No decidimos los temas sobre los que trabajamos o sobre los que deseamos exponer, solo en función de criterios intelectuales. A las razones científicas suelen añadirse razones personales. Porque todos somos herederos. Herederos de un mundo social y de un relato familiar. La única diferencia acaso sea entre quienes reconocen esa herencia y quienes la olvidan o la niegan. (…) Pero evidentemente el trabajo de investigación no se detiene en esa comprobación (…) solo al tomar cierta distancia epistemológica se transforma una experiencia en conocimiento y se hace de una deuda social una obra científica (Fassin, 2022, pp.65-66).

Miro el fondo de la taza, acabo de terminar mi té de manzana y canela. La casa de Leda^[1] se levanta en un barrio de sectores medios, trabajadores, cercano al Arroyo Ludueña, en la zona norte de Rosario, la ciudad donde vivo. Es un hogar con paredes pintadas en tonalidades naranjas que me transmite calidez. A mi alrededor puedo ver un piano, algunos adornos mexicanos de la zona de Chiapas y varios libros. Estamos sentadas alrededor de una mesa de madera, charlando una noche de mayo. Leda retoma nuestra conversación, cavila y me dice “viste que también hay cierta fascinación que provoca la cárcel”.

Continúo hablando de otra cosa, pero algo de eso punza en mí, me desvía, imantando mi atención hacia un lugar que resuena, que molesta, que no logro desentrañar. En algún momento retomo sus palabras y le pregunto:

– ¿Qué quisiste decir con lo de la fascinación que provoca la cárcel?

Leda hace un gesto pensativo, luego comienza a desovillar palabras, moviendo sus largas manos. Refiere a cómo los militantes, o personas con determinadas inclinaciones políticas, nos acercamos a estos espacios para intentar trabajar, ambicionando generar “otras cuestiones” allí adentro: aquellas que promuevan el afecto, la habilitación. Sin embargo, para ella, son esos mismos asuntos los que hacen que la cárcel como tal prevalezca y permanezca en lugar de implosionar. Continúo pensando en esto al escribir mis notas de campo. En eso que me dan ganas de sacudir, de apretar. Quisiera dejarlo de lado y, sin embargo, algo hace que quede presa de esas palabras y necesite volver sobre ellas. Curioso: entre muchas otras cosas, Leda es fotógrafa y estas sensaciones –quizás por ello- me recuerdan al punctum del que habla Roland Barthes (1989): “ese azar que me despunta (y que también me punza)” (p.59).^[2]

En esta investigación abordo las experiencias laborales y la vida cotidiana de trabajadores de las burocracias estatales que realizan funciones de acompañamiento a adolescentes varones^[3]atravesados por el campo penal, en dispositivos de privación de la libertad de la ciudad de Rosario, quienes comienzan a desempeñarse allí en el marco de la implementación de políticas de protección integral a la infancia, a partir del año 2008. Se trata de un estudio cualitativo, sustentado en la metodología etnográfica, que responde a la pregunta por las características que asumen las experiencias de los trabajadores de dispositivos estatales de gestión de la justicia penal juvenil, a partir de las transformaciones, tensiones y disputas que pone de relieve la implementación del sistema de protección integral.

Actualmente, la región santafesina presenta algunas peculiaridades en relación a la administración del campo penal juvenil (Medina, 2018), que la distinguen de ciertas tendencias generales constatadas en varias áreas del país, como la disminución de la cantidad de población en dispositivos penales juveniles y la propensión a que las medidas a cumplimentar sean llevadas en programas de acompañamiento especializado, en los territorios en los cuales viven los jóvenes, junto a sus referentes socioafectivos (SENAF – UNICEF, 2021, 2023). De acuerdo a los monitoreos periódicos que realiza el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia para la provincia de Santa Fe, aquí no sólo se ha incrementado la población de jóvenes atravesados por el campo penal, sino que –además– la privación de la libertad constituye la principal opción para el cumplimiento de las medidas penales juveniles (Defensoría del Pueblo de Santa Fe – UNICEF; 2019, 2021, 2023).^[4] Estas medidas se llevan a cabo en institutos que cuentan con trabajadores civiles de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil (denominados “acompañantes juveniles”), pero también con la presencia de agentes de las fuerzas de seguridad.^[5]

