Una introducción

Joachim Michael, Christine Hatzky,
Sebastián Martínez Fernández y Heike Wagner

Latinoamérica en la perspectiva de la violencia

La paz no parece ser algo que se asocie primariamente con Latinoamérica. Más bien al contrario: que diversas formas de violencia grave, ya sea criminal, policial, cultural, económica y otras, se adscriban al subcontinente ha devenido un lugar común. Las estadísticas tienden a confirmarlo. El Global Study on Homicide de 2019 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), por ejemplo, identifica a las Américas como la región con más homicidios en el mundo, con una tasa de víctimas de homicidio intencional de 17,2 en 2017, siendo los países con los índices más altos todos latinoamericanos, mientras que el promedio global es de 6,1 (UNODC, 2019, pp. 14-17).

En efecto, en América Latina la violencia ha marcado rupturas históricas y, al mismo tiempo, ha tenido continuidad en los procesos de cambio político y social. A las conquistas siguieron guerras y masacres, decrecimientos genocidas de la población originaria, etnocidios y regímenes de dominación colonial acompañados por la esclavitud, el racismo y el establecimiento de órdenes sociopolíticos de explotación y desigualdad social.^[2]

En la época de la independencia, la violencia no solo resultaba de las guerras de emancipación, sino que también se manifestaba como herencia de las estructuras coloniales (Gabbert, 2012). Otras confrontaciones armadas surgieron a raíz de la adopción de proyectos políticos y modelos socioeconómicos inspirados por el paradigma europeo del progreso, con efectos que excluyeron a gran parte de la población.^[3] De esa forma, diversos conflictos no resueltos desde la época colonial, como los efectos a largo plazo del racismo, de la discriminación de mujeres y de la violencia de género, de la esclavitud, de la desigualdad social, de las prácticas del extractivismo de materias primas^[4] y otros, se reprodujeron ante los desafíos socioeconómicos de la modernidad y han perdurado hasta el presente. Así, a dos siglos de las independencias, y a pesar de las mejorías que ocurrieron entre 2008 y 2015, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, en ese último año fue de 0,469 para 17 países de América Latina (Cepal, 2016).^[5] En Centroamérica, en 2013, un 47 por ciento de la población se encontraba bajo la línea de pobreza y un 18 por ciento vivía en la indigencia. Entre 2009 y 2014 la proporción de hogares en exclusión social pasó de 36 a 42 por ciento, mientras que 4,2 millones de hogares en el istmo centroamericano están excluidos del mercado laboral y sin acceso a los servicios sociales básicos.^[6]

Las diversas exclusiones, marginaciones y segregaciones postcoloniales se describen como variadas violencias estructurales, es decir, formas indirectas de violencia, que, como define Johan Galtung, surgen de regímenes de desigualdad y explotación (Galtung, 1969 y 1990). Las violencias estructurales del subcontinente, sin embargo, también se encuentran entrelazadas con su posicionamiento geopolítico. Desde finales del siglo XIX aumentaron las intromisiones violentas del nuevo poder hegemónico del continente, los Estados Unidos de América, en los asuntos internos de las naciones latinoamericanas, especialmente en Centroamérica, el Caribe y México, regiones que fueron entendidas por la potencia del Norte como su “patio trasero” (McPherson, 2016).^[7] Las intervenciones estadounidenses elevaron considerablemente los niveles de violencia en la región al invadir directamente con sus marines países como Puerto Rico, Cuba, Nicaragua y Panamá, y al formar guardias especiales en algunos de esos países (Nicaragua, por ejemplo) o apoyar dictaduras sanguinarias (como en Chile). Las pretensiones hegemónicas estadounidenses se volvieron más intensas durante la Guerra Fría, que en América Latina condujo a “conflictos calientes”. En ese contexto, diversas manifestaciones de soberanía nacional, así como variadas reformas socioeconómicas, fueron interpretadas por los gobiernos estadounidenses como parte del “peligro comunista” en el hemisferio occidental, y desembocaron en intromisiones políticas y militares, así como en el apoyo a dictaduras.^[8]

Como se sabe, dentro de las tensiones de la Guerra Fría, la Revolución cubana (1959) se convirtió en uno de los eventos de mayor trascendencia en América Latina y llevó a un endurecimiento de los conflictos sociopolíticos. Las demandas por reformas y justicia social que permitieran la superación de la desigualdad social, confrontaran la exclusión y permitieran la construcción de una justa distribución de la tierra, con algunas excepciones, no pudieron resolverse por vías políticas, lo que impulsó a grupos revolucionarios en toda América Latina a obtenerlas mediante vías violentas que enfrentaron a las dictaduras y las oligarquías. Esto llevó también a un considerable aumento de la violencia política en el seno de estas sociedades, a la profundización de la represión estatal y su conversión en terrorismo de Estado, así como a la masiva violación de derechos humanos en los países del Cono Sur, en los Andes y en Centroamérica. En el caso del istmo centroamericano, las luchas sociales y políticas desembocaron en la revolución social en Nicaragua (1979) y en levantamientos revolucionarios en El Salvador y Guatemala. Como respuesta, una feroz represión estatal y militar llevó a cruentas guerras civiles con masivas violaciones de derechos humanos (Lynch, 2011).

