En esta investigación etnográfica busqué estudiar las experiencias laborales y la vida cotidiana de los trabajadores de las burocracias estatales que “acompañan en el encierro” a adolescentes varones atravesados por el campo penal juvenil, en dispositivos de privación de la libertad de la ciudad de Rosario. El interés de indagación estuvo centrado en considerar estas experiencias pesquisando su vinculación con las transformaciones, tensiones y disputas que pone de relieve la implementación del sistema de protección integral a las adolescencias, atendiendo a las formas de ejecución locales de lineamientos nacionales e internacionales en materia de juventudes y delitos, a los espacios institucionales concretos y a las prácticas de trabajo diarias. Sin embargo, no se trató solo de una comprensión de sus experiencias en términos laborales, ya que comparto el énfasis de otros estudios en remitir estos procesos al abanico más amplio de las formas de vida (Millar, 2018; Perelman, 2020). Es decir, en aproximarse a estudiar el trabajo desde la perspectiva de la vida cotidiana (Grassi y Danani, 2009; Fernández Álvarez, 2017).
El material producido en el marco de esta investigación fue organizado considerando las configuraciones cotidianas a partir de las cuales los sujetos viven y significan su trabajo al interior de los dispositivos de privación de la libertad. Así, se tomaron como ejes para la construcción de los diferentes capítulos y sus apartados: las relaciones que entablan con los adolescentes; las maneras en que se vivencia al encierro y sus efectos; las elaboraciones y teorizaciones de las prácticas de trabajo; las significaciones en torno al trabajo estatal y las construcciones de instancias organizativas pertinentes; las relaciones con otros trabajadores, con directivos y con funcionarios; los modos de experimentar sufrimiento y malestar en relación a la tarea y las particulares características que adquiere su reconfiguración en el contexto de pandemia. Estas dimensiones, entendidas como distintos niveles contextuales, constituyeron vías de abordaje para producir una descripción explicativa (Achilli, 2015) de la experiencia de vivir y trabajar “acompañando en el encierro” a jóvenes atravesados por el campo penal.
Desde estas coordenadas, uno de los aportes centrales de esta tesis consiste en nutrir el campo de indagación sobre las burocracias estatales vinculadas al tratamiento de la penalidad juvenil en dispositivos de encierro. De esta manera, polemizando con las miradas que proponen una comprensión de los sujetos y de sus prácticas en términos de cierto automatismo, se mostró que no puede entendérselas únicamente “como un efecto más” de las instituciones caracterizadas como “totales”. Para profundizar y contraponer argumentos a estas discusiones fueron centrales una serie de coordenadas teórico-metodológicas sobre las cuales esta investigación se sustentó.
Primeramente, hacer foco en las experiencias de quienes llevan a cabo la tarea de acompañar a adolescentes privados de su libertad demostró ser una vía reveladora para identificar los conflictos y tensiones que se manifiestan en los procesos de trabajo en el ámbito de las políticas públicas vinculadas a la cuestión penal juvenil. En este sentido, el uso de la noción de experiencia como herramienta conceptual permitió vincular las vivencias concretas de los trabajadores con las diferentes fuerzas con las que componen y se encuentran en pugna, en tanto se trata de un proceso que enlaza condiciones estructurales con afectaciones y significaciones. De este modo, pudieron salir a superficie en el análisis las formas en que problematizan su propia práctica, retoman los lineamientos de las políticas y aportan matices a su ejecución; así como aquellas mediante las cuales tensionan, sufren y cuestionan las visiones sobre el trabajo en ámbitos públicos.
Pesquisar las experiencias de estos sujetos no solo implicó describirlas, sino también rastrear cómo las mismas se ocultan, se murmuran, se metabolizan e incluso buscan “olvidarse” a partir de los procesos de hegemonía. El acercamiento desde estas coordenadas permitió ver que, en este ámbito, el trabajo emerge como una relación conflictiva, en la cual se co-construyen y disputan las fronteras estatales, a partir de conjuntos de adhesiones, pero también de impugnaciones sobre el sentido de las intervenciones (Manzano, 2013).
