El objetivo principal del presente capítulo es analizar la reorientación del CEDES y el CISEA que los condujo a ocupar un lugar importante como think tanks durante la transición democrática. A este fin, el capítulo se divide en tres partes. Primero, para poder analizar la reorientación del CEDES y el CISEA durante la transición democrática, es importante establecer el marco teórico referido al concepto de un think tank y su función como actores en el sistema político. Este es el objeto de estudio en la primera parte, donde examinaremos el origen y la evolución del concepto de un think tank, estudiaremos las diversas clasificaciones existentes y analizaremos el papel que han desempeñado históricamente en el sistema político.

En el segundo apartado, analizaremos la estrecha relación que existió entre la FF y la evolución de los think tanks en Estados Unidos, estudiando sus vínculos con un think tank en particular, el Brookings Institute, durante las décadas de 1960-1970. Para nuestros propósitos, es clave analizar la relación que existió entre estas instituciones, de manera de evidenciar la importancia y la utilidad que los think tanks tuvieron para los oficiales de la FF durante esta época como vehículos para generar capital político y cultural. A este fin, buscamos establecer por qué sería deseable entonces por parte de los oficiales de la FF a promover la exportación del mismo modelo a la Argentina a través de los CAPs con los cuales estaban involucrados.

En la última parte del capítulo, analizaremos las transformaciones en el rol del CEDES y el CISEA durante la transición democrática en sintonía con el marco teórico de los think tanks establecido en la primera parte. En línea con lo analizado en el segundo apartado, indagaremos el papel de la FF en la financiación, promoción, y exportación del modelo think tank durante la transición democrática y cómo sus contribuciones al CEDES y CISEA fueron claves para el despliegue y la legitimización de este modelo en el país. Un eje importante de la última parte del capítulo estará enfocado en las múltiples estrategias desplegadas por el CEDES y el CISEA para generar conexiones con el aparato político, y el papel de los centros, específicamente el del CISEA, en la campaña electoral de Raúl Alfonsín.

En términos de su actividad académica, nos enfocamos en particular sobre un proyecto financiado por la FF realizado en conjunto por los investigadores del CEDES y el CISEA durante 1982-1985 sobre el establecimiento de los partidos políticos nuevamente habilitados. Este proyecto resultó clave en la formación de las plataformas políticas de los futuros partidos políticos, y también en establecer el papel de los think tanks como importantes actores en el nuevo sistema democrático. Examinaremos la importancia del proyecto en el establecimiento de contactos con los medios de comunicación locales, y cómo la habilidad de participar en el debate público a través de ellos les permitió incrementar su visibilidad y legitimidad en el ámbito local como actores de peso en el escenario político.

3.1 Los orígenes y la evolución de los think tanks

Para poder analizar la reorientación del CEDES y el CISEA que los condujo ocupar el papel de think tanks durante la transición democrática y el siguiente gobierno democrático, es importante primero establecer cómo definimos el concepto de un think tank, sus diferentes clasificaciones y el papel que han ejercido en el sistema político.

En términos generales, entendemos el concepto de un think tank como un instituto o centro académico sin fines de lucro cuya función principal es la de realizar investigaciones sobre un tema o un grupo de temas seleccionado, con el objetivo de movilizar la opinión pública y proveer una base de información útil para la formulación y elaboración de políticas públicas. Según Paul Dickson (1972), el sentido general de un think tank es el de ligar el conocimiento con el poder y a la ciencia y la técnica con la elaboración de políticas (pp. 26-27). De manera similar, James McGann (2016) describe a los think tanks como un puente entre la comunidad académica y la comunidad política, entre el Estado y la sociedad civil (p. 13).

El país en el cual se ha desarrollado más el modelo think tank es, sin dudas, Estados Unidos. Según el Global Go-To Think Tanks Index^[1] más reciente de 2019, los Estados Unidos cuenta con alrededor de 1.871 think tanks, una suma que supera el total de los siguientes cinco países combinados^[2]. De hecho, el número de think tanks en Estados Unidos se duplicó desde el año 1980 hasta hoy (McGann, 2020: 15).

Dickson (1972) identifica ciertos aspectos en común que comparten los think tanks que son útiles para nuestro análisis. Estas características son: 1. la utilización de metodologías científicas de investigación; 2. el establecimiento de fuertes lazos más allá de la comunidad científica; 3. poseer un amplio grado de libertad en la definición del problema y en la elaboración de recomendaciones; 4. tener una preocupación por una variedad de problemas de amplio interés o por las implicancias más amplias de una sola problemática; y 5. marcar el ritmo de investigación para el resto de la comunidad investigativa (pp. 29-31).

Algunos autores como Weaver (1989) y Stone (1996) reconocen tres generaciones en el desarrollo y la evolución de los think tanks en los Estados Unidos. A través de un análisis de estas tres generaciones podemos comprender mejor la evolución de los think tanks, y cómo su papel como actores en el sistema político ha cambiado a lo largo de los años. Estas tres generaciones también nos ayudan a entender las diferencias en el papel político de cada uno de los diferentes tipos de think tanks.

La primera generación de think tanks en Estados Unidos surgió a principios del siglo XX. Entre algunos ejemplos destacados de esta primera generación se encuentran el Institute for Government Research^[3] y el Hoover Institution, establecidos en 1916 y 1919 respectivamente (Abelson y Lindquist, 2017: 40). Los think tanks de la primera generación tuvieron una fuerte orientación académica y científica, y fueron considerados los verdaderos institutos de investigaciones políticas, caracterizados por Weaver (1989) como “universidades sin estudiantes” (p. 564). En lugar de desarrollar investigaciones con el objetivo de movilizar la opinión pública sobre los asuntos políticos, los think tanks de la primera generación estaban orientados más hacia la creación de una “élite de opinión” en las comunidades académicas e intelectuales (Weaver, 1989: 564).

De hecho, los think tanks de la primera generación no tenían una ideología identificable, ni se alinearon con un partido político. El objetivo principal de estos centros fue el de ligar el conocimiento científico con la formulación y elaboración de políticas. El plantel investigativo de los primeros think tanks se componía de élites intelectuales de la comunidad académica, predominantemente economistas, quienes desarrollaron una estrategia explícita de no partidismo en la realización de investigaciones (Stahl, 2016: 24). Como sostiene el historiador Donald Critchlow, los think tanks de la primera generación se abocaron al conocimiento tecnócrata no partidario, y tuvieron el objetivo declarado de superar los intereses económicos, políticos y clasistas para promover el bienestar de la población en general a través de la implementación “científica” de las políticas públicas (Critchlow, 1985: 4).

Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se produjo la emergencia de la segunda generación de think tanks. Esta generación de think tanks emergió atravesada por el contexto de la Guerra Fría, ante la creciente demanda del gobierno estadounidense de asesoramiento sobre la política exterior y de las operaciones militares. Por lo general, los think tanks de la segunda generación se enfocaron en estudios sobre el mejoramiento del ejército y empezaron a establecer lazos que trascendían la comunidad académica hacia el mundo político. Estos think tanks son caracterizados por Weaver (1989) como contract research orgnizations dado que funcionaron principalmente a través de los contratos gubernamentales (p. 566).

