Ariel Osatinsky

Consolidación y crisis de la agroindustria azucarera

La actividad azucarera es una de las más importantes de la economía de Tucumán. Históricamente, fue la producción que sobresalía. “Ya en 1895 […] había alcanzado tal magnitud que generaba más del 50% de la riqueza tucumana sin computar todas las actividades que se encontraban sometidas a su influjo” (Osatinsky y Paolasso, 2012: 69). Desde entonces, hubo una significativa expansión de la superficie con caña y de la producción azucarera en la provincia. Hasta mediados del siglo xx la actividad conservó un peso destacado en la producción, sin embargo, desde los años 60 hasta fines del período considerado, esa participación tuvo una importante disminución.

El declive señalado está vinculado a profundas crisis que experimentó la actividad durante la segunda mitad del siglo xx, las que afectaron sobre todo a los pequeños productores y a los obreros de fábrica y surco. Entre otros fenómenos, sobresalen la crisis de fines de los 60 con el cierre de once de veintisiete ingenios y la disminución de la superficie con caña y de la producción de azúcar; diversas crisis de sobreproducción; la mayor mecanización y las innovaciones técnicas que se fueron implementando; los problemas que afectaron la zafra de distintos años en las décadas de 1980 y 1990; y la desregulación de la actividad a partir de 1991 durante la presidencia de Carlos Menem.

En función de lo señalado, este capítulo tiene por objeto analizar el impacto que tuvieron estas transformaciones económicas de la agroindustria azucarera en los trabajadores y cañeros –en particular los pequeños productores– vinculados a la actividad en Tucumán.

En la agroindustria azucarera tucumana participan un sector heterogéneo de cañeros. Los grandes productores, una minoría, tienen en general intereses comunes con los dueños de los ingenios azucareros. Se trata de productores empresariales, con explotaciones que superan las 100 hectáreas, que emplean mano de obra permanente y tiene un alto nivel de mecanización (tractores, máquinas cosechadoras, etc.). Luego están los productores medianos, familiares capitalizados, que tienen explotaciones de entre 20 y 400 hectáreas, están mecanizados, y combinan mano de obra familiar con trabajadores transitorios y de contratistas. Por último, el grupo de mayor peso numérico y menor cantidad de hectáreas, los pequeños productores, con explotaciones que no superan las 20 hectáreas, emplean mano de obra familiar o de contratistas, y casi no disponen de mecanización (un tractor en algunos casos) (Giarraca, 1998/99). Al interior de este último sector, los minifundistas que tiene muy pocas hectáreas (menos de 10 ha), se caracterizan por tener multiocupación, son trabajadores golondrinas en otras cosechas dentro y fuera de la provincia, o mano de obra para campesinos medianos o grandes, o bien pueden tener un ingreso del empleo público en el Estado (Bolsi y Pucci, 1997: 127).

Durante el período bajo estudio, los cañeros eran quienes poseían la mayor parte de la tierra con caña de azúcar, entre un 70% y 80%, mientras que el porcentaje restante estaba en manos de los ingenios.

… las relaciones establecidas por [los cañeros] con los otros sectores de la rama resultaban un tanto conflictivas. Con los industriales, por un lado, se desarrollaba una lucha por el precio de la materia prima y por el plazo en la que sería retribuida. Por otro lado, con la mano de obra rural que empleaban […], por las tensiones inherentes a la relación salarial y condiciones laborales. (Nassif, 2016: 97).

Estos conflictos laborales también estaban presentes en las relaciones entre los industriales y los obreros de los ingenios.

Los trabajadores constituyen el sector más numeroso e importante de la actividad: “… la estacionalidad de las labores y la complementariedad de las tareas de fábrica y de surco […] diferenciaron al conjunto obrero en función de las relaciones contractuales (permanentes o temporarios) y los lugares de trabajo (fábrica o cañaveral)” (Gutiérrez, 2017: 150).

En las últimas décadas del siglo xx, las transformaciones que experimentaron la mayoría de las actividades productivas de las distintas economías regionales agravaron los problemas de empleo con crecientes niveles de desocupación y precarización. Los grandes empresarios y productores buscaron mayores ganancias a través de innovaciones en los métodos de producción, lo que terminó aumentando la productividad del trabajo. Así, mientras un número importante de pequeñas y medianas empresas y productores desaparecieron por la competencia, se produjo un avance de la concentración y centralización de la producción, a la par que se redujo el nivel de ocupación, y se reemplazó mano de obra estable por empleo informal, adquiriendo mayor peso distintas formas de flexibilización laboral (empleos transitorios, precarios, etc.).

En relación a las transformaciones económicas, en la investigación se tuvieron en cuenta un conjunto de indicadores, como la evolución de la superficie con caña, de la molienda de caña y de la producción de azúcar, el peso de la agroindustria azucarera, y de los sectores agropecuario e industrial, en el Producto Bruto Geográfico (PBG) de Tucumán^[1].

