María Marcela Bottinelli, María Malena Lenta, José Lohigorry y Ana Tisera

En 2018, antes de la pandemia del COVID-19, los datos del Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental (DNSM, 2019) relevaron 162 instituciones (41 de ellas públicas) en las que censaron a 12 035 personas internadas de entre 7 y 96 años, con una media de edad de 50 años y una mediana de 51^[1]. Uno de los datos impactantes fue que el 30% de la población censada estuvo internada ocho años o más. De hecho, el promedio de internación fue de 8,2 años, con un máximo de 90 años (el rango fue de 0 a 11 años), siendo en el sector público mayor que en el sector privado (12,5 años y 4,2 años, respectivamente).

Entre los resultados se destaca que, de acuerdo a lo informado por los equipos tratantes, solo el 28,5% de las personas firmaron el consentimiento informado. Y, respecto de las razones por las cuales las personas permanecían internadas, se describe que un 36,4% lo hacía por presentar riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, mientras que un 37% continuaba internado por problemas socioeconómicos. Estos datos, sumados a la existencia de fallos –como el caso de Scaturro–, que obligan a los diferentes niveles de gobierno, en ese caso el de la CABA y nacional, a resolver y andamiar los procesos de externación que siguen sin cumplirse, señalan la falta de políticas efectivas para garantizar los derechos humanos de las personas institucionalizadas por motivos de salud mental.

Los informes, declaraciones y pedidos de informes de diferentes organismos y organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Humanos (APDH) y el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones (CCHSMyA), referentes del campo en defensa de la salud mental de las personas, llevan en diciembre de 2018 a que el Estado argentino sea convocado a una audiencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se presentaron organizaciones de usuarios/as, acompañados/as por estos organismos^[2]. En dicha audiencia se suscribieron nuevamente compromisos por parte del Estado argentino respecto del cumplimiento de la Ley 26657 de Salud Mental y Adicciones, así como los marcos normativos de derechos que se entraman con la salud mental (discapacidad, salud, infancias y jóvenes, entre otros).

En el último informe sobre el presupuesto asignado a salud mental elaborado por la ACIJ (2021), además de señalar la escasa información presupuestaria por jurisdicciones, se informa que no se cumple el porcentaje que la ley 26657 sostiene (10% contra menos del 2% real destinado), que la mayor parte de los recursos se destinan al sostenimiento del sistema manicomial y que existe una reducción significativa en los recursos de la actividad “Apoyo y Promoción de la Salud Mental”. Asimismo, señala que en el período 2014-2019 hubo una reducción superior al 80% y que existe una subejecución profunda de partidas a partir del 2015, lo cual tiene un impacto directo en las metas físicas (proyectos financiados).

En la CABA destaca que más del 96% de las camas de internación por motivos de salud mental están en hospitales monovalentes (Pedido AIP, 2018), que hay una ausencia de presupuesto para la construcción de dispositivos comunitarios y que el PREASIS, junto con el subprograma “Atención de Salud Mental”, apenas alcanzan el 10% del total de las partidas destinadas a salud mental.

Las organizaciones sociales se presentan como actores claves de la defensa de la ley, pero además como veedores de su implementación, que fomentan e informan sobre sus procesos de evaluación respecto de la implementación. Desde su creación en 2014, el CCHSMyA agrupa 30 organizaciones sociales de personas usuarias, gremios, asociaciones profesionales, universidades y centros de investigación de todo el país. En su declaración “Hacer con otros” en diciembre de 2018 señala varios aspectos respecto del estado de implementación. Resalta en dicho informe la necesidad de revisar el alcance reducido que se le daba a la conceptualización de la “función rectora” asignada por ley a la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones respecto de la rectoría del Estado no solo para “generar acuerdos” tal como sostenían sus autoridades entonces, sino para garantizar y efectivizar las acciones necesarias para el cumplimiento de la ley 26657.

Por último, en sus declaraciones más recientes, el CCHSMyA señala distintos aspectos necesarios por profundizar para la plena implementación de la ley y denuncian diferentes niveles de desinformación y embate a la implementación del marco normativo tanto a nivel de los profesionales, las instituciones, corporaciones y empresas como en el plano comunicacional y jurídico.

