1952-1958

Silvana Ferreyra (INHUS-CEHis-UNMdP, CONICET)

Introducción

En este capítulo nos proponemos realizar el seguimiento de las denuncias por “el negociado de los folletos”, un escándalo de corrupción que involucró altos funcionarios peronistas durante la gestión del gobernador Domingo Mercante en la Provincia de Buenos Aires y continuó dando que hablar para la Comisión Nacional de Investigaciones, impulsada por el golpe de estado de 1955. El trabajo se enmarca en un proyecto que apunta a identificar rupturas y continuidades en los usos políticos de la acusación de corrupción, para indagar el modo en que se han vinculado con referencias críticas al peronismo o como herramientas de legitimación durante las transiciones gubernamentales, algunas de ellas marcadas por los golpes de estado. Nos hemos enfocado en este episodio porque nos permite identificar, en una misma causa y en un lapso muy corto, las variaciones en torno a los significados de corrupción que desplegaron actores identificados con distintos partidos políticos.

Nuestro trabajo se enmarca en un enfoque que se ha dado a conocer como “nueva historia de la corrupción”^[2], uno de cuyos principales objetivos es evidenciar cómo la percepción sobre lo corrupto se ha modificado según las intenciones de los actores y los distintos contextos históricos y sociales. Al respecto, Peña Guerrero y Bonaudo^[3] señalan que la corrupción debe estudiarse de manera dialéctica, como una práctica sociopolítica – casos y escándalos analizados como acontecimientos– y como una discursividad – representaciones y relatos–.

La propuesta de este libro, articulada en torno al proyecto “Juegos de escalas en la organización del peronismo: experiencias a ‘ras de suelo’, trayectorias y articulaciones”, me invita a poner en diálogo este enfoque con un universo de lecturas sobre microhistoria y escalas. Esos cruces me alertaron sobre la necesidad de revisar la noción de “usos políticos de la acusación de corrupción”, cuya elección buscaba enfatizar las formas en que el término corrupción se utilizó como arma de combate político. En línea con las propuestas de Koselleck^[4], sosteníamos que en el concepto de corrupción se encuentran sedimentados sentidos correspondientes a épocas y circunstancias de enunciación diversas y proponíamos que nuestro objeto de análisis fuese el modo en que los actores ponen en juego sus usos efectivos. En concreto, esta perspectiva propone que los lenguajes políticos son constitutivos de las prácticas políticas y, de ese modo incorpora la dimensión pragmática al análisis de los textos.

Aunque no como contrapunto a las elaboraciones de Koselleck, algunos representantes de la historia pragmática han planteado recaudos respecto a la noción de usos. Angelo Torre criticó la propuesta de Roger Chartier en torno a la historia de las prácticas culturales, como un enfoque que se concentra sobre las “modalidades de uso de cada objeto o gesto”, pero se inspira de “materiales” (las representaciones”) que “dan lugar” a una “multiplicidad de prácticas”. ^[5] En esa línea, la fórmula de los usos políticos conlleva el riesgo de una historia que subsume las prácticas en el interior de las representaciones. En otras palabras, pero en el mismo sentido, para Mariana Garzón Roge^[6] la clave reside en que las representaciones no deben pensarse como meros escenarios de la acción, una afirmación que los historiadores de los lenguajes políticos podrían compartir, tal como lo han demostrado en su crítica a la “historia de las ideas”^[7]. En esa línea, para Simona Cerruti el problema no reviste en la propia noción de usos, sino en la distinción analítica entre los usos de los actores y las imágenes y creencias “originales”, que se transfieren a otro nivel de análisis, a un plano que los trasciende. ^[8] En ese marco, el método de análisis que propone la autora busca reconstituir contextos culturales a partir de la actividad de selección de los actores. En este esquema, antes que descartar la idea de usos, podríamos pensarlos como acciones en términos de legitimación.

Pero si el foco de la investigación se desplaza de las variaciones en el concepto de corrupción a las acciones de legitimación que sostienen las denuncias ¿Cómo comparar esas acciones de legitimación en distintas coyunturas sin suponer que existe una dimensión semántica de los conceptos, que no es deducible solo de los hechos sociales y políticos a los que refieren? En las próximas páginas no daremos respuestas definitivas, pero buscaremos construir un análisis que se construya a partir de gestos reflexivos en torno a los cruces entre historia política y cultural que la nueva historia de la corrupción propone.

