La lucha histórica… a 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental argentina

María Marcela Bottinelli^[1], Lisandro Sagué^[2] e Iris Valles^[3]

Situando las políticas de salud mental y los procesos de transformación

La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones 26657 (LNSMyA) constituyó un acontecimiento de suma importancia para nuestro país. Profundiza el lugar del Estado como garante de la salud propuesto en la reforma constitucional, inscribiendo también el deber de asegurar el derecho a la protección de la salud mental como su responsabilidad, garantizando el pleno goce de los derechos humanos de todas las personas.

El reconocimiento “a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona” (LNSMyA) expresa que la implementación de la política pública no podía quedar reducida a acciones del Ministerio de Salud o de la Dirección de Salud Mental. Asumir la determinación social de la salud implica la incorporación de un enfoque integral e intersectorial desde la génesis misma de la planificación de las políticas. Esto requirió de la creación de nuevas herramientas institucionales

Así, en el año 2013, a partir de la reglamentación de la LNSMyA, se conforma la Comisión Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (CONISMA), en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros que, hasta diciembre de 2015, contó con la representación de once delegaciones del Estado –entre ministerios y secretarías–, disponiendo partidas presupuestarias propias en cada una de ellas para la implementación de las políticas en Salud Mental.

Creado por la propia CONISMA, en el año 2014 se conformó la primera integración del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones (CCHSMyA), que constituyó un marco institucional que consolidó la participación de organizaciones sociales con experticia en el campo de la salud mental y las adicciones en la elaboración de políticas públicas en el sector. Un año antes, en 2013, comenzó a funcionar además el Órgano de Revisión Nacional (ORN), que incluyó también la participación de organizaciones de la sociedad civil.

El proceso de transformación fue mostrando un entramado político normativo tanto a nivel internacional como nacional, con recomendaciones, consensos de objetivos y acciones. A nivel nacional se explicitó el reconocimiento de esos marcos internacionales y nacionales de leyes ampliatorias de derechos. En el campo de la salud mental, además de la sanción de la Ley 26.657/10 y su Decreto Reglamentario 603/13, ese proceso de transformación requirió de una construcción de institucionalidades que incluyó la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMyA), la elaboración del Plan Nacional de Salud Mental, la creación de la CONISMA, el ORN, el CCHSMyA y las Unidades de Letrados, entre otros. De este modo se llevaron adelante acciones que hacen posible la articulación interministerial, la intersectorialidad, la interdisciplinariedad y la participación de la sociedad en su conjunto. Los problemas, obstáculos y objetivos plasmados en el Plan Nacional de Salud Mental señalaron que los procesos de inclusión e integración no son posibles sin una transformación cultural. La articulación interministerial, la intersectorialidad, la interdisciplinariedad requirieron de la participación de organizaciones de personas usuarias y familiares, organizaciones de derechos humanos, organizaciones profesionales, gremiales, universidades, académicos e investigadores/as.

La sanción de la LNSMyA significó para muchos/as la recuperación de historias que habían sido cercenadas. La memoria recupera hacia el porvenir aquellas luchas colectivas que en tantos casos costaron vidas, exilios y desapariciones. Es ineludible la referencia de esas experiencias y proyectos que fueron antecedentes fundacionales, como la experiencia en “El Lanús”, el Plan Goldenberg y otros desde los cuales el campo de la salud mental disputó sentidos no solo a nivel académico y profesional sino en el plano sociocultural, nunca escindidos de disputas ético-políticas por un proyecto de país.

Con el retorno de la democracia, retornó también un fuerte cuestionamiento a las lógicas manicomiales que habían operado sin fisuras durante toda la dictadura cívico militar. Desde las múltiples resistencias y atravesando recorridos distintos, se llevó adelante en varias de nuestras provincias un conjunto de reformas y transformaciones que pudieron plasmarse, algunas de ellas, en la creación de nuevos marcos legales. Pero aun con todos esos esfuerzos, miles de ciudadanos/as continuaban padeciendo diferentes tipos de encierros. A veces tratados/as como peligrosos/as, otras olvidados/as, desubjetivados/as o des-tratados/as bajo la indiferencia y el desconocimiento o arrebatamiento de sus derechos más básicos.

