Del trabajo militante a la militancia por el trabajo. Procesos organizativos y fragmentaciones
Con nuestro trabajo nos estamos adelantando y produciendo cosas en los chicos que de no acompañarse con la construcción de otro/s proyecto/s edilicios que alojen materialmente y en otras condiciones, nuestro trabajo pierde potencia. El actual tiene que desaparecer, pero estamos aún ahí. Tiene sentido desde lo transitorio, ya que no es un trabajo para el contexto carcelario. Es un proceso hacia lo nuevo que estamos construyendo. Funciona, pero la decisión final es política. (…) Pretendemos un alojamiento que abra las puertas a la voluntad, el deseo, la planificación construida desde abajo. Que restrinja solo la libertad ambulatoria y no otras. Que transforme la quietud, ese “pasar el tiempo muerto” del encierro en una intervención poblada de vida, que supere la recuperación para ser transformación. Transformación que comience adentro y se proyecte hacia fuera, desamurallando no solo las murallas de cemento sino también las murallas simbólicas. (…) Es por eso que desde nuestro lugar pensamos y practicamos nuevas formas de lazos estatales sin dejar de reclamar y luchar porque estos nuevos lazos y las expectativas que generan se vean reflejados en políticas de Estado éticas (Colectivo de Acompañantes Juveniles, 29/09/2010).
En el recorrido trazado previamente, analicé el proceso de incorporación de algunos trabajadores con funciones convivenciales, a un instituto de régimen cerrado para adolescentes procesados y condenados, en el marco de la aplicación del paradigma de la protección integral y su adopción a nivel local, así como de diversas conflictividades que se suscitaron en este espacio, un “objeto caliente” en el sur de la provincia de Santa Fe durante varios años. En este capítulo analizo los sentidos que los trabajadores construyen acerca de su trabajo, en términos de interpelación sobre el significado de las políticas públicas vinculadas a los jóvenes atravesados por el campo penal, así como las formas organizativas y los procesos de representación gremial en los que se inscriben.
En el primer apartado, retomo algunas claves analíticas para comprender las experiencias de trabajo desde la perspectiva de la vida cotidiana. Esto es, atendiendo a las formas de vida (Millar, 2018; Perelman, 2020). Además, construyo coordenadas para analizar los procesos de trabajo en una institución penal juvenil, recuperando ciertos aspectos particulares ligados al trabajo en el ámbito estatal.
En el segundo apartado, repongo la categoría de “trabajo militante” como forma en la cual estos trabajadores, quienes habían transitado experiencias de militancias previas en diversos espacios –reunidos bajo la denominación nativa de “el palo de los derechos humanos”– asumen un compromiso con su tarea. Esto se traduce, posteriormente, en una identificación con la forma en la cual creen que se debe trabajar en una institución destinada a jóvenes atravesados por el campo penal, en primer lugar; y con lo que estas instituciones y sus prácticas de trabajo deberían ser, como un segundo aspecto. Hilvanando estas dimensiones, trazo un recorrido que enlaza los sentidos construidos en torno a su labor como un “trabajo militante”, con la militancia por el trabajo en disputa. “Foguearse y formarse” aparecen, entonces, como dos aristas indisolubles de un proceso en el cual es posible construir una forma de trabajo que desafíe aquella sentencia, aparentemente, inexorable: “la institución te quema”.
Por otra parte, como he mencionado, este trabajo involucra discusiones sobre aquello que el Estado es y debiera ser, ligadas a lo que para los trabajadores significa “ser estatales”. Por ello, en el tercer apartado, exploro la manera en que experimentan y significan su trabajo en el Estado. Describo las instancias de discusión y organización que han elaborado los trabajadores, deteniéndome en el proceso de incorporación del colectivo de trabajadores a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)[1] y el fortalecimiento del espacio ATE Penal Juvenil, reconstruyendo demandas e instancias relevantes en los últimos años. Además, pesquiso las intersecciones que se producen en la disputa por los derechos de los acompañantes en tanto trabajadores y los reclamos en torno a las políticas públicas vinculadas a los jóvenes atravesados por el campo penal.
En el cuarto apartado, reconstruyo un registro de asamblea que me permite avanzar en la comprensión de algunas tensiones que se producen entre los trabajadores luego de haber alcanzado un conjunto de objetivos en términos de conquistas laborales. Finalmente, exploro los movimientos, los ceses y las interrupciones en ciertas reivindicaciones, a la par que analizo las fragmentaciones que comienzan a producirse, agrietando la grupalidad construida por el Colectivo de Acompañantes Juveniles.
I. Apuntes para comprender el trabajo en el Estado desde la perspectiva de las formas de vida
Reconocer las experiencias de estos sujetos en tanto trabajadores comporta suscribir a la idea de que, bajo diferentes formas y modalidades, existe un amplio sector poblacional que “vive de su trabajo” (Grassi y Danani, 2009; Antunes, 2005). Puede decirse, entonces, que:
Si, para nuestra cultura (…), el trabajo organiza la vida en su conjunto, trabajo y vida sólo se distinguen porque hay algo más que hacer en la vida que solamente trabajar, pero el despliegue de esos quehaceres posibles (más o menos creativos) están fuertemente constreñidos por la posibilidad y las condiciones de trabajo (Grassi y Danani, 2009, p.17).
Por ello, reponer la dimensión de totalidad en los procesos de producción y reproducción implica poder descentrarnos de aquellos enfoques que proponen una división conceptual entre ambos. Conlleva –como imperativo analítico– acercarse al mundo del trabajo desde la perspectiva de la vida cotidiana. O, dicho de otro modo, comprender que los motivos que los sujetos enuncian al interrogarse por su trabajo, en determinados contextos, no son escindibles de procesos socioculturales de mayor alcance: remiten a una forma de vida. Para Kathleen Millar (2018, en Perelman, 2020) este concepto alude a un modo de ser y estar en el mundo, del cual el trabajo es un plano muy importante, mas no el único. Según esta autora, forma de vida
(…) refiere en primer lugar a vivir en el sentido de un medio de ingresos, sustento o medio de vida (livelihoods), en línea con la noción “ganarse la vida”. El trabajo es, pues, una dimensión central de una forma de vida, pero no es sinónimo del término. La palabra vivir en “forma de vida” también pretende invocar su significado adicional como la búsqueda de un modo específico de habitar el mundo. En otras palabras, una forma de vida puede ser entendida como, a la vez, un medio de vida y una forma de vida (p.252).
Así, centrarnos en analizar las experiencias de los trabajadores del IRAR/CERPJ procurando entender al trabajo dentro de sus “formas de vida”, remite a comprenderlas como aquellas circunstancias, adscripciones, evocaciones ligadas a los espacios sociales que han ocupado y transitado los sujetos. Es una “vida anterior situada” que se inscribe, modifica y reactualiza en el presente, que “configura una cierta forma o estilo de mirar e interpretar, de situarse y de actuar, aunque no necesariamente la mirada o la interpretación en sí. Es, por lo tanto, social e histórica, no simple vivencia subjetiva” (Grassi y Danani, 2009, p.19).
Por ello, en el análisis de las experiencias de los trabajadores del IRAR/CERPJ no solo cabe atender a sus trayectorias previas –las cuales, en parte, describimos en el capítulo precedente– sino también a un conjunto de factores que, puestos en relación con esas trayectorias y con elementos de la tarea misma, se tornan potentes analizadores de los procesos de trabajo y vida en estos espacios.
Como vimos anteriormente, las instituciones penales juveniles –y las prácticas de trabajo que se llevan a cabo allí– son objeto de “peticiones paradójicas” (De Leo, 1985). Pero, además, como apunta Oscar Oszlak (1984), quien entiende a las “burocracias estatales” en términos de corporización del Estado:[2]
(…) como actor social agregado y complejo, expuesto a demandas e intereses a menudo incompatibles, pero dotado de recursos, grados de autonomía y capacidad de articulación hacia las “profundidades” de la sociedad civil y las “alturas” del Estado, la burocracia constituye a la vez un resumen de las contradicciones de la sociedad civil y una contradicción en sí misma (p.276).
De esta manera, el trabajo en ámbitos estatales no es cualquier tipo de trabajo; así como el trabajo en una institución que modula conflictivamente los imperativos de cuidado, castigo y control en el gobierno de los adolescentes punibles no es cualquier tipo de trabajo estatal.
Adentrándonos en las situaciones de los trabajadores del IRAR/CERPJ en particular, podemos decir que estas presentan un mosaico no exento de heterogeneidades. Más allá de la diversidad de agrupamientos que hallamos en esta institución, que llevan a cabo diversas tareas y pertenecen a diferentes ministerios, encontramos también formas singulares de definición de su relación laboral.[3]
Respecto a la forma de contratación a partir de la cual llevaban a cabo su tarea, en los primeros contactos con el campo, encontré dos. Por un lado, existían trabajadores asalariados en situación de informalidad, con contratos llevados a cabo con el Estado (en sus diversas dependencias) por períodos estipulados de tiempo (de 3 a 6 meses, y luego a un año). Esta situación es en la que se encontraban los acompañantes juveniles y algunos profesionales en los inicios de su incorporación al IRAR/CERPJ, parte de los talleristas durante el período 2015-2019, un médico del servicio de salud y una acompañante juvenil hasta el año 2020. Sandra Guimenez (2009) retoma de Adriana Marshall (1990) la idea de “empleo incierto” para referir a este tipo de relaciones laborales, que se cimientan en la continua incertidumbre del trabajador en torno a la duración de su vinculación (p.230). Alberto Bialakowsky y Javier Hermo (1995) trabajan las múltiples acepciones que posee el concepto de informalidad, advirtiendo que este remite a diversos fenómenos. En este sentido, remarcan los nexos existentes entre economía formal e informal como aristas de un mismo proceso, que tiene como resultante la formalización de la informalidad como modo de disciplinamiento de la fuerza de trabajo. En los ámbitos de trabajo estatal a esto se añade el hecho de que el estar en una situación de contratación informal, “incierta”, se plantea –en numerosas oportunidades– como una suerte de peldaño necesario, una condición sine qua non para acceder al trabajo efectivo, bajo formas de contratación más estables.
Por otro lado, existían trabajadores que integraban la planta permanente del Estado provincial. Entre estos trabajadores se encontraban los oficiales del SP, antiguos operadores,[4] personal de cocina, administrativos, del área de servicios, choferes, enfermeros, maestras de la escuela que funciona allí,[5] entre otros. A nivel de los sentidos sociales que circulan en torno al trabajo estatal, los trabajadores “de planta” representan el emblema del trabajo seguro, estable, amparado en una serie de protecciones y aparentemente laxo en torno a los controles que se despliegan sobre ellos, representaciones enlazadas en construcciones históricas que se refuerzan durante la década de 1990.[6] Así, se vincula al trabajo en los espacios públicos con la tendencia a la burocratización, a la ineficiencia, a la imposibilidad de despido, y a la “corrupción” de los funcionarios públicos (Guimenez, 2009, p. 243).
Para Sian Lazar (2019), estas visiones peyorativas sobre el empleo público en Argentina, condensan en el apelativo de “ñoquis”, figura que caracteriza a los empleados estatales que aparecen en la oficina solo a fin de mes, cuando es tradición comer este tipo de pastas y cuando se pagan los sueldos. Como señala Oscar Oszlak (1984), dicha imagen se debe a cierta ausencia de investigaciones sistemáticas, lo que ha perpetuado una suerte de mistificaciones y lugares comunes en el estudio de las burocracias estatales, en particular, y del Estado, en general, asociándolos a la rutina, la ineficiencia, el patronazgo político y la injerencia sin justificación en áreas reservadas a la actividad privada. Ideas que, si bien se corresponden de manera variable con rasgos de funcionamiento del aparato estatal, resultan insuficientes para su comprensión acabada (p. 252). Cabe mencionar también que la eficaz proliferación de estas imágenes en diversos momentos del pasado reciente –como la década de 1990, el período 2015-2019 y la campaña electoral de 2023– configuró como admisible el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores del ámbito público. Sin embargo, también han existido otras formas de caracterizar a los trabajadores estatales desde las ciencias sociales, vinculadas a los contextos de urgencia, ausencia de recursos y fragmentaciones en los espacios laborales, que remiten a subjetividades heroicas (de la Aldea, 2014), heroísmos resistentes y asambleísmos deliberativos (Abad y Cantarelli, 2010), trabajadores que están “en la trinchera” (Beliera, 2014) y “actores bifrontes” (Bialakowsky et al, 2003) que, a la par que deben atender urgencias, diseñan también los dispositivos en los cuales llevan a cabo su práctica.
Así como las imágenes construidas para identificar al trabajo estatal y a los empleados públicos no pueden escindirse de un abanico más amplio de disputas en torno a lo que el Estado es, debe y puede hacer, estos también ponen en tensión dichos aspectos en su labor cotidiana. Nicolás Diana Menéndez (2009, 2017) señala que el hecho de ser trabajador estatal se encuentra permeado de una dimensión política de magnitudes cualitativamente distintas a las del resto de los espacios de trabajo, ya que se trata de tareas que inciden en la “vida de la gente”. Esto significa que existe una dimensión política entre la realización de la tarea en sí y el hecho político de que ese acto suma a una medida más general, en la cual se juega y se resuelve o no una tensión por parte del trabajador, entendida como “responsabilidad política de la tarea”. Desde esta perspectiva, al ser ese “otro” al que se dirigen los reclamos un gobierno concreto, dicha mediación reviste la forma de un “intercambio político”, en el cual lo que se pone en juego no son simplemente beneficios a cambio de continuidad en el trabajo, sino el consenso social.
De esta manera, si el Estado puede ser pensado como un campo de lucha (Bourdieu, 2002; Villalta, 2013), en tanto conjura aspectos morales que proponen una determinada lógica de reproducción material y social, que se expresa en un complejo institucional e histórico diverso cuya coherencia apriorística debe ser indagada (Miguez y González, 2003; Llobet, 2013; Villalta, 2013); existen, entonces, grupos, organizaciones e individuos que pujan por la producción material y simbólica de aquello que es construido como un problema que requiere su intervención en un contexto histórico particular.
De lo anterior se desprende que la “cuestión social”, como desafío que insiste e interroga a una sociedad en torno a la posibilidad de existir como tal (Castel, 1997), se tematiza de manera diferente y se particulariza en una “red de problemas” políticos, cuyas causas son parte de la discusión sobre su resolución (Grassi, 2003). Por ello, “la constitución de los problemas públicos también puede pensarse como una forma de gubernamentabilidad, en tanto se generan modos de regulación y un marco de posibilidades, en un campo de relaciones específicas” (De L’Estoile, 2015, en Perelman, 2020, p.250).
En consecuencia, las políticas sociales no son meras reacciones estatales, sino procesos de construcción y modulación social (Danani, 1996), a partir de los cuales se elaboran intervenciones que conllevan pugnas, negociaciones y conflictos (Gallardo, 2011), en los cuales el Estado construye a la cuestión social, a la vez que delimita sus responsabilidades y establece criterios y lógicas de merecimiento (Grassi, 2003). Estas facetas se encuentran presentes a la hora de conceptualizar el trabajo de quienes se desempeñan cotidianamente en áreas de la política social. Ese trabajo no solo se estructura sobre los otros (Dubet, 2013), sino que es un trabajo sobre la producción, discusión, intervención y resignificación de alteridades: en el proceso de trabajo mismo se construyen esas formas de otredad.
Si lo anterior es válido para el estudio de las políticas sociales, resulta pertinente analizar qué sucede cuando nos desenvolvemos en el ámbito de políticas punitivas, intentando vincular el proceso de trabajo al procesamiento cultural de las edades y los castigos, y a las sensibilidades legales presentes en las orientaciones de las políticas públicas. Desde una perspectiva antropológica, se trata de indagar aquello que “está en los pliegues” de la hechura de las mismas (Grassi, 1996), los escenarios no anticipados, las contingencias. Por ello interesa recuperar el rol de quienes trabajan en los espacios institucionales que forman parte del campo penal juvenil en este análisis. Partiendo desde allí es posible trascender la visión que los etiqueta como “autómatas” de la razón de gobierno, y poner en juego cómo estos trabajadores problematizan su propia práctica, retoman los lineamientos de estas políticas, aportan a la ejecución de las mismas matices de sus experiencias de trabajo y de vida, así como se reapropian, tensionan y disputan las visiones sobre el trabajo en ámbitos públicos. Como señalan Alberto Bialakowsky, Cecilia Lusnich y Ernestina Rosendo (2000), los procesos de trabajo no consisten en la mera distribución de recursos, objetos e instrumentos, estos portan relaciones y –al mismo tiempo– las relaciones se materializan en ellos. Así, el proceso de trabajo es siempre un “proceso social del trabajo”, que pone de manifiesto –de manera particular– conflictos y tensiones estructurales.
II. Ni ñoquis ni burócratas: el “trabajo militante” como experiencia del trabajo estatal
De acuerdo a lo desarrollado en el capítulo precedente, los vaivenes institucionales, las contramarchas en las iniciativas que propone la gestión provincial, y la disputa efectiva por el gobierno del IRAR/CERPJ operaron potenciando un proceso de reivindicación de aquellos saberes que los acompañantes adquirieron en y por la práctica de “acompañar en el encierro”, y la consiguiente defensa de este modo de hacer, que es lo que denominan como “lógica convivencial”. Esta no solo alude a convivir con los adolescentes, sino a un saber conducirse en una institución que oscile entre el cuidado y el control, y comenzar a gestar modificaciones en la misma: desplazar el núcleo de la tarea del tratamiento al “acompañamiento”, llevar a cabo modalidades de trabajo “artesanales”, sostenidas en la “presencia”, teorizar la propia práctica a partir de nociones como las de “distancia óptima”, entre otras cuestiones.
No resulta azaroso que, si retomamos sus experiencias precedentes, se reactualicen en sus prácticas en el IRAR/CERPJ ciertas asociaciones con sus militancias previas, y que conceptualicen al trabajo que llevan a cabo allí como un “trabajo militante”. Proponer un enfoque que intente resistir a la disyunción analítica entre los procesos de trabajo y de vida implica comprender al “trabajo militante” como experiencia de trabajo estatal, pero –más aún– reparar en los sentidos que estos sujetos otorgan a la militancia –en un sentido amplio– entendida como forma de vida, en la cual su trabajo se inscribe.
Para Sian Lazar (2019) la militancia es, al mismo tiempo, una actividad y una identidad, un proyecto de subjetivación ético-política y un vínculo afectivo. En un doble movimiento, deriva y crea un sentido de sí particular y una orientación hacia la política en los sujetos (p.95). Combina así hexis –en el sentido aristotélico de un estado o disposición cultivado, vinculado con el proceso de construcción del carácter y la formación del sujeto–, y praxis –en el sentido freireano de acción política sobre el mundo, teóricamente informada–. Se trata entonces de un cultivo de sí que no se dirige hacia un fin o propósito individual (como sugería el enfoque foucaultiano en torno a las tecnologías del yo), sino hacia un objetivo imaginado (un tipo específico de sociedad), produciendo una disposición particular hacia el mundo, que a la vez es la base para transformarlo (ibíd., p.33). De acuerdo a esta autora, tanto la militancia como la contención dentro de los espacios colectivos que organizan a los trabajadores (como los sindicatos), dan a las personas un contexto político, social y cultural en el cual prosperar, sentirse cuidados y actuar en el mundo.
Asociando la noción de militancia al trabajo sobre los otros, François Dubet (2013) analiza a ciertos grupos, como los trabajadores sociales. Algunas reflexiones que realiza resultan de interés, ya que considera que aquello que se denomina “trabajo social” se vinculó desde épocas tempranas con una compleja modulación entre vocación y profesión, en el contexto de dispositivos en los cuales las intervenciones dependieron menos de la profesionalización que del proyecto del cual formaban parte. Así, refiere que –en estos ámbitos– la vocación está fundada menos sobre grandes esquemas morales generales, que sobre la creencia en la relación con el otro como un programa pedagógico en sí mismo, en el que no hay escisión entre control social y promoción del sujeto. En tanto actor del cual “la relación depende”, que realiza su tarea a partir de recursos escasos, donde el lazo es el centro del proceso de trabajo mismo, el trabajador deviene un doble militante: militante de los principios morales en los que funda su vocación y militante de sí mismo, en tanto materia prima de esa intervención posible (p.271).
