Melisa Deciancio^[1] y María Cecilia Míguez^[2]

Introducción

Para comprender la trayectoria de lo que actualmente se conoce como “política exterior feminista”, es importante remontarse a un primer plan de acción de género elaborado durante la I Conferencia Mundial de la Mujer en México en 1975. En las siguientes, se avanzó sobre derechos de propiedad de herencia, custodia de los hijos, nacionalidad y los obstáculos para alcanzar la igualdad (Maurás y Jorquera, 2022: 89). En 1985, en la Conferencia de Nairobi, se incluyó la participación de mujeres en iniciativas de paz y desarrollo. Y diez años después, llegamos a un hito central que marca la incorporación de la agenda de género de manera concreta a la política internacional: la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en 1995. Allí se logró un compromiso histórico entre los 198 gobiernos participantes y culminó con un plan de acción específico: la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing^[3], un ambicioso plan para promover los derechos de la mujer.

Otro lo es la Resolución 1.325 del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad de la ONU, adoptada en el año 2000, que promovió un marco institucional que no solamente reconoció la importancia de la participación de las mujeres, sino también la inclusión de la perspectiva de género en las negociaciones de paz, la planificación humanitaria, las operaciones de mantenimiento de la paz, entre otras.

Ahora bien, cuando hablamos de política exterior feminista, nos referimos a un fenómeno más bien reciente, que data del año 2014, cuando el gobierno de Suecia se convirtió en el primer gobierno en declarar oficialmente a su política exterior como feminista. Desde ese momento y hasta la publicación del documento “Definiendo la política exterior feminista” elaborado por el Centro Internacional para Estudios de la Mujer, la agenda de género puso en discusión directa algunas de las falencias y limitaciones históricas de la política exterior con relación al género, la igualdad y la inclusión.

La incorporación de la perspectiva de género al ámbito de la política exterior, tanto en lo práctico como en lo académico, es aún incipiente y un campo con mucho por explorar. Al mismo tiempo, se apoya en un recorrido teórico y conceptual más profundo, que proviene de las lecturas del feminismo y en particular de los trabajos pioneros en el área de las relaciones internacionales. La concepción feminista de las relaciones internacionales ha puesto de manifiesto las desigualdades existentes dentro del campo disciplinar, tanto en términos conceptuales y teóricos como prácticos. La revisión teórica de los postulados clásicos, marcadamente masculinizados y blancos, ha derivado en cuestionamientos por parte de académicas que llamaron la atención sobre la falta de voces femeninas en la política internacional y en la disciplina que la analiza (Keohane, 1989; Sylvester, 2013; Tickner, 1988, 2005).

El feminismo liberal fue el primer abordaje hacia una perspectiva que incluyese a las mujeres, desde un enfoque empirista que se cuestionaba sobre el lugar de las mujeres en lo internacional y pretendía visibilizarlas (Harding, 1986). La pregunta acerca de dónde están las mujeres en la política internacional abrió la puerta hacia un cuestionamiento sobre el poder, cómo se construye, sobre qué fundamentos y cómo esa construcción determina quién lo ejerce y con qué fines (Enloe, 2014). En cambio, el feminismo radical modifica el punto de vista desde el cual se observan los fenómenos internacionales y pone en cuestión la propia epistemología de los estudios (Marchand, 2013). En tal sentido, autoras como Ann Tickner (1992) han abordado la reformulación de conceptos centrales como el de “seguridad” (Monroy en este volumen). Existen también corrientes feministas vinculadas al giro lingüístico, tanto de raigambre constructivista como posmoderna. Por otra parte, los estudios poscoloniales han abierto el foco hacia las desigualdades de género, sexualidad y raza (Achilleos-Sarll, 2018) (Loza en este volumen), desafiando las bases etnocéntricas de los feminismos occidentales, y poniendo en cuestión tanto su pretensión de universalidad como supuesta neutralidad, al incluso arrogarse el poder de representación (Landaluze y Espel, 2015). Por último, en América Latina se cuentan los aportes del feminismo decolonial, que tiene antecedentes en el pensamiento crítico latinoamericano, incluyendo tanto a las teorías de la dependencia, como a la pedagogía del oprimido (Grecco, 2020).