Fueron muchos/as actores/as del campo de la salud mental los que resultaron indispensables para poner en agenda la denuncia de este estado de arrasamiento. Entre esos acontecimientos históricos, se encuentran los multitudinarios congresos de salud mental organizados por las Madres de Plaza de Mayo, que lograron reunir un conjunto de actores que permanecían dispersos. Las Madres hicieron propia la lucha antimanicomial bajo las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, siempre en defensa de la vida.

Estas referencias son necesarias para comprender que en los principios, valores y conceptualizaciones que encontraron una síntesis en la LNSMyA habita también una memoria. En nuestra historia, en las figuras de la peligrosidad se justificaron crímenes contra la humanidad y por ello homenajeamos a personas usuarias y trabajadores/as del campo de la salud mental, desaparecidos/as y asesinados/as.

Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones. La construcción de un actor social como colectivo diverso para exigir la implementación de la Ley

El 1º CCHSMyA fue designado durante el período 2014-2018. Contó con la participación de treinta organizaciones: representantes de confederación de sindicatos, asociaciones gremiales, asociaciones y colegios de profesionales, organismos de derechos humanos, unidades académicas y organizaciones de familiares y personas usuarias (constitución disponible en las Actas de CONISMA y el MSAL).

Dependiente de CONISMA y ésta de Jefatura de Gabinete, el CCHSMyA articulaba en sus inicios directamente a las representaciones sociales con las instancias de decisión intersectoriales coordinadas centralmente a nivel nacional. Este lugar, además de plasmar los principios de intersectorialidad y participación, daba jerarquía a las funciones del Consejo y viabilidad a las propuestas.

El propio CCHSMyA elaboró su reglamento, eligió sus autoridades, su modalidad de trabajo y propuso cinco comisiones de trabajo: Inclusión social y vida sustentable en la comunidad; Interdisciplina y trabajadores de la salud mental; Salud mental y diversidad; Acceso a la salud y Comunidad, cultura, arte y comunicación.

Durante el año 2015 el CCHSMyA comenzó a funcionar bajo las condiciones previstas, incluyendo un secretario técnico designado por CONISMA que articulaba y viabilizaba las decisiones y producciones. Se eligieron las primeras autoridades del Consejo Consultivo Honorario: presidente: Miguel Ángel Tollo (Forum Infancias); vicepresidenta: Silvina Rivilli (Asociación Madres de Plaza de Mayo) y secretario: Alan Robinson (APPUSSAM). Abordó propuestas como la actualización del Plan Médico Obligatorio (PMO) en consonancia con la LNSMyA y se solicitó cambiar su nominación de Plan Médico a Plan de Salud Obligatorio. También se trabajó sobre las pautas para evitar el uso inapropiado de diagnósticos, medicamentos u otros tratamientos a partir de problemáticas del ámbito escolar. Se discutieron los lineamientos para la formación de profesionales en salud mental, más tarde trabajados junto a representantes de universidades públicas y privadas de todo el país, lo cual generó las “Recomendaciones para Universidades”. Se trataron proyectos diseñados por organizaciones de usuarios, como la creación de “Grupos de Apoyo Mutuo para la Salud Mental y Adicciones”, a los que se reconoció como dispositivos pertinentes en el marco de las normativas vigentes en salud mental y adicciones.

En diciembre de 2015, con la asunción de Mauricio Macri comenzó una etapa de resistencia en la que el CCHSMyA tuvo un rol importante en la consolidación de un proceso de unidad que fortaleció a las propias organizaciones del CCHSMyA. Este entramado de redes de organizaciones de todo el país se prepara para resistir los embates anunciados incluso antes de la asunción del nuevo gobierno.

