un complejo sistema de justicia transicional (Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No-Repetición, SIVJRNR). El SIVJRNR está integrado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No-Repetición, CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UPBD), e incluye mediadas de reparación. De esta manera el SIVJRNR combina instrumentos jurídicos y no jurídicos de la justicia transicional. El SIVJRNR ha atraído una gran atención internacional y se considera, con razón, ejemplar y marcador de tendencias. Cabe destacar que en el diseño del sistema de justicia transicional colombiano se pone a las víctimas en primer lugar y se incluyen enfoques diferenciales para los grupos especialmente vulnerables. Dicha perspectiva constituye un instrumento útil al abordar las desigualdades horizontales e incluso potenciales para descolonizar la justicia (De Souza Santos, 2020; González Villamizar, 2020; Vargas, 2020).

A pesar de la larga tradición en afrontar el pasado a través de políticas de memoria y la ejemplar construcción del sistema de justicia transicional en Colombia, debe afirmarse que las desigualdades sociales extremas e históricamente persistentes también se inscriben en la política del pasado. Esto se manifiesta en las diferencias en la atención social que se presta a víctimas de violaciones de los derechos humanos, especialmente en el caso de aquellas pertenecientes a grupos sociales históricamente marginalizados. A ellos se suele privar de sus derechos y del acceso a muchos de los órganos y servicios del Estado, lógica que frecuentemente se reproduce con las instituciones de la justicia transicional (Rivera Revelo, 2020).

En Colombia, decenas de miles de personas fueron víctimas de desapariciones durante el conflicto armado en el país: el Registro de Víctimas de Colombia reporta la cifra de 49.000 desaparecidos, mientras que el Centro Nacional del Recuerdo reporta una cifra de más de 82.998 desaparecidos. Además, ambas instituciones asumen un alto nivel de subregistro (Olarte-Sierra y Castro Bermúdez, 2019, p. 122). Sin embargo, no se trata principalmente de cuantificar con exactitud el número de víctimas. Más bien, el delito de desaparición forzada debe analizarse siempre, independientemente de las cifras, también con respecto a su impacto social y político. Por esta misma razón es aún más sorprendente que las desapariciones forzadas en Colombia jueguen, en el mejor de los casos, un papel subordinado dentro de las políticas para afrontar el pasado violento. Es cierto que en el marco del proceso de paz se creó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas como parte de los Instrumentos de Justicia Transicional del país. Sin embargo, esta institución solo se estableció bajo la presión de las víctimas, ha tenido repetidamente problemas con la provisión de fondos por parte del gobierno y ha recibido poca atención pública hasta la fecha. Además, el tema de las personas desaparecidas no es el centro del trabajo de memoria. Las razones de la escasa atención prestada a las desapariciones en la política colombiana sobre el pasado también radican en la composición social de las víctimas y sus familias. En Colombia, las víctimas de las desapariciones violentas son generalmente activistas políticos de izquierda y –como muestra un estudio sobre las desapariciones en Buenaventura, en la costa pacífica colombiana– personas “de bajos ingresos” y provenientes de zonas rurales (CNMH, 2015, p. 227; CNMH, 2016, p. 17; Aranguren, 2020). Esta situación es confirmada por una fosa común recientemente descubierta, a mediados de diciembre de 2019, en Dabeiba, en la provincia de Antioquia. Las exhumaciones de cuerpos desaparecidos de falsos positivos se llevan a cabo aquí por iniciativa del JEP. Las víctimas son jóvenes de los barrios pobres de la gran ciudad de Medellín, habitantes pobres del campo, personas sin hogar y personas con discapacidad. En resumen, se trata de grupos de víctimas cuyos familiares, por lo general y debido a su posición social marginada, apenas encuentran un espacio de resonancia en el debate urbano sobre el pasado.