En el primer apartado revisaremos algunas aproximaciones a este enfoque, haciendo hincapié en las miradas que se desplegaron sobre la comunicación política de la corrupción en la experiencia argentina. En la segunda sección desarrollaremos una aproximación al denominado “negociado de los folletos”, nombre con el que la prensa designó uno de los escándalos de corrupción que tuvo mayor repercusión tras la salida de Mercante del gobierno peronista en 1952. En el tercer título repasaremos algunos tramos de nuestra investigación sobre la Comisión Nacional de Investigaciones, para observar el desarrollo de la misma causa tras el triunfo del antiperonismo. En las reflexiones finales buscaremos retomar algunos ejes que nos permitan comparar ambas coyunturas.

Las acusaciones de corrupción, entre peronistas y antiperonistas

La nueva historia sobre la corrupción llama la atención sobre la necesidad de escapar de cualquier visión esencialista del fenómeno y, en su lugar, propone enfoques contextuales. Aunque ha tenido sus orígenes en investigaciones que exploran las fronteras de la modernidad, varios estudios han mostrado su potencialidad para abordar problemas en los siglos XIX y XX. Gemma Rubí Casals y Luis Ferrán Toledano^[9] brindan una buena síntesis para definir sus alcances:

¿Por qué historiar la corrupción política? Pensamos que sirve para entender las variaciones producidas en las visiones del mundo sobre la buena vida, los intereses públicos, la función y el lugar del gobierno, así como el papel de la integridad o del vicio en las cambiantes esferas públicas y privadas. Es mucho más, por tanto, que malversar, prevaricar, cohechar, defraudar, falsificar o traficar influencias. El significado de la desviación ha mutado en el tiempo y entre las distintas sociedades. Las percepciones del abuso, del bien común o de los beneficios privados son construcciones sociales concretas, proceden de evaluaciones morales cuyo tenor depende de procesos de impugnación y de conflictos acaecidos en espacios y momentos precisos.

Así, la existencia de dos coyunturas donde proliferaron las denuncias de corrupción, separadas por poca distancia temporal pero promovidas por actores políticos con identidades contrapuestas, nos brinda una excelente oportunidad para la crítica de un enfoque esencialista o moralizante.^[10]

Paralelamente a la cobertura que nos brinda este marco general, un análisis sobre la bibliografía que ha estudiado escándalos de corrupción en la historia argentina nos ha permitido delinear dos tradiciones. Por un lado, podríamos identificar a quienes han conceptualizado las denuncias de corrupción como gestos de defensa de las instituciones democráticas. En esta línea, existe un acuerdo bastante generalizado para identificar las denuncias de 1890 contra el presidente Juárez Celman y las movilizaciones del 2001 como parte de esta tendencia.^[11] Sin embargo, sólo algunos actores aceptarían conceptualizar del mismo modo las experiencias de 1930, 1955 y 1976. En efecto, la evidente paradoja que se anuncia al descubrir que se trata de gobiernos de facto que acusan por supuestas “irregularidades” a presidentes elegidos por vía democrática, despeja cualquier posibilidad de lectura única. En oposición se articula entonces otra corriente, donde las denuncias de corrupción se califican como ataques a los gobiernos nacional-populares. En esta clave, en 1930 Hipólito Yrigoyen fue investigado, detenido y encarcelado a raíz de supuestos hechos de corrupción identificados por una comisión especial, organizada por el gobierno de Uriburu. En 1955 Perón y dirigentes de distintos niveles fueron investigados por las comisiones creadas ad hoc. En 1962 se sucedieron una serie de acusaciones de “corrupción generalizada” contra el gobierno de Arturo Frondizi en torno a cuestiones vinculadas al petróleo, el trigo candeal, el Banco Nación o Río Turbio.^[12] En 1976 el modelo de 1955 se intentó reiterar con la creación de la CONAREPA (Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial), en el ámbito del Ministerio del Interior de la dictadura cívico militar encabezada por Jorge Rafael Videla. Su objetivo fue investigar los patrimonios de la derrocada presidenta peronista María Estela Martínez, viuda de Perón, y unos 80 funcionarios de su gobierno y allegados.

Aunque políticamente contrapuestas, en una y otra interpretación, parece quedar claro que las transiciones políticas son coyunturas favorables para que proliferen las denuncias sobre corrupción. Un estudio de Manuel Balán nos muestra que no sólo debemos pensar las denuncias como escenas que se dirigen desde la oposición al oficialismo.^[13] Su hipótesis, fundada en los resultados de una investigación sobre escándalos en Argentina y Chile entre 1989 y 2007, era que la mayor parte de las acusaciones surgían de la propia coalición de gobierno. Así, el comportamiento modélico sería el de un actor que pertenece al gobierno y decide filtrar selectivamente información sobre actividades corruptas de otra facción, con vistas a fortalecer su posición dentro de él. Según Balán, la existencia de una oposición fuerte actúa como freno para esta estrategia, a la que denomina leap frogging. La lectura de Balán nos sugiere también una clave interpretativa más amplia, los escándalos de corrupción son juegos de disputa por el poder político.