En el contexto local, Luisina Perelmiter (2011), elabora la noción de “burocracias plebeyas”, sostenidas en un “ethos militante” opuesto a un “ethos técnico” y portadoras de “destrezas legítimas” para la intervención. Para Perelmiter, en los componentes afectivos del perfil de estas burocracias se expresan fricciones entre la vocación, los mecanismos de dominación estatal y la interpretación emancipatoria de sus prácticas (p.159). Así, sensibilidad y territorialidad son principios orientadores y, simultáneamente, atributos morales de disciplinas como el trabajo social, arquetipo de esta caracterización,[7] aunque pueden extenderse a otros trabajadores que poseen trayectorias de trabajo voluntario o de militancia en organizaciones sociales, de base o religiosas, que anteceden a la elección profesional y al desempeño laboral en el ámbito estatal.
La militancia resulta, entonces, tanto una “destreza”, una disposición para garantizar los derechos intramuros, como también para trabajar dentro de un dispositivo carcelario concreto, intentando transformarlo. Este “trabajo militante” insiste en “desamurallar” el instituto, como es retomado en la cita que abre este capítulo: proponer actividades abiertas a la comunidad, a modo de que su trabajo sea conocido, disputar el gobierno del espacio carcelario, crear nuevas formas de lazos estatales. Para Miranda, quien formó parte de ese proceso, este momento es recordado como “una época, hasta más romántica si se quiere, de la militancia por los derechos de los pibes.” (Entrevista Nro. 10, 2018).
Por su parte, Felipe rememora los inicios en el trabajo como acompañante, los cuales también significaron un primer contacto con los espacios intramuros:
Para mí [acompañar a los jóvenes] siempre fue un acto militante. Primero fue todo un período de aprendizaje, porque lo único que tenía era buena voluntad, te voy a ser sincero. Quería trabajar en algún lado y tuve esa posibilidad. Me acuerdo que, cuando entré a laburar, me lleva el Director a un sector y un pibe, a través de una reja, me quería dar la mano. Le doy la mano y me tira del brazo, haciéndome chocar contra la reja… y me dice “¿Todo bien? ¿Querés seguir?” /risas/ Vos te cuestionabas… “¿Qué voy a hacer acá?”. Siempre lo tomé como un acto militante, con compromiso social, de poder garantizar derechos a esos pibes que siempre estuvieron verdugueados en la vida (Entrevista Nro. 24, 2023).
Resulta interesante reconstruir que, a diferencia de lo que ha sido señalado para otros contextos (Dubet, 2013), el trabajo de los acompañantes parece ceñirse mucho más fuertemente a la idea de militancia que a la de vocación. En los relatos de Miranda y Felipe la militancia es una forma de trabajo y, además, una forma de vida que aparece ligada –al menos– a dos sentidos. Por un lado, se trata del trabajo como militancia por los derechos de los jóvenes de sectores populares, procesados o condenados por cometer delitos, con trayectorias ligadas a múltiples vulneraciones de derechos y de violencias profundas, en las cuales el “verdugueo”[8] es más una constante en su trama vital que una crueldad excepcional. Un momento “más romántico”, como señala Miranda, asociado a su energía, a su juventud y a la centralidad que este eje tenía en el trabajo y en sus vidas. Por el otro, la militancia se cierne sobre el desenvolvimiento del proceso de trabajo mismo, en un sentido no tan idílico. Implica afrontar no solo pésimas condiciones laborales, las cuales son –a la vez– condiciones de alojamiento de los jóvenes, sino “curtirse”, aplazar el miedo que la tarea puede generar. Una dimensión mucho menos explícita de la vida cotidiana de los trabajadores dentro de la institución, la cual no suele enunciarse públicamente, pero que Iván, uno de ellos, refiere:
Hubieron algunas cuestiones, digamos, que fueron crónicas a lo largo de mis 8 años de laburo, con las cuales renegamos siempre (…) Los sectores que no tenían las condiciones dignas, como para que puedan ser habitados por los pibes, o no tenían luz, o las partes de atrás de cada uno de las celdas estaban todas descubiertas y se cagaban de frío y siempre era un tema como las tapaban. Y cuando arranqué a laburar, posta que después ya no, porque obviamente al tiempo te curtís. Cuando arranqué a laburar posta que, por momentos, sentías miedo al laburar con los pibes. O sea, digo esto porque a mí me han pasado cosas concretas, digamos, en el primer periodo de laburo, donde posta me apretaban los pibes. Hubo momentos donde te tiraban con meada, te tiraban con mierda, y vos siempre tratando de ser lo más objetivo posible de que bueno… el pibe no es que está enojado con vos, sino que está enojado con un montón de cosas (Entrevista Nro. 19, 2023).
Se trata de un trabajo en el que hay que “poner el cuerpo”, como le sucede a Felipe contra la reja y a Iván intentando interpretar el suceso de “apriete” de manera “objetiva”; otorgar marcos de comprensión y de sentido a las situaciones que transitan a partir de esa práctica, las cuales son reelaboradas junto a otros compañeros; soportar momentos de incomprensión ante ciertos mecanismos, ordenamientos y circulaciones en el espacio carcelario, atravesar algunos conflictos con los jóvenes, quienes inicialmente no entienden qué hacen estos trabajadores en la institución y llevan a cabo prácticas como amotinamientos, protestas, burlas, “verdugueos”, como es relatado en este último fragmento.
Puede pensarse, entonces, que tanto las trayectorias de militancias previas como los sentidos asociados a un proyecto institucional de garantización de derechos, son los factores que habilitan ciertas disposiciones a “acompañar en el encierro”. De acuerdo a Dubet (2013), este tipo de trabajos generan “ficciones necesarias”, tipos particulares de creencias a las que los sujetos “no pueden renunciar sin que su trabajo se vacíe de contenido” (p.59), son cuadros morales indispensables para cumplir con el proyecto de socialización. Así, son sus militancias previas y la asunción de este trabajo en la genealogía de estas, lo que les permite sostenerse en la voluntad, soportar las esperas, “poner el cuerpo” e iniciar un proceso de construcción de la tarea dentro de la cárcel. Esto, inicialmente, provoca sorpresa, zozobra, miedos, cuestionamientos, ante los cuales la militancia funciona como sostén. A través de sus experiencias militantes se significan los efectos que produce el trabajo en ellos. Estas trayectorias permiten inscribirlos en un conjunto que liga afectación y sentido, brindan una interpretación del mundo coherente donde la experiencia actual de trabajo puede tener lugar. Promueven una suerte de eficacia simbólica (Lévi – Strauss, 1994) que posibilita que, además de encarnada, la experiencia pueda ser también significada.
“Poner el cuerpo”, trabajar la reja
Uno de los sentidos asociados a la idea de “trabajo militante” se vincula, como mencioné previamente, a expresiones como “poner el cuerpo”, “estar contra la reja”. Se trata de una tarea en la cual los trabajadores aparecen como la cara visible del Estado ante jóvenes que tuvieron escaso acercamiento con oficinas públicas en momentos anteriores a su detención. Como moneda corriente, circula la idea de que –en sus vidas– “el primer contacto con el Estado es el sistema penal”, aunque algunos sujetos expresan ciertas reservas ante esto en el momento actual.[9] Parte de estas impresiones son también compartidas y transmitidas a aquellos trabajadores que ingresan con posterioridad al IRAR/CERPJ. Si bien las caracterizaciones acerca de ellos son fruto de controversia, como veremos más adelante, un grupo compartía trayectorias similares a las del colectivo original y formas de describir su práctica como acompañantes juveniles. Iván, a quien nombré previamente, identificaba sus experiencias anteriores y las particularidades de su trabajo como acompañante de la siguiente manera:
Para el laburo de acompañante buscaban, digo buscaban porque hace rato que dejaron de buscar, no abrieron más concursos, nada. Pero buscaban gente que ponga el cuerpo (…) Si yo no hubiera tenido ese recorrido, no hubiese entrado a laburar en ese lugar… porque, a ver, después laburar en una cárcel es totalmente diferente a cualquier otra cosa (…) adentro de la cárcel hay una lógica que es la tumbera, y que justamente el laburo del acompañante es tratar de, no sé si neutralizar esa lógica, porque es muy difícil, pero combatirla todo el tiempo, imponiéndole los derechos a los pibes. Porque los pibes que están ahí no saben que tienen derechos. Y tratar de garantizarlos, salvo el de la libertad, que es el derecho más importante y ellos están privados de ese derecho (…) Que todas esas cosas que a lo mejor en el exterior, en la calle no la hacían, aprendan a hacerlas dentro de la institución (…)
Ahí se te largan a llorar, se te angustian y necesitan esa persona. A nosotros nos pasaba -y no te digo la mayoría de los casos, pero casi- que los pibes se abrían más con nosotros que con el equipo de profesionales, ¿no? Porque son entrevistados, ¿viste?, 10, 15 minutos con el psicólogo, que a lo mejor los entrevista una vez por semana, o el trabajador o trabajadora social. Pero el estar nosotros todo el tiempo, todo el tiempo ahí… porque no sucedía solamente en las entrevistas que los sacábamos de los sectores, sino en las charlas donde la reja estaba en el medio. Que era re impactante, porque vos estabas hablando con un pibe con una reja en el medio, te hablaban de su mamá, de su familia, de su noviecita (Entrevista Nro. 19, 2023).
Para Iván “poner el cuerpo” aparece como la primera forma que adopta su práctica. Se trata, fundamentalmente, de una presencia. Pero no de cualquier manera de estar presente, sino de posibilitar que contextos tan aparentemente hostiles, como una conversación a través de las rejas, permita componer una intervención. En este sentido, la escena que relata Iván es particularmente significativa porque proporciona una imagen más fina y detallada del diario vivir y trabajar en el IRAR/CERPJ. Un cuadro de situación más próximo a la continuidad y a las fugas posibles que existen dentro de un espacio, como el carcelario, donde si no miramos con atención parecería que solo prevalecen rituales normalizados, circulaciones y actividades formalmente definidas. El trabajo contra la reja, al cual los acompañantes aluden en numerosos momentos, es quizás una parte menos visible pero especialmente reveladora.
Estar contra la reja, trabajarla, implica un desafío doble en ese diario “combatir” que menciona Iván: el de ganar la reja, como conquista de un espacio desde el cual intervenir; y el de ganarle a la reja, propiciar que acontezca “otra cosa”, aún pese a ella.[10] En el caso de los trabajadores del IRAR/CERPJ, sus recorridos de militancias previas permiten trazar un interrogante: ¿qué hace un militante “del palo de los derechos humanos” al trabajar en una cárcel? Formulando una respuesta posible –a la luz de lo señalado por los trabajadores en sus expresiones precedentes–, puede decirse que se posiciona desde las coordenadas por las cuales es convocado: la garantización de los derechos humanos de los jóvenes alojados allí. Pero, además, “trabaja” la reja, como le sucede a Iván: a través de ella, mantiene conversaciones con los jóvenes y, en ocasiones, esa aproximación y esa presencia son aquello que le permiten tener momentos de disputa, pero también de acuerdo con el SP. Posibilitar un diálogo por medio de –y pese a– la reja, deviene entonces un “ganar la reja” que acaba siendo, por pequeños haces de momentos, “ganarle a la reja”: proponer otra forma de gobernabilidad del espacio carcelario.
Trabajar en el Estado: “nos sentimos con la camiseta de garantizar derechos”
La militancia dentro del frente discursivo sobre los derechos humanos de los adolescentes atravesados por el campo penal es un compromiso con la tarea pero, además, es un compromiso político que atraviesa a la definición de los trabajadores sobre sí mismos en tanto “estatales”. En un taller llevado a cabo en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes,[11] durante el año 2019, en el cual se convocaba a acompañantes juveniles y talleristas que trabajaban en diferentes dispositivos de la DPJPJ, Romina –acompañante juvenil durante varios años en el IRAR/CERPJ, quien recientemente había sido trasladada a la DAJF[12]–, trazaba ciertas tensiones entre el posicionamiento de los trabajadores y aquello que “se espera” de un trabajador estatal del campo penal juvenil:
Nos pasa que como estatales o desde el puesto de trabajo que tenemos, nosotros deberíamos estar parados en la pata de lo penal, pero todos nosotros nos sentimos con la camiseta de garantizar derechos, desde un lugar de encierro poder generar libertad (…) El mandato es mínima intervención y nosotros no podemos con eso de la mínima intervención y vamos mucho más allá y a veces terminamos golpeando puertas que ni siquiera nos corresponden, llamándolos a ustedes /señala a una trabajadora de la Defensoría/ (Registro Observacional Nro. 43, 2019).
Si bien median varios años entre el ingreso de los acompañantes juveniles al IRAR/CERPJ y este registro, en los cuales se modifican las líneas de gestión y se discontinúa el proyecto del cierre progresivo de esta institución, su inspiración continúa presente en varios trabajadores, como expresa Romina al decir que se sienten “con la camiseta de garantizar derechos”. Pensar en “ponerse la camiseta” en este ámbito de trabajo no se vincula a defender los intereses de quien detenta conducción y elabora las líneas de gestión, como podemos pensar para ámbitos de trabajo privados cuando se alude a “ponerse la camiseta de la empresa”. Aquí “la camiseta” alude a identificarse y comprometerse con el sentido dado a las políticas públicas a partir de un determinado momento de la organización de los trabajadores y de la definición de su tarea. Remite a premisas asociadas al frente discursivo de la protección integral de los derechos de los adolescentes, y se entrama fuertemente con una economía moral compartida en torno a cómo se debe –y cómo no se debe– trabajar en estos espacios.
Esta imagen parecería situarse de manera muy distante a la idea de los empleados públicos como “ñoquis”. Pese a que los sentidos sociales atribuidos al trabajo estatal remiten a la idea de la burocratización, la inacción y el estancamiento, analíticamente han sido propuestas otras categorías para comprender los procesos de subjetivación estatal.
Ignacio Lewkowicz (2006) plantea el agotamiento de la subjetividad y del pensamiento estatal, ante lo cual “el Estado no desaparece como cosa; se agota la capacidad que esa cosa tenía para instituir subjetividad y organizar pensamiento” (p.11). Para Sebastián Abad y Mariana Cantarelli (2010) el Estado es la dimensión de las instituciones a partir de la cual se estructura la subjetividad. Lo cual quiere decir, de otra manera, que no hay subjetividad (moderna) sin Estado. A pesar de ello, estos autores registran tres alteraciones (pérdida de centralidad del Estado y sus instituciones, desprestigio de la política y debilitamiento de las identidades político partidarias) que provocan la disminución de su poder de marcación y tienen un correlato en el campo del pensamiento. Ante esto, se interrogan por las formas de subjetivación que surgen, que no abandonan al Estado como interlocutor, pero implican una escasez de pensamiento estatal en los agentes, ya que se estarían representando “bajo formas subjetivas eminentemente no estatales” (p. 46).
Enlazado a lo anterior, Ignacio Lewkowicz y Elena de la Aldea (2014) postulan la categoría de “subjetividad heroica”, idea ligada a la de “una subjetividad estatal sin Estado” (Rígoli et al, 2021, p.4), en el contexto del auge de Estados técnico administrativos y de la pérdida del poder de marcación aludida en el párrafo anterior.
Por subjetividad entienden a una “máquina para pensar”, a una disposición instituida por vía práctica, a un modo de situarse ante un problema. Adquiere el calificativo de “heroica” porque coagula valores morales, ideales salvíficos y sacrificiales, que encarnan en trabajadores que muestran un compromiso con su tarea, pero que adoptan una posición de bien y de verdad inescrutable, lo que provoca una asimetría con ese otro al que quieren y deben socorrer. Se opone a una suerte de “subjetividad burocrática”: el trabajador/héroe lucha contra las instituciones, las impugna en términos del incumplimiento de sus mandatos, se posiciona respecto de un ideal, percibiendo sus faltas o carencias. Sin embargo, a partir de esta actitud, refuerza esos esquemas institucionales: “salva” el problema y a la institución, entendida en términos de “una concepción de la buena sociedad en su conjunto” (de la Aldea, 2014, p.8). Desde la perspectiva de los autores, situarse desde el ideal impide pensar en términos de la situación concreta, ya que se ven objetos en lugar de sujetos, carencias en lugar de obstáculos. Es un lugar de omnipotencia basado en un saber ante la urgencia, que deviene en un lugar de impotencia: el trabajador “no puede no poder” (Rígoli et al, 2021, p.3), de allí el malestar y el agotamiento ante fragilidades que no encuentran lugar donde ser alojadas. Por otra parte, la comunidad también se encuentra en un lugar de impotencia: queda reducida al papel de un objeto plagado de carencias, sin poder ofrecer recursos para abordar el problema, ya que desde esta posición se considera que no los posee.
Por su parte, Abad y Cantarelli (2010), refieren a la figura del “héroe resistente” y del “asambleísta deliberativo”[13] como formas que comienzan a configurarse entre los trabajadores estatales durante la década de 1990, y que modelan una subjetividad a-estatal. La posición de héroe resistente remite a la idea de un “discurso de la trinchera”, que intenta centrarse en la desobediencia antes que en la proposición de un proyecto. Desobediencia ligada a que resistir, en las anteriores condiciones de centralidad estatal, implicaba intervenir “sobre las máquinas homogeneizadoras, es decir el Estado y sus instituciones disciplinarias” (ibíd., p.50). Por su parte, la posición del asambleísta deliberativo se vincula a un discurso a-institucional que terminó de consolidarse a partir de la crisis y el estallido social del año 2001 y que nutrió parte de las subjetividades políticas de esa generación. Para los autores esta es una subjetividad “cacerolera”: una posición que se sustenta en una impugnación social de la actividad política (ibíd., p.56), que imagina la ocupación del Estado extrapolando los mecanismos de una asamblea vecinal. Primero, se recusaría la autoridad estatal, acusándola de verticalista, para luego abrir un momento deliberativo y consultivo, sin existir una síntesis posterior que permita recomponerla.
Así, la primera de estas imágenes remite a un héroe que todo lo puede, la segunda a una resistencia sin proyecto, mientras que la tercera se vincula a una posición de impugnación constante. Si bien algunos de estos ribetes pueden resonar en lo analizado hasta aquí, creo que existe una diferencia central en el proceso que llevan a cabo los acompañantes hasta esta etapa, la cual luego hallará modificaciones. En primer lugar, la posición de resistencia se vincula más a la de militancia que a la de heroísmo. Resistir, entonces, implica desafiar la lógica propia del sistema carcelario pero no a partir de una actitud individual, sino de la construcción y reafirmación de un proyecto, de un marco de trabajo. En segundo lugar, si bien el asambleísmo deliberativo se encuentra presente con gran énfasis en los procesos de organización de los trabajadores, en tanto disputa por el sentido de la estatalidad, no se trata de una mera impugnación sino de un intento por ocupar el Estado que pueda legitimarse, por ejemplo, a través de la creación formal de la figura del acompañante juvenil y del diseño de su perfil actitudinal.
Esta forma de subjetivación encuentra cercanía con aquella que Luisina Perelmiter (2018) identifica al analizar la inclusión de militantes de base en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. De acuerdo a la autora, en contraposición a las imágenes peyorativas que enlazan trabajo estatal con ausencia de empeño e ineficiencia, opera una “significación militante del trabajo”, cimentada en la reivindicación de un saber construido desde la experiencia, que es tanto garantía del compromiso con “lo público”, como recurso para disputar el sentido de la actuación estatal legítima.
Al menos por un tiempo, los acompañantes desafiaron tanto las imágenes estereotipadas de trabajadores estatales, como así también la tensión e incomodidad de ser militantes trabajando en el Estado. Si bien estas formas en los últimos años han ido en retroceso, vale la pena recuperarlas. Considero entonces que, pese a que pueden trazarse efectos de estas formas de subjetivación, en la idea de componer “nuevas formas de lazos estatales” –como expresan en la cita que abre este capítulo—, los trabajadores del IRAR/CERPJ avanzaron en la construcción incipiente de una forma de subjetivación estatal de sus experiencias de trabajo y vida.