RAND Corporation es reconocido por muchos autores como uno de los primeros think tanks de esta segunda generación. Fundado en 1945, RAND estaba compuesto por científicos e ingenieros civiles cuyo objetivo principal era el desarrollo de técnicas y tácticas para la guerra. En 1948, se independizó de la Douglas Aircraft Company (una empresa que fabricaba aviones de combate), gracias a una subvención de 100.000 dólares de la FF (Thompson, 1994: 70).

El trabajo de RAND puede caracterizarse como la labor típica que desempeñaron los think tanks de la segunda generación, que consistía en la elaboración de informes para el gobierno más que en investigaciones académicas (Uña, et. al., 2004: 5). De manera similar a los think tanks de la primera generación, éstos no evidenciaban una afinidad ideológica clara, ni se alinearon con un partido político. En cambio, los think tanks de la segunda generación esencialmente sirvieron a los intereses del gobierno estadounidense y del ejército, sin importar el partido político que estuviese en el poder, y realizaban investigaciones exclusivamente para proporcionar una justificación académica/intelectual a las acciones del gobierno.

La tercera generación de think tanks que surgió a finales de la década de 1950 al lado de las denominadas “universidades sin estudiantes” y las contract research organizations los denominó advocacy think tanks. Según Weaver (1989), los advocacy think tanks se caracterizan por la combinación de una inclinación política, partidaria o ideológica con una estrategia agresiva para influir en los debates políticos (Weaver, 1989: 567). Estos think tanks desde mediados de la década de 1950 empezaron a vincular fuertemente el ambiente académico con el aparato político, y desde entonces han jugado un papel fundamental en la formulación y la elaboración de políticas públicas, además de un rol instrumental en el encauzamiento de la opinión pública sobre los asuntos políticos.

Aunque todos los advocacy think tanks tienen una fuerte inclinación política, no todos necesariamente tienen una inclinación partidaria o ideológica identificable. Por el contrario, algunos de ellos son percibidos por los funcionarios políticos, los medios de comunicación y el público como organizaciones imparciales, y el conocimiento que producen es utilizado tanto por la derecha como por la izquierda. Algunos ejemplos destacados de este tipo de think tank en el sistema político contemporáneo son el National Bureau on Economic Research o el Council on Foreign Relations, que son caracterizados por la inclusión de miembros de ambos partidos políticos y cuyos trabajos son citados por miembros de ambos partidos. Dado que entre estos think tanks es más difícil detectar una coherencia ideológica, son casi siempre citados por los políticos o los medios de comunicación como pertenecientes al centro, centro-izquierda, centro-derecha o simplemente como think tanks no partidarios.

Por otro lado, algunos advocacy think tanks tienen una ideología identificable y/o se alinean con un partido político específico. Algunos ejemplos destacados de este tipo de think tank en el sistema político contemporáneo son el Center for American Progress y el Economic Policy Institute, proponentes de una ideología más progresista, o la Heritage Foundation y el American Enterprise Institute, exponentes de una ideología más conservadora.

De manera interesante, algunos think tanks alineados con un partido político pueden servir para reorientar la ideología dentro del mismo partido, como es el caso del Progressive Policy Institute. Este think tank alineado con el Partido Demócrata durante la presidencia de Bill Clinton (1992-2000) representó una posición conservadora dentro del partido supuestamente izquierdista, y sirvió para orientar el debate político al interior del partido hacia posiciones de derecha (Stahl, 2016: 5).

Es importante aclarar que la llegada de una nueva generación de think tanks no significó la desaparición de la generación anterior, sino que simplemente representó un cambio significativo en el rol que ocupó la nueva generación en el aparato político. De manera similar, es importante aclarar que la orientación ideológica o el alineamiento con un partido político de un think tank puede cambiar a lo largo de los años. Como veremos en más detalle en el próximo apartado, algunos centros que comenzaron ocupando el papel de think tanks como “universidades sin estudiantes” o contract research organizations, luego viraron hacia la forma de advocacy think tanks durante las décadas de 1950 y 1960. En algunos casos, como el Brookings Institute, se puede rastrear su evolución como un think tank no ideológico y no partidario entre los años 1920 y 1950, un advocacy think tank alineado con el Partido Demócrata entre los años 1950 y 1990, y el regreso a sus raíces no ideológicos y no partidarios desde la década de 1990 hasta el presente^[4].

En cualquier caso, los think tanks desde la década de 1950 se han desempeñado como actores centrales tanto en el ámbito académico como en el escenario político. Convocan seminarios o conferencias en que participan varios funcionarios del gobierno y/o académicos reconocidos, sus miembros son frecuentemente invitados para ser entrevistados en los medios de comunicación o para brindar algún testimonio en al congreso, y son considerados expertos en su área de estudio tanto por el público como por los funcionarios del gobierno y los medios de comunicación.

Hoy en día, no es inusual que miembros de los think tanks redacten proyectos de ley que se entregan directamente a los dirigentes políticos para ser promovidos y promulgados. A veces son menos tangibles los aportes de un think tank, pero no se puede subestimar su influencia e importancia en el sistema político estadounidense y en el debate público sobre los asuntos políticos.

Existe también un fecundo intercambio entre el mundo de las políticas y el de los think tanks. Por ejemplo, si un think tank apoya a un candidato político y genera aportes importantes que le facilitan su elección, es frecuente que, tras ganar las elecciones, algunos miembros del think tank pasen a ocupar cargos importantes dentro de su administración. Por otro lado, es bastante común que después de servir como oficiales públicos, algunos de ellos regresen al mundo de los think tanks para continuar su trayectoria profesional. McGann (2016) refiere al movimiento entre los think tanks y las administraciones políticas como casos típicos de “puerta giratoria” (p. 101).

El primer caso de tal situación ocurrió con el Brookings Institute cuyos miembros ocuparon cargos importantes en las administraciones de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson. Como señala Smith (1991), las designaciones políticas de los miembros del Brookings en el gabinete de Kennedy marcaron una nueva era en el gobierno para los académicos especialistas (pp. 122-125). De manera similar, los gabinetes de los presidentes conservadores, Richard Nixon y Gerald Ford, contaron con la presencia de muchos funcionarios que habían sido investigadores en el think tank conservador, el American Enterprise Institute (AEI). Después de terminar su mandato presidencial en 1976, de hecho, Gerald Ford fue incorporado al AEI (Stahl, 2016: 43-44).

Como veremos en el próximo apartado, el surgimiento de los advocacy think tanks durante las décadas de 1950 y 1960 estuvo estrechamente vinculado con las estrategias del establishment del Este y la Fundación Ford, lo que lo torna particularmente relevante para nuestros propósitos analíticos.

3.2. Un modelo think tank para exportar: el caso del Brookings Institute

Es importante analizar la relación entre los think tanks, las fundaciones financiadoras, y el gobierno para comprender su funcionamiento en el sistema político, y para entender su importancia como vehículos en la generación de capital político y cultural. Algunos autores como Stone (1996) y Parmar (2012b) analizan las relaciones entre estos grupos como “epistemic communities” (“comunidades epistémicas”). Éstas son redes de especialistas que comparten la misma visión del mundo y que buscan convertir sus creencias en políticas públicas y programas gubernamentales (Stone, 1996: 3).