Hace ya mucho tiempo las ciencias sociales han demostrado que la acción racional o la maximización de beneficios no son los únicos ni los más importantes motores del comportamiento humano. Asimismo, en línea con lo sugerido por Maurizio Gribaudi, podríamos suponer que raramente la dimensión ideológica es la única que construye la identidad. En efecto, para el autor italiano si uno “limaba bajo la ideología encontraba velozmente que las identidades eran construidas a través de la experiencia de vida, y de los recorridos concretos de la gente”.^[14] Estudiar las denuncias de corrupción que impulsaron peronistas y antiperonistas en torno a un mismo caso puede ser una buena propuesta para demostrar que la acción no está gobernada solo por la maximización de beneficios, pero tampoco únicamente por posicionamientos ideológicos.

El “negociado de los folletos”

El 4 de junio de 1952 Carlos Aloe reemplazó a Domingo Mercante en la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Aunque se trataba de dos gobernadores peronistas, la lucha interna que precedió al cambio de mando, nos advierte que se trató de una transición entre fracciones internas. En efecto, pocos días después Aloé iniciaba una investigación sobre la gestión de su antecesor, difundiendo la sospecha de “corrupción” y “deslealtad” peronista.^[15] Sus colaboradores más inmediatos fueron perseguidos: los ex ministros Julio C. Avanza, Miguel López Francés y Raúl Mercante por caso, fueron encarcelados y el Fiscal de Estado, Arturo Sampay –de destacada tarea en la elaboración del texto constitucional de 1949– debió huir al Paraguay; Pedro Poggio, subsecretario de Obras Públicas, fue torturado y mantenido casi tres años preso.^[16] Marcilese lee esta serie de sucesos como una operación judicial para eliminar la influencia política del equipo dirigente que había conducido los destinos de la provincia de Buenos Aires con Mercante. En palabras del autor, “era necesario que sus referentes desaparecieran rápidamente de la escena política, en especial luego de una gestión exitosa donde los ministros provinciales tuvieron una fuerte exposición pública”.^[17]

Nos detendremos aquí en uno de esos escándalos, titulado por el diario Crónica Popular como “el negociado de los folletos”. A grandes trazos, se acusaba a un grupo de ministros, funcionarios del estado y empresarios periodísticos de enriquecerse a partir del manejo irregular de partidas destinadas a publicidad. Los actores, con diferentes niveles de protagonismo, fueron: Julio César Avanza, ex ministro de educación; Miguel López Francés, ex ministro de Hacienda; Alberto Luis Romanó, ex secretario general de la Gobernación y Rodolfo Cano, ex jefe de publicaciones del Ministerio de Educación. La supuesta asociación ilícita se completaba con el ingeniero Hugo Francisco Stunz, director del diario El día; Otelo Orlandi, gerente de la misma empresa periodística; su hermano Orlando León Orlandi, empleado del periódico; Federico Mucciolo, también personal del diario y un tercer hermano, Olindo Ovidio Orlandi, administrador de los diarios el Atlántico de Bahía Blanca y El Regional de Punta Alta.

El affaire se desglosó en varias causas judiciales, cuyas investigaciones formaron distintos expedientes. En una de ellas, por ejemplo, se culpaba a Federico Mucciollo por el cobro de tres cheques emitidos a su orden por 5.400.000 pesos. El delito no residía en el cobro, que estaba destinado a cubrir los gastos y las ganancias que la empresa El Día obtendría por la impresión de folletos. El perjuicio se vinculaba a que el cobro se habría realizado cuando la impresión no estaba completa. Se rumoreaba que la defraudación a la administración pública se habría llevado adelante gracias a una serie de irregularidades administrativas, entre las que se destacaban las dificultades interpuestas para evitar la realización del trabajo en los Talleres Oficiales y las desprolijidades en el curso burocrático de la autorización. En el segundo caso, se acusaba al secretario general de la Gobernación y a los ministros de Educación y Hacienda por autorizar una serie de publicaciones en el diario Crónica, una publicación a la que el juez consideraba como fantasma, pues suponía que sólo editaba 30 o 40 ejemplares, lo que ponía en cuestión la legitimidad del cobro de un millón y medio de pesos por los anuncios. Como agravante, se señalaba que algunas publicaciones se habrían pagado dos veces, o que figuraban anuncios en días en que el periódico no salía a la calle. Una maniobra similar, descripta como “falsa publicidad” pero menos detallada, se suponía que se habría desarrollado con las 45 órdenes pagadas a diarios regionales de Bahía Blanca por 900.000 pesos. La culpabilidad del ministro Avanza se consideró más grave que la de los otros sospechosos, pues los gastos se imputaban al Plan Integral de Edificación Escolar, segmento del presupuesto que controlaba su cartera. El círculo se cerró cuando la declaración de Cano confirmó que estas transacciones se realizaban por pedido del hijo del gobernador Mercante, quien utilizaba a los hermanos Orlandi como representantes en su empresa periodística.

