Entre marcas generacionales
y redes de sociabilidad

Yussef Becher

El despertador (con ese sonido que todos detestamos) suena a las 06:00 de la mañana. Lili comienza a desperezarse y disponerse para iniciar un día más en su vida cotidiana, y por consiguiente, en sus actividades en el marco del plan. Como buena madre cuidadora, su primera tarea es despertar a su hija pues de ninguna manera se permitiría que llegue tarde al colegio. Mientras su hija se viste prepara unos mates –los primeros de unos cuantos más que la acompañarán en el transcurso de este día– y no puede dejar de experimentar un poco de angustia, aunque en realidad lo que siente es hastío… si bien no cree poder salir del plan pues necesita el dinero para enviar a su hija al colegio, el carácter alienante de las tareas que realiza le producen tales sentimientos: “Es siempre lo mismo: agarrás, cortás el nylon, pones la plantita y que lo tapen, pones la plantita y que lo tapen y caminar, caminar, caminar…”. Mientras deja a su hija en el colegio se encuentra con su amiga –que fue quien la informó sobre la posibilidad de ingresar al plan– y juntas van a tomar el colectivo para ir a la Cuenca El Morro^[1]. Allí las bajas temperaturas –en el invierno– o las altas temperaturas –en el verano– las obligan a tomar los recaudos necesarios, pues si bien el Estado no las provee con los recursos que requiere la tarea, ellas llevan sus imprescindibles bufandas y abrigos –en el invierno– y gorras y botellitas de agua en el verano. Mientras van juntas en el colectivo no pueden evitar conversar sobre La Pedrera –complejo urbanístico construido por el gobierno en el año 2016– pues son conscientes de que esa es su última posibilidad de adquirir mayor estabilidad laboral. Lili sueña con poder proveer a su hija de una obra social y poder contar con sus propias tarjetas de crédito. Ya en el lugar se disponen a iniciar sus tareas al mejor estilo de Charles Chaplin en Tiempos Modernos. (Lili. 36 años. Destinataria del Plan de Inclusión Social).

Introducción

El primer aspecto que puede llamar la atención de quienes generosamente dediquen parte de su tiempo a la lectura de este texto es la edad de la protagonista de la historia que intentamos reconstruir en el fragmento anterior. Ya mucho recorrido bibliográfico ha dedicado la producción científica sobre el tema para señalar que la edad es uno de los principales ejes en la construcción de las subjetividades juveniles, pero no el único. Ello permite aseverar que en la conformación del concepto intervienen otros aspectos distintos del etario en donde adquieren relevancia tanto condiciones materiales o simbólicas específicas de los grupos juveniles que integran la investigación. Desde perspectivas sociohistóricas –que conforman las socio-antropológicas propias de la epistemología de las juventudes– se propone incorporar una perspectiva generacional a partir de la cual se puedan explorar procesos de construcción de subjetividades e identidades incorporando los elementos propios de cada escenario social en donde se construyen los diferentes modos de vivir tal etapa cronológica social.

En nuestro artículo, los recorridos de investigación a los que acudimos provienen de una tesis doctoral en curso en el programa de formación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Argentina). En tal propuesta hemos incorporado como casos de estudio –desde una perspectiva cualitativa– dos programas sociales con impacto sobre el territorio sanluiseño. Tales programas son el Plan de Inclusión Social Trabajo por San Luis (PISTS) y el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR). Entre los criterios metodológicos que exige la comparación de estudios de caso es la semejanza uno de los aspectos que se propone observar. En tal sentido podemos mencionar que ambos programas son transferencias condicionadas –en un caso con una condicionalidad laboral y en el otro con una educativa– pero son principalmente sus diferencias lo que enriquece la comparación, pues uno de ellos –el PISTS– no es un programa propiamente juvenil, pero en un determinado momento de su implementación obtuvo una importante recepción por parte de los miembros de aquel colectivo y otro dirigido propiamente a las juventudes. Asimismo, implementados en contextos sociopolíticos disímiles, pues el plan provincial inició en el periodo inmediato posterior al de la crisis argentina de 2001-2002 y el otro, a inicios del año 2014. Ahora bien, retomando las particularidades propias que implica trabajar con el concepto juventudes debemos advertir que en un caso se trata de miembros del colectivo sociogeneracional cuya pertenencia a una generación joven actual es distinta respecto de quienes integran el otro programa. De modo que para poder abordar tal situación en la producción científica y a partir de las categorías teóricas que la conforman, debemos distinguir las diferencias contextuales de quienes en un momento determinado de su vida social se encontraron más cercanos a esa generación joven actual y las peculiaridades de quienes hoy la integran.

Seleccionar la historia de Lili para comenzar este análisis no es baladí, pues en ella convergen elementos comunes de quienes son jóvenes y no solo jóvenes, sino también de quienes reciben programas sociales y son ciudadanos de la provincia de San Luis. Asimismo, en su historia se puede advertir la particularidad que adquieren los ejes propuestos en la investigación –respecto del estudio de la institucionalidad social– y de allí su presencia en la red semántica construida a partir de los discursos juveniles relevados. Por ello aparecen elementos tales como su condición de madre cuidadora, el carácter alienante de las condicionalidades propuestas en el marco del programa, las redes de sociabilidad, la inestabilidad laboral y la expectativa de mejorarla.

Al mismo tiempo, y tal como plantea Bourdieu (1998), toda experiencia y las significaciones que derivan de ellas –que desde una perspectiva socio-antropológica (interaccionista y posestructuralista) siempre son una construcción intersubjetiva y contextual– se construyen en el marco de una trayectoria social. Dicho marco –que en términos goffmanianos (1981 [2004]) equivale al escenario de interacción o frame– es el espacio en donde se anclan tales experiencias y significaciones. De modo que si ese espacio es común para un grupo de sujetos, es esperable que sus interacciones puedan devenir en experiencias y significaciones semejantes. Aunque es el mismo Bourdieu (1998) –como buen posestructuralista– quien complejiza la cuestión al incorporar el contexto sociocultural como un elemento que produce distinciones en dichas experiencias. De allí, el interés particular de bucear en la institucionalidad social propuesta por los programas sociales –que constituye ese escenario común– y el modo particular en que las juventudes –ámbito donde descubrir las distinciones que señala Bourdieu– se vinculan con dicha burocracia.

El acceso a información sobre los programas: Facebook y el entorno afectivo

En las experiencias juveniles de quienes integran el PROGRESAR la red social adquiere centralidad como un medio a través del cual sus destinatarios obtienen información sobre aspectos del programa. Entre las juventudes que integraron la muestra, la red social Facebook es la que aparece con mayor recurrencia en su uso e incluso el propio Estado –por medio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)– hace uso de dicha red para difundir diferentes aspectos vinculados al programa. Las juventudes sanluiseñas –tal como muestra un estudio realizado en el año 2012 cuyos resultados fueron publicados en 2014– hacen un uso profuso de las redes sociales, y entre ellas la más utilizada es Facebook: “Cuando se les preguntó si usaban redes sociales el 88% respondió de modo afirmativo mientras el 11% lo hizo por la negativa mencionando a Facebook como la red de mayor uso, el 98%” (Castro, 2014). Si bien esto puede ser una particularidad de San Luis, la Encuesta Nacional de Consumos Culturales muestra que coincidiría con los resultados a nivel nacional. A partir de ello, la red social, particularmente Facebook, se convierte en un claro marcador generacional que es utilizado no solo por los propios jóvenes sino también –tal como lo hemos mencionado– por la burocracia estatal. 