Parmar (2012b) identifica dos niveles dentro de las comunidades epistémicas: el primero compuesto por oficiales gubernamentales, agencias internacionales, y ejecutivos corporativos; y el segundo nivel compuesto por los académicos, abogados, y periodistas (p. 7). Aunque ambos grupos comparten un marco conceptual similar, operan desde una división de funciones claramente definidas. Es decir, mientras los oficiales gubernamentales dentro de estas comunidades epistémicas tienen el acceso a la elaboración de políticas, los miembros del segundo nivel producen el conocimiento que sirve para legitimarlos como “objetivos y científicos” (Parmar, 2012b: 7). Como señala Stone (1996), “los think tanks tienen más probabilidades de afectar el pensamiento político y el clima de opinión sobre un asunto cuando son despertados por una comunidad epistémica” (p. 3).

La historia del primer caso de un advocacy think tank, el Brookings Institute, la relación que tuvo con la FF y la evolución del Instituto durante las décadas de 1950 y 1960 es clave para entender cómo los think tanks llegaron a ser reconocidos como actores instrumentales en el aparato político y el papel que la FF jugó en este proceso. Es también importante para nuestro análisis dado que la emergencia de los advocacy think tanks tuvo lugar durante el mismo período de tiempo de nuestro estudio, justamente cuando inició el apoyo de la FF a los CAPs latinoamericanos. Un análisis de la relación entre la FF y el Brookings es significativo tanto para demostrar cómo los think tanks llegaron a constituir una parte central de las estrategias de las fundaciones filantrópicas como generadores importantes de capital político y cultural, como para entender la lógica del mercado de ideas facilitado por los think tanks durante este tiempo, y por qué sería deseable exportar tal modelo a los países latinoamericanos.

Desde su fundación en 1927 hasta la década de 1950, el Brookings Institute había operado en línea con las características de los think tanks de la primera y segunda generación que analizamos en el apartado anterior. No contó con una perspectiva ideológica observable ni se alineó con un partido político, y esencialmente sirvió para resguardar los intereses del gobierno estadounidense y del ejército, sin importar el partido político que estuviera en el poder (Weaver, 1989: 565). De hecho, los miembros del Brookings percibían el mundo de las políticas y de los partidos políticos como corrupto, y buscaban consolidar una imagen de la institución no partidaria para que sirviera como un contrapeso a los movimientos radicales y el “partidismo político indisciplinado” (Stahl, 2016: 24).

En 1952, sin embargo, Robert Calkins fue nombrado presidente del Brookings, y desde allí lideró una fuerte reorientación del Instituto hacia el ámbito político, alineándose con el establishment del Este y su partido político aliado, el Partido Demócrata. Calkins mismo había formado parte del establishment del Este, y tuvo una trayectoria académica y profesional semejante a la de los oficiales de la FF. Había sido el presidente del Departamento de Estudios Económicos en la Universidad California-Berkeley durante 1932-1941 y luego decano del Programa de Negocios de la Universidad de Columbia. Además, ocupó varios cargos gubernamentales, y trabajó por muchos años en el ámbito de la filantropía de la Fundación Rockefeller (Lambert, 1992).

Bajo la dirección de Calkins a partir de 1952, fueron incorporados al plantel investigativo del Instituto varios académicos de primera categoría, predominantemente economistas, quienes compartían la ideología del establishment del Este y que contaban con experiencia trabajando en cargos gubernamentales. Calkins estableció relaciones institucionales importantes con varios sectores del establishment del Este, incluyendo una relación importante con la Fundación Ford^[5] y en pocos años las contribuciones de la Fundación llegaron a constituir la mitad del financiamiento del Instituto (Dye, 1978: 320-321).

Una gran parte del ascenso al poder del establishment del Este durante la década de 1960 puede ser atribuido a las contribuciones del Brookings Institute. El éxito del Brookings estuvo marcado por el triunfo de los candidatos apoyados por el establishment del Este, John F. Kennedy en 1960 y Lyndon B. Johnson en 1964. Muchos miembros del Instituto pasaron a ocupar cargos importantes en ambas administraciones, como hicieron también otros miembros del establishment del Este y oficiales de la Fundación Ford.

Como señala Stahl (2016), los investigadores del Brookings jugaron un papel central durante 1961-1968 en las administraciones de Kennedy y Johnson, particularmente notable entre 1965 y 1966 en la formulación y elaboración de legislación para la agenda de la Great Society del presidente Johnson (pp. 31-45). En 1966, Johnson declaró con respecto al Brookings que era “una institución nacional tan importante, por lo menos para el Poder Ejecutivo – pero creo que también para el Congreso y el país – que si no existiera tendríamos que pedirle a alguien que la creara” (Stahl, 2016: 45).

El hecho de que los gobiernos de Kennedy y Johnson contaran con muchos miembros del Brookings proporcionó legitimidad al Instituto, pero también aumentó la demanda por parte del gobierno para la realización de investigaciones provenientes de estos tipos de centros. Dezalay y Garth (2003) sostienen al respecto:

En efecto, las primeras generaciones del establishment del Este norteamericano habían sido conscientes de desarrollar instituciones de conocimiento superior. Con ello obtuvieron legitimidad y justificaron su poder […] Tiempo más tarde, después de que los miembros del establishment del Este habían logrado asumir las responsabilidades del Estado, miraron hacia los lugares de producción del conocimiento con el objeto de conseguir diagnósticos – y también soluciones – que se anticiparan y resolvieran nuevos tipos de problemas sociales y políticos (pp. 218-219).

Sin embargo, a pesar de la participación de muchos investigadores del Brookings en los gobiernos de Kennedy y Johnson, Stahl (2016) sostiene que el Instituto a principios de la década de 1960 no era percibido como una organización ideológica o partidaria por la comunidad académica, los medios de comunicación, ni necesariamente por la mayoría de los oficiales gubernamentales. Stahl sostiene que esta percepción de objetividad tiene que ver con la existencia del “liberal technocratic consensus” (consenso tecnocrático liberal) que prevaleció durante las primeras décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial (p. 45).

Un análisis del concepto de tal “consenso tecnocrático liberal”, de la cual los oficiales de la FF y el establishment del Este fueron los principales promotores, es clave para entender la ideología de esta institución durante este período, y también para estudiar las lógicas de los oficiales de la FF en su promoción del mercado de ideas y el papel de los think tanks en estos procesos.

El consenso tecnocrático liberal que prevaleció durante las primeras décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial tuvo la intención de “ocupar el amplio espacio entre el capitalismo laissez-faire y los extremos socialistas” (O’Connor, 2007: 2). Aunque incondicionalmente capitalista y anticomunista, el consenso tecnocrático liberal se caracterizó por la promoción de las ciencias sociales como una manera de combatir los problemas asociados con el capitalismo corporativo industrial. Tal consenso asumió que la economía de los Estados Unidos había sido gestionada por una “enlightened management” (“dirección cultivada”) que le había facilitado la creación de una amplia clase media para así superar la lucha de clases (Stahl, 2016: 29).

