Yussef Becher
Introducción
Las políticas sociales (entre ellas las de juventudes y las de género) son una construcción social y, por consiguiente, se encuentran condicionadas por el contexto social y sus diversos factores que pueden provenir del plano de lo económico o de lo cultural. De allí que, si bien pueden existir políticas sociales en diferentes momentos o periodos históricos, se encuentran condicionadas por un conjunto de factores más amplios, de modo que si el contexto económico –y las políticas propuestas– no acompañan a las sociales, su impacto no será significativo. Ello fue lo que sucedió en la década neoliberal argentina de 1990.
En el nuevo siglo una serie de particularidades contextuales acompañaron a las políticas sociales, y lo curioso es que no solo fue un fenómeno aislado para la Argentina, pues la región en general dio un giro hacia un proyecto político sensible respecto de la pobreza y los sectores populares. Fueron tales elementos contextuales los que propiciaron condiciones de producción para políticas como las que describiremos en el artículo.
Con juventudes referimos a la etapa cronológica social en la cual se suscitan diversos procesos de construcción de subjetividades e identidades –de allí el uso del plural en el término– que comparten significaciones comunes constitutivas de una misma generación (Margulis, 2015). Por su parte, género alude al conjunto de características y comportamientos como así también roles y valoraciones impuestas dicotómicamente a cada sexo a través de procesos de socialización, que son mantenidos y reforzados por la ideología e instituciones patriarcales (Facio y Fries, [1999] 2005). Si bien tanto juventudes como identidades de género son dimensiones constitutivas de la construcción de las subjetividades, en términos de políticas sociales las tratamos por separado para referir a las propiamente juveniles y sus intenciones de igualar condiciones de las implementadas para reducir brechas de género. Tales brechas refieren a las diferencias desproporcionadas entre varones y mujeres en su acceso a los recursos y a las oportunidades –que también incluyen a los derechos– ya sea en el marco de políticas económicas o sociales (Sagot, 2017). Diversos estudios –que son citados en el desarrollo del texto– muestran ciertos avances en ambos casos por parte del gobierno argentino de los primeros quince años del nuevo siglo y en el marco de un proyecto político de características particulares.
Planteadas estas ideas iniciales, el texto propone un recorrido por los escenarios sociales latinoamericanos de comienzos de siglo a fin de reflejar, luego, con indicadores y documentos de organismos de derechos humanos, el modo en que contribuyeron a las políticas sociales que tienen por fin igualar o equiparar condiciones juveniles o de género. Finalmente, proponemos una reflexión sobre ese recorrido y sobre algunos significantes propios de la actual coyuntura.
Reflexiones sociales sobre el escenario latinoamericano
Iniciar una aventura siempre supone riesgos y desafíos, y la conjugación de aventura en verbo –aventurarse– parece ser representativa del escenario latinoamericano de principios de siglo. Cuando muchos creyeron que el neoliberalismo era el esposo ideal del capitalismo, los movimientos y crisis colectivas de inicios de la década pasada pusieron de manifiesto que dicho matrimonio no era la pareja ideal ni mucho menos iba a prosperar si continuaban juntos. Cuando muchos creyeron que el reclamo por los delitos de lesa humanidad cometidos durante los gobiernos autoritarios era parte del pasado, la memoria colectiva y los cuerpos de las familias de las víctimas (y quienes se solidarizaban con ellas) nunca dejaron de ocupar el espacio público para reclamar justicia, y un día un presidente latinoamericano pidió perdón en nombre del Estado y descolgó los cuadros de dos de los más crueles represores de un espacio en donde paradójicamente se los condecoraba. Cuando muchos creyeron que el neoliberalismo había engendrado una generación de jóvenes apolíticos, ellos mismos fueron quienes continuaron resistiendo desde otros espacios y cuando los gobiernos del nuevo siglo los convocaron, allí estuvieron para decir presente.
Aquellas postales formaron parte del escenario latinoamericano de comienzos del siglo XXI en donde ya no parecía tan lejano aquello que soñaba Octavio Paz (1950) en El laberinto de la soledad. Tal como señala Paramio (2006): “… simbólicamente la elección de Lula, como la derrota de Carlos Menem frente a Néstor Kirchner en Argentina en 2003, fue la señal de cambio de clima político e ideológico en la región” (p. 64). Si bien coincidimos con quienes señalan el riesgo de considerar que todo es símbolo –y Martin Jay (2009) en uno de sus más recientes y celebrados libros realiza una revisión de tales posturas teóricas– admitimos ciertos vicios de formación en nuestra preferencia por los enfoques socio-simbólicos e interaccionistas en donde los significados (en términos schützianos) son una construcción que apela a la memoria intersubjetiva. De allí que fueron tales símbolos los que interpelando a las luchas y las resistencias colectivas latinoamericanas fueron generando adhesión de parte de sectores sociales que previamente no se identificaban partidariamente con espacios políticos. Fueron esos mismos símbolos los que se objetivaron en acciones estatales concretas, de modo que aquello que comenzó tímidamente como una aventura se iba consolidando como un proyecto político en el que convergían elementos propios de la identidad latinoamericana con el reconocimiento de los derechos sociales y civiles de los sectores postergados y condenados a la ignominia por parte de los gobiernos de décadas anteriores.
