Si se retoma el esquema teórico adelantado en los primeros apartados, se puede advertir que múltiples dimensiones configuraron el accionar del Estado empresario argentino entre finales de la década del sesenta y principios de los años noventa del siglo pasado. Distintos intereses, orientaciones (estratégicas y coyunturales) y necesidades (públicas y privadas) impactaron, a su manera, sobre la historia abordada en las páginas precedentes.

Como se ha visto, la aproximación adoptada se resolvió principalmente en torno al estudio de un aparato burocrático específico: Petroquímica General Mosconi. Pero es necesario tomar también en consideración que, en tanto la estrategia política expresa la pugna de las distintas fracciones de clase dominantes, toda acción estatal tendrá un correlato sobre los actores del resto de la economía y, en tanto campo de disputa del poder social, definirá el rumbo macroeconómico general, que no puede obviarse (como el pasaje de la industrialización sustitutiva al modelo de Convertibilidad). Por otra parte, al reconocer que lo estatal se halla articulado con una determinada estructura de clase, el análisis deberá tener como sustrato inevitable al Estado como pacto de dominación: los intereses de las fracciones de clase que son atendidos no permanecieron inmutables durante el periodo más arriba analizado, cuando se produjo una pérdida de importancia de la acumulación manufacturera a manos de la valorización financiera. Por último, como el componente ideológico arbitra los posibles rumbos a tomar, la intervención del Estado –o de sus empresas– sólo podrá desarrollarse y sostenerse en el tiempo en tanto pueda justificar con su accionar la defensa de los “intereses universales” de la comunidad. De tal modo, se vislumbra que es necesario considerar estos cuatro planos de análisis (más o menos explícitamente) para realizar un abordaje exhaustivo sobre la conformación y la trayectoria de cualquier empresa estatal: como aparato burocrático, campo de disputa política, manifestación de las alianzas dominantes de clase y disposición ideológica.

Por su parte, la configuración y orientación dadas por el particular pacto de dominación y su correspondiente visión acerca de cuáles eran los “intereses universales” de la nación mostraron un giro completo en el lapso estudiado: obviando la singularidad de la coyuntura específica, en 1970 el bloque histórico permitió la emergencia de una firma estatal de primera magnitud, que –aunque con rezago respecto a la experiencia de países similares– erigió en el país una empresa petroquímica que, en su línea productiva (los aromáticos), resultaba de fuste a escala latinoamericana. En 1993, en cambio, no parecía existir más opción que la de proceder a su venta, sin importar el costo. Poco importó que el Estado hiciera un mal negocio al traspasar la totalidad de las acciones a YPF, reconvertida en Sociedad Anónima y a punto de comenzar su propia enajenación, tras varios intentos fracasados de adjudicar la empresa a capitales privados. Es elocuente recordar que los primeros intentos de privatización habían sido durante la gestión de Martínez de Hoz (1976-1981) pero la particular circunstancia económica y política, que parecía habilitar la participación del capital privado en Mosconi, se esfumó prontamente.

En el mismo sentido, y con relación al modelo de acumulación vigente en cada momento, al fundarse PGM la apuesta pasaba por la profundización del modelo de industrialización sustitutiva que estaba pasando por su mejor trayecto, más allá de sus bemoles. Además, un nuevo status para las empresas públicas le permitió al proyecto ganar autonomía al establecerse como una Sociedad Anónima, sujeta al derecho comercial privado, sin depender del Tesoro y libre de regulaciones estatales. Además, y no casualmente, la ideología imperante actuaba en un mismo sentido: se propugnaba que debían acrecentarse las capacidades manufactureras y se aprobaba que el Estado cumpliera un rol importante en la dirección del proceso de desarrollo. Las industrias estatales pasaban a ocupar así un papel preponderante, ya que podían cumplir con ambos requisitos a un mismo tiempo. Siempre que fueran eficientes.

A principios de los setenta esas dos directrices –industrialización e intervencionismo–, no eran motivo de querella por parte de las distintas fracciones de capital que buscaban forjar alianzas hegemónicas. Más bien, las reclamaban. A la par, el propio proceso económico demandaba insumos industriales cuya oferta no era cubierta por las empresas privadas (en cantidad suficiente, al menos). Es así como, en el caso de PGM, el accionar estatal respondió a los requisitos de las “unidades de capital”, pero no tanto “defensivamente” en el mantenimiento de las condiciones de la valorización o el amparo de la tasa de ganancia, sino atendiendo a la necesidad de una decidida acción de impulso industrial.

Dentro de las razones que motivaron la aparición y evolución de Mosconi, puede incluirse la necesidad de crear condiciones favorables para la acumulación del capital privado, el aprovechamiento de las posibilidades que se le presentaban al Estado para influir sobre la orientación de la macroeconomía y la estructura económica local, la preocupación estratégica y por la autosuficiencia  industrial emergente desde las fábricas militares, la tentativa de suplir a los empresarios nacionales en su rol modernizador y realizar las inversiones de riesgo y largo plazo que a éstos no interesaban, la aparición de una amplia corriente de opinión contraria a las inversiones extranjeras y favorables en cambio al predominio estatal, entre los principales factores.