Sobre esa base, intentó demostrar que el capitalismo tenía un potencial revolucionario y una capacidad para promover la justicia social, y que los científicos sociales eran capaces de definir los problemas sociales y formular soluciones adecuadas, dentro de ese esquema estructural. Como sostiene Stahl (2016), tal ideología promovida por las fundaciones filantrópicas como la FF, “percibía la política y la vida política como un asunto esencialmente de las élites, uno que recompensaría y ubicaría en su pináculo a las instituciones de élite que aceptaran tal visión del mundo” (p. 29). Las fundaciones filantrópicas como la FF jugaron un papel integral en la promoción del consenso tecnocrático liberal a través de think tanks como el Brookings Institute dado que contaron con los recursos financieros para solventar las investigaciones y los grupos de investigadores que coincidían en esta visión del mundo (Parmar, 2012b: 3). Dentro de la perspectiva ideológica de la FF, tanto la derecha como la izquierda socialista fueron percibidas como anacrónicas, ideológicas, irracionales e irrelevantes. De tal manera, las instituciones promotoras del consenso tecnocrático liberal como la FF utilizaron las herramientas teóricas, metodológicas y técnicas para darle al liberalismo y su núcleo de ideas la imagen de ser los representantes de las ciencias sociales aplicadas y el conocimiento objetivo—y no ideológico (Stahl, 2016: 30-31).

El éxito del Brookings y el establishment del Este durante las décadas de 1950 y 1960 en la promoción del consenso tecnocrático liberal hizo que el establishment conservador reconociera la importancia de los think tanks como actores centrales en el ámbito político, demostrando su capacidad para movilizar la opinión pública sobre los asuntos políticos. Al mismo tiempo, los conservadores también debieron reconocer que existía una ausencia de perspectivas conservadoras dentro del mundo de los think tanks, un ámbito que consideraban dominado por el monopolio de las ideas provenientes del establishment del Este ejemplificado por el caso del Brookings. De hecho, al comienzo de su mandato presidencial en 1969, el entonces presidente Richard Nixon (1969-1974) emitió una orden al personal de la Casa Blanca exigiéndoles no asociarse con el Brookings Institute (Stahl, 2016: 50).

Como resultado del éxito del Brookings, a finales de la década de 1960 el establishment conservador comenzó a imitar la estrategia del establishment del Este a través de la creación de sus propios think tanks conservadores, poniendo así la producción académica al servicio de los proyectos políticos conservadores (Dezalay y Garth, 2003: 199). Las fundaciones del establishment conservador, entre ellas las fundaciones Relm, Earhart, y Lilly, fueron claves en la creación de los nuevos think tanks que llegaron a ser actores centrales dentro de esta comunidad epistémica conservadora (Stahl, 2016: 52).

Importantes think tanks conservadores como el American Enterprise Institute, el Hoover Institute, y la Heritage Foundation emergieron como los principales beneficiarios de los fondos de estas comunidades epistémicas conservadoras (Dezalay y Garth, 2015: 96-97). A través de la creación (en el caso de Heritage Foundation) o la reorientación (en el caso del American Enterprise Institute y el Hoover Institute) de estos nuevos advocacy think tanks, las fundaciones conservadoras buscaron proyectar la imagen de constituirse en el contrapeso de las fundaciones filantrópicas del establishment del Este, principalmente la Ford, de donde provenía una gran parte del financiamiento del Brookings (Stahl, 2016: 52).

El problema principal para el establishment conservador en la creación de sus propios think tanks fue cómo hacer relevante en el debate político público el conocimiento producido por estos centros, dado que las políticas ideológicas conservadoras promovidas por estos centros serían percibidas inmediatamente como partidistas, anacrónicas e irracionales frente al consenso tecnocrático liberal que se presentaba como objetivo y no ideológico (Stahl, 2016: 31). Esta situación resultó ser instrumental para la promoción por parte del establishment conservador de la idea de un “mercado de ideas” para así poder inyectar las ideas conservadoras al debate público. Siguiendo su línea de argumentación, el establishment conservador reconocía la existencia de las diferencias ideológicas entre los productores de conocimiento, pero sostenía que dentro de la libre competencia entre las ideologías contrapesadas del mercado de ideas residía el potencial más prometedor para debatir las políticas públicas (Stahl, 2016: 18).

Como indica Stahl (2016), aunque la noción de un mercado de ideas había existido anteriormente, durante la década de 1970 empezó a ser promovida por el establishment conservador a través de sus think tanks como la manera más justa y eficiente de debatir las políticas públicas, habilitándoles de este modo a inyectar las ideas conservadoras al debate público para socavar el consenso tecnocrático liberal sin ser percibidos como ideológicos o partidarios (pp. 56-57).

Los conservadores fueron exitosos, incluso dentro del establishment del Este, en su intento de desplazar el consenso tecnocrático liberal del centro del debate político y reemplazarlo con la nueva concepción de un mercado de ideas. La internalización y aceptación de este nuevo sistema por parte del establishment del Este se demostró en 1972, cuando la Fundación Ford le otorgó una subvención de 300.000 dólares al think tank conservador, el American Enterprise Institute. La Fundación defendió públicamente la subvención de la siguiente manera:

Aunque la investigación académica sobre el sistema económico estadounidense ha llegado a ser cada vez más científica durante las últimas décadas […] está lejos de ser libre de ideología. Académicos razonables pueden discrepar, y el análisis económico es realizado por una variedad de centros de investigación (Stahl, 2016, 56).

Aunque la subvención de 300.000 dólares al AEI por parte de la FF en 1972 fue pequeña en comparación con las contribuciones provenientes de las fundaciones conservadoras^[6], fue significativa porque marcó una reorientación de la perspectiva de la Fundación con respecto a las instituciones que financiaba. De esta manera, sostiene Stahl, “la Fundación Ford, una de las instituciones más importantes del consenso liberal junto con el Brookings, ahora estaba internalizando la nueva retórica sobre la política del mercado de ideas” (Stahl, 2016: 57). La existencia de think tanks que proponían perspectivas ideológicas diferentes como un contrapeso de las ideologías rivales dentro del mercado de ideas – siempre y cuando se utilizaran metodologías científicas y fueran ideologías democráticas y no radicales – empezó a ser visto por la FF como el sistema ideal para el debate sobre las políticas públicas en el cual los think tanks jugaron un rol central.

La experiencia de la FF y la estrecha relación que tuvo con el Brookings Institute y el ascenso del establishment del Este al poder en 1960 a través de la instrumentalización de los think tanks como una estrategia en la generación de capital político y cultural, son elementos claves para nuestro análisis. Los oficiales de la FF debieron reconocer la importancia de los think tanks en la generación de capital político y cultural al mismo tiempo que empezaron a apoyar a los centros académicos privados en el Cono Sur. Esta experiencia es importante para nuestro análisis porque refleja la voluntad de la FF de replicar el mismo modelo en los países latinoamericanos en los que estaba involucrado.

Según Dezalay y Garth (2003):

Esta estrategia, que había sido desarrollada de forma consistente por los intelectuales en acción de Kennedy, ofreció la ventaja de reforzar los vínculos con las grandes universidades, poniendo así el capital académico al servicio de las decisiones políticas. En aspectos cruciales este es el mismo enfoque político puesto en marcha en los países en desarrollo. Las inversiones en conocimiento provenientes del exterior también lograron reproducir una clientela de protegidos que ocupaban posiciones bastante similares en los ámbitos de poder de sus propios países (p. 219).

Con respecto al caso argentino, se puede rastrear el incipiente desarrollo de esta estrategia en 1980 dentro de los archivos internos de la FF. En su evaluación oficial del CEDES para la Fundación Ford a finales de 1980, Louis Goodman les brindó una serie de recomendaciones para las acciones de la FF en su apoyo de los CAPs argentinos en las que se evidencia la promoción implícita del modelo think tank^[7].