En este marco, desde finales de 2019, la pandemia del COVID-19 entró en escena. Como fenómeno socio-eco-sistémico, impactó en el sistema de salud, en todas sus prácticas, en los modos de trabajo y en el abordaje de las problemáticas, incluyendo las de salud mental, la institucionalización y los procesos de desmanicomialización a través de prácticas alternativas y/o sustitutivas al encierro. En este capítulo abordaremos las reflexiones de trabajadores/as de un hospital público monovalente de salud mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) desarrolladas en 2021 durante el contexto de la pandemia, sobre las transformaciones y persistencias de las condiciones y afectaciones del trabajo, así como de las propias prácticas en comparación con el período prepandémico. En particular, analizamos a modo de doble hermenéutica los resultados de un cuestionario estructurado implementado con este colectivo en 2019 a través de un grupo de discusión en 2021. Se propuso la identificación de continuidades y rupturas respecto del escenario prepandémico, así como el reconocimiento de nuevas problemáticas y estrategias de abordaje emergentes en el escenario de la pandemia y ante el desafío de trabajar en la atención de la salud mental en la comunidad, en el contradictorio proceso de transición en el campo de la salud mental, atravesado además por las tensiones y posiciones de los lineamientos políticos nacionales y jurisdiccionales.

Camino metodológico

Este trabajo se desarrolló en el marco de la adecuación y extensión del proyecto de investigación UBACyT “Salud Mental Comunitaria: contextos de precarización y políticas del cuidado” al periodo 2021 en función del escenario de pandemia del COVID-19. En este contexto, el objetivo general de dicha reformulación se orientó a propiciar instancias participativas para el monitoreo estratégico de la implementación de políticas, programas y proyectos en el campo de la salud mental comunitaria en la CABA en los procesos pre- y pospandemia del COVID-19, a partir de un trabajo llevado adelante con trabajadores/as de un hospital monovalente de salud mental.

Desde una perspectiva de IAP orientada a la coproducción de conocimiento con las personas investigadas-investigantes, nos propusimos emprender un proceso de resignificación de los resultados producidos en una primera indagación acerca de las afectaciones psicosociales del trabajo y las principales problemáticas abordadas en la institución de salud mental, realizada en 2018-2019 en el mismo sector, mediante una estrategia de encuesta participativa. En el segundo momento, desarrollado en 2021, el relevamiento se realizó mediante un grupo de discusión con el objetivo de discutir los hallazgos prepandemia y resignificarlos en función del nuevo escenario, con sus nuevas tensiones y desafíos. De este modo se llevó adelante una investigación en dos tiempos, con objetivos y estrategias metodológicas diferenciados.

En el primer momento, la encuesta participativa implicó la indagación mediante preguntas abierta y cerradas sobre las características sociodemográficas, las condiciones y el ambiente de trabajo, las afectaciones físicas, mentales y relacionales del trabajo, las problemáticas relevantes en la tarea cotidiana y las estrategias de abordaje, entre otros tópicos. El instrumento se trabajó con una muestra intencional no probabilística de 18 profesionales. La mayoría eran mujeres (78%). En cuanto a la edad, la mayoría era de mediana edad ya que la mediana y la moda eran de 41 años, la media de 40 años y el rango de 49 años. Estos datos coinciden con una edad de fuerte demanda familiar, puesto que más de la mitad (56%) tenía hijos/as, la mayoría convivientes y en edad escolar. Otro dato relevante es que solo el 5% no estaba a cargo de las tareas domésticas en el hogar, más de la mitad (56%) sí lo estaba junto con otras personas y el 39% se encontraba totalmente a cargo de estas tareas. En cuanto a la profesión, participaron psicólogos/as (33%), enfermeros/as (22%), terapistas ocupacionales (17%) y otras profesiones (28%), entre las que se encontraban medicina, traumatología, musicoterapia, acompañantes terapéuticos/as, etc. El 83% eran personas con contratación de planta permanente, el 6% eran residentes y el 11% tenían otras contrataciones. Asimismo, todas las personas trabajaban en servicios vinculados a la externación y consultorios externos. Un dato relevante respecto de la ocupación es que el 67% tenía pluriempleo (por lo menos dos trabajos), pero había personas que tenían hasta cuatro trabajos, además del trabajo en el hospital.