La posición social es, pues, un factor (a menudo olvidado) para explicar qué crímenes del pasado están presentes en el debate público sobre el pasado y la cultura de la memoria.^[19] Cabe señalar que la no presencia de ciertas memorias en el espacio público no debe confundirse con un olvido. Se trata más bien de un silencio –muchas veces– involuntario, que se manifiesta en una baja presencia y resonancia de sus recuerdos en el espacio público. Esto es consecuencia del posicionamiento social marginado de los grupos de víctimas y los problemas asociados de articularse dentro de la cultura legítima o de hacerse escuchar (Peters, 2020b).

El reto de incluir memorias no hegemónicas también puede documentarse actualmente utilizando el ejemplo de las instituciones de justicia transicional y las dificultades de llevar a cabo sus enfoques diferenciales y territoriales en su trabajo cotidiano. Las nociones alternativas de tiempo, estructuras narrativas, epistemologías y desafíos metodológicos, por ejemplo, en el trabajo con grupos indígenas, chocan aquí con las normas internacionales de la caja de herramientas de la justicia transicional (González Villamizar, 2020; de Souza Santos, 2020).^[20] Esto está estrechamente relacionado con un nuevo desafío tanto para el trabajo jurídico de la JEP como respecto del esclarecimiento no jurídico de la verdad por la Comisión de la Verdad. En ambos casos –como en otros procesos de memoria colectiva– surge el problema de la (posibilidad de) representación de las memorias de grupos subalternos por parte de actores privilegiados. Así pues, es casi inevitable que la narración de los expertos en memoria no refleje la voz de las víctimas o los testigos, sino más bien una versión adaptada a las exigencias de la política de la memoria (Spivak, 1988; hooks, 1990).^[21] La atención prestada a los informes académicos de instituciones políticas como el CNMH o la Comisión de la Verdad, o a la información que cumpla las exigencias jurídicas, por ejemplo en el marco de la JEP, contiene un sesgo hacia los requisitos de las respectivas instituciones. Por lo tanto, es difícilmente resoluble y en parte –por ejemplo, en el caso de los JEP– se rige según el código hermético del lenguaje jurídico. Como resultado, estas formas de asumir el pasado a menudo tienen poca o ninguna importancia para los grupos de víctimas locales en las regiones marginales del país y pueden incluso causar decepciones (Ruiz, 2020; Vargas, 2020). Sin embargo, por otra parte, son precisamente estas instituciones las que tienen la oportunidad de hacer que las violaciones de los derechos humanos, a menudo poco notorias, y los recuerdos de sus víctimas se conviertan en el centro de atención de un público más amplio y de hacerlos visibles en el espacio público de la cultura legítima (Peters, 2020b). De esta manera podría contribuir a combatir la estigmatización que sufren muchas víctimas y a fortalecer la solidaridad y el apoyo para con ellas.

Esta última opción más optimista puede promoverse en particular mediante la labor de las instituciones colombianas de justicia transicional. Las instituciones del SIVJRNR tienen en cuenta la omnipresencia de múltiples ejes de desigualdad y la interseccionalidad. No obstante, en la práctica se manifiestan varios problemas de aplicación. Así, en lo que respecta al acceso al sistema de justicia transicional, puede afirmarse que las desigualdades sociales verticales, la marginación de las zonas remotas y los grupos de población históricamente desfavorecidos se reproducen en la información sobre el sistema y el acceso al sistema de justicia transicional (Rivera Revelo, 2019). A pesar de la territorialización de los JEP y CEV y la presencia de enlaces territoriales de la JEP y Casas de la Verdad de la CEV, el problema de mantener el contacto con las víctimas permanece. La territorialización de las instituciones se manifiesta en su presencia en las ciudades. Sin duda, se trata de un importante avance, pero a menudo la presencia regional del Estado sigue estando precariamente equipada y apenas puede llevar a cabo adecuadamente la labor con los grupos de víctimas que viven en zonas remotas del país. Al mismo tiempo, muchas víctimas no tienen los recursos materiales u organizativos para llevar sus informes y/o testimonios a las instituciones. Esta situación se ve agravada por la inseguridad que viven especialmente aquellos grupos de víctimas que se encuentran en zonas rurales del país, ya que el proceso de paz en la costa del Pacífico, en partes de la región fronteriza con Venezuela o incluso en el norte del país va acompañado de un aumento del control territorial de hecho por parte de diversos actores armados (Rivera Revelo, 2020; Trejos, 2020).