Sin embargo, recuperando algunos desplazamientos históricos, es posible ligar las preocupaciones por incidir en los espacios de encierro destinados a adolescentes al proceso de reforma que se produjo en las políticas públicas vinculadas a la justicia penal juvenil santafesina, a partir del año 2008, durante la gestión del Frente Progresista, Cívico y Social.^[6] Entre otras cuestiones, estas transformaciones implicaron la reformulación de los proyectos institucionales de los espacios de alojamiento para adolescentes punibles, al calor de la sanción de las leyes de protección integral nacional (Nro. 26.061) y provincial (Nro. 12.967), las cuales son reelaboraciones locales del enfoque de derechos del niño.^[7] Éstas, además, se imbricaron con un momento particular de los espacios carcelarios santafesinos, incluidos los penales juveniles, caracterizado por orientaciones progresistas.^[8] Asimismo, en este momento se produjo una reforma del Estado, ocurriendo conversiones en las áreas ejecutivas vinculadas al tratamiento de los adolescentes punibles, constituyéndose la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil (DPJPJ),^[9] en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Polola, 2011). Desde esta cartera, y como respuesta a una serie de sucesos acontecidos en los años previos, en los cuales una de las instituciones del campo penal juvenil –el Instituto para la Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR/CERPJ)–^[10] se erigía como especialmente conflictiva, se procedió a diseñar un nuevo plan de gestión. Si bien se idearon proyectos institucionales para otros espacios,^[11] el inicio de esta transformación tomó al IRAR/CERPJ como su epicentro, dado el peso específico que tiene entre los dispositivos penales juveniles del sur santafesino, vinculado a las denuncias de organizaciones de derechos humanos, con fuertes resonancias en la prensa local, y a las acusaciones cruzadas entre el poder ejecutivo y el poder judicial por los hechos de violencia acaecidos allí.

Debido a esto, es en dicho espacio donde se ensaya un proceso de contratación de personal civil para desempeñarse en funciones de acompañamiento a los jóvenes, como garantes de las políticas de protección integral intramuros. Para ello, se privilegia la selección de personas que poseyeran experiencias previas de participación en organizaciones de la sociedad civil. Estos trabajadores construyen prácticas de trabajo singulares y vivencian diferentes procesos de disputa, acuerdo y negociación con las directivas institucionales, atravesando períodos de gran conflictividad. A lo largo de los años, estos “perfiles” de trabajadores dejan de ser priorizados y se procede a la contratación de personas que han desarrollado otro tipo de recorridos, conformando una planta heterogénea.

¿Cuáles son las condiciones de posibilidad que hacen que se sostenga la privación de la libertad como vía frecuente para el tratamiento penal juvenil, junto a un conjunto de agentes del Estado llamados específicamente a garantizar la protección integral intramuros? ¿Qué características asumen las experiencias de quienes trabajan en los institutos de privación de la libertad para adolescentes? ¿Cómo viven y significan la tarea de “acompañar en el encierro”?

En esta investigación, intento desandar algunos de esos interrogantes, reconstruyendo las experiencias de trabajo de quienes realizan funciones de acompañamiento en espacios de privación de la libertad de la justicia penal juvenil santafesina, en relación al conjunto de sus experiencias cotidianas. La hipótesis de la que parto es que estas experiencias expresan relaciones complejas y ambivalentes con las formas de organización institucional de los procesos de trabajo en los dispositivos de encierro, dando lugar a un entramado de rutinas, prácticas, orientaciones, entusiasmos, malestares, sentidos y valores morales heterogéneos, que brindan textura a la implementación del paradigma de protección integral en contextos locales.