Aunque finalmente no aparece entre los imputados, el director de Impresiones Oficiales también se ve involucrado tempranamente en el escándalo. Camina fue acusado por firmar una nota en la que aceptaba la imposibilidad del organismo que dirigía de imprimir esa cantidad de folletos y habilitaba así la posibilidad para contratar un privado. La acusación fue resistida por el personal de la oficina, que organizó una movilización al Ministerio de Gobierno para evitar la exoneración. Para restar legitimidad al movimiento, el periódico Crónica Popular señala que el propio director habría decretado un asueto para favorecer la concentración, a la que igual no habrían asistido más de cien personas (sic!). Asimismo, mencionan que el Sindicato de Obrero Gráficos recomendó a sus afiliados no asistir a la movilización.^[18] Estas disputas entre los actores muestran “a ras de suelo” las tensiones generadas por las acusaciones de corrupción, dibujando fronteras que atravesaron distintos ámbitos del estado y del partido.

Sólo este pantallazo por los involucrados nos alcanza para suponer que la causa era el emergente, no sólo de una disputa entre políticos, sino también entre periodistas. En este sentido, el diario Crónica Popular, publicó a mediados de 1952:

Alguna vez dijimos que escribíamos con el pensamiento puesto en Perón y no con las manos puestas en el bolsillo, porque entendemos así servir a la patria que tienen en el conductor reunidas las más excelsas virtudes. Hacer periodismo honesto, veraz y orientador, aportar ideas y dilucidar problemas públicos es servir lealmente al peronismo y a la causa del pueblo. Y en eso estamos, abnegadamente, sin desconocer que nuestra posición nos priva de recursos que otros disponen en abundancia, denunciando inmoralidades, desenmascarando a los arribistas y arrastrando el criterio de los que hasta ayer creían que estar contra la corrupción y el peculado significaba pretender remontar contra la corriente.^[19]

En las acusaciones el problema no parece ser la publicidad de gobierno, sino la forma incorrecta de asignarla y el enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios, que desviaban fondos estatales con fines privados. Para el diario que oficiaba como motorizador de la denuncia, la dilapidación de estos bienes estatales era también una expresión de lo corrupto:

Los que se enriquecían, se exhibía desenfadadamente paseando en lujosos automóviles último modelo adquiridos con el producto de la maniobra, concurrían al hipódromo donde hacían fuertes apuestas en medio de la más ostentosa desvergüenza y festejaban a menudo en grandes bacanales su condición de nuevos ricos.^[20]

En Bahía Blanca la disputa periodística se evidenció de manera más directa. El Atlántico y La Gaceta, dos periódicos alineados con facciones enfrentadas del peronismo local, protagonizaron las tensiones. José Marcilese reconstruyó estos enfrentamientos entre el grupo de Forteza, con más presencia en la escena municipal y sindical y el grupo alineado con los ministros Avanza y López Francés. El Atlántico, comprometido en las denuncias, era propiedad del grupo ALEA S.A., la empresa concebida por el gobierno para administrar medios de comunicación afines, y vinculada comercialmente al círculo inmediato de Mercante. Por el contrario, La Gaceta, habitual defensor de la línea política de Forteza, publicitó tempranamente la denuncia policial que en 1952 se había registrado contra los ministros oriundos de Bahía.^[21] En esta línea, escribieron en sus columnas:

La Gaceta fue el primer diario del país, como auténtica voz del peronismo que dio a conocer la situación irregular en varias maquinaciones efectuadas en el ex gobierno del Coronel Mercante. Cuando dimos a conocer en forma fehaciente dicha situación, no faltaron quienes en nuestra ciudad salieron en defensa de los inculpados, diciendo que se trataba de “calumnias”.^[22]

Al igual que muestra el episodio de la movilización defensa del director de Publicaciones Oficiales, las acusaciones no resultaron legítimas para todos los actores. A la vez, se desplegó una disputa entre peronistas y antiperonistas para ejercer el rol de denunciante. Democracia, diario radical de Bahía Blanca, publicó en su editorial:

Si hubo quienes, no teniendo autoridad moral, por haber sido beneficiarios de las exacciones cometidas –bastaría constatar las ediciones de diversas fechas– lanzaron a vuelo las campanas del escándalo, nosotros, juiciosamente, precisamente por nuestra especial posición, guardamos que la justicia dijera su última palabra, siempre responsable y autorizada.^[23]

¿Cuándo una denuncia es veraz o cuando se utiliza únicamente para desprestigiar a un dirigente? Si bien puede parecer un interrogante que apunta a develar el significado oculto de las acciones, en este caso, se trata de una preocupación que puede rastrearse en las publicaciones periodísticas:

No es de hoy que observa la ciudadanía como hombres que cargaron hasta poco antes de llegar a una posición pública medianía económica cercana al pauperismo, pero que ello no era motivo para tenerlos a menos, que apenas encumbrados en un cargo tal o cual, inmediatamente parecía aflorar en derredor de ellos bonanza económica, que nunca puede estar en relación con los emolumentos que se percibe. Casas, automóviles, campos, adquisiciones diversas, diversiones costosísimas, vicios mostrados públicamente, Mar del Plata, ruleta, suntuosidad en los gastos, son índices más que suficientes como para sospechar que hay algo podrido en Dinamarca. La sagrada suspicacia del pueblo, de que nos habla el maestro Vaz Ferreyra, jamás se equivoca. Puede la insidia y la malignidad echar sombras sobre hombre público determinado, pero si éste ha sido austero, si no se ha visto complicado en feos negociados ni se ha beneficiado ilícitamente, solo malos ratos periódicos experimentará, alternados con satisfacciones de múltiples muestras de solidaridad a su persona. En cambio, esa sagrada suspicacia del pueblo castiga y lapida a quienes burlan la confianza puesta en ellos y se benefician ilícitamente en forma irritante y que cuando son descubiertas no hallan contemplación ni excusa valedera alguna. ^[24]

Es llamativo como para este diario antiperonista la culpa aparece más ligada a la condena moral que a la emitida por el poder judicial, del que seguramente desconfían por su reciente intervención. No obstante, el escándalo alcanza su momento cúlmine con la condena firmada en el mes de octubre de 1952 por el juez Nocenzo. El magistrado, condenó con semiplena prueba^[25], a Cesar Avanza a cinco años de prisión y a Cano y Romano por tres. Todos ellos fueron además inhabilitados de manera perpetua para desempeñar cargos públicos y tuvieron que pagar una pena pecuniaria. Las acusaciones refirieron al delito de defraudaciones reiteradas en perjuicio de la administración pública y violaciones a los deberes de funcionario público. Los empresarios-periodistas corrieron mejor suerte, ya que Orlando Orlandi recibió dos años como partícipe secundario y Otelo Orlandi fue absuelto. No se dictó condena para los prófugos. Aunque las penas vigentes en los códigos expliquen las diferencias en los años de condena, no puede dejar de ponderarse cierta relación entre la jerarquía en el gobierno de Mercante y la extensión de la prisión. Como contracara, el fiscal doctor Juan Carlos Bordoni, había solicitado penas más altas y equitativas para todos los acusados (Avanza: 10 años; Romano: 8 años; Cano: 8 años; Otelo Orlandi: 8 años y Orlando Orlandi: 6 años).^[26]

La condena fue revisada y confirmada en segunda instancia por los camaristas Martínez e Insua. Así, Avanza pasó tres años preso hasta su absolución el 7 julio de 1955, firmada por el juez Luis Migo.^[27]

Al calor del conflicto interno entre peronistas se habían acelerado estas causas y, es posible, que al ritmo del conflicto con el antiperonismo también se rubricasen las libertades para quienes habían sido considerados enemigos. La máxima de Balán^[28] sobre el leap frogging parece cumplirse a rajatablas.

Es posible también que otros factores más puntuales hayan incidido en la liberación, ya que el juez Nosenzo, quien había firmado la condena en primera instancia, fue detenido por participar de una asociación que organizaba robos a viviendas. Lo cierto es que, para octubre de 1955, muy pocos ponían en duda que la detención de Avanza había tenido causas políticas. Aunque las cosas podían volver a cambiar.

Avanza y la Comisión Nacional de Investigaciones en 1955

El 3 de octubre, la tapa de La Nación daba cuenta de los allanamientos para encontrar bienes mal habidos en las estancias del ahora ex gobernador bonaerense Carlos Aloé. Los acusadores se habían convertido en acusados. El 7 de octubre de 1955 estos procedimientos se institucionalizaron con la creación de la Comisión Nacional de Investigaciones. Este organismo, que se multiplicó en cientos de subcomisiones, se abocó a identificar irregularidades producidas por funcionarios del gobierno peronista, así como por particulares vinculados con la gestión depuesta.