En el plano laboral, se analizó la evolución del nivel de ocupación en la agroindustria, considerando los distintos tipos de empleo vinculados a la actividad azucarera. A su vez, se tuvo en cuenta la desocupación, la variación que experimentó el número de cañeros y el peso de los sectores agropecuarios e industrial en el total de ocupados de la provincia.

La agroindustria azucarera desde mediados del siglo XX hasta la crisis de sobreproducción de 1965

A mediados del siglo xx, el sector agropecuario y la industria manufacturera representaban casi el 55% de la economía tucumana (véase Gráfico 1), sin dudas debido al peso que tenía la actividad azucarera en la provincia, la que representaba, a su vez, el 70% de la producción de azúcar nacional.

Participaban por entonces de la actividad 28 ingenios que poseían diferentes capacidades productivas, cerca de 20.000 productores de caña entre los que predominaban los pequeños productores (Bravo, 2019; Delich, 1970), y decenas de miles de trabajadores en tiempos de zafra, que realizaban diferentes tareas. “En 1946 la zafra ocupó 130.181 obreros, cifra compuesta por 20.000 trabajadores de fábrica (entre permanentes y transitorios) y 110.181 braceros dedicados al cultivo y la cosecha de caña (38.399 permanentes y 71.782 temporales)” (Gutiérrez, 2017: 150). De ese total de trabajadores de surco, poco más de 20.000 trabajaban para los ingenios en sus tierras con caña, mientras que el resto estaba vinculado laboralmente a los cañeros.

Para hacerse una idea de la dimensión que tenía por entonces el empleo en la agroindustria azucarera, se puede afirmar que tenía un peso similar al 22% de la población provincial de aquellos años, porcentaje incluso mayor si se tiene en cuenta todos los empleos indirectos que generaba la actividad (talleres mecánicos, fraccionadoras, mayoristas, etc.).

A partir del año 1949, la agroindustria azucarera experimentó una política de racionalización (Bustelo, 2017), que se profundizó desde 1955. Con la Revolución Libertadora y los sucesivos gobiernos, se acentuaron las políticas de desregulación, o bien, de protección y defensa de los capitales más concentrados de la agroindustria azucarera (véase Bolsi y Pucci, 1997; Boneo et al., 1973; Bravo, 2017, 2019; Murmis y Waisman, 1969). En ese contexto, a partir de 1959, bajo la gestión de Alsogaray como ministro de economía, se anuló el contrato único establecido por el Laudo Alvear en 1928, lo que desreguló las relaciones fabril-cañeras, dejando a los cultivadores supeditados a la voluntad de los industriales (Bravo, 2017; 2019).

Los pequeños cañeros, los más perjudicados por la falta de pago de la materia prima por parte de los industriales en reiteradas zafras y por la falta de recursos, continuaban siendo mayoría mientras ocupaban una porción menor de las tierras con caña: de 21.666 fundos que había en 1963, el 84% tenía una extensión menor a 10 hectáreas, los que representaban el 33% de la superficie con caña. En contraposición, las fincas con 40 hectáreas o más representaban solamente el 4% del sector, pero ocupaban el 41% de la superficie cañera, lo que reflejaba la desigualdad que caracterizaba el universo cañero (Bravo, 2019).

Los trabajadores fueron el sector más perjudicado por las políticas de desregulación y racionalización que llevaron adelante los diferentes gobiernos desde 1955. A fines de los 50 y comienzos de la década de 1960, los ingenios –en particular los de mayor tamaño– y los grandes cañeros, introdujeron de un modo incipiente el uso del tractor, la mecanización en los surcos, una progresiva tecnificación y reequipamiento de las fábricas en el marco de un proceso de “modernización”, lo que generó una reducción importante en el número de obreros de fábrica y surcos, así como un crecimiento de los empleos transitorios en detrimento de los permanentes (Gutiérrez y Parolo, 2017; Nassif, 2016; Osatinsky y Paolasso, 2012).

Según Canitrot y Sommer, el nivel de empleo en el sector cañero se redujo de 119.025 a 96.307 ocupados entre 1955 y 1965 (1972: 17). En el mismo período, los obreros de fábrica disminuyeron de 22.255 a 16.952 (Canitrot y Sommer, 1972: 21)^[2]. A su vez, Murmis y Waisman, afirman que el porcentaje de obreros permanentes de fábrica se redujo de 41% a 28% entre 1956 y 1966, mientras que los obreros permanentes de surco de los ingenios pasaron de representar el 33% a tener un peso de 25% en el mismo período (1969: 358)^[3].