En la segunda etapa se implementó un grupo de discusión en el que se presentaron los principales hallazgos del primer relevamiento en torno a las afectaciones del trabajo en la salud, las causas del malestar y las principales problemáticas con las que trabajan. En este momento participaron cinco trabajadores/as del hospital que fueron parte del primer estudio. El 60% tenía hijos/as a cargo. El 80% eran mujeres y el 20%, varones. La mayoría (60%) eran psicólogos/as, el 20% eran terapistas ocupacionales y el 20% eran médicos. El 80% era de planta y el 20%, residentes. La totalidad se desempeñaba en programas vinculados a la externación o consultorios externos y tenía pluriempleo.

Contextos y afectaciones del proceso de trabajo

Los/as trabajadores/as del hospital que participaron en el relevamiento realizado en el año 2019 situaron aspectos como el pluriempleo, la presencia de hijos/as pequeños en el hogar y la realización de tareas de cuidado y de limpieza como cargas laborales que producían distintas afectaciones sobre la propia salud. Las afectaciones que nombraron con mayor prevalencia fueron: el sentirse estresados/as, cansados/as física y mentalmente por las tareas que se realizaban; la mala alimentación y la obesidad y los dolores corporales y/o articulares.

Estos resultados fueron retomados en el grupo de discusión, principalmente por cómo la pandemia recrudeció algunos de ellos, en tanto las disposiciones sobre el aislamiento social, las tareas de cuidado y limpieza o las clases virtuales para los/as niños/as produjeron una indistinción entre el espacio laboral y el del hogar. En este sentido, se plantearon posibles consecuencias subjetivas a futuro, en tanto se presenta una situación difusa donde se está trabajando todo el tiempo: “[…] esta situación de trabajo ininterrumpido me parece que aumenta las cargas laborales que puedan haber sido percibidas o declaradas en 2019, yo puedo sentir y decir que para mí se fueron agravando” (grupo de discusión, trabajador 1).

Junto con las reflexiones respecto de las cargas laborales, el foco del grupo de discusión se centró en las principales causas de los malestares identificadas en el relevamiento del año 2019: la burocracia institucional; la falta de compañerismo y de participación de compañeros/as; la falta de recursos materiales y de personal y la situación de los pacientes. Las condiciones laborales en el contexto de pandemia guiaron la indagación y, en algunos casos, la resignificación de los aspectos mencionados, incluyendo el relato de acciones innovadoras y creativas que llevaron adelante los/as trabajadores/as del hospital.

Nudos resistenciales en la institución

La burocracia institucional, nombrada en primer lugar como causa de los malestares, llamó la atención en el grupo de discusión, aunque se reivindicó su importancia en el contexto de pandemia, en tanto impactaba en el acceso a los tratamientos de usuarios/as y dificultaba o impedía la realización de prácticas o intervenciones. Al analizar la perspectiva histórica de la denominada “burocracia institucional” se la vinculó con cierta deshumanización, y se mencionó que existe una brecha entre los proyectos o lo escrito en declaraciones y normativas en relación con las prácticas: “No percibo que haya una clara idea acerca de la dirección en salud mental” (grupo de discusión, trabajador 2). De esta forma, se ubicó que la cuestión asilar fue “empapando” a los distintos dispositivos que se iban generando, principalmente los de enfoque comunitario, y que demostrar la eficacia de las prácticas quedaba del lado de los equipos profesionales, de su creatividad y recursos propios.