“Foguearse y formarse” en los procesos de trabajo
Continuando con el análisis del trabajo en estos ámbitos, otro aspecto a considerar es la dimensión política que permea al trabajo estatal, que presenta un carácter particular frente a otras formas de trabajo, ya que quienes lo desempeñan ejercen una función pública. A partir del contacto directo con los ciudadanos, experimentan cotidianamente las vivencias en torno a la ineficiencia o a la eficacia estatal (Lipsky, 1990; Bermúdez Peña, 2015). Bialakowsky et al (2003) elaboran la idea de “actores bifrontes” para referir a los trabajadores estatales de espacios como la cárcel, el juzgado, el centro de salud, entre otros. Para ellos, estos sujetos se mueven en dos frentes: a la vez que deben trabajar en la atención de las urgencias, asumen la tarea de creación de dispositivos que puedan morigerar los efectos de los procesos de exclusión, los cuales en muchas oportunidades son reproducidos o profundizados por las instituciones de las que forman parte. En este proceso, los trabajadores enfrentan las contradicciones del Estado como dramas personales (Bourdieu, 2002; Bermúdez Peña, 2015). Esto se debe, en parte, a que la cotidianeidad del trabajo en los sectores públicos conlleva el contacto con la comunidad, el compromiso con las actividades laborales y el desarrollo de conocimientos específicos en torno a la tarea (Diana Menéndez, 2009; Beliera, 2014).
De esta manera, otro aspecto característico del trabajo en el Estado es la posibilidad de cuestionar la orientación de las políticas públicas (Gindin, 2008). Los trabajadores estatales tienen la capacidad de disputar los sentidos de su trabajo a partir de la politización de la lucha, en términos de puja por los significados que asumen los derechos sociales. Así, en los conflictos que traen a escena, no solo se disputan beneficios en las condiciones laborales, sino que se produce un intercambio político: se pone en juego el consenso social (Diana Menéndez, 2009, 2017).
Tanto la pugna por la construcción de un marco de trabajo que sea legitimado, como por las condiciones de alojamiento de los jóvenes, continúan como reclamos con el transcurrir de los años. Hasta fines del año 2012, esta disputa tendrá como eje fundamental la pelea por el pase a planta de quienes se encontraban trabajando con contratos temporales y precarios como acompañantes y profesionales, a partir del argumento sostenido por los funcionarios, quienes planteaban que esta tarea tenía sentido solo desde lo transitorio, no ya porque el IRAR/CERPJ se cerraría –como se expresa en la cita que da inicio a este capítulo– sino porque los trabajadores “se quemarían”.
Si el IRAR/CERPJ es una institución “caliente”, los acompañantes sostendrán la necesidad de “foguearse y formarse”, planteando estrategias para evitar “quemarse”. Recuperando parte de la experiencia del Colectivo de Acompañantes Juveniles, Felipe –delegado de los trabajadores durante varios años– reconstruye ciertas propuestas que acompañaban sus reivindicaciones:
Nosotros [además del perfil] planteamos la cuestión de que haya un reemplazo por escalafón. ¿Qué quiere decir? Si vos tenés una planta de 8 acompañantes y falta uno, llamás a uno del escalafón que lo reemplace (…) Y esas personas que trabajan con el equipo ya van teniendo experiencia y, cuando entran a trabajar, ya tienen una práctica realizada y están, como nosotros, fogueados y formados (…) es un trabajo que amerita que se trabaje bien, digamos, va por ahí. Capaz eso haría que se desgaste menos la cosa, que no se separen los equipos (…) Sino, vamos a terminar en eso que combatimos (Entrevista Nro. 24, 2023).
En este sentido, “foguearse y formarse”, no aluden solo al conocimiento profesional, al que se demuestra mediante credenciales, sino más bien a un conocimiento práctico, unas disposiciones a ser y a hacer en el mundo social, un habitus vinculado a una “experiencia de tiempo”, en el sentido que le da Pierre Bourdieu (1997). Para este autor, “el habitus es esa presencia del pasado en el presente que posibilita la presencia en el presente del porvenir” (p.277). De allí que
La capacidad de anticipar y ver por adelantado que se adquiere con la práctica y la habituación a un campo, y por medio de ellas, (…) sólo se manifiesta cuando se da la situación, y va unida por una relación de solicitación mutua a la ocasión que la suscita y la hace existir como posibilidad que hay que coger al vuelo. El interés toma la forma de un encuentro con las cosas “llenas de interés” (p. 280).
“Foguearse y formarse” remiten, entonces, a un doble movimiento: el de eludir el destino signado como inevitable (“quemarse”) y –a la vez– prever las instancias necesarias para permitir que sobrevenga otro porvenir. En este sentido, se trata de anticipar la suerte del juego social. O, dicho de otro modo, de la capacidad de vaticinar lo que hay que hacer para que sobrevenga el porvenir en dicho juego, lo cual es posible a partir de un habitus predispuesto a anticiparlo. Esta capacidad solo se adquiere mediante la experiencia del juego, es decir, como fruto de un pasado.
Por ello, alude a un conocimiento inescindible de un tiempo y una intensidad, de una experiencia significada como conciencia práctica, pero no reducida a su dimensión cognitivo-normativo-valorativa, sino vinculada a su capacidad de afectación. Se trata, entonces, de una experiencia incorporada, encarnada, tal como condensa la noción de embodiment propuesta por Thomas Csordas (1988 en Riva Knauth y Víctora, 2009) para otro tipo de experiencias; idea deudora del enfoque de técnicas corporales, de Marcel Mauss (1979), de la noción de cuerpo socialmente informado, de Pierre Bourdieu, y de cuerpo hacia el mundo, de Maurice Merlau-Ponty (Csordas y Oliva, 2021)[14].
“Foguearse”, “quemarse”, “explotar”, hervir, rebullir, son palabras que pueblan este escrito y el mundo social de los trabajadores, y aluden –como fue enunciando– al calor, al fuego. El fuego remite a imágenes ambivalentes, contradictorias (Bachelard, 1966), consume y destruye, pero también alimenta; calienta pero asimismo hiere, es tanto fuente de resguardo como forma de muerte, arden tanto el amor como el infierno, convoca “el mismo temor de quemarse, el mismo afán de encenderlo” (Caillois, 1996, p.33). Es un movimiento antes que una sustancia (de acuerdo a la lectura del pensamiento de Heráclito[15] que propone Brasa Diez, 1998). Así, para “hacer fuego”, debe operar una fricción, un choque, un contacto de proximidad entre dos cuerpos. Pero no se trata de cualquier contacto, sino de uno ritmado con insistencia e intensidad hasta que advenga la chispa.
Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre quemarse y foguearse? En lo reconstruido hasta aquí, si bien las alusiones al fuego y al calor son innegables, ambas categorías insinúan sentidos divergentes. Quemarse es enunciado por los funcionarios como un destino implícito e inevitable ante el trabajo en un contexto institucional “caliente”, no solo en términos metafóricos, sino explícitos, si recordamos los hechos que propician la inclusión de los acompañantes, tal como la muerte de un joven durante un incendio. Quemarse remite, así, a cierta dimensión de desgaste, de consumirse en la faena. Sin embargo, arder no necesariamente es quemarse, de allí la imagen de la zarza que arde pero no se consume, presente en los sentidos sociales que pueden ligarse a la circulación y reinterpretación de la tradición judeo-cristiana.[16] Esto invoca el sentido de foguearse, que involucra al movimiento y al reposo, en tanto dimensiones del proceso.[17] Si se potencia ese foguearse –a partir de la fricción entre cuerpos que se encuentran y se reconocen en la realización de la tarea– al mismo tiempo adviene un límite: no todo puede ser puro fuego. Para foguearse es necesario templarse, que ese fuego pueda asentarse, cimentarse en nuevos acuerdos y saberes, dejando que otros cuerpos entren en juego, como es propuesto a partir de la construcción de un sistema de rotación vía escalafonamiento.[18]
Quizás la condición de posibilidad de que el contacto con el fuego devenga en disposición a foguearse – y no a quemarse– sea aquella enunciada como forma de pensamiento estatal: la facultad de elaborar y tramitar las experiencias dentro de una inscripción colectiva. Parte de las angustias, los miedos, pero también de las formas creativas de sostener la disputa por el trabajo y por las condiciones de vida de los jóvenes son, como hemos visto hasta aquí, compartidas dentro del Colectivo de Acompañantes Juveniles durante buena parte del período analizado. A partir de ese espacio es que se decide asumir otra forma de representación frente al conflicto. En línea con esta cuestión es que se produce la afiliación a ATE, la cual será analizada a continuación.
III. La Asociación de Trabajadores del Estado y el proceso de sindicalización en justicia penal juvenil
El proceso organizativo de este grupo de trabajadores permite que confluyan en ATE como organización sindical que los representa, en el año 2010.[19]
ATE es una organización sindical fundada en 1925, que se define como inscripta dentro del sindicalismo clasista, de base (Diana Menéndez, 2008; Duhalde, 2010, 2012) o de movimiento social, inspirado tanto en tradiciones anarcosindicalistas de comienzos del siglo XX, como en las tendencias clasistas de la década de 1960 y en algunas líneas de los movimientos sociales latinoamericanos actuales (Lazar, 2019). ATE detenta la representación de aproximadamente 150000 trabajadores estatales en todo el país, y posee una historia reciente vinculada a la lucha contra las políticas neoliberales de la década de 1990, ya que en 1992 conforma –junto a otros sectores de trabajadores– la CTA (Central de Trabajadores Argentinos, que se divide en el año 2010),[20] siendo uno de los gremios con mayor representación de trabajadores dentro de esta. En el presente, organiza a los trabajadores que se desempeñan en un mismo territorio provincial en un Consejo Directivo Provincial, a la vez que cuenta también con un Consejo Directivo Nacional, que coordina las acciones de los Consejos Provinciales.
En las reparticiones en las que cuenta con un número determinado de afiliados, ATE adopta la forma organizativa de comisiones o juntas; y se caracteriza por privilegiar intereses de clase por sobre los nacionales, por la participación de los trabajadores en las decisiones cotidianas en el lugar de trabajo, por poseer grados de rotación alta en los cargos de delegados y por presentar a la asamblea como órgano deliberativo por excelencia (Diana Menéndez, 2008; Duhalde, 2012). A partir de estas orientaciones, ATE puede ser definida como una organización de bases altamente convocadas, relativamente plural y politizada, en el marco de la cual sus afiliados construyen posicionamientos no solo respecto del Estado en tanto empleador, sino también como gobierno (Diana Menéndez, 2017).
En cuanto a la organización en los espacios concretos, los delegados, primeros representantes en los lugares de trabajo, son aquellos militantes que integran las juntas o comisiones internas, en función de haber sido elegidos por sus compañeros. Así, respecto a la DPJPJ, se realizan elecciones para delegados en los lugares de trabajo, y para la representación de la junta interna de ATE Penal Juvenil. Asimismo, en los espacios de trabajo se efectúan asambleas que no solo poseen carácter informativo, sino también resolutivo, ya que en ellas se proponen, discuten y votan mociones que dan forma a los reclamos y a las estrategias de lucha.
En numerosas oportunidades, la vía privilegiada por estas estrategias es la acción directa: el desarrollo de asambleas públicas en algunos lugares de trabajo, la asamblea permanente, la movilización hacia la sede de gobernación local, el viaje de los afiliados a la capital provincial, la huelga con guardia mínima,[21] entre otras modalidades.
Teniendo en cuenta estas características, que definen a las formas de liderazgo y participación que se construyen desde ATE, no resulta azaroso que el Colectivo de Acompañantes privilegiara su agremiación allí. En cercanía con lo que señala Gabriela Llamosas (2017)[22] puede pensarse que la confluencia de esta grupalidad en ATE no se vincula solo a los movimientos en la concepción de trabajo que van gestándose entre ellos, los cuales encuentran síntesis en la expresión “trabajo militante”; sino también a sus trayectorias laborales, formativas y organizativas previas. Así, la proximidad de sus posicionamientos con las líneas propuestas por ATE hilvana la decisión de que este grupo de trabajadores se acerque a dicho espacio.
Existe también otro aspecto a considerar en esta decisión. Entre los reclamos que suelen tener peso gravitacional en las acciones de ATE se encuentran la mejora de los salarios y las condiciones de trabajo y, en particular, los conflictos derivados de los contratos de trabajo temporarios. La situación de “los contratados” es uno de los puntos que han sido recogidos históricamente por esta entidad gremial en su representación de los trabajadores provinciales,[23] motivo por el cual existían sectores de justicia penal juvenil afiliados a este sindicato.
Así, ATE es la asociación a la cual estaban afiliados los trabajadores de planta permanente que se desempeñaban en etapas previas al ingreso de los acompañantes juveniles, ya que los había incorporado en su etapa como “precarizados”. En la memoria histórica de los trabajadores, se inscribe como uno de los primeros conflictos emblemáticos el pase a planta de los trabajadores del ESPA Casa Joven, de General Lagos.[24] Uno de los delegados de los trabajadores involucrados en dicho conflicto sería, varios años después, Director Provincial de Justicia Penal Juvenil.
Sin embargo, pese a existir el espacio de ATE Penal Juvenil, en los primeros tiempos del ingreso de los trabajadores de IRAR/CERPJ, la inscripción en el gremio parece haber estado subordinada a la pertenencia al Colectivo de Acompañantes, como expresaba Jaime: “si bien nosotros somos de ATE, básicamente somos trabajadores del IRAR” (Entrevista Nro. 1, 2010). ATE es el sindicato que toma la situación de los primeros acompañantes en tanto contratados, por lo cual durante algunos años pasa a ser conocido como “el sindicato de los acompañantes” y sus primeros representantes como “los delegados de los precarizados”. Felipe adhiere en sus palabras a esta visión:
Cuando entramos nosotros había un sector bastante despolitizado, poco agremiado. Existían ATE y UPCN (…) De nuestra experiencia de militar en la facultad sabíamos que UPCN no… Cuando decidimos sindicalizarnos teníamos claro que era en ATE. Y bueno, nos afiliamos todos, eso le dio un rol a ATE dentro del IRAR que no tenía. De 10 afiliados, terminamos siendo un grupo de más de 30, 40 compañeros. (…) El gremio siempre fue una herramienta, era el Colectivo de Acompañantes Juveniles el que discutía en las asambleas de la institución, discutía con la Dirección las lógicas de funcionamiento, discutía el perfil del acompañante, y usábamos el gremio para dar decisiones más públicas, como para organizar el espacio y la lucha por las mejores condiciones de trabajo. En el medio fuimos encontrándonos con trabajadores más viejos, que empezaron a entender cuál era nuestra lógica, y que no éramos todos militantes socialistas ni acomodados. Nos empezamos a llevar mejor, empezamos a sumar reclamos de ellos a las luchas nuestras y afinamos. Fuimos un gran colectivo, que se agrandaba, estábamos todos unidos y logramos cosas (Entrevista Nro. 24, 2023).
En las palabras de Felipe, quien fuera uno de los “delegados de los precarizados” en el año 2011, puede distinguirse la profusa actividad que tenía el colectivo de trabajadores durante ese período. A partir de sus trayectorias de militancias previas (en su caso, en el ala estudiantil de un partido de izquierda), aparece como evidente la idea de que es ATE el espacio gremial al cual afiliarse, pese a que los trabajadores del sector público en Argentina pueden ser representados por dos entidades gremiales, que existen tanto a nivel nacional como en las diferentes provincias: ATE y UPCN.[25] Esto se enlaza con el hecho de que, a diferencia de otros organismos de la provincia de Santa Fe, en la DPJPJ la representación mayoritaria ha sido históricamente de ATE, a partir del conflicto ocurrido en el ESPA General Lagos varios años antes.
Sian Lazar (2019) recuerda que una parte del trabajo cotidiano en los espacios sindicales consiste en “construirse a sí mismos como organizaciones por derecho propio y, en el caso de ATE en particular, como parte de un campo más amplio de movimientos sociales” (p.48). En lo que respecta al IRAR/CERPJ, al producirse una afiliación masiva de trabajadores a partir del año 2009, ATE es visto en el momento de mayor conflictividad por el pase a planta como “el sindicato de los acompañantes”. Esto conlleva, a su vez, que ciertas tensiones que han sido relevadas para otros ámbitos públicos en torno a la disputa entre ATE y UPCN no se encuentren tan presentes en este ámbito de trabajo.[26] Sin embargo, reviste también la necesidad de advertir cuáles son los conflictos que anidan allí. Con esto aludo, principalmente, a la diversidad de orientaciones y a las luchas entre ATE seccional Rosario[27] y el Consejo Directivo Provincial de ATE Santa Fe[28] por la hegemonía en la representación de trabajadores en la DPJPJ. Ambos espacios se presentan a elecciones para delegados en la DPJPJ. Si bien, tradicionalmente, esta dirección era hegemonizada por ATE Rosario, en el último proceso electoral la victoria fue de ATE Santa Fe.[29] Esto no solo es percibido como una transformación hacia el interior del gremio, sino que –para algunos trabajadores y como veremos con posterioridad– se enlaza a la mutación en las lógicas de trabajo de la DPJPJ y a las tendencias que conducen el gobierno provincial.
Efectos del proceso de lucha: pase a planta sin cierre progresivo
Retomando el proceso de lucha gremial que se inicia a partir de la afiliación masiva de los acompañantes juveniles a ATE y la hegemonía representativa de la seccional Rosario durante más de una década, cabe mencionar que esta adoptó como forma de reclamo la confrontación y la acción directa. Durante los inicios de la agremiación de los integrantes del Colectivo de Acompañantes Juveniles, se combinó con otras estrategias autogestivas, desplegadas a instancias de las conexiones previas que los acompañantes tenían de acuerdo a sus espacios de militancia en fuerzas político-partidarias y en organizaciones sociales. En este sentido, a la par de las asambleas en los espacios laborales y la irrupción en el centro de la ciudad de Rosario, donde se encuentra emplazada la sede local del gobierno provincial, de los cortes de calle, las volanteadas y las movilizaciones, el colectivo llevó a cabo un despliegue de actividades: la presencia en los medios masivos de comunicación para hablar de su trabajo, la construcción de un blog donde plasmar sus escritos, la conformación de un grupo abocado a presentarse en encuentros y congresos, la realización de peñas para recaudar fondos para el sostenimiento de estas medidas. Se trataba de acciones en las cuales, a la vez que la “chispa” desafiaba al “quemarse” augurado como destino para los trabajadores –enunciado particularmente significativo que es reinterpretado en escritos, volantes, imágenes–, estos tramaban lazos de contención y vivían su militancia, que se desenvolvía en una doble vía: como militancia por sus condiciones laborales y como militancia “por los derechos de los pibes”.
Enlazar estas dos cuestiones no se presentaba como algo sencillo. Si bien en este espacio de trabajo, debido a que implica el alojamiento de los jóvenes durante las 24 horas, una huelga nunca puede ser total, la menor presencia de acompañantes en las guardias podía entenderse como un momento a ser aprovechado por el SP. Por ello, los planes de lucha debían ser concienzuda y creativamente elaborados:
Lo más destacado fue buscarle la forma a cómo hacer las medidas de fuerza, creativamente, cómo hacer sentir los paros y, a la vez, no dejar de estar con los jóvenes. Porque sentíamos que tampoco podíamos perder territorio con las fuerzas de seguridad, con el SP, con la lógica tumbera… capaz que metíamos 2 semanas de paro, pero no podíamos estar ese tiempo sin ver a los jóvenes. Entonces hacíamos guardias mínimas, hacíamos actividades sin que nadie se entere o sin hacerlo público, para no perder la cotidianeidad. Lo hacíamos desde lo colectivo, que de plano rompía con la lógica, por eso chocamos tanto con los compañeros que estaban de antes (Felipe, Entrevista Nro. 24, 2023).