La menor cantidad de ocupados en la actividad, el avance de la precarización que se expresaba en el mayor peso del empleo transitorio y en las insatisfactorias condiciones laborales, el deterioro salarial y el retraso por parte de cañeros e industriales en el pago de salarios a los obreros, son los motivos que explican las numerosas acciones de protestas y reclamos que llevaron adelante los trabajadores en aquellos años, como movilizaciones, ocupación de ingenios, cortes de ruta, etc. (véase Gutiérrez y Parolo, 2017; Nassif, 2016).

En la primera mitad de los años 60, la actividad azucarera explicaba todavía más del 50% del producto bruto de la provincia (Canitrot y Sommer, 1972: 13), y la caña de azúcar representaba aproximadamente el 50% de la superficie sembrada. En esos años, tuvo lugar un importante crecimiento de la producción^[4] favorecido por el aumento del precio internacional del azúcar. En ese contexto, en 1964 el Ingenio Ledesma saturó el mercado interno con su producción (Bravo, 2017: 194-195), generando una crisis de sobreproducción que se agravó con la cosecha record que se alcanzó en 1965^[5], año en que el precio internacional se desplomaba al recuperarse la producción mundial luego de una serie de años críticos, lo que además dificultaba la posibilidad de exportar los azúcares excedentarios (Bolsi y Pucci, 1997: 117; Boneo et al., 1973: 33). El agravamiento de la crisis azucarera impactaría de un modo muy regresivo en los pequeños cañeros y los trabajadores de la agroindustria, con las medidas que tomaría la dictadura de Onganía.

El deterioro laboral que generó el cierre de los ingenios

La crisis de la agroindustria azucarera tucumana se profundizó con la dictadura de Onganía, que impuso en 1966 una limitación general a la producción de azúcar del 70% respecto a lo producido en 1965, y estableció estrictos cupos, eliminando del mercado legal de caña a todas aquellas explotaciones menores a tres hectáreas (Osatinsky y Paolasso, 2012: 81). A ello se sumó el cierre entre 1966 y 1968 de once de los veintisiete ingenios azucareros de la provincia (Osatinsky, 2012: 60)^[6]. Se eliminó el crédito estatal para los emprendimientos agrícolas e industriales vinculados al azúcar, medida complementada con la prohibición de instalar nuevas fábricas azucareras o de ampliar la capacidad productiva de las ya existentes (Boneo et al., 1973).

Estas medidas implicaron una confiscación de los derechos de producción de los minifundistas, el grupo mayoritario dentro del conjunto de cañeros, y tenían como objetivo lograr una mayor concentración en el sector cañero al beneficiar a los fundos de mayores extensiones (Bravo, 2019). Hubo 9.435 unidades familiares y subfamiliares (Murmis y Waisman, 1969) que tuvieron que desplazarse hacia un mercado negro en donde tenían como única opción la venta de su producción a un precio muy inferior al fijado en los circuitos formales de comercialización de dicho producto. Si se tiene en cuenta que en el año 1965 la cantidad de cañeros era de 23.000 según la Unión Cañeros Independientes de Tucumán, o 18.602 según la Dirección Nacional de Azúcar (Delich, 1970), se puede apreciar la dimensión del problema.

Comparando la distribución de cupos entre los años 1963 y 1969, los pequeños productores –hasta 10 hectáreas– redujeron su peso de 84% a 66% del total (de 18.144 a 3.191 productores), disminuyendo también su participación en la cantidad total de hectáreas con caña de 33% a 14%. Por el contrario, los grandes productores de más de 100 hectáreas (cañeros e ingenios), si bien se reducen en número de 195 a 129, aumentaron su peso de 1% a 2%, mientras que pasaron de representar el 21% del total de hectáreas con caña, a concentrar el 49% en 1969. Si se considera a los productores con cupos que tenían más de 40 hectáreas, la participación en el total de hectáreas con caña creció de 41% a 61% en el mismo período (véase Bravo, 2019). Es claro el avance de la desigualdad y la concentración en relación a la distribución de la superficie con caña de azúcar.

Estas transformaciones regresivas, en particular las restricciones impuestas por la Dirección Nacional de Azúcar, ocasionaron un marcado descenso de la superficie sembrada con caña de azúcar, del número de explotaciones cañeras, y de la producción de azúcar. La superficie con caña, que creció de 192.400 a 210.000 hectáreas entre 1960 y 1965, se redujo a 135.600 en 1967/68, manteniéndose luego en 140.600 hectáreas hasta 1970. La producción de azúcar luego del récord de 1965 (749.575 toneladas), se redujo hasta 378.000 toneladas en 1967. A partir de ese año creció nuevamente, manteniéndose alrededor de las 500.000 toneladas hasta 1970^[7].