La categoría de burocracia institucional fue entonces repensada en relación con los hospitales como instancias burocráticas, con sistemas muy estructurados y piramidales, lo que habilitó una reflexión sobre las cargas laborales y el malestar de los/as trabajadores/as como consecuencia de resistencias institucionales:

“… como los puntos resistentes donde vos querés hacer las cosas, hacés la nota, hacés las cosas que se supone que hay que hacer para que todo funcione y no funciona, por distintas razones, por ejemplo nos pasó con la necesidad de tener que internar a uno de nuestros usuarios, entonces hicimos todo lo que burocráticamente se suponía que había que hacer […] y nos encontrábamos con resistencias que eran del orden de lo absurdo, como, ‘ah, no, por qué no me avisaste o no me llamaste por teléfono’ […]. No era ese el método, ese era el método informal que puede ser válido para otros tipos de organizaciones laborales, ‘te aviso por teléfono’ (grupo de discusión, trabajador 1).

Los puntos de resistencia que surgen desde la institución, con pregnancias del modelo tradicional, se constituyen así en obstáculos de las acciones que los/as trabajadores/as buscan realizar. En relación con esto último, fueron enumerados distintos aspectos que surgieron durante la pandemia y que responden a una centralización en el modelo biomédico y asilar, como el repliegue de actividades grupales, la fragmentación en los equipos, el desdibujamiento del rol profesional y las distintas normativas que se fueron enunciando.

La fragmentación de las relaciones entre equipos y el desdibujamiento del rol profesional pueden observarse, por ejemplo, en la división de tareas en el interior de algunos servicios, con pregnancia del rol del médico-psiquiatra:

“Recuerdo en [el servicio de consultorios] externos los residentes, los médicos y las médicas atendían y los y las psicólogas las pusieron como administrativas llevando las historias clínicas […] tendríamos que pensar que es algo que venía sucediendo de manera solapada o si se estaba construyendo algo diferente y la pandemia vino como a arrasar, eso me parece interesante también como para pensar” (grupo de discusión, trabajador 3).

Las normativas o memorandos (memos) que el hospital fue indicando en el contexto de pandemia, por ejemplo, en relación con el ingreso de familiares y la salida de los usuarios a los espacios habilitados para el ingreso de los/as profesionales, fueron mencionados como contradictorios entre sí. Se consideró que esta situación generaba temor o confusión en los/as trabajadores/as y minaba la capacidad de respuesta en relación con las prácticas de cuidado tanto sobre sí mismos como para con los/as usuarios/as. Este aspecto de las normativas y el desplazamiento de memos fue retomado ya que implicaba una práctica instalada en los últimos años:

“… la burocracia se ha desplegado sin demasiados objetivos claros más que burocráticos, porque me parece que en algunas cuestiones sí ha podido establecer límites a determinadas formas de hacer determinadas cuestiones, pero en general la burocracia se ha acrecentado y siempre estamos en pos de lo que tenemos que cumplir para determinadas cuestiones […]. La lectura que hago con esta hipertrofia de demandas burocráticas es que tiene un movimiento incesante como desplazamiento […] hace que nunca se tenga una dirección en claro” (grupo de discusión, trabajador 2).

Estos ejemplos ponen de relieve que las prácticas, decisiones y normativas que se armaban y desarmaban en el interior del hospital, y que variaban de acuerdo con los picos de contagios, conllevaron un repliegue de las prácticas.

Equipos, redes y sublimación en el trabajo

La falta de compromiso y de participación de compañeros/as fue retomada en el grupo de discusión para situar un contrapunto. Se planteó que el trabajo en equipo se constituye en un sostén para afrontar las tareas y sobrellevar el malestar:

“… lo que alivia el malestar, o lo que nos permite sobrellevar la burocracia, las dificultades con las que trabajamos de falta de red, de vulnerabilidad de los usuarios es justamente cuando hay compromiso y cuando hay alianzas y lazos fuertes articulados de trabajo en equipo, para mí es lo que sostiene […] compañerismo en los vínculos de espacios compartidos y convivencias pero también con relación al trabajo en sí mismo, en equipo y articulado” (grupo de discusión, trabajador 4).

El trabajo en equipo y la articulación con otros/as profesionales se planteó también como una posibilidad de consolidación de redes, aunque ubicadas como informales, que posibilitan generar distintas estrategias frente a situaciones complejas en relación con los usuarios: “A partir de los vínculos que uno generó con los profesionales de esos otros programas se pudieron pensar articulaciones o redes, que por ahí por fuera de la propuesta programática esos nexos como sostener esos vínculos…” (grupo de discusión, trabajador 3).