Los antecedentes del dicho gobierno nacional en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la política llevada adelante en dicha jurisdicción (desde 2007) incluían el rechazo explícito a LNSMyA y el incumplimiento de la propia Ley de Salud Mental 448 de CABA, previa a la Ley Nacional. Algunas acciones fueron encubiertas, otras cobraron publicidad, debates y repudio de muchos colectivos, redes y organizaciones, e incluso en algunos casos conllevaron medidas legales. Las imágenes de la represión en el Hospital Borda, las propuestas de negocios inmobiliarios en terrenos de los hospitales, la permeabilidad de la política hacia los intereses corporativos tendientes a profundizar la medicalización de las prácticas son analizadores claros para leer la direccionalidad política. En meses previos a la asunción nacional, el gobierno de la CABA presentó una medida cautelar para impedir el funcionamiento del ORN, de este modo rechazaba el resultado de auditorías y denuncias que el ORN realizara e intentaba acallarlo. Desde los inicios de 2016 se fueron desmantelado redes y servicios, avanzaban procesos de tercerización –que hoy podemos leer como anticipación del proyecto de la CUS (Cobertura Única de Salud) propuesta por Decreto Presidencial en agosto de 2016.

Cuando en diciembre de 2015 se anunció la designación de uno de los principales responsables políticos de dichas acciones en la Dirección Nacional de Salud Mental, la único que podía ser incierto era en qué momento comenzarían los embates directos a la LNSMyA. No hubo que esperar demasiado, en 2016 desapareció la CONISMA del organigrama del Estado. Meses después, retorna una CONISMA empobrecida: de once a cuatro delegaciones del Estado y, además, fuera del ámbito de la Jefatura de Gabinete. Reaparece así para un cumplimiento formal en el Ministerio de Salud, hasta que dicho Ministerio fue eliminado y degradado en Secretaría.

Al quedar desarticulada la CONISMA, el CCHSMyA deja de ser convocado y reconocido por la nueva gestión e incluso se nombra un consejo asesor de expertos, desconociendo las exigencias de la LNSMyA. En este escenario se realiza un plenario excepcional que viabiliza la reunión desde cada consejera/o y entidades representadas, y se decide por unanimidad continuar con el funcionamiento previsto legalmente a pesar de la falta de convocatoria, para así cumplir con las funciones para las cuales fueron designados por cuatro años. El CCHSMyA continuó sus reuniones en espacios cedidos por las instituciones integrantes del Consejo (como las sedes de CTERA, el Centro Cultural de las Madres, la sede de FEPRA) e incluso se realizaron reuniones en otras jurisdicciones en apoyo a los procesos de visibilización de vulneración de derechos y de las construcciones de defensa de estos (por ejemplo en Córdoba, en congresos y en la marcha de salud mental; en Santa Fe, sesionando y participando de uno de los festivales realizados donde se exigía la creación del Órgano de Revisión Provincial de Salud Mental y la plena implementación de la LNSMyA en todo el territorio nacional).

En aquel momento no faltaron las intervenciones de algunos sectores de la psiquiatría en los medios de comunicación reivindicando un electroshock más moderno. Esta insistencia tuvo reacciones importantes, que lograron revertir su instalación en la provincia de Jujuy. Así también las denuncias sobre las condiciones de encierro en hospitales monovalentes de salud mental generaron que las autoridades argentinas fueran convocadas por la Corte Interamericana de DD.HH. para explicitar los hechos relevados en la visita a cárceles y hospitales psiquiátricos. El chaleco químico como castigo, las celdas de aislamiento, el electroshock, son denunciados por organismos internacionales que los califican como tortura. De este modo se reconoce que quien haya sido víctima de ello fue objeto de una enorme crueldad y no de un tratamiento.

A la distancia se percibe con claridad que durante este período, a pesar de que las autoridades eran contrarias explícitamente a los procesos de transformación, se consolidaron procesos de unidad en todo el país bajo la defensa de la LNSMyA. Se produjeron movimientos, marchas, jornadas, acciones cada vez más masivas, con participación de sectores que se sumaban por primera vez a partir de una apropiación cada vez mayor de trabajadores y personas usuarias, lo cual logró instalar los ejes de la ley en una agenda pública incluso más allá del campo de la salud mental.