La crisis azucarera provocó que tanto la industria como el sector agropecuario perdieran peso en la estructura económica provincial (Gráfico 1). A su vez, la caña de azúcar tuvo una caída en cuanto a su peso en superficie cultivada en la provincia: de representar casi el 70% hasta 1966, el porcentaje se redujo a menos del 50% en los años siguientes de aquella década (Lizarraga, 1991: 20). “Sin embargo, cuando […] la estructura y relaciones de propiedad se mantienen […], crisis de este tipo conducen a un proceso económico de recomposición y concentración” (Farber Truccone y Lizarraga, 1991: 149). En efecto, el crecimiento que la producción azucarera comenzó a experimentar a fines de los años 60, reflejaba que el cierre de once ingenios tucumanos fue la expresión de un proceso de concentración y centralización de la propiedad.

Fuente: 1953: CFI – Instituto Torcuato Di Tella, 1963. Tomado de Rofman y Romero, 1997: 193; 1961-1970: Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán, 1978: 35.

Los trabajadores fueron el sector más golpeado por la crisis azucarera de mediados de 1960. El cierre de once ingenios eliminó 12.544 puestos de trabajo, a lo que se agrega la reducción de 6.327 empleos perdidos en los dieciséis ingenios que continuaron funcionando. De ese total de 18.871 puestos de trabajo eliminados, el 70% eran trabajadores transitorios, mientras que solo el 30% alcanzaba la condición de permanente (Boneo et al., 1973). A su vez, aproximadamente 9.000 de esos empleos perdidos se trataba de obreros de fábrica (Canitrot y Sommer, 1972; Gutiérrez y Parolo, 2017: 176), mientras que el resto eran trabajadores de surcos pertenecientes a los ingenios. Entre 1968 y 1970 tuvo lugar una nueva reducción de 1.322 empleos en los ingenios que continuaron en actividad (Crenzel, 1997: 49).

A su vez, la caída que tuvo la superficie con caña de azúcar produjo una importante reducción en la cantidad de obreros de surcos vinculados a las tareas de cultivo y cosecha. Según Canitrot y Sommer, el número de trabajadores de surcos se redujo de 96.307 a 64.230 entre 1965 y 1969 (1972: 17), disminución que tiene en cuenta tanto los obreros que trabajaban para los ingenios como aquellos que dependían laboralmente de los cañeros.

Es decir que, de conjunto, la crisis de la agroindustria azucarera ocasionó la pérdida de más de 40.000 puestos de trabajo, cifra que probablemente fue mayor si se tiene en cuenta el declive que se produjo en otras actividades económicas ligadas de manera directa o indirecta a la producción azucarera.

En la Tabla 1 se observa que la desocupación afectó en mayor medida a la población activa de los departamentos en los cuales estaban ubicados los ingenios cerrados.

Tabla 1. Tasa de desocupación en Tucumán según departamentos.
Octubre de 1968

Departamentos	Ingenios cerrados	Tasa de desocupación (%)
Famaillá	Mercedes, Nueva Baviera	20,9
Cruz Alta	Esperanza, Lastenia, Los Ralos, San Antonio	17,9
Monteros	San Ramón, Santa Lucía	17,5
Tafí	San José	13,7
Río Chico	Santa Ana	13,1
Leales		13,4
Capital	Amalia	12,7
Chicligasta		11,8
Graneros		8,8
Burruyacu		4,4
Trancas		4,2

Fuente: Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán, 1969.

La desocupación que había en los departamentos en los que tenía mayor peso la agroindustria azucarera superaba a la que afectaba a la población activa de San Miguel de Tucumán, donde incluso la tasa de desocupación había crecido más de 5 puntos en tan solo dos años (oct/66-oct/68) (Gráfico 2).

Fuente: INDEC, 1974.

Ni los planes de reconversión industrial, ni los de diversificación agropecuaria, así como el régimen de trabajos transitorios o el incremento del empleo público pudieron brindar una salida a los graves problemas de empleo que sufrió la población provincial. Hasta el año 1970 las nuevas industrias radicadas en el marco del “Operativo Tucumán” habían dado trabajo solo a 4.300 personas –la mayoría sin vínculos con la agroindustria– (Crenzel, 1997: 56), mientras que el Estado generó en el Régimen de Trabajadores Transitorios 14.580 puestos de trabajo entre 1967 y 1969 (Canitrot y Sommer, 1972: 30). A esto se sumó el aumento del empleo estatal, que pasó de 21.343 a 23.480 trabajadores entre 1966 y 1969 (Canitrot y Sommer, 1972: 29). O sea que un poco más de 20.000 asalariados pudieron por estos mecanismos abandonar la desocupación. En cuanto a la diversificación agropecuaria, los cultivos que incrementaron su superficie cultivada (limón, sorgo granífero, soja y tabaco) tenían un desarrollo incipiente a fines de los 60 y usaban menos fuerza de trabajo por unidad de tierra que la caña de azúcar, y el tabaco, que era el único que requería aproximadamente la misma cantidad de jornales que la caña de azúcar, ocupaba una cantidad de tierra muy limitada (Canitrot y Sommer, 1972: 145).

