Sobre las escalas para mirar experiencias del primer peronismo en Jujuy

Adriana Kindgard (UNIHR-UNJu, CONICET)

Introducción

Empecemos por lo que nos recuerda Angelo Torre: “no se trata de objetos, sino de escala: lo local y lo micro no son “pequeños”, “se ven de cerca”, así como lo global y lo macro “se ven de lejos”.^[1]

Hace ya tres lustros, Darío Macor y César Tcach reavivaron el debate sobre los orígenes del peronismo al correr el locus de la indagación desde las áreas centrales hacia el país interior, abogando por una perspectiva “extracéntrica” para explicar su surgimiento y su “exitosa viabilidad” en un universo económico y social que aún no había sido “marcado por la huella de la industrialización”.^[2] En alguna medida la dicotomía entre una perspectiva “céntrica” y otra “extracéntrica” de los orígenes del peronismo obturó la percepción de las formas en que gravitan articuladamente diferentes contextos en el vínculo que los sujetos establecen con lo político. ¿Cuál es la unidad de análisis –la escala adecuada– para aprehender ese vínculo? ¿Cuál es el camino para captar la experiencia social? Podemos elegir atribuir al sujeto –por la vía del determinismo– ciertas orientaciones prácticas, para lo cual es suficiente una mirada de nivel macro, como la que habilitan las cifras de estadísticas y censos, y en este punto nada sustancial cambia si esas cifras refieren a provincias y localidades. Podemos, en cambio, disminuir la escala de análisis hasta situar la mirada en el locus concreto en el que se inserta la vida del sujeto y dentro del cual los individuos emprenden sus acciones.^[3] Aclaremos de entrada nuestro convencimiento de que para mirar experiencias del peronismo la vista debe llegar muy cerca del suelo, hasta posarse en sujetos concretos. Sabemos que nada nuevo para los historiadores hay en este aserto: “Tras los rasgos sensibles del paisaje, tras los escritos en apariencia más fríos y las instituciones en apariencia más distanciadas de quienes las establecieron, la historia quiere captar a los hombres [y a las mujeres]”.^[4]

Ernesto Bohoslavsky instaba recientemente a quienes emprenden una investigación historiográfica a “hacer explícitos los criterios por los que selecciona y/o construye cierta escala y por qué la prefiere respecto a otras escalas disponibles e igualmente legítimas y productivas”.^[5] Al responder podemos hacer nuestras aquellas palabras de Serna y Pons:

Después de controversias historiográficas inagotables, hemos llegado a la convicción simple pero firme de que aquello que los historiadores estudian es lo concreto a partir de lo empíricamente constatable: o, mejor, aquello que hacen es dotar de sentido a hechos del pasado a partir de las informaciones que consiguen reunir. En ese sentido, la primera evidencia con la que nos enfrentamos es la acción humana.^[6]

A ello se refería François-Xavier Guerra cuando instaba a reunir la mayor cantidad de datos posibles sobre cada individuo para situarlos en una red de vínculos, sumando a las variables socio-económicas las de carácter cultural, como la pertenencia a una comunidad indígena, la inserción en una tradición política, las prácticas religiosas, las formas de sociabilidad. “¿Cuál de estas actividades es la principal y cuál la que predominará si esos diferentes intereses tienen exigencias contradictorias en una época dada? Sólo un análisis muy completo del momento y del marco en que se sitúa su acción podrá indicárnoslo”.^[7] ¿Y a qué escala es posible percibir la gravitación concomitante de diferentes contextos (locales, regionales, nacionales, globales) sobre las motivaciones del actuar de los sujetos? ¿A qué escala debemos mirar la experiencia del peronismo? ¿A qué escala captar el impacto a nivel identitario del emplazamiento de Perón en una posición de poder estatal nacional que posibilitó la rápida y profunda acción transformadora que dio sustento material a la proyección de su liderazgo a lo largo y ancho del país? Asumimos aquí que la puerta de acceso a la comprensión de lo social se encuentra al apuntar la lente hacia los individuos que participan de las relaciones sociales porque de lo que se trata es de capturar “motivos” y estos son –como los sujetos que los portan– inaprehensibles a través de un abordaje a otro nivel.^[8]

La llamada historia regional/local en Argentina, en la que explícitamente se inscriben buena parte de los estudios “extracéntricos” del peronismo, ha venido sumando argumentos a favor de la “necesidad del microscopio”.^[9] También ha receptado de buena gana –y con frecuencia reivindicado– la propuesta analítica de la microhistoria italiana. Como ha enfatizado Giovanni Levi, la microhistoria “pone en el centro preguntas sobre el funcionamiento de la racionalidad humana que gobierna los comportamientos”,^[10] y asume que las respuestas que pretendan estar a la altura de la complejidad de la realidad social requieren concentrar el caudal de información para sacar a la luz la densa red de relaciones que configuran la acción de los sujetos y develar, también, la diversidad de contextos que la motivan. De lo que se trata es de reconstituir las cadenas de causalidad que, a partir de las elecciones de los individuos, producen las formas sociales que observamos.^[11] El juego de escalas no es caprichoso. La lente aumenta y disminuye, pero debe recalar “a ras del suelo”.

En las páginas que siguen se plasma lo que diversas fuentes han permitido empezar a avanzar en esa dirección. Se trata de experiencias rescatadas al mirar al ras algunos suelos jujeños, que hacen posible por ahora solo vislumbrar ciertas aristas de los procesos de cambio social que el peronismo impulsó.