En ese contexto, el CCHSMyA elabora un documento que denuncia la política de vaciamiento en todo el país, junto a todos los intentos de neutralización y/o eliminación de la LNSMyA. Si bien la gestión del director nacional A. Blake desgastó e interrumpió procesos institucionales, dado que incumplió leyes y normativas nacionales e internacionales, no es menos cierto que también fue una gestión que defraudó las expectativas de sectores corporativos que esperaban la eliminación de la LNSMyA.

Los procesos provinciales fueron generando actos de resistencia, marchas, declaraciones y eventos específicos sobre la implementación de la ley en todo el país. El Órgano de Revisión Nacional, que habían intentado neutralizar, continúa avanzando en su trabajo y se constituyen nuevos órganos de revisión provinciales; son escenas que testimonian la consolidación de un movimiento que logró trascender la reacción. En esta encerrona la gestión intenta convocar al CCHSMyA. Una agenda impuesta y una foto nunca lograda plasmaron simbólicamente que su legitimación no dependía de un director, sino que el CCHSMyA se consolidaba como actor social, político, institucional y jurídico de defensa de la LNSMyA. Las tensiones continúan, y en abril de 2018 cambian autoridades que, aunque con fuertes tensiones, retoman el trabajo con el CCHSMyA. Con una fuerte posición de exigencia del cumplimiento de las políticas de salud mental y de defensa de los derechos, el Consejo pronuncia declaraciones, pedidos de informe, solicitud de adecuación de documentos y propuestas a los principios de la ley. Hacia fines de 2018 se elabora un informe detallado de las deudas en la implementación de la LNSMyA y de recomendaciones urgentes.

También a fines de 2018 se convoca a un nuevo CCHSMyA. Varias instituciones participantes fueron reelectas. Se planteó como condición para formar parte del CCHSMyA refrendar el reconocimiento y pleno apoyo a la implementación de la LNSMyA. En marzo de 2019 se hace pública la nueva conformación del CCHSMyA (disponible en las Actas de CONISMA y el MSAL).

El inicio de este segundo CCHSMyA implicaba nuevos actores y escenarios y demandaba generar nuevos consensos en los procesos de trabajo y posicionamientos. Se reubican instituciones y actores a su interior y en su relación con las redes y autoridades, lo que tensiona además en función de los procesos histórico sociales del país dado que se trataba de un año de elecciones nacionales. Un año muy duro de trabajo que demandó revisión de documentos, consensos constantes sobre requerimientos en función de las denuncias de vulneraciones de derechos, del desmantelamiento de dispositivos territoriales, de fondos asignados subejecutados. Esto en el marco del clima social de vulneración de derechos.

Continuó una gestión que, si bien se pronunció a favor de la ley, nunca revirtió la retirada de equipos territoriales tan importantes en algunas provincias. Aparecen declaraciones sobre desmanicomialización y convenios internacionales sin ningún impacto, cerrando con un informe detallado de las deudas en la implementación de la LNSMyA y recomendaciones. Los datos del Censo de Salud Mental realizado –con varias objeciones– durante 2019 demostraron que solo en los hospitales monovalentes había más de 12.000 personas internadas en promedio por más de 8 años, sin que se respete ninguno de los derechos básicos, mucho menos los derechos inscriptos en la LNSMyA. Hoy nos preguntamos: ¿quién se animaría a decir luego de la pandemia que un encierro de 8 años puede colaborar en la salud mental? 