A esos gobiernos de principios del siglo XXI se los denominó populismos (pues asumieron esas características) recurriendo a todos los significantes negativos que utilizan los medios de comunicación dominantes y los políticos –e incluso desde algunos ámbitos de las ciencias sociales– para nominarlos:
… no resulta sorprendente que desde los medios de comunicación se reproduzca el término a la hora de juzgar peyorativamente a algún gobierno, partido o la persona de un político; que lo propio suceda desde la arena política: los políticos lo utilizan como arma de ataque para descalificar a algún adversario; o, desde la academia, se caiga en arengas de corte normativo. Pareciera, entonces, que el populismo solo puede evocar algo ominoso: remite a lo chabacano, lo estéticamente feo, lo moralmente malo, a la falta de cultura cívica, la demagogia, la falta de respeto por las instituciones, etc., no por casualidad ningún político gusta de ser tildado de populista. (Biglieri y Perello, 2007: 3)
Aunque –tal como señala Laclau (2010)– ello resulta contradictorio con las características del sistema democrático, pues la dimensión referida al pueblo o a lo popular es constitutiva de dicho sistema. Sin embargo ha sido el discurso de la corrupción el que en los últimos tiempos ha permeado el campo de significaciones en torno al populismo, y en tal sentido es preciso distinguir –como lo propone Chantal Mouffe (2011 y 2015)– entre populismos de izquierda y populismos de derecha. La distinción entre ambas nociones ya ocupa vastos espacios en los anaqueles de las investigaciones sociales –e incluso para autores como Giddens (1994) tales distinciones deben ser superadas– pero resulta útil a los fines de diferenciar las consecuencias prácticas de cada uno de esos modelos. Torcuato S. Di Tella (2015) es quien define a la izquierda como aquella orientación político-ideológica en donde priman los intereses de los sectores populares y a la derecha como una orientación del mismo tipo pero en donde lo que predominan son los intereses del mercado. Si bien han sido los populismos de izquierda los que históricamente han cargado con mayores connotaciones negativas de parte de los medios de comunicación dominantes, son los de derecha los que han padecido mayores desestabilizaciones por causas de corrupción comprobadas judicialmente (Hochstetler, 2008).
En cuanto a las acciones estatales –a las que referíamos anteriormente– las políticas sociales (entre ellas las de juventudes y las de género) encontraron terreno fértil para su producción, por cuanto fueron una de las principales herramientas a las que acudieron tales gobiernos para equiparar situaciones de desigualdad. Asimismo y tal como advierte Rebeca Grynspan (2011), no podemos concebir a las intervenciones sociales disociadas de las económicas, pues si el contexto socioeconómico es desfavorable, poco pueden aportar en esos escenarios las políticas sociales. A ello lo describiremos con mayor detalle en el caso argentino.
Argentina también formó parte de aquella aventura que luego se fue consolidando como un proyecto latinoamericano. En el año 2003 cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia –después de que Carlos Menem renunciara a la posibilidad del ballotage– inició el proceso de reformas económicas por medio de políticas en donde uno de los principales cambios fue una mayor intervención por parte del Estado en el mercado. De allí que ese periodo que comprendió hasta el año 2015 con las presidencias de Cristina Fernández fue denominado como un giro hacia un populismo de izquierda (Mouffe, 2015). Gabriel Vommaro (2016: 5) nos cuenta:
Hace más de una década, Néstor Kirchner […] dijo, al asumir, que quería edificar un país normal. Eso suponía reconstruir la autoridad del Estado, la confianza en las instituciones y una cohesión social maltrecha por la crisis del programa de convertibilidad monetaria entre el peso y el dólar que imperó hasta diciembre de 2001. Esta reconstrucción se cimentaría en una reindustrialización del país y en la ampliación de los márgenes de maniobra del Estado frente a los poderes fácticos nacionales e internacionales.
Si bien fue un periodo que en términos económicos –tal como refiere la politóloga argentina María Matilde Ollier (2010)– fue de bonanza económica, esos recursos fueron utilizados para apostar a la reconstrucción de la industria nacional mediante créditos de diverso tipo y a resarcir a los sectores populares de las crisis neoliberales mediante políticas sociales. Fue en ese periodo que inició una etapa de la política social a la que Danani y Hintze (2011 y 2013) han denominado como de contrarreforma, la cual estuvo caracterizada por modificaciones en el área de la seguridad y la protección social. Entre ellas la disolución de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones; el incremento jubilatorio y de pensiones primero por decreto y luego por ley de actualización semestral; la actualización del monto de asignaciones familiares para trabajadores del sector formal; y la creación de una asignación universal por hijo para quienes se desempeñan en el ámbito informal. Muchas otras fueron las medidas sociales comprendidas en ese periodo de contrarreforma, de manera tal que como señala Guendel (2007) del mismo modo que en ese lapso temporal en Europa se fortaleció el Estado de bienestar y en Estados Unidos los derechos civiles y políticos, en América Latina lo fue en el plano de las políticas sociales y económicas. De ese modo parecía que aquella promesa de “país normal” –tal como comentaba Vommaro (2016)– en términos de menores niveles de pobreza e indigencia se iba cumpliendo, pues llegaron a 4,3% y 1,7% respectivamente en el año 2012 (CEPAL, 2014) y posteriormente padecieron leves incrementos como así también reducciones (CEPAL, 2016).