Algunos estudios (Mateo, 2009; López, 2013) remarcan que las transformaciones categoriales propuestas desde la sanción e implementación de la Ley Nro. 26.061, en el año 2005, han sido entendidas como una transición heterogénea y no exenta de conflictos que influye en las intervenciones concretas y en las disputas de sentido puestas en juego en las prácticas de los trabajadores estatales vinculados al sistema penal juvenil. Por ello, el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes que postula la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño^[12] asume peculiaridades, especificidades y ajustes locales; operando como un horizonte moral en el cual prevalecen ciertos tópicos por sobre otros, incidiendo sobre las modalidades de intervención cotidianas (Lugones, 2012; Grinberg, 2013; Barna, 2014, 2015).

Otros trabajos plantean que, en muchas ocasiones, los agentes sociales elegidos para ejecutar las intervenciones sobre infancias y adolescencias son sujetos críticos, con trayectorias de militancia en los derechos humanos, con una formación en el campo de las ciencias sociales que en muchas oportunidades coincide con la del investigador, y comprometidos con el cambio que el nuevo marco legislativo promulga (Fonseca y Cardarello, 2005; Schuch y Fonseca, 2009; Barna, 2009, 2014, 2015; Llobet, 2013; Medan, 2014). Asimismo, observan la dificultad de construir análisis que contrapongan el plano ideal de los derechos al plano real de las prácticas sociales y los contextos. Como señala Agustín Barna (2015): “las prácticas de los actores en terreno, enturbiadas siempre por el fango de la realidad, no resultan nunca suficientes para alcanzar el requisito ideal” (p.10), primando apreciaciones culpabilizadoras que apuntan al fracaso en la protección de los derechos de la infancia.

De allí que resulte fructífero proseguir las premisas de una serie de investigaciones en ciencias sociales que señalan la potencialidad de examinar las formas de acción del Estado en sus capilaridades y en sus orientaciones prácticas, contribuyendo a comprender que se trata de un complejo institucional e histórico compuesto por materias heterogéneas, agentes reflexivos, tradiciones institucionales diversas, al cual es necesario deshomogeneizar en el análisis (Haney, 2002; Miguez y González, 2003; Barna, 2009, 2015; Mateo 2009; Polola, 2011; Llobet, 2013, Villalta, 2013, Magistris y Litichever, 2013; Medan, 2013; Graziano, 2017; Medina, 2018).

Estas investigaciones discrepan con buena parte de los estudios sobre dispositivos penales juveniles en los cuales los trabajadores “de carácter civil”, que desempeñan funciones de acompañamiento a los jóvenes, son caracterizados en términos de su aporte a la producción y reproducción institucional (Laje, 2008; Alfieri y Olmos, 2009; López, 2009; Daroqui, López y García, 2012), perdiéndose de vista las múltiples aristas y matices de sus experiencias en estos contextos. En cambio, plantean la potencia de estudiar las múltiples capas y orientaciones presentes en las estructuraciones de las políticas públicas y programas aplicados en el ámbito de la justicia penal juvenil, y en las acciones que despliegan los trabajadores de las burocracias encargadas de llevarlas a cabo, ya que permiten producir desplazamientos que dislocan argumentaciones sostenidas en el efecto “institución total” (Goffman, 1981) como principio explicativo de las prácticas en estos contextos.^[13]

Recuperando parte de estas orientaciones, en este trabajo intento enlazarlas a una serie de esfuerzos destinados a conceptualizar aquellos trabajos que se vinculan a la “cuestión social” (Castel, 1997), a la producción de cuidado, protección, educación, gobierno de los otros (Dubet, 2006; Merhy, 2016; Pereyra y Esquivel, 2017). Procuro entenderlos como conjuntos de actividades sostenidas en saberes profesionales, pero también en idoneidades y destrezas (Zapata, 2004; Ciordia, 2011; Gentile, 2011; Perelmiter, 2011, 2018; Bermúdez Peña, 2015; Barna y Gallardo, 2017) que participan en la socialización de los individuos, persiguiendo como objetivo accionar directamente en sus conductas, sentimientos, valores y representaciones. El trabajo en el ámbito de las políticas sociales no reviste, entonces, el mero carácter de “respuesta”, sino que se vincula a procesos de construcción y modulación social (Danani, 1996).