A partir de esta investigación, pudieron revelarse formas en las cuales los trabajadores debaten modelos de gestión del aparato estatal y orientaciones en las políticas públicas, a la par que defienden a la estatalidad como configuración capaz de garantizar derechos a los jóvenes atravesados por el campo penal, plasmados en dilemas construidos en torno a los tópicos del “mandato de la mínima intervención” y “la camiseta de garantizar derechos”, entre otros. De esta manera, una de sus contribuciones medulares consiste en iluminar las tramas de compromisos, imperativos morales, preceptos, emociones, transacciones y transgresiones que modulan al gobierno de las poblaciones juveniles atravesadas por el campo penal, robusteciendo a aquellos estudios que examinan las historias y trayectorias de las burocracias estatales locales y las conflictividades derivadas de las formas de trabajar.
A su vez, el trabajo por resituar en el análisis una serie aspectos que ‒en ocasiones‒ son relegados en los estudios sobre el espacio carcelario, develó algo más que meros automatismos, y aportó a comprender cómo es vivir y trabajar intentando garantizar derechos en una institución penal juvenil. Atender a las formas de procesamiento colectivo de las experiencias en torno a las condiciones de vida, trayendo a escena un conjunto de emociones, sentimientos y afectos, contribuyó a dotar de textura a los sentidos locales que se construyen sobre la tarea de “acompañar en el encierro”. Así, este estudio mostró que el trabajo no es únicamente una actividad laboral, sino un modo de “ganarse la vida” enlazado a valores morales, formas de rememoración y actualización de trayectorias previas, en el cual los sujetos articulan políticamente la producción y reproducción de sus existencias en tanto trabajadores “con la camiseta de los derechos humanos”. Desde esta comprensión ‒y por ella‒ fue posible integrar al proceso de trabajo las prácticas organizativas para defenderlo, las instancias de encuentro íntimo necesarias para construir una trama afectiva, las ambivalencias y las experiencias de padecimiento y sufrimiento que acontecen cuando esta forma de vida se agrieta y es puesta en crisis. Por ello, al enhebrar la experiencia de trabajar “acompañando en el encierro” con las experiencias de militar, organizarse, celebrar, duelar, sufrir, teorizar, imaginar, pudieron rebatirse visiones homogeneizantes de las prácticas de trabajo intramuros, trayendo a escena una comprensión de las emociones y afectividades que las surcan. Los aportes particulares de cada uno de los capítulos entrelazan dichas dimensiones.
En el primer capítulo, el foco estuvo puesto en trazar líneas que vinculen esa experiencia al procesamiento sociocultural de las edades y los castigos. Para ello, recuperé los esfuerzos de un conjunto de estudios que examinaron los modos en que se ha construido a las adolescencias/juventudes en nuestro país, desde inicios del siglo XX a la actualidad, en relación a variables vinculadas al género, al sector social y a las espacialidades, estableciendo correspondencias que la anudan al procesamiento sociocultural de los castigos (Zapiola, 2010, 2011; Villalta y Llobet, 2011; Villalta, 2013; Barna, 2015; Villalta y Llobet, 2019, entre otros). La lectura de estos procesos en su devenir histórico permitió apreciar la compleja arquitectura de orientaciones que han modulado e intersectado lo social y lo punitivo en la construcción de las poblaciones adolescentes masculinas pobres urbanas como objeto de políticas públicas que son diseñadas, exhibidas y practicadas por un conjunto de burocracias estatales en Argentina en general, y en la región santafesina en particular. En este sentido, se resaltó que ‒en el despliegue de esas políticas‒ no solo se construyen los llamados “problemas sociales” y sus posibles respuestas epocales, sino que esos problemas se localizan en sujetos concretos, de allí que comprendan también construcciones de alteridad. Por ello, el aporte principal de este capítulo consistió en reponer los modos en que los debates y discusiones que atraviesan a las políticas públicas, a los movimientos legislativos, a los marcos jurídicos y al campo académico, surcan también las experiencias laborales de las burocracias locales abocadas al trabajo con adolescentes atravesados por el campo penal. De esta manera, presenté una serie de sentidos e interrogaciones que los trabajadores elaboran en torno al enlace entre imperativos vinculados a la protección y al cuidado, y aquellos ligados al castigo y al control. A la par, establecí ciertos anudamientos en los que hilvanan las trayectorias de los jóvenes atravesados por el campo penal juvenil, a los que deben “acompañar en el encierro”, con apreciaciones en torno a lo afectivo, lo familiar, lo educativo, las tramas de narcocriminalidad locales y la violencia como instancia productora de identificaciones.