Experiencias del Estado y la justicia peronista

El gobierno surgido del golpe del 4 de junio de 1943 se dispuso a emprender medidas directas para el mejoramiento social de la clase obrera del país y uno de los primeros pasos fue la modernización del aparato estatal para facilitar la reglamentación de las relacio­nes laborales. En octubre el Departamento Nacional del Trabajo quedaba en manos de Juan Domingo Perón quien a fines de noviembre lo transmutaba en Secretaría de Trabajo y Previsión (STP) y proclamaba el arribo de la “era de la justicia social”. Esta repartición nacional, que contó con delegaciones en cada provincia y territorio, iba a proyectar su acción al gobierno peronista consagrado en los comicios de 1946. En Jujuy la Delegación Regional de la STP contó con la estrecha colaboración del gobierno provincial a la hora de instrumentar sus disposiciones. Los comisionados municipales tenían en sus manos el control del cumplimiento de la legislación laboral en los distritos rurales, y las policías de campaña recorrían e inspeccionaban comercios y establecimientos industriales, distribuyendo entre los obreros y sus asociaciones copias de las leyes nacionales y provinciales en vigencia. Desde un primer momento, Perón auspició desde la STP la sindicalización de los trabajadores, y la receptividad que encontró en la mayoría de ellos había quedado abonada por las medidas concretas implementadas a su favor.

A principios de julio de 1946 se promulgaba la ley provincial 1655 que imponía a las empresas la obligación de brindar asistencia médica gratuita a los empleados y obreros. Además de la aplicación en suelo jujeño de medidas propias de los Estados benefactores contemporáneos (jubilación, vacaciones pagas, indemnización por despido y por accidentes de trabajo, reglamentación de trabajos insalubres) se sancionó la ley de sábado inglés, la de estabilidad del empleado público, la de salario familiar para los sueldos y jornales públicos, entre otras. El cuerpo legislativo cerraba las sesiones de 1947 con la ley que exigía a las firmas industriales proporcionar a empleados y obreros viviendas “dignas e higiénicas” las que, además de garantizar resguardo del frío, aireación, luz natural y acceso al agua potable, debían brindar “comodidades suficientes para el reposo, las comidas, la higiene personal y la vida de relación”.^[12] Un jalón clave en la construcción de ese entramado protector peronista fue la instauración de los tribunales del trabajo para atender y resolver de forma específica los conflictos suscitados en el ámbito laboral. El nuevo fuero, que en el país debutó en el espacio capitalino en 1944 para luego constituirse con ritmo variado en las provincias tras la llegada de Perón a la presidencia, marcó también un parteaguas en la experiencia de los trabajadores en relación con la justica y el Estado.^[13]

La frontera entre un antes y un después que en Jujuy dejó trazada el peronismo, resulta por demás elocuente al fijar la mirada en el mundo del trabajo azucarero, con la omnipresente figura del “conchabador” o contratista, en quien el ingenio delegaba la búsqueda de los braceros estacionales requerida cada año para la zafra. Una vez en el ingenio, estos obreros transitorios eran distribuidos en los distintos “lotes” rurales de la Compañía, dispuestos a mayor o menor distancia de la fábrica. Allí se alojaban junto con sus familias –que solían colaborar en la faena– en campamentos cuyas condiciones eran muy precarias e insalubres. Los contratistas eran los encargados de controlar el trabajo en los cañaverales asignando diariamente a los braceros una cantidad determinada de surcos a cosechar (“tarea”) que equivalía a unas dos toneladas de caña, la cual debía estar pelada, limpia y despuntada. Fueron siempre muy comunes los conflictos suscitados en torno al pesaje de la caña en las básculas de los ingenios y difícilmente los obreros lograban solucionarlos a su favor. Hasta mediados de 1943 la regla seguía siendo el trabajo “por tanto” y la salida y puesta del sol marcaban, en definitiva, la duración de la jornada laboral. Aunque hacia la década de 1940 la mayoría de las liquidaciones se efectuaban ya en moneda nacional, a la hora de los pagos seguían siendo frecuentes los descuentos por libretas y la entrega de vales a los obreros que sólo podían canjearse en las proveedurías de los ingenios por mercaderías cuyos precios eran, en general, más elevados que en cualquier otra parte debido al monopolio que las empresas ejercían sobre el comercio de la región.

Producido el golpe de junio de 1943, la cuestión azucarera jujeña mereció desde un principio la atención privilegiada de las autoridades de la intervención en la provincia que ya en el mes de julio aumentaban en un 10% los jornales pagados a los trabajadores temporarios por su trabajo en la zafra. Una de las primeras medidas de la STP en Jujuy tenía que ver con la contratación de braceros para los cañaverales. Se les exigió a los contratistas el depósito de diez mil pesos como garantía del cumplimiento de los contratos de trabajo. También se los obligó a pagar asientos en coches de segunda clase de los ferrocarriles para el traslado de los contingentes de obreros desde los lugares de su residencia habitual hasta los sitios donde se encontraban los ingenios. A fines de abril de 1944 el decreto nacional 10644 estableció nuevas condiciones generales de trabajo y fijó el precio a abonarse por tonelada de caña cosechada, además de estipular salarios mínimos para las demás tareas conexas al cultivo. Entre sus fundamentos se contemplaba la necesidad de crear para el bracero condiciones de vida higiénicas, instrucción para sus hijos, y un resguardo real sobre sus hábitos de vida que limite el hacinamiento y la promiscuidad.^[14]

Luego de las elecciones de 1946 el Estado jujeño envió sistemática­mente inspecto­res a la zona azucarera. En 1951, el capataz Julián Tejerina, quien había ingresado a trabajar como obrero permanente en el ingenio Ledesma quince años atrás, daba fe de que los inspectores de la Repartición nacional “desde 1943 visitan el ingenio, en receso y especialmente en cosecha, recorriendo la fábrica y manteniendo constante contacto con el Sindicato y los obreros”.^[15] A partir de su fundación los gremios azucareros jujeños plantearon a las Compañías numerosos reclamos sobre recomposiciones salariales, mejoramiento de las condiciones de labor y prestaciones de servicios sanitarios, respaldados por los informes de los inspectores oficiales.