Después de ese largo período de violencia política y militar, las causas estructurales que fueron los motivos principales de las luchas revolucionarias y los conflictos armados no han sido resueltas. Desde el fin de la Guerra Fría y la democratización de las sociedades se constata una reducción de movimientos políticos armados en América Latina, pero se han presentado otros tipos y fenómenos de violencia, como la delincuencia y el crimen organizado,^[9] el surgimiento de las maras en Centroamérica,^[10] la violencia de género y el feminicidio,^[11] así como conflictos étnicos.^[12] También existen conflictos violentos producidos por luchas relacionadas al acceso al agua y otros recursos naturales, así como a la propiedad de la tierra.^[13]

La paradoja de la paz

A mediados de la década de 1980, anticipando el fin de la Guerra Fría, en Centroamérica se inició el proceso de paz denominado “Proceso de Esquipulas”. Simultáneamente, los militares entregaron el poder a civiles y regresaron a los cuarteles en América del Sur. Con la excepción de Cuba, la democracia liberal formalmente se impuso en el subcontinente, y a partir de los ceses de los conflictos armados, crecieron las expectativas de que las sociedades latinoamericanas, en su gran mayoría, pasaran a crear las condiciones para superar confrontaciones violentas.^[14] Sin embargo, esta paz no tardó en revelar sus ambivalencias. Como se mencionó más arriba, las diversas violencias estructurales no se superaron. Además, se observó una “nueva violencia”, la cual, según Dirk Kruijt y Kees Koonings, resulta de la tendencia de que el uso de la violencia ya no se restringe a las élites tradicionales y las fuerzas de seguridad, sino que se expande cada vez más en otros sectores de la sociedad. Los dos autores hablan de una especie de “democratización” de la violencia en América Latina en la medida que se incrementa el número de grupos sociales que ven la violencia como una opción para alcanzar sus objetivos. A esto se suma la masificación del acceso a armas de fuego en la región. Es decir que, al mismo tiempo que los procesos de democratización condujeron al surgimiento de movimientos sociales que buscaron más participación política y económica, la delincuencia y el crimen organizado se expandieron ampliamente. Asimismo, las fuerzas de seguridad, a pesar de la formalización de la democracia, no abandonaron su rol de combatir de manera represiva las “amenazas” a la seguridad interna. En otras palabras, en las transiciones democráticas no se reformaron los aparatos de seguridad, los cuales siguieron vigilando a la sociedad en su lucha contra “enemigos internos” y procediendo con violencia en contra de (supuestos) delincuentes, principalmente hombres jóvenes (incluso menores de edad) oriundos de sectores sociales marginados. Amparadas por un régimen de “inmunidad e impunidad”, las fuerzas de seguridad no fueron sometidas, por parte de los gobiernos democráticos, a un control que sancione las violaciones de los derechos humanos, lo que contribuyó a la reproducción del miedo por parte de las autoridades (Kruijt y Koonings, 1999, pp. 11-19).

Varios años más tarde, José Vicente Tavares dos Santos y César Barreira profundizaron el análisis de las dificultades de los aparatos de la justicia criminal para reducir los crímenes violentos y los homicidios en las sociedades latinoamericanas. La “paradoja de la seguridad ciudadana” se agudiza, según los autores, en la medida que, al comienzo del nuevo siglo, diversos gobiernos progresistas de la región pusieron en práctica políticas sociales inclusivas sin que esto haya reducido los altos índices de violencia en las respectivas sociedades. En otras palabras, a la vez que se promueve la inclusión social, se da continuidad a políticas de seguridad pública represivas. Las autoridades se resistían a discutir modelos alternativos de seguridad, que priorizan el respeto a los derechos humanos, y, en cambio, responden al “miedo social” con métodos policíacos autoritarios. Como consecuencia de este autoritarismo se procede con violencia, se estigmatizan grupos sociales vulnerables y minoritarios, y se criminalizan los movimientos sociales (Tavares dos Santos y Barreira, 2016, p. 10).

A un sentimiento de inseguridad ampliamente difundido corresponde una actitud punitiva muy arraigada en la sociedad, lo que conlleva el surgimiento de una creciente “cultura de la violencia” (ibidem, p. 18). Consecuentemente, desde la década de 1990 la violencia se volvió un objeto de estudio académico importante, que incluso dio origen a una sociología de la violencia que se propone, entre otros objetivos, entender el fenómeno en su pluralidad y concerniente a su relación con la modernidad.^[15] Como destacan Tavares dos Santos y Barreira, por un lado, se empezó a enfocar una “espesa conflictividad social”, la cual se manifiesta en diversas formas de violencia colectiva, como la violencia contra pueblos originarios, jóvenes y mujeres, la violencia del crimen organizado y la del Estado y las fuerzas de seguridad. Por el otro lado, se pasó a estudiar la “violencia difusa” como un fenómeno urbano con altos índices de homicidios. Esta se entiende como una “microfísica de la violencia”, en la que influyen el aumento de la vulnerabilidad social, incluyendo la pobreza, así como el desmantelamiento del Estado de bienestar. Estas tendencias son acompañadas por la ya mencionada mentalidad de control social punitiva. Como resultado, se observan una amplia diseminación de la violencia en la sociedad y las dificultades de los Estados para detener este proceso. En este contexto, la violencia emerge como norma social en variados sectores sociales (ibidem, pp. 17-27).