Mediante lo desarrollado en el segundo capítulo, esta investigación aportó a la comprensión de las reelaboraciones locales de paradigmas internacionales (como el enfoque de los derechos del niño), a partir de examinar cuidadosamente los desplazamientos y transformaciones acaecidos en torno a la creación de un instituto singular dentro del universo de dispositivos ligados a la cuestión penal juvenil: el IRAR/CERPJ. Este espacio constituye un indicador de la vinculación histórica entre el tratamiento penal juvenil y las fuerzas de seguridad en la región del sur santafesino. Sin embargo, en lugar de examinar su conformación y sus sucesivas mutaciones exclusivamente a partir de las orientaciones propuestas por las diversas gestiones gobernantes, busqué componer el análisis a través de una multiplicidad de miradas. Por ello, reconstruí su proceso de génesis y transformación integrando –a la labor con documentos públicos y artículos de la prensa local– las experiencias de los sujetos que trabajan allí. Esta vía se mostró fructífera para dar cuenta de un conjunto de “polvaredas mediáticas” que lo ubicaron como “objeto caliente” (Fernández Álvarez, 2017) de la política santafesina, siendo el escenario en el cual se ensayan –a partir de cambios en las fuerzas gobernantes en el año 2007‒ misivas vinculadas con “oleadas progresistas” en materia de política penitenciaria, aunadas al esfuerzo por integrar el enfoque de derechos del niño a las adolescencias atravesadas por el campo penal. La lectura de estos procesos en clave local, y a partir de las experiencias de los sujetos, permitió establecer que, en la justicia penal santafesina, aconteció menos una contraposición de las premisas del patronato con las del enfoque de derechos del niño, que una impugnación al predominio del gobierno penitenciario de los espacios penales juveniles. Estas readecuaciones, como pudo verse, pivotaron en la intención de desplazar la “lógica tumbera” por la “lógica convivencial”, fundamentalmente a partir de la conformación de un nuevo cuerpo de trabajadores, encargados de llevar a cabo la tarea de “acompañar en el encierro”.
Nuevamente, la indagación antropológica a partir de las nociones de experiencia y vida cotidiana se mostró como un camino provechoso para comprender este proceso. En este sentido, reponer las trayectorias previas de los sujetos a quienes se encomendó la implementación de la “lógica convivencial” intramuros, permitió distinguir que fueron construidos como agentes legítimos, capaces de desempeñar esa labor, en función de características personales fundadas en un saber-hacer ligado a sus militancias y participaciones previas en organizaciones de la sociedad civil. Al centrarme en las experiencias de trabajo y vida de los sujetos (talleristas, profesionales y, fundamentalmente, acompañantes juveniles), salieron a superficie no sólo las orientaciones normativas de la labor, sino las formas que asumen sus procesos organizativos y afectivos al inicio de su práctica en el instituto. Desde allí, pudieron aportarse dos dimensiones nodales de estas experiencias. Por un lado, una serie de caracterizaciones del espacio carcelario, en ocasiones veladas, que remiten al conjunto de afectaciones presentes en sus cuerpos (sonidos, texturas, olores). Por el otro, un elenco de sentidos que les permitieron significar la tarea de “acompañar en el encierro”: el resguardo ante la posibilidad de producir “aberraciones del bien”, a partir de prácticas en la cual lo político coopte a lo técnico; la necesidad de construir lazos con los jóvenes, pero también de guardar cierta “distancia óptima”, como forma de mediar entre el afecto y el sostenimiento de una posición cuidadora; las intervenciones sostenidas desde la “voluntad” ante la precariedad de las condiciones laborales y de alojamiento; y la “artesanía” como modo creativo de imaginar los abordajes y las estrategias de lucha.