Si bien las redes de sociabilidad en las experiencias juveniles –previas al acceso a los programas– constituyen otro de los medios de relevante significancia por medio de los cuales los miembros del colectivo acceden a información sobre los mismos, su presencia es mayor entre quienes son destinatarios del Plan de Inclusión Social que del PROGRESAR. Entre los primeros es recurrente escuchar que fueron amigos o sus propios padres quienes no solo les proporcionaron información sobre el acceso al programa sino que también los incentivaron a ingresar. Ello muestra una vez más, por una parte, la importante influencia que ejercen las instituciones tradicionales en las actitudes juveniles, pero por otra, las diferencias generacionales entre uno y otro tipo de destinatarios. Los receptores del PROGRESAR pertenecen a una generación más joven que la de los del Plan de Inclusión –pues son jóvenes que pueden ser denominados con el apelativo de centennials– en tanto que los otros nacieron –en algunos casos– con anterioridad a 1990 y han ido creciendo en el marco del Plan, de modo que actualmente tienen en promedio la edad de 34 años. Si consideramos particularmente la teoría bourdieusiana de los capitales sociales (1972), podemos advertir entre las juventudes la objetivación de un capital al que podemos significar como generacional, y que se constituye en un elemento diferenciador entre las distintas generaciones.

Aunque las redes de sociabilidad primen entre un tipo de destinatarios, también quienes reciben el PROGRESAR acuden a ellas, tanto para acceder a información sobre los programas como para conocer los requisitos necesarios para ingresar al sistema. En la experiencia de Nahuel puede advertirse el modo en que se objetivan tales redes como recurso de acceso a información:

… y mi amigo ya lo tenía y su tía trabajaba en Anses; entonces ella me dijo cómo era… todos los trámites, todas las cosas, ahí me averigüé bien (Nahuel. 20 años).

Asimismo, en el relato de Nahuel es posible identificar que las redes de sociabilidad no solo constituyen un medio de acceso a información, sino también un recurso provechoso frente a posibles dificultades que pueden surgir en el marco del programa, aunque ese contacto no ocupe un rango de jerarquía dentro de la infraestructura de la organización:

Yo por el problema que estoy teniendo con la tarjeta me dijo el del banco que vaya a Anses; un amigo me dice que tengo que sacar turno y el turno lo tengo que sacar para dentro de bastantes días y yo necesito la plata ahora… lo que me dijo el del banco es que cambia la boca de pago; entonces, yo le pregunté a ella y ella va a hacer la consulta, no es que me va a gestionar porque no es administradora, es la empleada que limpia…

Tanto entre varones y mujeres las redes de sociabilidad adquieren una relevante significancia en el marco de sus actividades en los programas. Sin embargo –y ello surge de los propios relatos juveniles– son las mujeres quienes cuentan con menores soportes de sociabilidad, pues dichos soportes provienen de experiencias de socialización previas de las cuales las mujeres no han participado por tener que ocuparse de tareas de cuidado, ya sea respecto de sus propios hijos o de otros en el marco de empleos informales. Sin dudas, a este eje lo podremos advertir con mayor claridad cuando realicemos el análisis de las trayectorias personales de los destinatarios.

Con menor presencia pero no significancia, aparecen en escena los medios de comunicación. Estudios desde miradas socio-antropológicas han mostrado la decisiva influencia que pueden ejercer tales medios sobre la población, y en ese sentido el texto del sociólogo francés Gérard Mauger (2007) sobre las revueltas juveniles en los suburbios franceses del año 2005 destaca la importancia de las fuentes periodísticas en la construcción social del hecho, por su parte, el también francés Jean-Marie Domenach en su libro La propaganda política (1962) señaló la trascendental importancia que tuvieron algunos medios de comunicación durante la campaña presidencial de Hitler, y Marc Abélès (1998) hizo lo propio en su etnología sobre los políticos franceses. Entre las juventudes destinatarias de los programas son el discurso de la expresidenta Cristina Fernández –en mayor medida y entre quienes reciben el programa social nacional– y el del gobernador Alberto Rodríguez Saá –en menor medida y entre quienes reciben los programas provinciales– recursos por medio de los cuales han accedido a información sobre los programas, como así también sobre los requisitos necesarios para acceder a las prestaciones. Las experiencias de los jóvenes lo expresan del siguiente modo:

Por los medios de comunicación, cuando habló la presidenta (Lucía. 21 años. Destinataria del PROGRESAR).

 

Yo igual, el día que Cristina sacó el discurso (Ana. 22 años. Destinataria del PROGRESAR).

 

P (pregunta): Pero en televisión ¿qué estabas viendo? R (respuesta): A la presidenta… (Lucio. 22 años. Destinatario del PROGRESAR).

 

También, lo mismo que los chicos, me enteré cuando la presidenta lo anunció… (Analía. 23 años. Destinataria del PROGRESAR).

 

Yo me enteré porque viste que salió un anuncio de que iban a largar un plan… lo escuché en la radio… y después lo anunció el gobernador (Lili. 36 años. Destinataria del Plan de Inclusión Social Trabajo por San Luis).

 

P: ¿Cómo fue que te enteraste que existe el Plan de Inclusión Social? R: Por la tele. P: ¿Qué fue lo que escuchaste? R: El noticiero… el gobernador dijo que iba a sacar un plan social para la gente… (Dora. 34 años. Destinataria del Plan de Inclusión Social Trabajo por San Luis).

Si bien los medios de comunicación adquieren el protagonismo que comentábamos, las redes de sociabilidad no pierden eficiencia como uno de los medios predilectos para acceder a información sobre los programas y sus requisitos, por cuanto tal como comentan las mismas juventudes que señalaron haber conocido el programa por medio del discurso de la expresidenta o del gobernador “me hice averiguar con un amigo” (Nahuel. Destinatario del PROGRESAR); “uno ya lo tenía, en la comunicación con los amigos” (Ana. Destinataria del PROGRESAR) o que “por comentarios de la gente” ya sabía de la posible existencia del plan (Daniela. Destinataria del Plan de Inclusión Social Trabajo por San Luis).

Vale la pena señalar que desde hace muchos años la dinámica sociopolítica y cultural de la provincia de San Luis ha sido caracterizada como un régimen neopatrimonialista (Trocello, 2008), y respecto de las juventudes en sus diferentes modalidades de ejercicio de la dominación –en términos de hegemonía cultural– y su incidencia en la construcción de subjetividades e identidades (Castro, 2012). Sin embargo, no se ha estudiado el papel de los medios de comunicación como un elemento disruptivo en esa construcción hegemónica. Ello, pues, tal como señalan los jóvenes destinatarios del programa nacional, frecuentemente consultan los medios de comunicación y entre ellos los discursos de la expresidenta Cristina Fernández, de allí la posibilidad de acceder y conocer sobre un tipo de liderazgo político –y sus políticas sociales– distinto del provincial.

La experiencia de Corina –destinataria del PISTS– adquiere una particular significancia, por cuanto ella accede a información sobre el programa y sus prestaciones por medio de delegados sindicales quienes realizaron negociaciones con el gobierno provincial. Su historia en el programa comienza en el año 2009 cuando la fábrica en la cual trabajaba quiebra y, por consiguiente, despide a todos sus empleados. Varios meses de protesta fueron los que transcurrieron desde aquel momento respecto del cual Corina describe el repertorio que adquirieron del siguiente modo:

Nosotros… porque yo trabajaba en Lanín y estuve ocho años ahí y la fábrica se fue a quiebra. Entonces ahí empezaron a hacer los paros en una carpa ahí en el predio de Lanín, hacíamos ahí y en el centro cívico también… y bueno después se llegó al gobernador para que no hiciéramos tanto lío en la ciudad o en la ruta y decidió darnos los cheques y mandarnos a cursos a casi todos los que estábamos allá en la carpa.

Tal como describe la destinataria en su relato –frente a las numerosas protestas sociales y el repertorio particular que adquirieron– el gobierno provincial –y por medio de la que en aquel entonces era su política social de bandera– dispuso facilitar el ingreso a quienes fueron despedidos de la fábrica. Esto muestra de manera particular que el contexto sociopolítico incide en las políticas sociales, y de allí la posibilidad de afirmar que las mismas se encuentran en constante producción dados los cambios que pueden suscitarse de parte de dicho contexto. Asimismo, el modo particular en que el gobierno busca dar respuesta ante una situación que no solo impactó en la vida cotidiana de quienes trabajaban en la fábrica, sino también que evidenciaba rupturas en el modelo provincial. Ello, pues en la década de 1990 la promoción industrial fue una de las principales políticas públicas implementadas por la provincia para promover su desarrollo y generar empleo por fuera del ámbito de la administración pública.