Tanto en los Estados Unidos como en América Latina, el objetivo declarado de la investigación en ciencias sociales es para producir conocimiento que describa con exactitud la realidad social. En los Estados Unidos, tal declaración es a veces seguida por la afirmación que las entidades gubernamentales y privadas responsables podrían utilizar este conocimiento para tomar medidas […] Por estas razones, así como en la búsqueda del objetivo de la producción de conocimiento y su aplicación en áreas seleccionadas, la Fundación Ford ha tenido una preocupación de largo plazo por la promoción de las ciencias sociales latinoamericanas. […] La producción de conocimiento requiere los investigadores e instituciones sensibles y capacitadas que puedan acumular y difundir los resultados de las investigaciones, así como vínculos efectivos que perduren durante la vida de los proyectos y permitan establecer una base que puede ser utilizada para la acumulación de los resultados de investigación para que sean sistemáticamente puestos en las manos de individuos que puedan utilizarlos para una acción social más directa (Goodman, 1980).

Los think tanks argentinos tendrían una importancia dual en este sentido. Por un lado, proporcionarían el capital social de legitimidad y una justificación académica/intelectual para los planes políticos-económicos promovidos por el nuevo gobierno democrático. Por otro lado, modificarían el proceso de toma de decisiones políticas, en el cual los científicos sociales miembros de los think tanks empezarían a jugar un papel central que facilitaría la creación de consensos alrededor de conceptos como la democracia, la globalización y la apertura externa.

En el próximo apartado, nos enfocaremos específicamente en la reorientación del papel del CEDES y el CISEA como think tanks durante la transición democrática, y el papel que desempeñó la promoción y financiación por parte de la FF en este proceso.

3.3. El CEDES y el CISEA durante la transición democrática (1981-1983)

A principios de la década de 1980, la dictadura militar comenzó mostrar signos de desmoronamiento por un conjunto de factores, entre ellos la situación económica, las disputas internas dentro de la junta militar y las crecientes manifestaciones sociales que demandaban el retorno a la democracia. La economía argentina, gestionada durante 1976-1981 por el Ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, se vio afectada severamente por las altas tasas de inflación anual de tres dígitos y una creciente deuda externa que superó los 40.000 millones de dólares a principios de la década de 1980 (Piñero, 2014: 118). El plan económico promovido por el gobierno militar provocó la crisis financiera argentina de 1980^[8], y las manifestaciones sociales en respuesta a la crisis generaron una disputa interna dentro del régimen militar.

En consecuencia, en marzo de 1981, el presidente de facto, Jorge Rafael Videla, fue depuesto y reemplazado por el teniente general Roberto Viola, quien en julio del mismo año inició una apertura parcial a la reincorporación de políticos de carrera a los cargos públicos. Con esta apertura política parcial, se produjo la emergencia de la Multipartidaria Nacional^[9] cuya intención principal fue la de presionar al gobierno para la realización de elecciones democráticas (Benítez y Mónaco, 2007: 23).

Durante este tiempo, los miembros del CEDES y el CISEA observaban constantemente las realidades políticas y sociales, y comenzaron a pensar en el papel que los centros ocuparían en una futura escena democrática. El 14 de julio de 1981, dos semanas después del anuncio del presidente de facto Roberto Viola que permitió una relativa apertura política, el entonces director del CEDES, Oscar Oszlak, se comunicó con la FF para conversar sobre el cambiante clima político y su visión para el futuro del centro. Aunque reconoció que el futuro inmediato con respecto a la situación política era incierto, propuso una serena evaluación de aquel momento y su posible evolución futura para definir el espacio que el centro pretendía ocupar en el mundo académico local e internacional, y las conexiones con la sociedad civil que estaría en condiciones de establecer. Dentro de esta comunicación de Oszlak se puede observar los inicios de la reorientación del CEDES que lo llevarían a ocupar un espacio importante en los debates políticos públicos:

Aspiramos a construir un centro de excelencia académica, firmemente implantado en la sociedad argentina, funcionando en condiciones de estabilidad y legitimidad institucional, que produzca impactos significativos tanto sobre el conocimiento científico como sobre las opciones político-sociales que se debaten en el país, y que ofrezca oportunidades de avance a nuevas promociones de investigadores (Oszlak, 1981: 3).

Esta comunicación entre Oszlak y la FF en julio de 1981 es también importante para nuestros propósitos porque refleja el mismo compromiso por parte de los investigadores argentinos de la importancia del mercado de ideas, un elemento clave en las estrategias promovidas por la FF desde la década de 1970 por las razones que resumíamos recién en el apartado pasado. Como señaló Oscar Oszlak:

El impacto de nuestra labor es aquello que legitima, ante nuestros propios ojos, nuestro papel de intelectuales que intentan a la vez innovar el conocimiento de las ciencias sociales e intervenir activamente en la generación de un “clima de ideas” que defina un nuevo modelo de funcionamiento de nuestras sociedades inspirado en la democracia política y la justicia social (Oszlak, 1981: 4).

Los investigadores del CEDES que se encontraban en el exterior durante 1981 también empezaron a evaluar las posibilidades de una eventual transición democrática. En septiembre de 1981, Marcelo Cavarozzi, en aquel momento profesor visitante en la Universidad de Yale, convocó a una conferencia a través del Consejo de Estudios Latinoamericanos de Yale titulada “Dictadura y Democracia en el Cono Sur” en la cual los participantes dialogaron sobre los incipientes procesos de transición democrática en estos países latinoamericanos. Entre los participantes de la conferencia se encontraban oficiales de la FF, incluyendo a Jeffrey Puryear, y también algunas figuras latinoamericanas importantes como Fernando Henrique Cardoso del CEBRAP y Manuel Antonio Garretón^[10] de FLACSO (Cavarozzi, 1981).

Sin embargo, la relativa apertura política gestionada por el régimen de Viola durante la segunda mitad de 1981 generó otra disputa interna dentro de la junta militar, ya que fue duramente criticada por los militares partidarios de la “línea dura” que oponían a cualquier forma de apertura democrática. Como resultado, Viola duró menos de nueve meses en el poder, y en diciembre de 1981 fue reemplazado por el teniente general Leopoldo Galtieri, quien había encabezado la oposición interna de la línea dura contra Viola (Benítez y Mónaco, 2007: 22-23).

Con la drástica situación económica y el empeoramiento de la percepción popular del gobierno, el régimen de Galtieri buscó mejorar su imagen pública y aumentar la legitimidad del gobierno de facto al iniciar un conflicto armado con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. La experiencia infame de la Guerra de las Malvinas^[11] junto con la situación económica cada vez más apremiante, generaron manifestaciones sociales contundentes de casi todos los sectores sociales, acelerando la salida de Galtieri y debilitando de manera terminal al gobierno militar. El 1 de julio de 1982 el teniente general Reynaldo Bignone, en su primer discurso tras reemplazar a Galtieri como el presidente de facto, anunció la rehabilitación de los partidos políticos y pautó la celebración de elecciones democráticas para el año 1984^[12].