En definitiva, la paz en América Latina, tal como emergió con las transiciones democráticas y los procesos de paz a partir de mediados de los años 1980, se presenta como una paradoja, puesto que la violencia solo aumentó. De hecho, la noción de una indeterminación paradójica entre paz y violencia, que, dependiendo del punto de vista, pone el énfasis o en una paz en que abunda la violencia o en una violencia atroz en circunstancias de paz, parece ser una categoría apropiada para describir las dinámicas sociales contemporáneas en el subcontinente. Roberto Briceño-León, por ejemplo, también recurre al concepto de la paradoja al destacar que, a pesar de que la región constituye una de las más violentas del mundo, no es la más pobre ni la menos desarrollada, además de que es gobernada, como ya se destacó, por regímenes democráticos. Principalmente, se trata de una región muy pacífica a nivel interestatal, ya que no hay guerras entre los países (Briceño-León, 2016, p. 68). Se agregaría que ha habido, históricamente, pocas guerras entre los Estados en América Latina. En este sentido, se puede afirmar que la violencia en la región tiene un carácter intrasocietal, incluso a pesar de que las guerras civiles y conflictos armados internos hayan terminado, en su mayoría, con el fin de la Guerra Fría.

El problema de la seguridad

Dado el crecimiento de la violencia y de la inseguridad, se habla de “sociedades del miedo” y de una “cultura del miedo” en América Latina (Kruijt y Koonings, 1999, p. 15).^[16] En 2007, por primera vez en décadas, el crimen es visto como el problema que más preocupa a las personas en los países del subcontinente, supera incluso el miedo al desempleo. Por consiguiente, la seguridad emerge como tema político primordial (CIDH, 2009, pp. 11-12). Sin embargo, resulta cada vez más evidente que el problema de la violencia no solo representa un desafío a la comprensión, sino que urgen reflexiones acerca de su reducción y posible superación. Como escribe el filósofo alemán Bernhard Waldenfels, la violencia, en efecto, no es pensable, pues cuestiona los órdenes del pensar y no tiene un lugar fijo desde donde puede ser pensada. Pensar la violencia, según el autor, es pensar “en contra” de ella (Waldenfels, 2000, p. 9).

José Vicente Tavares dos Santos y César Barreira apuntan a que el problema es que la seguridad sigue siendo concebida en América Latina como seguridad pública, la cual equivale a garantizar la seguridad del Estado y de las clases dominantes sin contemplar la seguridad de la población. En cambio, los autores proponen el concepto de la seguridad ciudadana, que tiene como objetivo proteger la vida de las y los ciudadanos. La propuesta incluye un conjunto de políticas sociales y educativas para prevenir conflictos y para solucionarlos de manera no-violenta. Así, el principio básico es una agenda pública que da prioridad a la seguridad de cada ciudadano y ciudadana (Tavares dos Santos y Barreira, 2016, pp. 30-31).^[17]

La idea que subyace a estos estudios, sin embargo, es que el término seguridad, aun aplicado a la ciudadanía, es un concepto que, sin cuestionar su importancia, no escapa al problema de la violencia, en la medida que implica el uso de la fuerza para proteger la vida. Como expresión del Estado, la seguridad depende de su autoridad y de sus recursos de coerción y violencia. En sí ajenos a la vida, ya que no emergen de ella, estos recursos no solo pueden dirigirse en contra de la misma vida, la cual en principio deben preservar (distinguiendo entre vidas a proteger y vidas a dispensar), sino que, de una manera general, necesariamente la disminuyen. En el caso de los Estados latinoamericanos, esto se hace muy patente dado que ha habido pocos avances respecto de la puesta en práctica efectiva de políticas públicas relacionadas con garantizar la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas basada en el respeto de los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó estas dificultades atribuyéndolas al legado que dejaron los gobiernos autoritarios y dictatoriales que estaban en el poder en diversos periodos del siglo XX en la región (al igual que Tavares dos Santos y Barreira en su mencionado estudio), además de indicar las políticas de ajuste estructural como causa del debilitamiento de la capacidad del Estado para cumplir con su función de garantizar el “pacto social de convivencia”. En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual entró en vigor en 1978,^[18] y así los Estados latinoamericanos se comprometieron a respetar los derechos humanos y a dar garantías para ello. No obstante, en la mayoría de los casos, las respectivas instituciones estatales, como el Poder Judicial, el ministerio público, la policía y el sistema penitenciario, conservan características autoritarias y no logran, “mediante acciones de prevención y de represión legítima”, proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas eficazmente del crimen y de la violencia. A este problema se suma el “uso de la fuerza por fuera de los marcos legales”, lo que acaba por generar más violencia e intensificar la inseguridad social (CIDH, 2009, pp. 10-13). En suma, las debilidades de los Estados latinoamericanos para cumplir con su función de proteger la vida de sus ciudadanos y ciudadanas con base en el respeto efectivo de los derechos humanos llevan a la CIDH a expresar su “preocupación”. Además de los problemas ya mencionados, la CIDH critica que las víctimas de la violencia y del delito no son suficientemente atendidas. Otro factor señalado es la entrega de funciones de seguridad ciudadana a servicios privados y a las fuerzas armadas, que no cuentan con una profesionalización en materia de derechos humanos (ibidem, pp. IX-X).