Con base en estas cuestiones, un aspecto novedoso, relacionado con el acompañamiento de procesos de inclusión social en el contexto pandémico, se vinculó con la resignificación de algunas estrategias que se venían implementando. De esta forma, por ejemplo, se mencionó la articulación con referentes de hoteles en los cuales distintos usuarios vivían, que posibilitó un abordaje de lo cotidiano y contribuyó a pensar de forma cogestiva estrategias respecto de la prevención y del cuidado:

“Hace poco hubo un brote de COVID en uno de los hoteles y la encargada preguntaba por información de cómo podía avanzar con los hisopados de los contactos estrechos y demás, que por ahí nosotros al trabajarlo dentro del hospital podíamos facilitarle la información o las páginas web y demás, y también ante situaciones de crisis o malestar […] [estos intercambios] fueron muy útiles para pensar situaciones y estrategias de intervención, porque en el día a día nos podían decir si estaban comiendo distinto, o ‘vemos que ahora se armaron otros vínculos’ y ‘la vemos más triste a esta persona’, muchas situaciones así que pudimos ver tanto en los hoteles con los que tenemos contacto como en casas de convivencia que se fueron armando también, decisiones que van tomando los usuarios, y que a partir de esas estrategias vimos que tuvieron un impacto dentro del contexto de pandemia” (grupo de discusión, trabajador 5).

Junto con el compañerismo y el trabajo en red que emergieron en el contexto de pandemia, también se reconoció la estabilidad laboral como un aspecto positivo que, además, favorecía oportunidades de sublimación:

“… las cargas laborales, yo entiendo que tiene su contracara, o sea el trabajo es una instancia de sublimación, por empezar somos todos privilegiados, tenemos trabajo, primer punto, somos personas con trabajo en un contexto de muchas pérdidas de horas laborales […] tenemos la posibilidad de sublimar en relación con nuestro trabajo, de poder ser creativos, de poder reunirnos hoy y pensar, hoy nos reunimos a pensar, estas son posibilidades que da el trabajo que me parece que son interesantes también de marcar como la contracara de todo aquello que genera carga laboral y que afecta nuestra salud, también hay aspectos en el trabajo que favorecen nuestra salud y que se vería afectado si no lo pudiéramos hacer” (grupo de discusión, trabajador 4).

Políticas públicas, recursos y actores en contexto de pandemia

La falta de recursos materiales y de personal y la situación de los pacientes fueron retomadas a partir de considerar que, a pesar de la existencia de programas o de recursos de la seguridad social que pueden contribuir a los procesos de inclusión social, las distintas demoras o barreras en el acceso dificultaba a los/as usuarios/as afrontar los procesos de externación y a los equipos a la hora de articular distintas estrategias:

“… hay más programas, eso sí, pero me cuesta entender, por un lado, están los programas, por otro lado me parece que hay un vacío entre los programas y la práctica, al menos acá adentro del hospital y por colegas de otros hospitales hay otra dirección, me parece que lo comunitario, lo grupal, me parece que va en otra dirección…” (grupo de discusión, trabajador 2).

Las dificultades en la circulación social, en el acceso a recursos de la seguridad social o en la participación de los programas de rehabilitación originadas por medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria, al prolongarse en el tiempo, fueron consideradas como obstáculos para el fortalecimiento de procesos de inclusión social. Situación que fue agravada por las limitaciones materiales y dificultades en la comunicación de las medidas adoptadas:

“… todas las propuestas de virtualidad son muy difíciles para pensar en usuarios que por ahí no tienen acceso a los dispositivos tecnológicos como celular o computadora, o conexión a internet, dinero para pagar esas condiciones […] y la verdad que llegó la segunda ola, de vuelta las restricciones. Y por ejemplo situaciones como que los centros de formación profesional ahora, a los que acuden muchos de los usuarios, con estos últimos decretos cerraron también sus puertas, y directamente no hubo ni una comunicación, hay un usuario que todavía está diciendo: ‘El centro de formación, yo voy y tiene el candado, no puedo cursar, no me avisaron’, entonces pienso allí que hubo muchas dificultades por la pandemia” (grupo de discusión, trabajador 5).