En resumen, cabe resaltar que las instituciones de la justicia transicional logran reconocer las condiciones particulares de las víctimas mediante el reconocimiento de la diversidad, y trabajan de manera inclusiva. Se trata de avances significativos en el ámbito de esta justicia. Sin embargo, al mismo tiempo, las instituciones se enfrentan con desafíos extraordinarios por causa de las extremas desigualdades sociales. Esta situación ha empeorado aún más en el contexto de la pandemia del coronavirus y las restricciones asociadas al confinamiento y la libertad de movimiento. El acceso al sistema de justicia de transición se ha visto gravemente restringido como consecuencia de ello. Aunque existen oportunidades para el trabajo virtual, por un lado, especialmente la población más marginada carece del acceso a los dispositivos y/o a la conexión a internet. Por otro lado, la virtualidad no puede sustituir en todos casos la presencialidad, como en el caso de eventos de reconocimiento de las víctimas o de reconciliación (Peters, 2020b).

Conclusiones

Reducir la explicación de los conflictos violentos únicamente a la categoría de desigualdad social es, en el mejor de los casos, una simplificación que equivale a interpretaciones de un marxismo vulgar. No obstante, perder de vista esta categoría clave del análisis social equivaldría también a una omisión preocupante. Durante las últimas décadas, las investigaciones en estudios de paz han contribuido de manera significativa a perfeccionar el conocimiento sobre las causas y las dinámicas de los conflictos, así como sobre los procesos de construcción de paz. Sin embargo, hoy en día la categoría de las desigualdades sociales –y especialmente de las desigualdades sociales verticales– parece haber quedado en gran medida fuera del debate académico y aún más de las medidas de práctica política. Esto parece problemático desde varios puntos de vista. Por un lado, un factor central de legitimación política de la resistencia (violenta) se desacredita así, al menos implícitamente, como un pretexto. Por otra parte, se subestima la importancia de las causas estructurales de los conflictos en comparación con los factores culturales, identitarios o las motivaciones individuales como el lucro. El ejemplo del proceso de paz en Colombia ilustra, en primer lugar, la importancia que siguen teniendo las desigualdades sociales verticales como factor explicativo y dinamizador de la violencia multicausal. En segundo lugar, el caso colombiano muestra que las desigualdades sociales extremas son también un obstáculo para un proceso de construcción de paz estable y duradera.

Referencias

Acuerdo Final (2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 26 de junio 2016. https://bit.ly/3stURTC.

Alarcón, D. (2020). La batalla por la memoria. Arcadia, 171, 12-17.

Ambos, K. y Aboueldahab, S. (2019). Strafjustiz und Straflosigkeit. En G. Maihold et al. (ed.), Lateinamerika: Handbuch für Wissenschaft und Studium (pp. 172-183). Baden-Baden: Nomos.

Aranguren, J. P. (2020). Impactos psicosociales de la impunidad en casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Presentación en la conferencia Represión política, desaparición forzada y estrategias de resiliencia en contextos de desigualdad del Maria Sibylla Merian Center for Advanced Latin American Studies (CALAS) en Guadalajara, 26 de febrero.

Barrios Sabogal, L. C. et al. (2020). ¡El nivel local sí hace la diferencia! Patrones de cooperación entre reincorporados de las FARC-EP y comunidades afectadas por el conflicto. CAPAZ Policy Brief 1-2020. Bogotá: Instituto CAPAZ.

Bedoya Bedoya, M. R. (2019). Luces y sombras en la implementación del Acuerdo de Tierras en Colombia. Estudios Políticos, N° 54, 37-58.

Bello, M. N. (2016). Colombia: la guerra de los otros. Nueva Sociedad, N° 266, 140-146.

Beltrán Villegas (2014). Las motivaciones de la guerra: una mirada a través de los relatos de vida de guerrilleros de las FARC presos en cárceles colombianos. Cuadernos de Marte, Vol. 5 (7), 131-159.