Cambio de perspectiva: paz en América Latina

Aunque sea imprescindible que los Estados cumplan con sus obligaciones de proteger la vida y los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, se hace evidente que el concepto de la seguridad resulta insuficiente si se trata de encontrar modos de contener la violencia. La razón es que la propia seguridad puede, por los motivos arriba mencionados, producir aún más violencia, en vez de reducirla. En cambio, lo que fundamentalmente se opone a la violencia encuentra su expresión en el término paz. Por más complejo que sea definir el concepto –que, como escribe Charles Webel, muchas veces se explica dialécticamente por lo que no es: si no es violencia, entonces aparece como no-violencia–, reconocemos la paz cuando no está y hace falta (Webel, 2010, p. 7). Galtung, por ejemplo, define la paz básicamente por ser la “ausencia de la violencia”. En realidad, el autor piensa la paz negativamente desde la violencia: “un concepto extendido de la violencia lleva a un concepto extendido de la paz” (Galtung, 1969, p. 183). Por consiguiente, se concibe la paz como doble ausencia: “ausencia de violencia personal y ausencia de violencia estructural” (ibidem).^[19] Si “paz” denomina todo lo que se opone a la violencia, ella aparece como un ideal normativo y principio ético que regula el comportamiento –aun cuando uno no llega a cumplirlo (Webel, 2010, p. 7)–. En tanto oposición a la violencia y norma ética, la paz, consecuentemente, sirve como base para las diversas propuestas, actitudes y actos que rechazan la violencia, y que se proponen a contenerla y a combatirla. Correlato de la violencia, la noción de la paz es tan amplia y extensa como el término de aquella. Teniendo en cuenta que la violencia no se elimina completamente y que la paz no se establece plenamente sin que coexista ningún tipo de violencia, la paz no se presenta como un estado totalmente alcanzable, sino como un proceso, un esfuerzo y un propósito continuos. Paz, en otras palabras, significa construir, ampliar y defender la paz, lo que requiere una transformación colectiva e individual en términos de buscar alternativas a soluciones que recurren a la violencia (véase Webel, 2010, p. 8). Con lo arriba expuesto, queda claro que la imposibilidad de alcanzar un estado sin ningún tipo de violencia no invalida el concepto de paz, ya que su sentido se revela en la oposición a la violencia, es decir, en las determinaciones y en los esfuerzos de reducirla, no en el hecho de su erradicación.

Con respecto a la crisis de la violencia en Latinoamérica, por consiguiente, se trata no solo de estudiar la violencia, sino también la paz, esto es, las propuestas y estrategias de oponerse a la violencia y de reducirla en el subcontinente. De hecho, siempre han existido amplios espacios, zonas y épocas de paz en la región. América Latina, en esta perspectiva, no solo se destaca por sus historias de violencia y los elevados niveles de homicidios en la actualidad, sino también por haber desarrollado concepciones, visiones y culturas de paz, así como propuestas y estrategias para la resolución de conflictos violentos. Se observa que las iniciativas y luchas por la paz son emprendidas por las autoridades y gobiernos, pero muchas veces puestas en marcha por grupos y asociaciones de la sociedad civil, notablemente en su mayoría mujeres. Muchas de dichas agrupaciones son movimientos de derechos humanos, como las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, en Argentina, y las mujeres viudas en CONAVIGUA, Guatemala, entre las que se encuentran también las que proceden de tradiciones indígenas de solución no violenta de conflictos.^[20]

A menudo las estrategias de paz se concibieron y desarrollaron desde la sociedad civil. El teólogo de la liberación Leonardo Boff, por ejemplo, defiende la “no-violencia activa” como forma de lucha de los oprimidos que se asumen como sujetos de su propia historia. Esta lucha no-violenta está muy relacionada con la teología de la liberación. La renuncia a la violencia se entiende como “firmeza permanente” y comprende una “cultura de solidaridad, diálogo y participación”. Sin embargo, la solidaridad debe ser no solo con los seres humanos sino con todos los seres vivos y con la naturaleza. “La democracia debería ser no solo política sino también cósmica” (Boff, 1991, p. X). Muy cercana a las propuestas pacíficas de la teología de la liberación, se encuentra la defensa de la no-violencia por parte del activista argentino Adolfo Pérez Esquivel (premio Nobel de la Paz en 1980).^[21]

Mientras los estudios de la violencia abundan, como ya se mencionó, los estudios de la paz son relativamente escasos. En parte se mezclan con estudios de seguridad (Salinas y Oswald, 2002) o se dedican a problemas específicos, como la resolución y prevención de conflictos (Serbin, 2007) y la pedagogía por la paz (Gualy, 2014). Los trabajos contenidos en la presente publicación, en cambio, tienen como objetivo no solo intentar comprender la crisis de la violencia en América Latina, sino también estudiar propuestas y prácticas para afrontarla desde una perspectiva de paz.