La burocracia estatal acude a los delegados sindicales como nexo para lograr el contacto con los trabajadores y de allí negociar el fin de los reclamos al otorgarles lo que, en palabras de Corina, iba a ser una solución transitoria, aunque hasta la actualidad continúan cumpliendo tareas en el marco del Plan. Si bien no es posible identificar la negociación de la burocracia con los delegados como una práctica clientelar tradicional, podemos reconocer la presencia de algunos de los elementos que las conforman, tales como el intercambio discrecional de bienes materiales (trabajo para los desocupados y el fin de la protesta para el gobierno) y simbólicos (el gobierno provincial como el facilitador en la resolución del conflicto). De allí, la posibilidad de montar nuevamente la escena –en términos goffmanianos ([1981] 2004)– de un San Luis normal en donde los actores (los ciudadanos) no sufren crisis económicas. Esa significación respecto de la provincia se fue instalando dado que el gobierno siempre respondió activamente ante dichas crisis, ya sea por medio de facilitar el ingreso a la administración pública a quienes las padecían o por medio de políticas públicas tales como la promoción industrial –en la década de 1990– y el Plan de Inclusión Social Trabajo por San Luis en la del 2000.

Acceso a las prestaciones. Condicionalidades: del crisol de razas al crisol de experiencias

No es novedoso que el tema condicionalidades se vincule con las políticas de transferencias condicionadas –característica que reúnen los dos programas sociales–, pues dichas condiciones tienen una relevante significación en el marco de esos programas. Son ellas las que facilitan u obstaculizan el cobro de la prestación dineraria –para los destinatarios– y son ellas por medio de las cuales se plantea –por parte de la burocracia– el cumplimiento de las tareas necesarias para lograr la inclusión o el acceso a derechos, ya sea por medio de capacitación laboral o educativa o asistencia a servicios de salud.

Ya desde comienzos de la década de 1990 –periodo en el que se ubica la emergencia de las transferencias condicionadas en nuestra región– Fraser y Gordon (1992) en su texto “Contrato versus caridad” señalaban que aquellas transferencias suponían un contrato con el Estado en donde el sujeto acordaba recibir determinadas prestaciones a cambio del cumplimiento de obligaciones de su parte. Entonces, las filósofas posmarxistas se preguntaban: ¿en qué condiciones se realizó ese contrato? De suyo desiguales, pues suponer que un ciudadano de a pie pueda negociar en igualdad de condiciones con la burocracia estatal es una utopía aun más lejana de lo que hoy parece el comunismo que proponía el mismo Marx. De allí que ninguna política social condicionada puede ser considerada diseñada desde un enfoque de derechos y de ciudadanía social, por cuanto para ello –tal como plantea Lo Vuolo (1995)– será necesario asegurar un ingreso incondicionado para todos los ciudadanos por su sola condición de tal.

Si bien tanto en el PROGRESAR como en el programa provincial las condicionalidades tienen una importante presencia, es en el Plan de Inclusión Social en donde adquieren mayor significación, pues son las diversas experiencias de sus destinatarios y el particular contexto en que se implementó lo que dio origen a ese crisol. Por ello, el análisis –y de ese modo emerge de los relatos juveniles– se concentra más en ese programa que en el nacional.

• El empleo en las parcelas

Todos los destinatarios del PISTS que fueron entrevistados –a excepción de Corina– iniciaron sus actividades en el marco del Plan desde sus comienzos en el año 2003. Allí el modo en que se cumplieron las condicionalidades fue por medio de capacitaciones en actividades de forestación en la zona de la costanera del Río V. No es menor señalar que sobre esa zona geográfica recae una significación de territorio periférico en donde se han construido viviendas precarias y habitan ciudadanos de sectores populares. Puede ser baladí o no que allí hayan sido destinados a cumplir tareas quienes reciben el Plan de Inclusión Social.

En las experiencias de los destinatarios y las significaciones que derivan de ellas, todas coinciden –al igual que el relato de Lili con el que iniciamos el texto– en las características alienantes de la tarea, pues consistían en:

P: ¿cómo era el trabajo allí?

R: … haciendo pozos y caminando, caminando, plantando… (Corina).

Ágnes Heller (1987) –filósofa posmarxista– en su sociología de la vida cotidiana propone considerarla como un espacio en donde es posible superar la alienación –que describía Marx en su teoría económica– pues se constituye como un espacio de creatividad que en la interrelación con las otras esferas y con el contexto posibilita la superación de esa experiencia. Ello muestra que el contexto social es una dimensión de significancia en orden a superar la alienación. Ahora bien, dicho contexto –en el marco de los programas sociales– proviene de las actividades que la propia burocracia estatal les propone –de allí la relación con la noción de trayectorias sociales que plantea Bourdieu (1998)– de modo que si tales actividades contribuyen a la alienación será dificultoso construir sentidos de autonomía en el marco de esas acciones estatales. De todos modos, ello no significa que la vida cotidiana en su totalidad se encuentre alienada –pues tal como señala Heller (1987)– son las otras esferas las que pueden contribuir a superar dicha alienación.

En cuanto a las condiciones en que debían realizar tales tareas, los destinatarios coinciden en que las inclemencias del tiempo –ya sean las bajas temperaturas en inverno o elevadas en verano– eran uno de los principales factores que dificultaban su realización:

P: ¿Vos cuando comenzaste en el Plan, tuviste que trabajar en las parcelas? ¿Y cómo era el trabajo allí?

R: Duro, me acuerdo. En la parte del tiempo. Las inclemencias del tiempo.

P: Las cuestiones climáticas.

R: Sí, se notaba mucho el frío, siempre me acuerdo del frío, en aquellos tiempos, fue fuerte el frío que nos agarró.

P: En ese periodo hacía mucho frio porque era todo a la intemperie.

R: Sí, y a la orilla del río.

P: ¿Y les daban algún tipo de material para que se protejan del frío?

R: No. (Ema. 32 años).

Asimismo, se agregan otras condiciones insalubres por cuanto no contaban con baños en donde realizar sus necesidades fisiológicas:

… allá en el río no, éramos mujeres y hombres, no teníamos baño, había que aguantarse, o había una señora que sabía llevar una bolsa de papas de esas blancas; entonces ella hacía así y nos cubríamos entre tres o cuatro mujeres para orinar así ahí, y después no íbamos, sí en el río era feo. (Dora. 34 años).

Muchas de las mujeres que desarrollaban tareas en el marco de las parcelas cuando tuvieron la oportunidad de modificar su lugar de trabajo e ingresar en otro programa social –denominado Seguridad Comunitaria– no dudaron en hacerlo. En cuanto a las características de ese segundo programa, surgió en el año 2004 –por medio de la Ley N° X-0340-2004 (5385)– y tenía por objetivo: “El Mediador Comunitario intervendrá en aquellos hechos que, no constituyendo delitos, alteren el orden y la pacífica convivencia entre los vecinos del barrio o zona donde ejerza su función, procurando la solución pacífica de los mismos” (art. 5). Los destinatarios de dicho programa podían ser fácilmente identificados, pues solían estar parados en las esquinas de las calles y utilizaban pecheras verdes con el nombre del programa –en el frente– y del gobierno de la provincia de San Luis en el dorso. El motivo por el cual las mujeres del Plan de Inclusión decidieron ingresar al Programa de Seguridad Comunitaria fue porque pudieron trabajar en lugares cercanos (principalmente escuelas) a sus hogares, de modo que podían cumplir de manera más sencilla con las actividades propuestas por el Plan y las tareas de cuidado. Asimismo, se construyeron redes de sociabilidad en torno al cuidado, de manera tal que quienes son cuidados (ya sean descendientes directos o indirectos) acompañaban a sus cuidadoras en su empleo, y si bien esta situación no es la ideal, es posible dados los vínculos construidos con sus compañeros y con quienes controlan el cumplimiento de las tareas.