Boix, C. (2008). Economic Roots of Civil Wars and Revolutions in the Contemporary World. World Politics, Vol. 60 (3), 390-437.

Booth, J. A. (1991). Socioeconomic and Political Roots of National Revolts in Central America. Latin American Research Review, Vol. 26 (1), 33-73.

Cederman, L.-E. et al. (2013). Inequality, grievances and civil war. Cambridge: Cambridge University Press.

Chavez Chaves, D. B. (2018). Avances y dificultades en la implementación de la Reforma Rural Integral: una deuda pendiente con el campo colombiano. Revista Colombiana de Sociología, Vol. 41 (1), 81-103.

CNMH (2013). Basta Ya. Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Bogotá: CNMH.

CNMH (2015). Buenaventura: Un puerto sin comunidad. Bogotá: CNMH.

CNMH (2016). Hasta encontrarlos: El drama de la desaparición forzada en Colombia. Bogotá: CNMH.

CNMH (2017). La guerra inscrita en el cuerpo: Informe Nacional de Violencia Sexual en el Conflicto Armado. Bogotá: CNMH.

Collier, P. y Hoeffler, A. (1998). On Economic Causes of Civil War. Oxford Economic Papers, Vol. 50 (4), 563-573.

Collier, P. y Hoeffler, A. (2004). Greed and Grievance in Civil War. Oxford Economic Papers, Vol. 56 (4), 563-595.

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (2019). Las 50 ciudades más violentas del mundo. México: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Coronado, S. (2019). Rights in the Time of Populism: Land and Institutional Change Amid the Reemergence of Right-Wing Authoritarianism in Colombia. Land, Vol. 8 (8). https://bit.ly/3y3OCqV.

Cortés Rodas, F. (2020, 23 de junio). El acuerdo final en la encrucijada. El Colombiano. https://bit.ly/3z3Wk5A.

Cotte Poveda, A. (2011). Economic Development, Inequality, and Poverty: An Analysis of Urban Violence in Colombia. Oxford Development Studies, 39 (4), 453-468.

Cramer, C. (2002). Homo Economicus Goes to War: Methodological Individualism, Rational Choice, and the Political Economy of War. World Development, Vol. 30 (11), 1840-1861.

Dávalos, E. y Dávalos, L. M. (2020). Social Investment and Smallholder Coca Cultivation in Colombia. Journal of Development Studies, Vol. 56 (6), 1118-1140.

De Coning, C. (2016). From Peace-Building to Sustaining Peace: Implications of complexity for resilience and sustainability. Resilience: International Policies, Practices and Discourses, Vol. 4 (3), 166-181.

De Gamboa, C. (2020). La justicia restaurativa en la justicia transicional: una reflexión general para el caso colombiano. CAPAZ Documento de Trabajo. Bogotá: Instituto CAPAZ.

De Souza Santos, B. (2020). Para una articulación descolonizadora entre la justicia estatal y la justicia propia. CAPAZ Policy Brief 5-2020. Bogotá: Instituto CAPAZ.

Denissen, M. (2010). Reintegrating Ex-Combatants into Civilian Life: The Case of the Paramilitaries in Colombia. Peace & Change, Vol. 35 (2), 328-352.

Dudley, S. y Bargent, J. (2017). The Prison Dilemma: Latin American Incubators of Organized Crime. https://bit.ly/3mgMAS3. Visitado el 03/04/2020.

Enamorado, T. et al. (2016). Income inequality and violent crime: Evidence from Mexico’s Drug War. Journal of Development Economics, 120, 128-143.

Epe, M. (2018). Das Konzept des inneren Feindes in Guatemala: Aufstandbeskämpfung, Menschenrechtsverletzungen und Sicherheitspolitiken im Zeitaler der neuen Kriege. Wiesbaden: VS Verlag.

Esguerra Muelle, C. (2017). Cómo hacer necropolítica en casa: Ideología de género y acuerdos de paz en Colombia. Sexualidad, Salud y Sociedad, N° 27, 172-198.