Embates históricos, embates actuales

Como señalan diferentes expertos en el tema, como Sarraceno, Rotteli, Galende, Kraut, entre otros tantos, entendemos que ningún proceso de reforma se realizó en forma inmediata. El campo de la salud mental es un proceso histórico, un movimiento que pugna por los derechos y la vida digna. Por eso este proceso no debe detenerse, si se detiene, se repite y lo manicomial se instala. Promover la inscripción de un derecho, subrayando lo que se adeuda, implica reconocer algo que debería estar y no está. Cuando se naturalizan las carencias, se reducen las posibilidades de exigir lo que se adeuda y que las personas puedan convertirse en protagonistas de la exigencia del cumplimiento de sus derechos.

Muchas de nuestras experiencias y dispositivos son frágiles, se entraman en lazos informales, en gestiones incesantes, en voluntades testarudas y férreas. Se caen, se levantan e insisten por la vida. Pero las rígidas estructuras del monovalente también pueden quebrarse. Cada marcha, festival, encuentro académico –actividades realizadas en todo el país– no fue solo una política reactiva a los embates anunciados, su masividad da cuenta de una interpelación cada vez a mayor en diversos sectores de la ciudadanía.

Tener presente esto es fundamental porque la naturalización de la segregación bajo el montaje de la peligrosidad obtuvo una fuerte legitimación históricamente con políticas sembradas ya en los genocidios a los pueblos originarios, el gaucho, el loco inmigrante, el cabecita negra, el puto, la trava, “la piba militante que puede ser tu vecina”, el pibe con gorrita, los sin voz, los prescindibles.

La lógica de la transformación que promueve la LNSMyA precisa profundizar la formación, la transmisión de experiencias, la recuperación de las historias y las voces, pero también una transformación cultural. Una lógica diferente a la manicomial y biologicista, que vulnera derechos humanos básicos y asume la salud mental como un problema individual, farmacológico y de encierro asilar, precisa profundizar la noción de equidad, el valor de la participación de las personas, las respuestas desde políticas intersectoriales e integrales. No es lo mismo un beneficio o servicio que reconocer ciudadanía y garantizar derechos o construir sus condiciones de posibilidad. La ley es clara en el reconocimiento de derechos, entonces hay que trabajar en su exigibilidad y en las condiciones para lograrlos.

La LNSMyA expresa la necesidad de una transformación del propio sistema de salud. No hay integración e inclusión sin la accesibilidad de la población que garanticen equidad, participación e integralidad. Los manicomios y las diversas formas de encierro en salud mental y adicciones para cerrarse necesitan la transformación no solo del hospital general, sino de todo el sistema de salud, que funcione en otra lógica sobre el abordaje integral de todos los procesos de salud-enfermedad, atención y cuidados, desde la promoción hasta el abordaje de los diferentes padecimientos, encarando la salud mental desde la determinación social de dichos procesos. Para esto es necesario instalar un nuevo paradigma.

Cuando los detractores de la ley cuestionan los derechos que allí se afirman, presentan sin querer el escenario de su vulneración. Por eso es imperioso estar atentos/as a posiciones que construyen retrocesos bajo el argumento de los derechos. Nos interrogamos acerca de por qué tantos profesionales preguntan si la ley ya está vigente o hablan de “la nueva” ley de Salud Mental. Veinte años no es nada, según dice el tango, pero diez es un tiempo prudencial para leer y aplicar la ley.

Contextos críticos, pandemia y ¿después?

El capitalismo hoy muestra la cara más cruel del neoliberalismo. Señala excedentes, prescindibles, se cuestiona la vida misma y las vías no son tradicionales. Según Murillo (2011), las políticas neoliberales instalan una lógica de individuación, culpabilización y construcción de peligrosidad. Al mismo tiempo aparece el ensamble de procesos objetivos y subjetivos, vincula racionalidades políticas y procesos de subjetivación.