En reiteradas oportunidades, Cristina Fernández hacía referencia en sus discursos a la vinculación entre economía y ciencia y técnica, y esa fue otra de las áreas en las cuales ese proyecto tuvo una importante presencia:
El conocimiento ocupa en nuestro gobierno y en nuestro proyecto un lugar fundamental. No se trata de un conocimiento aislado, que no interactúa con la sociedad: al contrario, es un conocimiento, una ciencia y una tecnología que interactúan con la comunidad, con la economía, con la salud, para precisamente a través de la innovación tecnológica lograr agregar valor y conocimiento a nuestra tecnología. (Discurso de inauguración del Polo Científico Tecnológico del 06 de octubre de 2011)
Tales propósitos se objetivaron (entre otras políticas públicas) en el programa Argentina Innovadora 2020: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se implementó en el marco del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva también creado en aquel periodo. Dicho programa tuvo como objetivo reparar el sistema de ciencia y técnica luego de las consecuencias de la década de 1990 en la cual fue desfinanciado. Por medio de la ampliación de convocatorias a becas y proyectos de investigación en el marco de distintos organismos públicos estatales se logró ir reconstruyendo ese vínculo entre el Estado y la ciencia y la técnica, del mismo modo que se construyó infraestructura institucional puesta al servicio de los actores científicos. De allí que incrementó la investigación científica –tanto en ciencias sociales como en otras– en el marco de tales organismos que bien pudieron ser las universidades nacionales públicas; el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (AGENCIA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF). Asimismo, las universidades públicas fueron construyendo un vínculo más estrecho con el Estado por cuanto lograron tener incidencia real en la toma de decisiones de parte de aquel y por consiguiente sus políticas públicas (Arito, 2012).
Tanto el liderazgo presidencial de Néstor Kirchner (2003-2007) como el de Cristina Fernández (2007-2015) fueron denominados –por parte de la ciencia política argentina– como fuertes o dominantes dada la acumulación de recursos político-institucionales. A comienzos de 2003, contando con la opinión pública favorable, continuaron con la preocupación por los derechos humanos. Ello generó el apoyo de parte de organismos de derechos humanos principalmente vinculados a delitos de lesa humanidad, por cuanto el gobierno fue uno de los principales promotores del juzgamiento a los autores de esos delitos. Se fueron sumando otros factores tales como la renovación de la desprestigiada Corte Suprema de Justicia de la Nación de la década de 1990; la coalición con dirigentes políticos no peronistas; las exitosas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI); el apoyo del sindicalismo y la unidad de la dividida Confederación General del Trabajo (CGT). En los años subsiguientes tales recursos continuaron acumulándose en torno a los líderes al fortalecer sus alianzas con los gobernadores de provincia y la continuación de un tiempo económico favorable. Si bien se suscitaron algunos cambios en ese escenario sociopolítico (entre los principales, la reducción de los recursos económicos y la fragmentación de la CGT), la falta de un proyecto opositor al oficialista fue lo que permitió hasta el año 2015 conservar ese estilo de liderazgo (Ollier, 2010 y 2014).
Muchos escenarios latinoamericanos pueden ser descriptos de manera similar al argentino e incluso los liderazgos también, pero sin dudas en el análisis político-institucional un factor fundamental a incorporar es el del contexto social. De allí, la posibilidad de agregar a tales consideraciones los factores positivos que aportaron políticas económicas y sociales que intentaron contrarrestar las consecuencias del sistema capitalista y en ello contribuyeron a la consolidación de esos liderazgos. De manera tal que ello los posicionó como regímenes presidencialistas dominantes en términos político-institucionales, pero al mismo tiempo más estables –lo cual no es un detalle menor si revisamos nuestra historia latinoamericana– tal como lo fue el de Chávez en Venezuela o el de Lula en Brasil o el de Correa en Ecuador o el de Kirchner y Fernández en Argentina (Becher, 2016).