En el capítulo 3, relaboré la categoría de “trabajo militante”, como aporte conceptual que da cuenta de la mediación conflictiva para significar las experiencias de trabajo y vida cotidiana de los sujetos. En la idea de “trabajo militante”, hallan sitio tanto formas de subjetivación que buscan disputar atributos otorgados al trabajo estatal, vinculados a la ineficiencia e ineficacia, así como también significaciones que lo anudan a militar como modo de sostener el “acompañamiento en el encierro” dentro de los institutos penales juveniles. De esta manera, situé la idea de militancia como una coordenada ético-política emergente de una forma de vida, que lleva tanto a sostener el trabajo, así como a organizarse para defenderlo. La recomposición de estos entramados puso de relieve que las instancias colectivas operan como espacios en los cuales la experiencia de “acompañar en el encierro” es teorizada, pero también procesada organizativamente y tramitada afectivamente.
El recupero de los registros de campo llevados a cabo en espacios colectivos ‒en los cuales los trabajadores se encuentran, impugnan orientaciones y formas de acción estatales que consideran ilegítimas, y discuten tácticas y estrategias de lucha, como ocurrió con la asamblea llevada a cabo desde ATE Penal Juvenil‒, permitió reconstruir un conjunto de tensiones y conflictividades que los atraviesan. Si la antropología busca “documentar lo no documentado” (Rockwell, 2009), atender a los susurros y murmuraciones, además de a las grandes consignas de lucha, esto posibilitó trazar ciertos movimientos que adquieren un cariz profundamente dilemático para sujetos altamente comprometidos con el enfoque de derechos que son, además de militantes, trabajadores estatales, como en el caso de la promoción a puestos de dirección. Si, por un lado, acceder a un puesto de carrera permite la posibilidad de consolidar las líneas desde las cuales esa práctica militante ha sido teorizada; por el otro, asumirlo implica la sospecha de haber sido cooptado por las líneas de gestión, en momentos en los cuales los progresismos en materia penal ceden terreno a avances punitivistas. Con más pretensiones de interrogación que de clausura, la textura que este capítulo describe alumbra la pregunta por los límites y las condiciones de posibilidad de sostener una posición militante en ámbitos de trabajo estatales. “Acompañar en el encierro” se revela, entonces, como una experiencia ambivalente. El recupero de esta interpelación, lejos de remitir únicamente a una cuestión subjetiva, muestra las potencialidades de aquellos enfoques que conllevan una comprensión del Estado y de sus burocracias como un campo heterogéneo, que exige ser examinado en su conflictividad intrínseca.
En este sentido, otro de los aportes que esta investigación permite introducir es una mayor precisión de aquello que es nombrado como “lógica institucional”, categoría elaborada en el capítulo 4. Si bien esta expresión alude en numerosas instancias del escrito a las mediaciones entre imperativos de cuidado y de control, el esfuerzo por conceptualizarla y recuperar los procesos que le dieron forma permitió definirla como expresión de las formas transaccionales de sostener el cogobierno de un espacio carcelario dentro del campo penal juvenil. Al reponer esta dimensión, en tanto ajuste conflictivo de un sistema de acuerdos inestables, fue posible desandar el interrogante por las condiciones de posibilidad de la existencia de trabajadores civiles abocados a la tarea de “acompañar en el encierro” a jóvenes en espacios que son gestionados, conjunta, pero no armónicamente, con el servicio penitenciario. Vislumbrar la cotidianeidad del trabajo en el campo penal juvenil a partir de las experiencias de los sujetos permitió reponer las formas de procesamiento de estas contradicciones, considerando las relaciones que entablan con dicha lógica institucional.
Atender a las experiencias implica, a su vez, considerar sus cualidades sensitivas, sus efectos y afectos. Desde estas coordenadas, fue posible establecer una serie de apreciaciones que indican que, pese a los movimientos de naturalización, apaciguamiento y aletargamiento, que en ocasiones son leídos como expresiones de trabajadores “quemados”, cotidianidades anestesiadas y prácticas rígidas y rutinarias, yacen un conjunto de emergentes de los procesos de malestar y sufrimiento asociados a esta particular forma de trabajo estatal, orientada a garantizar un marco de derechos en una institución de encierro.