El presente volumen

Los estudios aquí publicados son fruto de una conferencia internacional e interdisciplinar bajo el tema ¿Latinoamérica y paz? Nuevas propuestas sobre paz y violencia, que tuvo lugar en junio de 2019 en Weingarten, Alemania. La conferencia fue organizada por la Academia de la Diócesis Rottenburg-Stuttgart en Weingarten, en cooperación con el Laboratorio de Conocimiento “Visiones de paz: transiciones entre la violencia y la paz en America Latina”, del Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS). CALAS es un proyecto fomentado y financiado, desde 2017, por el Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) de Alemania, en el cual participan cuatro universidades latinoamericanas y cuatro universidades alemanas, y cuyo objetivo es estudiar las estrategias políticas, sociales y culturales para afrontar las múltiples crísis que afectan al continente, así como investigar cómo estas crisis y procesos de cambio son provocados, acompañados y percibidos por los diferentes actores sociales. La Academia de la Diócesis Rottenburg-Stuttgart, por su parte, enfoca su trabajo al diálogo interdisciplinario entre ciencia y praxis. En este marco, cabe destacar especialmente las Jornadas Latinoamericanas (Weingartener Lateinamerikagespräche), que se realizan anualmente en Weingarten, además de eventos con otros formatos, como por ejemplo el diálogo internacional e intercultural de jóvenes. Lo fundamental del enfoque de estos diversos formatos radica en que permiten un intercambio entre los diferentes sectores sociales, como pueden ser estudiantes, profesionales y personas interesadas en general, junto con representantes de las ciencias, de la política, de ONG, entre otros. En este sentido, en la conferencia ¿Latinoamérica y paz? Nuevas propuestas sobre paz y violencia –realizada en el marco de las arriba mencionadas Jornadas Latinoamericanas– se trataron no solo procesos de paz, de violencia y de regulación de conflictos, sino que, igualmente, se estableció un diálogo entre académicos y no-académicos de América Latina y de Alemania.

Dada la complejidad del problema, a saber, el entrelazamiento entre violencia y paz en América Latina, el enfoque es interdisciplinario, con el propósito de discutirlo desde diferentes áreas del saber. Los autores y autoras son especialistas en las áreas de las ciencias sociales y humanidades de las Américas y de Alemania. El libro se divide en cuatro partes: la primera analiza algunas de las raíces históricas de la violencia en el subcontinente y los esfuerzos por la recuperación de la memoria de atrocidades del pasado reciente. La segunda parte discute la crisis venezolana de principios del siglo XXI con respecto al incremento de la violencia, a nivel de la política y de los medios. La tercera parte analiza el proceso de paz en Colombia en relación con la persistencia de la violencia estructural de la desigualdad social y con vistas al proceso de desmovilización de excombatientes guerrilleros. Y la última parte aborda la represión estatal en Nicaragua, las desapariciones forzadas en México, ambas en el presente, así como las luchas pacíficas para contrarrestar estas violencias. Además, se plantean estrategias literarias para dar forma a fuerzas vitales en resistencia a la devastación.

La crisis de la violencia en Latinoamérica no se puede comprender del todo sin una perspectiva que apunte a desentrañar sus procesos históricos. El sociólogo y antropólogo Wolfgang Gabbert discute el alcance y la diversidad de la violencia durante el colonialismo español y portugués en América Latina. Dadas las diferencias entre las sociedades nativas y entre los sistemas coloniales en distintas épocas, las formas de violencia colonial y su intensidad variaban. El autor destaca que hubo épocas relativamente pacíficas. Al mismo tiempo resalta las rebeliones de los pueblos originarios contra la dominación colonial, las que se incrementaron por diversas razones en el siglo XVIII. El dominio colonial, sin embargo, se caracterizó también por las alianzas entre europeos y grupos indígenas, lo cual no exime en modo alguno a los primeros de su responsabilidad por el colonialismo en las Américas. Más bien, así se explica cómo el régimen colonial se pudo mantener siendo los colonizadores solo una pequeña minoría en la mayor parte del continente durante más de tres siglos. La independencia y la posindependencia no trajeron más paz a los pueblos originarios ya que la expansión de la agricultura comercial y la dominación nacional del territorio llevaron a nuevas formas de represión y explotación.

La historiadora Sonya Lipsett-Rivera investiga en su contribución algunas de las raíces históricas de la violencia de género en América Latina. Mientras revisa los roles y relaciones de género y cómo se fueron transformando desde las guerras de independencia hasta finales del siglo XIX, plantea una explicación preliminar para el aumento de la violencia de género en los siglos XX y XXI. Aplica conceptos teóricos de Bourdieu, Federici y Scott en la búsqueda de las raízes profundas y las transformaciones de las ideas sobre feminidad y masculinidad. La autora muestra que las nuevas naciones basaron su identidad colectiva en un modelo de la familia según el cual el (emergente) espacio público se reservaba a los hombres, donde estos son aclamados como patriotas heroicos y ciudadanos honrados. En cambio, las mujeres son remitidas al ámbito privado, donde debían cultivar virtudes domésticas que las convirtieran en madres de la nación. La concepción familiar de la república convierte la sexualidad femenina en una amenaza al Estado y a la patria. La reclusión doméstica aumentaba las dificultades económicas de muchas mujeres, lo que llevó a un amplio incremento de la prostitución hasta finales del siglo XIX. Del consecuente choque entre el ideal republicano del “ángel del hogar” y la realidad de la prostitución urbana, resultaron políticas públicas e higiénicas destinadas a vigilar y controlar los cuerpos femeninos.