El impacto laboral de la crisis azucarera ocasionó que los sectores agropecuario y manufacturero de Tucumán perdiesen participación en la composición de la población ocupada provincial: entre 1960 y 1970 el peso del sector agropecuario y la industria en el total de ocupados se redujo de 50% a 35% (Gráfico 3).

Fuente: Dirección Nacional de Estadística y Censos, 1965: 578-579; INDEC, 1974a: 20; Censo Nacional de Población y Vivienda 1980; Censo Nacional de Población y Vivienda 1991; Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001.

La crisis más importante que había experimentado hasta entonces la agroindustria azucarera implicó para miles de trabajadores tucumanos la imposibilidad de encontrar demandantes para su fuerza de trabajo, en un contexto de significativo avance de la concentración y centralización de la producción.

De los años 70 a la desregulación de los 90

En el último cuarto del siglo xx la economía argentina atravesó transformaciones productivas muy regresivas. En el sector manufacturero hubo un agudo proceso de desindustrialización, que se instauró con la política económica de la última dictadura militar, y se consolidó durante los años 90. A su vez, en el sector primario, el notable crecimiento que alcanzaron aquellas producciones orientadas al mercado exterior tuvo su contraparte en el agravamiento de la crisis de muchos cultivos que tenían como destino satisfacer la demanda del mercado interno. En el caso de diversas producciones agrícolas ligadas a diferentes agroindustrias del país, hubo una reconversión productiva ante los mayores requerimientos de eficiencia y productividad que impuso el mercado internacional, lo que se tradujo en una mayor desigualdad en la tenencia de la tierra, afectando significativamente a pequeños y medianos productores (Barsky y Gelman, 2001; Pucci, 1994). Estos procesos económicos, como se analizó antes, ya caracterizaban a la agroindustria azucarera en el período previo a los años 70, pero en esta fase se acentuaron.

En los primeros años de la década de 1970 se produjo un incremento del precio del azúcar en el mercado mundial, lo que atrajo capitales y recursos hacia la renovación de cañaverales y maquinarias, y un mayor uso de agroquímicos, procesos que aumentaron los rendimientos y por lo tanto la producción (Lizarraga, 1991). Sin embargo, en la segunda mitad de la década, la coyuntura no era ya de crecimiento del precio en el mercado mundial, lo que redujo tanto la producción de azúcar como de caña molida (Tabla 2).

Tabla 2. Producción de azúcar y superficie con caña en Tucumán. 1970-2002 (años seleccionados)

Años	Producción de azúcar (toneladas)	Caña molida	Superficie con caña (hectáreas)
1970	491.231	5.377.122	140.800
1973	933.819	10.054.641	247.000
1978	748.455	8.000.000	250.000
1980	961.000	10.297.000	250.000
1985	624.000	6.659.000	250.000
1989	413.849	5.311.000	250.000
1990	611.322	6.654.578	250.000
1995	920.157	6.912.664	225.100
1997	1.049.734	9.948.502	220.000
1999	956.785	10.274.749	202.700
2002	914.341	8.987.049	185.727

Fuente: Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.

En los años 80, ante las dificultades que atravesaba la actividad^[8] (véase en la Tabla 2 la caída de la producción de azúcar y de caña molida en 1985), el gobierno estableció en 1985 un nuevo régimen de comercialización entre cañeros e industriales, denominado “depósito y maquila, mediante el cual a los ingenios les correspondía el 47,40% del azúcar producido y la totalidad de la melaza, mientras que el 53,60% restante quedaba en manos de los cañeros” (Bolsi y Pucci, 1997: 118). El sistema de “maquila” benefició a medianos y grandes cañeros, quienes se organizaron en cooperativas para comercializar la venta de caña (Campi, 1990). Sin embargo, muchos campesinos no pudieron incorporarse a cooperativas por los elevados gastos que ello implicaba. Estos pequeños productores negociaban directamente con los ingenios la venta del azúcar, obteniendo un precio menor, o vendían a los ingenios la caña en pie para que se hagan cargo de la cosecha (Bolsi y Pucci, 1997).

Luego de la caída de la producción en 1989, fruto de fuertes heladas y sequías que afectaron los cañaverales (véase Tabla 2), la situación se agravó aún más, a partir de 1991, con la desregulación de la actividad azucarera (decreto 2284/91), que acrecentó la competencia entre los distintos factores partícipes al eliminarse “todos los mecanismos de regulación, cupificación y cuotificación del mercado que habían caracterizado por décadas a la actividad cañera” (Giarraca y Mariotti, 2005: 134)^[9], lo cual benefició a los sectores más concentrados. Los ingenios más importantes nucleados en el Centro Azucarero Regional, “… apoyaron abiertamente el plan neoliberal de Menem e impulsaron la desregulación del azúcar…” (Pucci, 1994: 109), mientas que otros de menor envergadura sufrieron diferentes problemas^[10].