Las conquistas de los trabajadores alcanzadas a través de la acción gremial se sucedieron en los años siguientes. Eran “decenas los convenios colectivos de trabajo concertados con la FOTIA e innúmeros los convenios con el sindicato de obreros del azúcar del ingenio la Esperanza”.^[16] La justicia laboral sumó otra instancia que les fue, la mayoría de las veces, favorable en sus pulseadas con la patronal. El 17 de junio de 1949, a un mes de inaugurados los Tribunales del Trabajo en la provincia, 33 peones de la zafra acudían al Departamento de Asistencia Jurídico-Social en procura de un abogado oficial para demandar a la firma Leach’s Company Limited States, propietaria del ingenio La Esperanza, por salarios impagos, horas extras, días feriados, aguinaldos, vacaciones anuales pagas y salario familiar. Los jueces fallaron a favor de los obreros y la Compañía debió pagarles los conceptos reclamados en un plazo de cinco días.^[17]

Aquella celeridad en la resolución de los litigios era, de hecho, consustancial a la igualdad procesal entre trabajadores y patrones que el llamado “nuevo derecho” venía a garantizar. Noventa días era el plazo considerado tolerable por el flamante código del trabajo jujeño para expedirse sobre demandas laborales, cuya tramitación solía antes empantanarse en los tribunales civiles, como lo experimentó Faustino Rodríguez al demandar en 1945 al ingenio San Andrés por accidente de trabajo y anoticiarse, recién dos años después, que los jueces del fuero civil declaraban “incompetencia de jurisdicción”.^[18] En el nuevo contexto, sin embargo, le iba a llevar tan sólo 65 días a Francisco Wayar, joven de 19 años dedicado al cultivo de caña en el lote “Arrayanal”, conocer el resultado de su demanda de indemnización al ingenio La Esperanza por la lesión sufrida en su hombro izquierdo mientras ataba la mula al arado para roturar la tierra. Tras escuchar el testimonio de cinco compañeros de labor y evaluar el informe del perito médico, el Tribunal del Trabajo sentenciaba a la empresa a pagarle, en el plazo de diez días, la suma de $2.880.^[19]

Fruto de la orientación de la política socio-laboral y de la presión sindical sobre la agroindustria, el volumen total de sueldos y jornales azucareros abonados en todo el país registraría, entre 1943 y 1948, un aumento global del 257%.^[20] Como señala Natalia Milanesio, la mejora en la calidad de vida de los trabajadores estuvo estrechamente ligada a su incorporación a la esfera del consumo, que a la vez se ubicó en el núcleo de la conciencia del derecho a una existencia digna.^[21] En 1947, el obrero azucarero de 51 años Eliseo Reyna, de oficio albañil, decidía comprar un reloj pulsera al empleado contable del ingenio Ledesma, Aniceto Calderón, por la suma de $170 pesos, que Reyna convino pagar en nueve cuotas de $20 mensuales. Alejandro Reyes, por su parte, peón pintor de 28 años de edad, había adquirido un reloj pulsera y un anillo de oro por el monto total de $178, pagaderos en cuotas de $25, aunque “por razones de índole particular no pudo cumplir con su obligación en forma regular”, trabándosele embargo sobre el sueldo que percibía en el ingenio.^[22] Llamado como testigo ante el fuero laboral en pleito entablado entre Calderón y la firma azucarera, Reyes declaraba “Que sabe y le consta por conocimiento propio que el señor Calderón tiene para la venta en su domicilio, heladeras, zapatillas, cocinas económicas y todo artículo de relojería y joyería, además de radios, muebles y ropería de confección”.^[23] El abogado de la Compañía, abocado a demostrar a los jueces la justificación del despido recaído sobre el empleado-mercader, afirmaba:

Este señor en los seis meses que se pudo investigar, resulta haber negociado seis vagones de vino, algo como sesenta mil botellas, o sea, más que el almacén del Ingenio en igual período, millares de cajones de cerveza y vendiendo además máquinas de escribir, zapatillas, relojes pulsera, máquinas de coser, heladeras, radios, juguetes, triciclos, alhajas, ventiladores, cocinas económicas, muebles, lapiceras, pan dulce, frutas desecadas, etc., es decir, un vasto surtido de mercancías, haciendo las ventas al contado y a crédito (…) Y tan es que la razón de ser era aprovechar su puesto y el personal de empleados y obreros del Ingenio Ledesma y nada más, que cuando se le dejó cesante, cesó también su comercio en la zona, yéndose a vivir a Salta.^[24]

Los años 1948-1949 representaron un punto de inflexión tras las bondades iniciales de la década peronista. La coyuntura de crisis tuvo efectos tangibles a nivel de la economía real de los obreros del azúcar, que vieron deteriorarse el poder de compra de sus salarios de forma más pronunciada que lo ocurrido en otros sectores. A fines de setiembre de 1949 el gobierno nacional emitía un decreto eliminando los subsidios estatales a la industria azucarera, y días después anunciaba un aumento salarial del 18%, muy inferior a las aspiraciones de la FOTIA. El 14 de octubre la poderosa federación obrera tucumana llamaba a la huelga por tiempo indeterminado, siendo la decisión secundada de inmediato por los ingenios jujeños. Francisco Carrizo, quien desde 1936 trabajaba como peón regador de los cultivos de caña en el lote “San Juancito” del ingenio “Río Grande”, fue testigo de que la declaración de ilegalidad de la huelga no bastó para producir la vuelta de los obreros a sus tareas. Las ollas populares continuaron y, cuando el administrador tocó la sirena llamando a los obreros a retomar sus puestos de labor, se produjo un fuerte choque con la policía. “Frente a esa situación a nadie se puede exigir ir al trabajo ¿Quién podría estar en contra de la decisión de más de tres mil obreros? Son estados colectivos superiores a la fuerza de la voluntad particular, que hay que vivir en ellos para apreciarlos en toda su significación”.^[25]

Experiencias diferentes del Estado peronista

En 1939 Salvador Capra, Antonio Senez, Wenceslao Gallardo, Rosario Ávila y Francisco Gámez descubrían en las serranías del Zapla un yacimiento de hierro, renunciando al cabo a los derechos que les correspondían como poseedores de los pedimentos mineros para entregarlos a la Nación. En febrero de 1942 se declaraba “zona de reserva” al yacimiento ferrífero, concretándose por etapas la instalación de la infraestructura productiva. En octubre de 1945 se obtenía la primera colada de arrabio en el Alto Horno construido en la localidad de Palpalá. Al centro siderúrgico allí emplazado, se sumaba el centro minero levantado en el sitio del hallazgo de la veta de hierro.