En los siguientes apartados, desarrollaremos la definición de la PEF, los casos pioneros, y su traducción en políticas concretas. Asimismo, no podemos soslayar que, en la actualidad, estos enfoques son fuertemente cuestionados por fuerzas políticas conservadoras a nivel global.

Postulados y definición

El análisis de la política exterior, así como su práctica, han estado fuertemente marcados por un sesgo masculino y patriarcal. En los múltiples enfoques, se han ido avanzando las condiciones de génesis y de implementación de la política internacional, pero las distinciones de género son generalmente dejadas de lado (Hudson, 2014), así como la ética de la política exterior (Aggestam et al., 2019). Por otra parte, las mujeres se encuentran subrepresentadas en los ámbitos de ejecución de esta, tanto en la diplomacia y las negociaciones internacionales, como en los cargos jerárquicos dentro de los Ministerios de Relaciones Exteriores (Lombardo Estay, 2022; Salomón, 2022). Cabe aclarar aquí desde el inicio de nuestra reflexión que la presencia de mujeres no es en sí misma garantía de la concreción de una perspectiva más igualitaria en términos de género, pero su exclusión o subrepresentación sí es un indicador de la dificultad para avanzar en dicha igualdad.

Tradicionalmente, en el mainstream de las RI, se estableció una dicotomía rígida entre política externa y política interna de los países, como si se tratara de asuntos que tenían dinámicas propias y autónomas. Incluso, muchas veces no eran interconectadas al momento del análisis (Locher, 1988). En contrapartida, los enfoques contemporáneos de las RI, tal como los marcos teóricos feministas, se han ocupado de revisar los límites de la definición de los objetos de estudio de la disciplina, acompañando además los cambios que se evidencian en la actualidad. Romper con esa distinción analítica significa, también, cuestionar la unicidad y centralidad del Estado nación como objeto de estudio de la disciplina, pero también como protagonista de los fenómenos internacionales.

Así, el punto de partida de una política exterior feminista no difiere de los principales postulados de la política exterior, sino que incorpora la necesidad fundamental de garantizar la igualdad y los derechos de mujeres y diversidades de género dentro y fuera de los territorios nacionales. Asimismo, también se trata de promover un abordaje interseccional de la desigualdad basada en el género hacia la transformación de las condiciones en que viven las distintas identidades de género.

Entonces, ¿qué es lo que entendemos por PEF? Al momento no existe una definición clara o una caracterización exhaustiva de qué es una PEF, pero, como sabemos, en la actualidad varios países poseen políticas exteriores que oficialmente definieron como tales, lo que nos permite construir una serie de elementos y postulados que las caracterizan. Sin dudas, estas iniciativas se enmarcan en procesos más amplios relacionados con la resonancia que han cobrado las agendas de género en los últimos años, frente a la mayor visibilización de problemáticas que afectan a las mujeres y diversidades y que resultan transversales a todos los ámbitos de la vida política, social y económica.

Hasta ahora, la discusión y las propuestas para una política exterior feminista han buscado reforzar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en ese ámbito, ampliar y fortalecer sus derechos y su empoderamiento económico. Se trata de una forma de lograr coherencia entre las políticas internas y los compromisos internacionales que los países asumen respecto de la igualdad de género (Thompson & Clement, 2020). Estas decisiones se suman a las iniciativas que apuntan a garantizar el cumplimiento de derechos de las mujeres y diversidades de género.

El ICRW esbozó una definición de política exterior feminista en un documento reciente, considerándola como aquella

que define sus interacciones con otros estados y movimientos de manera que prioriza la igualdad de género y consagra los derechos humanos de la mujer y otros grupos tradicionalmente marginados, separa recursos significantes para alcanzar esta visión y busca interrumpir estructuras patriarcales a lo largo de todos sus niveles de influencia (asistencia, comercio, defensa y diplomacia), con su implementación informado por las voces de activistas, grupos y movimientos feministas (Thompson & Clement, 2020, p. 7).