Durante la década de 1990, se produjeron aumentos en la producción de azúcar y en la molienda de caña, mientras tenía lugar una significativa reducción en la cantidad de hectáreas con caña (25,7% en 1990-2002, véase Tabla 2). Ello refleja que hubo un aumento en la productividad primaria e industrial, a través de nuevas variedades de caña, aplicación de abonos e introducción de cosechadoras integrales (Bravo y Rivas, 2017).

La disminución de la superficie con caña implicó una pérdida de su peso en el total de superficie con cultivos en la provincia. Según los Censos Nacionales Agropecuarios, en 1960 la caña de azúcar representaba el 67% de la superficie total cultivada, valor que se redujo en 1988 y 2002 a 42% y 26% respectivamente.

La caída de la participación de la caña de azúcar en la superficie cultivada en la provincia fue acompañada también por un significativo descenso en la cantidad de productores. Entre 1970 y 1976 la cantidad de cañeros se redujo de 17.650 a 14.190^[11], teniendo un nuevo descenso durante los años de la dictadura, hasta llegar a 13.589 cañeros en 1983 (Campi, 1990: 15). Según el Censo Nacional Agropecuario de 1988, los productores de caña eran por entonces 9.711, valor que se redujo a 7.373 en 1996 (Giarraca, 1998/99), y a 4.593 en el año 2002.^[12]

A partir de 1991, gran cantidad de pequeños productores no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones que impuso la desregulación y, por lo tanto, no lograron mantenerse en la actividad (Tabla 3).

Tabla 3. Cantidad de productores y hectáreas con caña de azúcar,
según tamaño de las explotaciones. 1988-2002

Tamaño	1988		2002
	Cant. de productores	Superficie (ha)	Cant. de productores	Superficie (ha)
Hasta 10 ha	52,9	7,8	65,5	4,9
De 10 a 100 ha	40,0	30,9	29,9	21,0
Más de 100 ha	7,1	61,3	4,6	74,1
Total	100 (9.711)	100 (211.678)	100 (4.593)	100 (185.000)

Fuente: datos del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán, en La Gaceta, 2/11/2003, 3.ª Sección, p. 4.

Entre 1988 y 2002 desaparecieron el 41% de los productores de caña con menos de 10 hectáreas (reducción de 5.133 a 3.009) y el 64% de los productores que tenían entre 10 y 100 hectáreas (disminuyeron de 3.883 a 1.373), los que a su vez tuvieron una reducción del 45% y del 41% en las hectáreas que ocupaban. Estos dos grupos estaban compuestos mayoritariamente por pequeños productores de hasta 20 ha, y el resto eran productores medianos. En el caso de los grandes productores o empresarios (más de 100 ha), si bien su número se redujo en un 69% (de 695 a 211), eran una minoría que sufrió la menor disminución en la superficie con caña (solo un 13%). Es decir que fueron años en los que tuvo lugar una mayor concentración de la actividad cañera de la provincia: mientras que en 2002 el 5% de los productores, los grandes cañeros, concentraban más del 70% de la superficie con caña, el 65% de menor tamaño, representaban solo el 5% del total de hectáreas con caña.

De esa manera, en 2001/2002, luego de una década de implementada la desregulación:

… el 36% de las pequeñas unidades campesinas habían dejado de producir caña […] y se volcaron a la multiocupación, transformándose en cosecheros agrícolas migrantes dentro de la provincia (cosechas de papa, tabaco, limón, y arándanos) o fuera de ella dirigiéndose a San Juan, Río Negro y Bahía Blanca, entre otros destinos. (Bravo y Rivas, 2017: 251).

Las transformaciones regresivas que atravesó la agroindustria azucarera provocaron una nueva reducción en el peso que tenía en el PBG de Tucumán (Gráfico 4).

Fuente: 1970-1989: Gutiérrez, Jesús, 1990. 1993 y 1998: Medwid, 2008: 515, sobre la base de Gutiérrez y Rollán, 2002. 2000: La Gaceta, 29/7/2001. 2002: La Gaceta, 09/03/2003, 3.ª Sección.

Con posterioridad a la crisis de la segunda mitad de la década de 1960, la actividad azucarera redujo su peso a valores cercanos al 25% del PBG. Con la expansión de los primeros años de la década siguiente crece hasta representar el 30-35% de la economía provincial. Sin embargo, en los años de la dictadura su participación disminuyó, tendencia que se mantuvo en las décadas de 1980 y 1990. La desregulación redujo su participación de 20% a 10% de la economía provincial^[13].

