Álvaro Augusto Espinoza Rizo

Resumen

Desde 2007, con el regreso de Daniel Ortega y el Frente Sandinista al poder, las relaciones entre el gobierno y los diferentes grupos religiosos han sufrido profundas transformaciones que han trastocado el campo político y el campo religioso nicaragüense como los conocíamos. Mientras las relaciones con la Iglesia católica se han venido deteriorando progresivamente, las relaciones con el sector evangélico aparentemente se han vuelto más estrechas. Desde el estallido social de abril de 2018 en Nicaragua, todos los sectores de la sociedad nicaragüense se vieron afectados y obligados a tomar posturas claramente definidas, incluyendo las instituciones religiosas. La violencia estatal llevada a cabo por la policía, “grupos de choque” y paramilitares forzó una intervención más directa por parte de algunos grupos religiosos para preservar la vida de personas que se manifestaban de forma pacífica para exigir la derogación de leyes injustas impuestas por el gobierno, por un cambio de sistema y la salida de quienes detentan los poderes del Estado, lo que finalizó con una polarización del país que aún dos años después se muestra estancada y sin una salida clara. En este artículo, analizaré las posiciones de la Iglesia católica y las Iglesias evangélicas ante el inicio de la crisis, el uso de la violencia por parte del Estado y, brevemente, el rol que han tenido y que posiblemente tendrán las instituciones religiosas en el futuro en Nicaragua.

Abstract

Since 2007, with the return of Daniel Ortega and the Sandinista Front to power, relations between the government and different religious groups have undergone profound transformations that have disrupted the Nicaraguan political and religious fields as we knew them. While relations with the Catholic Church have been progressively deteriorating, relations with the evangelical sector have apparently become closer. The 2018 Nicaraguan Protests affected all sectors of society, including religious institutions, and forced them to take clearly defined positions. The state violence exercised by the police, “shock groups” and paramilitaries forced a more direct intervention by some religious groups to preserve the lives of people who were peacefully demonstrating in favor of the repeal of imposed (and unjust) laws and subsequently of a change  of government and of the political system, ending with a polarization of the country that even two years later shows itself to be stagnant and without a clear way out. In this article, I will analyze the positions of the Catholic Church and Evangelical churches at the beginning of the crisis, the use of violence by the state and, briefly, the role that religious institutions have had and possibly will have in the future in Nicaragua.

Introducción

La investigación y resultados que presento en este artículo se enmarcan en mi proyecto doctoral titulado “Reconfiguración de los espacios sagrados en Managua (1972-2020). Enfoques de Bourdieu y Lefebvre”. Durante el proceso de planificación del trabajo de campo de mi tesis doctoral, nació la necesidad de comprender mejor el contexto actual y de qué forma la crisis de 2018 tuvo consecuencias en el comportamiento urbano de creyentes cristiano-evangélicos en la ciudad de Managua. Adentrarme en el entendimiento de la crisis y la participación en ésta de actores religiosos ha sido muy útil tanto para la investigación principal como para entender las reconfiguraciones en el campo político y el religioso nicaragüenses.

El trabajo de campo fue programado para realizarse entre marzo y septiembre de 2020, y lleva hasta este momento un total de 80 entrevistas semiestructuradas, principalmente a líderes y miembros de las Iglesias católica y evangélicas, a activistas políticos y académicos, además de una revisión bibliográfica y hemerográfica desde 2014 hasta la actualidad. Sin embargo, en el presente trabajo solo añadiré algunas citas de las entrevistas realizadas, resaltando la voz de los actores (los nombres han sido cambiados por seudónimos por motivos de resguardo de la privacidad).

En este texto, describiré primero las relaciones entre el gobierno sandinista y la Iglesia católica y las Iglesias evangélicas antes de la crisis, siguiendo con un análisis de las reacciones de los diferentes grupos religiosos al inicio de la crisis en abril de 2018, para, finalmente, llevar a cabo una descripción de la situación actual y de los posibles escenarios futuros.

Para acercarme a analizar dichas relaciones utilizo la propuesta de la multidimensionalidad de la violencia de Johan Galtung, para intentar clasificar las acciones del régimen desde las diferentes dimensiones y en distintas intensidades.

Me enfocaré en analizar el periodo en que el Frente Sandinista ha estado en el poder, es decir, 2007-actualidad (2020). Con base en lo dicho me propongo como objetivo general estudiar de qué manera el régimen de Daniel Ortega ha ejercido violencia en el periodo 2007-2020 y, en particular, desde el inicio de la crisis en abril de 2018 hasta la actualidad, y de qué forma las instituciones religiosas han reaccionado ante este ejercicio de la violencia y sus consecuencias en las relaciones futuras entre gobierno e Iglesias.

El regreso del Frente Sandinista al poder: violencia e Iglesias

Desde el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007, se puede identificar un incremento lento pero constante en el ejercicio de la violencia que ha resultado ser causa y consecuencia del deterioro progresivo de mecanismos de la democracia nicaragüense.

En esta sección me interesa estudiar, desde la propuesta de Galtung (1998) sobre la multidimensionalidad de la violencia, las formas en que el régimen ha incrementado e intensificado su ejercicio de la violencia en Nicaragua y de qué forma las instituciones religiosas han sido avaladoras, críticas e incluso víctimas de parte de la violencia ejercida por el Estado.

Galtung (1998) hace una diferenciación entre la violencia directa, que es visible y puede ser física y/o verbal contra las personas o la propiedad, y la violencia cultural y estructural, que son invisibles o difícilmente reconocibles.

La violencia estructural es definida por Serbín (2008) como la más extendida y relacionada con las causas más profundas y menos visibles en el iceberg del conflicto social, porque se sustenta en la distribución desigual de la riqueza y el poder. La violencia estructural es ejercida por un pequeño grupo dominante o hegemónico y se encuentra arraigada en las estructuras de las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales desde las cuales generan o ejercen otras formas de violencia (Sánchez et al., 2015)

En el caso de Nicaragua, desde 2007 se pueden ver ejercicios de la violencia estructural por parte del Estado a través de la vulneración de los derechos de grupos ya históricamente marginados, por ejemplo, de las mujeres, lo que intensifica la condición de vulnerabilidad a la que este grupo se ha visto expuesto. En este sentido, previo a las elecciones presidenciales de 2006 se promovió la penalización del aborto terapéutico, y se garantizó que “no se legalizará el matrimonio entre personas del mismo sexo, el Ministerio de Salud no ha promovido el uso de pre­servativos para prevenir el contagio con VIH, labor que ha descansado en orga­nizaciones no gubernamentales” (CINCO, 2014, p. 2).

Más tarde se reforzó la idea de la familia tradicional y se impidió la reforma al Código de la Familia, que pretendía extender el concepto de familia. Anteriormente el concepto de pareja heterosexual y su estado civil (matrimonio o unión de hecho) era homologado al concepto de familia, que excluía a parejas homosexuales y de la diversidad sexual, que en la práctica han formado familias, pero no son reconocidas por la ley y por lo tanto discriminadas y privadas de sus derechos (Jiménez, 2015).

También se aprobaron las reformas a la Ley 779 o Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, en vigencia desde julio de 2012. La reforma de esta ley en septiembre de 2013 introdujo la posibilidad de mediación en los casos más graves de violencia. Sin embargo, resultó paradójico, a la vez que evidencia de que la ley no tenía un efecto real inmediato, el hecho de que, como resultado de una mediación fundada en esta nueva ley, un acusado de violencia contra la mujer terminara cometiendo un feminicidio contra su expareja luego del proceso (Solís, 2013).

Siguiendo el enfoque de Galtung, las leyes que implican una reformulación de los roles de género tradicionales y que atentan contra los derechos de las mujeres son expresiones de violencia estructural, además de ser una forma de violencia cultural.