El pasado sigue haciéndose presente a través del ya mencionado legado del terror de Estado y de las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en dictaduras militares entre los años sesenta y ochenta del siglo XX. La antropóloga Ludmila da Silva Catela, que fue directora del Archivo Provincial de la Memoria y del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, estudia los conceptos de justicia, verdad y memoria en Argentina en una perspectiva praxeológica. Su objetivo es analizar cómo estos conceptos se ponen en práctica y cómo sirven para desarrollar procedimientos políticos pacíficos y acciones solidarias para lidiar con la desaparición forzada de personas y otros crímenes de Estado perpetrados durante la dictadura militar. Silva Catela estudia, primero, cómo la justicia se lleva a cabo en juicios de lesa humanidad y destaca la importancia de las diferentes verdades que se elaboran en ellos, como la verdad jurídica, la verdad de las víctimas (y el silencio de los perpetradores). La verdad es también central en el análisis de los procesos. A estos se vinculan las restituciones de restos humanos de personas desaparecidas a los familiares, que representan actos de reparación de parte del Estado que así reconoce los crímenes cometidos y contribuye a reconstruir lazos sociales rotos. Finalmente, aborda la memoria y destaca el rol de rituales de luto civil como prácticas restauradoras de comunidades afectadas por la violencia. Como estos rituales son organizados por la sociedad civil, constituyen prácticas “desde abajo” que no solo complementan las prácticas del Estado, sino que las incentivan e incluso demandan.

La crisis venezolana provocó una verdadera explosión de la violencia en un país antes considerado de alta estabilidad social y bajos niveles de violencia. Por este motivo la segunda parte del presente libro se dedica a este problema. El sociólogo Roberto Briceño-León, fundador del Observatorio Venezolano de la Violencia, destaca que, desde la mitad del siglo XX, la violencia irrumpió en Venezuela principalmente en dos periodos: se trata, por un lado, de la violencia política de los militares y de los guerrilleros en los años sesenta y, por otro, de la violencia como resultado de la destrucción de la institucionalidad desde finales del siglo pasado. En relación con los ingresos petroleros, se distingue entre una violencia de la abundancia, durante la primera década del nuevo siglo, y una violencia de la escasez, que se relaciona con una crisis humanitaria sin precedente. Sin embargo, el trasfondo continuo de estas violencias recientes es el quiebre institucional progresivo que se nota en el país desde los intentos de golpe de Estado en 1992. Por consiguiente, el autor analiza la violencia con base en la “gramática social” que se rige por el grado de institucionalidad en una sociedad y que determina su nivel de cohesión. Según Briceño-León, esta “gramática social” estructura la convivencia y, por lo tanto, influye de manera decisiva en la relación entre paz y violencia, sobrepasando el peso que tienen condiciones materiales como riqueza y pobreza en estas dinámicas.

En cambio, Oly Millán Campos, economista y exministra de Economía Popular de Venezuela (2004-2006), analiza la actual crisis venezolana desde una perspectiva económica y política. Su objetivo es identificar los “momentos de quiebre” del así llamado proceso bolivariano. El punto de partida es la crisis del “capitalismo rentístico” que resulta de la dependencia del Estado de la renta petrolera de la cual se benefician determinados grupos de poder. La pérdida de credibilidad de las instituciones se expresa en el Caracazo de 1989 y los intentos de golpes de Estado de 1992. Una disposición generalizada al cambio llevó a Hugo Chávez al poder y, con la aprobación de la nueva Constitución, se da inicio al proceso bolivariano en 1999, que se fortaleció con el auge de los precios del petróleo. Esto último no solo permitió el incremento de la inversión social, sino que profundizó la dependencia económica del modelo extractivista petrolero. Al mismo tiempo que Chávez anuncia, en 2005, el socialismo del siglo XXI, se va conformando una nueva élite (el “sector chavista”) que se enriquece con la bonanza petrolera. Ante el consecuente descontento popular, que fortalece a la oposición, se conforma un régimen autoritario, que se basa en el capitalismo rentístico y que utiliza las políticas sociales como instrumento de clientelismo político. Con la muerte de Chávez en 2013 y una baja significativa en los precios del petróleo, estalla una crisis de carácter estructural en que la élite de poder revierte los logros que el proceso de cambio había producido en materia social y de derechos humanos. En vez de superar la dependencia de la renta petrolera, esta se profundiza con la alianza de los gobiernos de Rusia y China. La intensificación del extractivismo amplía las destrucciones ambientales, a la vez que los problemas económicos consecuentes producen una drástica escasez de alimentos. Sin embargo, la polarización entre gobierno y “oposición extrema” conduce a una grave crisis política en que ambos bandos rompen con el orden constitucional, lo que viene acompañado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos y una emigración sin precedentes. En suma, se trata de una “mega crisis” que amenaza “la estabilidad e integridad de la República”.