El anuncio de Bignone de 1982 cambió radicalmente la función que cumplían los CAPs, cuyas estrategias empezaron a girar hacia el ámbito político. Como señalaron Marcelo Cavarozzi del CEDES e Hilda Sábato del CISEA en su informe para la FF al respecto:

La aventura de las Malvinas y su desenlace no sólo forzaron la defenestración de Galtieri y el archivamiento del intento de generar una descendencia al régimen militar. […] Esta drástica modificación de la escena política argentina durante 1982 tuvo una serie de consecuencias en lo relativo a la posición ocupada en ella por los partidos y, por ende, sobre nuestra estrategia de trabajo (Cavarozzi y Sábato, 1983: 1).

Los centros ya no se limitaron a la presentación de proyectos a las agencias internacionales, sino que comenzaron también a atender a las demandas locales generadas por la apertura política. Según Vessuri (1992), el cambio principal de los CAPs durante la transición democrática radicó en la reorientación de las actividades de los centros desde un perfil “hacia adentro” a otro “hacia afuera” (p. 359). Como señala Thompson (1994), estas oportunidades comenzaron a surgir paralelamente a la apertura política, y los CAPs comenzaron a anunciar públicamente los cursos y conferencias, a brindar apoyo técnico a los sindicatos, a convocar a dirigentes políticos para el debate, organizar “cátedras paralelas” para la comunidad universitaria, a ampliar el mercado de distribución de las publicaciones en el ámbito local y a constituirse como opiniones “expertas” para el periodismo local, sin ser sospechados o denunciados (p. 87).

Por un lado, los CAPs lograron ocupar este espacio debido a la situación de debilitamiento en que se encontraban las instituciones universitarias, los partidos políticos, y las agencias estatales tras siete años de dictadura. Como señala Heredia (2012), el ciclo iniciado en 1983 no condujo a la reincorporación de los intelectuales de los CAPs a estas instituciones y, de hecho, durante los principios del gobierno democrático estos centros “se revelaron tan útiles que varios otros fueron creados, diversificando las áreas de tratamiento e influencia” (p. 310).

Por otro lado, las reformas constitucionales y legales necesarias para la transición democrática requerían la incorporación de nuevos actores en la agenda pública más allá de las instituciones existentes, con lo cual facilitaron este proceso. Como sostiene Belletini (2010), el consenso prevaleciente en la comunidad académica internacional durante la transición democrática argentina sostenía que la crisis económica de principios la década de 1980 “exigió reformas económicas o de ‘ajuste estructural’ que procuró la disciplina fiscal y la apertura comercial”, y requirió entonces “el conocimiento de alto nivel y la participación de un grupo reducido de tecnócratas” (p. 108).

Con la gradual apertura política en el país a principios de la década de 1980, las prioridades y las estrategias de la FF empezaron a cambiar también en línea con las de los CAPs y las perspectivas de una futura escena democrática. Según un reporte interno de la FF de 1986 en el que los oficiales de la FF reflexionan sobre los últimos años y el papel de la Fundación en estos procesos:

En la década de 1980, mientras muchos países de la región comenzaban sus transiciones a la democracia, la Fundación ayudó a muchos centros a desarrollar investigaciones, análisis de políticas y diálogos sobre instituciones y procesos democráticos. Poca atención se había prestado a cómo los mecanismos existentes funcionan en la mayoría de los países, o cómo podrían ser cambiados para canalizar las demandas y resolver los conflictos más eficazmente. La meta era fortalecer la capacidad de los científicos sociales de responder a los problemas prácticos de la gobernanza democrática, y de esta manera acelerar el proceso de renovación y consolidación institucional (Fundación Ford, 1986).

Durante 1980-1983, la FF financió por lo menos siete proyectos académicos en los cuales participaron los miembros del CEDES y el CISEA^[13]. Los proyectos financiados por la FF se enfocaron en las relaciones internacionales y la economía internacional, el sector agropecuario de la economía argentina, la planificación urbana y regional, y el papel de los partidos políticos en el sistema democrático. El ímpetu principal para el financiamiento de estos proyectos por parte de la FF fue el de proporcionar una base de información y de opciones políticas para el futuro gobierno democrático.

Como señaló una oficial de la FF, Jane Barber Thery, en 1983 sobre las estrategias de la FF en el país en su apoyo a estos proyectos a principios de la década de 1980: “la estrategia de nuestro programa es apoyar los esfuerzos generadores de información y análisis de alta calidad sobre los asuntos reconocidos como centrales para las futuras políticas públicas y los esfuerzos redemocratizadores” (Thery, 1983b).

Arturo Valenzuela^[14], quien fue contratado por la Fundación Ford para realizar una evaluación oficial del CEDES a finales de 1986, sostuvo que los objetivos principales de la FF durante este período de transición fueron “proporcionar recomendaciones de políticas apuntadas al fortalecimiento de las instituciones y prácticas democráticas”, además de “proporcionar orientación para el diseño de políticas económicas en un contexto democrático” (Valenzuela, 1987).

Más allá de la relevancia política de los proyectos financiados por la FF, los oficiales de la FF también esperaban que las subvenciones otorgadas al CEDES y el CISEA facilitaran la generación de un debate público sobre los asuntos políticos más allá de la comunidad académica, como señaló Richard Dye:

Los nuevos proyectos en exploración, creemos, seguirán teniendo este alto estándar de relevancia política y potencial para lograr un impacto. En particular, tenemos la esperanza de que oportunidades significativas para incentivar un amplio debate sobre los asuntos en la región, por una amplia variedad de públicos y no solamente los académicos, emergerá durante los próximos meses (Dye, 1980).

Un proyecto específico financiado por la Fundación, titulado “Partidos Políticos y Democracia en la Argentina Contemporánea” es particularmente relevante para nuestros propósitos. Este proyecto demuestra la reorientación del papel de los centros hacia el rol de un think tank dado que les facilitó establecer lazos con el aparato político y con los medios de comunicación, y también porque les otorgó legitimidad en el ámbito local como actores importantes en el sistema político democrático.

El proyecto fue gestionado por Marcelo Cavarozzi del CEDES e Hilda Sábato^[15] del CISEA, y contó con la participación de una multitud de investigadores de CEDES y el CISEA, incluyendo a Dante Caputo, Oscar Oszlak, Jorge Sábato y Oscar Landí. El grupo inicial se compuso de 11 dirigentes políticos que representaban una diversidad de partidos políticos, entre ellos cuatro miembros del Partido Justicialista (Eduardo Amadeo, Carlos Coraco, Abel Fleitas y Nilda Carré), un miembro de la Unión Cívica Radical (Dante Giadone), dos del Partido Intransigente (Diego May Zuviria y Cecilia Varcia), un miembro del partido Demócrata Cristiano (Ángel Bruno), un conservador (Pablo González Bergez, miembro del partido Acción Democrática), y dos socialistas (Simón Lázara y Juan C. Zabalza).

Los dirigentes políticos del grupo fueron seleccionados en algunos casos por su cercanía a las cúpulas de sus respectivas organizaciones, y en otros casos por el hecho de haber sido candidatos a diputados nacionales (Cavarozzi y Sábato, 1983, 12). El establecimiento de lazos con al aparato político formó una parte integral del proyecto, como describieron Cavarozzi y Sábato en su informe para la FF:

El hecho de que varios de los miembros del Grupo son candidatos a ocupar bancas en el congreso nacional – y un par de ellos tengan posibilidades altas de ser elegidos – asegura una continuidad de la discusión a partir de 1984 con una imbricación estrecha con la realidad parlamentaria (Cavarozzi y Sábato, 1983: 4).