Cuando llega la pandemia comenzamos a oscilar entre la denuncia de este evento que se presenta como obturación de todo pensamiento posible por fuera de una peste biológica, y al mismo tiempo la incertidumbre y urgencia que no puede ocultar la emergencia de las condiciones de desigualdad, mientras la ciencia y la biomedicina son destronadas de un lugar omnipotente. El propio neoliberalismo genera diversas dimensiones de la vida en el capitalismo, donde la desigualdad se expresa como vulnerabilidades, al mismo tiempo que muestra la tecnificación y mercantilización de la vida. La teoría del rebaño conduce a posiciones darwinianas, sobrevivencia del más fuerte, ¿el inmunizado? Y encarna una sociedad implacable, persecutoria de las debilidades y los frágiles, en las antípodas de una sociedad de cuidados de las personas y de su íntima relación y continuidad en la naturaleza.

Algunos sectores urgen por el retorno a la normalidad. Consideramos que es una trampa pensar en el retorno a una nueva normalidad en la pospandemia. Sabemos que la norma remite a una media estadística ligada a la construcción de una moral, introyección de lo que la sociedad requiere para poder funcionar, por ende, en una sociedad con desigualdades, estas seguirán profundizándose. Esto nos remite a la pregunta sobre qué comunidad nos estamos planteando construir, qué lugar tiene el otro, qué lugar la solidaridad, aunque a veces no podamos visualizarlo.

En plena reorganización de nuestras instituciones y experiencias en salud mental comunitaria surge la pandemia, un evento inédito con alcance global. En estas condiciones urge producir pensamiento crítico, como plantea Fernando Ulloa (1995), por eso mientras intentamos analizar y trabajar en la pandemia no dejamos de interrogarnos: ¿cómo proponemos profundizar la implementación de la LNSMyA? ¿Se detiene esto en pandemia? ¿Nos paraliza la cuarentena? ¿No hay experiencias que recrean e inventan en estas nuevas condiciones formas de garantizar y dar sustancia a los derechos?

Estamos frente a lo que puede nombrase como catástrofe social, recuperando el pensamiento de Silvia Bleichmar (2009), que ante estos eventos se preguntaba: ¿qué ocurre cuando la incidencia de la realidad hace estallar las formas habituales y comienza a desarticular sus modos usuales de funcionamiento, a poner en jaque la relación del Sujeto consigo mismo y con la realidad del entorno? Lo traumático no solo pone en riesgo la forma con la que el yo se representa la conservación de la vida, sino la autopreservación, las formas en las que el yo se siente en riesgo respecto a los enunciados identificatorios que lo constituyen. En ese sentido emerge un llamado a la responsabilidad en las intervenciones, dado que en función de ellas se podrá resignificar no solo una trama singular sino el imaginario sociocultural que puede aportar sentido a lo que puede devenir traumático.

Los planteos de Merhy (2020) nos permiten repreguntarnos por la oportunidad durante y después de la pandemia. Además de analizar las controversias de la biomedicina, ubica como fuente de saber obturada a los saberes populares, los saberes territorializados que construyen estrategias de afrontamiento, lo cual queda oculto en ciertos discursos e invisibilizado por las camas de terapias y respiradores. Es necesario construir narrativas que visibilicen las desigualdades, pero también potenciar las construcciones emergentes a partir de los lazos sociales comunitarios que muestran su solidez en las peores condiciones, para no quedar atrapados/as entre la desidia o la discusión de más normativas, lo que quita potencia al Estado y a las políticas públicas como resguardo de la legalidad, y por ende del cuidado de todos/as como construcción colectiva. Por eso nos preguntamos con Merhy (op. cit.) sobre qué sociedad estamos construyendo, y resaltamos la necesidad de revisar la formación de profesionales que propician discursos sobre la pandemia que convierten al otro en peligroso, abonando a la ruptura de la trama social. Es necesario generar una narrativa colectiva que permita salir de esto un poco mejores, desarmando los estigmas, generando rituales que nos permitan recuperar el lazo, la memoria y la vida digna en comunidad.