Igualmente, se aprobaron leyes que buscaban la concentración y eternización en el poder de la pequeña cúpula del Frente Sandinista. Fue así como en 2011 se emitió la sentencia N° 504, donde los artículos constitucionales 147 y 178, que prohibían la reelección en más de dos ocasiones y la reelección continua, se declararon sin aplicación. Así, Daniel Ortega logró presentarse de forma continua e indefinida a las elecciones presidenciales en 2012 y 2016 (aparentemente, también será el caso en 2021). En las elecciones de 2016, Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, formaba parte de la candidatura, siendo la actual vicepresidenta de la república, con lo cuyal se centralizaba aún más el poder en la familia presidencial.

El Frente Sandinista consolidó su poder cada vez más, llegó incluso a aprobar sin consulta previa al pueblo, y con un solo día de debate en la Asamblea Nacional, la Ley N° 840 o Ley del canal interoceánico, que implica una fuerte vulneración del territorio nacional, dado que otorga millonarios beneficios a una empresa china (HKND) en total detrimento de los derechos e intereses de los nicaragüenses, en general, y de los habitantes de la costa atlántica nicaragüense, en particular. Quienes se han manifestado más fuertemente contra esta ley son los campesinos, por lo cual sufren persecución y ataques directos de grupos progubernamentales (López, 2014).

Como resultado de estas leyes, poco a poco la población va identificando restricciones y amenazas a sus derechos y a su frágil estilo de vida, lo que llevó a que iniciaran protestas que se incrementaron y masificaron fuerte y rápidamente. Fue necesario, entonces, la aplicación de la violencia directa, ya que “la violencia directa refuerza la violencia estructural y cultural” (Galtung, 1989, p. 16).

Es así como el régimen ha acallado y reprimido cualquier intento de protesta o manifestación de oposición, ejerciendo la violencia directa antes de 2018 a través de tres grupos, a saber, (1) las fuerzas de choque, conformadas por militantes y simpatizantes del partido de gobierno; (2) la policía nacional en las manifestaciones masivas, donde las fuerzas de choque no son suficientes, por ejemplo, las marchas de los campesinos, y (3) asesinatos selectivos del ejército contra campesinos y líderes en zonas rurales abiertamente opositores. Casos que muestran cómo se han venido dando arbitrariedades y abusos de la policía han sido:

[…] la masacre de El Carrizo, en el 2011; la masacre de Las Jaguitas, en el 2015; el caso de los hijos de la señora Elea Valle en el 2017 y el del campesino Juan Lanzas en el 2018. Hasta ahora ningún policía o civil de los grupos de choque ha sido investigado, enjuiciado o castigado por ninguna denuncia de esa época. (CINCO, 2019, p. 2)

Esto sin contar las represiones a marchas. Entre enero de 2016 y marzo de 2018 hubo 568 protestas, 145 tuvieron presencia policial, en 14 hubo aprehensión de manifestantes, en 22 se usó la fuerza directa contra manifestantes y en 2 hubo saldos fatales (Cabrales, 2020).

Las Iglesias siempre han sido actores claves en las luchas políticas. En este contexto, ya desde 2009 la Conferencia Episcopal de Nicaragua (en adelante CEN) venía haciendo anuncios sobre el incremento de la violencia por parte del gobierno hacia detractores del régimen. El año 2014 fue decisivo para la vida política y religiosa de Nicaragua, ya que marcó los primeros pasos de una Iglesia católica más abiertamente crítica y claramente posicionada ante el Estado: dejó de ser una Iglesia que hace recomendaciones en medios de comunicación para ser una institución capaz de llamar al gobierno a tener un encuentro con ellos y “decirle las cosas en su cara”.

Este diálogo fue convocado por la CEN, que mostró a la Iglesia católica como una institución consciente de la situación nacional. Como resultado del diálogo se presentaron, en un extenso documento al gobierno, temas de interés nacional “agrupados en 6 temáticas: (1) familia, (2) proble­mática social, (3) derechos huma­nos, (4) situaciones en el Vicariato Apostólico de Bluefields, (5) el trabajo de evangelización y al­gunas políticas del gobierno, y (6) la institucionalidad” (CINCO, 2014, p. 3).

En dicho documento, la CEN explicaba más detalladamente sus preocupaciones en cada punto, algunas de estas menciones fueron:

[…] la actuación parcializada de la Policía Nacional, las violaciones a los de­rechos laborales, la discriminación en los programas gubernamentales, el deterioro de los recursos naturales, la falta de liber­tades civiles y de expresión, el monopolio de los medios de comunicación, la falta de transparencia informativa del gobier­no, los problemas derivados del proyecto canalero para los pueblos indígenas y co­munidades étnicas en la Costa Caribe y el grave déficit de institucionalidad del país. (CINCO, 2014, pp. 3-4)

El diálogo entre la CEN y el gobierno en 2014 concluyó con dos propuestas de parte de la CEN: (1) la realización de un “Gran Diálogo Nacional” con participa­ción de todos los sectores del país, en la búsqueda de un entendimiento que asegurara la estabilidad general al país, y (2) garantizar en 2016 unas elecciones presidenciales transparentes, con observación nacional e internacional, y reformas y cambios de fondo al Consejo Supremo Electoral (CSE), los cuales serían negados en menos de 24 horas por Roberto Rivas, pre­sidente del Consejo Supremo Electoral, quien afirmó que era imposible hacer los cambios recomendados (CINCO, 2014).

Además, el régimen se encargó de la repartición de prebendas entre funcionarios religiosos. En el sector evangélico, el gobierno concedió fondos, otorgo y legalizó terrenos, dedicó obras públicas y facilitó actividades de predicadores nacionales e internacionales. Mientras que en el sector católico otorgó prebendas a varios clérigos de la Iglesia para asegurarse su respaldo y activismo, haciéndolo completamente al margen de las diócesis (CINCO, 2014).

En este sentido, me atrevo a sugerir dos observaciones. La primera, que los puntos mencionados por la CEN como preocupantes en el diálogo de 2014 serían catalizadores de la crisis de 2018, tales como amenazas a la democracia, consolidación del poder en pocas manos, el tema del medio ambiente (que se muestra posteriormente en el descontento social por la situación de las Reservas Indio Maíz y Bosawas), etc. La segunda, que muchas veces la gente sostiene que existía una división en el interior de la Iglesia católica, toda vez que se observaba, por un lado, a personajes como el cardenal Obando avalando las posiciones del gobierno y, por otro, a la CEN criticando fuertemente al gobierno.

Para el gobierno era necesario el apoyo de los sacerdotes y los pastores, pues era una forma de, en el sentido que propone Galtung (1989), hacer aceptables las violencias directa y estructural a través del ejercicio de la violencia cultural. Así fue como incluso se llegó a “bendecir” la aprobación del proyecto del canal interoceánico, refiriéndose a este como un milagro y dando gracias a Dios, la virgen y los santos, mientras simpatizantes ondeaban pancartas con la frase “Dios bendiga el canal” (Pérez-Baltodano, 2015).

El gobierno se definió como cristiano, cambió el discur­so oficial y añadió a todas sus actividades, ritualidad, emblemas, símbolos, imágenes y lenguaje propios de la Iglesia católica y, en menor medida, de las Iglesias evangélicas. Organizó sus propios “rezadores de las roton­das” con empleados públicos obligados a realizar esa representación y dispuso imágenes religiosas en sitios pú­blicos (CINCO, 2014). Todo esto sucede cuando la relación entre la Iglesia y el Estado es tan cercana que el Estado es religión y la Iglesia es poder, así el Estado protege a la religión con su poder y la Iglesia consagra al Estado con su legitimidad (Hernández Pico, 2010). Lo que se buscó y obtuvo fue que funcionarios religiosos avalaran las acciones del gobierno, así se redujo la confrontación y crítica, y se facilitó el ejercicio de la violencia estructural a traves de la violencia cultural y, de ser necesario, la aplicación de la violencia física directa.

La violencia contra la Iglesia católica desde abril de 2018 a la actualidad (2020)

Desde el inicio de la revuelta cívica en abril de 2018 la Iglesia católica optó por apoyar y proteger la vida de aquellos que se manifestaban de forma pacífica contra el gobierno. Es así como las Iglesias de Nicaragua se han convertido en un símbolo de la resistencia contra Ortega. Los sacerdotes abrieron las puertas de los templos para recibir a quienes escapaban de la persecución del régimen y utilizaban misas para exigir el fin de la violencia contra los opositores al régimen (Salinas, 2019).