Se trata, además, de procesos de trabajo que son realizados –mayoritariamente– bajo formas de contratación estatal. Es decir, se trata de trabajadores que ejercen una función pública (Lispky, 1990; Bermúdez Peña, 2015) y que, a partir del contacto cotidiano y directo con los ciudadanos, experimentan vivencias en torno a la ineficiencia estatal en términos de “dramas personales” (Bourdieu, 1999; Bialakowsky et al, 2003; Diana Menéndez, 2009; Abad y Cantarelli, 2010; Beliera, 2014).

En este sentido, la cotidianeidad del trabajo en los sectores públicos se encuentra mediada por el hecho de que la tarea ejecutada impacta en la “vida de la gente”, en la productividad política de la “experiencia de la estatidad” (Diana Menéndez, 2009; Beliera, 2014) y en la posibilidad de polemizar acerca del sentido de las políticas públicas (Gindin, 2008). Por ello, resulta fundamental poder indagar en los espacios donde se desarrollan estas experiencias de trabajo, en aquellos en los que los trabajadores construyen como instancias de organización colectiva y en las relaciones que allí se expresan (Diana Menéndez, 2008, 2009, 2017; Duhalde, 2009, 2010; Lazar, 2019).

Siguiendo estas coordenadas, esta investigación muestra las potencialidades de los estudios etnográficos para comprender las historias y trayectorias de las burocracias locales asociadas al gobierno de los adolescentes atravesados por el campo penal, a partir de reponer sus experiencias de trabajo y vida cotidiana; a la par que examinar las formas en que las políticas inscriptas en grandes enfoques internacionales se construyen en contextos particulares.

Las dimensiones de análisis que recoge pueden desagregarse en una serie de ejes. En primer lugar, estudio la incidencia de las trayectorias previas de los sujetos que desempeñan funciones de acompañamiento en sus experiencias de trabajo en los dispositivos de encierro para jóvenes varones de la ciudad de Rosario. Asimismo, describo las relaciones que se producen entre los trabajadores que se desenvuelven como acompañantes, otros trabajadores que cumplen funciones y realizan tareas diferentes, y los jóvenes atravesados por el campo penal que habitan los dispositivos de encierro. A la par, repongo los procesos organizativos que los trabajadores han construido, haciendo eje en su representación sindical y en los desplazamientos de sus reivindicaciones a lo largo del tiempo. Además, indago en los efectos que tienen los procesos de tensión, acuerdo y conflictividad en los espacios de trabajo, centrándome en las experiencias de sufrimiento y malestar laboral. Finalmente, reconstruyo parte de las mutaciones y continuidades que han atravesado sus experiencias de trabajo en el escenario de pandemia y pospandemia.

I. Antecedentes con los que dialoga esta investigación

Esta pesquisa busca producir encuentros entre la antropología política y jurídica y la antropología del trabajo. Por ello, las investigaciones con las cuales dialoga se despliegan en un abanico heterogéneo. Si bien, a los fines de una mayor posibilidad de discusión, varias de ellas son retomadas en el desarrollo de cada capítulo, abordaré aquí las que han resultado más significativas en el proceso de discusión, imaginación y elaboración de las líneas que sigue esta investigación. A tal fin, he decidido agruparlas en tres ejes: aquellas que analizan el tratamiento punitivo a infancias y adolescencias; aquellas que versan sobre los espacios institucionales destinados a tales poblaciones y aquellas que nutren los estudios en torno a las burocracias estatales y sus trabajadores.