Diferentes fueron los escenarios argentinos (y en la región en general) en la década de 1990, pues ya muy lejos de ser una aventura se implementó un plan económico sistemático de características neoliberales. Fue sistemático por cuanto no solo se inició en la mencionada década, sino que se remonta a un par anteriores y no solo fue económico, sino que comprendió un proyecto aun mayor: “… lo que ocurrió durante el ciclo de hegemonía del consenso neoliberal fue una verdadera reformulación del pacto social, en tanto el neoliberalismo no se reduce a una serie de medidas económicas sino que constituye, cabalmente, un proyecto civilizatorio” (Campana, 2014: 26). Ello muestra su incidencia en la construcción de la ciudadanía por cuanto esos efectos económicos se extendieron a un proyecto de alienación y soterramiento de lo político –en los términos que lo plantea Mouffe (2011)– en donde el consenso y no las perspectivas críticas o el disenso serían los signos de un futuro mejor. De allí que se dio inicio a un proceso en donde las desigualdades sociales eran una de las consecuencias del proyecto, y ello debía contar con la aceptación de los otros sectores (principalmente los medio altos y los altos) pues de otro modo no iban a poder gozar de una buena calidad de vida. Dicho proyecto y sus intenciones culminaron con índices de pobreza e indigencia por encima del doble de los del año 2015 para toda América Latina (CEPAL, 2016). Si bien fue un periodo de políticas económicas neoliberales, no dejaron de implementarse políticas sociales e incluso del total del Producto Bruto Interno (PBI) un porcentaje significativo se destinó a ese tipo de políticas (Hintze, 2006), pero ¿qué características asumieron las políticas sociales en ese periodo? Programas sociales de escasos recursos que se encontraban de manera directa (como ocurrió con la creación de la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo) o indirecta (la relación con las organizaciones de la sociedad civil) inmersas en la lógica del mercado y la asistencia social (Lumi, Golbert y Tenti Fanfani, 1992; Salvia y Frydman, 2004; Hintze, 2006; Rodríguez Enríquez y Reyes, 2006). De escasos recursos y eficiencia a medidas sociales implementadas al calor de la protesta social y la lucha colectiva, tal como sucedió con el Plan Trabajar y el Barrios Bonaerenses (Vales, 2003; Auyero, 2004). Políticas en donde el “caudillismo provincial” –como institucionalismo informal– era el que definía la cantidad y los recursos de las que se iban a implementar en cada territorio (Repetto y Alonso, 2006). Todas ellas instancias en donde los mecanismos clientelares (materiales y simbólicos) funcionaban como engranaje de la relación con los sujetos a quienes se dirigían las intervenciones (Auyero, 1997 y 2001; Trocello, 2000; Hintze, 2006). Ello nos muestra que las políticas sociales como toda construcción social se encuentran condicionadas por el contexto social (y por consiguiente los factores económicos y políticos, y sin dudas los culturales) de manera tal que si dicho contexto es desfavorable –como sucedió en la década de 1990– de ninguna manera tales políticas pueden tener un impacto significativo sobre la reducción de desigualdades sociales.
Las políticas de juventudes y de género en la Argentina
A continuación haremos uso de algunos indicadores y documentos de organismos internacionales de derechos humanos para reflejar los efectos de tales escenarios sociales en intervenciones dirigidas a igualar o equiparar condiciones juveniles y de género.
Desde inicios del siglo XXI en nuestro país la inversión social en políticas sociales destinadas a juventudes y reducción de brechas de género incrementó considerablemente. En el año 2014, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) realizó por primera vez un relevamiento al que denominó Encuesta Nacional de Jóvenes cuyos resultados fueron publicados durante el año 2015. Dicho relevamiento comprendió entre su población a un total de 6340 jóvenes residentes en centros urbanos de todo el país de 2000 o más habitantes, quienes fueron seleccionados de acuerdo con un criterio etario de 15 a 29 años. Los resultados muestran importantes niveles de finalización e inserción respecto de la educación y el empleo. Del total de la muestra, un 40% de los jóvenes de 20 a 29 años han finalizado la educación media en el tiempo previsto mientras un 28% –7 de cada 10– del total de jóvenes de 15 a 29 años asisten actualmente al secundario. Tales datos permiten reflejar que en Argentina existe un elevado índice de alfabetización juvenil y de trayectorias educativas de nivel secundario completas. En lo que respecta al empleo remunerado, el 45,6% de los jóvenes afirmó trabajar y del total de la muestra un 34% se dedica a tareas de cuidado comúnmente no remuneradas –ya sea respecto de su entorno familiar o de otros– con una significativa diferencia porcentual entre varones y mujeres. Aproximadamente 3 de cada 10 jóvenes que se dedican a tareas de cuidado dejan de trabajar o estudiar, y el porcentaje es de 42,1% para las mujeres y de 12,9% para los varones. Ello muestra nuevamente la persistente existencia de brechas de género (en tanto acceso desigualitario a los recursos) y la reproducción de estereotipos respecto del empleo en las mujeres.
La Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas (CEPAL-ONU) también realizaron un relevamiento en el año 2015. Ambos organismos señalan que en Argentina habitan un total de 10 050 434 jóvenes varones y mujeres de entre 15 y 29 años. Ello representa un 24,7% sobre el total poblacional calculado por tales organismos, y de ese total el 2,86% son considerados pobres y el 1,75% son indigentes. En cuanto a la educación y el empleo, el 83,3% ha concluido su educación básica y el 14% se encuentra desempleado.
Los mismos organismos señalan que la inversión social en políticas de juventud por parte del gobierno argentino era de un 3,3% sobre el Producto Bruto Interno (PBI) lo que la colocaba en una diferencia porcentual de 25% respecto del promedio de los otros países de la región. Dicho porcentaje de inversión se distribuía en políticas sociales mayoritariamente educativas y eran seguidas por las de vivienda, salud y asistencia social. Asimismo, el informe destaca la importante inversión en programas de transferencias condicionadas dirigidos a las juventudes, tales como la Asignación Universal por Hijo o el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos.