Desde abril de 2018 la Iglesia católica como institución y sacerdotes individuales se vieron envueltos y forzados a tomar una postura más activa, crítica y participativa ante las circunstancias, apoyando y mostrando su solidaridad con quienes protestaban (principalmente los estudiantes) (Cabrales, 2019). Hasta ese momento, el mayor signo de validación de la protesta cívica de los estudiantes fue dado por Silvio Báez en la catedral:

[…] yo quisiera agradecerles en nombre de la Iglesia porque ustedes son la reserva moral de este país, gracias porque ustedes han despertado a esta nación. No se dejen llevar nunca por la violencia, su protesta es justa y la Iglesia los apoya, y no solo los apoya. Los animamos a que no cesen en su protesta por una causa justa. (Confidencial, 2018)

Luego de revocar la reforma al seguro de seguridad social (o fondo de pensiones o de retiro), que fue el último detonante de inicio de las protestas, Ortega invitó a los obispos de la CEN para ser garantes del diálogo entre el Ejecutivo, el sector privado y los manifestantes. La CEN aceptó estar en carácter de mediadores y testigos, y convocar a las partes que estarían en la negociación (Cabrales, 2019, p. 13).

Este primer diálogo nacional está marcado por el simbolismo religioso, empezando por el lugar del encuentro, el Seminario Nuestra Señora de Fátima, un seminario de retiro y formación de la Iglesia católica. La tensión escaló rápidamente y las posturas se radicalizaron, a pesar de lo cual se logró un momentáneo enfriamiento de los conflictos. Sin embargo, el principal logro apreciable fue la unión de todos los sectores sociales contra el gobierno, lo que significó la unión de grupos históricamente antagónicos. Solo así se explica, por ejemplo, ver en un mismo frente a feministas y la Iglesia católica reunidos, algo que evidenció que el régimen estaba siendo acorralado, por lo cual se vioobligado a sentarse a dialogar.

Los constantes eventos de protesta que la Iglesia católica avaló llevaron a que el 19 de julio de 2018 Ortega expresara: “Yo pensaba que (los obispos) eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas. Eran parte del plan con los golpistas” (Cabrales, 2019, p. 14).

Esta sería la mayor declaración oficial del gobierno en la que se veía abiertamente su postura combativa hacia la Iglesia católica, en la cual se arremetía contra esta en un intento por debilitar el sentimiento de unidad contra el régimen, deslegitimar la lucha y, principalmente, atemorizar a la Iglesia católica para que no se involucrara en apoyar a los grupos de protestas; todo esto no tuvo los resultados esperados. En particular, desde junio de 2018 se incrementaron los ataques directos a templos y clérigos de la Iglesia católica de Nicaragua por grupos afines al gobierno (Velásquez, 2018a).

Siguiendo el esquema de la multidimensionalidad de la violencia de Galtung se puede observar que la violencia contra la Iglesia católica se lleva a cabo desde todas las dimensiones: violencia directa ejercida contra templos y clérigos, violencia estructural mediante la suspensión de fondos para parroquias y festividades, y violencia cultural mediante la desacreditación e intento de usurpación de festividades religioso-folclóricas.

En cuanto a la violencia directa del régimen hacia la Iglesia católica (clérigos y templos) desde abril de 2018, se pueden mencionar algunos casos destacados en las entrevistas que he realizado:

• Ataque a la iglesia Divina Misericordia: realizado el viernes 13 de julio de 2018 en el contexto de la operación limpieza, paramilitares y policías con armas de alto calibre aracaron a estudiantes que se refugiaban en el interior del templo por más de 12 horas hasta que fueron evacuados por una caravana de la Iglesia católica identificada con banderas del Vaticano y la Cruz Roja (Edición Digital, 2018b, 2019; Nicaragua investiga, 2019a, 2020).
• Agresiones contra obispos en Diriamba (julio 2018): altos jerarcas de la Iglesia católica de Nicaragua quedaron atrapados en el templo luego de recibir agresiones físicas al intentar socorrer a personas que quedaron atrapadas en él; consiguieron salir horas después luego de negociaciones telefónicas del cardenal y el nuncio apostólico directamente con la presidencia (Edición Digital, 2018a; Tijerino y Cruz, 2019; Velásquez, 2018b).
• Ataque durante la misa de Sandor Dolmus: un año después del asesinato de Sandor Dolmus, un joven monaguillo de 15 años que participó en las protestas y que fue asesinado por un francotirador el 14 de junio de 2018, se celebró una misa de aniversario en su honor en la catedral de León presidida por el obispo Bosco Vivas. La misa sufrió primero hostigamientos y posteriormente un ataque directo de un grupo de manifestantes progobierno acompañados de policías y paramilitares, que provocó el cierre del templo al iniciar el ataque (García y González, 2019; Medina Sánchez, 2019; Mogollón, 2019a; Munguía, 2019).
• Ataque en la catedral de Managua y sitio contra la iglesia de San Jerónimo en Masaya: en noviembre de 2019 se dieron dos ataques de forma simultánea por parte del régimen hacia la Iglesia católica, sus clérigos y sus creyentes. El primero fue el sitio contra la iglesia de San Jerónimo, en Masaya, donde el padre Edwin Román y 10 madres de presos políticos que decidieron hacer huelga de hambre, reunirse y consagrarse en este templo fueron cercados por la policía por 8 días, impidiéndose también el paso de cualquier alimento, agua o medicina. De este suceso nace el denominado grupo de los aguadores, un grupo de 13 presos políticos, miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, cuyo único crimen fue tratar de llevar agua a quienes estaban atrapados/as en la iglesia San Miguel (Álvarez, 2019; Cruz y Calero, 2019; Nicaragua investiga, 2019b; Tórrez García, 2020; Torréz García y Álvarez, 2019; Velásquez, 2019).
• El otro suceso ocurrió en la catedral de Managua el 19 de noviembre de 2019, cuando simpatizantes del Frente Sandinista ingresaron a ella al anochecer y agredieron físicamente a un sacerdote y una religiosa, esto en completa complicidad de la policía, y mantuvieron encerrados en una sala de la catedral a un grupo de madres de presos políticos que en una declarada huelga de hambre exigían la liberación de sus hijos; este acto además fue en solidaridad con las otras madres asediadas en Masaya, también en huelga de hambre junto al sacerdote Edwin Román (López y Bow, 2019).
• Ataque a la Catedral de Managua (julio de 2020): parecía que los ataques directos del régimen a templos y clérigos católicos habían cesado y continuaban meramente en lo discursivo, sin embargo, en la última semana de julio, ocurrieron tres ataques directos a templos, durante los que se profanaron el 25 y 29 de julio dos parroquias en el departamento de Masaya, lo que supuso robo y destrucción de ornamentos religiosos y mobiliario. Ello culminó el 31 de julio de 2020 cuando se detonó una bomba en la catedral de Managua, afortunadamente sin víctimas fatales. El acto ha sido catalogado por autoridades del clero católico como un acto terrorista que estaba completamente planificado. El gobierno por su parte justifica el último incidente como un incendio producto de las velas que ponían los feligreses y entraron en contacto con las cortinas, siendo esto desmentido por el obispo Brenes, quien argumentó que dentro de la capilla no hay veladoras y tampoco cortinas (Mendoza y Torréz, 2020; Miranda, 2020).

En estos actos de profanación no ha habido una sola persona identificada como responsable y, por lo tanto, tampoco ha habido procesados.

Como parte de la violencia cultural se toma la suplantación del Estado a la Iglesia en las celebraciones religiosas. La más reciente fue la festividad de Santo Domingo de Guzmán. La ceremonia fue llevada a cabo sin autorización de la Iglesia católica, sin la imagen original y por aparentes devotos que realizaron el recorrido tradicional con un fuerte resguardo de la Policía Nacional, sin tomar las medidas de protección contra el Covid-19 (Álvarez, 2020a; Cruz, 2020; Vega Sánchez, 2020).