Detener la mirada sobre estos procesos permitió discutir nociones ligadas a automatismos institucionales y a contextos extenuantes ante los cuales los sujetos no logran responder. Por ello, en el análisis, resalté algunos efectos que esta forma de trabajar y vivir tiene, a partir de examinar la tramitación institucional de hechos trágicos, los imperativos ligados a ciertas manufacturas de la masculinidad que se cuelan en las orientaciones cotidianas de la tarea, la escasa elaboración de los “duelos constantes” que atraviesan, la “mala sangre” ligada al boicoteo de ciertas propuestas de actividades que van gestando y las violencias concretas en el ámbito laboral, particularmente identificadas con amedrentamientos por parte de las fuerzas de seguridad. El recupero de estas situaciones puso de manifiesto que no se vinculan a las posibilidades individuales para responder a un clima laboral agotador, sino a un conjunto de violencias que surcan las experiencias de vivir y trabajar “acompañando en el encierro” a adolescentes en el sur santafesino. Estas, en ocasiones, son procesadas como si se tratara de malestares personales, a partir de una licencia por motivos de salud mental, sin que por ello se interpelen las orientaciones institucionales de la tarea ni los conflictos y contrapesos que toman sitio en ese espacio laboral. La potencia que tiene la etnografía para examinar aquello que se muestra bajo el halo de la obviedad y la nimiedad, trajo a escena procesos de sufrimiento y malestar que dan cuenta de las relaciones de conflicto, las formas de procesamiento de lo doloroso, los procesos de fragmentación en las formas de organización colectiva y los efectos que se suscitan cuando la cotidianidad en la que se vive y se trabaja se resquebraja. De esta manera, lo recorrido en este capítulo permite realizar un aporte complementario al campo de estudios de la antropología de la salud.
Finalmente, la Coda de esta tesis presenta una contribución al conjunto de estudios que analizan los procesos de reelaboración, tensión, adopción y disputa que supuso la COVID-19, entre los grandes lineamientos internacionales, nacionales y locales, y las prácticas de trabajo en espacios concretos. Al tratarse de un sector de trabajadores menos presente en los análisis de este período que otros que han sido referencia obligada (como quienes pertenecen a los servicios de salud), se pusieron de relieve una serie de conflictos y tensiones que resulta interesante continuar indagando. En este sentido, una interrogación valiosa que esta investigación aporta refiere a las formas de construcción de los criterios de esencialidad y sus efectos en las existencias concretas de los sujetos, abonando a una comprensión más acabada de los procesos de trabajo y de disputa gremial durante dicho período. Asimismo, pudo verse que la pandemia actuó como catalizador de procesos y tendencias que ya se encontraban presentes en los dispositivos de encierro del campo penal juvenil santafesino, tendientes a un robustecimiento del gobierno penitenciario de los mismos.
Desde el recorrido propuesto, esta investigación permitió otorgar textura y visibilidad a las formas concretas en las cuales se implementa tanto el castigo como el acompañamiento a los adolescentes punibles en la ciudad de Rosario. Así, se repusieron las condiciones de posibilidad de la existencia de agentes encargados de “acompañar en el encierro”, intentando implementar un enfoque de derechos, en instituciones que son cogobernadas junto al SP, en su vinculación con políticas públicas y lógicas institucionales ambiguas y conflictivas, que procesan inestable y tensamente los imperativos de cuidado y control. Este procesamiento se entronca con una serie de actos y omisiones ampliamente usuales en los espacios de encierro, tales como las múltiples formas de violencia institucional que allí acontecen, pero también con un conjunto de iniciativas que buscan proteger, promulgar y garantizar los derechos de los adolescentes privados de su libertad.