El proyecto se inició en septiembre de 1982 y fue programado originalmente por un período de dos años, aunque resultó ser tan útil que fue extendido hasta 1985. El proyecto se componía de dos elementos principales: los almuerzos mensuales y las jornadas. Por un lado, se organizaban un almuerzo mensual durante el cual se reunían los 11 dirigentes políticos participantes en el proyecto junto con los coordinadores del grupo. Los almuerzos mensuales eran actividades menos formales y sirvieron para avanzar en el tratamiento de la temática central en discusión – la de los partidos políticos y la estabilidad de la democracia – y también para analizar la labor del grupo y planificar sus tareas futuras (Cavarozzi y Sábato, 1983: 7).

Dentro de esta amplia problemática, y en base a los tópicos elaborados por el grupo de investigación durante los almuerzos mensuales, se fueron seleccionando los puntos específicos que luego serían sometidos a indagación sistemática durante las jornadas.

Las jornadas, por su parte, se desarrollaron con una frecuencia aproximada de cada seis meses, y fueron actividades más formales que se extendían por medio día, organizadas alrededor de una temática específica elaborada por el grupo previamente. Los primeros dos temas seleccionados para las jornadas de 1982-1983 fueron “La prensa, los partidos políticos y la transición a la democracia”, que se discutieron el 10 de diciembre de 1982, y “El rol de las Fuerzas Armadas en el Estado de derecho”, que se debatieron en las jornadas del 8 de julio de 1983 (Cavarozzi y Sábato, 1983: 12-13)^[16].

Más allá de los miembros del grupo también fueron invitados varios académicos, intelectuales y otros miembros de la sociedad civil importantes incluyendo a Manuel Antonio Garretón de FLACSO, quien había colaborado con Cavarozzi el año previo en Yale. En el caso de la segunda jornada sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el Estado de derecho, participaron algunos ex-generales de las Fuerzas Armadas^[17]. El proyecto fue diseñado para contar con estos elementos tanto para asegurar la presencia de una pluralidad de perspectivas ideológicas y partidistas como para ampliar la difusión de los resultados en los varios sectores de la sociedad civil y la comunidad académica regional e internacional.

A este fin, un eje importante de cada una de las jornadas fue la publicación y difusión de los resultados en las redes de comunicación locales. Para aumentar la visibilidad y la legitimación del proyecto en el ámbito local y para generar interés sobre el tema en el ámbito público, las jornadas fueron diseñadas para contar con la participación de varios miembros de los medios de comunicación y otras redes de difusión importantes. A este fin, entre los participantes de las jornadas se encontraban Roberto Guareschi y Jorge Halperín del diario Clarín, el director de revista Redacción, Hugo Gambini, el director de la revista Búsqueda, Ernesto Poblet, Doug Tweedale del diario Buenos Aires Herald, y varios miembros de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP)^[18] entre otros.

La participación de los medios de comunicación en el proyecto gestionado por el CEDES a lo largo de 1982-1985 jugó un papel fundamental en aumentar la visibilidad y legitimidad de los centros académicos privados, tanto dentro el aparato político como en los debates políticos públicos, como señalan Cavarozzi y Sábato al respecto:

Asimismo, a partir del Grupo ya se ha contribuido a despertar dentro de la opinión pública la preocupación sobre la temática del parlamento y la eventual modificación de las tendencias históricas en la Argentina en cuanto a la escasa relevancia que éste ha tenido en la vida política del país (Cavarozzi y Sábato, 1983: 4).

El proyecto resultó tener un rol fundamental en la elaboración de las plataformas políticas de los diversos grupos partidarios de dos maneras complementarias. Por un lado, la influencia del proyecto fue directa a través de las contribuciones de los mismos dirigentes políticos que eran miembros del grupo mediante su participación en las actividades partidarias. Por otro lado, la influencia fue indirecta, como sostienen Cavarozzi y Sábato, “vinculada con la posibilidad de difundir en la opinión pública temas y argumentos que sirvan para reforzar las propensiones democráticas en la cultura política argentina” (Cavarozzi y Sábato, 1983: 5). De esta manera, el proyecto sirvió tanto para fomentar el consenso sobre los ideales democráticos y el rol de los diversos grupos de la sociedad civil dentro del sistema democrático, como para solidificar el papel de los CAPs como actores políticos importantes en el sistema político democrático.

De esta manera, el proyecto resultó instrumental en el desarrollo de su papel como think tanks en el nuevo contexto democrático dado que muchos de los individuos que habían participado en el proyecto pasaron a ocupar bancas legislativas en el nuevo Congreso y, así, los CAPs lograron estrechar lazos importantes con el aparato político. El consultor contratado por la FF para evaluar el proyecto, Julio Cotler, lo describió de la siguiente manera en su reporte final para la Fundación:

Miembros del proyecto y participantes de algunas de sus actividades han pasado a ocupar destacadas posiciones gubernativas como representantes o como funcionarios de la próxima administración y/o tienen directo acceso a las direcciones políticas. Así, el significado concreto del proyecto en el actual contexto parece fundamental, en tanto que puede contribuir de manera decisiva a reforzar los nuevos valores desarrollados no sólo entre los dirigentes, sino también entre muy amplios sectores sociales, y a su vez, facilitar para que este método de trabajo se reproduzca en cada uno de los órganos de la sociedad y del gobierno (Cotler, 1983: 3-4).

El proyecto también resultó informativo para la FF con respecto al modo en que las subvenciones provenientes de la Fundación eran percibidas en el ámbito local. Como señala Cotler (1983) sobre el proyecto:

En ninguno de los participantes del proyecto, ni de las otras personas con las que he podido conversar, he encontrado que la “financiación norteamericana” proveniente de la Fundación Ford constituya riesgo alguno para la marcha de este, o de otro proyecto en la Argentina. Es más, gracias a su política pluralista y decidida defensa de los derechos humanos, la Fundación Ford ha ganado el reconocimiento de los medios políticos e intelectuales democráticos al hacer práctica cotidiana un ejemplo democrático (Cotler, 1983: 6).

Mientras la influencia y el reconocimiento del CEDES durante la transición democrática se derivaron principalmente de su realización de actividades académicas como el proyecto previamente analizado, el CISEA se caracterizó por la inserción más directa al campo político. Aunque el CISEA también realizó investigaciones académicas importantes durante la transición democrática financiadas por la FF, la labor del centro estuvo más marcada por su intervención en la campaña electoral del candidato presidencial de la Unión Cívica Radical (UCR), Raúl Alfonsín, quien resultaría elegido presidente y ocuparía el más alto cargo gubernamental entre 1983 y 1989.

Como señalan Fernández y Guardamagna (2011), Alfonsín había mostrado su interés por acercar los intelectuales a la política, un hecho que funcionaría como una “caja de resonancia” en el desarrollo e institucionalización de la disciplina. Según estos autores, la reconstrucción del Estado democrático “ponía nuevamente en la agenda política la demanda de cuadros políticos formados para la generación de políticas públicas y técnicos capaces de generarlas” (p. 8).