La “pérdida de territorio” que podía significar ausentarse del lugar de trabajo por sostener el plan de lucha era cuidadosamente observada, como menciona Felipe. De esta manera, la cotidianeidad –como enuncia este trabajador– aparece como una dimensión clave tanto para el sostenimiento de las medidas de fuerza, como para el trabajo de “acompañar en el encierro” a los jóvenes y las discusiones que pudieran suscitarse al interior del instituto.
Asimismo, los objetivos de las medidas de fuerza en diversos espacios públicos se orientaban a visibilizar su trabajo, a la par que a sensibilizar a la opinión pública en torno a un tema particularmente peliagudo, a fin de incrementar las presiones sobre el gobierno provincial. Como han señalado otras investigaciones (Diana Menéndez, 2009; Vitali, 2022), estas premisas se vinculan al hecho de que el principal “costo” de las medidas de fuerza de los trabajadores estatales no remite a una disminución de la capacidad de producción, que atente contra la acumulación de capital, sino a estriar el espacio de legitimación política de las fuerzas gobernantes, disputando el consenso social.
Luego de este sostenido proceso de lucha, que se desarrolló a lo largo de tres años, se obtiene como primer logro –a partir de numerosas reuniones entre la gestión de la DPJPJ y el Colectivo de Acompañantes sindicalizados en ATE– la confección del “Perfil del Puesto – Acompañante Juvenil” (DPJPJ, 2010), en cuya redacción participaron estos trabajadores. Posteriormente, durante el año 2011 y diciembre del 2012, se obtienen los pases a planta de los trabajadores que se desempeñaban como acompañantes y de algunos trabajadores contratados como profesionales. Además, se alcanza uno de los puntos más demandados en el proceso de lucha, vinculado a la creación del acompañante juvenil como agrupamiento específico dentro del organigrama de la DPJPJ.[30] Si bien uno de los ofrecimientos de la gestión consistía en la sustanciación de un concurso para el ingreso a la planta permanente, otra de las conquistas del proceso de lucha consiste en que éste no sea el modo de incorporación de quienes ya se encontraban trabajando. En la disputa, los acompañantes lograron su pase a planta de manera directa, dejando “liberados” los cargos creados para ser concursados, a fin de que ingresen más trabajadores a la institución, y el compromiso de que la selección se haría conforme al Perfil elaborado.
De esta manera, se sumará un nuevo conjunto de acompañantes juveniles, que ingresarán por concurso a la planta permanente de la DPJPJ, durante el período 2013 – 2014, luego del proceso de lucha gremial. Esto es significativo ya que, a diferencia de otras reparticiones provinciales, en la DPJPJ se sostendrá durante muchos años que, gracias a la disputa atravesada, se puso freno a las formas de contratación precarias.
A partir del ingreso de esta “nueva camada”, el colectivo de trabajadores mutará. Algunos de los integrantes de la primera cohorte de acompañantes verán como más “duros”, menos comprometidos y asociados a una pertenencia partidaria al FPCyS a estos acompañantes “nuevos”. Otros, referirán que se trató de personas adecuadas al perfil que el grupo inicial construyó en base a la práctica que venían desarrollando, que ingresaron por concurso y que, en ocasiones, se encontraban ligadas a otras fuerzas políticas, de las cuales provenían los primeros acompañantes. Así, algunos hablarán de un “pacto de gobernabilidad” entre ciertas fuerzas políticas de izquierda afines a la representación en ATE Rosario y el FPCyS.
Entre los trabajadores que ingresan en esta segunda camada se encuentran, entre otros, Juana, Iván, Cecilia y Jonás, quienes se presentaron a un concurso de tres etapas (oposición de antecedentes, examen y entrevista), convocado para diferentes espacios de la DPJPJ: el IRAR/CERPJ, el ESPA General Lagos y el ESPA Alvear, que se hallaba en construcción en ese momento.
Juana estudió varios años trabajo social, militaba en una fuerza política de izquierda y había trabajado en dispositivos comunitarios vinculados a la atención en consumos problemáticos antes de ingresar al IRAR/CERPJ. Iván había estudiado cine y fotografía y, a partir de este recorrido, militaba en espacios barriales donde brindaba talleres con jóvenes. Cecilia, en ese momento, estudiaba Psicología –luego finalizó la Tecnicatura en Niñez, Adolescencia y Familia– y había formado parte de grupos de trabajo barrial ligados a una agrupación universitaria. Estas personas fueron convocadas al concurso por otros acompañantes que ya se desempeñaban en esa función, entre ellos una persona que había militado en la misma fuerza política que Juana. A diferencia de estos tres trabajadores, Jonás –quien ingresa a trabajar en el ESPA Alvear en primera instancia, y luego se traslada al IRAR/CERPJ– se había vinculado incipientemente con grupos católicos en su juventud y con un espacio de trabajo barrial que brindaba una copa de leche. Si bien este lugar pertenecía a una fuerza político partidaria, él manifiesta que “intentaba correrme de lo político, por mi forma de ser”. Al momento de presentarse al concurso, del cual le avisó un amigo, estudiaba Recursos Humanos y trabajaba como empleado de comercio, pero se sintió convocado por “la posibilidad de laburar en el Estado de algo que te gusta” (Entrevista Nro. 25, 2023).
El pase a planta de los primeros acompañantes, y el posterior ingreso de estos trabajadores de manera directa a la planta permanente, inaugura una nueva etapa en la organización de sus reivindicaciones. En ella, el colectivo autoorganizado de trabajadores no precederá a aquello que luego es llevado al sindicato como resoluciones, sino que las instancias propuestas por este último serán el lugar privilegiado en el cual discutir y tramitar ciertas conflictividades. Me refiero, particularmente, a las asambleas en el lugar de trabajo y a las asambleas generales de trabajadores de la DPJPJ. Si bien esta nueva situación dará mayor fortaleza a ciertos reclamos y la posibilidad de articular con otros grupos de trabajadores estatales y con otras organizaciones, también tendrá como efecto la puesta en suspenso de las instancias propias que el Colectivo de Acompañantes había construido para auto organizarse. Por otra parte, uno de los objetivos que sustentaban su acción y sus reclamos quedará por fuera: el cierre progresivo, proyecto original para el cual los acompañantes habían sido convocados.
Este momento coincidirá también con la proposición, realizada a algunos acompañantes, de integrar puestos de coordinación. Se perderá así cierta horizontalidad en el colectivo. Sin embargo, parte de su proceso organizativo, de las tareas y posicionamientos con los que vinculan su función, de los sentidos que asocian a sus experiencias de trabajo y de vida, son especialmente ricos para brindar carnadura a procesos de trabajo que en ocasiones se muestran como opacos, acríticos y automáticos. Esto se vincula tanto a las nociones en torno al “trabajo militante”, que fueron mencionadas previamente, así como también a las diversas lecturas que existen entre los trabajadores sobre las transformaciones en los puestos de trabajo.
IV. Una escena para un problema: antesalas de la fragmentación
Parte de estos nudos de sentido y tensiones en la trama de relaciones entre los trabajadores se expresan en algunas instancias gremiales, pero también en discusiones más amplias, como aquellas vinculadas a los derechos de los adolescentes y, en particular, a la baja de edad de punibilidad. Durante mi trabajo de campo tuve oportunidad de participar en algunas asambleas de la DPJPJ. Las mismas fueron particularmente numerosas durante el año 2017, ya que a los trabajadores de la Dirección se sumaban otros referentes sociales y comunitarios, convocados a instancias de que ATE Rosario, en general, y los trabajadores de la DPJPJ, en particular, participaban de la campaña No a la Baja.[31]
Una de esas asambleas se llevó a cabo en junio de 2017, dentro de un plan de lucha que llevaban a cabo desde ATE Rosario.[32] La convocatoria, enviada al grupo de WhatsApp de No a la Baja Rosario por Pamela, trabajadora de Libertad Asistida, invitaba a participar de una asamblea de trabajadores de Justicia Penal Juvenil en el ESPA Alvear. Dado que Alvear[33] es una localidad cercana a Rosario, pero a la zona donde se encontraba ubicado el ESPA no llegaban las líneas interurbanas del transporte público de pasajeros, el gremio ponía a disposición un colectivo para el traslado.
Así, acudí al local de ATE Rosario y, mientras esperábamos que llegara el colectivo, compartí algunos mates con Fernanda, médica del IRAR/CERPJ, Romina, quien había sido acompañante en el IRAR/CERPJ y trabajaba ahora en la DAJF; Oscar, tallerista del recientemente cerrado ESPA de General Lagos, quien había sido trasladado a Alvear; Mercedes, quien trabajó como psicóloga en el IRAR/CERPJ y luego en Libertad Asistida, Juana, acompañante del IRAR/CERPJ y Miranda, psicóloga en el IRAR/CERPJ.
Posteriormente, al llegar el colectivo, subimos junto a personas que trabajaban en prensa del gremio, su secretaria adjunta, y otros trabajadores que llevaban banderas y bombos que serían usados en la jornada. Durante la espera y el viaje, los trabajadores hablaban sobre diferentes cuestiones, con un trato de confianza, afecto y cercanía. Se nombraban con apodos, se preguntaban cuestiones sobre sus vidas personales, se hacían chistes y conversaban acerca de jóvenes que habían transitado por la DPJPJ, circuitos de salud laboral, el cuidado de sus hijos e hijas, disputas con el espacio de la “Verde y Blanca” (ligado a ATE Santa Fe), un festival reciente organizado por No a la Baja, y el endurecimiento de ciertas líneas de trabajo. Realizando un repaso de quienes concurrirían a la asamblea, Mercedes –quien trabajaba en el mismo espacio que Dalia, hermana de Romina–, le preguntaba si asistiría.
Mercedes: – Romina, ¿tu hermana no viene?
Romina: – No, vine yo en representación mía y de ella /ríe/. ¿De Dorrego no venía nadie más?
M: – No, se adherían al cese de actividades, pero no iban a la asamblea. Igual, viste que en Dorrego hay una pared entre los que estamos atrás y los que están adelante. Una pared invisible. Así que no sé qué se comentaba entre los de adelante. (Registro Observacional Nro. 22, 2017).
“Dorrego” es el nombre con el que llaman a las oficinas céntricas de la DPJPJ, ya que se encuentran situadas sobre dicha calle, en lo que anteriormente fuera el edificio del Centro de Alojamiento Transitorio para Menores, cerrado en el año 2006. Es un edificio con arquitectura similar a la de una comisaría, en el cual se encuentran oficinas y celdas. En la parte de “adelante” de esta dependencia se encuentran oficinas administrativas de la DPJPJ, entre ellas las que utilizan los funcionarios cuando se encuentran en Rosario. En la parte trasera se ubican los espacios de trabajo de Libertad Asistida y un patio al que dan las otrora celdas. Mercedes deja entrever, entonces, cierta tensión entre quienes trabajan “adelante” y quienes lo hacen “atrás” en estas oficinas, no solo en términos de las actividades que realizan sino también en torno a las “paredes invisibles”: las dificultades para coordinar acciones, el acople a medidas como el cese de actividades pero no a otras, como la concurrencia a la asamblea, y la cercanía de algunos trabajadores con los funcionarios.
En esta misma línea, esta trabajadora comentaba algunas tensiones que había experimentado en una visita que había hecho recientemente el IRAR/CERPJ, el cual hasta hacía poco tiempo había sido su lugar de trabajo. En un momento de la conversación se suma Juana, quien no habla pero asiente mientras Mercedes relata la siguiente situación, ocurrida en los días previos:
Mercedes: – Entro y me hicieron un lío para dejarme pasar. Primero los del SP, como los que entran son pibes nuevos no me conocen, me re preguntaron por qué iba. Yo le había pasado a Jaime mi DNI y me había anotado, pero igual. Y estoy entrando ahí por el pasillo donde están las oficinas y sale Valeria, y me dice: “Mercedes, ¿qué hacés acá?” Y le digo que había ido a ver la muestra del taller de la Defensoría. Y me dice “Pero a mí nadie me avisó, ¿cómo yo no sabía nada?” Y era como que tenía una voz… como de irritada. Y le digo “Mirá, yo de hecho pensaba venir con más gente”, pero que Jaime me había dicho que ya no era un espacio abierto “No, ya no es abierto porque tuvimos algunos inconvenientes”, me dijo (…) Y la actividad estuvo re linda, pero había muchos adultos. Unas maestras que estaban ahí como marcando qué era lo que estaba bien y qué no, vos las veías como diciendo “así”. Y Valeria ahí también entró como medio descolocada al taller. Dijo que no sabía que estaba esa actividad y dice “porque no sé yo, que soy la directora. Hola a todos, soy la directora”, como ahí medio queriendo tomar crédito de lo que pasa. pero también medio así, como vigilando, porque es re controladora.
Soledad: – ¿Pero siempre fue así?
M: – Mirá, desde que yo la conozco, sí. Alguna gente que la conoce de antes, de cuando ella entró, dicen que nada que ver y que era una persona muy piola, comprometida. Pero desde que yo entré sí. Viste, cuando Jaime armó el espacio de los miércoles la idea era que fuera abierto. De hecho, en un momento se publicitaba por Facebook. Y la verdad no sé, mientras yo estuve ahí siguió siendo abierto, creo que empezó a cerrarse el año pasado, tampoco dejaron que vengan pasantes este año, están medio endureciendo la línea (Registro Observacional Nro. 22, 2017).
Valeria, a quien Mercedes trae en esta conversación fue, durante varios años, integrante del equipo de profesionales de la institución, referenciada como “piola” y cercana al Colectivo de Acompañantes Juveniles. Luego, ascendió a directora, siendo –desde la perspectiva de Mercedes– una persona que despliega actitudes de vigilancia y control, que se irrita ante el desconocimiento de que concurrirían ex trabajadores del espacio a presenciar una actividad y que refuerza la afirmación de que ciertas actividades “ya no son abiertas”, lo cual para estas trabajadoras implica un “endurecimiento” de la institución. Esta tensión con “compañeros” que posteriormente devienen “directivos” se expresa en otros momentos, como veremos a continuación.
El ESPA es una construcción nueva y de dimensiones medianas, considerando que se emplaza en zona rural; se encuentra en cercanía a la ruta y alejado de lo que es la zona habitacional de Alvear, donde se localizan la escuela y el centro de salud. Descendemos del colectivo, hace mucho frío y hay bastante viento. Algunos trabajadores están esperándonos, la mayoría trabajan allí, y otros han ido en auto para participar de la asamblea. Distingo a Greta, quien anteriormente trabajaba en IRAR/CERPJ y a Hebe, otra compañera que he visto en las reuniones de No a la Baja. También identifico a Lautaro, quien hace varios años era acompañante juvenil en el IRAR/CERPJ y ahora es director del ESPA Alvear, que sale a la puerta con un mate en la mano. Se lo nota un tanto dubitativo. Primero dice que podemos hacer la asamblea adentro, debido al frío y a que comienza a lloviznar. Dos trabajadoras le dicen que no la harán adentro por lo que implica para él y porque le quitaría visibilidad. En el predio se encuentra también Valentín, otro trabajador que fue acompañante del IRAR/CERPJ, quien parece ocupar una suerte de vice dirección del ESPA. Mercedes le pregunta a Greta quién de los dos está trabajando como director y quién es el vice, a lo cual Greta le contesta con tono jocoso: “Son Batman y Robin, Batman le tira la pelota a Robin, Robin le tira la pelota a Batman. No se sabe concretamente la función de cada uno”.
Lautaro nos comenta que allí hay seis jóvenes al momento actual, de los cuales tres salen a hablar con nosotros. Uno de ellos saluda afectuosamente a Rosalía, una de las acompañantes de mayor antigüedad en el IRAR/CERPJ. Prueban cómo tocar el bombo que han llevado los trabajadores para la asamblea. Dos de ellos no conocen cómo sostener el ritmo, pero el tercero sí, y se pone a tocarlo marcando un ritmo similar al de murga porteña, de uso popular en las marchas y movilizaciones en varias ciudades de Argentina. Lautaro se muestra inquieto, nos pide que los jóvenes no nos sigan si realizamos la asamblea en cercanía a la ruta. Mercedes bromea con Valentín, burlándose de su corte de pelo, notándose confianza entre ellos.
Se da inicio a la asamblea, a unos 50 metros de la ruta. Los jóvenes nos siguen, aunque con precaución. Lautaro y Valentín por momentos se aproximan y por momentos ingresan al interior del instituto, hasta que el primero de ellos recibe un llamado telefónico y se va. Valentín explica que Lautaro tenía a su hija enferma, pero algunos trabajadores murmuran por lo bajo que se fue porque lo llamaron “de Dorrego” y otros porque “quiere zafar del quilombo”.
La asamblea adopta primero la modalidad informativa, en la cual algunas trabajadoras delegadas, entre ellas Pamela, Miranda y Hebe comentan al resto el panorama en torno a cuatro temas centrales: la cuestión de un complemento salarial, la insuficiencia de recursos en los distintos institutos (la escasez de comida en la DAJF, la ausencia de insumos para talleres y las deficientes condiciones habitacionales en el IRAR/CERPJ, la falta de trabajadores en Alvear), la preocupación por el cierre del ESPA General Lagos, lo cual leen como un reforzamiento de las políticas de encierro, y la discusión sobre la edad de baja de punibilidad y el posicionamiento que tendrán como trabajadores ante esto.
Es una asamblea en la que varios trabajadores toman la palabra. Circula un megáfono dado que, por el viento y la cercanía con la ruta, se hace difícil oír. Los jóvenes que nos han acompañado hacen sonar los bombos luego de algunas intervenciones. Ramón, uno de los trabajadores más antiguos de la DPJPJ, historiza el proceso de lucha que se llevó a cabo en General Lagos, interpelando fuertemente el rol del Director Provincial –quien fue trabajador de este espacio pero “parece que se olvidó que trabajó en Lagos”– y enlaza el cierre de los ESPA con el deterioro de las políticas sociales vinculadas a los jóvenes de sectores populares, con los cuales también trabaja en un centro cultural barrial. Aludiendo a las condiciones de habitabilidad de las jóvenes en la DAJF, Romina expresa que “las pibas están invisibilizadas, se dice que no importan porque son pocas”. Refiriendo al IRAR/CERPJ, Fernanda, por su parte, expresa “¿cómo les hacemos entender esto de que “mi trabajo son tus derechos” en las condiciones de alojamiento en las que están? ¿Hasta cuándo nuestros cuerpos van a tener que soportar el vaciamiento, el peso de la caída de estas instituciones?”.
Otros trabajadores plantean preocupación por el borrador de un decreto del ejecutivo provincial que menciona la fusión de algunos espacios de la DPJPJ con otros de Desarrollo Social. Oscar plantea que no queda claro “qué va a pasar con los no punibles”. Danilo, quien en ese momento trabajaba en el IRAR/CERPJ –con quien viajé a la presentación de diversos proyectos de régimen de responsabilidad penal juvenil en la legislatura provincial–[34] expresaba con preocupación que “ahí dice que se va a convocar a personas que conozcan las instituciones y el campo de estudios para ese paso a la refuncionalización, ¿cómo sabemos si no van a tratar de cooptar compañeros?”. Por lo que recuperan Oscar y Danilo, logro entender que habrían tenido una capacitación en la cual se expuso el borrador de este decreto, pero en la cual los funcionarios estuvieron presentes de manera remota, “no dieron la cara”.
Algunos trabajadores de Libertad Asistida plantean también el endurecimiento de los funcionarios con aquellos que participaron de la medida de cese de actividades y concurrieron a la asamblea, sobre quienes habría una intimación de sumario o apercibimiento. Juana menciona que en el IRAR/CERPJ hubo una recorrida de los directivos por los distintos sectores “constatando quién estaba trabajando y quién no”.
La asamblea mociona continuar el proceso de lucha la semana siguiente en la ciudad de Santa Fe, capital provincial, donde se encuentra el palacio de gobierno y “están los funcionarios”. Pamela comenta que esto será en el marco de una medida que ATE propone por el día del empleado estatal, en la cual junto a compañeros de otros ministerios estarán realizando una recorrida por las sedes de gobierno de cada dirección provincial “que por si alguno nunca viajó quedan en el centro, se puede hacer algo bastante visible y, como es miércoles, los funcionarios van a estar allá”. Además, la secretaria adjunta de ATE comenta que se está organizando una Audiencia Pública a instancias del Consejo Municipal de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,[35] en la cual se resuelve participar con una intervención. Finalmente, las delegadas que han conducido la asamblea remarcan que la medida fue comentada en diferentes medios de comunicación, por lo cual la consideran exitosa dentro de su plan de lucha.