En el año 2013, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) realizaron un relevamiento sobre el tipo de políticas públicas de juventud en las que invertía Argentina. Del total de programas sociales (88 en números absolutos) el 30,7% estaban destinados a la población joven mientras el 69,3% no las comprendía como destinatarias directas (pues estaban dirigidos a una población más amplia) pero quedaban incluidas por sus franjas etarias. De esos programas, el 25% se concentraba en el Ministerio de Desarrollo Social; el 13,6% en el Ministerio de Industria; el 11,4% en el Ministerio de Educación; el 8% en la Jefatura de Gabinete de Ministros; y siguen porcentajes menores en otras carteras ministeriales. De entre el conjunto de políticas de juventudes, el mayor número se ubicaba en las que se denominan de participación social y ciudadana, y a continuación (y con poca diferencia) se ubicaban las de promoción del desarrollo económico y de acceso a derechos y actividades culturales. Por último y con porcentajes menores, se encontraban las políticas de acceso y terminalidad educativa y las de inclusión social. Tales denominaciones corresponden a las contenidas en los documentos oficiales de las respectivas programaciones, pues muchas de ellas podrían ser comprendidas por la categoría inclusión social.
Vale mencionar que en el año 2015 el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires realizó un relevamiento de similares características y fue publicado en Vázquez (2015). En dicho estudio el número de programas sociales asciende a 150 por considerar aquellos en los cuales los jóvenes no son sus destinatarios directos (pues la población de la política está definida en términos más amplios) pero por las edades comprendidas obtienen el acceso a los derechos establecidos en los programas. Si bien en este estudio la tipología construida es más detallada y exhaustiva, la mayor cantidad de programaciones se concentraba en las mismas categorías del estudio anterior.
En ambos estudios se menciona que si se consideraran la cantidad de destinatarios, el impacto o el presupuesto destinado a cada una de ellas, la distribución sería distinta pues el primer lugar correspondería sin dudas a las de inclusión social (que comprenden las transferencias condicionadas) y las de terminalidad educativa.
En materia de brechas de género, es la CEPAL el organismo que con mayor periodicidad realiza relevamientos en el marco del sistema universal de protección de derechos humanos. Dicho organismo creó en el año 2007 en la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe el Observatorio de Igualdad de Género. Entre sus tareas se encuentra la de ofrecer a la comunidad datos estadísticos ligados con tales brechas y lo hace en función de cuatro variables: la autonomía económica; la autonomía en la toma de decisiones; la autonomía física y la interrelación de las autonomías. El primer indicador muestra que en nuestro país el 19,8% de las mujeres no contaba con ingresos propios y de su tiempo dedicaban semanalmente un 58,5% al trabajo no remunerado. El segundo indicador muestra que en Argentina los cargos ministeriales correspondían en un 19% a las mujeres. Asimismo, el porcentaje de mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación era de 28,6% y en el Poder Legislativo de 35,8%. Los dos primeros porcentajes colocaban a nuestro país en una posición media respecto de los otros de la región, pero el último entre los primeros. Por su parte, el indicador autonomía física muestra que Argentina tenía una de las tasas más elevadas de feminicidios y de muerte de mujeres ocasionadas por sus parejas o exparejas íntimas. El índice de maternidad adolescente la ubicaba en la media respecto de los otros países, y el de mortalidad materna entre los de menor porcentaje.
El Foro Económico Mundial estima anualmente el Índice Global de la Brecha de Género y respecto del año 2016 Argentina se ubica en el puesto número 33 con un porcentaje del 73,52%. Ello muestra que en nuestro país (de acuerdo con los indicadores considerados que son similares a los de la CEPAL) la brecha no es amplia entre varones y mujeres respecto de los otros países analizados en los cuales se encuentran representados los cinco continentes. Asimismo, nuestro país muestra una reducción sostenida de las desigualdades de género desde el año 2006 (donde inicia el registro del Foro) y los valores más bajos corresponden a los años 2008 y 2009. En ese último año se sancionó la Ley N° 26485 de Protección Integral de la Violencia contra las Mujeres.
Si bien Argentina no cuenta con un plan de igualdad de género implementado a nivel nacional (modalidad que se ha extendido en otros países de la región), posee políticas públicas sectoriales que tienen aquel fin. En lo que respecta al presupuesto destinado a programaciones de igualdad de género, entre los años 2015 y 2016 el monto designado al Consejo Nacional de las Mujeres (de acuerdo con la ley de presupuesto) ha incrementado en un 132%. En lo relativo al marco normativo institucional, nuestro país cuenta desde el año 1991 con una ley de cupo femenino para cargos legislativos nacionales y provinciales, y recientemente con leyes sobre violencia integral, trata de personas, acoso sexual y una reforma al Código Penal en la que se incorporó el delito de femicidio (CEPAL, 2017).