En el marco de tales condicionalidades no podemos afirmar que el PISTS constituya –desde una perspectiva marxista– un consumo de bienes de uso por parte del Estado, pues no se trata de tareas que para el funcionamiento de la burocracia signifiquen una utilidad. Dice Seiffer (2008): “Son una de las formas que las sociedades han encontrado para ‘dar respuesta’, parcial y contradictoriamente, a la forma mercancía de la fuerza de trabajo garantizando su reproducción ‘sin costo directo’ para el capital individual” (parte I). En lugar de ello, nos parece –ya desde una perspectiva foucaultiana (1988)– que se trata de un modo de contribuir a la relación de significación y poder construida con los ciudadanos sanluiseños, y de allí la posibilidad de continuar alimentando aquel simbolismo de un San Luis normal. En las experiencias de Dora y Lili podemos advertir el modo en que ellas mismas experimentan y significan la labor en las parcelas como un empleo no útil:

… cortábamos yuyos, otros tejían, yo estaba con un grupo de mujeres grandes y ahí empecé a tejer, y ahí tejí todas cositas para poner en la mesa, los caminitos, que ahora si me ponés a hacer eso no lo sé, en ese entonces sí lo hacía… no había nada útil para hacer. (Dora).

 

En un tiempo en parcela estuvimos en la base (se refiere a la V Brigada Aérea) y los chicos aburridos habían hecho pozos, tipo subterráneo, habían hecho banquitos, todo… si no había nada para hacer, era cumplir horario. (Lili).

De este modo podemos advertir que las tareas realizadas en el marco del Plan implican la puesta en escena de una performance particular –pues lo importante es que estén allí– que supone para la burocracia estatal evidenciar los procesos inclusivos y de acceso a derechos, aunque con ello se busque principalmente contribuir a aquella significación sobre la provincia y no tanto la efectividad de dichos procesos.

• Los cursos de capacitación

Transcurridos los primeros años de implementación del Plan de Inclusión Social y de cumplimiento de condicionalidades en las parcelas, comienzan a ofrecerse diversos cursos de capacitación para sus destinatarios. Tales cursos –como comenta Ema– podían ser de cocina o repostería o costura para las mujeres y de electricidad o albañilería para los varones. Si bien –luego de realizar las correspondientes consultas– dichos cursos podían ser realizados de modo indistinto tanto por varones como por mujeres, el modo en que los significa Ema (estos para varones y estos otros para mujeres) muestra, por una parte, la reproducción de estereotipos de género –tanto de su parte como del Estado– como así también la intención de la burocracia de conservar a sus destinatarios en empleos de baja cualificación. De allí que –tal como hemos señalado anteriormente– advertimos que persiste la significación en torno a ese empleo como poco útil.

En la experiencia de Corina –quien ingresó al Plan en el año 2009– solo desde comienzos del año 2016 asiste a los cursos y cumple con las condicionalidades, aunque ello también se vincula con su particular modo de ingreso. Asimismo, esto incide en la significación –que se realiza desde el mismo Plan– de sus posibilidades de reinserción laboral en otros ámbitos por medio de capacitaciones, pues durante siete años no cumplió con ningún tipo de capacitación, de todos modos, ello le permitió trabajar en otros ámbitos de informalidad laboral. Ella lo comenta del siguiente modo:

… tenés un curso de capacitación que después no lo siguieron más porque se ve que no le pagaron al profesor y después seguimos cobrando así como si nada hasta este año que nos mandaron a los cursos.

P: ¿Pero ustedes cumplían tareas?

R: No, como que nos venía de arriba digamos.

P: ¿Y vos qué hacías en ese tiempo?

R: Y trabajaba en otros lados, en una pollería…

P: ¿Y ahora de vuelta tienen que tomar esta capacitación y después cumplir con estas tareas?

R: [Asiente]. (Corina).

Asimismo, comenta Corina –lo cual coincide con el relato de los otros destinatarios entrevistados– que desde su ingreso al programa nunca les preguntaron cuáles serían los cursos de su interés. Ello muestra la ausencia de una perspectiva generacional en el tipo de cursos que se ofrecen, pues no responderían –al no consultarles a los propios jóvenes– a sus intereses. Ya desde el año 2006, Mariana Chaves insistía en que en el marco de procesos inclusivos y de acceso a derechos comúnmente la burocracia impone las modalidades mediante las cuales considera que las juventudes serán integradas sin otorgarles ningún tipo de participación en su definición.

Si bien Corina ha cursado las diferentes propuestas de capacitaciones que se proponen en el marco del Plan, considera que solo la capacitación sobre seguridad e higiene –las otras no– ha sido útil para un posterior trabajo. Ello se vincula con su propia experiencia de trabajadora en una fábrica y con la significación que se construye de tal ámbito laboral –vinculado históricamente al trabajo forzoso y a la posibilidad de ascender mediante criterios meritocráticos– de manera tal que considera la posibilidad de buscar actualmente trabajo en una fábrica.

Corina –al igual que otros destinatarios– pertenece a aquel grupo de receptores que por no haber integrado convenios o cooperativas –modalidad de trabajo que comentaremos a continuación– continuaron en los cursos de capacitación. Quienes continuaron en esa condición, a partir del año 2016, debieron comenzar a cumplir parte de sus actividades en la denominada Cuenca El Morro y otra parte en los nuevos cursos de capacitación, pues en ese año se realizó una consulta a los destinatarios sobre cursos de su interés, aunque los que posteriormente se implementaron son similares a los que comentaba Ema. Dicha Cuenca conforma un espacio geográfico ubicado del lado norte de la provincia y en una zona rural –cercana a una localidad del mismo nombre– en donde se identificó la creciente de un nuevo río que no conformaba su mapa hidrográfico. De allí que la acción estatal propuesta para apaciguar la nueva corriente del río, y que no exceda las napas existentes, fue implementar un plan de forestación al cual fueron afectados 400 destinatarios del PISTS^[2]. En cuanto a las condiciones de dicho empleo las mismas son similares a las de las parcelas, pues como comenta Corina:

P: ¿Cómo son las tareas en el Morro?

R: En invierno es frío el aire allá, hace mucho frío allá y del Morro se vienen para acá, para la ruta 7, la 55, la 33 y bueno y así van rotando.

P: ¿Y en esta época hace mucho calor?

R: Sí…

P: ¿Y ustedes cuentan con alguna medida de protección frente al calor o el frío?

R: Nos dan botellitas de agua, nos llevan agua, de esas de medio litro pero no frías sino así al natural, y bueno y la gorra y todo eso lo llevamos nosotros. Nos dijeron que nos iban a dar remeras pero hasta el día de hoy no lo vemos…

A comienzos del año 2017 algunos pudieron optar por continuar en los cursos y otros por realizar las tareas de forestación, pero esto produjo conflictos interministeriales entre la cartera de inclusión social, cuyo interés estaba puesto en la realización de los cursos de capacitación, y la de medio ambiente, cuyo interés estaba puesto en que los destinatarios del Plan cumplieran tareas en la cuenca El Morro, pues de ese modo podrían ejecutar el plan de forestación. De modo que la respuesta institucional –al mejor estilo salomónico– fue que la mitad de los destinatarios cumplieran las tareas en los cursos de capacitación mientras la otra mitad continuaba en la Cuenca. Al cumplimiento de las condicionalidades en el marco de los cursos se agrega una particularidad, pues les informaron que su salario se iba a reducir pero al momento de las entrevistas aún continuaban cobrando el mismo monto. De ese modo podemos advertir cómo la experiencia de capacitación es significada por el Estado y por los propios jóvenes como un empleo no útil, pues no muestran resistencias evidentes ante tales reducciones y la burocracia las justifica en la falta de realización de tareas de empleo activas o útiles, tales como las de forestación ya sea en las parcelas o en la Cuenca El Morro. Por otra parte –si bien la oferta de cursos es amplia– ante la posibilidad de ingreso al complejo urbanístico provincial La Pedrera –lo que supone adquirir mayor estabilidad y al cual haremos referencia en otra sección– la mayoría opta por el de forestación, pues esas son las tareas para las que serían contratados. Ello muestra una restricción que la misma burocracia estatal coloca a la experiencia inclusiva de las juventudes y de superar la alienación en la construcción de su cotidianidad.