A pocos kilómetros de la ciudad de Jujuy se extendía el distrito rural de Zapla, al que se accedía a través de la ruta N° 56, que unía el centro capitalino con el departamento de San Pedro. El análisis de los padrones electorales de los años 1935 y 1937 revela que en Zapla el 70% de la población masculina económicamente activa de nacionalidad argentina se dedicaba a las tareas de labranza, residiendo en algunas de las fincas agrícolas de propiedad privada entre las que se distribuía la tierra en la región. El 30% restante eran criadores de ganado, jornaleros y peones, pero había un pequeño número que se ganaba la vida con oficios como el de talabartero o herrero, siendo este último el caso de Wenceslao Gallardo, uno de los descubridores del yacimiento ferrífero.^[26] La más extensa de las fincas de la zona era la denominada “El Brete” –en el paraje del mismo nombre–, de 5.709 hectáreas, en manos desde mediados de 1935 del empresario de origen italiano Pablo Tramontini. La finca encerraba una importante riqueza forestal, con grandes extensiones de bosque de variadas especies. El nuevo propietario instaló en el lugar un aserradero desmontable, donde se trozaba y se aserraba la materia prima del bosque, para lo cual contrataba hacheros que la preparaban directamente en el monte. La mayor parte de la producción se destinaba al funcionamiento de los hornos de ladrillo que el empresario poseía en la capital jujeña.^[27] Uno de los principales emprendimientos económicos desarrollados en “El Brete” era el tambo, con un plantel de 1.150 cabezas de ganado holando-argentino, cuyo producido contribuía a la marcha de la usina de pasteurización láctea –también de propiedad de Tramontini– que funcionaba en la ciudad de Jujuy, cubriendo gran parte del mercado de consumo capitalino y abasteciendo también a las poblaciones salteñas de Orán y Tartagal, aprovechando el ramal ferroviario que alcanzaba la zona. Para subvenir a las necesidades del plantel vacuno, unas 74 hectáreas de los campos de labranza estaban dedicadas al cultivo de alfalfares. Por lo demás, la finca poseía 314 hectáreas bajo riego, la mayor parte destinada al cultivo de maíz, que estaba altamente mecanizado. Una parte de la cosecha se comercializaba en La Quiaca, transportándola en camiones de la propia empresa y otra iba a parar al molino que Tramontini tenía instalado en la ciudad de Jujuy. Existían, además, plantaciones de porotos, garbanzos, papas y hortalizas, que hallaban su principal mercado en la ciudad capital. La más reciente apuesta económica era el cultivo de tabaco, habiendo obtenido en 1947 óptimos resultados en las 18 hectáreas destinadas a este fin, contando la empresa con estufas de secado y un galpón de clasificación.

Una década después de ser adquirido por Tramontini, “El Brete” se había constituido en el corazón de un eficiente sistema empresarial donde se articulaban diversas actividades (ganadería, tambo, explotación forestal para la obtención de madera y leña, cultivo de tabaco, maíz, papas, hortalizas, forraje y frutales). Parte importante de esta producción se articulaba con empresas del mismo propietario situadas en los mercados de consumo. Del análisis de los libros contables, los peritos que lo tasaron en 1947 concluyeron que reportaba a su propietario una elevada renta, arrojando los distintos rubros beneficios muy superiores a los de explotaciones similares y vecinas: “ello es el resultado de un planeamiento de producción-industrialización y comercialización muy bien organizado y llevado a la práctica con fuerte respaldo económico”.^[28]

Además de los trabajadores permanentes, se contrataban también obreros transitorios en tiempos de cosecha y, en el caso del tabaco, para las tareas de encañado de las hojas. Los padrones electorales –que proporcionan información sobre edad, domicilio, actividad económica y nivel de alfabetización de los ciudadanos habilitados para votar– han permitido identificar a un total de 137 varones mayores de 17 años, de nacionalidad argentina, con domicilio estable en el distrito de Zapla entre los años 1942 y 1947.^[29] A partir del cruce de estas fuentes con documentación generada en la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión con sede en Jujuy, y con datos del expediente de expropiación de la finca, pudimos vislumbrar perfiles de sujetos –hombres y mujeres– concretos. Así, por ejemplo, Evaristo y Marcial Díaz llevaban cuatro años trabajando como aserradores en El Brete, con un sueldo promedio de $46, por cuatro horas diarias de labor. José Morodiel, oriundo de Bolivia y con igual oficio, casi duplicaba este salario debido seguramente al jornal completo que cumplía, y quizás también a su permanencia en la finca a lo largo de una década, a juzgar por los $70 mensuales, por ocho horas al día como zorrero en el obraje, que percibía Manuel Abán, con tan solo un año de antigüedad laboral. Bartolo Humacata, por su parte, era el peón ganadero que en 1947 llevaba más años en el lugar –desde 1940– junto a su esposa, Lina de Humacata, quien desempeñaba las tareas de ordeñadora, al igual que otras cinco mujeres. Mercedes Tarifa, la encargada de los quehaceres domésticos en la casa principal, residía en el establecimiento desde los inicios, en 1935, casi tanto tiempo como Rafael Abad, el capataz de origen español. Según daba cuenta el obrero Santiago García, quien había ingresado a trabajar a “El Brete” el 30 de abril de 1946 en calidad de “potrerizo”, el propietario proveía a los trabajadores de la leña necesaria en sus viviendas y de un litro diario de leche.^[30] El resto de la producción del tambo encontraba destino final en la Usina Láctea Pasteurizadora, ubicada en la ciudad de Jujuy, que desde 1931 funcionaba bajo la supervisión del empleado Alfredo Hernández. Hasta aquí la información que mirando “a ras del suelo” hemos podido reunir sobre las personas y su “mundo laboral” en este espacio local.