Carácter urbano de las protestas. La importancia de las marchas en la ciudad

Las protestas en 2018 adquieren un formato muy particular. Sus luchas y métodos son enteramente urbanos, y en particular en Managua la localización y forma de protesta es reactiva al diseño de esta ciudad.

En los últimos años Managua ha entrado en un proceso de “haussmanización”, descrito por Rodgers (2012), proceso que busca principalmente la reconfiguración del sistema vial para facilitar el acceso de las clases acomodadas al centro de la ciudad. Además, limita las entradas y salidas de las clases más pobres a estos nuevos subcentros generados, pero también crea facilidades urbanas para desplegar la violencia directa; crear vías amplias significa la posibilidad de un despliegue más fácil de fuerzas de represión –policía, ejército– y mucho más complicado para el levantamiento de barricadas. Estos dos puntos son muy importantes para entender las protestas en 2018.

La protesta busca hacerse notar al tomar los espacios vitales de la ciudad, es así como se destacan tres puntos: (1) los centros simbólicos del poder tradicional, (2) las entradas y salidas a la ciudad, y (3) los puntos de tránsito importante con centros simbólicos en las cercanías.

Si se quiere entender el primer punto sobre los centros simbólicos del poder tradicional, Agudelo y Martínez (2020) explican cómo al inicio de la crisis en abril la indignación por el mal manejo del gobierno del incendio de la Reserva Biológica Indio Maíz provocó un gran poder de convocatoria entre la población en general. La primera muestra de ello se dio cuando decenas de estudiantes autoconvocados a través de redes sociales tomaron el 12 de abril la Plaza de las Victorias –el cruce de la avenida Cardenal Miguel Obando y la Carretera a Masaya en el nuevo centro de Managua–, que es el espacio donde el “oficialismo” hace sus concentraciones desde 2008 (Agudelo y Martínez, 2020). Las autoras añaden en una nota a pie de página: “La toma y ocupación de distintos espacios públicos, antes controlados por el partido de gobierno, fueron parte de la contienda” (p. 23).

Al comenzar a perder el control sobre los espacios simbólicos y relevantes en la ciudad y posteriormente el de las calles, se hizo evidente la progresiva pérdida del poder del Frente Sandinista y su capacidad de proyectar ese poder en el espacio público. Desde ese momento, el Frente Sandinista ha sido incapaz de convocar grandes aglomeraciones en las calles como lo hacía en años anteriores. Sin embargo, el núcleo más fiel y disciplinado aún permanece ligado al partido y es por eso que todavía conserva cierto grado de fortaleza que le ha permitido resistir y mantenerse en el poder. A eso se suma el uso de las fuerzas de represión, que solo han servido para dispersar manifestaciones de la población civil opositoras. Esto sería una prueba de que Ortega ha perdido uno de los pilares que lo mantenían en el poder, que se basaba en cierto grado de cohesión social que lo apoyaba y se manifestaba de forma voluntaria en las calles. La pérdida de apoyo popular devino en la dependencia total de mecanismos represivos para mantenerse en el poder; en palabras del sacerdote diocesano y defensor de la teología de la liberación Edgard Parrales: “Ortega tiene el poder por la fuerza” (Cruz, 2019).

¿Cómo se añaden las Iglesias a esta lógica de protestas en la ciudad de Managua? Para responder a esto, es menester analizar los puntos (2) entradas y salidas a la ciudad y (3) los puntos de tránsito importante con centros simbólicos. Un entrevistado planteaba algo interesante al respecto:

¿Una ciudad puede ser entendida sin las iglesias? ¿Un barrio puede ser entendido sin sus iglesias? Hay una lógica hasta urbana en relación con el usar atrios, el estar cerca de las iglesias, eso es inevitable… en determinado momento la gente hace sus cálculos “vamos a la iglesia para evitar que algo sea demasiado brutal, demasiado salvaje”. Por eso es que el caso de la [Iglesia] Divina Misericordia es tal vez el caso de los más icónicos, porque a estos majes [la policía] les valió verga, agarraron a balazos a gente que estaba refugiándose en la Iglesia, toda esta gente estaba desarmada. (Comunicación personal, Hamlet, abril de 2020)

Basados en este comentario se muestran dos cosas: 1) las iglesias están profundamente enraizadas en el diseño urbano de las ciudades, Managua no es la excepción y en este caso templos católicos en general y algunos pocos templos evangélicos ocupan lugares estratégicos en las ciudades, que también son centros simbólicos y tradicionales del poder, y 2) el uso de los templos como refugios tiene un doble propósito, son lugares fáciles de sellar, y resguardarse, pero también tienen esa mística de ser de alguna forma una estructura santa que no sería profanada y, por lo tanto, un verdadero refugio.

Las entrevistas muestran que las Iglesias evangélicas en general son percibidas por varias personas como aliadas del régimen, y se hacen referencias a sucesos como persecuciones a protestas donde estas Iglesias no dieron refugio a quienes protestaban, como el caso de la Comunidad de Renovación Familiar Hosana, cerca de la pista Jean Paul Genie, otro centro importante de Managua donde hubo protestas, y el caso de la iglesia Ministerio Internacional Ríos de Agua Viva, cercano también a la Carretera Norte, otra entrada/salida importante de la ciudad. Aunque en varias entrevistas también se menciona que en ambos casos los templos permanecían cerrados al público en general o no estaban abiertos porque no había servicios en ese momento y que no fue un cierre dirigido hacia ellos por motivos políticos.

Fácilmente se podría pensar que existen correlaciones entre la localización de los templos y la localización de las protestas basadas en la pertenencia religiosa y su aparente afinidad política. Es necesario hacer varias aclaraciones al respecto.

Primero, en Managua existen más de 70 templos católicos distribuidos por la ciudad, muchos de ellos cercanos a los “centros” donde tuvieron lugar las protestas, por lo que las posibilidades de que una marcha o protesta pasaran cerca de uno de estos es mucho más alta.

Segundo, en el caso de las Iglesias evangélicas es necesario diferenciar las grandes iglesias, denominadas como “mega-templos”, estructuras arquitectónicas grandes y lujosas, claramente visibles y cuyos líderes son referencia a nivel nacional, de la gran mayoría de iglesias evangélicas localizadas a nivel de barrio o iglesias locales, muchas veces difíciles de identificar por las características del templo (en ocasiones son casas particulares de día y fungen como templos de noche) y que, como se menciona en algunas entrevistas, sí se involucraron a la lucha, aunque de forma clandestina a favor del pueblo o a un alto precio.

Marchas y tranques^[1] fueron algunas de las formas más emblemáticas de luchas y su análisis resulta relevante. La importancia de las marchas (y el derecho a marchar) es expresada claramente por Hamlet:

La lógica de marchar, de salir a las calles, es un anhelo, es una lógica de catarsis, un derecho a transitar en la ciudad… el Frente [FSLN] decía “las calles son del pueblo”, sí, pero el pueblo del Frente, de ellos. Pero con abril fue una lógica distinta: “las calles también son de nosotros [los que protestan, los opositores] y tenemos que hacer uso de ellas”, es decir, la ciudad, el espacio público. Quizás el principal símbolo o la principal señal de que la oposición piensa que en Nicaragua hay dictadura es porque hay represión y ¿cómo se traduce la represión? En que “no nos dejan ir a las calles, en que no nos dejan usar el espacio, en que no nos dejan que nosotros nos manifestemos en esto que es común. No te lo formulan así, pero así es”. (Comunicación personal, Hamlet, abril de 2020)

En particular destaca la marcha convocada por la Iglesia católica el 28 de abril, la cual pasó por la catedral de Managua. Miles de nicaragüenses se aglutinaron en una de las marchas más grandes vistas en los últimos años con mensajes claros de apoyo a la institución religiosa y abiertamente de repudio al gobierno.