Finalmente, el filósofo y especialista en estudios de los medios Camilo Forero plantea el problema de los medios y su relación con las percepciones de la crisis social en Venezuela. La televisión y los periódicos, medios tradicionales masivos, tendían a hegemonizar los discursos imponiendo una visión unívoca de la realidad, ocultando lo que, según Forero, constituye el carácter paradojal del sistema del conocimiento humano, a saber que no se puede afirmar con certeza más que la experiencia que el sujeto tiene de un evento. Esta paradoja queda develada a través de los medios digitales alternativos de comunicación a través de los que se pueden dar infinidad de visiones contradictorias del mismo hecho. Este es uno de los factores que complejiza la posibilidad de comprender la dimensión de la denominada “crisis venezolana”. Su realidad depende de la percepción que se tenga de ella, será más o menos grave según el punto desde el cual se la plantee, y esta diversidad tiene eco en los medios digitales de información. Asimismo, las percepciones de espacio y cercanía se ven trastocadas toda vez que los medios digitales generan nuevas formas de relaciones espacio-temporales con eventos sociopolíticos.

En el conflicto armado en Colombia parecen cristalizarse la multiplicidad, la gravedad y la complejidad de la crisis de la violencia del subcontinente. Igualmente, los esfuerzos, logros y dificultades en construir la paz en este país parecen emblemáticos. Por este motivo, la tercera parte de la presente antología de estudios se dedica a este conflicto. El politólogo Stefan Peters, director académico del proyecto colombiano-alemán para la paz en Colombia, CAPAZ, analiza las relaciones entre las múltiples desigualdades sociales y la guerra en Colombia, e interroga en qué medida las desigualdades obstaculizan una paz duradera en este país. Su idea es que mientras en los estudios de conflicto se investigan las desigualdades como un factor importante en confrontaciones armadas, los estudios de paz tienden a no llevarlas en consideración. Aunque Galtung ya había destacado la relevancia del problema de las desigualdades como causa de la violencia estructural, los estudios de paz en la actualidad se limitan, según Peters, a discutir las condiciones para lograr un cese de la violencia directa. Estos estudios, por consiguiente, solo discutirían formas de paz negativa pero no positiva (superación de la violencia estructural), en la terminología de Galtung. Como demuestra el caso colombiano, sin llevar en cuenta las desigualdades sociales no se logra una paz sostenible. Aunque el Acuerdo de Paz en este país es ambicioso y contiene un amplio potencial de transformación social, el proceso de paz se encuentra en crisis. Por un lado, la continua violencia estructural amenaza el proceso de paz, ya que la mayoría de los integrantes de grupos armados tanto en el pasado como en el presente se reclutan entre sectores sociales marginados. Por otro, las desigualdades intervienen en el proceso de la recuperación de la memoria y en la justicia transicional. Por consiguiente, la victimización de grupos desfavorecidos recibe menos atención, como es el caso de las desapariciones forzadas, las cuales afectaron mayoritariamente a activistas de izquierda y a comunidades rurales.

Para la paz en Colombia, la desmovilización de la guerrilla es fundamental. Esta depende de que los guerrilleros se reincorporen a la sociedad civil. Por este motivo, los acuerdos de paz prevén la integración de los excombatientes de la guerrilla FARC-EP en campamentos de desmovilización. La lingüista Anna-Lena Dießelmann y el politólogo Andreas Hetzer, ambos especialistas en construcción de paz, presentan los resultados de su trabajo de campo en tres espacios transitorios de la reincorporación de las FARC-EP. Los autores entienden las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) como el “corazón” de la transformación del conflicto armado en Colombia. Según los dos investigadores, se trata de “laboratorios de paz” que son espacios liminales entre la excepción y la norma. Dießelmann y Hetzer realizaron una investigación etnográfica de lo que llaman el “núcleo físico del acuerdo”, es decir, los espacios mismos de los campamentos. Los autores observan que la integración y la convivencia con civiles de afuera de los ZVTN, así como la expansión de los campamentos, conducen a sus aperturas paulatinas y a un proceso de normalización en que los centros pierden su excepcionalidad. Al mismo tiempo revelan que la cohesión social y la comunicación interna son elementos fundamentales para el funcionamiento de los centros, en la medida en que los exguerrilleros son incorporados en una colectividad con estructura política que responde a los diversos desafíos de forma cooperativa y no individualista. Así, los campamentos pueden dejar de ser solo medidas intermediarias para convertirse en soluciones a largo plazo. Las principales condiciones son, además de la cohesión social, la viabilidad económica para independizarse de los subsidios del Estado, la adaptación espacial del centro a la permanencia duradera de los habitantes, y la posibilidad de promover profesionalizaciones y actividades individuales.