En cuanto al cumplimiento de las condicionalidades en el marco de la asistencia a los cursos, los destinatarios coinciden en que conocen casos de incumplimiento pero que desde hace un tiempo el control de la asistencia es más estricto. Ello nos permite inferir –en conjunto con otros datos contextuales– la intención del gobierno de reducir la cantidad de destinarios. Entre tales datos contextuales, podemos advertir el modo en que desaparece el Plan como significante del discurso oficial, al mismo tiempo que existe una reducción sostenida de sus destinatarios dado el ingreso de muchos de ellos en la administración pública luego de haber transitado por los convenios. Sin embargo, se presentan situaciones particulares y Lili nos comenta una de ellas. Se trata de una amiga que desde hace un año no cumple actividades en el marco del programa, pero continúa cobrando pues se encuentran al momento de firmar las planillas para hacer efectivo el pago de la prestación dineraria. Su amiga cobra el dinero y una de sus primeras tareas es arreglarse el cabello en la peluquería y comprar regalos para su hija, pues no lo necesita para otros gastos: es propietaria de un negocio gastronómico y administra los ingresos de su esposo. Esta última es una de las circunstancias que más afecta a Lili, pues –como buena madre cuidadora– no poder otorgarle a su hija las mismas condiciones que la de su amiga –ella necesita ese dinero para gastos elementales– marca una distinción que le es difícil de tolerar.

• El empleo en las cooperativas

Esta es otra de las modalidades que podía asumir el cumplimiento de las condicionalidades, que adquiría particulares características significantes principalmente en cuanto a las modalidades de empleo. En nuestro caso contamos con la experiencia de Lili, quien nos cuenta:

P: ¿Y en cuanto a la posibilidad de independencia o autonomía era mejor el trabajo en cooperativas o es igual que ahora?

R: No, en cooperativa. Vos ahora hacés lo que te dicen, o sea, no te queda otra. En cooperativa, no, en las cooperativas empezás, que sé yo, la peleás, discutís o iban a San Luis y hablaban con el jefe de medioambiente y le decían esto o lo otro.

P: ¿Y entre ustedes se reunían y debatían?

R: Se peleaban, nos amigábamos, tomábamos mate, habíamos hecho un lindo grupo.

El empleo en cooperativas les brinda la oportunidad de distribuir sus propios horarios y organizar la tarea de acuerdo con estos. Al mismo tiempo les da la posibilidad de ser ellos quienes entablan el contacto con sus contratantes –en la experiencia de Lili, la propia burocracia estatal– y de distribuir el dinero que percibían.

En esa experiencia Lili encontró la posibilidad de construir autonomía en su cotidianidad –y respecto de esa esfera– y superar la alienación propia de las modalidades de empleo que se proponían en las parcelas, aunque luego tales cooperativas hayan sido disueltas por la actual gestión que inició en el año 2016. De allí que tuvieron que regresar a las actividades propuestas por el Plan, pero ya no en las parcelas, sino en la Cuenca El Morro, cuyas características –similares a las de las parcelas– describe en su relato de comienzos del texto.

Dicho sentido de autonomía individual con respecto al empleo que se construía en el marco de las cooperativas luego se encontraba frente a la restricción de prestar tareas para el Estado, pues eran contratadas por aquel. Sin embargo, ello no es significado como un aspecto negativo por parte de Lili y esto puede vincularse con que su experiencia de empleo siempre ha sido en el marco del Plan y también a sus propias condiciones juveniles y de cuidado. El trabajo en el sector privado suele exigir mayor cualificación y suelen ser menos considerados con los horarios de quienes son madres cuidadores, más aún cuando tal actividad –como es la experiencia de Lili– ocupa una importante jerarquía en la construcción de la estructura de su vida cotidiana. Asimismo, en las experiencias de otros destinarios se percibe cierto temor por dejar de cumplir actividades en un vínculo estrecho con el Estado, y ello fue lo que les impidió experimentar el empleo en las cooperativas:

P: También estaba el tema de las cooperativas, ¿no?

R: Eso yo directamente no me animé. No me animé porque sabía que es cooperativa y tanto tiempo y ya te quedás solo.

P: Y además tenían que administrarse ustedes mismos.

R: Exacto y tenías que ser monotributista, y si sos monotributista ya sabés que te largás solito. (Ema).

Si bien quienes optaron por las cooperativas significan dicha experiencia como la oportunidad de adquirir mayor autonomía, no dejan –tal como muestra el relato de Lili– de construir un vínculo de dependencia con la burocracia. Esta es una restricción que el mismo Estado coloca al contratar las cooperativas, pero al mismo tiempo son también los propios jóvenes quienes prefieren esa modalidad de empleo, pues surge el mencionado temor a perder esa protección.

• El empleo en el marco de los convenios

Esta es otra posibilidad por medio de la cual se corrobora el cumplimiento de las condicionalidades. En tales casos, el Ministerio de Inclusión Social –ámbito en el cual se desarrolla el Plan– principalmente desde comienzos del año 2011 celebra convenios con otros ministerios (comúnmente los de educación o salud o medio ambiente) para que sus destinatarios puedan cumplir actividades en esos ámbitos sin dejar de pertenecer al programa. Tales destinatarios perciben un leve incremento en sus transferencias de ingresos por la realización de tareas respecto de las cuales si se ocupara a quienes no tienen esa característica el salario debería ser mayor. En esta oportunidad podemos corroborar aquello que señalaba Marx y, respecto de las políticas sociales, la cita de Seiffer (2008). Aunque al mismo tiempo no podemos obviar que quienes cumplen tareas en el marco de los convenios pudieron construir otra significación respecto del empleo y del programa:

P: Con respecto a las actividades que vos estás cumpliendo hoy tienen que ver principalmente con estar a cargo de la farmacia en este centro de salud, ¿y qué implica estar a cargo de la farmacia? ¿Qué tenés que realizar?

R: Recibo la medicación tanto de provincia como de nación, que la de nación es Remediar. Soy la encargada de hacer las planillas, soy la única que recibe los botiquines, despacho a la gente y hago la parte de los pacientes crónicos que me fijo a quiénes les hace falta, quiénes son los que tienen mutual y quiénes no, si les llegan los aparatitos para la diabetes y todas esas cosas.

P: Y a vos te gusta ese trabajo. Además hiciste el curso.

R: Sí, es mi rama. (Ema).

Asimismo, quienes cumplieron tareas en el marco de los convenios –y de acuerdo con un anuncio del gobernador publicado en el diario provincial oficialista en febrero de 2017– tienen la posibilidad de ingresar a la administración pública. Allí debe agregarse que un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis del año 2014 –“Carduner, María Soledad Belén/ASOCIART S.A. ART s/ accidente o enfermedad laboral-conflicto de competencia”– definió como relación laboral a la que reunía las características antes descriptas, y de allí la posibilidad de inferir la intención de la burocracia de evitar ser condenada al pago de indemnizaciones por situaciones similares. Son 4500 destinatarios los que finalmente ingresaron a la administración pública, lo cual nos permite inferir que era un número elevado –similar al mencionado– el de receptores del Plan que cumplía tareas en esas condiciones.

En la experiencia de Ema, quienes quedaron en la misma situación que cuando ingresaron al Plan –es decir, no se incorporaron en convenios o cooperativas– son significados como “cómodos o vagos”:

P: ¿Y todos ustedes que estaban trabajando en un principio en parcelas se pudieron incorporar en algún ministerio?