Cabe destacar que los evangélicos también realizaron su marcha el 27 de mayo, sin embargo, fue menos concurrida que la convocada por la Iglesia católica. Esta marcha colabora con romper el mito de que el evangélico es aliado del gobierno, aunque es interesante notar la ausencia de los liderazgos mediáticos y que los mensajes escritos en las pancartas tienen un tono más general en contra de la injusticia, a favor de la paz y menos crítico o señalador contra el gobierno.

A nivel nacional en 2018, entre abril y julio, hubo 1907 protestas. De esas, 254 fueron marchas (Cabrales, 2020). Mientras que “los tranques se convirtieron en la forma de protesta más popular de esta oleada de movilización existiendo en mayo 327 tranques; en junio, 667; y en julio, 180, mes en que fueron erradicados mediante la operación limpieza” (Cabrales, 2019, p. 11).

En particular se puede plantear la pregunta respecto a por qué los tranques fueron levantados principalmente en los barrios mientras las marchas eran desplegadas en las vías principales. Los tranques no deben ser analizados solo como forma de lucha, sino también como punto de expresión de religiosidad, donde símbolos religiosos son integrados a la lucha como forma de protesta.

Símbolos religiosos y luchas: altares “vandálicos” y vírgenes en los tranques

Resulta interesante la incorporación de elementos religiosos a los tranques, en este caso el uso de vírgenes. Salinas (2018b) relata cómo en la ciudad de Granada vecinos crearon un altar con la imagen de la Virgen y la bandera de Nicaragua sobre una de las barricadas que se han alzado para protegerse de los paramilitares. En el texto se leía: “en Nicaragua la Virgen María también se ha atrincherado”, la imagen de la Virgen en la barricada, con los vecinos alrededor rogándole protección, es símbolo de resistencia y de coraje frente al terror desatado por los grupos de paramilitares.

La incorporación de símbolos y elementos religiosos en las barricadas, tranques y otros espacios de protesta responde a dos factores: la búsqueda de protección proveniente de “lo divino” y, en el caso del uso de imágenes de vírgenes, la solidaridad con la Iglesia católica, una de las instituciones más golpeadas por su abierta colaboración con los detractores del régimen.

Es así como la protesta se incorpora a la expresión religiosa y la expresión religiosa se politiza, uno de los casos más emblemáticos ha sido la transformación de “la gritería”.

La gritería es una tradición estrictamente popular y enteramente nicaragüense que data de inicios del siglo XVIII con orígenes en León y actualmente celebrada a nivel nacional todos los 7 de diciembre. Según la tradición, fieles y devotos recorren las calles de las ciudades y pueblos realizando rezos y cantos a altares donde es colocada una imagen de la Virgen María. Los altares son hechos en templos, pero principalmente en garajes, porches y aceras de casas particulares. Aquellos que vienen a cantarle a la virgen reciben un “brindis”, que es una pequeña ofrenda o paquete con dulces.

A estos altares los creyentes han añadido simbología propia de las protestas, lo que dio origen a los “altares vandálicos”; estos los entenderé como altares político-religiosos donde se manifiestan y mezclan expresiones populares de la religiosidad y tradición católica con el sentimiento de desaprobación de la población a la violenta represión del régimen de Ortega, lo cual otorga a la fiesta religiosa un tinte político para evidenciar que nada está normal, como el gobierno pretende mostrar.

Menciona Débora, quien ha organizado altares vandálicos desde 2018:

La tradición la inició mi abuela, Graciela Mora, cuando tenía 12 años, al igual que la mayoría de gente, ella combinó una promesa con su devoción y la tradición de gritarla cada 7 de diciembre y así, las siguientes generaciones de mi familia crecimos celebrándola.
A raíz de la represión gubernamental iniciada en abril 2018 (en la cual participamos activamente en el levantamiento de tranques y barricadas en los barrios aledaños a la Universidad Politécnica de Nicaragua UPOLI, así como llevando víveres y medicinas) el sentimiento mariano estuvo presente y aún más cuando el 13 de junio de ese mismo año mi abuela fallece; de ese momento a diciembre, durante la operación limpieza, los asesinatos de ciudadanos a manos de policías y paramilitares se contabilizan en centenares a lo largo y ancho del país.
Al acercarse la gritería, decidimos hacerlo como un homenaje a las víctimas mortales, encarcelados, desplazados y torturados, respetando la tradición de celebrarla de manera abierta de modo que, aunque el altar estaba dentro de la casa, la gente viene sin necesidad de invitación.
En el altar 2018 utilizamos algunos símbolos que estuvieron presentes durante el levantamiento cívico, tales como bandera nacional invertida como sinónimo de la alerta que estábamos enviando a nivel internacional, fotografías de presas y presos políticos, bloques apilados en forma de barricada y globos azules, blancos y amarillos en muestra de agradecimiento al acompañamiento brindado por la Iglesia católica. (Ver imágenes 1 y 2)
En 2019, durante una huelga de hambre de familiares de presos políticos a quienes se les sumó el padre Edwin Román en la iglesia San Miguel de Masaya, un grupo de ciudadanos opositores se dirigió a dicho lugar llevándoles agua y medicina, a lo cual la policía reaccionó de manera violenta y apresó a 16 de ellos la noche del 14 de noviembre, serían conocidos como “la banda de los aguadores” y en honor a ellos/as, para ese 7 de diciembre [de 2019] colocamos en el altar de la virgen, 16 botellas de agua con los respectivos nombres de los apresados por la dictadura, así como 16 veladoras en petición a la virgen por su libertad y la de cientos más que en ese momento el régimen tenía en sus mazmorras, los colores azul y blanco de la bandera, las luces y flores fondearon como cada año el altar vandálico. (Ver imágenes 3 y 4). (Comunicación personal, Débora, julio de 2020)

Los altares vandálicos son muestra de resistencia y sólida desaprobación al régimen. Quienes los hacen son personas creyentes y agradecidas a Dios y a la Iglesia católica por su actuar durante la violenta represión. Los altares vandálicos realizados por todo el país tienen una decoración completamente individual pero contextualizada, todos portan banderas azul y blanco volteadas, imágenes de presos políticos, bloques o adoquines para formar el altar representando las barricadas y desde 2019 botellas de agua. Esta es una muestra de cómo la tradición religiosa se ha transformado en otra expresión de protestas y resentimiento contra el régimen, aprovechando cada espacio posible para hacer la lucha (Agüero, 2019; García Peralta, 2019; Luna, 2018; Ocaña, 2019; Staff Niú, 2018).

Cambios socio-religiosos en Nicaragua: “Soy evangélico, pero apoyo a la Iglesia católica”

Hay una percepción muy generalizada que tiende a identificar a las Iglesias evangélicas como aliadas del gobierno (basada también en el lenguaje del discurso oficial) y a la Iglesia católica como opositora al régimen. Sin embargo, abril de 2018 provocó y mostró efectos notorios al interior de las Iglesias evangélicas.

En términos generales, al preguntar en las entrevistas sobre ¿cómo valora el rol de las Iglesias evangélicas y la Iglesia católica durante la crisis de 2018?, las respuestas son muy variadas, entre las que se dilucidan cuatro posturas:

1. Líderes y/o miembros de Iglesias evangélicas que abiertamente apoyan al régimen: tienen una visión muy negativa de la Iglesia católica, la acusan no solo de enseñar doctrinas erróneas, sino de ser una institución meramente política y en búsqueda de poder, aliada con “los golpistas” y claramente parcializada a favor de los grupos que protestaban o de oposición.
2. Líderes y/o miembros de Iglesias evangélicas que no apoyan al régimen, pero su postura contra la Iglesia católica se radicalizó a raíz de la crisis, por considerar su participación en demostraciones, protestas y el diálogo nacional como participación política y, por lo tanto, negativa, toda vez que el mundo de la política tiene una connotación negativa para estas Iglesias.
3. Líderes y/o miembros de Iglesias que se desentienden de la situación política. En este grupo se considera que en términos generales las instituciones religiosas no debían de posicionarse o actuar durante la protesta, sino que su rol como Iglesias era estrictamente orarle a Dios para que Él solucione la crisis de violencia y los conflictos entre ambos bandos. Así, muchos de los entrevistados mencionan haber realizado un excelente trabajo de oración constante por la nación para que la situación se calmara y la violencia por ambas partes cesara. Quienes tomaron esta postura ven con excelentes ojos a las Iglesias evangélicas y muy negativamente a la Iglesia católica.