Basadas en el análisis de la experiencia sueca, Aggestam & Bergman-Rosamond (2016) han definido los términos de lo que debería considerarse una política exterior feminista, explorando sus nociones normativas y éticas, apoyadas en los postulados de las teorías feministas de relaciones internacionales y la escuela inglesa (Aggestam & Bergman-Rosamond, 2016, p. 324).

Maurás y Jorquera (2022) han considerado que los objetivos de una PEF son

buscar la solución pacífica de los conflictos y controversias, entendiendo que la seguridad posee significados diferenciados para mujeres y hombres; 2) Priorizar la igualdad, equidad y la justicia de género, promoviendo los derechos humanos en todas las áreas de la sociedad; 3) Visibilizar y posicionar en la toma de decisiones a actores históricamente invisibilizados, discriminados y violentados, en particular a las mujeres (2022: 92).

Desde una perspectiva regional y crítica, Barbas et al. (2022) definen la política exterior feminista incorporando elementos de los diversos feminismos (decolonial, autónomo, negro e indígena), poniendo el relieve en la coherencia entre las políticas internas y externas adoptadas por un gobierno, regidas por una perspectiva feminista, de diversidad e interseccionalidad. La diversidad de enfoques y definiciones sobre qué debería incluir una política exterior feminista es evidencia de que es un concepto todavía en construcción.

En un trabajo reciente, Aggestam y True (2020) analizaron la relación entre política exterior y agenda de género a partir de lo que consideran la aplicación de “normas a favor de la igualdad de género”, es decir, la inclusión de uno o más de estos compromisos: la práctica explícita de transversalización de la perspectiva de género como enfoque político; la asistencia internacional para evitar la desigualdad de género y buscar transformarla; un enfoque en la seguridad de las mujeres y los derechos humanos, y la existencia de mecanismos institucionales o legislativos concretos para la igualdad de género en la política exterior.

Una serie de países han declarado la adopción de políticas exteriores feministas, y estas experiencias fueron cobrando cada vez más resonancia internacional. Luego de que, en el año 2014, el gobierno sueco tomara la decisión de aplicar principios feministas a su política exterior, le siguieron Noruega en 2016, Canadá en 2017, Francia en 2018, México en 2020, España en 2021. Luxemburgo y Reino Unido anunciaron un enfoque feminista en su PE. En el año 2020, España difundió una Guía de Acción Exterior Feminista donde define los lineamientos de abordaje de su enfoque (Fuentes-Julio & López, 2022). Más recientemente, Alemania, Argentina, Chile y Colombia (en 2022) también anunciaron la incorporación de perspectivas de género a su política exterior.

La política exterior feminista en los casos

Dos aspectos centrales se entrecruzan a la hora de definir el contenido de la política exterior feminista: por un lado, la importancia de la participación de las mujeres en el ámbito de la política exterior; por otro, una agenda específica relacionada con el contenido de determinadas demandas, que hacen ante todo a una sociedad justa y equitativa. Entre las agendas específicas, se pueden destacar la protección de derechos, el cambio climático y una distribución justa del ingreso que implica visibilizar la opresión económica de las mujeres y disidencias. Estas dos dimensiones implicaron propuestas también distinguibles: la primera se vincula con las transformaciones en las oficinas públicas involucradas, para atender las desigualdades y la subrepresentación (o no representación) de mujeres y disidencias; la segunda, con el contenido de las políticas formuladas e implementadas. En el caso de Suecia, que fue el país pionero, la política se operacionalizó en lo que se dio en llamar las 3R: rights (derechos para garantizar la erradicación de las formas de violencia y discriminación), representation (representación de las mujeres en las agencias públicas y en la toma de decisiones en general) y resources (recursos asociados a la cooperación internacional para promover la igualdad de género). El caso de Noruega incluyó un Plan de Acción sobre Mujer, Paz y Seguridad para el período 2015-2018. Por su parte, Canadá orientó su accionar feminista a la asistencia exterior –Feminist International Assistance Policy– con un ambicioso plan de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), e incluyó las dimensiones de “dignidad humana” y “acción climática”. Si bien Francia no tiene explícitamente una política exterior feminista, ha incorporado un elemento importante que es que su estrategia de diplomacia feminista, donde compromete parte de su AOD a la promoción de la igualdad de género, incluyó un marco de rendición de cuentas para hacer una evaluación pública efectiva.