El ejemplo de Mosconi sustenta asimismo la idea que el Estado empresario en Argentina tuvo una injerencia creciente en el sector manufacturero durante la posguerra, ampliando y diversificando sus funciones económicas y modificando su papel previo, centrado en la provisión de servicios e infraestructura. Por el contrario, al decidirse su venta el consenso hegemónico se había vuelto hacia el severo mantenimiento en funcionamiento el modelo de apertura económica y valorización financiera implantado con la Ley de Convertibilidad en 1991 y la reducción del papel del Estado hasta su mínima expresión posible.

Por otra parte, de entre los diversos mecanismos de fomento descriptos al inicio, quizá para Mosconi el principal fue la política general de fortalecimiento de empresas enormes concentradas en sectores explícitos de la industria pesada. En este caso, la empresa estatal actuaba igual que las privadas, beneficiándose con las medidas de promoción industrial, el fomento de exportaciones “no tradicionales” y del generoso financiamiento otorgado por instituciones públicas nacionales (en especial el BANADE); elemento que jugó un papel preponderante a la hora de su implantación. Por otra parte, el Estado asumió tareas tradicionalmente dejadas en manos del mercado, al ingresar en la producción de bienes hasta entonces reservados para el sector privado. Inducida fundamentalmente por la DGFM, Mosconi ejerció tareas que se fundaron en consideraciones alegadas como “estratégicas” y “modernizantes”, al avanzar con la producción local de insumos (petroquímicos) de uso difundido que el propio crecimiento industrial exigía.

En la misma dirección puede señalarse la política tecnológica adoptada por la empresa, que es otra arista que permite caracterizar la “intervención por arriba”. La investigación científica que desarrollaba Mosconi –en sus instalaciones o financiada por ella– obedecía en primera instancia a preocupaciones y requerimientos del proceso productivo propio, pero también incorporaba una visión de mayor aliento que, en gran parte, excedía a las necesidades de la empresa. Mediante la asociación generaba innovaciones que se encontraban disponibles para otras firmas también. Las medidas ensayadas para favorecer la llegada de otros establecimientos a Ensenada y terminar de constituir allí un polo petroquímico también son indicativas de esta intervención estratégica, aunque en este caso los frutos cosechados se encontraron lejos de lo anhelado por la Petroquímica.

De suyo, el espectro ideológico que vio nacer y emprender actividades a esta empresa permitía e incluso impulsaba la ampliación de la intervención estatal directa. En adición, la inversión pública facilitaba la dinamización de los capitales privados en los encadenamientos “aguas abajo”, al ofrecer materias primas a gran escala y bajo precio. Es decir que el fundamento ideológico tenía efectos económicos muy concretos. Lo mismo –aunque en la dirección contraria– puede afirmarse cuando se realizaron los primeros intentos en este sentido, durante la última dictadura, o más aún con respecto al momento en que se privatizó la compañía. Lo ideológico y lo económico se revelan en consecuencia como dos caras complementarias del proceso histórico, entendido como la unidad del devenir social.

Cuando se terminó de desarticular el proyecto que basaba el desarrollo del país en la industrialización, PGM perdió su razón de ser. En sus orígenes, dentro de la hipótesis adelantada respecto al funcionamiento del complejo estatal–privado, puede pensarse que la apuesta por PGM fue una intervención que actuó “por encima” del sistema económico, al multiplicar las capacidades manufactureras locales. Como ya se adelantó, en este sentido su accionar respondió a las necesidades del “capital en general” más que a demandas de “unidades de capital” específicas (por más que a algunas haya favorecido concretamente en su accionar). En adición, aunque la exploración de las relaciones que PGM tejió con otras empresas del sector apareció de manera lateral en esta tesis, poca duda puede caber acerca de la trascendencia que tuvo su implantación y evolución en el devenir del sector fabril y petroquímico. Se apoya así aquella idea de Schvarzer acerca del papel rector del Estado en el trazado de la estructura industrial argentina de posguerra, con los límites y méritos que ella pudo tener.

Paralelamente, se repasaron algunas aristas referentes a la complicada imbricación de Mosconi con YPF que era, a la vez, accionista, proveedora de insumos y usuaria de sus productos y que, al mismo tiempo, siendo la insignia del Estado empresario, debía además responder al juego político con sus propias presiones y vicisitudes. Las mismas afectaron de manera notoria a PGM, cuyo mejor ejemplo probablemente fue la constante carencia que soportó en la provisión de nafta virgen en nivel y calidad adecuados, y que –más allá de su propia situación o la del entorno macroeconómico– le impidieron alcanzar incluso mejores resultados productivos. Como se ha visto, los trances de la DGFM también tuvieron su impacto innegable; el mejor ejemplo quizá fue la propuesta de disminución del patrimonio neto de la Petroquímica para poder captar recursos extraordinarios.