Es interesante la percepción de este grupo sobre Daniel Ortega, dado que desaprueban su gestión, pero lo reconocen como una autoridad elegida por Dios y que, por lo tanto, debe ser respetado y obedecido a pesar de todo.

4. Líderes y/o miembros de Iglesias que apoyan a la Iglesia católica. En este grupo de miembros y líderes de Iglesias evangélicas existe una ruptura interesante en la persona entre el “yo creyente” y el “yo ciudadano”, según la cual se da una justificación de su participación política en las protestas y en todo el proceso de oposición. Normalmente estos entrevistados hablan de forma muy abierta de que no tomaron una posición pasiva y de oración frente a los sucesos, sino que se involucraron de forma directa en las marchas y protestas, e identifican además a la Iglesia católica como una institución que ha defendido al pueblo de Nicaragua.

La diversidad de estas posturas la planteaba un pastor de esta manera:

A lo interno de las iglesias evangélicas cambiaron las relaciones entre las mismas congregaciones. Cada congregación tuvo su fractura. Es que esto partió de forma vertical y de forma horizontal a toda la sociedad. Porque hubieron dentro de mi congregación personas que se retiraron porque se dieron cuenta que yo estaba apoyando las protestas, que yo me iba a las protestas e incluso que a veces en mis mensajes dejaba entrever algunas cosas que estaban ocurriendo y que no debían ocurrir y no pasó solamente en mi iglesia, pasó también con personas que incluso estaban así entre ser cristiano evangélico, pero todavía simpatizó con la Iglesia católica y hubo personas que terminaron completamente convencidas de que la Iglesia católica era la iglesia que estaba al lado del pueblo. (Comunicación personal, pastor Evangélico, Simón, abril de 2020)

Las posturas de las Iglesias evangélicas son tan variadas como el número de Iglesias. En este sentido, para el año 2009, “según el Rev. Sixto Ulloa, Procurador de Participación Ciudadana, cerca de 800 denominaciones evangélicas se inscribieron en el Ministerio de Gobernación, en su mayoría de tradición pentecostal” (Aguirre y Araica, 2010, p. 46). Este número se ha incrementado considerablemente, y existe gran cantidad de Iglesias no registradas. Debido al número de Iglesias con diferentes posturas doctrinales y posturas frente a la política y los gobernantes, no existen posicionamientos o declaraciones claros a cargo de las pocas instituciones que buscan organizar o representar la voz evangélica, como lo son el Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua (CNPEN) o la Alianza Evangélica.

La crisis de 2018 provocó un distanciamiento del movimiento pentecostal de los liderazgos mediáticos, presuntamente más representativos, identificados como aliados al régimen. Estos liderazgos famosos por los medios han sido fuertemente criticados por buena parte de los entrevistados.

Por otro lado, muchos miembros y líderes de iglesias pequeñas y locales de barrio sí se involucraron de forma más activa en marchas, refugiando personas, pero no tienen la capacidad de proyección, la fuerza, ni los mecanismos de defensa de la Iglesia católica, y esto también se nota en el número de pastores exiliados (más de 16) que fueron perseguidos por el régimen por su participación política. Esta participación no fue de forma unida como Iglesia, sino a nivel individual por parte de miembros o líderes.

Considero importante enfocarme en este artículo en el cuarto grupo, porque creo que este contexto de lucha y protesta política, donde las instituciones religiosas han sido tan mencionadas o se han involucrado a diferentes niveles, ha permitido una especie de acercamiento entre creyentes católicos y evangélicos. De entre todos los testimonios rescataré aquí dos:

Fue diferente a la guerra de los 70 y los 80 las cuales viví, porque en ese momento ambos bandos tenían armas. En el 2018 solo un bando tenía armas. Lo que pasó en la Divina Misericordia fue una masacre (ver imágenes 5 y 6, Iglesia de la Divina Misericordia a 2 años del ataque, agosto 2020), los desalojos de los tranques fue una “matanzinga”,^[2] se usó toda clase de armamento y se señaló a personas inocentes”. Tampoco estoy de acuerdo con los ataques a los templos católicos, me quedé impactada de ver lo que les hicieron a los sacerdotes, al padre Román, a ellos que estaban con el pueblo, con las madres de los presos políticos, y cuando estaban en Diriamba y quebraron todos los bancos de la iglesia, le pegaron a los Padres de ahí y todo lo que estos hacían era ayudarle al pueblo… Para mí el papel que jugó la Iglesia católica fue excelente, hizo lo que el Señor mandó, apoyaron a su pueblo, estuvieron siempre y en todo momento apoyando a su país. Nosotros también apoyamos con oraciones, pero nos pasaban vigilando. Nosotros como cristianos [evangélicos] nos refugiamos en la oración, pero sí hicimos lo que Dios nos mandó, no se afectó para nada la credibilidad en ninguna de las iglesias, pero sí muchos cristianos [evangélicos] iban a la Iglesia católica a apoyar, pero tienen en su iglesia [evangélica]. (Comunicación personal, miembro de iglesia evangélica, Ana, julio de 2020)

El segundo testimonio es de un miembro de una iglesia evangélica que participó de forma muy activa en las protestas:

[…] cuando yo veo cómo el sistema comienza a agredir a sacerdotes y destruir las iglesias, eso me da rabia, y comienza mi primera jornada en apoyar como evangélico. Yo hice eso porque como nicaragüense no podría permitir esa confusión, si mis pastores no quisieron salir a la calle a defender a sus hermanos católicos, yo decía: “algún día este mismo agresor va a agredir las iglesias evangélicas y vamos a necesitar a esos sacerdotes”. Me encontré a muchos evangélicos en las marchas, algunos con máscaras y otros tapándose la boca y me dicen, “hermano, nosotros somos evangélicos como usted, pero no podemos dar la cara porque le trabajamos al Estado”, y eso a mí me dio una fuerza grande, yo nunca había entrado a una catedral y mucho menos con un cartel que dijera que era evangélico, qué hace un evangélico metido en una catedral y eso me dijo que realmente Nicaragua entró a una nueva etapa, no en el sentido del Papa de un acercamiento ecuménico sino de vernos como nicaragüenses… (Comunicación personal, miembro de iglesia evangélica, Pedro, junio de 2020)

Estos testimonios muestran que existe un punto donde evangélicos se acercaron a la Iglesia católica, hay que siempre recordar que estos creyentes no han transformado sus creencias doctrinales y su aprobación es en términos políticos y sociales mas no religiosos.

Las Iglesias ante la crisis sanitaria del Covid-19

La situación de Nicaragua es dantesca. Poco antes de cumplirse el segundo aniversario del inicio del levantamiento popular en Nicaragua en abril de 2018, “se anuncia el 18 de marzo de 2020 el primer caso de un paciente con Coronavirus en Nicaragua” (Corriols, 2020, p. 38). El coronavirus entra en Nicaragua en un contexto de crisis irresuelta, la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018, que ya había socavado la credibilidad de la población en la efectividad del gobierno y minado el tejido social de Nicaragua, avanzaba sin una clara respuesta estatal (Deutsche Welle, 2020; Ortega Hegg, 2020; Osorio et al., 2020).

Actualmente, sería correcto decir que Nicaragua se encuentra en un escenario de múltiples crisis, que amplifican sus efectos sobre la población ya violentada por el régimen autoritario de Daniel Ortega (Osorio et al., 2020).

El coronavirus se convirtió en otro elemento a añadir a los discursos políticos de ambos grupos que buscan desacreditarse mutuamente frente a un cercano escenario electoral. Las estrategias planteadas frente a este virus fueron totalmente correspondientes a la posición política.