Las transformaciones económicas regresivas que se analizaron provocarían un significativo deterioro laboral en una población activa que todavía no se había recuperado de los severos problemas de empleo que generó el cierre de los ingenios azucareros.

Un agravamiento de los problemas de empleo en la actividad azucarera

En las últimas décadas del siglo xx, la cantidad de trabajadores de la actividad azucarera tuvo una importante reducción. Las innovaciones tecnológicas que incrementaron la productividad agrícola e industrial, la mayor mecanización expresada en el mayor uso de cosechadoras integrales por parte de ingenios y grandes cañeros, y la menor cantidad de cañeros, ocasionaron un menor requerimiento de mano de obra.

Desde los años 70 se fue incorporando la cosecha semimecánica e integral. En el año 1972 todavía el 98,1% de la zafra cañera era manual, mientras que el 1,9% era semimecanizada. Sin embargo, ya en 1978 la cosecha manual se había reducido a 59,25%, mientras que las cosechas semimecanizada e integral representaban 25,3% y 15,5% respectivamente^[14]. La tendencia a la mecanización total o parcial de la cosecha continuó con los años, y en la zafra de 1993 se utilizaron en la provincia 23 cosechadoras integrales. Al año siguiente se incorporaron unas 20 cosechadoras adicionales (15 los ingenios y 5 las cooperativas cañeras) (Diario El Siglo, 7/01/1994, citado por Pucci, 1994). Para la segunda mitad de la década de 1990, Rofman estimaba que el 10% de la cosecha era manual, el 50% semimecanizada y el 40% mecanizada (1999: 172).

Estos procesos, y la reducción en el número de cañeros, ocasionaron una disminución considerable en la cantidad de trabajadores del surco^[15]. Entre 1975 y 1986, según datos del INTA, la cantidad de jornales por hectárea que se requerían para las tareas de cosecha y cargado se redujo de 44 a 22,4 (Lizarraga, 1991: 40). Mientras que en la década de 1970 se requería entre 40.000 a 45.000 cosecheros en los meses de mayor demanda de mano de obra para la zafra (agosto/setiembre), FOTIA estimaba ese valor entre 20.000 y 15.000 para la segunda mitad de la década de 1990. Según Barsky y Gelman, a partir de la desregulación, la incorporación de un gran número de cosechadoras integrales redujo el empleo agrícola en 10.000 puestos de trabajo (2001: 402), por lo que probablemente en los años previos a 1991 las tareas agrícolas de la zafra demandaban entre 25.000 y 30.000 trabajadores.

En estas décadas también hubo un descenso en la cantidad de trabajadores de fábrica pertenecientes a los ingenios. En 1968 y 1975 el personal ocupado llegaba a 21.000 y 22.000 trabajadores respectivamente (Lizarraga, 1991: 41). Sin embargo, con la dictadura ese número se reduce: entre 1976 y 1978, el número de empleados disminuye de 22.605 a 16.621^[16]. En el año 1986, los ingenios tenían 16.000 trabajadores ocupados (Lizarraga, 1991: 41-42).

Para fines del período considerado, 2001/2002, se estimaba en 8.600 los obreros de los ingenios en tiempos de zafra, de los cuales 3.800 eran permanentes (La Gaceta, 9/3/2003, 3.ª Sección, p. 1). Es decir que con la desregulación tuvo lugar un nuevo descenso significativo de los trabajadores de fábrica de los ingenios.

Es interesante notar que mientras entre 1976-1978 el porcentaje de empleados transitorios en las fábricas era de 72% y 66% respectivamente, a fines del período bajo estudio, el empleo transitorio representaba el 56% del total. Probablemente esta disminución se deba a que los despidos recayeron en mayor medida en los empleados transitorios, y a que durante los años 90 cobró mayor relevancia la figura del contratista. En un contexto de avance de la flexibilización laboral, diferentes tareas^[17], en particular desarrolladas por trabajadores transitorios, comenzaron a ser realizadas a través de contratistas cuyos servicios contrataban los cañeros e ingenios para reducir así los costos laborales (Giarraca, 1999: 39). Es decir que lo más probable es que el empleo informal se haya expandido sin estar registrado en relación de dependencia con los ingenios como consecuencia de ese proceso de terciarización^[18].

Los procesos mencionados llevaron a una nueva pérdida en el peso de los sectores agropecuario e industrial en el empleo total de la provincia (véase Gráfico 3). En 1980 ambos sectores representaban poco más de 35% del total de ocupados, mientras que a fines del periodo bajo estudio, ese valor se había reducido a cerca de 20%. Una parte de esta disminución se explica también por el creciente proceso de terciarización que se dio a través del mayor uso de contratistas, pasando una parte de los ocupados a ser empleados del sector terciario con condiciones de trabajo más precarias.