Figari Layús, R. (2020). Schutzregime in Lateinamerika. Sicherheitsparadigmen im Rahmen der politischen Gewalt gegen Menschenrechtsverteidiger*innen: Akteure, Dynamiken und Widersprüche. En S. Peters (ed.), Gewalt und Konfliktbearbeitung in Lateinamerika (pp. 101-123). Baden-Baden: Nomos.

Finkenbusch, P. (2016). ‘Post-liberal’ Peace-Building and the crisis of international authority. Peacebuilding, Vol. 4 (3), 247–261.

Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6 (3), 167-191.

Garzón Vergara, J. C. y Silva Aparicio, A. M. (2019). La fragilidad de la transición. La paz incompleta y la continuidad de la confrontación armada. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz

Gaviria, A. y Mejía, D. (2011). Políticas antidroga en Colombia: Éxitos, fracasos y extravíos. Bogotá: Editorial Uniandes.

Glebbeek, M.-L. y Koonings, K. (2016). Between Morro and Asfalto. Violence, Insecurity, and socio-spatial segregation in Latin American cities. Habitat International, 54 (1), 3-9.

González, F. (2010). Un Estado en construcción: Una mirada de largo plazo sobre la crisis colombiana. En Orjuela, L. J. (ed.), El Estado en Colombia (pp. 305-341). Bogotá: Universidad de los Andes.

González, M. F. (2017). La ‘posverdad’ en el plebiscito por la paz en Colombia. Nueva Sociedad, N° 269, 114-126.

González Villamizar, J. et al. (2020). Opening Paths to Redress Indigenous Women’s Right to truth in Truth Commissions: The Case of Arhuaco Women from the Sierra Nevada de Santa Marta. Manuscrito inédito.

Grajales, J. (2020). Losing land in times of peace: post-war agrarian capitalism in Colombia and Côte d’Ivoire. The Journal of Peasant Studies. Online First.

Gready, P. y Robins, S. (2014). From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for Practice. The International Journal for Transitional Justice, Vol. 8 (3), 339-361.

Gurr, T. (1970). Why Men Rebel. Princeton: Princeton University Press.

Gutiérrez Sanin, F. y Carranza Franco, F. (2017). Organizing women for combat: The experience of FARC in the Colombian war. Journal of Agrarian Change, Vol. 17, 770-778.

Hamilton, D. et al. (2020). Minería, violencia y riesgo social. Un acercamiento cuantitativo al Pacífico colombiano. CAPAZ Documento de Trabajo N° 2-2020. Bogotá: Instituto CAPAZ.

HIIK (2020). Conflict Barometer 2019. Heidelberg: HIIK.

hooks, b. (1990). Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics. Boston: South End Press.

Houle, C. (2016). Why class inequality breed coups but not civil wars. Journal of Peace Research, Vol. 53 (5), 680-695.

Huntington, S. (1968). Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press.

Ibanez, M. y Klasen, S. (2017). Is the War on Drugs Working: Examining the Colombian Case Using Micro Data. The Journal of Development Studies, Vol. 53 (10), 1650-1662.

Ide, T. (2017). Space, discourse and environmental peacebuilding. Third World Quarterly, Vol. 3888 (3), 544-562.

Idrobo, N., Mejía, D. y Tribin, A. M. (2014). Ilegal Gold Mining and Violence in Colombia. Peace Economics, Peace Science and Public Policy, Vol. 20 (1), 83-111.

Instituto Kroc (2020). Tres años despúes de la firma del Acuerdo Final de Colombia: hacia la transformación territorial. Informe 4, Universidad de Notre Dame y Bogotá.

Jaramillo Marín, J. (2014). Pasados y presentes de la violencia en Colombia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Jaramillo Pérez, J. F. (2012). Colombia’s 1991 Constitution: A Right’s Revolution. En A. Schilling-Vacaflor y D. Nolte (ed.), New Constitutionalism in Latin America: Promises and Practices (pp. 313-331). Aldershot: Ashgate.

Kaltmeier, O. (2019). Refeudalización: Desigualdad social, económica y cultura política en América Latina en el temprano siglo XXI. Bielefeld: CALAS.