Por un lado, el gobierno optó por una negación de la realidad: advirtió que el daño en Nicaragua sería mínimo y que el sistema de salud del país estaba más que preparado para atender a los posibles casos positivos de coronavirus. El régimen de Ortega-Murillo optó por desacreditar, descalificar y hasta desprestigiar las medidas de prevención generales dictadas por la OMS y promovidas por grupos de oposición, alegando que son parte de la estrategia de los que intentaron darle un golpe de Estado en 2018. Además de argumentar que tiene un plan de “inmunidad del rebaño” (Ortega Hegg, 2020).

Por otro lado, grupos de la sociedad civil y otros independientes, muchos de estos miembros de organizaciones o grupos de oposición, al notar la falta de seriedad y de acciones preventivas contra la pandemia por parte del gobierno, tomaron la iniciativa y llamaron a que se lleven a cabo medidas, como la cuarentena, el confinamiento, el distanciamiento físico, el cierre de escuelas y universidades, moratorias de pago de impuestos o de servicios al gobierno, y promovieron la campaña #QuedateEnCasa (Ortega Hegg, 2020).

De hecho, el gobierno es incapaz de tomar las principales medidas de prevención sencillamente porque el Estado nicaragüense no tiene los recursos para promover y asumir el costo de esas medidas, como retraso de pagos de impuestos, etc., además de que la mayor parte de la población económicamente activa en Nicaragua se desempeña en trabajos del sector informal, es decir, depende enteramente del trabajo “día a día”, por lo que promover una campaña de cuarentena y permanencia en casas resulta completamente inviable en Nicaragua, y esta necesidad del régimen de mantener la economía circulando y de aparentar un ambiente de normalidad los ha llevado a promover incluso eventos masivos (FUNIDES, 2020).

Esto ha tenido consecuencias graves entre la población general, y tampoco se puede confiar en los datos generados por el gobierno. De hecho, “a 2 de junio, el Gobierno reporta una mínima fracción de lo que está pasando realmente en Nicaragua: 1118 casos, incluyendo 46 defunciones (Luna, 2020). El Observatorio (2020) reporta 5027 casos sintomáticos y 1015 muertes sospechosas” (Corriols, 2020). El Observatorio Ciudadano Covid-19, al que se hace referencia en la cita, es un esfuerzo colaborativo de un equipo que está conformado por profesionales de la medicina, comunicación, investigación, ingeniería, informática y estudiantes que trabajan de forma voluntaria para combatir la desinformación promovida por el gobierno y salvar vidas (Observatorio Ciudadano Covid-19, Nicaragua, 2020).

A nivel de las instituciones religiosas, nuevamente se ven rupturas y pareciera que las posturas de cada sector están ligadas a sus visiones político-históricas, siendo así que la Iglesia católica, que no es miembro oficial de la oposición pero está identificada como un grupo abiertamente crítico y contrario al gobierno, optó desde el inicio por el cierre de templos y suspensión de ceremonias masivas, mientras que las iglesias evangélicas, identificadas como aliadas del régimen, han permanecido en muchos casos abiertas, lo que les permitió ser interpretadas como colaboradoras con el intento de normalización del régimen.

Así se ve entonces que la Iglesia católica tomó desde el inicio medidas de prevención y decidió cerrar sus templos de forma indefinida. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, a través de un comunicado, advirtió que desde el 26 de marzo de 2020 las celebraciones litúrgicas se llevarían a cabo sin la presencia de fieles (Galo, 2020). Aunque templos y capillas del Santísimo Sacramento permanecieron abiertas como signo de una Iglesia samaritana, e invitaron a la feligresía a vivir cada celebración litúrgica uniéndose a los medios de comunicación de la Iglesia (CEN, 2020).

Consciente del precario sistema de salud de Nicaragua y la inaptitud del gobierno, el monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa, preparó un proyecto de salud en su diócesis para prevenir el contagio y atender los casos sospechosos y confirmados que pudieran darse en el territorio. El proyecto estaba integrado por médicos voluntarios y otros profesionales de la salud y contemplaba la creación de un Centro de Prevención Médica (CPM) y un centro de atención telefónica para que la población pudiera comunicarse con personal de salud o personal capacitado y aclarar dudas en cuanto a la prevención y tratamiento de la enfermedad (100% Noticias, 2020a; Álvarez, 2020b; Artículo 66, 2020). Sin embargo, esta iniciativa fue denegada por el gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud (Minsa), que impidió no solo el trabajo de las potenciales clínicas, sino también el del centro de atención telefónica (Corriols, 2020; Silva, 2020; Vatican News, 2020).

Por otro lado, dentro del sector evangélico se tomaron principalmente tres posturas dependiendo del grado de (in)dependencia y fortaleza de cada organización religiosa, siendo estas: 1) las iglesias evangélicas que cerraron definitivamente sus templos hasta que el peligro de contagio masivo pasara, 2) las iglesias evangélicas que cerraron parcial o temporalmente y 3) las iglesias evangélicas que nunca cerraron sus templos. Empezaré analizando las iglesias que asumieron la tercera postura.

En este grupo se encuentran aquellas iglesias con un fundamentalismo religioso exacerbado, que sacralizan todo, o dan una lectura religiosa a hechos comunes, incluso la salud, argumentando que el enfermarse o mantenerse sano es algo que será determinado por Dios sin importar si estos están expuestos o no al virus, así han mantenido cultos y ceremonias masivas abiertos. Esto lo comprobé en visitas de campo, donde incluso se promovían los abrazos y no se tomaban medidas como uso de mascarillas o distanciamiento social.

Estas son las iglesias menos sólidas y pequeñas a nivel de barrio, enteramente dependientes de su membresía (normalmente inferior a los 40 miembros) para su existencia y el mantenimiento de un templo (alquiler de un local). Muchos de sus miembros vienen de contextos más vulnerables y necesitan un mayor acompañamiento de parte del pastor para sobrellevar las dificultades del día a día, y esa imposibilidad de cerrar el culto es lo que ha hecho que muchas iglesias evangélicas sigan abiertas y que exista un mayor número de pastores fallecidos producto del contagio. Según un registro detallado de la Alianza Evangélica Nicaragüense, entre el 12 de abril y el 15 de junio de 2020, al menos 44 pastores habían fallecido (Álvarez, 2020), sin embargo para el 29 de junio de 2020, luego de una actualización de sus registros, 16 pastores fueron añadidos a la lista, mientras que la Iglesia católica solo registraba el fallecimiento de tres sacerdotes y un obispo (López B., 2020).

Dentro de las iglesias que sí cerraron sus templos (primera posición) se encontraban, por ejemplo, las Asambleas de Dios. Su junta directiva anunció en mayo el cierre de los templos en las principales ciudades del país, por un periodo limitado y sometido a una evaluación posterior para extender o suspender esta medida, si bien mantuvo interesantemente abiertos los templos que están “menos expuestos por su posición geográfica” preservando las recomendaciones de limpieza y distancia social (Baltodano, 2020). Otras grandes denominaciones también cerraron sus templos por periodos similares, como la Convención Bautista, la Asociación de Iglesias de Dios, la Fraternidad de Iglesias Evangélicas Misión Centroamericana de Nicaragua, entre otras (100% Noticias, 2020b).

Dentro del segundo grupo se encuentran las denominaciones independientes que no están afiliadas a grandes grupos como las Asambleas de Dios, sino que representan a un tipo especial de iglesias, los ejemplos más claros son las iglesias Ríos de Agua Viva y Ministerio Apostolar Centro Cristiano, las cuales cerraron durante algunos meses, pero cuyos miembros seguían reuniéndose en el formato de células, su estructura de cobertura de las ciudades de forma escalonada permite el monitoreo constante.

Algunas de estas denominaciones independientes poseen grandes templos y al momento de reabrirlos lo hicieron con mayores medidas de seguridad, por ejemplo distanciamiento de 1,5 metros, un lavado de manos adecuado, imposición de la mascarilla. Tal es el caso de iglesias como Ríos de Agua Viva y Ministerio Apostolar Centro Cristiano.