A modo de cierre, no puedo dejar de mencionar que el carácter dilemático de estas condiciones de posibilidad se enlaza al hecho concreto de la significativa disminución de personas encargadas de llevar a cabo esta tarea en los últimos años. El resultado de estos procesos y de la falta de respuesta por parte del funcionariado provincial en términos de fortalecer los sistemas de escalafonamiento, rotación, reemplazo y auspiciar instancias de retrabajo, acaba concluyendo en un retroceso de las formas de acompañamiento intramuros, y de una reducción del cuerpo de trabajadores encargados de llevarlo a cabo.
Por otra parte, la constante difusión de imágenes de Rosario como un territorio estriado por múltiples violencias, que construyen a los jóvenes varones de sectores populares como sus protagonistas predilectos –tanto en el rol de víctimas como en el de victimarios‒ promulga al menos dos respuestas actuales, para nada novedosas. En el mejor de los casos, aquellas que cuestionan la posibilidad de desplegar políticas sociales, culturales, educativas hacia los adolescentes rosarinos en escenarios estructurados por la violencia y la falta de recursos materiales, pero también imaginativos, creativos, novedosos. Intervenciones que “no dan en la tecla”, problemáticas que “ya no se sabe cómo abordar”. En el peor de ellos, esta dimensión deja de existir, y se abre paso una explicación exclusivamente punitiva del asunto. Desde esta línea, si lo que existe en Rosario son delitos cometidos por jóvenes, debe responderse a ellos con castigos; sin que por ello se interrogue el carácter conflictivo de la asociación entre los términos “penal” y “juvenil”, “cárcel” y “adolescentes”. Así, aquello que constituía un problema de peso para los progresismos locales, en tanto existía un instituto destinado a alojar a jóvenes atravesados por el campo penal que era referenciado como “una cárcel”, hoy es más un soplo sutil que una polvareda mediática.
Con todo, la justificación de las políticas públicas en materia penal juvenil que atribuyen su racionalidad a los “perfiles” que podrían tener aquellos adolescentes insertos en tramas vinculadas a la narcocriminalidad expresa un problema que es necesario desandar analíticamente. Sin negar el dramatismo de las situaciones que se desatan localmente, es preciso prestar atención a los datos fehacientes que existen sobre la problemática, los cuales ponen de manifiesto el privilegio de la opción carcelaria por sobre un conjunto de medidas que existieron previamente, y la asociación apriorística entre delito juvenil y violencia (Defensoría del Pueblo de Santa Fe y UNICEF, 2019, 2021, 2023). De cualquier modo, si la respuesta que podría encauzar la conflictividad penal juvenil es el encierro, esta no estaría produciendo los efectos que discursivamente persigue.
Al finalizar la escritura de esta tesis se avizoraban al menos dos transformaciones en el campo penal juvenil santafesino, que considero nudos problemáticos cuya indagación resulta imprescindible para investigaciones futuras. La primera de ellas es la modificación del Código Procesal Penal Juvenil santafesino, aprobada en la última sesión de la legislatura provincial correspondiente al año 2023, como un “gesto” al recientemente electo gobernador, Maximiliano Pullaro. Esta normativa produce transformaciones agudas, cuyos efectos aún no se han evidenciado –ya que su implementación ha quedado en suspenso hasta el año 2025– pero resulta difícil eludir la apreciación de que ahondarán en un tratamiento aún más punitivo de la asociación entre adolescencias y delitos.
Así, el nuevo Código prevé el cese del funcionamiento de los juzgados de menores y el desplazamiento de las investigaciones de los delitos asociados a niños, niñas y adolescentes al Ministerio Público de la Acusación, que podrá imputarlos en caso de encontrarlos penalmente responsables, siguiendo un sistema adversarial, con participación de querellantes y juicios abiertos, orales y públicos. Si bien se señala que esto traería mayor celeridad a los procesos llevados a cabo contra adolescentes, a la par que mayor claridad sobre sus derechos y garantías, se echa por tierra el principio de especialidad que la justicia penal juvenil debería detentar. Además, la nueva normativa habilita a la prisión preventiva de adolescentes punibles, aún por plazos cortos y a riesgo de que –a falta de espacios especializados– se los aloje junto a adultos.