La conexión entre Alfonsín y el grupo del CISEA fue facilitada por Jorge Roulet, quien había sido partidario de la UCR desde sus días en el movimiento universitario estudiantil y conoció a Alfonsín durante su campaña electoral en las primarias de la UCR de 1972 (Rizzo, 2018: 88)^[19]. El contacto personal entre Roulet y Alfonsín facilitó la incorporación de otros miembros del CISEA a la campaña electoral, principalmente Dante Caputo y Jorge Sábato, y estos investigadores se convirtieron en los principales asesores de Alfonsín durante su campaña presidencial^[20]. Como recuerda el historiador Luis Alberto Romero, en aquel momento miembro del Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana (PEHESA) del CISEA en referencia a Alfonsín: “desde 1981 era común verlo llegar, con su cuaderno, y encerrarse con Caputo, Jorge Sábato y otros” (Gamas, 2013). Según Elizalde (2009), la relación entre el CISEA y Alfonsín se “desarrolló hasta tal punto que llegaron a realizar un almuerzo semanal en el restaurante El Globo” (p. 62).

Los aportes del CISEA a la campaña electoral de Alfonsín resultaron fundamentales. De hecho, Dante Caputo y Jorge Sábato redactaron muchos de los discursos de Alfonsín, además de aportarle lecturas que el futuro presidente posteriormente utilizaría en sus discursos (Pavón, 2012). Además, muchas de las consignas de la campaña electoral de Alfonsín salieron de las reuniones que tuvo con los investigadores del CISEA (Elizalde, 2009: 62).

En 1982, Jorge Roulet creó el Centro de Participación Política, un espacio de discusión y capacitación política que fue inaugurado por Alfonsín durante su campaña presidencial. Este centro, junto con el CISEA, también desempeñó un papel importante como una de las fuentes principales de las propuestas para la plataforma electoral de la UCR (Rizzo, 2018: 88).

Tras la victoria del candidato del partido Radical, Raúl Alfonsín, el 30 de octubre de 1983, muchos miembros del CEDES y el CISEA pasaron a ocupar cargos importantes dentro del gobierno alfonsinista. Como recuerda un investigador del CISEA, Jorge Schvarzer (2008), en su autobiografía: “en diciembre de 1983, el influjo del CISEA como think tank en el país llevó a que varios miembros del CISEA pasaran a cargos de gobierno” (p. 6).

Del CISEA, Dante Caputo se desempeñó como ministro de relaciones exteriores durante todo el mandato de Alfonsín, mientras que Jorge Sábato ocupó el cargo de viceministro de relaciones exteriores en el período 1984-1987 y luego fue nombrado el ministro de educación y justicia entre 1987 y 1989. Jorge Roulet, por su parte, fue nombrado secretario de la función pública, y Martín Piñeiro ocupó el cargo de subsecretario de economía agraria.

Del CEDES, Oscar Oszlak fue nombrado el subsecretario de reforma administrativa, un cargo que ocupó durante todo el mandato de Alfonsín. Adolfo Canitrot ocupó el cargo del subsecretario general de planificación durante entre 1983 y 1985 y luego fue el viceministro de economía entre 1985 y 1989. Roberto Frenkel fue nombrado subsecretario y jefe de asesores del ministerio de economía. Marcelo Cavarozzi, por su parte, trabajó como un asesor del ministerio del interior (entrevista Marcelo Cavarozzi, 2019).

Como señaló una oficial de la FF, Jane Barber Thery, sobre la incorporación de los investigadores del CEDES y el CISEA al gobierno: “Este tipo de movimiento entre las comunidades de las ciencias sociales y las comunidades políticas es una manera efectiva de traducir información y habilidades analíticas hacia las esferas de la planificación y elaboración de políticas” (Thery, 1983c).

Sin embargo, mientras la participación de los investigadores a nivel ministerial es llamativa, el alcance del nuevo rol que ocuparon durante el gobierno democrático se extendió mucho más allá. En un reporte oficial preparado para la Fundación Ford en 1988, los investigadores del CEDES reflexionaban sobre la década pasada y el rol que asumió el centro durante los primeros años del gobierno democrático:

Fuera del campo académico, el CEDES y sus investigadores han tenido una presencia sumamente activa en el Estado, los partidos políticos, y la sociedad civil. El desempeño de investigadores a nivel ministerial es sólo su parte más llamativa, pero son mucho más comunes las situaciones que implican una participación menos materia y más fluctuante, aunque sin duda importante y directamente vinculada con sus capacidades profesionales. Investigadores del CEDES asesoran o han asesorado organismos tan diversos como la Secretaría de la Mujer, la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio del Interior, la Sindicatura de Empresas Públicas, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Cancillería y diversas comisiones de ambas cámaras del Congreso Nacional. La presencia en el Congreso ha sido parte de una acción más amplia en los dos partidos políticos mayoritarios, que se ha manifestado en roles profesionales y/o partidarios. Dado el foco del sector de análisis político del CEDES, las mismas tareas de investigación han implicado una vinculación rutinaria con los partidos políticos. Por último, las redes de relaciones en la sociedad civil, sobre todo pero no exclusivamente en sus sectores menos privilegiados, son bastante extensas y heterogéneas, incluyendo sobre todo a asociaciones barriales, el campo de la educación popular, el movimiento sindical, los organismos de derechos humanos, el movimiento de mujeres, etc. Dentro de esta categoría debiera incluirse también la colaboración de investigadores del CEDES en los medios masivos de comunicación (CEDES, 1988).

Se puede observar entonces que el rol que ocuparon los centros desde su creación en 1975 claramente evolucionó notoriamente hacia un alcance mucho más amplio durante el gobierno democrático. Los lazos establecidos más allá de la comunidad científica con la sociedad civil, el establecimiento de conexiones políticas importantes, y un enfoque hacia los debates políticos son características claves del nuevo rol que ocuparon, además de ser características claves de la definición del rol ocupado por los think tanks.

Estos centros resultaron importantes para los oficiales de la FF dado que les permitió observar la transición democrática en Argentina y el rol fundamental que cumplieron estos centros durante este tiempo. Debido al estado débil de las instituciones universitarias y los partidos políticos tras siete años de dictadura, estos centros empezaron a funcionar como espacios de reclutamiento y capacitación para funcionarios gubernamentales durante el gobierno democrático. Esta experiencia con los centros argentinos durante la transición democrática luego será importante para los oficiales de la FF con respecto a las transiciones democráticas en otros países, como es el caso de la transición democrática chilena y los centros chilenos apoyados por la Fundación en ese país (Morales Martín, 2018).

En su evaluación oficial del CEDES para la Fundación Ford, Arturo Valenzuela sostuvo que “la evaluación del CEDES sugiere que valió la pena perseguir los objetivos de la Fundación Ford y que, en gran medida, estos objetivos fueron logrados”. Valenzuela afirma en su evaluación que a través del particular apoyo a los proyectos de ciencia política, “la Fundación ha expandido la capacidad del CEDES de tener un impacto sobre el proceso de transición democrática a través de sus actividades de investigación y divulgación” (Valenzuela, 1987).

El nuevo papel ocupado por el CEDES y el CISEA durante la transición democrática los convirtió en protagonistas del diseño de políticas públicas y en la implementación de nuevos procesos de gestión en la administración pública. Pero más importante, aumentó la demanda por parte del gobierno de datos, información y trabajos académicos provenientes de los think tanks para justificar los planes económicos-sociales que promovían, estableciendo de este modo la legitimidad de los think tanks como actores importantes en el sistema político democrático.

---