En este sentido, puedo afirmar que no existe en el caso de las Iglesias evangélicas (salvo alguna que otra excepción) una correspondencia entre postura política y la decisión de cerrar los templos. Estas reacciones tan diferenciadas responden a otros factores, es más una cuestión de análisis de riesgos, beneficios y condiciones. La pandemia del Covid-19 trastocó nuevamente las relaciones de fuerza de las instituciones religiosas en un contexto ya de estrés para estas, donde existe una clara disparidad entre la diversidad de Iglesias evangélicas y la Iglesia católica que está evidentemente mejor dotada de recursos financieros, tecnológicos, arquitectónicos y a partir de la crisis de 2018 fortalecida en términos de legitimidad por su actuar. Debido a su solidez y estabilidad, cobertura y recursos logró trasladar todas sus ceremonias a un formato virtual sin miedo a que su membresía o simpatizantes puedan migrar hacia otros templos o expresiones religiosas.

El rol de las Iglesias en el futuro: la reconciliación

Como se mencionó antes, Nicaragua se encuentra actualmente en una doble crisis irresuelta. El año 2021 será tal vez el año electoral más contendido desde 1990, nuevamente será necesaria la unidad de todos los sectores^[3] y fuerzas políticas para derrotar al Frente Sandinista de Daniel Ortega si se dan las elecciones.

Hay que considerar que existe siempre una ilusión de transformación inmediata luego de unas elecciones o un cambio de gobierno. En un escenario imaginario donde el Frente Sandinista es derrotado se heredarán varios problemas económicos, legales y sociales; en cuanto a participación de las Iglesias en este escenario destaca el tema de la reconciliación. Varios de los entrevistados mencionan al respecto el problema del odio y la necesidad de trabajarlo para la reconstrucción del país.

La iglesia va a jugar un rol más importante en el tema de la reconciliación porque ese va a ser el canal más duro, porque el país está quebrado, está muy fraccionado, hay mucho odio, un odio promovido por el gobierno sobre todo, pero también del lado Azul y Blanco hay mucho odio también y en un país con esos niveles de odio no haces nada. Creo que la iglesia es la llamada, ellos tienen su compromiso a involucrarse a ese tema de la reconciliación, tema del perdón, tema del entendimiento, cohabitación. Yo no veo otro actor, yo siento que ellos también quieren serlo, los otros actores ven esos temas espinosos y es difícil tomarlos. (Comunicación personal, Hamlet, abril de 2020)

La percepción de Hamlet, quien es activista, no está alejada de la realidad, puesto que se confirma en las entrevistas a clérigos y pastores. Al hablar con un sacerdote que estuvo en medio de los combates y que trabajó en mediación de conflictos él mencionaba:

Yo me veo a mí mediando siempre, yo me veo a mí repartiendo paquetes siempre, me veo a mí predicando en la misa que todos somos hermanos, que podemos reconstruir la Nicaragua menos polarizada, me veo a mí animando al paramilitar y al joven diciéndole que empecemos un proceso de justicia, un proceso de sanación, de reconciliación en el sentido profundo de la palabra… de antemano te digo, no vamos a promover una reconciliación donde el victimario siga con las armas… (Comunicación personal, sacerdote católico, Elías, julio de 2020)

Por su parte, las Iglesias evangélicas parecen haber crecido precisamente en este contexto de crisis, toda vez que el Estado no tiene (o no tuvo) como prioridad sanar las heridas sociales dejadas por los conflictos del pasado, un rol que bien pudo ser suplido por estas instituciones religiosas en ciertos sectores de la sociedad.

En este contexto, los mismos entrevistados afirman que estas tendrán un papel importante, diferenciando entre el pueblo evangélico y los liderazgos mediáticos:

Las iglesias evangélicas tienen que asumir algún rol porque también ellos son parte del pueblo y tienen mucha parte del pueblo como sus ovejas, como sus miembros de sus iglesias y gente que está comprometida con la lucha, porque tenemos muchísimos evangélicos, como nosotros decimos, de los pata en el suelo como nosotros que están del lado del pueblo. (Comunicación personal, madre de expreso político con altar vandálico, María, agosto de 2020)

Definitivamente, esta será la tarea más grande y próxima para las instituciones religiosas en apoyo a los próximos gobiernos y en especial a la sociedad nicaragüense, la superación de rencores y el odio a lo interno de la sociedad. Posiblemente también por eso experimentarán otro crecimiento en su membresía, aunque podría ser menor que en casos anteriores.

Conclusiones

Quiero mantener mis conclusiones en un nivel muy general, toda vez que faltan muchas informaciones y detalles que no pudieron ser presentados en el texto.

Como primera conclusión considero que el régimen de Daniel Ortega en un inicio buscó actores que también necesitaban fortalecimiento y apoyo, con los cuales se alió, tratando de mantener alianzas con algunos personajes particulares de la Iglesia católica y en general con los liderazgos mediáticos del movimiento evangélico. Al llegar al poder continuó con su política de prebendas y favores legales y monetarios que de alguna forma comprometieron el actuar de muchas Iglesias evangélicas, y les impidió tomar una postura más distante al régimen luego de la crisis.

La crisis generada en 2018 catapultó a la Iglesia católica nuevamente en Nicaragua; aunque no recupere su presencia en el campo religioso en términos de membresía, en términos de credibilidad está mucho mejor posicionada para las próximas décadas, considerando que quienes iniciaron la lucha más visible y reconocible fueron los jóvenes en abril de 2018 y que estos tienen una visión más positiva de la Iglesia católica en general.

La construcción del poder del régimen no solo se debe a un control y dominio histórico de las fuerzas de represión, sino también al uso de la violencia estructural y alianzas con figuras y grupos religiosos para poder ejercer violencia cultural y facilitar el uso de violencia estructural por medio de los discursos de aprobación de leyes.

Los fraccionamientos entre Iglesias evangélicas se han intensificado, anteriormente el oponente o enemigo común era la Iglesia católica por su “idolatría y doctrinas falsas o equivocadas”. Sin embargo, la participación de sus clérigos desvió el foco de atención de las doctrinas como elemento para ser juzgado y en su lugar, la participación política y rol social se convirtió en un elemento integrador y decisivo para que sea percibido positivamente, incluso dentro del sector evangélico.

La participación de sacerdotes y la Iglesia católica provocó una radicalización de algunos evangélicos que consideraban que cualquier forma de participación política es contraria a la vida cristiana, pero también provocó acercamientos entre buena parte del sector evangélico hacia la Iglesia católica. Es necesario aclarar, y es lo más interesante, que los mismos creyentes evangélicos que apoyan a la Iglesia católica no cambian su fe, aunque sientan respeto y agradecimiento por ella por el compromiso social que mostraron.

El gobierno no ha cesado sus ataques, y la presencia policial en las calles es permanente. Sin embargo, esto es muestra de un debilitamiento progresivo del mantenimiento del poder, además, los ataques directos contra templos corresponden a una estrategia desesperada por infringir miedo en el grupo más sólido de críticos a su permanencia en el poder; no obstante, este intento de deslegitimación y constante asedio cada vez posee menos recepción entre la población.

Debido a su participación tan activa y visible, el poder y la credibilidad de la Iglesia católica han sido restituidos y consolidados; no sería de extrañar que se convierta en una de las más poderosas de América Latina en los próximos años.

Considero que la Iglesia católica y las Iglesias evangélicas en muchos casos se enfocarán directamente en la reconciliación visible y directa de las partes en conflicto, es decir, en solucionar las consecuencias de la violencia directa, que fue causada, como ya se ha dicho, por la violencia cultural y estructural. En este sentido, la transformación de las estructuras que generan violencia deben ser también cambiadas por estructuras que generen paz y así también es necesario “sustituir una cultura de violencia por una cultura de paz” (Galtung, 1998, p. 72), y en ese caso el rol de las Iglesias será tan interesante como determinante y evidente, tanto en la transformación de estructuras y promoción de leyes y políticas públicas, como en su defensa con base en valores morales tradicionales.

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