En los considerandos del decreto 479/55 se aclaraba que las comisiones buscarían determinar responsabilidades y eso implicaba también encontrar a quienes se hubiesen desempeñado con probidad y eficiencia. La aclaración era válida porque no existía la presunción de inocencia durante el estado de excepción que impuso el gobierno de facto. En el proceso habitual la carga de la prueba residía en la parte acusadora, mientras que aquí era el acusado el que debía demostrar su inocencia. En un tono más vulgar, podríamos decir que las comisiones primero actuaban y luego preguntaban.

En efecto, los integrantes de las comisiones tenían la capacidad para realizar indagatorias a sospechosos y testigos; disponer y mantener incomunicaciones y detenciones; allanar domicilios con auxilio de la fuerza pública; dictar medidas precautorias para evitar la desaparición de los bienes ilícitamente adquiridos; intervenir libros y contabilidades de entidades; disponer exámenes periciales; extraer las constancias necesarias de registros de escribanos, bancos, Dirección General Impositiva, registro de la propiedad; entre otras posibilidades. Aun considerando estas cuestiones, las comisiones no estuvieron habilitadas para dictar sentencias definitivas, razón por la que se les sugería que “en aquellos casos en que surgiere de las investigaciones realizadas la presunción de la existencia de hechos delictuosos, las actuaciones deberán ser pasadas a la justicia competente”.^[29]

Las comisiones creyeron necesario indagar sobre todo lo que había acontecido durante el peronismo, incluso sobre los escándalos de corrupción que se habían denunciado durante ese gobierno. El “negociado de los folletos” no fue ajeno a esta revisión.

En la Provincia de Buenos Aires, se conformaron rápidamente la comisión provincial y la sub comisión de información legislativa de la provincia de Buenos Aires. En los primeros días, ex legisladores y funcionarios se presentaron en la Legislatura Provincial, donde se les tomó declaración. La declaración de Avanza, ex senador y ex ministro de educación, tuvo amplia repercusión mediática. Entre otras cuestiones, trascendió que había culpado al ex gobernador Aloe y al ex interventor del poder Judicial, Sr. Raúl Rodríguez de Felipe, de una acción persecutoria contra su persona. En efecto, de Felipe, amigo personal del Ministro de Asuntos Políticos, Román Subiza, también había sido señalado por la comisión número 15 como sospechoso de “obsecuencia desembozada hacia la dictadura”, al igual que otros jueces por él designados.^[30]

El Dr. Avanza efectuó denuncias contra “procedimientos policiales, también de carácter persecutorio, manifestados en allanamientos reiterados, requisas y otros procedimientos que se efectuaron en su domicilio de esta ciudad (La Plata), calle 45 entre 12 y 13, durante el largo período de su detención y que obligaron a su esposa e hijitos a abandonarlo para radicarse temporariamente en casa de familiares de la capital federal.”^[31]

En ese contexto, la comisión investigadora de la provincia dispuso rever la causa Avanza y denunciar por prevaricato a los funcionarios judiciales Bordoni, Nocenzo, Samuel Martínez y Carlos Insúa, resolviendo elevar los antecedentes al juez Granoni para que amplié la causa.^[32] En esa comisión, se denunció a varios de estos jueces (incluyendo a Luis Francisco Migo, quien había firmado la libertad de Avanza) porque “no se ha preocupado por la celeridad en el despacho de las causas sometidas a su decisión” lo que es considerado como “verdadera negligencia en el cumplimiento de sus funciones”.^[33]

Consciente de las denuncias que recaían sobre su persona, Martínez, el camarista que avaló la condena en segunda instancia, utilizó su declaración frente a la Comisión del Poder Judicial para poner el foco de la culpa en sus superiores, un recurso que se repite entre los acusados.^[34]

Se refiere en ella al proceso que se le siguiera a Julio César Avanza, exponiendo que si bien no recibió ninguna sugerencia directa, si lo fue indirecta, en circunstancias de desempeñarse en el cargo de vocal de la cámara tercera de apelaciones de este departamento. Textualmente dice “Lo que sí sé es que a mi conocimiento me llegó de que el gobierno quería que se mantuviera la sentencia que se había dictado en primera instancia, por el doctor Rogelio Nosenzo, contra Avanza, Decano y otros”.^[35]

Martínez relata haberse dirigido al interventor y a Control de Estado para que lo dejaran cesante, y evitar así al mismo tiempo infringir su labor como juez y tener problemas con el gobierno. La comisión de la Provincia de Buenos Aires retoma este testimonio para mostrar “la plena conciencia del doctor Martínez acerca del estado de cosas que imperaba en el Poder Judicial, al grado de verse necesitado a recurrir a órganos extraños para mantener incólume su independencia de criterio en su función de juez. Actitud que lo ennoblece”. ^[36]