La última parte del libro se dedica a las crisis de violencia en Nicaragua y México, muy distintas entre ellas, siendo una relacionada con el autoritarismo político y la otra con el crimen organizado. En ambos casos, sin embargo, el enfoque analítico se dirige a los esfuerzos de resistencia pacífica contra las agresiones y atrocidades. Además, se estudia cómo la literatura contribuye a desarrollar perspectivas que articulan la fuerza de la vida en medio de contextos de devastación.

En su texto, el sociólogo de las religiones Álvaro Espinoza Rizo analiza las protestas sociales en contra del autoritarismo del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, las formas de represión estatal y el rol político diferenciado que han jugado las Iglesias católica y evangélicas, particularmente en Managua. A partir del inicio de la revuelta cívica en abril de 2018, el Estado intensificó la represión ejercida por la policía, los “grupos de choque” y los paramilitares, iniciada ya antes del estallido social. Como la Iglesia católica apoyaba y protegía a los que protestaban de forma pacífica, se convirtió, según el autor, en un símbolo de resistencia contra el autoritarismo gubernamental, por lo que el Estado extendió sus agresiones directas a ella. Con base en una gran cantidad de entrevistas a miembros de las iglesias y activistas políticos, la investigación sociológica de Espinoza Rizo revela, igualmente, las formas de protesta, entre ellas las marchas realizadas en espacios públicos de relevancia simbólica y de gran circulación en Managua, donde también se localizan templos católicos, los cuales ofrecían refugio a los manifestantes. Otra forma importante de protesta eran los “tranques”, barricadas callejeras, en los que se incorporaban imágenes de la Virgen y los así llamados “altares vandálicos”, en que se mezclaban símbolos religiosos y políticos, lo que, según el autor, muestra una estrecha relación entre catolicismo y compromiso político. Respecto al pentecostalismo, el autor detecta divisiones internas, ya que, según sus estudios, un grupo de los evangélicos apoyaba al régimen, otro mantenía distancia al compromiso político y un tercero respaldaba a la Iglesia católica por su oposición al gobierno.

En México existe otra crisis alarmante de la violencia asociada al crimen organizado, en particular los cárteles del narcotráfico, y el involucramiento de las fuerzas de seguridad. Junto a una elevada tasa de homicidios y feminicidios, las desapariciones forzadas aparecen como el crimen más atroz en este contexto. En su texto, la socióloga y especialista en estudios de paz Carmen Chinas estudia este crimen en la perspectiva de los derechos humanos, centrándose en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014. La autora revela la lentitud del Estado mexicano en reconocer las desapariciones como un delito (no antes de 2009) para, en seguida, reconstruir con detalle la inacción del Estado al investigar la desaparición de los normalistas. Por la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la presión de los familiares de los desaparecidos y de la sociedad civil, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizó investigaciones propias sobre el caso entre 2015 y 2016. En los dos informes del grupo se señalan tanto la insuficiencia de las investigaciones de la Procuraduría General de la República como el desamparo jurídico de los familiares de las víctimas. El informe publicado a finales de 2018 por el Mecanismo Especial de Seguimento al Asunto Ayotzinapa corrobora las críticas del GIEI. Con las movilizaciones nacionales de solidaridad con los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, así como con las reacciones de organismos internacionales, se hizo visible que las desapariciones forzadas alcanzaron un grado de urgencia que el Estado ya no podía ignorar. Como destaca la autora, la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas a finales de 2017 fue un triunfo para el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Sin embargo, aun con un nuevo gobierno federal que se mostró abierto a las reivindicaciones de los familiares de desaparecidos, resultados concretos todavía se hacen esperar.

Finalmente, al analizar diversos textos de la literatura mexicana del siglo XX y XXI, la filóloga y filósofa Vittoria Borsò plantea un espacio intermediario e indeterminado en que paz y violencia intervienen mutuamente. Según Borsò, los textos muestran que en la historia reciente de México períodos de paz no están exentos de violencia, aunque esta no se manifieste de manera abierta, al mismo tiempo que en épocas de violencia la paz perdura de forma latente. Consecuentemente, Borsò concibe la biopolítica de manera dual: como un manejo tanatopolítico del poder y también como un esfuerzo dirigido a hacer emerger las fuerzas vitales que resisten a la violencia y que crean condiciones pacíficas para la vida. Según la autora, la biopolítica “afirmativa” se caracteriza por la inoperosidad que renuncia a la acción, que deshabilita el poder y aniquila los fundamentos simbólicos de la violencia. Así, ella libera el poder de la vida y formas de convivencia solidarias y comunitarias. En escrituras del desastre (Blanchot), como por ejemplo Pedro Páramo, de Juan Rulfo, la investigadora estudia cómo se concibe la vida en su calidad más elemental, a principio sujetada por la violencia del poder e inscrita en un contexto de muerte, más que a pesar de su fragilidad tiene la fuerza de generar presencia y de buscar formas de prevalecer. Otro ejemplo de la articulación literaria de la “zona de indeterminación” entre paz y violencia es la novela Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, en que un pequeño pueblo es el escenario de opresión militar y de resistencia comunitaria. Esta última es, al final, destruida por el general que comanda la ocupación; no obstante, esta violencia autoritaria se revela como resultado de la degeneración de un sentimiento vital, lo que subraya cómo las fuerzas de la paz se pueden convertir, de pronto, en violencia, y viceversa.

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