Este relato es extenso y los hilos que lo componen son múltiples. Intentando comenzar a tirar de las puntas de sus ovillos, puede verse cómo en esta asamblea –la cual es representativa de la tónica que seguían otros encuentros gremiales mientras llevé a cabo mi trabajo de campo– no solo se ponen en juego asuntos que atañen a las condiciones laborales, a la falta de personal, a cuestiones salariales; sino también a la orientación y el sentido de las políticas públicas que –en tanto trabajadores estatales– se encuentran encargados de sostener, de implementar y, en ocasiones, de “soportar”.
Como puede verse hasta aquí, en algunos de sus enunciados resuenan ecos de los sentidos atribuidos al trabajo militante aludidos anteriormente. En particular, el lema “mi trabajo son tus derechos”, característico de ATE, es retomado para hablar de las dificultades de sostener este posicionamiento desde el cuerpo, el cual “soporta el vaciamiento de las instituciones”, como modo de forcejeo más que de resistencia. Asimismo, en un escenario pincelado por el debate de la baja de edad de punibilidad, los trabajadores asumen una posición crítica, interrogando incluso proyectos que circulaban en ese entonces –y no llegaron a implementarse–[36] planteando la posibilidad de cooptación de compañeros y el avance punitivo sobre los jóvenes no punibles como dos aristas de un preocupante proceso.
Es común que una instancia oficial de encuentro entre trabajadores –como una asamblea– plantee algunas líneas de discusión que son, de algún modo, evidentes: los tópicos o puntos que contiene el temario se construyen para ser debatidos y mocionados. Sin embargo, también es frecuente percibir que, en un intercambio oficial, expositivo y argumentativo, no solo se delibera sobre aquello de lo que se habla explícitamente, sino que también hay vicisitudes que se discuten de manera más sutil, por lo bajo. Que se expresan en los comentarios, en los tonos de voz, en los chistes, en los movimientos y las disposiciones corporales, como si el conflicto nos devolviera una imagen hojaldrada de múltiples capas e historicidades que pueden distinguirse fragmentariamente. Como si, al mismo tiempo, nunca acabáramos de comprender hasta dónde se extienden las raíces de aquello por lo cual se polemiza. Es así como este registro funciona al modo de un cuadro de situación, en el cual pueden verse una trama de conflictividades, tensiones y acuerdos, ocurridos a lo largo de los años, que intentaremos ir desmenuzando a continuación.
“Dejaron de ser compañeros, aceptaron ser jefes”: funcionarios, directivos y trabajadores
Una primera tensión en los hilos que estructuran el relato de la asamblea puede vincularse a la aceptación de puestos jerárquicos por quienes en algún momento eran considerados pares. Reconstruir los entretelones de confianza, de chiste e, incluso, de burla entre los trabajadores y aquellos compañeros que han pasado a desempeñar roles como directivos habla de cierta tensión entre proximidad y distanciamiento, en un escenario en el cual quienes se encuentran en un puesto de autoridad no terminan de situarse. Algunos adoptan posiciones más “duras”, como Valeria, quien no concurre a la asamblea; otros dudan sobre su lugar allí, como se expresa en la actitud de Lautaro, mientras que otros participan “de costado”, como Valentín.
La oscilación entre cercanía, confianza, afecto y burla exterioriza, quizás, las formas en las que ese inquieto clima –de amenaza y sospecha sobre quienes anteriormente eran considerados “compañeros”– es tramitado por los trabajadores. Los gestos de irritación ante el contacto, de intento de aproximación a través de compartir un mate, o de broma y aceptación de la misma, parecen brindar algunos indicios de cómo se sobrelleva esta tensión. En su clásico estudio sobre las “relaciones burlescas”, Albert Radcliffe Brown (1986) las define como expresiones de burla permitidas dentro de un conjunto social, que expresan tanto la separación como la unión entre dos personas, determinadas por sus posiciones en la estructura social. Pueden ser simétricas (cuando cada una de las personas se burla de la otra) o asimétricas (cuando una se burla de la otra, la que acepta la broma con humor, sin tomar venganza). Como contrapartida de las relaciones burlescas, existen también las relaciones de evitación, modos de rehuir la confrontación directa entre dos personas, en los cuales –en lugar burlarse– lo que se busca es evadir el contacto. Pese a que esta investigación no comparte las premisas de un análisis estructural-funcionalista, vale la pena recuperar este interés de la antropología en las relaciones burlescas y de evitación, ya que puede pensarse a las mismas como ficciones necesarias para sopesar ciertas fricciones evidentes entre personas que, ambivalentemente, se muestran tanto cercanas como distantes, como ocurre en las escenas descriptas anteriormente. Otros autores, como James Scott (2000), han planteado que el humor, las burlas y los chismes integran un repertorio de resistencias discretas, encubiertas y cotidianas, que recurren a la expresión indirecta en situaciones en las cuales no puede proclamarse abiertamente el descontento, y se convierten en material imprescindible en momentos de contienda.
Por otra parte, de acuerdo a lo que pesquisa Anabel Beliera (2014), los trabajadores estatales denotan una distancia con aquellos a quienes referencian como “funcionarios”. Esta distancia se pone en juego no solo en los momentos de huelga y asamblea, sino también en la cotidianeidad de los espacios laborales, dado que existe una productividad política en esa oposición, que solo puede entenderse cabalmente dentro de ellos. Así, en semejanza con lo que esta autora releva para un hospital general, en el IRAR/CERPJ encontramos expresiones similares: “los trabajadores ponen el cuerpo”, mientras que “los funcionarios están en sus oficinas”; “no dan la cara”; a los trabajadores les interesa “defender los derechos de los pibes”, a los funcionarios “escalar”. Mientras que los trabajadores “soportan el deterioro de las instituciones”, los funcionarios “están haciendo la plancha por 4 años”, distinción que cobra aún más notoriedad cuando hablamos de funcionarios que son identificados como “de gestión” y no “de carrera”. En base a esto, si bien los trabajadores estatales son mencionados en numerosos estudios analíticos como “burocracias”, en su acepción nativa esta palabra identifica a los funcionarios. Ya que el Estado, en tanto campo de lucha, es un locus en el cual conviven fuerzas que son experimentadas y significadas de manera singular, interesa estudiar la significación que estos modos de conceptualizar adquieren en contextos particulares. En este sentido, a la par de que existe una productividad política en las acepciones nativas de las categorías de “funcionarios” y “trabajadores” (Beliera, 2014), cabe pensar que la categoría de “directivos” produce una mediación conflictiva entre ambas, por la posición de ambivalente distancia y cercanía que provoca en el contexto analizado.
Si bien en numerosos momentos se refieren a ellos como “los jefes”, algunos trabajadores marcarán diferencias entre aquellas personas a las cuales consideran “funcionarios” y quienes son “directivos”, particularmente en base a si el ascenso a dichos puestos jerárquicos se debe a una carrera en el ámbito de la justicia penal juvenil, o si se enlaza a un nombramiento político, atado a las fuerzas que asumen la gestión provincial. Cabe remarcar que, en el registro de la asamblea, no solo se traman comentarios, sospechas, puestas en evidencia de trabajadores que han asumido roles directivos, sino que también se alude al hecho de que el Director Provincial de Justicia Penal Juvenil de ese momento había sido un “compañero”, incluso cumpliendo el rol de delegado muchos años atrás. Si consideramos que, a diferencia de lo que ocurre en los sectores privados, en los espacios estatales de trabajo los funcionarios no constituyen una terceridad a la cual apelar, sino que son interpelados en tanto “jefes” a quienes se confronta y enfrenta en los conflictos laborales, esta situación reviste aún más complejidad (Beliera, 2014; 2016).
Esto va enlazado a la preocupación porque otros compañeros “sean cooptados”, abandonen su estatuto de trabajadores y, con él, de “compañeros”. Así como Ramón expresaba en la asamblea “parece que el Director [provincial] se olvidó que trabajó en Lagos”, en el Taller realizado en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, Hebe y Romina problematizaban el rol de los “directivos” y “funcionarios”:
H: – Son lugares no deseados por las plantas políticas, entonces por eso muchos de los que están ahí son ex trabajadores.
R: – Lo que pasa es que a veces, el que fue oprimido llega a un lugar y empieza a ser opresor, dicen. Y eso digo. Acá, si uno no tiene un análisis de por medio, terminás haciendo eso, porque vos fuiste un trabajador y te ningunearon 20000 años y ahora que vos tenés más o menos la batutita, arrancás y decís “bueno, acá mando yo” y… te pasa si no estás advertido de esas cosas (Registro Observacional Nro. 43, 2019).
Hebe y Romina vinculan la aceptación de puestos jerárquicos en la DPJPJ por parte de quienes antes eran “compañeros” por un lado, al hecho de que parecen ser lugares a los que es posible “llegar”: espacios que no funcionan como catapulta hacia otro puesto más importante, que son trabajosos y, por ende, son “no deseados” por otros funcionarios políticos. Por otro lado, ligan la aceptación de estos puestos a la posibilidad de tener “la batutita”, de detentar el mando de un espacio de gestión en el cual se ha sido previamente sometido, lo cual “si no se está advertido” puede llevar a provocar una suerte de conversión en “opresor”.
“Una bomba de tiempo que explotó”
Como expresé previamente, las tramas de conflicto internas al espacio de la DPJPJ, en general, y al IRAR/CERPJ, en particular, adquieren en ocasiones la forma de imponderables que podrían pasar desapercibidos, que transitan por el costado, al modo de chistes, de distancias y aproximaciones. Murmullos antes que grandes declaraciones, que se evidencian en los ámbitos cotidianos, más allá de cómo sea presentado el conflicto públicamente. Por ello, existen distinciones que también circulan como formas de mirar a aquellos que “aceptaron coordinaciones”, puestos cuya jerarquía es ciertamente inferior a la de un funcionario de una cartera provincial, pero que también es fuente de conflicto en un esquema de relaciones que se pretendía horizontal, como el de los comienzos del Colectivo de Acompañantes Juveniles. Jaime reconstruye los modos mediante los cuales el proceso de institucionalización de la figura del acompañante, a partir del perfil que confeccionan al sistematizar su práctica y ejercicio, actúa como una suerte de arma de doble filo:
(…) ahí se empieza a institucionalizar todo, el rol del acompañante también. Entonces meten jefes que rompen con toda la dinámica del Colectivo de Acompañantes porque, viste, sacan en secreto, a 2, el Ministro de Justicia les ofrece ser jefes. Entonces, claro, ellos aceptan encima y ahí se rompe el Colectivo (…) ¿Qué pasó? Ellos, al principio, toman gente en base al perfil original que hacen diciendo: “acá no tienen que haber abogados, psicólogos”, que es lo que siempre entraba, sino que tiene que haber gente que venga del arte, de los derechos humanos… eso fue una bomba de tiempo que explotó. ¿Y cómo? Porque vos metes todos militantes políticos, artistas, qué sé yo, con el SP, que encima era totalmente bruto… fue lo que fue. Eso después más o menos, obviamente, se estabilizó. Pero ahí ya empezaron a tomar todos militantes socialistas, o gente incluso recomendada (…) metieron gente cualquiera, o sea, que no era para ser acompañante en el IRAR. Gente así, sin recursos, que increíblemente laburaron re bien. Pero como que no había ni siquiera un perfil ahí. Bueno… y ahora hace 8 años que no entró nadie (Entrevista Nro. 11, 2022).
Para Jaime, el proceso organizativo del Colectivo de Acompañantes tuvo como fruto la legitimación del perfil que los trabajadores habían elaborado y del marco de trabajo que construyeron en los inicios de su práctica en el IRAR/CERPJ, así como su “institucionalización”. Sin embargo, esto acaba siendo “una bomba de tiempo que explotó”, una expresión que parece referir al hecho de que este marco de trabajo, ligado a las experiencias de militancia y a los recorridos previos de los trabajadores, en convivencia con el SP al interior de la institución, no ofrecía una síntesis posible.
En los protocolos, organigramas, códigos, estatutos (aquello que integra el “trabajo muerto”, en el sentido que le dan Emerson Merhy y Tulio Batista Franco, 2016) cuajan, de alguna manera, principios de organización de los procesos de trabajo. El efecto colateral del perfil, en cierto modo, se vincula también a esto. Ofrece un modo de ser y de hacer que es fruto de la lucha vivida intensamente por los trabajadores, pero es –al mismo tiempo– cristalización de ese proceso. Es un perfil dentro de la organización de una institución en concreto, por tanto, es metabolizado junto a otros principios: la suspensión del cierre progresivo, la presencia del SP, el establecimiento de jerarquías por parte de la gestión. De allí que su “institucionalización” provoque que se convierta, justamente, en otra cosa: algo que deja de ser pura potencia, puro “trabajo vivo en acto” (Merhy y Franco, 2016). Algo que, a partir de que opera un proceso que –en cierta medida– lo captura, se “estabiliza”.
En el proceso de formalización y oficialización de la figura del acompañante juvenil no solo se produce el pase a planta de la primera camada de trabajadores, sino que también se generan ciertas distinciones entre ellos, que significarán agrietamientos en el colectivo original. La idea de “jefes” se vincula a que la DPJPJ promueve la creación de la figura de “coordinadores de guardia”, un rol que existe de hecho y que provoca una promoción en el nivel que tienen dentro del agrupamiento. La coordinación de guardia supone una figura de responsabilidad sobre el resto de los acompañantes que la integran. Si bien, para algunos de ellos, “es alguien que se sienta a discutir con la dirección”, para otros acaba siendo una “pata” de ella, ligando la posibilidad de acceder a este puesto a “cuestiones políticas”. El ofrecimiento para desempeñar esta función se hace, inicialmente, entre algunos de los acompañantes pertenecientes a esa primera camada, quienes habían integrado el Colectivo de Acompañantes en sus orígenes, como rememora Jaime. Algunos deciden aceptar este rol, otros lo rechazan arguyendo que se intentaba fragmentar la organización construida como colectivo. Esta será una de las primeras fisuras, que resquebrajará la imagen “romántica” de los inicios, a la que aludía Miranda al comienzo del capítulo. Uno de los efectos de este movimiento resalta como el más conflictivo: tres de las personas que aceptaron ser coordinadores fueron, luego de un tiempo, designados como directivos de espacios de la DPJPJ, aspecto que también podemos vincular al hecho de la poca posibilidad de proyección política que reviste el área, como enunciaban Hebe y Romina. Posteriormente, también se crea la figura de “referente operativo”, quien estaría a cargo de unificar criterios con las distintas guardias de una misma franja horaria y de la comunicación con el equipo de profesionales, entre otras cuestiones.
A partir de lo señalado, vemos como algunos trabajadores comienzan a ser nombrados de maneras que remiten al problema de la otredad como ajenidad. A como el par se vuelve extraño y hasta intruso: “jefe”, “opresor”. Estas formas de nominación nos hablan del resquebrajamiento en los lazos de solidaridad que provocan ciertas mutaciones en los principios de organización del proceso de trabajo, generando sensaciones de desconocimiento y distancia entre los trabajadores (Palermo, 2012).
No obstante, esta situación no tiene una lectura unívoca. Para otros acompañantes, la aceptación de los roles de coordinación y, posteriormente, de dirección, es leída como la “oportunidad” de sus compañeros de “ocupar el Estado”. Cecilia es una de las personas que sostiene esta perspectiva. Para ella,
La vehemencia en relación a eso, porque se dio una situación en el Estado muy distinta a la que se dio en otros lados, creo que fue central en el avance para los derechos de los jóvenes y de los trabajadores. Es que los mismos acompañantes que fueron empujando luchas y conquistas fueron ocupando lugares de decisión, dentro del área estatal. Desde algunos lugares era visto como una cuestión de “ah, son re traidores ¿cómo van a ocupar cargos de coordinación o de dirección?” Para mí hace un conocimiento muy grande la función, y les permite todo. Por algo también muchos sectores progresistas se presentan a elección, para ocupar esos lugares y poder llevar adelante políticas públicas acordes a lo que piensan (Entrevista Nro. 23, 2023).
De acuerdo a esta trabajadora, la posibilidad de que en la DPJPJ los mismos acompañantes pudieran asumir puestos jerárquicos es vista como un logro, como un efecto del conflicto suscitado allí, en el que no solo se disputaban las condiciones laborales, sino también los modelos de gestión: lo que el Estado debe ser y hacer (Beliera, 2016). Asimismo, este proceso significa, para Cecilia, la posibilidad de legitimación de los saberes y experticias que los acompañantes habían construido a través de sus prácticas de trabajo y de lucha, de allí que acceder a ocupar puestos directivos sea leído en términos de una “conquista”. Sin embargo, en ese proceso, algunos trabajadores referirán a cierta “traición”, vinculada al hecho de que sus compañeros abandonan las líneas de trabajo construidas originalmente. Como mencionaba Mercedes en el registro de la asamblea “se endurecen”, se rigidizan.
En este marco, también se producen mutaciones en los procesos de trabajo al interior de los espacios institucionales. Por una parte, a partir de nuevas discusiones, ese primer momento en el cual los acompañantes eran “una masa de energía estallando todo el tiempo”, como aludía Hernán en el Capítulo 2, se “institucionaliza”, como mencionaba Jaime. Parte de esa institucionalización tendrá que ver con una discusión en torno a la especificidad de las funciones de los acompañantes:
Nosotros tratamos de ser más específicos a las funciones. (…) Vos decís, tenés la institución, tenés un montón de cargos que el Estado está pagando ¿por qué somos 5 changos los que hacemos siempre lo mismo? Y fuimos reduciendo esa cantidad de funciones, no para no hacerlas, sino ver quién tenía que hacerlas como parte de sus tareas, y concentrar fuerzas en otras cosas. Nosotros fuimos achicando eso, y fue generando malestar porque lo tenían que hacer (…) La discusión ya no pasó a ser cuál es la intervención, sino ¿quién va a buscar el paquete, a quién le toca? Y lo que tenía que ver con la persona especializada que requieren los tratados internacionales pasó a reducirse a nada (Cecilia, Entrevista Nro. 23, 2023).
Cecilia trae en el fragmento precedente el proceso de interrogación que algunos acompañantes atraviesan, debido al hecho de que “gestionar el diario vivir del joven en la institución” (DPJPJ, 2010), tal como señala su función, acaba significando realizar cualquier tipo de tarea, incluso las asignadas formalmente a otras áreas. En ese devenir, intentarán “ser más específicos” a la hora de definir las tareas para su trabajo. Sin embargo, esto tendrá una contracara: la pelea por la especificidad no será significada del mismo modo por todos los trabajadores, reemergerán disputas entre “lo viejo” y “lo nuevo” en las líneas de trabajo. Así, la discusión propuesta por los mismos acompañantes ante ciertos principios de organización del trabajo, especialmente en lo que respecta a la gestión de los grupos convivenciales de los jóvenes y a sus condiciones de alojamiento, acabará produciendo –paradójicamente– un repliegue. Juana expresaba que, de alguna manera, se conjugaron en este proceso “el cansancio” y el haber hecho una “mala lectura”:
El repliegue, si bien es un problema de la institución, que había cambiado gran parte de cómo se manejaba en el interior los grupos convivenciales, fue por un trabajo del área de acompañantes. Tuvimos una mala lectura… o no mala lectura, pero estábamos cansados de sostener cosas en vez de lo que para nosotros era lo principal, que era lo convivencial. Al ser menos, terminamos resolviendo más las cuestiones del joven en cuanto a la cotidianeidad (…) renegar para que destapen un baño (…) conseguir la sopapa, que era un trabajo. Hacías eso en vez de la actividad convivencial (Entrevista Nro. 18, 2023).
De esta manera, la pelea por la especificidad de las tareas conlleva un recorte de las mismas, ante el cual algunas de ellas comienzan a ser cumplidas por oficiales del SP, produciéndose un repliegue de la presencia de los acompañantes. A la par –y conflictivamente– aumenta el número de talleres en la institución, a partir del ingreso de trabajadores de un programa provincial.