El funcionamiento del Alto Horno instalado en Palpalá requería la provisión de carbón de leña, planteándose al cabo el inconveniente de la falta de constancia en el suministro, que se agravaba dado el plan de instalación de otros dos altos hornos. La Dirección General de Fabricaciones Militares se propuso lograr, en el menor plazo posible, la producción propia de carbón a través de una experiencia de reforestación a gran escala, formando un bosque artificial. El primer paso fue determinar el lugar en el que éste se emplazaría. Dada la cercanía a Palpalá y la ya referida feracidad de un suelo que contenía abundancia de bosques naturales, se entiende que se haya puesto la mirada en las tierras del Zapla, cuyas “condiciones climáticas y tipográficas la Dirección General considera óptimas”.^[31] Las tierras cuya expropiación se propugnaba comprendían un área de aproximadamente 10 mil hectáreas, que incluía una veintena de propiedades y, entre ellas, la finca “El Brete”. El 9 de junio de 1947 el presidente Juan D. Perón firmaba el decreto declarando de utilidad pública la zona, disponiendo la expropiación y autorizando la toma de posesión inmediata de los terrenos. Un mes después la prensa de Jujuy advertía sobre el cese de los envíos de leche desde la usina de Tramontini hacia el departamento de San Pedro de Jujuy, en el oriente provincial.^[32] Refería el letrado que representó al empresario en el juicio de expropiación a la “destrucción de una organización económica, fruto de un largo proceso de trabajo, inteligentemente aplicado a la consecución de una renta estable y determinada; y a la paralización definitiva del aserradero, obraje, tambo, usina de pasteurización, producción de carbón y venta de hacienda, leña, etc.”.^[33]

El 2 de octubre de 1947 se hacía presente en “El Brete” el Capitán Armando Pío Martijena, director de los Altos Hornos de Zapla, para tomar posesión de los inmuebles en nombre de Fabricaciones Militares. Debían retirarse del lugar los bienes muebles y útiles (enseres, maquinarias y herramientas) no comprendidos en la expropiación. Desde ese momento cesaba la tala en los montes, debiéndose extraer toda la madera y leña cortada con anterioridad. Se concedía un plazo de seis meses para retirar el ganado vacuno de la finca. Tramontini iba a iniciar la liquidación de sus planteles de ganado, desestimando la alternativa de trasladarlos a los campos que poseía en la zona de San Pedrito, muy cerca de la ciudad capital. Uno de los argumentos esgrimidos era el lapso necesario para que los terrenos fueran desmontados, alfalfados y proveídos de riego. Así, uno de los efectos concretos de la expropiación fue la clausura de las actividades de la única usina pasteurizadora que existía en la ciudad de Jujuy. Al igual que los hombres y mujeres despedidos en “El Brete” a raíz de la paralización de las actividades en los bosques y el obraje, en los corrales y plantaciones, los empleados y obreros que venían trabajando en la usina fueron dejados cesantes, según consta en las planillas de indemnización incluidas en el expediente.

Hacia finales de la década, aquel emprendimiento nucleado en el paraje de “El Brete” y diversificado en múltiples actividades había dado paso a lo que ya se conocía como el “Centro Forestal” de Altos Hornos Zapla. De las fuentes consultadas se desprende que, hasta 1947, al menos unas 82 personas residentes dentro de los límites de la finca (en varios de los casos con sus respectivas familias) habían hallado sustento en este complejo agropecuario y forestal. Los padrones electorales permiten inferir que, concretado en 1947 el traspaso de la propiedad a la Dirección General de Fabricaciones Militares, e inaugurado en 1949 el “Centro Forestal”, sólo una pequeña proporción de los trabajadores de “El Brete” continuaron residiendo en el distrito de Zapla. Así, el padrón de 1949 registra sólo 28 trabajadores con domicilio en el nuevo Centro poblacional que Fabricaciones Militares erigió en El Brete, a saber: veinte jornaleros, tres agricultores, un tractorista, un chófer, un barretero y dos empleados. Nada sabemos del destino laboral de los otros dieciocho allí domiciliados según los padrones de Zapla de 1947/48 pero ausentes en el registro electoral de 1949. Un cuadro completo de la situación requeriría tener en cuenta tanto a los trabajadores de origen extranjero como a la población femenina, excluidos ambos de los padrones. Pero, gracias a la documentación adjuntada al expediente de expropiación, sabemos, por ejemplo, que el obrero yugoslavo Marín Palada, tras cuatro años de trabajo de aserrador, se instaló definitivamente en la Capital Federal. María Marás de Rivero, mujer de 48 años y sin instrucción, de nacionalidad boliviana, quien había permanecido trabajando como ordeñadora en la finca hasta su expropiación, vivía en Carahunco hacia 1949, dedicada a los quehaceres domésticos. También allí se había afincado Víctor Jurado, jornalero de origen boliviano de 32 años de edad, quien durante cuatro años, entre 1944 y fines de 1947, había trabajado en el aserradero de Tramontini. Contrastando estas pistas nominales con las de los padrones de 1947 y 1948 se desprende que 22 de ellos eran recién llegados al lugar, ya que sólo seis aparecen también en los últimos dos registros del distrito de Zapla donde estaba incluido el paraje de El Brete. Entre estos seis pudimos identificar a José Roselín, a Isidoro Rivero y a Zacarías Humacata, quienes se hallaban entre los despedidos e indemnizados a raíz de la expropiación. Este último continuaba residiendo en 1949 en lo que ya se conocía como el “Centro Forestal”, trabajando en las tareas de “cortar y cargar la leña hasta el camión”,^[34] al tiempo que cumplía tareas de cuidar los viveros, refiriéndose seguramente a los almácigos de eucaliptus que, ya en enero de 1948, cubrían una superficie de 50 hectáreas en la zona.