R: Algunos, otros no, otros se quedaron donde estaban.

P: ¿Y eso por qué pasó?

R: Comodidad más que todo.

P: ¿Pero ustedes tenían la posibilidad de ingresar a un ministerio?

R: Sí, teníamos muchas posibilidades de irse para todos lados, tanto como en fábricas, como en plantaciones, como en proyectos que salían, tenías posibilidades de irte a varios lados.

Aquellos que no cumplieron tareas en el marco de los convenios y, por consiguiente, no cuentan con la posibilidad de ingresar a la administración pública, son los que ahora cumplen tareas en la Cuenca El Morro. De allí que el recorrido desde los convenios hasta la administración pública es significado como un camino meritocrático, pues para llegar a esa instancia deben sacrificarse. Ello podemos advertirlo con mayor claridad en la experiencia de Dora. Su historia comienza cumpliendo tareas en las parcelas. Ella es de las mujeres que decidieron pasar del Plan a Seguridad Comunitaria porque de ese modo podía cumplir actividades en una escuela cerca de su hogar, y de allí que las tareas de cuidado como madre se facilitaban. Mientras cumplía las tareas en la escuela como mediadora comunitaria, el director del establecimiento le ofrece realizar tareas de limpieza con el compromiso de que en algún tiempo ella podría adquirir mayor estabilidad. De modo que transcurrieron seis años en los cuales Dora todos los días de su vida cotidiana cumplió –pues no se permitía faltar– con esas tareas de limpieza bajo la promesa de que en algún momento ingresaría como trabajadora de la escuela:

P: ¿Y por qué decidiste pasarte a la sección de limpieza?

R: Porque tenía esa posibilidad, cuando yo había hablado con el gobernador Poggi (periodo 2011-2015) en ese entonces me dijo que había posibilidades de quedarse en la escuela, entonces me quedé ahí.

P: Vos dijiste “bueno, frente a la posibilidad de quedar efectiva prefiero trabajar más”.

R: Sí, aunque cobre lo mismo que los otros que estaban al pedo.

Cuando Dora logra finalmente –por medio de un convenio– ingresar al ámbito del Ministerio de Educación –sin pertenecer aún a la administración pública– reconoce que posee mejores condiciones que antes, pero en su significación se trata de un trabajo en negro, pues no cuenta con un recibo de sueldo. Algo que para quienes nos desarrollamos en el ámbito de la formalidad laboral puede ser tan común, en el universo simbólico de Dora es un elemento de distinción significativo.

De modo que en las experiencias de ese grupo de destinatarios que no lograron ingresar en los convenios –y que actualmente cumplen tareas en la Cuenca El Morro– La Pedrera aparece de modo recurrente en sus interacciones como un significante de mayor estabilidad, pero al mismo tiempo tal como la describe Ema: “La Pedrera, la última posibilidad como quien dice”. Esa denominación es la que recibe un complejo urbanístico de una amplia extensión construido a las afueras de la ciudad de Villa Mercedes en el lado sur, donde ya se realizó la construcción de una pista de automovilismo y de otros espacios para la práctica de diferentes deportes, como así también para la realización de partidos de fútbol de equipos de la primera división y un escenario para la organización de conciertos musicales con figuras nacionales e internacionales. Todos esos son los imaginarios –tanto instalados por el Estado como por los propios ciudadanos sanluiseños– que rondan en torno a La Pedrera. Algunos dicen que ingresarán 180 (Corina) u 80 (Lili), pero todos coinciden en que esa es la oportunidad laboral no de modificar las actuales actividades que realizan en el marco del Plan –pues seguirían siendo de forestación, respecto de las cuales manifestaron expresamente su disgusto– sino de mayor salario y estabilidad.

• Los cheques de inclusión social y las tarjetas de débito y crédito

El modo por el cual se hace efectivo el pago de la prestación dineraria en el caso del Plan de Inclusión Social es por medio de los denominados cheques de inclusión social. Tales cheques pueden ser utilizados libremente por los destinatarios –en los comercios en los que estén dispuestos a recibirlos– previo a retirarlos en el lugar establecido por la administración pública (suelen ser escuelas o el centro deportivo de la ciudad) mediante su firma en una planilla. Algo que parece sencillo puede ser bastante engorroso en las experiencias de los destinatarios:

P: Ustedes reciben los cheques del Plan de Inclusión…

R: Sí [ríe].

P: ¿Por qué sonreís?

R: Cómo nos costaba con el tema de los cheques… ay qué manera de renegar, me acuerdo, en los primeros tiempos tenías que buscar los lugares que te los recibían. El Vea (cadena de supermercados) por ejemplo te los recibía, te hacían descuento en otros lugares, directamente te cobraban plata aparte, te descontaban plata por recibirlos, en algunos lugares no te quieren dar vuelto por los cheques de inclusión. Sí, fue muy problemático lo de los cheques. (Ema).

Tal como señala Dubet (2015), son las propias instituciones las que muchas veces mediantes particulares significantes refuerzan la condición de vulnerados o excluidos de parte de quienes transitan esas experiencias y, en consecuencia, dificultan los procesos inclusivos. Al mismo tiempo, estas particulares significaciones –como es la de los cheques de inclusión social– que utiliza la burocracia para etiquetar a los destinatarios de un programa contribuye de manera negativa a construir lazos de solidaridad social y redes de sociabilidad, por cuanto el otro deja de ser significado como un par: “… la lucha por las desigualdades supone un lazo de fraternidad previo, es decir, el sentimiento de vivir en el mismo mundo social” (p. 12). Si con quien comparto el mundo intersubjetivo deja de ser concebido como un congénere –en términos schützianos (1993)–, y mediante el uso de símbolos el Estado contribuye a ello al etiquetarlos de un modo particular, será dificultoso promover procesos inclusivos y de acceso a derechos. En la experiencia de Ema es posible identificar el modo en que se significa el rechazo por parte de comercios que se negaban a recibir los cheques:

P: ¿Te ha pasado ir a un comercio y que no te los reciban?

R: Sí, varias veces, que me tenía que pegar la vuelta.

P: ¿Y cómo te sentías frente a eso?

R: Mal, porque ya tenés la compra hecha o ir con las chicas a comprar y te dicen “no, no recibimos cheques”. Caras largas salías de ahí.

Si bien los destinatarios podían efectuar el cambio de los cheques –los quince de cada mes– en un banco nacional que ha celebrado con ese fin un convenio con la provincia, quienes fueron entrevistados comentan que es imposible esperar hasta ese día pues deben realizar pagos urgentes, tales como impuestos de servicios públicos o compras de alimentos en los supermercados. De modo que ante tal circunstancia –y la necesidad de contar con dinero en efectivo para comprar en determinados comercios– se producen situaciones irregulares. Son Lili y Ema quienes nos cuentan algunas de ellas. Las posibles modalidades consistían en recibirles un cheque equivalente a $300 y cobrarles un 10% (Ema) o bien una “señora” les cambiaba hasta la suma de $1000 a cambio de un porcentaje que no recuerda (Lili). Sin embargo –como señala Ema– estas situaciones y sus modalidades también se producían en el intercambio con algunos comercios.

La posibilidad de acceder a tarjetas de débito y crédito y préstamos dinerarios es otro elemento de interés en el marco de los procesos inclusivos, pues estudios sociales han mostrado que el acceso a esas modalidades de pago y crediticias –en el marco de las políticas sociales– contribuye a construir sentidos de autonomía e igualación respecto de quienes se desarrollan en el ámbito del mercado laboral formal (Mazzola, 2012; Pautassi et al., 2013; Becher, 2017). Los destinatarios del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos cobran su prestación dineraria por medio de tarjetas de débito y en efectivo. En sus experiencias comentan que hacen uso de estas:

P: ¿Y esta tarjeta les permite hacer compras?

Virginia: Sí.

P: ¿Y la utilizan para eso?