La inclusión de “actores externos” y el mandato de la “mínima intervención” de los acompañantes
Si bien en el IRAR/CERPJ existían talleres desde unos meses posteriores al ingreso de los acompañantes, durante un buen número de años habían sido de carácter voluntario o con subsidios conseguidos vía el Concejo Deliberante de Rosario. En la memoria de los trabajadores, los que habían tenido mayor continuidad eran el emblemático “espacio literario de los miércoles”, que durante varios años fue de carácter abierto, coordinado por el escritor rosarino Fabricio Simeoni; y el taller de serigrafía llevado a cabo por Ramón, quien tenía funciones de acompañante. Sin embargo, durante el año 2016 se produce un aumento de talleres, a partir de la oficialización de ciertos espacios de voluntariado y, fundamentalmente, de que un programa provincial “caballito de batalla de la gestión” (Miranda, Entrevista Nro. 10, 2018) –el Nueva Oportunidad[37]– comienza a implementarse en el instituto.
El PNO consistió en una política social apuntada a jóvenes de barrios populares, inicialmente, de la ciudad de Rosario (a partir de su creación, en el año 2013) y de la provincia de Santa Fe (a partir de su institucionalización a nivel provincial, momento que coincidió con su aplicación en contextos de encierro).[38] Este programa, destinado a jóvenes entre 15 y 29 años que tuvieran trayectorias educativas con interrupciones e intermitencias, tenía como propósito proponer recorridos formativos socio laborales, culturales y artísticos, a partir de los cuales se pudiera trabajar en torno a la noción de “proyecto de vida” de los jóvenes, fortaleciendo sus vínculos entre pares y con espacios que funcionaran como referencia en la trama de la ciudad. Estas orientaciones no son exclusivas del PNO, sino que pueden enmarcarse dentro de los rasgos que Marina Medan (2019) señala para diversas iniciativas que surgen dentro de programas de inclusión juvenil con transferencias condicionadas de ingresos, en el marco de dispositivos orientados a la prevención social del delito. Entre ellos, la autora destaca la intención de incitar a los adolescentes al desarrollo de un proyecto de vida autónomo y a la aceptación de la responsabilidad subjetiva por los actos cometidos, particularmente en el caso de encontrarse procesados y/o condenados. Ambas características aluden a un procesamiento sociocultural particular de esta etapa de la vida, diferenciando a estos programas de las estrategias destinadas a la población infantil.[39]
En el caso del PNO, los jóvenes recibían una transferencia condicionada de ingresos por la participación en los talleres y en el espacio de retrabajo (“tercer tiempo”). En contextos de encierro, sin embargo, este programa trabajó con una suerte de paquete de horas que el joven debía cumplir, pudiendo hacerlo en diferentes talleres, dada la particular circulación por los espacios y las posibilidades de acceso. Debido a esto, a diferencia de lo que ocurría en los talleres que eran llevados a cabo en organizaciones sociales de la ciudad, los jóvenes alojados en los espacios de la DPJPJ recibían un certificado al finalizar el tránsito por el programa en el que constaban las horas de taller realizadas, pero que no otorgaba reconocimiento en un área específica.
A partir de ese momento, se inician talleres de poesía, arte urbano, artes audiovisuales, videojuegos, herrería, carpintería, entre otros. Algunos de los talleristas que ingresan en este momento, como Leda y Pedro, compartían –en buena medida– trayectorias de militancia similares a las del primer grupo de acompañantes. Recordando su incorporación, Pedro mencionaba que
Nos convocan porque nosotros teníamos un recorrido en la parte social. Como que éramos el tallerista ideal, porque veníamos de la militancia, siempre relacionada con cuestiones sociales. Además, teníamos un saber específico, que era hacer nuestro trabajo. Y así muchos de nuestros compañeros fueron convocados de esa forma, y tenían ese recorrido. Para mí fue bastante acertado (Entrevista Nro. 27, 2023).
En este sentido, las trayectorias de militancia previas, sumadas a la experticia propia en el área en la cual se desempeñarían, convertía a varios de estos trabajadores en “talleristas ideales”, capaces de conjugar conocimientos técnicos con la disposición a trabajar con jóvenes en un contexto de encierro. Este grupo de talleristas se incorpora, inicialmente, con contratos precarios llevados a cabo por el programa provincial mencionado, obteniendo posteriormente –al finalizar la gestión socialista– la obtención de horas a término en el Ministerio de Educación de la provincia (denominadas “9400”).[40] Quizás algo de esta modalidad de ingreso al espacio del IRAR/CERPJ implica que marquen una distinción entre la “militancia” y su trabajo allí. Como expresaban Leda y Pedro:
Leda: – Me parece que es distinto a pensarse, si fuéramos un grupo de militantes que les interesa trabajar en la cárcel, sería distinto. Si bien uno le pone la misma energía con los pibes, es distinto. Nosotros somos trabajadores del Estado, que estamos teniendo una función, no somos como una ONG o no sé. Entonces también…
Pedro: – Hay algo en el trabajo con los pibes que es igual, es análogo, y se puede trabajar de la misma manera. Pero hay cuestiones que tienen que ver del lugar desde dónde vas, por lo que vas a entrar y a discutir, que son distintas (Entrevista Nro. 27, 2023).
Existiría entonces, desde lo que reconstruyen Leda y Pedro, un trabajo que es análogo en términos de militancia en lo que respecta a la energía, a la dinámica que conlleva desarrollar un taller, pero que se produce a partir de una inscripción que marcan como un rasgo distintivo: el ser “trabajadores del Estado”, lo cual implica un posicionamiento en el campo institucional, y un lugar de enunciación y discusión que son diferentes.
Entre los talleres, sin embargo, también habrá algunos de carácter voluntario, fundamentalmente ligados a la Universidad Nacional de Rosario.[41] Fabiana, no docente coordinadora del voluntariado universitario del que formé parte, compartía también parte de este perfil, ligada a algunos espacios políticos de izquierda y a recorridos vinculados al arte y la educación popular.
Por su parte, Jorgelina, tallerista de uno de los espacios de voluntariado, identificaba cierta inscripción del trabajo en términos de militancia en algunos de los trabajadores del instituto, pese a la observación que realizaban Leda y Pedro, a la par que problematizaba la denominación de “actores externos” y las posiciones que eso conllevaba, ligadas a cierta sectorización y fragmentación de las intervenciones:
Es cierto, el equipo técnico digamos de profesionales no los cruzábamos, salvo estas últimas reuniones en las que nosotras me acuerdo que insistíamos para laburar algunas cuestiones, o para preguntar otra, para intentar articular, pero ínfimo. Después, sí, acompañantes que aparecían en el discurso de algunos de los pibes como referentes afectivos, como alguien con quién contar y después los otros talleristas… yo recuerdo que es con los que más compartíamos en realidad. Que, nada, si tengo que decir algo lo que viene es como “empuje”, muchas ganas, hay algo como también de que… en algunos acompañantes también creo que lo observé, como de cierta militancia, en términos de elegir estar ahí, de tener ahí una razón de por qué estar en ese espacio tan cruel y terrible. Los talleristas esto, decíamos, Ramón [tallerista de serigrafía], Gabriel [tallerista de carpintería]… lo vienen sosteniendo hace un montón de años, con un montón de dificultades, con un montón de precariedad y, así y todo, nada, arman ese espacio, lo sostienen todos los años, hay una apuesta (Entrevista Nro. 17, 2022).
La cárcel, ese espacio que puede ser pensado como un escenario abyecto, requiere entonces de una “inversión” para ser asumido como zona en la cual llevar a cabo un taller: empuje, ganas, militancia, una razón, una suerte de motivo que sirva de marco a la experiencia de atravesar “un lugar tan cruel y terrible”, como menciona Jorgelina. En este sentido, como sintetizaban Pedro y Gabriel, tallerista de carpintería, en un encuentro de trabajadores:
Gabriel: – El objetivo del taller es más una cuestión de acompañamiento de un joven que nunca en su vida tuvo un vínculo claro con el mundo adulto. Y, a lo mejor, los objetivos de justificar el taller no están en esta cuestión específica de serigrafía, audiovisual, carpintería, huerta. Es, en realidad, más un espacio de acompañamiento con el adolescente y que, en ese espacio, pueda tener otros modos de vincularse con el mundo adulto o con su historia. Y a lo mejor empezar a tener más espacios para ver ¿en qué está este chico? ¿Cuál es su situación? Para ver, no tanto el objetivo en sí, “bueno, quiero que aprenda a editar un video o a manejar una herramienta”, sino…
Pedro: – Claro, es la posibilidad, la excusa, es que dentro del IRAR generás un vínculo a través de un taller y eso es lo que nos permite después encontrarnos afuera con ese chico (Registro Observacional Nro. 41, 2019)
Así, desde la perspectiva de estos trabajadores, los talleres tendrían un objetivo concerniente a acompañar a los jóvenes en el trayecto por los espacios de la DPJPJ y permitir su vinculación a posterori, cuando egresaran de estos. Se trata, sin embargo, de un vínculo casual, “que permite encontrarlos”, no de una trayectoria que intenta formalizarse con cierta continuidad extramuros por espacios afines a los talleres que los jóvenes llevaban a cabo intramuros. Por ello, se trata –más que de facilitar una experticia– de que ciertos recursos técnicos “justifiquen” la posibilidad de que existan otros espacios de acompañamiento al interior de la cárcel. Pero, además, en ambos extractos aparecen diferencias de posición en torno a la prisión como escenario que configuran intervenciones, relaciones y miradas entre los diferentes sectores de trabajadores.
V. ¿Cómo “soportar el peso de las instituciones”? Críticas y estrategias posibles desde el espacio gremial.
Pese a lo sostenido, si bien la incorporación de talleres llevados a cabo por “actores externos” es un hecho altamente esperado, ante un escenario de fragmentación y de la reducción de la cantidad de acompañantes que se produce, provoca que estos realicen menos actividades recreativas con los jóvenes. Esto acabará propiciando un mandato de “mínima intervención” y de recorte de sus funciones. Por ello, para algunos, la disputa por la especificidad de las funciones fue fruto de una “mala lectura”, ante la cual otras lógicas de trabajo ganan terreno, como expresaba Juana.
El mandato de la “mínima intervención” que los trabajadores discutían también en uno de los talleres de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes mencionados previamente, puede entenderse como una “sectorización” de las diversas áreas de trabajadores. Mandato que fragmenta, impide leer intervenciones previas e historizar. Es un mandato del presente continuo, que en ocasiones tiene efectos dramáticos, tanto en los jóvenes como en los trabajadores.
No solo los chicos están sectorizados, sino también nosotros. No solamente con los actores externos sino también de distintas áreas del IRAR, tenés problemas de comunicación, de que no sabes muy bien que hace el otro, lo cual conlleva una cierta sospecha respecto al trabajo del otro, “no haber hecho lo suficientemente bien” o “lo tendría que haber hecho el otro” (…) Es una dificultad que, bueno, que apenas uno ingresa a una institución es palpable. Cuando se le transmite esto a los directivos dicen que en realidad no se puede hacer reuniones con todo el mundo, como si la reunión fuese la única instancia de articulación posible. Eh, y todo se basa, bueno, en “articulálo con tu compañero” o “articulálo con el área de acompañantes”, como una cuestión de voluntad, pero no hay instancias institucionales, formalmente instauradas, que permitan ese intercambio respecto de hablar de lo que hacemos, que es trabajar con los mismos chicos desde distintos puntos de vista. Y también no hay posibilidad de, no sé, de instaurar algo que haga alguna marca (…) No hay posibilidad de historizar algo, problematizar cómo se intervinieron algunas situaciones. Por eso hay cuestiones que se repiten y uno dice “otra vez la misma historia”, pero en realidad son repeticiones de cosas que no son leídas (Miranda, Entrevista Nro. 10, 2018).
De acuerdo a lo que enuncia esta trabajadora, “soportar el peso de las instituciones” se liga a la dificultad de que existan espacios institucionales donde se acuerden estrategias, así como también de aquellos que se orienten al retrabajo. Por otra parte, al destacar las fragmentaciones, algunos trabajadores subrayan la falta de articulación con otras instancias que componen al campo penal que atraviesa a los jóvenes. Así, Adriana –integrante del equipo de profesionales– recalcaba la falta de comprensión que, desde el instituto, ceñían sobre ciertas decisiones judiciales:
Nosotros nos corremos porque no encontramos racionalidad en las medidas que toman los jueces. Porque tenés chicos que ingresan nuevos, y que lo traen a la institución y te dicen “lo traigo acá porque se robó 2 manzanas”. Estás trayendo al que se robó 2 manzanas y hacés que conviva con pibes que por ahí tienen un homicidio… No entendemos la lectura de los jueces, ¡lo traés para que el pibe tome cátedra acá adentro! Obvio que los chicos cuando ingresan hacen una demostración de lo que son afuera, hay pibes que ingresan y están asustadísimos, escuchás gritos, golpes, y más en ingreso, donde a veces tenés pibes por primera vez, conviviendo con pibes que son reingresos. (…) Yo no puedo trabajar con un chico que todavía no se sabe si es responsable o no, porque lleva un año acá y todavía no tiene esa sentencia, y poder trabajar las responsabilidades del pibe… Me dice “qué me vas a decir de responsabilidad a mí, si no sabés. ¿Me vas a decir que yo lo maté?” Entonces hay muchas cosas que se desdibujan y no hay de dónde agarrarse para trabajar con el pibe (Entrevista Nro. 26, 2023).
En las palabras de esta trabajadora, puede percibirse la dificultad de trabajar en la posibilidad de que un único espacio institucional reciba a jóvenes con causas de mayor gravedad (como un homicidio o una situación de reincidencia) y a otros que han cometido un delito por primera vez (a los que suelen llamar “primarios”), para los cuales el ingreso al instituto provoca miedos, pero –a la vez– acabado un tiempo funciona como modo de que “tomen cátedra”.[42] Por otra parte, Adriana destaca las dificultades de elaborar junto a los adolescentes un proceso de responsabilización subjetiva, como indicaría uno de los objetivos de las medidas que cumplimentan allí, dado que aún no cuentan con una sentencia de responsabilidad que indique su culpabilidad en el hecho que se les imputa. Como emana del trabajo de campo que realicé, los jóvenes no cuentan con información sobre los delitos que se les imputan, los efectos de la acumulación de causas, los motivos que influyen en las decisiones de los jueces a cargo de estas ni los plazos de las medidas que se les aplican.
Estas cuestiones, entre otras, dan cuenta de confusiones y dificultades de comprensión entre los diferentes espacios que componen el campo penal juvenil. Pero, además, retomando lo que señalaba Miranda, incluso producen fragmentaciones, “sospechas”, entre los trabajadores que comparten un mismo espacio de trabajo. Esto genera, simultáneamente, procesos de malestar y desgaste, que analizaré en el próximo capítulo. Ante la dificultad por la tramitación colectiva de estos malestares, varios renuncian o piden ser trasladados, pasando a conformar guardias de 4 personas, en lugar de 8, como sucedía anteriormente. Otros buscarán en la organización gremial un espacio en el cual discutir, no únicamente sus condiciones laborales en tanto empleados estatales, sino también los atravesamientos políticos que conlleva su tarea. Así, “el sindicato” será, para algunas trabajadoras, como Hebe:
El espacio en donde nosotras nos encontramos y tenemos este intercambio que termina siendo más una catarsis laboral y sindical (…) Hay diferentes líneas, pero el sindicato es el lugar donde nos encontramos. Y a veces nos pasa lo de la catarsis, y otras veces nos pasa que decimos “bueno, pero de todo esto tenemos que ver cómo sistematizamos y cómo construir el reclamo posta para que nos escuchen”. A veces tiene que ver, específicamente, con falta de personal, con cuestiones emocionales y, otras veces, con que se nos quedan los interrogantes en el lomo (Registro Observacional Nro. 43, 2019).
No resulta menor el hecho de que ATE, desde la perspectiva de Hebe –compartida con otras personas en un taller realizado en el año 2019–, sea un espacio en el cual poder “hacer catarsis”, llevar aquello más inmediato, visceral y, si se quiere, verborrágico que se desata ante una dificultad laboral. Jonás, quien trabajó primeramente en el ESPA Alvear y no tuvo una participación gremial sostenida, evoca también la figura de la “catarsis” asociada a la realización de asambleas en el lugar de trabajo: “el gremio era un espacio de catarsis… porque no teníamos las reuniones institucionales que había que tener. Entonces, al menos, decir “che, pasa esto y aquello”, aunque nunca se resolvió nada” (Entrevista Nro. 25, 2023).
Esto permite ver que no para todos los trabajadores “el gremio” será lo mismo. Para Jonás, será un espacio necesario ante la ausencia de espacios de retrabajo institucional, pero tendrá poca efectividad en la consecución de aquello que se reclama. Para Hebe, el encuentro en el espacio del sindicato permite “sistematizar”, “construir” un reclamo, volver –de otra manera– sobre aquello que el momento de catarsis permitió expresar. En el gremio se pone en juego un trabajo colectivo sobre la materia de esa catarsis, se abre un proceso de manufactura sobre sus estridencias, efectos angustiosos, enojos. Si los procesos en el ámbito de trabajo y en la vida cotidiana no se encuentran escindidos, cabe reparar en el segundo aspecto que Hebe destaca del sindicato: es un lugar donde poder sistematizar reclamos que tienen que ver también con lo emocional, con “interrogantes que se quedan en el lomo” e insisten en ser puestos a trabajar. Un trabajo que permita elaborarlos en un lenguaje audible en amplio espectro: lograr “que nos escuchen”.
Para Miranda, el sindicato es también el espacio que le permitirá congregar actividades donde se susciten discusiones como la baja de edad de punibilidad: “convoqué desde el sindicato porque entendemos que también hace a nuestro trabajo y también hace a determinada perspectiva que tengamos en relación a los jóvenes.”, dice al hablar de cómo decidió extender la invitación a viajar y participar en mesas de discusión en la Ciudad de Buenos Aires. A la vez, la militancia gremial, durante un período le permitió sortear ciertos malestares ligados a su trabajo en el IRAR/CERPJ que
(…) tienen que ver con las condiciones de trabajo que se instauran ahí. Que son insostenibles por mucho tiempo (…) uno va implementando estrategias como para sobrevivir en ese lugar, digamos, buscándole una veta más vital. Yo lo encontré por la vía del sindicato, por la vía de la militancia gremial (Entrevista Nro. 10, 2018).
En sintonía con la idea de “veta más vital”, cuya búsqueda es necesaria en un escenario de fragmentación, como señala Miranda, ATE será un sostén en los inicios de ciertas mutaciones en el proceso de trabajo, que llevarán a que otros compañeros se trasladen. Juana, quien dejó de trabajar en el instituto hace poco tiempo, manifestaba que “a veces incluso simplemente fui por el trabajo gremial que hacíamos en la institución y después no podías hacer nada” (Entrevista Nro. 18, 2023). Como señalamos al inicio de este capítulo, los procesos de trabajo remiten a una forma de vida, un modo de ser y estar en el mundo (Millar, 2018, Perelman, 2020), que también se sujeta en la militancia, en tanto intento por construir modos específicos de habitar la realidad (Lazar, 2019). En este sentido, el proceso de la militancia desde, en y por el espacio de trabajo –en el testimonio de Juana, en clave gremial– dota de sentido a la tarea en momentos en los cuales experimenta el resquebrajamiento de su cotidianeidad laboral.