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (que controla en cada Estado Parte el cumplimiento de los derechos contemplados en el tratado) en su último informe del año 2016 destacó la importante inversión argentina en el área de la protección y la seguridad social y su impacto positivo en la disminución de tasas de pobreza de mujeres y niñas, como así también la prioridad asignada en tales ámbitos a las mismas.
En lo relativo a la participación de las mujeres en la vida pública, el Comité señaló la importancia de que por primera vez una mujer haya sido elegida presidenta por medio del voto popular (en referencia a la exmandataria Cristina Fernández) y la significativa presencia femenina en cargos ministeriales y de la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, también mencionó la importancia de que el Estado haya sancionado la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres. Dicha ley establece medidas preventivas y crea el Observatorio de la Violencia. Asimismo, y en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se creó la Oficia de Violencia Doméstica.
En cuanto a los ámbitos en los que el Estado argentino debe implementar medidas para reducir desigualdades de género –de acuerdo con lo señalado por el Comité– se incorporan aspectos relativos al acceso a la información; la mejora de la institucionalidad dirigida a las mujeres; la incorporación de la perspectiva de género en programas sociales; y otros relativos a la educación y el empleo. El acceso a la información por cuanto destaca la importancia de que los diferentes organismos públicos y sus agentes estatales conozcan el alcance de las leyes sobre género y las medidas que plantean para hacerlas efectivas. En lo relativo a la institucionalidad recomienda que el Estado incremente la inversión en infraestructura para el Consejo Nacional de las Mujeres –actualmente Instituto Nacional– y demás organismos vinculados con sus derechos. Los programas sociales son otro ámbito en el que se recomienda la incorporación de la perspectiva de género, por cuanto muchos de ellos establecen condicionalidades donde las mujeres son las encargadas de cumplirlas y de ese modo contribuyen a una desigual distribución de las tareas de cuidado respecto de los varones. En materia de educación y empleo, las principales recomendaciones giran en torno a la necesidad de interpelar a las mujeres (desde la educación) a instancias de socialización que superen los estereotipos de género, de allí la posibilidad de insertarse en empleos distintos de aquellos que comúnmente les son asignados.
¿Todo concluye al fin?
Hoy más que nunca parece resonar en el escenario latinoamericano aquella famosa canción de fines de la década de 1970 compuesta por la banda de rock argentino Vox Dei. Pero antes de ello vale recordar lo que mencionábamos anteriormente.
Si las políticas sociales (entre ellas las de juventudes y las de género) son consideradas una construcción social, sin dudas, el contexto social y sus condicionantes (económicos y políticos) influyen sobre ellas. De allí que es posible señalar que tanto en la década de 1990 como a comienzos del nuevo siglo en la Argentina, y en la región, se implementaron políticas sociales (desde ya, no en igual cantidad y con los mismos presupuestos), pero sus efectos fueron totalmente disímiles dado el contexto más amplio en el cual se desarrollaron.
Tanto la condición juvenil como la de género –en el marco de las políticas sociales– también son una construcción social y por consiguiente se encuentran influenciadas por el contexto social. Si bien no comparamos –como lo hicimos anteriormente– su situación en la década de 1990, las apreciaciones generales sobre políticas sociales las comprende, pues tanto una como otra fueron sometidas a condiciones extremas de precarización. Asimismo, lo hicimos respecto del tiempo actual en el que los diferentes indicadores citados y la información de organismos internacionales de derechos humanos muestran los importantes avances en el área, y respecto de la superación de desigualdades sociales tanto en relación con las juventudes como a la reducción de brechas de género. Seguramente, y no lo dudamos, aún quedan objetivos por cumplir en materia de políticas sociales dirigidas a equiparar tales situaciones de desigualdad, pero del mismo modo tampoco dudamos de que el contexto social (y en consecuencia los diversos escenarios socioeconómicos) tendrán una influencia decisiva.
Dicho contexto social favorable para las políticas que tienen como objetivo igualar condiciones juveniles y de género a su vez se enmarcó en uno más amplio a nivel latinoamericano. Aquello que definíamos como una aventura y que luego se fue consolidando como un proyecto político formó parte del escenario social de comienzos de siglo. Tales populismos de izquierda fueron los que lograron construir un proyecto en donde la prioridad por los sectores populares –tal como señala Torcuato S. Di Tella– fuera una de sus principales características. Al mismo tiempo, y en el plano económico, fue una mayor intervención del Estado en el mercado –por medio de específicas políticas económicas– lo que produjo un impacto significativo en la reducción de los indicadores de pobreza e indigencia. Todos esos elementos que construyeron un particular escenario latinoamericano y que –tal como hemos mencionado– también lo fue para el argentino, ejercieron una influencia positiva en la construcción de políticas sociales como las que hemos descripto.