El mismo año (1947) en que Perón convertía en ley el Plan Siderúrgico Argentino trazado por el general Manuel Savio, firmaba también el decreto de expropiación de las tierras necesarias para dotar a Altos Hornos Zapla de un centro forestal. Uno de los argumentos esgrimidos por los peritos a favor del lugar elegido había sido la “relativamente escasa población residente en la zona”.^[35] Las pistas nominales abrieron el acceso a ciertas facetas de la experiencia social vinculada a estos procesos, revelando las diversas formas que estos pueden asumir, de acuerdo con la perspectiva elegida para abordarlos.

Identidad peronista y etnicidad: formas de la experiencia política

Hacia el momento en que irrumpió el peronismo la estructura agraria prevaleciente en la Puna de Jujuy se caracterizaba por la presencia de las llamadas “haciendas de arrenderos”, grandes extensiones de tierra en manos de propietarios –la mayoría de ellos absentistas– que recibían ingresos reportados por las rentas y el pastaje que cobraban a los habitantes de sus fundos, que vivían en caseríos dispersos en las extensas tierras de pastoreo, donde cuidaban sus rebaños. Descendiendo hacia el oeste desde la serranía de Cochinoca se extendía uno de esos latifundios: el rodeo de Queta, de unas 17.500 hectáreas, perteneciente a Miguel Garay, veterano caudillo del Partido Conservador local, que llegó a ocupar una banca en la Legislatura provincial en la década de 1930.

El renglón básico de la economía de la hacienda de Queta era la cría de ovinos, cuya lana se utilizaba para producir barracán para consumo doméstico, o era vendida a los tenderos que dominaban la vida comercial de la región. Dentro de los límites de la finca tenían sus viviendas las familias de 41 arrenderos, la mitad de los cuales eran criadores (principalmente de ovejas pero también de cabras) y el resto jornaleros, que trabajaban al servicio de Miguel Garay.^[36] Las cuotas de coerción y paternalismo que caracterizaban las relaciones entre Garay y los campesinos que habitaban su fundo pueden inferirse de algunos pasajes de la “simple Ordenanza de Finca” que aquél creyó oportuno redactar en 1944 “para ser bien leída continuamente por todos los habitantes de cada arriendo para ser conocida de memoria, para su estricto cumplimiento”; “No debe haber ningún vago en la finca. Sin hubiera alguno todo arrendero está obligado a dar aviso para tomar las medidas necesarias y buscarle trabajo o ver lo que mejor convenga”; “Por lo menos una vez al mes debe sacarse toda la ropa de cama al sol”; “No debe haber ninguna persona piojosa en la finca. El que conociera a alguna lo denunciará ante el capataz o Casa Hacienda para ordenar su extirpación inmediata.” ^[37]

Los puneños complementaban su economía de subsistencia con el trabajo en minas e ingenios azucareros, retornando estacionalmente a sus lugares de origen. Estas migraciones no fueron siempre voluntarias y las empresas echaron mano de diferentes formas de coacción, la más difundida de las cuales era el ya mencionado “sistema del contratista”. Miguel Garay actuaba como contratista de braceros para el ingenio Ledesma.

Ya en los tiempos iniciales de formación del peronismo, cuando en Jujuy se concretaba el vertiginoso proceso de conformación de los Comités Directivos Departamentales del Partido Laborista, el del departamento de Cochinoca fue uno de los primeros en constituirse.^[38] Desde Queta, acudieron a la reunión celebrada el 21 de diciembre en Abra Pampa los arrenderos “criadores” Doroteo Cayo, Bartolomé Mamaní, Santos Condori y Juan Pablo Sajama. Además de los pronunciamientos acerca de la preservación y ampliación de las conquistas sociales logradas por los trabajadores en los últimos tiempos, la plataforma del Partido Laborista de Jujuy incluía una propuesta específica sobre el régimen agrario en el territorio provincial, en la línea propugnada por el Consejo Agrario Nacional, cuyos técnicos y peritos se encontraban recorriendo la Puna. Tras referirse a cuestiones neurálgicas para la productividad de las tierras altas jujeñas, como lo era la de las obras de riego, el punto clave era el de la colonización de la región mediante la parcelación de la tierra, por una parte, y la expropiación por la otra. Un punto importante diferenciaba la propuesta de expropiación del laborismo respecto del plan propugnado por el veterano líder del yrigoyenismo jujeño, Miguel Tanco, desde los años ’20, a saber: el destino final de las tierras expropiadas debía ser la propiedad privada del suelo por parte de los arrenderos y no –como defendía el caudillo– la permanencia de las mismas en manos del Estado, a fin de evitar ulteriores procesos de concentración.

Desde su irrupción en la política activa Tanco había procurado hacerse de firmes apoyos en la Quebrada y la Puna, desplegando una paciente y minuciosa actividad de organización de bases sociales, recorriendo personalmente la zona y entrando en contacto con el campesinado indígena que la habitaba. Durante los años de la llamada “restauración conservadora” la lealtad hacia el líder radical mostró claros signos de persistencia, pese a los mecanismos de coerción desplegados desde el poder. El primer rostro del peronismo en Jujuy exhibió claros rasgos de “tanquismo”, cuyo triunfo fue contundente obteniendo la gobernación de la provincia, las dos diputaciones nacionales y 16 de las 22 diputaciones provinciales, asegurándose la presencia de Tanco en el Senado de la Nación. Las seis restantes bancas en el parlamento local fueron ganadas por el Partido Laborista.