Se observó así una dinámica fluctuante en los procesos de externación de los usuarios, que dependían de la realidad epidemiológica que podía motivar nuevas restricciones en la circulación, lo que restringía más aún las propuestas, además de sumarse aspectos como el no tener un celular (o dinero para realizar una carga), que, en tanto dispositivo necesario para afrontar la virtualidad, se presenta como emergente de nuevas barreras de acceso a derechos.

Pese a las dificultades mencionadas previamente respecto de la inclusión digital, la posibilidad del acompañamiento de los usuarios de forma remota fue también mencionada como un aspecto creativo, como una ventaja en el abordaje de la salud mental en el contexto de pandemia. En personas que realizaban tratamientos ambulatorios o con sus familiares, que no podían circular, ya sea por ser personas de riesgo o por temores con relación al tema del contagio, el seguimiento telefónico permitió utilizar la virtualidad a favor de las intervenciones. Desde allí se posibilitó adoptar roles como agente de salud mental y también, en el caso de dispositivos comunitarios, como articuladores sociales entre distintos miembros de la sociedad que podían encontrarse a gran distancia y generar procesos de acompañamiento. Así, por ejemplo, en un taller de biblioteca, se posibilitó el encuentro virtual de usuarios con artistas, narradores de cuentos, escritores y periodistas: “Fue muy gratificante cómo hacíamos esto que decíamos, como hacer presencia desde la distancia o como estar presente desde la virtualidad…” (grupo de discusión, trabajador 4). Y, en un dispositivo residencial, el cierre de la participación presencial en distintas instancias comunitarias conllevó la planificación, en conjunto con los usuarios, de distintas instancias de taller que contribuyeran con el abordaje promocional de la salud.

Articulando voces: desafíos, discusiones y conclusiones

Galende (2006) sostiene que los manicomios, como medio de control social ejercido sobre quienes se apartan de la norma, nacen como una solución política, y no médica, a un problema social. En tanto forma terminal de la cultura de la mortificación y como institución del maltrato por excelencia, la única ruptura posible con dicha institución es alcanzando la ideología manicomial (Ulloa, 2013). Para Basaglia (2008), las condiciones sociales y económicas determinan los efectos de exclusión y rechazo hacia las personas con padecimiento mental. Por ello las perspectivas de externación e integración social requieren de transformaciones en las estructuras sociales y económicas y posibilitan proyectos singulares de las personas junto con el compromiso de la comunidad, lo que se tornó aún más evidente en el contexto de la pandemia y en función de los repliegues de las instituciones sociales tras las medidas de aislamiento o distanciamiento social, tal como advierten las voces de los trabajadores/as del sector.

En este mismo sentido, Faraone e Iriart (2020) sostienen que la pandemia conllevó que, en los hospitales monovalentes de la CABA, aumente el control social sobre las personas internadas, se intensifique el aislamiento a partir de la falta de acceso a la conexión digital o telefónica y se dificulte el sostenimiento de los lazos sociales en un contexto de recrudecimiento de la concepción biomédica y tutelar. Junto con ello las restricciones en el acceso a instituciones de seguridad social o de la justicia dificultaron la consolidación de procesos de externación. Esto conllevó el aumento de violencias instituciones y la violación de derechos establecidos por la ley 26657. Respecto de las personas en proceso de externación, se plantea que la atención se centró en el suministro de medicación, disminuyendo los abordajes interdisciplinarios y la contención psicosocial, aspectos que recrudecieron la situación de precariedad en la asistencia. De esta forma, se resalta que en la CABA, al igual que en otras jurisdicciones, no solo se incumplió con la sustitución de los hospitales monovalentes de salud mental, sino que bajo el amparo de la situación de pandemia se agravó el encierro y se precarizaron más las condiciones de la población allí alojada, lo cual coincide con el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre políticas acerca del COVID-19 y la salud mental en el contexto de pandemia (ONU, 2020), en relación con la merma de los dispositivos de atención de salud mental territoriales tras la readecuación de centros de salud mental para la atención de pacientes con COVID-19 y el temor al contagio.