Kappler, S. (2015). The dynamic local: delocalisation and (re-)localisation in search for peacebuilding identity. Third World Quarterly, Vol. 36 (5), 875-889.

Keen, D. (2012). Greed and grievance in civil war. International Affairs, Vol. 88 (4), 757-777.

Körppen, D. (2011). Space Beyond the Liberal Peace-Building Consensus – A Systemic Perspective. En D. Körppen, N. Ropers y H. J. Giessmann (eds.), The Non-Linearity of Peace Processes: Theory and Practice of Systemic Conflict Transformation (pp. 77-96). Opladen: Barbara Budrich.

Lee, S. Y. et al. (2016). Social Peace vs. Security Peace. Global Governance, Vol. 22(4), 491-512.

López León, M. et al. (2019). Proceso de Paz con las FARC y cultivos de coca en el periodo 2013-2017. Documentos Cede N° 32. Bogotá: Universidad de los Andes.

Luckham, R. (2018). Building inclusive peace and security in times of unequal development and rising violence. Peacebuilding, Vol. 6 (2), 87-110.

Mac Ginty, R. y Richmond, O. P. (2013). The Local Turn in Peace Building: a critical agenda for peace. Third World Quarterly, Vol. 34 (5), 763-783.

Mann, M. (1984). The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms, and Results. Archives Europeennes de Sociologie, Vol. 25, 185-213.

Manrique Rueda, G. (2010). De combattants à ex-combattants: Interprétations des excombattants des groupes paramilitaires colombiens sur leur participation au conflit armé. Montréal: Université de Montréal.

Marcy, W. L. (2010). The Politics of Cocaine: How U.S. Foreign Policy Has Created a Thriving Drug Industry in Central and South America. Chicago: Chicago Review Press.

Mejía, D. y Restrepo, P. (2013). Bushes and Bullets: Illegal Cocaine Markets and Violence in Colombia. Documento CEDE N° 53. Bogotá: Universidad de los Andes.

Muller, E. N. y Seligson, M. A. (1987). Inequality and Insurgency. The American Political Science Review, Vol. 81 (2), 425-452.

Naranjo, C. (2020). Situación de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en Colombia en el 2019 y su prospección para el 2020. CAPAZ Policy Brief 3-2020. Bogotá: Instituto CAPAZ.

Norman, S. V. (2018). Narcotization as Security Dilemma: The FARC and Drug Trade in Colombia. Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 41 (8), 638-659.

Nussio, E. (2011). Understanding Ex-Combatants: Central Themes in Lives of Former Paramilitaries in Colombia. PhD Thesis University of St. Gallen.

Nussio, E. y Howe, K. (2014). When Protection Collapses: Post-Demobilization Trajectories of Violence. Terrorism and Political Violence, Vol. 28 (5), 848-867.

OECD (2018). A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility. Paris: OECD.

Olarte-Sierra, M. F. y Castro Bermúdez, J. E. (2019). Notas forenses: Conocimiento que materializa a los cuerpos del enemigo en fosas paramilitares y falsos positivos. Antípoda: Revista de Antropología y Arqueología, Vol. 34, 119-140.

Ortiz-Riomalo, J. F. y Rettberg, A. (2018). Minería de oro, conflicto y criminalidad en los albores del siglo XXI en Colombia: Perspectivas para el posconflicto colombiano. Colombia Internacional, N° 93, 17-63.

Otero-Durán, I. y Piniero, M. (2019). Avances y retos en el accionar del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para controlar la deforestación en la Amazonía colombiana. Espacio & Desarrollo, N° 33, 91-116.

Oxfam (2016a). Privilegios que niegan derechos: Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe. Oxfam: Oxford.

Oxfam (2016b). Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina. Oxfam: Oxford.

París, R. (2010). Saving liberal peacebuilding. Review of International Studies, Vol. 36 (2), 337-365.

Peña, L. (2019). Paz territorial: conectando imaginación moral e imaginación geográfica. CAPAZ Working Paper 5-2019. Bogotá: Instituto CAPAZ.