Sin embargo, la agudización del proceso de lucha sindical también es considerada hoy como “una mala lectura” de las condiciones de posibilidad del proyecto político que los trabajadores sindicalizados en ATE defendían para la DPJPJ: cierre progresivo del IRAR/CERPJ y aumento de los ESPA, entendiendo al encierro como última opción y a la lógica convivencial como columna vertebral del trabajo. Felipe traza una suerte de periodización de estas cuestiones:
Lo que hicimos fue tan innovador –por eso lo defendimos tanto, porque lo creamos nosotros artesanalmente– que nos llevó a que lo sostuviéramos el máximo que podíamos sostener. Para mí el proceso tiene un cierre, que fue en 2019 o un poquito antes. De 2009 al 2015 fue una etapa, y después empieza el retroceso con la gestión (…) De ir hacia el cierre progresivo y plantearse un esquema ideal, con el cierre de IRAR y la apertura de casas de alojamiento, con los jóvenes de otra manera, empezamos a discutir otra gestión a la defensiva, con la imputabilidad a los 14, donde cierran General Lagos primero. (…) Fueron todas… no derrotas, tampoco plantearlo así, pero sí retrocesos en los debates y logros que habíamos tenido, y fue ganando cada vez más terreno el servicio. También tiene que ver con los funcionarios que pusieron, hasta entrada la gestión de Perotti, estuvo un director de IRAR que era compañero del equipo nuestro y que ingresó con nosotros. Algunos compañeros opinaban no tan bien de él y tuvimos muchos debates en ese momento, pero siempre desde el lado de poder pensar mejoramientos institucionales para abordar problemáticas nuestras. Todos tienen sus quilombos, pero el problema era que el FPCyS era tan oportunista, que cuando estaba Cristina en el gobierno te ponían un Lewis para restitución de derechos, en el Ministerio de Justicia, y cuando ganó Macri te ponían un facho, se iban acomodando a la situación política. Ahora el peronismo no sé (…) no sé cuánto durará todo este equipo que hay ahora. En la gestión esta, una parte tenés el director provincial que es político, todos los que están abajo, personal, administrativos, son de carrera… menos los de IRAR, que son políticos (Entrevista Nro. 24, 2023).
Esta “mala lectura” se vincula con el hecho de haber disputado con compañeros con quienes se podía “pensar mejoramientos institucionales”, pero que buscan ser removidos por la gestión que asume la gobernación posteriormente, dejando de privilegiar –al menos para el puesto de director provincial, así como para los directivos del IRAR/CERPJ– a funcionarios y directivos que vengan “de carrera”. De esta manera, con el correr de los años, estos funcionarios y directivos “de carrera”, que en algún momento representaron “lo nuevo”, son desplazados de los lugares de conducción. Asimismo, ciertas “conquistas” devienen “retrocesos”, en parte producidos previamente por la faceta “acomodaticia” del gobierno provincial anterior. Si bien pertenecían al mismo espacio político, mientras que durante la gestión de Hermes Binner (2007-2011) se desarrolló el proyecto de gestión para la DPJPJ y la inclusión de los acompañantes al IRAR/CERPJ, y durante la gestión de Antonio Bonfatti (2011-2015) se inauguró el ESPA Alvear, esto fue acompañado, durante la gestión de Miguel Lifschitz (2015-2019), del cierre del ESPA General Lagos y de la alineación –si bien desde otra perspectiva– con fuerzas políticas y traductores locales de derechos humanos que promovían la baja de la edad de punibilidad. Finalmente, de 2019 a la actualidad, a partir de la gestión de Omar Perotti (2019-2023), la mayoría de los trabajadores entrevistados manifiestan percibir y vivenciar un retroceso en la lógica convivencial, agudizada por el cierre del ESPA Alvear, la mengua de trabajadores en el IRAR/CERPJ y un avance de modos de organización del proceso de trabajo cercanas a las de espacios de detención de adultos, bajo el mandato de “mínima intervención”.
Desde la perspectiva de Felipe, estas transformaciones auguran un escenario en el cual comienza a cerrarse ese proceso altamente dinámico, en el que se disputó tanto la organización de los procesos de trabajo al interior de la DPJPJ, así como el gobierno de sus dispositivos, en el cual “la militancia” en “el palo de los derechos humanos” –ligada primeramente a experiencias previas de participación en organizaciones partidarias, grupos universitarios, espacios comunitarios y, luego, a la faceta gremial– tuvo un papel preponderante.
Otra cara de la disputa entre “lo viejo” y “lo nuevo”, en tanto construcciones dicotómicas sobre las líneas de trabajo, tiene su expresión en la pugna histórica entre los espacios de representación gremial de ATE Rosario y ATE Santa Fe. Juana, acompañante juvenil entre los años 2013 y 2022 reconstruye parte de esos enfrentamientos:
Cuando ingresa toda una parte -en el 2008, 2009- que ingresan como contratados a IRAR, se hace un quiebre tremendo entre lo más viejo de la institución y lo nuevo. Y ese quiebre en nosotros se hizo en la forma de trabajo, en el trato con los jóvenes, en las discusiones con la Dirección, en la discusión de cómo era el trabajo; y eso tuvo un reflejo en lo gremial, quedó así. Es un quiebre dentro de ATE. Vos ibas a elecciones y te quedaba toda una parte más ligada a lo viejo, por comodidad, porque era lo que conocían, por la concepción del trabajo que tenían con los jóvenes, porque habían aprendido esa forma de trabajar, apoyando una lista; y otros, a otra lista (Entrevista Nro. 18, 2023).
Así, “lo nuevo”, aquella forma de trabajo construida a instancias del Colectivo de Acompañantes, aparece mayoritariamente ligado a la representación de ATE Rosario. “Lo viejo”, por su parte, se vincula tanto a los sectores que previamente trabajan en el IRAR/CERPJ, como a un grupo de trabajadores que ingresan como acompañantes con posterioridad.
Santiago Duhalde (2012) señala que, cuando nos abocamos al estudio del sindicalismo en el lugar de trabajo, hallamos dos actores: los delegados y activistas, por un lado, y los trabajadores, por el otro. Mientras que los delegados conforman una minoría clave en términos de la capacidad de conducir y movilizar, los trabajadores constituyen el conjunto de sujetos que acompañan o no las acciones propuestas por los activistas. Si bien, por momentos, pueden sostener objetivos comunes, propiciando acciones sindicales, también pueden perseguir fines diferentes, que decanten en un grupo de delegados aislado del conjunto de los trabajadores. Respecto al IRAR/CERPJ, un aspecto interesante a señalar es la alta rotación que han tenido los delegados de ATE penal juvenil en los inicios de la agremiación allí.[43] En este momento, la gran parte de los trabajadores mostraba un involucramiento sostenido, tanto con las medidas de fuerza como con la posibilidad de integrar una lista sindical, quizás enlazada al hecho de que existía una menor diferenciación entre “el Colectivo” y “el gremio”, en lo que respecta a los delegados de base. Posteriormente, esto aparece más diferenciado, y quienes asumen mayor énfasis en la actividad sindical son los delegados/activistas con referencia histórica hacia el conjunto de los trabajadores, o con adscripciones partidarias en fuerzas de izquierda. Estos trabajadores disputan y son derrotados en la actualidad por otras personas que se venían presentando a elecciones desde el espacio de ATE Santa Fe, pero eran “ajenas” a estas inscripciones: no son personas con gran referencia institucional, sino que terminan gestando un tipo de representación burocrática, ligada a la fuerza política que gobernó la provincia hasta el año 2023.
Recapitulando lo recorrido hasta aquí, “trabajar en el Estado” es una relación que se forja y expresa mediante procesos de apropiación, condicionamientos y co-formación recíprocos, en el cual se construyen –pero también se disputan– las fronteras estatales (Manzano, 2013). En este sentido, a través de las impugnaciones sobre el sentido de las intervenciones (expresadas en imágenes como “el mandato de la mínima intervención” y “la camiseta de garantizar derechos”), la lucha en el ámbito estatal toma la forma tanto de una acción en contra, como a favor del Estado (Beliera, 2014, 2016; Vitali, 2022). Se disputan, entonces, modelos de gestión del aparato estatal y orientaciones en las políticas públicas, a la par que se defiende la estatalidad como configuración capaz de garantizar derechos a los jóvenes atravesados por el campo penal.
A partir de lo reconstruido, pudo verse que las experiencias de militancia previas de los sujetos les permitieron componer el ethos de trabajadores sensibles y comprometidos, “fogueados y formados”, que eran necesarios para cumplir esta función intramuros. Es decir, llevar a cabo un “trabajo militante”. Al mismo tiempo, a partir de dichas experiencias conformaron un colectivo de trabajadores que luchó e impuso, por momentos, sus marcos de sentido al proceso de trabajo y a la gobernabilidad institucional. “Trabajó la reja” a la vez que “militó” por su trabajo, el cual se encontraba –y continúa–en disputa, proceso en el que confluyeron en ATE como entidad gremial que los representa. Posteriormente, ciertos objetivos por los cuales el colectivo bregaba devinieron logros de la lucha gremial. Sin embargo, nuevas transformaciones en los espacios de trabajo provocaron un escenario de fragmentación, “una bomba que explotó” y buscó ser estabilizada por las gestiones gobernantes a partir de propuestas que agrietaron acuerdos trazados previamente por los trabajadores. A su vez, también fueron puestas en crisis las representaciones de mayor tradición al interior del espacio gremial.
La noción de experiencia, en tanto proceso que permite entrelazar condiciones estructurales con afectaciones y significaciones, nos permite vincular las vivencias concretas de los trabajadores en relación con las diferentes fuerzas con las que se encuentran en pugna. Esto implica no solo describirlas, sino también rastrear sus asimilaciones y transformaciones, sus susurros y omisiones, que ocurren como efecto de los procesos de hegemonía.
De acuerdo a Hernán Palermo (2012), quien reelabora nociones gramscianas, existe una “relación pedagógica” o “lógica pedagógica” en los procesos de construcción y ejercicio del poder hegemónico dentro de los espacios laborales (p.26). Las experiencias de los colectivos de trabajadores se desarrollan y entraman con procesos dinámicos de poder, en los que entran en juego tanto formas de ejercicio coercitivo, como dimensiones más tenues, entrecruzamientos de fuerzas políticas, sociales y culturales, que se instauran como sentido común. Por ello, puede hablarse de que la hegemonía expresa una “relación pedagógica” con el objetivo de instituir una concepción del mundo que es ajena pero pasa como propia para los sectores subalternos (Gramsci, 1992). Haciendo un paralelo entre aquello que Palermo (2012) define como “hegemonía empresaria” y los matices que en este trabajo adquiere la categoría social “lógica institucional”, podemos decir que es un proceso dinámico, que articula tanto una relación pedagógica como un carácter coactivo, y que “se recrea constantemente, ya que es tensionada, enfrentada, disputada, reinterpretada y apropiada por las prácticas de los trabajadores”. (p.27)
Los procesos de hegemonía solo pueden comprenderse en función de ubicar que consenso y coacción se encuentran entramados, no existe uno sin el otro. Por ende, si la lógica pedagógica es constructora de sentidos y valores, y la coacción imprime presiones directas sobre los trabajadores, no resulta extraño pensar que –como fruto de ese proceso y como modo de garantizar su reproducción– sea necesario que ciertos sujetos operen como “codificadores” de valores, sentidos, y afectos inteligibles para los demás. Pese a esto, las incomodidades, fricciones y dubitaciones que registré en diversos momentos, y que se plasman en el análisis del registro de la asamblea, parecerían estar hablando de un proceso con mayores resistencias.
De allí la necesidad de analizar las tramas de conflicto que se hacen públicas, pero también las subterráneas, las que transcurren tras las bambalinas de una asamblea, los imponderables de la vida cotidiana (Malinowski, 1986) en los ámbitos estatales de trabajo y en las instancias organizativas de los trabajadores. De deshomogenizar la “lógica institucional” para poder apreciar las texturas que dan forma a aquello que llamamos “trabajo estatal”. De intentar atender a su temporalidad, tanto en su profundidad histórica (el procesamiento sociocultural que se ha tenido de las edades y de los castigos, los linajes y tradiciones de trabajo en el campo penal, los sentidos sedimentados en torno al Estado y a trabajar en él, entre otras cuestiones) como atendiendo a los distintos tiempos que conviven simultáneamente en una institución (los avances y las conquistas, las traiciones, los interrogantes que se tornan experiencia encarnada, los contrapesos en los intereses de las gestiones, entre otros factores).
Pensar en esta clave permite resistir a una controversia más exigua que incómoda. Interrogar si los trabajadores “se burocratizaron” es una pregunta mezquina en términos analíticos, porque pone el foco en los sujetos y no en las transformaciones en el proceso de trabajo, en el proyecto institucional que lo sustenta y en las formas y líneas organizativas que discutían con él; desliza mutaciones en la forma de vida recortadas de las condiciones en las que esa vida se lleva a cabo. Si “lo viejo” cobra protagonismo, no lo hace de la manera que describí en el capítulo 2. Ninguna transformación está despojada de efectos, por ello la “lógica anterior” se entremezcla y metaboliza, salpica y se escurre por el marco de trabajo construido: surge así la categoría de “lógica institucional” como una expresión significativa. De manera enlazada, en la fricción sobreviene la ajenidad. Los cuerpos se desconocen, arden sin poder templarse unos junto a otros: “la bomba explota”, los trabajadores “se queman”.
- A partir de aquí, utilizaré esta sigla para referir a dicho espacio.↵
- En este sentido, como remarca O´Donnell (1984) no debe olvidarse que por burocracia estatal se entiende a una parte concretamente objetivada del Estado, que resulta un fenómeno más complejo de analizar. ↵
- En primer lugar, existen personas que realizan trabajo “voluntario” (voluntarios universitarios, grupos voluntarios independientes, practicantes universitarios, entre otros), definido a partir de un proceso de participación de vinculación interinstitucional, enmarcado dentro de diversos proyectos con duración determinada y que no mantienen relación laboral con quien los elabora, ni perciben remuneración monetaria por el mismo. Sin desconocer que el trabajo voluntario es también trabajo, en este apartado lo dejaré de lado, para centrarme en el sector de quienes llevan a cabo trabajos asalariados.↵
- Los cuales, en numerosas oportunidades, como referí previamente, habían arribado a esa situación luego de años de haber estado contratados.↵
- Las instituciones educativas que tienen funciones dentro del IRAR/CERPJ se rigen con lo dispuesto para el personal docente en la provincia de Santa Fe. Es decir, en nivel primario, con docentes titulares con cargos por año (curso), y en nivel secundario con docentes titulares con horas por espacio curricular, contando en ambos casos con suplencias (reemplazantes) vía escalafón docente.↵
- Según el planteo de Sandra Guimenez (2009), durante este período la gestión de diversos niveles del Estado es asumida por funcionarios que sostenían el paradigma de la Nueva Gestión Pública, el cual supondría la superación de la “ineficiencia estatal” en el cual se situaban numerosos discursos vinculados al desarrollo del neoliberalismo en nuestro país, con la finalidad de reducir tanto el empleo público como sus costos laborales. Al analizar lo que ocurrió durante este período en el sector de la administración pública nacional, Santiago Duhalde (2010) afirma que buena parte de los trabajadores que se encontraban en relación de dependencia fueron expulsados, pero volvieron a ingresar al poco tiempo como trabajadores contratados a la estructura del Estado, con la consiguiente reducción de cargas sociales que esta forma de empleo conlleva y las dificultades de representación sindical que trae aparejadas. Los efectos de este proceso fueron el aumento en la precarización de los empleados públicos, la diferenciación y fragmentación de los colectivos de trabajadores dentro de los espacios laborales, la pérdida de los vínculos de solidaridad, entre otros. ↵
- En su análisis de las tramas, orientaciones y prácticas de trabajo que conducen la política asistencial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante las gestiones de Alicia Kirchner, la autora plantea que el trabajo social experimenta una jerarquización paradójica a partir de su rol estratégico en la reconstrucción del vínculo entre el Estado nacional y el mundo popular, dado que se ponderan características otrora motivo del desprestigio de esta profesión: capacidades afectivas, territorialidad de los métodos de intervención, saberes técnicos y cierto imaginario “antiacadémico” (Perelmiter, 2011).↵
- Con la palabra “verdugueo” se hace referencia tanto a las burlas, tormentos, humillaciones vertidos sobre una persona como también a las situaciones de hostigamiento (especialmente, policial) de las que son destinatarios los jóvenes. De acuerdo a María Victoria Pita (2019), el verdugueo comporta dinámicas de violencia institucional (física y moral) que oscilan entre la discrecionalidad y la ilegalidad, e implica acciones como el maltrato físico y verbal, la humillación, la hostilidad, el amedrentamiento, entre otras. José Garriga Zucal (2020) reconstruye que el verdugueo es también un modo de vinculación hacia el interior de las fuerzas de seguridad, una forma de violencia de baja intensidad, que los policías experimentan por parte de sus superiores, que opera como construcción de autoridad, “un engranaje de formas de humillación que refuerzan las jerarquías” (p.8).↵
- Al respecto, y como mencioné en el capítulo 1, es importante destacar que ciertos trabajadores de la DPJPJ indican diferencias en las rutas de los jóvenes que están detenidos en el IRAR/CERPJ. En relación a esto, hacen un seguimiento de los últimos años en cuanto a políticas sociales y a la relevancia de las tramas relacionadas con la venta de sustancias psicoactivas en la ciudad, creando una especie de “tipos ideales” a partir de las trayectorias de los adolescentes, que va de 2009 al presente. Sucintamente, trazan en los inicios de su trabajo en el instituto un escenario en el cual mayoritariamente se alojaban jóvenes que provenían de escenarios de fragmentación familiar y vulnerabilidad social, no habían completado su educación primaria, en ocasiones eran analfabetos e ingresaban principalmente por delitos contra la propiedad; a una situación institucional actual en la cual se encuentran detenidos jóvenes “de alto perfil”, con mayores recursos, que pertenecen a organizaciones vinculadas a las redes de narcocriminalidad que operan en la ciudad.↵
- Tomo la idea de “ganar la reja” como inspiración libre de la idea de “trabajar la reja”, la cual desarrolla el Colectivo Crisis (2022). Reconstruyendo las experiencias militantes de personas que estuvieron privadas de su libertad por razones políticas, intentan responder al interrogante “¿Qué hace un preso político?”. Este entramado entre militancia y privación de la libertad, si bien con características sumamente diferentes entre los presos políticos y los trabajadores de un espacio de encierro para jóvenes, me resulta especialmente sugerente, ya que se expresa en la siguiente respuesta: el preso político milita, dónde sea y cómo sea, trata de avanzar en centímetros dentro de la experiencia de encarcelamiento, a modo de “ganar libertad”. Se expresa así una dimensión política al interior de la cárcel; ésta no provoca una fragmentación ni una puesta en suspenso de los objetivos políticos que tenían los militantes extramuros. Una de las ideas que definen, entonces, es la de “manejarse frente a la reja” como estrategia de lucha, relacionarse con ella, pese a ella y a partir de ella; dar charla a través de los barrotes, con el objetivo de ganar confianza, una tarea que podía llevar tiempos prolongados; desarmar la lógica de la sospecha latente sobre el otro y que, simultáneamente, se cernía sobre ellos mismos. “Trabajar la reja” resulta entonces una forma de “combatir” y de posicionarse de otra manera frente al problema del encierro.↵
- Este organismo, de carácter legislativo, comienza a funcionar en el año 2012, como defensoría específica en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe y tiene como objetivos proteger, monitorear y promover los derechos de las infancias y juventudes, dentro del Sistema Provincial de Protección Integral. Entre sus funciones se encuentran “supervisar y controlar las políticas públicas desarrolladas por el Poder Ejecutivo a nivel provincial y a las entidades privadas que se dedican a la atención de niñas, niños y adolescentes; proporcionar asesoramiento y recibir reclamos por parte de la población y de otras instituciones del Sistema, elevar proyectos de ley y reformas legislativas a las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, interponer acción judicial contra todo acto que vulnere o restrinja los derechos de la niñez y la adolescencia; promover una cultura centrada en las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y respetuosa de su Interés Superior. Velando que se garanticen los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, las leyes nacionales y provinciales” (según consta en su sitio oficial https://www.defensorianna.gob.ar/). En el marco de estas atribuciones, la Defensoría ha organizado algunas capacitaciones, encuentros, jornadas y congresos orientados a la justicia penal juvenil.↵