Las narrativas con metáforas de guerra y enemigos nos proponen intervenciones generalmente punitivas de control, responsabilizantes y agobiantes que nos requieren un lugar heroico y de sacrificio sin importar los cuerpos, los padecimientos y ocultando las condiciones materiales y subjetivas de los/as trabajadores/as. Desde una perspectiva crítica e implicada, y desde las experiencias entramadas en lo comunitario, sabemos que existe otro posicionamiento, otro modo de intervenir en función de andamiar subjetividades, colectivos, implicación, reconociendo las determinaciones y los procesos en los que entramamos nuestras acciones con otros/as y reconociéndonos desde nuestro lugar de trabajadores/as. Las poblaciones en situación de vulnerabilidad (niños/as, viejos/as, discapacitados/as, mujeres, desocupados/as, los cuerpos marcados) suelen ser restos de las instituciones totales, cuerpos debilitados, como dice Galende (2020).

Mientras pensamos en la vida, la muerte se naturaliza, aparece todo el esplendor de la obscenidad, cuerpos caídos, ausencia de rituales, cientos de tumbas vacías que esperan restos de una guerra, ¿población sobrante? Gilou García Reinoso (2005) nos anticipó que se trata de matar la muerte. Ulloa (2001) dice que, para llegar a esta obscenidad de mostrarnos cuerpos muertos cotidianamente, se los ubica en la pasarela social, se ha dejado de velarlos, se trata de un dispositivo cultural que primero se asegura su impunidad y desarticula los lazos y la posibilidad de procesar las pérdidas.

Es imprescindible intentar producir sentidos, buscando los soportes que aseguren referencias ya construidas y creando aquellas que aparecen hoy como necesarias. Nos preguntamos qué cobijos, qué resguardos podemos construir para cuidar la vida. ¿Cómo se puede hacer? Esto es lo que hay que discutir. Dijimos: no es lo mismo beneficiarios que ciudadanos, ni se puede cuidar con tutelas permanentes. Los lazos de distanciamiento social no equivalen a aislamiento, en ellos podemos trabajar desde las necesarias cercanías de Percia (2017) o las resonancias íntimas que Ulloa (1995) nos invitaba a construir.

Es necesario que como trabajadores/as desde un posicionamiento ético político en salud continuemos problematizando, produciendo pensamiento crítico, no solo por el sufrimiento que implica para todos/as estos procesos sino porque es parte de nuestra función develar. Porque lo que queda oculto son los crímenes, sobre ellos el imperio avanza y el neoliberalismo construye subjetividades individualizantes, formas de gobierno que se sostienen especialmente en la producción y control de las subjetividades. Para que la memoria social siga vigente, en construcción, es necesario esa línea de fuga del pensamiento crítico, decolonial, desnaturalizador, que nos permita inventar y co-construir colectivamente otras formas de la vida, generar otra civilización pujando aún en las entrañas del neoliberalismo.

En la catástrofe de la pandemia aparece el valor del distanciamiento físico, pero también una revalorización de las estrategias comunitarias. Estrategias ligadas al reconocimiento de actores y movimientos sociales, no tecnocráticos, facilitadoras de la accesibilidad, que es la primera condición de la equidad. Dinámicas que nos hacen rechazar los intentos de incorporarnos a una utópica salud integral como si se tratara solo de sumarnos a otras especialidades. Por el contrario, apostamos a impulsar un horizonte de integralidad en la salud donde no se trate solo de sumar una especialidad a equipos empobrecidos; mientras tanto sostenemos los necesarios aportes de la especificidad.

La intersectorialidad necesaria, que es el otro componente junto a lo participativo, no se constituye por sumatoria de recursos o insumos; una habitación, caja de comida, subsidio solo serán sustentables en el marco de una experiencia que acompañe la construcción de un proceso de inclusión, con una lógica social de construcción de derechos. Algunos sostienen que esto es una utopía, otros se escudan en que la pandemia es un contexto excepcional y ¡no se puede implementar la ley! Las experiencias existentes ya en el entramado de sostén de los procesos de transformación de la salud mental lo evidencian en diferentes lugares de nuestro país: durante la pandemia nos llegan muchas referencias de las experiencias que trabajan desde la perspectiva de derechos que no solo resisten con muchísimo esfuerzo, sino que insisten y profundizan creativamente sus propuestas de cuidado incorporando en su trama los emergentes por la pandemia, sin desistir en cada espacio a pesar de las inmensas dificultades históricas a las que se suman las actuales.