Focalizando la atención a nivel de las bases del radicalismo yrigoyenista de Jujuy, podía observarse el traspaso de cuadros puneños y quebradeños a la fuerza peronista en ciernes. Tomando como referencia los nombramientos del tanquismo en cargos de la administración pública tras su acceso a la gobernación en 1946 (jueces de paz, jefes de registro civil, recaudadores fiscales, comisionados rurales, subcomisarios), a lo largo de 1940 y durante los ocho meses que duró el gobierno radical en 1930, resulta que de los 104 cargos asignados en la etapa peronista, un 36,5% corresponde a pobladores de las tierras altas que ya habían ocupado cargos en anteriores administraciones tanquistas. Al sumar los casos en los que ha sido posible constatar continuidad en el apoyo a esta agrupación política antes y después de la irrupción del peronismo, la proporción se eleva al 48%. Así, por ejemplo, Nicolás Alvarado, Vicente Flores, Ciriaco Tolaba, Florencio Torres, Marcos Lamas, Serapio Mamaní, Simón Méndez y Juan Quispe son designados subcomisarios para distintos distritos del Norte jujeño en 1946. Sus nombres aparecen al pie de algunos de los manuscritos elevados al gobierno radical en la primera mitad de los años ‘20. Justo Julián había sido impulsado como candidato a elector de gobernador por el departamento puneño de Rinconada cuando Tanco postuló su candidatura a la primera magistratura provincial para los comicios del 6 de enero de 1924. En 1946 es designado subcomisario para Rinconada. Carmen Flores, designado subcomisario de Cieneguillas (Santa Catalina) en 1946, había sido nombrado suplente en la mesa instalada en ese distrito con motivo de las elecciones internas de la UCR del 15 de setiembre de 1929.^[39] En la casa de Indalecio Piñero había funcionado la mesa de Abralaite (departamento de Cochinoca).^[40]En 1930, Piñero ocupó el cargo de juez de paz auxiliar del distrito, siendo jefe del registro civil de Abralaite en 1940 y nuevamente designado para tal puesto el 15 de julio de 1946, en momentos en que se hallaba en Buenos Aires, integrando el llamado “Malón de la Paz” que había partido del altiplano jujeño dos meses antes.

El 15 de mayo de 1946 un grupo de habitantes de la localidad de Abra Pampa emprendía la marcha hacia la Capital Federal, sumando en el camino contingentes de otros distritos puneños y de las serranías de Zenta en el oeste salteño, esperando hacerse presentes en la Plaza de Mayo el 4 de junio, día de la asunción de Perón. Yendo la mayoría a pie, la caravana de 170 personas recién arribaba a Buenos Aires hacia finales de julio. Animados por las recientes promesas de solución a su problemática agraria, tenían la expectativa de obtener de manos del flamante presidente garantías de acceso a la propiedad de las tierras que ocupaban. Al llegar, fueron saludados por Perón desde los balcones de la Casa Rosada y conducidos luego hasta el Hotel de Inmigrantes, donde permanecerían hasta su súbita y violenta deportación hacia finales de agosto, regresando al altiplano en los Ferrocarriles del Estado. Algunos estudios tendieron a leer el “Malón de la Paz” casi excluyentemente en clave de reivindicación étnica. Así, para Ezequiel Adamovsky la idea de esta marcha a pie habría perseguido el objetivo de mostrar a la sociedad que “los indios seguían existiendo y sufrían la peor de las explotaciones.^[41] Para Marcelo Valko el “Malón” se inscribía en una línea de continuidad histórica que se remontaba a la marcha que Tomás Katari emprendió desde el Alto Perú hacia Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, hacia finales del siglo XVIII.^[42] En parecido registro, la antropóloga Diana Lenton creía ver en la decisión de los puneños de emprender la travesía a pie –descartando la utilización del ferrocarril estatal– “su negativa a subordinarse ellos mismos a los símbolos del Estado de Bienestar”.^[43] Para Lenton, la experiencia de afirmación identitaria implicada en el “Malón de la Paz” tenía la intención de constituirse en contrapunto de la homogeneizadora imagen peronista del “pueblo”: “ellos reafirmaron su identidad indígena e infligieron una nota discordante en el proyecto justicialista de construcción de una nación unificada”.^[44] Una de las formas de este proceso de homogenización refería a la progresiva igualación del estatus cívico de todos los habitantes del territorio nacional: “Los años de Perón son recordados como un momento fundacional en la transformación de la población indígena de ‘parias’ a ‘ciudadanos’”.^[45] Pero el hecho es que los campesinos arrendatarios del altiplano jujeño, al igual que los que habían fijado residencia en los pueblos cabeceras departamentales de la región, portaban desde hacía largo tiempo sus libretas de enrolamiento, figuraban en los padrones electorales, se afiliaban a partidos políticos, concurrían a las convocatorias comiciales y se postulaban como candidatos, resultando incluso electos en algunas ocasiones.

Las contrastantes lecturas en torno a la acción colectiva que aquí nos ocupa justifican el interés por aproximarnos a los sentidos que en su momento le atribuyeron los propios protagonistas. Sostendremos la hipótesis de que el “Malón de la Paz” de 1946 condensó las diversas formas que asumió la experiencia del peronismo para algunos habitantes de las tierras altas de la Puna jujeña. La casi totalidad de los puneños que participaron del “Malón” residían en el departamento de Cochinoca, siendo sólo seis los oriundos de otras jurisdicciones. A diferencia de Humahuaca y Rinconada (en donde los votos laboristas en las elecciones del 24 de febrero estaban fuertemente concentrados en los distritos mineros de “Pirquitas” y “El Aguilar”, respectivamente), en el departamento de Cochinoca los resultados electorales habían mostrado una más equilibrada distribución espacial: el Partido Laborista había triunfado en 9 de las 12 mesas receptoras de votos emplazadas en las escuelas nacionales y provinciales que se extendían por la geografía. A nivel general departamental el laborismo había llegado a captar en Cochinoca el 48% de las voluntades de sus moradores, frente al 24% alcanzado por el tanquismo, el 22% del conservadurismo y el 6% del radicalismo (Comité Nacional). En algunos distritos, sin embargo, la diferencia a favor del laborismo era muy alta. Era el caso de Abra Pampa –cabecera departamental– y de la hacienda de Queta.