Desde el lado de los/as trabajadores/as también se ubicó el desafío en relación con cómo lidiar con el estrés producido durante y luego de la pandemia, junto con las reivindicaciones gremiales. En relación con esto último se mencionaron los cargos vacantes en el hospital, que se fueron acumulando ya que los concursos estuvieron suspendidos durante mucho tiempo en el contexto de la pandemia, que llevan a que el hospital está trabajando con un 50% de sus profesionales: “Es un desafío que ese 50% de vacantes que no tenemos y que no están al servicio de la prestaciones de estos pacientes sea parte de la desinstitucionalización si uno piensa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que esa es su manera de desinstitucionalizar: yo te desinstitucionalizo desfinanciándote” (grupo de discusión, trabajador 1).

En relación con la perspectiva de derechos en el modelo comunitario de atención, Galende (2015) ubica al Estado y el orden jurídico, a los profesionales y a la sociedad civil como los actores que conforman el campo de la salud mental y están implicados en el cambio de paradigma en la atención. Sin embargo, dirá que la formación discursiva que emerge no reemplaza totalmente a la anterior, sino que se produce una transformación e integración en parte, por lo que tanto las instituciones como las prácticas propias del modelo asilar buscan un lugar en el nuevo panorama de atención y lo hacen ante cada intersticio, o, incluso, las fuertes brechas en el acceso a la vida en la comunidad que abrió la pandemia. Esto debe ser fuertemente interpelado en los procesos de transformación hacia modelos de atención de la salud mental en la comunidad y que, en particular, es problematizado por los/as trabajadores/as participantes del estudio.

En relación con los desafíos que se instalan para el trabajo en el hospital en el contexto de la pospandemia, se sostuvo la importancia de afianzar los procesos relativos al cumplimiento de lo establecido por la ley 26657, en referencia a los procesos de externación e inclusión social y a la consolidación del abordaje intersectorial, con un mayor énfasis en el enfoque comunitario de estas propuestas. Asimismo, se retomó la necesidad de lograr una mayor articulación entre los equipos que trabajan en distintos servicios en el interior del hospital, con vistas a los procesos de readecuación. Estos desafíos fueron contextualizados en un escenario como el de la CABA, donde estas propuestas y políticas vienen sufriendo un retroceso que fue magnificado por la pandemia y las medidas adoptadas:

“… lo que me parece que se abre como un desafío fuerte es el cumplimiento de la ley nacional de salud mental que se había propuesto para el 2020, una política en salud que no se pudo cumplir. Me parece que el desafío en la Ciudad de Buenos Aires es aún mayor porque en algunas otras jurisdicciones por lo menos esto se pudo sostener a nivel discursivo, a nivel enunciaciones, pero en este caso no, en la Ciudad de Buenos Aires el panorama no es alentador en el sentido de acompañar esas políticas públicas que se fueron construyendo” (grupo de discusión, trabajador 1).

En relación con esto se mencionan también los efectos que puedan surgir respecto de la salud mental de las personas:

“… todavía no podemos situar bien cuáles son los efectos y estar en una posición en la que no se patologice todo, o [se] crea que cualquier cosa que suceda en contexto de la pandemia, pero tampoco creer que esto no va a tener consecuencias en la salud mental como encontrar esa tensión que no creo que se cierre” (grupo de discusión, trabajador 3).

En el documento Desinstitucionalización de la atención psiquiátrica en América Latina y el Caribe (OPS, 2020) se argumenta que la complejidad de los procesos de desinstitucionalización implica que puedan extenderse en el tiempo e incluso estancarse, por lo que la planificación de recursos y la voluntad política deben sostenerse en el tiempo. En este sentido, la reestructuración de los servicios de salud mental requiere que se provean recursos financieros adicionales, además de lograr el compromiso entre distintos actores del campo de la salud mental, donde cobra especial importancia la implicación de los/as trabajadores/as de la salud.

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