Decíamos al comienzo que aquella conocida letra de la canción, “todo concluye al fin”, resuena hoy en los oídos de muchos latinoamericanos –tanto cientistas como ciudadanos– preocupados frente al actual escenario latinoamericano y argentino. Al comienzo fue un tiempo de incertidumbre lo que primó entre muchos, pero ahora parece una certeza la retracción del Estado de bienestar que tanto costó reconstruir –en el marco de aquel proyecto latinoamericano– a comienzos del siglo XXI. No vamos a citar estadísticas o informes, pues consideramos que esta parte final del texto debe ser útil para concluir el argumento reflexivo y no para apabullar al lector con nueva información. Frente a nuevas coyunturas sociopolíticas suelen ser economistas e historiadores los primeros consultados con el propósito de descifrar el futuro siempre incierto, y quienes nos dedicamos a la cultura solemos ser dejados en un plano secundario. Por ello haremos referencia a lo que estos cientistas han dicho respecto a la nueva coyuntura argentina e incorporaremos lo cultural por cuanto consideramos –tal como señala el sociólogo francés Michel Autés (2004)– que las tres dimensiones son constitutivas de lo social. En el plano económico, son muchos los indicadores que permiten aseverar una retracción del Estado en su intervención en el mercado –por medio de políticas económicas específicas– tales como reducción de retenciones y ausencia en la regulación de precios por parte de productores y dueños de los medios de producción (La Serna, 2016). De allí que si bien tal como señalan los historiadores ningún proceso histórico se repite del mismo modo en la historia, es posible señalar elementos comunes –de hecho, el método comparativo es uno de sus preferidos– entre uno y otro periodo: por ello, la actual coyuntura argentina presenta semejanzas con la década de 1990, pero de ningún modo puede predecirse que las consecuencias de aquel periodo serán las mismas para la Argentina del presente (Servetto, 2016). En el ámbito cultural, se insiste en la importancia de la educación como una institución en donde deben desplegarse perspectivas críticas sobre el pasado y el presente latinoamericano y argentino, pues sería el cultural el ámbito en donde es necesario dar una de las batallas más arduas para producir cambios profundos y duraderos que contribuyan a la construcción de ciudadanos críticos y participativos (Castro, 2016). De modo que una menor intervención del Estado en el mercado (lo que siempre redunda en mayor perjuicio para los sectores populares), algunos elementos comunes con la década de 1990, y la importancia de la educación como un espacio de resistencia –en términos foucaultianos– en donde sea posible lograr una transformación profunda en el modo de construcción de las ciudadanías, parecen ser los signos y las luchas del presente.
Bibliografía consultada
Arito, S. (2012). La Universidad y las políticas públicas: aportes a la reflexión. Revista Debate público. Reflexión de Trabajo Social – Debates de Cátedra, 2 (4), 215-222.
Auyero, J. (1997). Evita como performance. Mediación y resolución de problemas entre los pobres urbanos del Gran Buenos Aires. En J. Auyero (comp.), ¿Favores por votos? Estudios sobre clientelismo político contemporáneo. Buenos Aires: Editorial Losada.
Auyero, J. (2001). La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo. Buenos Aires: Manantial.
Auyero, J. (2004). Vidas beligerantes. Dos mujeres argentinas, dos protestas y la búsqueda de reconocimiento. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
Becher, Y. (2016). The young in the kirchnerist age (2007-2015): political payoff or transformation tool? World Journal of Social Science Research, 3, 4, 483-494. Scholink. Los Ángeles (Estados Unidos).
Biglieri, P. y Perelló, G. (2007). En el nombre del pueblo. El populismo kirchnerista y el retorno del nacionalismo. Documento de Trabajo N° 15. Buenos Aires: Escuela de Política y Gobierno-Universidad Nacional de General San Martín.
Campana, M. (2014). Del Estado Social al Estado Neoliberal: un nuevo pacto social en nuestra América. Revista Perspectivas Sociales, 16 (1), 9-30.
Castro, G. (2016). Conocimiento y universidad en la era de los globos. Kairos. Revista de Temas Sociales. Universidad Nacional de San Luis. Consultada el 20 de julio de 2016, https://bit.ly/2MvFVme.
Danani, C. y Hintze, S. (2011). Introducción. Protección y seguridad social para distintas categorías de trabajadores: definiciones conceptuales, propuestas de abordaje e intento de interpretación. En C. Danani y S. Hintze (coords.), Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina 1990-2010. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
Danani, C. y Hintze, S. (2013). Políticas sociales y derechos en la Argentina: la seguridad social en la última década. En La Universidad Interviene en los Debates Nacionales. N.o 8. (pp. 1-4). Buenos Aires: Página 12-Universidad Nacional de General Sarmiento.
Di Tella, T. (2015). Coaliciones políticas. De la movilización social a la organización política. Buenos Aires: El Ateneo.
Facio, A. y Fries, L. (1999 [2005]). Feminismo, género y patriarcado. Revista sobre Enseñanza del Derecho de Buenos Aires, 3 (6), 259-294.
Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. Revista Mexicana de Sociología, 50 (3), 3-20.
Giddens, A. (1994). Más allá de la izquierda y la derecha: el futuro de las políticas radicales. Madrid: Cátedra Teorema.
Grynspan, R. (2011). Retomar el debate sobre el desarrollo. En Kliksberg, B. (comp.), América Latina frente a la crisis (pp. 51-58). Buenos Aires: Sudamericana.