No desistimos, seguimos entramando

Nos ubicamos en este escrito recuperando construcciones colectivas para tejer narrativas comunitarias. Nuestra voz es resonancia de procesos colectivos entramados en los que participamos. Colectivos de los que recuperamos producciones, interrogaciones, aquello que hoy nos hace preguntarnos ¿qué direccionaldad política toma hoy el campo de la salud mental? ¿Cuáles son sus particularidades en época de catástrofe social, en esto que se nos presenta como pandemia?

Reconocemos en esas raíces, a modo de un mandato de la Memoria, la declaración de lo que ha sido nominado como vidas arrasadas (CELS, 2007) por encierros, torturas, aislamientos, chalecos químicos, electroshock, destacando el empobrecimiento de vidas cronificadas por intervenciones realizadas desde la peligrosidad. Esto es un problema de todos/as, dado que en nombre del bien se producen intervenciones para tutelar vidas desconociendo la producción que conllevan las propias prácticas y estrategias. Se trata pues de una Memoria social que reconoce los crímenes que parten no solo de los procesos dictatoriales sino de genocidios encubiertos, de la eugenesia social y de las micro y macropolíticas encubridoras o arrasadoras de derechos. Esa Memoria también reconoce los procesos históricos de lucha, resistencia y construcciones de memoria, ampliatorios de derechos por una vida digna para y con todas/os.

En el documento “Ante la Pandemia cuidamos y nos cuidamos, profundizando la implementación y la lógica que plantea la Ley Nacional de SM 26657” del Movimiento de Usuarios/as y Trabajadores/as en defensa de la LNSM, se recupera esta noción de campo configurado por transformaciones en lo político, clínico, social y cultural que fue expresado por diversos colectivos, en distintos momentos de nuestra historia.

Del mismo modo nos hacemos eco y les invitamos a leer la Declaración del CCHSMyA del 10 de junio de 2020 en cuanto a la visibilización de los ejes centrales necesarios para profundizar la implementación de la ley aun en contextos de pandemia. Entendemos que se trata de un proceso de construcción que continúa, un campo de disputas que seguimos tensionando. Por ello es necesario visibilizar que no se detiene con las emergencias, sino que está aún construyéndose hoy, por ello el papel de todos/as y cada una/o es imperioso. Hay urgencias, con énfasis en cuidados en las internaciones, pero también una posición sobre cuidados de la población y los propios equipos en simultáneo. El sufrimiento es transversal, la vulnerablidad también, pero en el marco de desigualdades atroces. La ley requiere seguir profundizando su implementación en y desde cada lugar, con y para todos/as.

Parafraseando a Castoriadis, la creación imaginaria de la sociedad del futuro no está dada sino que depende de lo que hagamos hoy nosotros/as.

El futuro se construye desde la memoria con los valores que sostenemos en el presente, con los cuidados que ponemos en acto hoy.

Por eso entendemos que los desafíos deben seguir enunciándose desde la defensa de esos derechos para que la ley sea el piso del camino que construimos y transitamos diariamente, y no el horizonte.

No hay razones para no avanzar, pero para ello es imperioso que cada cual se haga cargo de lo que le compete y más, en este escenario donde no valen los cálculos de los canallas. Sabremos defender la vida, la nuestra y la de otros aun con miedos e incertidumbres, la historia nos muestra que la fortaleza de las conquistas en el campo de la salud mental siempre fue y seguirán siendo procesos colectivos en y con la comunidad.

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—— (2001). La obscenidad del poder, la ternura de los piqueteros. Reportaje a Fernando Ulloa realizado por Vicente Zito Lema y Gregorio Kazi, publicado en diario Página/12, suplemento de Madres. Disponible en https://bit.ly/34Dhv0n.

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