Retomando el planteo de las dos dimensiones en las que podemos rastrear los rasgos de las políticas exteriores feministas, empecemos entonces por el primer aspecto: inclusión de perspectiva de género en estructura institucional de las cancillerías. Las medidas que se han venido implementando en este sentido incluyen las siguientes:

• Paridad en acceso a cargos, ascensos y puestos clave (destinos relevantes)
• Garantizar la cobertura de las tareas de cuidado para mejorar las condiciones de igualdad entre varones y mujeres (jardines de primera infancia, horas de lactancia).
• Inclusión de perspectiva de género en los ámbitos de formación diplomática: paridad de ingresos a la carrera diplomática. En general, esto se ha hecho a través de concursos con currículums ciegos en género, la búsqueda de la paridad de género en el cuerpo docente, en la literatura asignada y las y los evaluadores.
• Formación obligatoria para funcionarios y funcionarias en desigualdades y géneros (el ejemplo más emblemático es la aplicación de la denominada Ley Micaela en la Argentina).
• Protocolos contra la violencia y todas las formas de discriminación.
• Mayor representación femenina en el exterior.
• Creación de mecanismos de monitoreo y control sobre la implementación de los objetivos.

Efectivamente, los países que cuentan con PEF tienen un 31 % de embajadoras mujeres (10 % por encima de la media mundial) y han hecho reformas en estos sentidos, incluyendo la participación de sindicatos y organizaciones internas para la concreción de algunas de estas transformaciones institucionales.

Gráfico 1. Comparación en porcentaje de embajadores hombres y mujeres

En cuanto a la segunda de las dimensiones, podemos afirmar que los países que se han propuesto aplicar o avanzar hacia una política exterior feminista han incluido en sus agendas los siguientes ítems:

• La promoción de la igualdad de género en la participación en organismos internacionales.
• La incorporación de cláusulas de género en acuerdos internacionales.
• La vinculación entre defensa de los derechos humanos y agenda de género.
• La asignación de recursos y ayuda para el desarrollo a iniciativas para la igualdad de género.

Luxemburgo es otro país que en 2019 estableció una PEF. Lo hizo bajo el enfoque de los derechos humanos y niñas, algo acorde con el gobierno que había asumido en 2018. Lo denominó 3D: diplomacia, desarrollo y defensa.

En América Latina, la perspectiva de género ha sido incorporada a la discusión sobre la política exterior recientemente, pero recogiendo discusiones vinculadas a la particularidad del continente, y en muchos casos modificando el sesgo neoliberal que suele predominar en la cooperación internacional. El continente cuenta con una tradición de movilización de mujeres y diversidades sexuales que continuamente ha impulsado la ampliación de derechos y la revisión de las estructuras políticas desde una perspectiva de igualdad. Estos movimientos, además, cuentan con una larga historia de interconexión transfronteriza, que se ha fortalecido en los foros y espacios destinados a la sociedad civil que han sostenido los organismos regionales e internacionales. Un reconocido activismo feminista y una larga tradición de estudios de género están en la base de distintas iniciativas políticas e institucionales hacia la igualdad entre los géneros. Pero una PEF, tal como dijimos, requiere también de la intención expresa de intervenir como país en la agenda global de género, participando activamente de foros internacionales, sosteniendo una clara defensa de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, el combate a la violencia y discriminación de las mujeres y disidencias, y la promoción de su empoderamiento económico.

El primer país de América Latina en presentar un programa de PEF ha sido México, donde el canciller Marcelo Ebrard, en representación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), dio a conocer la estrategia de inclusión de un enfoque feminista y de género en 2020. Luego, se sumaron Chile en 2023 y Colombia en 2024, también lanzando sus propuestas para una PEF.