Perea, C. M. (2019). Extreme Violence without war and its social reproduction implications for building peace in Latin America. Peacebuilding, 7 (3), 254-267.

Pérez Sáinz, J. P. (2014). Mercados y bárbaros: La desigualdad por excedentes. San José: FLACSO.

Peters, S. (2019). Kolumbien: Friedensprozess in der Sackgasse? WeltTrends, N° 157, 10-13.

Peters, S. (2020a). La Paz en Tiempos del Coronavirus. El Espectador. https://bit.ly/3j1R2C6.

Peters, S. (2020b). Zwischen Erinnern und Vergessen: Aktuelle Kontroversen zur Bearbeitung der Vergangenheit. En S. Peters (ed.), Gewalt und Konfliktbearbeitung in Lateinamerika (pp. 183-210). Baden-Baden: Nomos.

Peters, S. y Ritzel, E. S. (2020). Krieg und Krisen in Zeiten des Coronavirus. Wissenschaft + Frieden, Heft 3/2020, 13-15.

Pettersson, T. et al. (2019). Organized violence 1989-2018 and peace agreements. Journal of Peace Research, Vol. 56 (4), 589-603.

Posen, B. R. (2020). Do Pandemics Promote Peace? Why Sickness Slows the Way to War. Foreign Affairs. https://fam.ag/2UwWNOJ.

Pugh, M. et al. (2008). Whose peace? Critical Perspectives on the Political Economy of Peacebuilding. Basingstoke: Palgrave.

Quinn, J., Joshi, M. y Melander, E. (2019). One Dyadic Peace Leads to Another? Conflict Systems, Terminations, and Net Reductions in Fighting Groups. International Studies Quarterly, Vol. 63, 863-875.

Ramírez, M. C. (2011). Between the Guerillas and the State: The Cocalero Movement, Citizenship, and Identity in the Colombian Amazon. Durham: Duke University Press.

Reemtsma, J. P. (2020). Der blinde Fleck: Über Gewalt in der Moderne. Mittelweg 36, febrero, 5-21.

Rettberg, A. y Ortiz-Riomalo, J. F. (2016). Golden Opportunity, or a New Twist on the Resource-Conflict-Relationship: Links Between the Drug Trade and Illegal Gold Mining in Colombia. World Development, Vol. 84, 82-96.

Rettberg, A. (2020). Violencia en América Latina hoy: manifestaciones e impactos. Revista de Estudios Sociales, Vol. 73, 2-17.

Richmond, O. P. (2010). Between Peacebuilding and Statebuilding, Between Social Engineering and Post-Colonialism. Civil Wars, Vol. 12 (1-2), 167-175.

Richmond, O. P. y Mitchell, A. (2012). Hybrid Forms of Peace: From Everyday Agency to Post-Liberalism. Basingstoke: Palgrave.

Rincón-Ruiz, A. et al. (2016). Coca cultivation and crop eradication in Colombia: The challenges of integrating rural reality into effective anti-drug policy. International Journal of Drug Policy, Vol. 33, 56-65.

Rivera Revelo, L. (2020). Acceso a la justicia: El caso de las mujeres awá víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. Quito: UASB. Tesis doctoral. https://bit.ly/3iY0d6E.Rochlin, J. (2018). Informal gold miners, security, and development in Colombia: Charting the way forward. The Extractive Industry and Society, Vol. 5 (3), 330-339.

Rodríguez, A. et al. (2018). De las Zonas Veredales Transitiorias de Normalización a la Paz Territorial: Tensiones, conflictos y retos en el suroccidente de Colombia. Ideas Verdes. Bogota: Fundación Heinrich Boell-Instituto CAPAZ.

Rozo Ángel, V. y Ball, P. (2019). Análisis de líderes sociales en Colombia: una estimación del universo. https://bit.ly/2XAjHG1.

Ruiz, G. (2020). Memorias locales y configuración de narraciones conmemorativas. Un caso de estudio en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Colombia. CAPAZ Documento de Trabajo 3-2020. Bogotá: Instituto CAPAZ.