Ana: Sí, en mi caso, sí, mayormente saco del banco para tener el efectivo, pero por ahí cuando me queda un restito compro por débito como para cerrar el mes, antes del próximo pago, cierro con débito pero yo saco el efectivo. (Virginia. 20 años. Ana. 22 años).

El uso de tarjetas magnéticas para el cobro de la prestación dineraria –modalidad que inició en nuestro país con la Asignación Universal por Hijo para Protección Social– no solo es una importante medida inclusiva, sino también contribuye a reducir la posibilidad de construcción de redes clientelares, lo cual no es detalle menor considerando el modo histórico en que se han implementado las políticas sociales en Argentina (Auyero, 2001).

En el caso del Plan de Inclusión –tal como hemos señalado– el pago de la transferencia de ingresos se realiza por medio de los cheques de inclusión social, aunque pueden acceder a tarjetas de crédito nacionales (tales como Naranja o Nevada) y pequeños préstamos dinerarios. No son los medios oficiales los que dan a conocer tales oportunidades –cuyos efectos inclusivos ya hemos señalado–, sino que es por medio de sus propias redes de sociabilidad construidas en el marco del programa que los destinatarios acceden a ese tipo de información:

P: ¿Y cómo fue que vos te enteraste que podías obtener la tarjeta Naranja?

R: Por otra persona del Plan que la había sacado. Fui y la saqué.

P: ¿Pero esto es una posibilidad que se les da a todos?

R: Sí. (Dora).

Ahora bien, de entre quienes conformaron la muestra, son las mujeres las que en mayor medida desconocían sobre la posibilidad de acceder a tarjetas y préstamos. Ello se vincula –tal como hemos señalado previamente– a que son quienes cuentan con menores soportes de sociabilidad –dado que ese es el medio por el cual circula ese tipo de información– pues ocuparse de las tareas de cuidado restringe esa posibilidad dado que ello las repliega al ámbito de lo privado y condiciona la oportunidad de compartir mayores espacios de socialización con sus compañeros.

Agentes estatales

Son tales agentes quienes representan –con su corporalidad– la burocracia estatal o la institucionalidad social en el ámbito de los programas sociales. Dado que las políticas sociales son una construcción en la cual intervienen diferentes actores, y entre ellos los estatales, deviene de interés considerar el modo en que se vinculan con las juventudes en el marco de los programas sociales. Sumado a ello, la carga simbólica que recae sobre su figura y presencia en el marco del cumplimiento de las condicionalidades. Tal como señala Paula Isacovich (2013) en referencia a su investigación etnográfica sobre políticas sociales de juventudes: “… para comprender este proceso era necesario hilar prácticas y relaciones sociales que produjeron y van produciendo, reproduciendo y dando forma a las políticas de juventud. En estas relaciones, fueron y son fundamentales los trabajadores estatales…” (pp. 41-42).

En las experiencias de los destinatarios del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos, la presencia de los agentes estatales se advierte principalmente en su vínculo con la burocracia estatal al momento de cumplir con las formalidades propuestas por el programa. De modo que muchos de ellos caracterizan a tales agentes con el conocido estereotipo de “típicos empleados públicos” (Ana). Por su parte, Virginia comenta que el trato no es agradable, pues menciona que tuvo que concurrir en reiteradas oportunidades a ANSES para completar los requisitos de ingreso al programa, como así también para gestionar reclamos:

Te tratan como si no supieras lo que tenés que hacer o cuáles son tus derechos. Después cuando vas un par de veces y se dan cuenta de que no van a llegar a buen puerto por ahí, te dan las consultas, la mayoría de las veces es de mala manera, hasta que en mi caso, no sé, se habrán acostumbrado, se habrán resignado, que ya después me atendían bien y lo intentaron solucionar. Calculo que para que ya no vaya más [risas].

Asimismo, comentan que frente a posibles dificultades que puedan surgir en el marco del programa, no cuentan con un funcionario público que los oriente. En tal caso, la mayoría menciona que conoce a algún amigo que puede guiarlos. De allí que las redes de sociabilidad con que cuentan las juventudes se convierten en un capital que no solo posibilita el acceso a información sobre los programas, sino también a las prestaciones. Ya anteriormente Nahuel nos había contado que cuando tenía inconvenientes vinculados al programa acudía a su tía –Analía también lo hizo– y ahora nos comenta que también conoce a una amiga que lo ayuda:

R: Si tienen alguna dificultad en el programa, ¿hay alguna persona a la cual ustedes puedan concurrir para consultarle?

Nahuel: Yo el problema ahora que tengo, primero tenía mi tía, pero ahora tengo una amiga que justo trabaja en Anses… y yo busco mis amigos de Anses [risas].

Analía: El año pasado teníamos una conocida que por cualquier cosa vamos a ella.

P: Pero no hay una persona establecida.

R: [Varios] No.

Tal como señalan Núñez et al. (2015), dado el modo en que se experimentan las condiciones juveniles actuales –en donde priman significantes tales como los que provienen de la heterogeneidad de los medios de comunicación masiva y la precarización laboral– es importante que los miembros del colectivo cuenten con instancias de orientación que sean personalizadas. En tal sentido, destacan la experiencia del Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo –programa de transferencias condicionadas nacional implementado en el año 2008–, en donde se propuso para los jóvenes un acompañamiento personalizado.

En el marco del Plan de Inclusión Social Trabajo por San Luis –si bien aparecen similares experiencias y significaciones en torno a los agentes estatales– la mayoría de los receptores comenta que ante una dificultad sabe que debe acudir al jefe del programa social –un funcionario estatal– quien suele responder de modo favorable ante sus inquietudes, aunque las mismas se limitan a justificación de inasistencias o bien permisos para retirarse antes del horario estipulado. Todos los entrevistados señalaron que ese funcionario no consulta sobre su interés acerca de los cursos o el modo en que se desarrollan en el cumplimiento de las condicionalidades. Al mismo tiempo, mencionan que son pocas las veces que los han visitado en estos treces años y desde inicios de 2016 hasta fines de 2017 –que es el período que comprendió las entrevistas a los destinatarios– no los han visitado en ninguna oportunidad. A esta figura del jefe del programa se añade otra, que no es ejercida por un funcionario estatal, que es la del referente-coordinador. En los inicios del programa, tales referentes eran profesionales desempleados (principalmente docentes de colegios secundarios e ingenieros) que cumplían con la función de distribuir la tarea y controlar la asistencia. Ese capital cultural y simbólico con el cual contaban –dado sus títulos universitarios– funcionaba como recurso que legitimaba el ejercicio de sus funciones:

El que era coordinador… guau… se le debía respeto… claro porque cobraban otra plata. Eran designados y eran elegidos de ellos o eran gente que se había inscripto anteriormente, profesionales inscriptos anteriormente que los pusieron a ser coordinadores.

P: ¿Y esto en cierta medida marcaba una diferencia respecto de ustedes?

R: Sí.

P: ¿Y a vos qué te parece esa situación?

R: En ese tiempo estuvo bien porque hubo… se les daba el lugar… había respeto, se respetaba al coordinador. (Ema).

Cuando la figura del referente-coordinador deja de ser ejercida por tales profesionales (pues la mayoría de ellos abandonaron el programa al poco tiempo de superada la crisis económica de 2001-2002) y comienza a ser ejercida por un par o congénere, si bien las funciones continúan siendo las mismas y no se generan conflictos significativos, tal figura pierde la legitimación con la que contaba antes:

P: ¿Los coordinadores tienen algún vínculo con el gobierno?

R: No. Eran uno del montón y le decían, vos tomá asistencia. Al principio sí fue elegido y cobraban más que nosotros y después una vez que los sacaron a ellos era uno de nosotros mismos que tomaban lista o uno renunciaba, y teníamos que elegir otro de nuestros compañeros para que vaya, busque las planillas y tome lista. (Ema).