Eran 47 los arrenderos de Queta (varones, de 18 años o más) habilitados para votar en la ocasión, según puede constatarse en los respectivos padrones electorales. Debían trasladarse unos diez kilómetros hasta el pueblo de Cochinoca, que se encontraba dentro de los límites del rodeo. Sólo se dispone de resultados electorales para una de las dos mesas (Mesa 1) que allí funcionaron, en la que estaban inscriptos 19 electores queteños. El Partido Laborista obtuvo allí 72 votos, frente a 10 del “tanquismo”, 18 del conservador Partido Demócrata Nacional y 4 de la Unión Cívica Radical alineada con el Comité Nacional^[46].

Dijimos ya que el laborismo jujeño había hecho suyo el ideario del Consejo Agrario Nacional en cuanto a la colonización de la región puneña sobre la base de la entrega en propiedad de las tierras a sus ocupantes. Señalamos también que uno de los fundamentos de la fiscalización propugnada por Miguel Tanco era la necesidad de asegurar a los puneños el acceso comunal a los escasos recursos hídricos de la zona, cuestión que en Queta quedaba relativizada debido a las particulares características ecológicas reseñadas más arriba.

Viviano Dionicio, obrero de la mina El Aguilar oriundo de Abra Pampa y diputado laborista electo por Cochinoca, fue una figura clave en la organización del “Malón” (del que participó su padre, Daniel Dionicio, criador) contando con el concurso del teniente retirado Mario Bertonasco, funcionario de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Creemos que uno de los sentidos implicados en la participación en la marcha tenía que ver con su anclaje partidario, concitando así la adhesión de los puneños que prestaban apoyo al laborismo, antes que de los seguidores de Tanco. De hecho, sin criticarla abiertamente, Miguel Tanco se mantuvo al margen de esta acción. Más allá de las razones políticas vinculadas a la antinomia tanquismo/laborismo, lo cierto es que la bandera de la obtención de títulos de propiedad particular de la tierra levantada por los “maloneros” colisionaba de lleno con el ideario del caudillo, sostenido por más de dos décadas de prédica en pos de la fiscalización.

Después de Abra Pampa, de la que provenía el grueso de los integrantes de la caravana, Queta fue uno de los rodeos que más arrenderos sumó al contingente: ocho hombres y dos mujeres, entre ellos, el referente del laborismo en el distrito, Doroteo Cayo, quien tenía 59 años al momento de decidir formar parte de la caravana que marcharía hasta la Capital. Era criador, al igual que Dámaso Cruz de 37 e Higenio Atanacio de 36, y que las dos mujeres: Gerarda Gutiérrez y Clementina Guanactolay. El resto del contingente de Queta lo formaban los jornaleros Isabel Gutiérrez de 36 años, Santiago Gutiérrez de 25, Mariano Guanactolay de 24, y Andrés y Cipriano Cayo, ambos de 32 años.^[47] El cabecilla del tanquismo, Ángel Cruz, se abstuvo, por su parte, de acompañarlos. Tampoco firmó la carta que un año después presentaban los “vecinos todos del Rodeo de Queta, distrito del mismo nombre del departamento de Cochinoca a los legisladores de la provincia”. Además de denunciar los abusos y malos tratos de Miguel Garay los arrenderos ponían de manifiesto su intención de acceder a la “propiedad definitiva” de los terrenos que ocupaban: “Algunos de los firmantes hemos formado hace tiempo en el MALÓN DE LA PAZ que llegó hasta el Presidente de la República pidiéndole las tierras que ocupamos (…) Nosotros pedimos una solución definitiva que solo puede darla la propiedad definitiva de la tierra…”^[48] Firmaba la nota, en primer lugar, el referente laborista Doroteo Cayo seguido de Feliciano Cayo, Natividad Gutiérrez, Andrés Flores, José Sajama, Nicolás Mayta, Dedicación Guanactolay, Bartolomé Mamaní, Juan Evangelisto Tolaba, Luisa Ábalos y Clementina Guanactolay. Nos consta que al menos Bartolomé Mamaní también había estado afiliado al ya desaparecido Partido Laborista de Jujuy. Además de Doroteo Cayo, era Clementina Guanactolay quien, un año atrás, había marchado hasta Buenos Aires en el “Malón”.

Al buscar asomarnos a la compleja cuestión de la naturaleza del vínculo identitario no hemos querido establecer la medida en que prevalecieron entre los puneños que en mayo de 1946 emprendieron la marcha hacia la metrópolis porteña adscripciones político-partidarias por sobre identificaciones ancladas en un universo simbólico singular de raíz indígena; sí quisimos llamar la atención sobre la necesidad de referir el fenómeno a la diversidad de marcos contextuales que lo informaron.

Reflexiones finales

El estudio de las experiencias asociadas con la irrupción del peronismo involucra dimensiones diversas, sólo analíticamente disociables. Hasta aquí sólo dejamos trazados algunos lineamientos del marco contextual en el que se inscribieron experiencias muy concretas del cambio social abierto; también de incertidumbres y expectativas frustradas, echando luz sobre ciertas dimensiones sociales implicadas. Es cierto que esa luz no es suficiente para develar los sentidos de la acción; no ilumina estrategias, adaptaciones ni resistencias. Queda pendiente el intento de seguir a los actores identificados, reconstruir sus redes de relaciones, captar los significados que daban a sus prácticas. Saturar el espacio de contextos. Decía Jacques Revel que la apuesta del análisis microsocial reside en entender que “la experiencia más elemental, la del grupo restringido, incluso la del individuo, es la que más luz arroja, porque es la más compleja y porque se inscribe en el mayor número de contextos diferentes”.^[49] Al volver sobre la pregunta de Bohoslavsky reafirmemos el convencimiento de la importancia de mirar “a ras del suelo” y aclaremos el significado que a ello le atribuimos: significa exactamente lo que la metáfora sugiere: mirar muy cerca del suelo; tan cerca que lo que vemos son hombres y mujeres interactuando.

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