- División de Asuntos Juveniles Femeninos. Se conoce con este nombre al único dispositivo destinado a alojar a adolescentes mujeres, que transiten una medida socioeducativa privativa de la libertad, en todo el territorio santafesino. Su gestión es mixta entre la policía de Santa Fe y la DPJPJ. Este espacio funciona en la ciudad de Rosario y está emplazado en la planta superior de un edificio en cuya planta baja se encuentra la Comisaría 7°. ↵
- Abad y Cantarelli (2010) conceptualizan otra posición, que decidí no incluir en el cuerpo del texto ya que se encuentra distante de las que analizo. Esta posición es la del “yuppie estatal”, como aquella forma de construcción subjetiva permeada por discursos tecnocráticos ligados al “liderazgo técnico eficiente“. Esta forma de subjetivación promovió, por un lado, la aceptación social del management privado como pensamiento político y, por el otro, la comprensión de la política en términos de gasto (pp. 53-55).↵
- Csordas plantea que su noción de embodiment y su planteo de la corporeización como paradigma se han nutrido tanto de las ideas de Bourdieu como de la discusión de las mismas, a partir de retomar líneas que desarrolla Merleau- Ponty. Desde la lectura que propone este autor, la noción de habitus opera como una categoría que permite explicar los modos en que el mundo se da por sentado y la manera en que las disposiciones se imprimen en los cuerpos de las personas, relegando la capacidad de agencia. Desde allí, Csordas busca aproximar esta noción a las ideas de Merlau-Ponty, para quien agencia e intencionalidad se encuentran incrustadas en las disposiciones corporales, imprimiendo orientaciones y movimientos. La noción de embodiment busca recoger ambas inspiraciones (Csordas y Oliva, 2021, p.344). ↵
- Particularmente, de los fragmentos <30> y <90>.↵
- A partir de las circulaciones y reinterpretaciones populares del libro del Éxodo, 3:2-4.↵
- Tomo para esto, como inspiración libre, las conversaciones con Joan Artioli acerca de ciertas ideas volcadas en el diálogo Teeteto, de Platón, particularmente en el fragmento <153>.↵
- Es interesante señalar que el sistema de reemplazo vía escalafón existe en diversas reparticiones de otras áreas ministeriales. Entre ellas, en los centros residenciales de la Dirección Provincial de Niñez, los cuales alojan a niños, niñas y adolescentes que se encuentren transitando una medida de protección excepcional. ↵
- Cabe mencionar que otros trabajadores del IRAR/CERPJ presentan afiliaciones gremiales diferentes. Al respecto, los talleristas que pertenecen al Ministerio de Educación se encuentran agremiados en AMSaFé Rosario, mientras que los talleristas que son contratados no cuentan con representación gremial. Por su parte la ley orgánica que rige para los trabajadores del SP restringe el derecho de éstos a conformar entidades gremiales, ya que están inhibidos de la posibilidad de participar actividades político partidarias y de formular reclamos en forma colectiva o individual por fuera de la vía jerárquica (Manchado y Narciso, 2013).↵
- Desde su fundación hasta el año 2006, la posición de Secretario General en la CTA fue ocupada por Víctor De Gennaro, perteneciente a ATE. Posteriormente, el cargo fue asumido por Hugo Yasky, líder de la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). En el año 2010, después de una contienda entre dos listas en las elecciones internas, la lista encabezada por Pablo Micheli (ATE) obtuvo la victoria sobre la lista con la cual Yasky buscaba renovar su mandato. Sin embargo, este proceso electoral estuvo signado por sucesivas impugnaciones. Debido a esto, el Ministerio de Trabajo extendió el mandato de Yasky como Secretario General de la CTA hasta que se llegara a una resolución definitiva en el proceso electoral. En el año 2014, el Ministerio de Trabajo formalmente reconoció la división de la CTA en dos facciones: la CTA de los Trabajadores, liderada por Yasky, y la CTA Autónoma, dirigida por Micheli.↵
- Debido a que se trata de espacios de alojamiento, varios institutos de la DPJPJ poseen particularidades en la regulación de su derecho a huelga, dado que son servicios esenciales que requieren la presencia de trabajadores durante las 24 horas, y el incumplimiento de esta disposición implicaría el delito de abandono de persona. Por ello, las huelgas en estos espacios requieren garantizar “guardias mínimas de trabajadores”, ya que el cese total de actividades podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de los jóvenes alojados (Ley 25.877). De acuerdo a Anabel Beliera (2016), a partir de esta normativa, se mantiene la potestad del Ministerio de Trabajo de fijar unilateralmente la extensión de los servicios mínimos ante la falta de acuerdo entre las partes y de incrementarlos si los considera insuficientes, en disonancia con lo que propone la Organización Internacional del Trabajo, para quien la determinación de los servicios mínimos debería corresponder a un órgano independiente.↵
- Quien analiza el proceso de conformación del sindicato de guardavidas de Pinamar.↵
- Esto también puede constatarse en relación a la política que se ha dado ATE a nivel de la administración pública nacional respecto a los trabajadores contratados en ese ámbito. Esta situación puede remontarse a la década de 1990 donde, a partir de la reforma neoliberal del Estado, se produjo la reducción de su planta permanente. Duhalde (2010) señala que, dentro de las organizaciones sindicales del sector público, existieron reacciones diferentes. Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) se alineó con el gobierno de Carlos S. Menem, mostrando en varias oportunidades acuerdo y colaboración con la implementación de las medidas de reestructuración y reforma. ATE se opuso públicamente a los procesos de reforma, sosteniendo una postura crítica y adoptando como estrategia de lucha la representación de los trabajadores que habían pasado –luego de su despido- a ser nuevamente contratados por el Estado nacional.↵
- Conocido como una “granja”, creada en 1995, posteriormente cerrada y vuelta a poner en funcionamiento alrededor del año 2005, para ser cerrada de manera definitiva en 2017. Este instituto se encontraba situado en General Lagos, comuna periurbana ubicada a unos 22 kilómetros de la ciudad de Rosario.↵
- Esta es una situación particular dentro del modelo sindical argentino, en el cual el modelo dominante se orienta a una única organización con monopolio de la representación sindical reconocida en cada actividad (Lazar, 2019, p. 71). Existen también otras representaciones para algunos sectores de trabajadores estatales, de acuerdo a la repartición de la que se trate. En Santa Fe, por ejemplo, el personal docente y de servicios educativos se agrupa dentro de AMSaFe, el personal de los servicios de salud puede agremiarse en SI.Pr.U.S (Sindicato de Profesionales Universitarios de Salud, el cual excluye la posibilidad de afiliación del sector enfermería), entre otros. Se trata, en ambos casos, de entidades con una historia particular que, en sus procesos de lucha y reivindicación, han agrupado a los trabajadores en función de integrar un colectivo específico que trabaja en determinados ámbitos públicos y que posee particulares adscripciones profesionales; mientras que ATE y UPCN orientan la representación al conjunto de trabajadores estatales, sin distinguir profesiones, roles y categorías.↵
- Las diferencias en torno al modo de construcción de la representación, a las premisas que sustentan, a la forma de organización de los trabajadores que proponen; así como a las rivalidades que se ciernen entre ATE y UPCN pueden verse en Soul y Gindin, 2008; Duhalde, 2010, 2012; Diana Menéndez, 2008, 2009, 2017; Lazar, 2019.↵
- Que ha estado a cargo de quienes integran actualmente las listas “Verde y Negra” y “Verde y Celeste”, siendo la primera de ellas la que conduce ATE Rosario en el presente. ↵
- Ligado al espacio de la lista “Verde y Blanca”.↵
- Respecto a esto, cabe mencionar que en la provincia de Santa Fe existen dos filiales de ATE, con tradiciones diversas. En cuanto a su linaje, ATE Rosario retoma los lineamientos que de Héctor Quagliaro, Germán Abdala y Víctor de Gennaro. Quagliaro, referente de ATE Rosario, fue un histórico dirigente cesanteado durante la dictadura cívico militar. Cabe mencionar que esta línea de militantes se opuso a la dirigencia de Juan Horvath, secretario general de ATE Nacional, cercano a las Juntas Militares. Operando desde la clandestinidad, de Gennaro y Abdala fueron conformando el espacio de Anusate, con el cual ganaron las elecciones luego del retorno a la democracia. Actualmente, ATE Rosario se encuentra vinculada a organizaciones de izquierda, detentando conducciones cercanas a estos lineamientos, promoviendo un distanciamiento de los partidos políticos tradicionales y enmarcándose a nivel nacional dentro de la CTA Autónoma, conducida por Pablo Micheli hasta 2018 y actualmente por Hugo Godoy. ATE Santa Fe traza su linaje a partir de la conducción de Jorge Hoffman, mantiene actualmente mayor vinculación con sectores del partido justicialista y se encolumna a nivel nacional dentro de la CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky.↵
- En momentos previos a la incorporación de esta figura, los trabajadores que ingresaban a la planta permanente y llevaban a cabo funciones convivenciales eran denominados “operadores” (en el ámbito de la DPJPJ) y “preceptores” o “auxiliares de preceptores” (en el ámbito de los espacios residenciales pertenecientes a la Dirección Provincial de Niñez), modos de nombrar propios de la vigencia de la Ley de Patronato.↵
- ATE Rosario tuvo un rol preponderante en la organización de la campaña No a la Baja durante la gestión de Germán Garavano al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019). En dicho período se reactivó fuertemente la discusión sobre la modificación de la edad de punibilidad en adolescentes, intentando situar la misma entre los 14 años y 15 años. Ante esto, numerosas organizaciones de todo el país comenzaron a participar de mesas de reunión propuestas por el gobierno nacional y a organizar instancias públicas de difusión de la oposición a este proyecto, nucleándose en dos espacios: No a la Baja (del cual ATE Rosario fue fundadora) y la Red Argentina No Baja. En este marco, numerosos trabajadores de la DPJPJ participaron en volanteadas, festivales, discusiones públicas, campañas fotográficas y audiovisuales, así como también en la organización de la “Marcha de la gorra” en la ciudad de Rosario. Esta movilización, originada en la ciudad de Córdoba en el año 2007, se celebra anualmente para denunciar la represión de las fuerzas de seguridad a los jóvenes de sectores populares. La “gorra”, como se denomina popularmente a la policía, es confrontada con la imagen de la “visera”, accesorio distintivo de los grupos de adolescentes. En Rosario, dado que el vocablo “visera” es poco utilizado (y se denomina “gorra” a ambos accesorios, el de la policía y el de los jóvenes) la consigna que suele utilizarse es “¿por qué tu gorra sí y la mía no?”. La primera marcha de la gorra en esta ciudad fue realizada el 23 de noviembre de 2018.↵
- Para esto tomo como referencia el Registro Observacional Nro. 22 de mi trabajo de campo.↵
- Se trata de una comuna periurbana ubicada a unos 14 kilómetros de la ciudad de Rosario.↵
- Durante julio de 2017, acompañé a trabajadores de la DPJPJ nucleados en ATE y en el espacio No a la Baja a un debate, convocado por por las Comisiones de Derechos y Garantías y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, acerca de tres proyectos de reforma del Código Procesal de Menores, presentados por el Poder Ejecutivo (en ese momento, a cargo del FPCyS), el Diputado Leandro Busatto (PJ) y el Diputado Carlos del Frade (Frente Social y Popular). Participaron también de la jornada representantes de Juzgados de Menores, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público de la Acusación, de Colegios Profesionales, de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, del PNO, entre otros. En dicha jornada se consideró la necesidad de que se implemente un Código Procesal que respete el principio de especialidad y se base en el régimen restaurativo, para que los adolescentes menores de 18 años puedan ser juzgados con un modelo de juicio que defina plazos y penas. Estos puntos eran compartidos por los tres proyectos que establecían, asimismo, la división de funciones entre el fiscal (quien investiga, ordena las pruebas y acusa); el juez (que responde a las peticiones de las partes, pero no investiga) y la defensa (que contrarresta los planteos cautelares o de prueba del fiscal); la proposición de que el sistema de juicios contenga audiencias orales y públicas en las que se evalúen las peticiones de las partes, con el objetivo de diagramar el trabajo especializado para cada joven en las instancias de aplicación de la medida dispuesta, para lo cual también se estipulaba la construcción de equipos especializados interdisciplinarios que pudieran hacer sugerencias, a requerimiento de las partes. Si bien estos acuerdos promovían gran expectativa sobre la aprobación del proyecto del FPCyS, lo cierto es que ninguno de los tres proyectos fue aprobado.↵
- Organismo conformado en el Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario, que funciona al modo de una comisión ampliada de infancias y adolescencias, creado a instancias la comisión de Salud y Acción Social y la militancia de referentes sociales en el campo de los derechos de las infancias y las juventudes, tales como Oscar Lupori, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Edgardo Montaldo, sacerdote salesiano, fundador de espacios educativos y culturales en barrio Ludueña, de los cuales formó parte Claudio “Pocho” Lepratti (emblema de las víctimas de la represión policial durante diciembre de 2001). Este consejo tiene carácter consultivo y está integrado por 1 representante de la Secretaría de Salud Pública, 1 representante de la Secretaría de Cultura y Educación, 1 representante de la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, 3 representantes del Concejo Municipal, 1 representante de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe, 2 representantes del Poder Judicial, 3 representantes de las Organizaciones No Gubernamentales, 1 representante de la UNR, 2 representantes de los Colegios Profesionales, 2 representantes del Ministerio de Educación de la Provincia, 1 representante del Sindicato de Prensa de Rosario, 2 representantes de Sindicatos de trabajadores de la Educación, 2 representantes de asociaciones de profesionales y 3 representantes trabajadores de sindicatos del Estado que cumplan funciones en organismos y/o instituciones que aborden la niñez y adolescencia, motivo por el cual la secretaria adjunta del gremio, junto a algunos delegados participaban de este espacio. Si bien este organismo muestra escasa actividad en el presente, durante los años 2015-2019 su papel fue de trascendencia, organizando reuniones periódicas mensuales, festivales, audiencias públicas e incluyendo como uno de sus logros la creación del Servicio Local de Promoción y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, órgano que no existía en la órbita del ejecutivo municipal. ↵
- Durante el año 2017 circuló un decreto entre los trabajadores de la DPJPJ, en el cual se establecía la creación de un Comité Interministerial conformado por los Ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Desarrollo Social, con el objeto de asistir, proponer y proyectar las tareas tendientes a superar el estado de programas e infraestructura en todos los institutos donde se encontraran jóvenes privados de su libertad, sean estos de modalidad cerrada o semiabierta, existentes en la Provincia de Santa Fe, así como proponer las acciones que demande garantizar el normal cumplimiento de los objetivos de alojamiento, asistencia y reinserción para los cuales fueron creados” (Art. 1, Decreto 0713/17). Este documento establecía un Plan de Acción (Art. 6) que suscitó gran inquietud entre los trabajadores de las áreas de niñez y justicia penal juvenil, dado que -al convocar a ambos ministerios y al proponer la “refuncionalización” de diversos espacios- se leía la posibilidad de que comenzara a implementarse un tratamiento punitivo de los adolescentes no punibles. Esta preocupación se entramaba con el estado de la discusión por la reforma de los Regímenes penales de la minoridad y su reemplazo por un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, con la propuesta de la alianza Cambiemos de bajar la edad de punibilidad, y con los debates propiciados por el FPCyS que parecían plegarse a la idea de la baja, a partir de argumentos supuestamente “progresistas”, convocado a actores como la Fundación Sur a participar de exposiciones públicas. Al respecto, junto a algunos trabajadores asistí a una de ellas, concertada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, en la cual uno de los referentes de esta Fundación, acompañado por el entonces Director Provincial de Justicia Penal Juvenil, respaldó la idea de la baja de edad de punibilidad, argumentando la situación de mayor indeterminación y vulnerabilidad en la que se encuentran los adolescentes no punibles. Parte de los argumentos esgrimidos en esa exposición son similares a los que pueden revisarse en https://www.surargentina.org.ar/sin-categoria/muchos-no-a-la-baja-pocos-si-a-la-suba-la-confusion-conceptual-como-estrategia-por-emilio-garcia-mendez/↵
- En adelante, PNO.↵
- Con posterioridad, al cambiar el signo de la gobernación en el año 2019, este programa volvió a situarse en el ámbito de la Municipalidad de Rosario y a asumir características más acotadas; siendo reemplazado por otro de similares prestaciones (el Santa Fe Más) a nivel provincial.↵
- Otro de los rasgos que estos programas comparten consiste en la apelación al abordaje comunitario – en términos de georreferenciación y vínculos barriales- que Medan (2019) comprende en términos de una tecnología de gobierno. Si bien esta característica es notoria en el caso del PNO, se desdibuja en el caso de los jóvenes destinatarios de una medida que implica el encierro carcelario, ya que llevan a cabo la mayoría de las propuestas formativas y culturales intramuros. ↵
- Esta modalidad funciona mediante un “paquete” de horas interinas que los talleristas toman iniciado cada ciclo anual, pero que deben renovarse al comenzar el año siguiente, dispuesta mediante la Resolución 839/08 del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, que prevé la creación de horas cátedra a término (llamadas 9400), inicialmente formuladas para la eliminación de los cargos de Maestros de Especialidad de los Centros de Capacitación Laboral para adultos (CECLAS). Esta forma de contratación, que imponía una mayor precarización de los docentes, fue luego utilizada para trabajadores de diferentes áreas al interior del Ministerio de Educación, siendo implementada para quienes formaban parte de los capacitadores del PNO. Por ello, uno de los motivos actuales de reclamo de estos trabajadores (en el caso de quienes se desempeñan en el IRAR/CERPJ, afiliados a AMSaFé, en tanto es la entidad gremial que representa a los trabajadores de la educación), consiste en poder reemplazar esa modalidad por la titularización de horas o de cargos. Una revisión sobre las diferentes formas de contratación que supuso el PNO y las formas organizativas construidas por los trabajadores que se desempeñaban en talleres en espacios barriales dentro del mismo puede consultarse en el trabajo de Sofía Vitali (2022).
Respecto a la organización en AMSaFé, cabe decir que el espacio representado por la seccional Rosario se encuentra conducido por el “Frente Gremial 4 de abril” desde el año 2004, conformado por agrupaciones locales de adscripción partidaria de izquierda. Desde la conducción de este gremio, se impulsa tanto la defensa de reivindicaciones particulares como la disputa por el sentido de las políticas estatales, no sólo en términos laborales, sino también educativos. A nivel de estructura gremial, se privilegia la organización mediante delegados de base en las instituciones educativas, las votaciones generales y la realización de asambleas. Además, AMSaFé Rosario forma parte de la CTERA y de la CTA (Gindin 2008; Vitali, 2022).↵ - Mientras llevé a cabo el trabajo de campo, funcionaron en el IRAR/CERPJ un taller de comunicación y radio vinculado a la carrera de Comunicación Social, un taller de expresión múltiple ligado a la facultad de Psicología (en el cual llevé a cabo gran parte de las observaciones), y dos grupos que participaron de este espacio y luego continuaron su labor en el instituto: el Movimiento Redes, que realizaba un taller de acceso a derechos y un espacio de acompañamiento a trayectorias de jóvenes que estuvieran transitando el egreso (quienes consiguieron posteriormente sostenerse a partir de un convenio con el PNO), y el espacio En Jaque, quien llevaba a cabo un punto cultural en la biblioteca del instituto (a partir de un proyecto subsidiado por el Fondo Nacional de las Artes).↵
- Si bien durante varios años, como he mencionado hasta aquí, funcionaron como espacios semi abiertos el ESPA General Lagos y el ESPA Alvear, a partir del cierre de este último en el año 2020 los únicos dispositivos de la DPJPJ que funcionan en la ciudad de Rosario y en su área conurbana son el IRAR/CERPJ, Libertad Asistida y Casa del Adolescente. Así, los jóvenes con causas de menor gravedad, en ocasiones, son destinatarios de medidas en Libertad Asistida. Pese a que suele circular dentro del instituto que este espacio aborda las situaciones de quienes egresan, una de las trabajadoras de Libertad Asistida, a quien entrevisté, mencionaba sólo haber recibido una situación de egreso en más de un año de trabajo en dicho dispositivo.↵
- De hecho, gran parte de los trabajadores que nombro en este capítulo han sido delegados de base durante diferentes períodos. ↵