Sanabria Ramírez, D. C. (2019). El derecho al acceso progresivo a la propiedad de la tierra. CAPAZ Documento de Trabajo 1-2019. Bogotá: Instituto CAPAZ.

Sánchez-Torres, R. M. (2017). Desigualdad del ingreso en Colombia: Un estudio por departamentos. Cuadernos de Economía, Vol. 36 (72), 139-178.

Schroer, M. (2000). Gewalt ohne Gesicht: Zur Notwendigkeit einer umfassenden Gewaltanalyse. Leviathan, Vol. 28, 434-451.

Skocpol, T. (1979). States and Social Revolutions. New York: Cambridge University Press.

Sofsky, W. (1996). Traktat über die Gewalt. Frankfurt (Main): Fischer.

Spivak, G. C. (1988). Can the Subaltern Speak? En C. Nelson y L. Grossberg (ed.), Marxism and the Interpretation of Culture (pp. 271-313). Basingstoke: Palgrave.

Stewart, F. (2008). Horizontal inequalities and conflict: understanding group violence in multiethnic societies. New York: Cambridge University Press.

Theidon, K. (2007). Transitional Subjects: The Disarmament, Demobilization and Reintegration of Fromer Combatants in Colombia. The International Journal of Transitional Justice, Vol. 1, 66-90.

Tobón, G. (2018). La reforma rural integral y los acuerdos de La Habana en la solución a la problemática de las drogas. En E. Pastrana Buelvas y H. Gehring (eds.), La problemática del tráfico ilícito de drogas: Impactos regionales y globales (pp. 453-470). Bogotá: Pontifica Universidad Javeriana – KAS

Torres-Mora, A. G. (2020). Acaparamiento de tierras y acumulación por desposesión en Colombia. El caso de las Zonas de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES). Forum, Vol. 17, 7-42.

Trejos, L. F. (2020). Situación de los actores armados en el Caribe colombiano: Del orden armado a la anarquía criminal. CAPAZ Policy Brief 2-2020. Bogotá: Instituto CAPAZ.

UNODC (2019). Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018. Bogotá: UNODC.

UNODC (2020). Resumen Ejecutivo. https://bit.ly/3DbtWRI. (Visitado el 20/06/2020).

Vargas, J. (2020). Régimen de participación de las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP: Posibilidades y desafíos. Revista Universitas, Vol. 69, https://bit.ly/3D12sy1.

Villegas de Posada, C. (2009). Motives for Enlistment and Demobilization of Armed combatants in Colombia. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, Vol. 15 (3), 263-280.

Viveros Vigoya, M. (2016). La interseccionalidad – una aproximación situada a la denominación. Debate feminista, Vol. 52, 1-17.

Von Gall, A. y Von Messling, B. (2020). Die Bedeutung der VNSR 1325 für die Friedens-und Sicherheitspolitik in Kolumbien. En S. Peters (ed.), Gewalt und Konfliktbearbeitung in Lateinamerika (pp. 125-145). Baden-Baden: Nomos.

Wacquant, L. (2003). Towards a Dictatorship over the poor? Notes on the penalization of poverty in Brazil. Punishment and Society, 5 (2), 197-205.

Waldorf, L. (2012). Anticipating the Past: Transitional Justice and Socio-Economic Wrongdoings. Social & Legal Studies, Vol. 21 (2), 171-186.

Wehr, I. y Burchardt, H.-J. (2011). Soziale Ungleichheiten in Lateinamerika: Neue Perspektiven auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Baden-Baden: Nomos.

Wisotzki, S. (2011). Feministische Friedens- und Konfliktforschung – neue Ansätze, neue Erkenntnisse? Femina Politica, N° 1, 19-29.

Woehrl, A.-C. y Von Schelling, C. (2019). Der Frieden trägt den Namen einer Frau: Kolumbien im Wandel. Baden: Lammhuber.

Zinecker, H. (2014). Gewalt im Frieden: Formen und Ursachen der Gewaltkriminalität in Zentralamerika. Baden-Baden: Nomos.

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