Más allá de la dinámica externa de Mosconi (referida a su imbricación con los mercados y tratos con otras empresas e instituciones, dentro y fuera del sector petroquímico), también se han vislumbrado algunas particularidades referidas a su constitución interna, en función de lo que hemos denominado el “arreglo institucional”. Expresado más brevemente, las incidencias de la gestión pública en la firma. En ese sentido, la respuesta desde los órganos directivos no estuvo exenta de contratiempos. Por un lado, se logró mantener a la empresa arrojando resultados positivos durante la mayor parte del período de control estatal, para lo que resultó esencial la flexibilidad de la tecnología adoptada, que permitía adaptar fácilmente el mix de productos frente a los vaivenes de la demanda. La estrategia exportadora (y la fundación de la subsidiaria PETRAR en Houston como ostensible demostración), frente a un mercado interno en permanente contracción, mostró la mejor performance de PGM. Asimismo, la búsqueda de crecimiento constante de la producción (con importantes inversiones para ampliación de la capacidad original y la ejecución del PAO) mantuvo a la empresa como una de las principales industrias inversoras del país.

Al margen, debe recordarse que las ganancias de productividad (expresadas en los valores físicos) no siempre se condijeron con un mayor provecho económico (considerando valores monetarios). Ello permite indicar la preponderancia de las condiciones de valorización vigentes en el mercado para explicar los resultados finales de la Petroquímica: las contrariedades vinieron menos de la ineficiencia productiva que de las dificultades macroeconómicas que enfrentó la empresa en el mercado externo y especialmente, en el local. Con todo, PGM logró constituirse como un modelo de referencia de la producción petroquímica e industrial del país.

De otra parte, algunas aristas mostraron un panorama menos halagüeño: por ejemplo, el proceso de inversiones reveló importantes fallas en la gestión de proyectos. Decisiones equivocadas (la continuidad del proyecto DMT/PTA, la política de autofinanciar la totalidad de las inversiones, entre otras) aparejaron complicaciones financieras importantes para la firma, especialmente durante los años ochenta. Se agregarían, de ese modo, inconvenientes a un escenario macroeconómico de suyo espinoso, frente al que no se reaccionó adecuadamente. Inclusive a más largo plazo, puede señalarse el relativo fracaso en llevar a cabo la instauración de un polo petroquímico en Ensenada –explícitamente el principal objetivo de la Dirección de la empresa durante el período analizado– como asimismo en los pobres resultados obtenidos en las compulsas por provisión de tecnología en otros mercados (más allá de lo que, de por sí, pudo expresar el haber llegado a participar en las mismas).

Sin embargo, con toda la magnitud que se les quiera dar, estas dificultades no alcanzan para abonar la consideración acerca de la ineficacia intrínseca de las empresas del Estado en Argentina. Este argumento –frecuentemente blandido desde finales de los ochenta con la (re)construcción del consenso neoliberal– palidece frente al examen de la rentabilidad de Mosconi: considerando todo el período bajo análisis, el resultado final arrojó quebrantos para la empresa por única vez en 1989, de la mano de la abismal crisis que transitaba la economía nacional por ese entonces.

Finalmente, puede decirse que las directrices emergentes del contexto político–ideológico más general enmarcaron las posibilidades para que el Estado manejara una firma manufacturera que buscaba intervenir directamente en la producción de bienes económicos. Más en específico, el espacio de lo político para intervenir sobre la esfera económica quedó históricamente delimitado por el cruce de dos dimensiones diferentes, pero mutuamente imbricadas: las necesidades del capital actuante en el territorio nacional (profundización de la industrialización o apertura económica y valorización financiera) con relación a la ideología dominante en cada período (favorable a la intervención o de hegemonía antiestatal). Las modulaciones de ese plano bidimensional definieron los sentidos, posibilidades y formas que podía adoptar la intervención estatal. Por su parte, los resultados concretamente alcanzados se deben precisar en referencia a factores externos e internos de la empresa. El primer elemento alude al contexto macroeconómico de los distintos mercados en que actuaba (esto es, tanto locales como internacionales), mientras el segundo apunta al rumbo adoptado por la gestión frente a los cambiantes escenarios.

En conclusión, el lapso que corre entre entre la fundación de Mosconi y su privatización obra como señal del giro completo de los dispositivos fundamentales –políticos, económicos, sociales, ideológicos– de la estrategia de desarrollo seguida en nuestro país entre 1970 y 1993. La decisión de adoptar como mirador la experiencia de la Petroquímica General Mosconi bajo control público ha permitido evaluar acaecimientos y particularidades del Estado empresario nacional de posguerra. No obstante ello, su calibre no se ve allí agotado ya que, en adición, permite alumbrar la dirección y la magnitud del cambio histórico que transitó la sociedad argentina durante el último cuarto del siglo XX.