Por otra parte, aunque la edad de punibilidad fue un foco privilegiado del debate, no fue modificada, debido a que es potestad exclusiva de la legislatura nacional. Sin embargo, el Código santafesino estableció un tratamiento singular de los niños, niñas y adolescentes no punibles que fueran sospechados de cometer delitos. En este sentido, se produce una nueva definición de las fronteras entre imputabilidad y punibilidad, ya que se propone someter a los niños, niñas y adolescentes menores de 16 años a un proceso penal con el fin de absolverlos, puesto que por su edad no podrían quedar detenidos. Esta normativa no solo produjo el estado de alerta en las fuerzas políticas que votaron en su contra, sino en comunicados de colegios profesionales, organizaciones de derechos humanos y organismos de contralor, como la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Por ello, resulta imprescindible indagar las formas en las cuales se produce su puesta en marcha y los efectos que pueda provocar, incluso en instancias previas a su implementación concreta.
La segunda transformación que se produce al cierre de esta tesis remite al gobierno de los dispositivos de la justicia penal juvenil santafesina. Si con el traspaso del gobierno del FPCyS al justicialismo, se había desplazado a funcionarios técnico-profesionales “de carrera” (psicólogos y abogados, especialmente), por otros con similares adscripciones profesionales pero que no eran “del palo”, lo que adviene con el gobierno de la alianza “Unidos para cambiar Santa Fe” es la designación de funcionarios asociados a grupos religiosos, particularmente del evangelismo, al mando de la DPJPJ. Se trata de sectores que no habían tenido pregnancia significativa en los dispositivos penales juveniles, pero poseen amplia trayectoria en espacios carcelarios de adultos y en aquellos vinculados al tratamiento de consumos problemáticos de sustancias, obteniendo también designación en la cartera destinada al abordaje de los mismos. Quedan por explorarse, entonces, los lineamientos institucionales, los marcos de intervención, y las reconfiguraciones de fuerzas que se producirán en los espacios destinados a alojar a adolescentes atravesados por el campo penal a partir de estos desplazamientos.
Estas transformaciones se ven acompañadas de una recurrencia. En junio del presente año, el gobierno del actual presidente, Javier Milei, envió a la legislatura nacional un proyecto que –nuevamente- pretende producir la baja de edad de punibilidad de los adolescentes, esta vez situándola en los 13 años. Esto provocó la movilización de diversos sectores vinculados al ámbito de los derechos humanos: organizaciones sociales, educativas, culturales, fuerzas políticas y espacios gremiales. Entre ellos, numerosos trabajadores de la justicia penal juvenil santafesina revitalizaron la multisectorial “No a la Baja”, promoviendo diferentes acciones (publicaciones en redes sociales, participación en debates públicos, organización de festivales), en el marco de una campaña que busca sentar posiciones que establezcan la no regresividad del sistema penal juvenil.
Es por ello que quisiera cerrar este escrito recuperando las palabras de Fernand Deligny quien, reflexionando sobre sus prácticas de trabajo acompañando a “niños difíciles” y a adolescentes acusados de cometer delitos en Francia, construye en su libro “Semilla de crápula” una serie de axiomas, uno de los cuales reza:
Si por tan poco te asqueas del oficio, no te subas a nuestro barco, pues nuestro carburante es el fracaso cotidiano, nuestras velas se inflan de risitas burlonas, y trabajamos mucho para llevar a puerto pequeñísimos arenques, aunque salgamos a pescar ballenas (Deligny, 2017, p. 51).
Antes que “hacer tabula rasa”, acción que parece aludir a que en materia penal juvenil se ha intentado todo y nada ha funcionado, conviene resituar los procesos que he intentado recuperar en esta tesis. Considero que allí pueden rastrearse un conjunto de aportes, aciertos, interrogantes, fracasos y esfuerzos que los propios trabajadores han elaborado a partir de la teorización de sus experiencias. Espero que estas líneas contribuyan a que sean recuperados, como carburante, como viento y como motor diario para el sostenimiento de prácticas que persistan en formas de trabajo estatal “con la camiseta de garantizar derechos”.