México lo anunció en enero de 2020, e incluyó las dos citadas dimensiones como objetivos: “hacia adentro” de la Secretaría de Relaciones Exteriores y “hacia afuera”, sumándose a la agenda de género a nivel global y regional. La definición de política exterior feminista que diera el Centro de Investigación Internacional del Instituto Matías Romero perteneciente al gobierno de México también es elocuente respecto de las discusiones que atraviesan esta política en el caso latinoamericano. Para este centro de política internacional, la PEF es

un marco que eleva al primer plano la experiencia cotidiana de las comunidades vulneradas y –partiendo del reconocimiento de las diferentes violencias y discriminación que mujeres y otras colectividades han experimentado– proporciona un análisis más amplio y profundo de los problemas globales. Por ello, da un paso más allá del enfoque de la caja negra del pensamiento tradicional de política exterior y su enfoque en la fuerza militar, la violencia y la dominación, al ofrecer un replanteamiento alternativo e interseccional de la seguridad desde el punto de vista de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad o históricamente discriminadas. Es un marco de política multidimensional que tiene como objetivo elevar las experiencias y la agencia de las mujeres y los grupos marginados para examinar las fuerzas destructivas del patriarcado, el capitalismo, el racismo y el militarismo (CII, 2020, p. 10)^[4].

La cancillería chilena presentó en junio de 2023 su PEF. La primera definición es que,

con el objetivo de establecer el principio de igualdad y no discriminación como un eje rector en el quehacer de la política exterior de Chile, la Cancillería decidió abordar la elaboración de una Política Exterior Feminista que promueva acciones de transversalización de género con el propósito de eliminar los obstáculos que impiden el avance de las mujeres y niñas hacia el pleno ejercicio de su autonomía y derechos^[5].

Lo hace en un reforzamiento de su trayectoria de defensa de los derechos humanos. Siendo el país pionero en la incorporación de los capítulos de género en tratados comerciales, tal como lo desarrollaremos en el siguiente apartado, Chile avanzó en la elaboración de un plan de acción que presentó en marzo de 2024. Allí se plantean no solamente los objetivos principales, sino también en forma detallada y desagredada las metas de acción en los distintos ámbitos: multilateral, bilateral, de las relaciones económicas internacionales, ámbito consultar, de la cooperación, del fortalecimiento internacional,

En el caso de Colombia, desde diciembre de 2022, la cancillería mostró la intención de formular una PEF. Eso derivó en el inicio de diálogos sectoriales, alrededor de las tres premisas que demuestran la apropiación que hace este país latinoamericano del movimiento feminista, a la luz de su larga experiencia política:

Pacifista, en línea con la política fundamental del gobierno nacional, la Paz Total. Participativa, creando escenario de diálogo no solo aquí sino también en escenarios bilaterales y multilaterales. Y tres, y esta es fundamental para nosotros, no solo incluyente, sino interseccional (Cancillería de Colombia, 2022)^[6].

En marzo de 2024, El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia presentó su Política Exterior Feminista en oportunidad de la realización de un evento paralelo a la 68.º Sesión de la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en Nueva York. En esa oportunidad, el documento presentado afirmó:

Colombia está comprometida con la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular con el ODS 5 relacionado con la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, y con la transversalización del enfoque de género transformador en toda la agenda y en todos los esfuerzos de desarrollo. En ese sentido, el gobierno colombiano presenta su Política Exterior Feminista (PEF), como un mecanismo que contiene un conjunto de principios y herramientas que orientan la Política Exterior del Estado para reconocer, reducir y transformar las normas, prácticas sociales y estereotipos que reproducen las brechas y desigualdades de género. De esta forma, su principal objetivo es promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en aquellos escenarios bilaterales y multilaterales en los que Colombia tenga un rol activo^[7].