Aunque dentro de nuestros campos semánticos la noción de referente o coordinador nos remita a un agente que debería orientar los procesos de inserción juveniles, lejos de cumplir con aquella función, dichos referentes eran reducidos a cumplir la tarea de tomar asistencia a sus compañeros. Nunca fueron capacitados para ejercer esa función –de acuerdo con la significación que comúnmente se le otorga a quien es considerado un referente– como así tampoco se incrementó su salario. De modo que son pocos los destinatarios –incluso quienes tienen más experiencia en el programa– que están dispuestos a cumplir con tal función por voluntad propia, y de allí que son elegidos para ejercerla por el jefe del programa. En cuanto a las condiciones, según el relato de los propios destinatarios, que tienen en cuenta desde la burocracia para designar al referente o coordinador es su mayor conocimiento respecto de la tarea requerida, pero también en algunos casos el haber ocupado un cargo de jerarquía cuando se conformaron cooperativas. Allí nuevamente desde la burocracia es el capital cultural –respecto de la tarea– o simbólico –por la función que ejercían anteriormente– lo que funciona como el recurso que legitima a la figura de referente o coordinador, aunque las experiencias juveniles actuales –tal como señalábamos– no lo signifiquen de ese modo.

Coyuntura sociopolítica (2016)

Los cambios producidos a nivel nacional –con la modificación del gobierno a fines del año 2015 al asumir la presidencia Mauricio Macri– introdujeron modificaciones significativas en programas nacionales. El PISTS no tuvo alteraciones por cuanto quien era gobernador hasta el año 2015, Claudio Poggi, era un representante del partido justicialista provincial y del proyecto político de los hermanos Rodríguez Saá, y quien asume posteriormente es Alberto Rodríguez Saá. Distinto fue lo que sucedió a nivel nacional, pues los jóvenes destinatarios del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos comentan que en ese período se suscitaron bajas e irregularidades en el cobro de la prestación dineraria. Ana comenta que conoce casos de amigos a quienes les han suspendido el pago de tal prestación y Virginia menciona que ella es uno de esos casos:

A mí me suspendieron el pago hace poco porque supuestamente el sistema se había saturado, hubo como demasiadas inscripciones porque no encontraron motivo, hicieron el reclamo y me pagaron el retroactivo pero tengo que esperar a fin de año.

P: ¿Lo estás cobrando en este momento?

R: No, tengo que esperar, creo que a fines de noviembre cobro lo que me sale ejecutado.

P: ¿Pero les dieron alguna explicación?

R: Yo cuando fui a preguntar me dijeron eso, que evidentemente el sistema de tantos ingresos que tuvo, dejó afuera, no sabía…

El motivo por el cual se habría llevado a cabo la suspensión sería –de acuerdo con la respuesta de parte de la burocracia estatal– una falla en el sistema dada la acumulación de inscripciones. Aunque Analía y Nahuel –quienes participan activamente en una agrupación estudiantil– afirman que fue producto de una decisión política del gobierno nacional actual:

Analía: Sí, yo en realidad no creo que fue un problema, fue una decisión política de querer sacar el Progresar.

P: ¿Eso fue a partir del cambio de gobierno?

Nahuel: Sí.

Analía: Sí, nosotros como agrupación a nivel nacional, porque no fue acá nada más, fue en todo el país, fue muy alevoso, no es que fue el “caso de ella”, fue todo el mundo se había quedado sin, o te sacaban un mes, o no te pagaban y te ibas a Anses y te decían un problema administrativo.

Nahuel: A nosotros nos decían que no nos habían depositado.

Analía menciona que los representantes de su agrupación a nivel nacional se reunieron con la Ministra de Desarrollo Social –Carolina Stanley– y el director de ANSES nacional –Emilio Basavilbaso– y la respuesta que obtuvieron fue que los inconvenientes se irían solucionando con el transcurso del tiempo, aunque en el mientras tanto, como comenta la joven, muchos destinatarios dejaron de percibir las prestaciones. A ello agrega Virginia que en su caso se pudo resolver parcialmente –pues hasta el momento de la entrevista solo cobraba el retroactivo– dadas sus reiteradas insistencias ante la Administración Nacional de la Seguridad Social, y nos cuenta:

Yo en Anses a los chicos que van a reclamar, ellos intentan gestionar pero van chicos que preguntan “¿Por qué me sacaron?”, y no saben darle explicación y por ahí ya no vuelven o se cansan de ir para que lo reintegren.

De modo que si bien se suscitaron inconvenientes diversos ante el cambio de la gestión nacional, también las experiencias que los propios jóvenes construyen en su vínculo con la burocracia –respecto de la cual ya hicimos referencia con el relato de Virginia– funciona como un aspecto que obtura la posibilidad de que ante la reiteración de los reclamos –aunque sea hasta el hartazgo– puedan ser reincorporados.

Conclusión

Si bien –tal como señalan Leccardi y Feixa (2011)– la noción de generación reconoce tres momentos históricos que se encuentran ligados a contextos sociopolíticos particulares, en el marco de nuestra investigación pudimos identificar la existencia de un capital generacional que produce distinciones al interior de una misma generación o intergeneracionalmente. Si consideramos la teoría bourdieusiana de campo (1972), podemos afirmar que la vida cotidiana en el marco de los procesos inclusivos y de acceso a derechos se constituye en un campo en donde los diferentes capitales funcionan como recursos que diferencian las posiciones de unos y otros actores. Por ello, al igual que con otras marcas generacionales, entre los destinatarios del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos priman las redes sociales como una huella generacional, que se constituye en un capital particular, que los diferencia de los destinatarios del Plan de Inclusión Social Trabajo por San Luis. Pero como advierte el mismo Bourdieu (1972), todo capital se encuentra interrelacionado con otro y de allí que este al que denominamos generacional se podría relacionar, en nuestra investigación, con un capital cultural que es mayor entre quienes son destinatarios del programa nacional que del provincial.

Por otra parte, las redes de sociabilidad –ya sean preexistentes o construidas en el marco del programa– son un elemento que define el acceso a información general sobre las acciones estatales, pero también información específica sobre el acceso a las prestaciones y a los derechos que son brindados en el marco de los mismos –como sucede con las tarjetas de crédito y los préstamos dinerarios– por la burocracia estatal. Aunque tales redes no necesariamente suponen el contacto de los jóvenes con las altas esferas de dicha burocracia, sino, tal como comentaba Nahuel, con el último eslabón, no deja de ser un elemento que funciona como un facilitador del vínculo que construyen con dicha institucionalidad. Asimismo, otra constante, en todos los temas y, por consiguiente, en lo referido a los soportes de sociabilidad, es la condición de madre cuidadora, principalmente porque esa condición obtura la posibilidad de contar con mayores redes de sociabilidad, dado que las tareas de cuidado las repliega al ámbito de lo privado.

Al mismo tiempo, otra marca generacional significativa que ejerce una influencia decisiva en las experiencias de los procesos inclusivos de las juventudes es la condición de empleo signada por la precarización –promovida, tal como hemos visto, por los propios programas sociales– y el constante deseo de adquirir mayor estabilidad. Aquel significante, tal como señalan Núñez et al. (2015), desde hace más de una década integra las condiciones juveniles actuales, y ello supone la existencia de generaciones completas signadas por la experiencia de la precarización. Si bien los programas sociales inclusivos y de acceso a derechos implementados a partir del año 2003 han contribuido favorablemente a mejorar tales condiciones, se han concentrado más en el plano de la subjetividad que en el de mejorar condiciones objetivas de vida (Salvia y Tuñón, 2006 y 2007; Llobet, 2013).

En el marco del programa provincial –ámbito propicio para indagar con mayor profundidad las particularidades que aporta la provincia de San Luis– la marca generacional ligada a la precarización juvenil encuentra terreno fértil en el modo en que se han dispuesto las tareas, de manera tal que tanto de parte de los miembros del colectivo y de la burocracia –en distintas circunstancias y con algunas excepciones– son experimentadas y significadas como empleo poco útil. Ello incide tanto en su situación de empleo actual como en su posible futura inserción laboral.

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