Lo concreto es que las internas del peronismo también pasaron a integrar la agenda de la comisión, aunque de otros modos. Así lo evidencia, por ejemplo, el diseño del interrogatorio que se realizó a los legisladores, donde se efectuaron preguntas, tales como: “¿Usted era amigo de Mercante?”, “¿usted se alejó del peronismo en 1952?”, “¿cuál fue su posición ante lo que se ha dado en llamar la cuestión Mercante?”.^[37]

La Comisión de la Pampa nos muestra que ese accionar se habría replicado en distintos espacios regionales. Allí, mientras que Salvador Ananía, ex gobernador de la provincia, fue detenido por acusaciones varias; Justo Tierno, ministro de obras públicas durante su gobierno y detenido por intentar de asesinato al gobernador, fue liberado.

Pero en este caso, la pertenencia al mercantismo no fue condición suficiente para quedar afuera de las investigaciones. Por el contrario, para la comisión de la Provincia de Buenos Aires los ex gobernadores Domingo Alfredo Mercante y Carlos Vicente Aloé, acapararon la investigación de los hechos más salientes. En particular, el sumario que nos interesa aparece caratulado como “Ex gobernador Domingo A. Mercante. Domingo A. Mercante, hijo, Orlando Orlandi, Otelo Atila Orlandi, Julios César Avanza, Oscar Federico Mucciolo y Hugo Stunz. Defraudación a la administración pública por un importe aproximado de cinco millones de pesos, en concurso con el de violación de los deberes de funcionario público”. En el tratamiento de esta causa, que ya había sido juzgada en distintas instancias, se consideró necesario atender también a la culpabilidad del gobernador Mercante y de su hijo, figuras que no habían sido consideradas en los expedientes anteriores.

En otra causa similar, que sí se reproduce en detalle en las memorias, se reafirma la culpa de Mercante por dictar decretos y resoluciones tendientes a la publicación de avisos oficiales para que se adjudicaran a determinados periódicos discrecionalmente elegidos. Según describen los investigadores, la adjudicación de esos avisos se hacía por intermedio de la empresa La Plata Radio Publicidad, constituida por la hija del ex gobernador Marta Flora Mercante de la Greca, la que percibió en concepto de “comisiones” diversas sumas de dinero. Las comisiones recibidas eran abonadas por Orla Publicidad, sociedad constituida por los hermanos Orlandi, quienes a su vez cobraban a los periódicos y favorecidos por los avisos oficiales, en virtud de un convenio celebrado con el ingeniero Stunz, en representación del diario el día y de APA, empresa formada por los diarios El Argentino, El Plata, El Atlántico y El regional de Punta Alta, de cuyos directorios formaban parte Stuz, Orlandi y Mercante hijo. En sus declaraciones Marta Flora Mercante de la Greca y su marido declaran entregar el dinero a su hermano y desconocer los movimientos.

El veredicto de la comisión fue lapidario, y merece ser citado en extenso

Que todos estos elementos de juicio, análogos de los que surgen de otras investigaciones estudiadas por esta comisión, demuestran de una manera evidente que el sistema de corrupción implantado desde el más alto sitial de la República durante el régimen despuesto, se hizo carne en gran parte de los funcionarios públicos, con honrosas excepciones, y de algunos particulares vinculados con aquellos, todos los cuales, con desenfrenado afán de acumular riquezas ilícitas, pretendieron encubrir sus bajos apetitos con la bandera de las reivindicaciones sociales, procurando, al mismo tiempo, despojar a la república de sus bienes materiales y de los más estimados de carácter moral; y así vemos al ex gobernador de la primera provincia argentina formar una verdadera asociación ilícita con sus propios hijos y yerno, en la más aberrante concupiscencia, y entregar parte de los latrocinios practicados en común a su amiga Elfrida Isabel Catalina Constancia Ernst, secretaria de Eva Duarte, con la participación de pseudos periodistas, que no trepidaron en caer a su vez en el más abyecto de los delitos lesa patria: enajenar la libertad del pueblo poniendo a la prensa al servicio de la dictadura, para lucrar a su sombra.^[38]

En 1958, año de su muerte, la corte Suprema le brinda a Avanza su absolución definitiva. Nuevamente el clima político, ahora signado por la ley de amnistías con el ascenso de Frondizi, marca el ritmo de las acusaciones y las condenas por corrupción.