En la Argentina, las políticas de género son fruto de la conquista de los feminismos, cuyas expresiones y movimientos tienen una amplia trayectoria histórica en el país (Barrancos, 2020) y han ido permeando cada vez más ámbitos de la vida pública. La incorporación y promoción de la transversalización de las políticas de género en el ámbito del Estado no es un fenómeno nuevo en Argentina. Desde mediados de la década de 1990 y especialmente en los últimos diez años, diversas medidas fueron adoptadas dentro de los organismos del Estado en esta línea. A pesar de no haber declarado abiertamente tener una política exterior feminista o con perspectiva de género, como lo han hecho otros países, Argentina cuenta con un marco normativo robusto en esta línea que incluye la Ley de Matrimonio Igualitario (2010), la Ley de Identidad de Género (2012), la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (2019), y la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero (2022). La presencia de la agenda y de género ha ido cobrando cada vez más fuerza dentro del ámbito estatal (Deciancio y Míguez, 2023b). A partir de la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, se llevaron adelante una serie de políticas orientadas a incorporar e institucionalizar una perspectiva de género en las diversas dimensiones de la actuación estatal como uno de los ejes centrales del proyecto de gobierno: la materialización más clara fue la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, pero ha sido un eje clave la idea de transversalizar la cuestión de géneros a toda la política pública (véase Jefatura de Gabinete, 2020).

En todos los casos, la implementación de estas políticas es un tema de debate. El crecimiento de las derechas en distintas regiones del mundo demuestra que, si bien ambas dimensiones están vinculadas, la participación de las mujeres no garantiza el compromiso con la agenda de género. Cecilia Güemes (2023) señala que recientemente las nuevas derechas europeas son portadoras de un “feminismo conservador”, que se preocupa por la condición de las mujeres de sus países, pero vaciando los contenidos del feminismo para defender políticas xenófobas y racistas. En el caso latinoamericano, se puede observar un rechazo por parte de las derechas a la agenda de género, que incluye hasta la negación de las brechas y desigualdades.

Un paso más: la agenda de género en el comercio internacional

En el caso del comercio internacional, a partir de los avances a nivel multilateral, desde Beijing (1995) hasta Buenos Aires (2018), hubo un aumento progresivo en la incorporación de disposiciones relativas al género en los acuerdos comerciales regionales firmados en todo el mundo (ver gráfico 2).

Gráfico 2. Evolución de disposiciones relativas al género
en Acuerdos Regionales de Comercio

Fuente: Monteiro (2021). “The Evolution of Gender-related Provisions in Regional Trade Agreements”, Staff Working Paper ERSD-2021- 8, Ginebra: Organización Mundial de Comercio.

En el continente latinoamericano, Chile ha marcado agenda en materia de incorporación de la dimensión de género a los tratados comerciales a partir de la inclusión de capítulos de género y comercio en sus acuerdos con diversos países. Estos capítulos refieren a diversas dimensiones dentro del vínculo entre género y comercio:

• Implementación de buenas prácticas y ordenamiento jurídico relativo a la equidad de género.
• Diseño de políticas y programas para el fomento de la participación de las mujeres en la economía y en el ámbito laboral, empresarial, social y financiero.
• Participación en tecnología, ciencias e innovación.
• Educación y asistencia financiera; promoción de redes de mujeres empresarias; participación paritaria en cargos de decisión del sector público y privado.
• Formalización del emprendedurismo femenino; políticas de cuidado y programas con perspectiva de género y de corresponsabilidad social y conciliación de la vida laboral con la corresponsabilidad parental; y programas para la generación de empleo e inclusión social para mujeres en situación de alta vulnerabilidad.
• Mecanismos de medición y estadísticos con perspectiva de género.
• Creación de comités de género y comercio binacionales en el marco del acuerdo.