Guendel, L. (2007). La encrucijada del enfoque de derechos: pensando y haciendo la política pública de otra manera. Ponencia presentada al VIII Seminario de formación en DESC “Una mirada a las políticas públicas desde los derechos humanos”.
Hintze, S. (2006). Políticas sociales argentinas en el cambio de siglo. Buenos Aires: Espacio Editorial.
Hochstetler, K. (2008). Repensando el presidencialismo: desafíos y caídas presidenciales en el Cono Sur. América Latina Hoy, 49, 51-72. Universidad de Salamanca (España).
Jay, M. (2009). Cantos de experiencia: variaciones modernas sobre un tema universal. Buenos Aires: Paidós.
La Serna, C. (2016). Hacia un Estado jerárquico de mercado. Kairos. Revista de Temas Sociales. Universidad Nacional de San Luis. Consultada el 20 de julio de 2016, https://bit.ly/2ws9SbV.
Laclau, E. (2010). La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Lumi, S., Golbert, L. y Tenti Fanfani, E. (1992). La mano izquierda del Estado. La asistencia social según los beneficiarios. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
Margulis, M. (2015). Juventud o juventudes. Dos conceptos diferentes. Voces en el Fénix. La revista del Plan Fénix, 6 (51), 6-13.
Mouffe, C. (2011). En torno a lo político. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Mouffe, C. (14/06/2015). “El kirchnerismo es una fuente de inspiración”. Entrevista con: Chantal Mouffe. Página 12, 12 de julio de 2015, https://bit.ly/2NpqBEo.
Ollier, M. M. (2010). El liderazgo presidencial: síntoma de un patrón democrático sudamericano. Paper presentado a XXIX Congreso Internacional de Latin American Studies Association (LASA), Canadá.
Ollier, M. M. (2014). Presidencia dominante y oposición fragmentada: una construcción política. Néstor y Cristina Kirchner (2003-2011). Buenos Aires: Universidad Nacional de General San Martín.
Paramio, L. (2006). Giro a la izquierda y regreso del populismo. Nueva Sociedad, 205, 62-74. Buenos Aires.
Paz, O. (1950). The Present Day. En The Labyrinth of Solitude (pp. 175-194). Grove Press.
Repetto F. y Alonso G. (2006). La economía política de la política social argentina: una mirada desde la desregulación y la descentralización. En R. Franco y J. Lanzaro (coords.), Política y políticas públicas en los procesos de reforma de América Latina (pp. 211-246). Ciudad de Buenos Aires: Miño y Dávila.
Rodríguez Enríquez C. y Reyes M. F. (2006). La política social en la Argentina post-convertibilidad: políticas asistenciales como respuesta a los problemas de empleo. Documento de Trabajo N° 55. Buenos Aires: Ciepp.
Sagot, M. (2017). Las brechas de género en América Latina. En Curso Internacional Políticas Públicas, Justicia y Autonomía de las Mujeres en América Latina y el Caribe. CLACSO.
Salvia, S. y Frydman, A. (2004). Modo de acumulación y relaciones de fuerza entre capital y trabajo en Argentina en los noventa. Revista Herramienta, 26. Consultada el 12 de mayo de 2015, https://bit.ly/2wmB7EW.
Schütz, A. (1993). La construcción significativa del mundo social. Introducción a la sociología comprensiva. Barcelona: Paidós.
Servetto, A. (2016). ¿Por qué la historia habría de ser diferente esta vez? Kairos. Revista de Temas Sociales. Universidad Nacional de San Luis. Consultada el 20 de julio de 2016, https://bit.ly/2wdywOk.
Trocello, G. (2000). Dos primos hermanos: patrimonialismo y populismo. Kairos Revista de Temas Sociales, 4 (6). Consultada el 12 de diciembre de 2013, https://bit.ly/2PLvwjH.
Vales, L. (05/10/2003). Una breve historia de los planes sociales. Página 12. Obtenida el 19 de julio de 2013, de https://bit.ly/2PaCyOJ.
Vázquez, M. (2015). Juventudes, políticas públicas y participación: un estudio de las producciones socioestatales de juventud en la Argentina reciente. Buenos Aires: Grupo Editor Universitario.
Vommaro, G. (2006). “Unir a los argentinos”: el proyecto de “país normal” de la nueva centroderecha argentina. Nueva Sociedad, 261, 4-12.
Fuentes consultadas
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2013). Políticas de inclusión social de jóvenes en Latinoamérica y el Caribe: situación, desafíos y recomendaciones para la acción. Consultada el 15 de noviembre de 2015, https://bit.ly/2BNMo74.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2010). Observaciones finales para Argentina. Organización de Naciones Unidas.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2014). Panorama Social de América Latina 2014. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2016). Panorama Social de América Latina 2015. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2017). Planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe. Mapas de ruta para el desarrollo. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
Foro Económico Mundial (2016). Índice Global de la Brecha de Género 2016. Consultada el 04 de mayo de 2017, https://bit.ly/2P8IDLl.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) (2015). Encuesta Nacional de Jóvenes 2014. Principales resultados. Argentina.
Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL-ONU) (2015). Juventud Iberoamericana 2015. Hoja mural de datos sociodemográficos.