Reflexiones finales

Peronistas y antiperonistas denunciaron supuestos actos de corrupción, pero también –y quizás centralmente– se interrogaron en torno a quien tenía la legitimidad para constituirse como denunciante. En 1952 un grupo de peronistas que se mantuvo en el poder denunció a otra facción recientemente desplazada; mientras los antiperonistas no podían más que deslegitimar la capacidad de denuncia del sector oficialista. En 1955 fueron los antiperonistas quienes denunciaron a unos y otros, aunque sin ignorar los enfrentamientos previos. En esta oportunidad, los peronistas –acosados por la persecución–, utilizaron la acusación a sus superiores como recurso para intentar evadir las condenas.

Un texto de Sofía Tiscornia^[39] nos permite volver a pensar los “usos políticos de la acusación de corrupción” a partir de un paralelismo con los edictos policiales, a los que se recurrió durante el gobierno de Perón y en la “revolución libertadora”, como formas de controlar la disidencia política. Siguiendo a la autora podemos arriesgar que, en ambos procesos, se trató de “procedimientos de raigambre inquisitiva”. Esto significa que para la formación de la prueba se requirió la confesión del acusado, los testimonios de testigos hábiles, los exámenes periciales y los elementos secuestrados. Aunque las comisiones no impusieron la pena y el negociado de los folletos fue juzgado por un tribunal de justicia, la utilización de la prisión preventiva y la condena con semiplena prueba aportan elementos en la misma dirección. Pero lo que nos interesa retomar es que para Tiscornia

tanto la “calidad jurídica” como el “estado jurídico” parecen sólo ficciones coyunturales para hablar del honor. Y si es así, parece más ajustada aún la similitud con las ordalías, si pensamos a estas como procedimientos en que la presentación de las pruebas permitía un amplio espacio de maniobra, de forma que el resultado quedaba sujeto a la interpretación que las pequeñas comunidades acordaran y en las que el procedimiento respetaba las realidades del poder, antes que la verdad y la justicia^[40]

Así, los usos políticos de la acusación de corrupción, tienen una dimensión instrumental y una dimensión ideológica, pero también límites comunitarios, cuyos movimientos se construyen a la par que los actores brindan sentidos diversos a la noción de corrupción.

Al respecto, aunque el negociado y los involucrados sean los mismos, puede notarse un desplazamiento en los significados de corrupción que los actores seleccionaron para legitimar sus denuncias. El sentido más habitual de la palabra, restringido a la imagen de funcionarios y legisladores que utilizan la actividad pública en beneficio propio, que aceptan sobornos o desvían fondos del Estado para actividades privadas, es invocado en ambas etapas. No obstante, en 1952 realizar una amplia propaganda de gobierno no era considerada una práctica irregular. El delito residía en pagar una cantidad de ejemplares y recibir otra, o en adjudicar la publicación de los avisos a empresas periodísticas de dudoso prestigio para obtener retornos. En 1955, en cambio, Aloe correría la misma suerte que Mercante, pero acusado de montar un monopolio de radiodifusión y prensa.^[41] Mientras que en 1952 era sospechoso concesionar a un privado una actividad que podía llevar adelante el estado en los talleres oficiales, en 1955 la acusación apuntaba a que el Estado quisiera controlar los medios de prensa. Por otra parte, si en 1952 la corrupción se circunscribía a la práctica de funcionarios y periodistas que robaban el dinero del Estado para dilapidarlo apostando en el hipódromo o comprando automóviles lujosos; en 1955 la corrupción fue también considerada como una violación a la moral y la república. En efecto, lo que resultó distintivo en 1955, fue la asociación entre las imputaciones de corrupción y las de totalitarismo. Los tipos de delitos por los que se expresó esa confluencia apuntaron a penalizar las acciones tendentes a utilizar bienes del Estado para garantizar el funcionamiento del partido; a favorecer material o simbólicamente la concentración de poder; a diagramar un plan sistemático de persecución de opositores o a acusar a los jueces por obediencia frente al ejecutivo, incluso cuando la comisión no haya dado por nulas las causas en las que habían dictaminado.

En el proyecto que articula los trabajos presentados en este libro nos proponíamos reconstruir e interpretar los modos en que los peronistas concibieron las formas de “hacer política”. Nuestras miradas, condicionadas por el conocimiento de los sucesos acaecidos tras el golpe de estado de 1955 nos llevaban a identificar a los políticos peronistas como víctimas de las denuncias de corrupción, orientando sus acciones a partir de la situación de persecución política. Sin embargo, en este capítulo, hemos observado cómo las acusaciones de corrupción también formaban parte de sus repertorios de acción. En ese momento, la interpretación de las acusaciones de corrupción como forma de deslegitimación gobiernos nacional populares no era una opción para los denunciantes y, es probable, que después de 1955 cambien las formas de denunciar la corrupción que desplegaron los peronistas.

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