La mayoría de las estrategias instrumentadas en el ámbito del comercio internacional se han focalizado en las mujeres empresarias. Tal es el caso de múltiples experiencias impulsadas a nivel global. Por ejemplo, en 2010 se creó la Plataforma Global de Acción sobre Compras a Proveedoras Mujeres (Global Platform for Action on Sourcing from Women Vendors) para aumentar las ventas de empresas de mujeres a compradores estatales, institucionales y corporativos. En el mismo año, se lanzó en Australia Women in Global Business (WIGB), con el objetivo de aumentar la participación de las mujeres australianas en el comercio exterior y la inversión. En 2015 se lanzó SheTrades, en ocasión del Foro Internacional de Mujeres de Negocios. Es una plataforma para compartir información sobre empresas dirigidas por mujeres, aumentar su visibilidad y crear redes y conectarse. En un sentido similar, la plataforma de negocios WEConnect International creada en 2010 en los Estados Unidos se propone apoyar a empresarias para que logren las mismas oportunidades que los hombres para diseñar e implementar soluciones de negocios e incorporarse a cadenas de valor global. WEConnect es auspiciada por organismos internacionales y empresas multinacionales donde participan empresarias de 50 países, incluidos seis de América Latina (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú). En la región, WEConnect International posee una red que abarca más de 205 empresas certificadas y cuenta con una base de datos de más de 5.000 empresarias, así como empresas lideradas por mujeres. Otorgan certificaciones en más de 20 países de la región y buscan conectar compradores y proveedoras en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá y Perú. En 2018, Canadá lanzó los programas Business Women in International Trade (BWIT) y Women in Trade, que tienen como objetivo común aumentar la participación de las mujeres en el comercio internacional.

Para el caso específico latinoamericano, focalizarse solamente en políticas orientadas a mujeres empresarias no es suficiente. Las iniciativas vinculadas a la agenda de género y el comercio exterior deben ser abordadas de modos más específicos en los países latinoamericanos, considerando la situación estructural de la región como un todo y de cada país en particular. Tal como hemos desarrollado en otros trabajos (Deciancio y Míguez, 2023a), el enfoque de la equidad de género en América Latina debe estar vinculado con las problemáticas de raza y de clase, y atender ante todo a las enormes inequidades que afectan particularmente a las mujeres y disidencias.

Consideraciones finales

Este capítulo se focalizó en el análisis del surgimiento y la evolución de la política exterior feminista (PEF), desde sus primeras manifestaciones en conferencias internacionales hasta su adopción por diversos Estados, con especial énfasis en la experiencia latinoamericana. La PEF busca integrar una perspectiva de igualdad de género en la política exterior, promoviendo la participación de las mujeres y de las diversidades en la toma de decisiones y la implementación de políticas. Aunque no existe una definición única de PEF, esta se caracteriza por su enfoque en la justicia de género, la promoción de derechos humanos y la transformación de las estructuras patriarcales.

Del análisis realizado emerge que el enfoque feminista en política exterior no solo implica la búsqueda de una mayor representación de mujeres en espacios diplomáticos, sino fundamentalmente la inclusión de sus demandas en áreas como el comercio, la seguridad y el cambio climático. Las experiencias de países como Canadá, Noruega, México, Chile y Colombia, entre otros, muestran la forma en que han adaptado estos principios a sus realidades nacionales. En el caso particular de América Latina, la incorporación de la perspectiva de género en la política exterior refleja una tradición de movilización feminista, aunque los desafíos estructurales siguen presentes. Así, la PEF no solo responde a un marco teórico feminista, sino que también tiene un carácter práctico, orientado a superar desigualdades y a construir compromisos internacionales duraderos. Tanto una PEF oficialmente declarada como una política exterior con conciencia de género implican un compromiso con la agenda global de derechos de las mujeres, así como una herramienta de transformación interna que depende fuertemente del acceso de los movimientos feministas a las instituciones del Estado. Frente a la avanzada actual de gobiernos de derecha tanto en el norte global como en nuestra región, la preservación de dichos derechos y el acceso de las demandas y los movimientos a los órganos de los Estados se ven cada vez más amenazados. El retroceso en estas agendas pone en riesgo no solo a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto, alejándola cada vez más del acceso a instituciones y mecanismos más equitativos e inclusivos, y, sobre todo, de un ideal de justicia.

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