Durante las últimas décadas del siglo xx se mantuvieron como características del mercado de trabajo azucarero en la provincia los bajos salarios que cobraran los obreros, en particular, los transitorios que trabajaban en los surcos, la estacionalidad de la mano de obra; así creció la ocupación durante la zafra y miles de ocupados debieron subsistir los restantes meses del año mediante el empleo en otras actividades agrícolas o en las ciudades de la provincia, o bien, a través de la migración a cosechas en otras regiones del país. También se consolidaron las condiciones precarias de trabajo, la falta de viviendas adecuadas, el empleo informal sin aportes jubilatorios ni obra social, entre otros graves problemas laborales que afectaban a los trabajadores del sector (véase Giarraca, 1999).

De conjunto, la cantidad de trabajadores de la agroindustria azucarera tucumana tuvo una significativa caída en las últimas décadas del siglo pasado. En los años previos a la dictadura militar, la actividad se sostenía con más de 65.000 obreros ocupados en las fábricas y en los surcos, mientras que veinticinco años más tarde ese valor se encontraba entre 25.000 y 30.000 trabajadores. Con seguridad, estos procesos contribuyeron al crecimiento que tuvo la desocupación en el Gran Tucumán-Tafí Viejo, aglomerado que ya mostraba en los primeros años de la década de 1980 una tasa de desocupación cercana al 10%, superando ese valor desde 1985. En los años de la última recesión del siglo xx (1999-2002), la tasa de desocupación alcanzaba valores cercanos o superiores al 20% (Osatinsky, 2012a).

Reflexiones finales

La agroindustria azucarera, que desde el último tercio del siglo xix fue una de las actividades económicas más pujantes e importante del país, durante la segunda mitad del siglo xx experimentó un significativo declive: de representar el 50% del PBG en la década de 1950, su participación disminuyó hasta llegar a un valor cercano al 10% en 2001/02.

Desde fines del siglo xix, la expansión de la actividad azucarera contó con la acción del Gobierno Nacional que garantizó la monopolización del mercado interno en beneficio de la producción tucumana mediante diversas medidas proteccionistas (Campi, 1998: 9). Con el correr de las décadas quedó claro que, al ser una producción que encontraba un límite a su expansión en el consumo inelástico que tenía en el mercado interno, requería de la continuidad de la protección y regulación estatal. Cuando a partir de 1955 el Estado fomentó políticas de desregulación, provocó un agravamiento de las crisis de la actividad azucarera provincial.

A partir de entonces, la política azucarera nacional, justificándose con la intención de alcanzar mayores niveles de eficiencia y productividad, benefició los sectores más concentrados. En la segunda mitad de la década de 1960 la actividad atravesó la crisis más grande de su historia con el cierre de once ingenios, lo que profundizó un proceso de concentración y centralización de la producción que tuvo continuidad durante todo el período estudiado. A través de diferentes innovaciones técnicas, un proceso de modernización de los ingenios, y un notable avance de la mecanización de la zafra, los grandes industriales y cañeros concentraron la mayor parte de la agroindustria. La desregulación de 1991 dio un importante impulso a estas transformaciones.

Los más perjudicados por los cambios regresivos que caracterizaron a la actividad azucarera fueron los pequeños cañeros y los trabajadores. En el marco de una importante disminución en el número de cañeros (de aproximadamente 20.000 en 1963/5 a menos de 5.000 en 2002), los productores de hasta 10 hectáreas fueron los más afectados: en 1963 representaban el 84% de todos los cañeros y concentraban el 33% de la superficie con caña, mientras que en 2002 esos valores habían disminuido hasta 65% y 5% respectivamente. Por su parte, los productores de más de 100 hectáreas, que representaban cerca del 5% del total, incrementaron su peso en la superficie con caña de 61% a 74% en 1988-2002. Es decir que se agravó la desigualdad en la distribución de la superficie con caña.

En cuanto a los trabajadores, la crisis azucarera de la segunda mitad de los 60 ocasionó la pérdida de más de 40.000 puestos de trabajo. Desde la década de 1970, las innovaciones técnicas, el avance de la mecanización de la cosecha, y la disminución en el número de cañeros, redujeron el número de trabajadores en las tareas agrícolas de la zafra de 45.000 a 15.000 o 20.000 en los últimos años del período bajo estudio. A su vez, los obreros de fábrica pertenecientes a los ingenios, pasaron de ser 22.000 en la primera mitad de la década de 1970, a 16.000 luego de la dictadura, decreciendo nuevamente sobre todo a partir de la desregulación de 1991 hasta alcanzar un valor menor a 10.000 trabajadores en 2001/02. Estos valores reflejan el significativo deterioro laboral que ocasionaron los procesos de “modernización” y de concentración de la producción que caracterizaron a la actividad durante la segunda mitad del siglo xx.

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