Sobre el tratamiento punitivo a infancias y adolescencias

El estudio del surgimiento de las intervenciones sobre las infancias y adolescencias cuenta con un número de investigaciones clásicas a nivel internacional, entre las cuales se encuentran como antecedentes ineludibles los trabajos de Gaetano de Leo (1985), Nikolas Rose (1999), Anthony Platt (2006) y Jacques Donzelot (2008). Aunque pertenecen a contextos institucionales muy diferentes y a tiempos históricos disímiles al actual, abonan a los procesos que busco examinar en esta investigación, ya que establecen modos particulares en los cuales se han definido y clasificado a las infancias y a las adolescencias, a partir de los cuales se han diseñado formas de gestión e intervención sobre ellas. En este sentido, constituyen antecedentes que aportan a la comprensión del procesamiento sociocultural de las edades y de los castigos.

Jacques Donzelot (2008) reconstruye los inicios de la intervención del Estado francés sobre una población estadísticamente definida como “infancia”, mediante el despliegue de “políticas de gobierno de la vida”, a partir de una normatividad científicamente legitimada y del desenvolvimiento de un repertorio triple de formaciones discursivas: el polo de la medicina doméstica, el polo de la filantropía y el de la acción tutelar; que se conformarán luego como disciplinas: trabajo social, psicopedagogía, psiquiatría infantil, derecho de familia. En este entramado, los tribunales de menores constituirán una pieza central del complejo tutelar, orientados a la producción y gestión de la “infancia inadaptada”, a partir de la construcción de dos categorías: la “infancia en peligro” y la “infancia peligrosa”.

Respecto a la matriz británica, Nikolas Rose (1999) sitúa en el siglo XIX a la preocupación en torno a los “niños peligrosos”, la cual se desprendía de una “topografía moral” de los espacios urbanos, construida a través de nuevas formas de organización policial y de la recopilación de datos estadísticos. Estos desarrollos situaban al origen de los problemas sociales en la decadencia moral, la cual se acentuaba en la niñez y trazaba un destino irrevocable hacia el vicio y la delincuencia. Ante estas problemáticas, las respuestas abarcaban desde la ampliación del aparato pedagógico, creando escuelas para indigentes e instituciones de formación moral, al diseño de “escuelas reformatorio” para niños que hubieran delinquido y que se encontraran alojados en penitenciarías destinadas a adultos.

Por su parte, Anthony Platt (2006) vincula la creación de los primeros tribunales de menores y reformatorios de Illinois, Estados Unidos, entre finales de la década de 1890 y principios de la de 1900, al movimiento de “los salvadores del niño”, conformado por un grupo de reformadoras feministas que propusieron un tratamiento diferencial de la minoridad. Si bien, discursivamente, este movimiento se valió del argumento de la defensa de principios que pretendían garantizar la protección de los menores ante el carácter ominoso del sistema penal de adultos, en la práctica promulgó un tratamiento diferencial que implicó la homologación de los niños infractores con aquellos en situación de abandono, así como el despojo de las garantías constitucionales, que pasaron a ser patrimonio de la justicia de adultos.

Gaetano de Leo (1985) explora las paradojas que componen a las instituciones encargadas de administrar justicia hacia las poblaciones juveniles en Italia, estableciendo que la organización social de la pena no solo da cuenta de las respuestas institucionales ante la criminalidad, sino también de la forma en la que esta es producida y procesada socioculturalmente. Desde su perspectiva, la “cárcel de menores” es presentada como una institución malvada, violenta y disfuncional, cuya denuncia opera como rito de autopurificación para el conjunto social. Además, este autor reconstruye contrapuntos interesantes en torno a las visiones sobre los fines institucionales que expresan los operadores de justicia, estableciendo que existen diferentes perspectivas: algunas vinculadas a la protección tutelar y otras a la defensa social.

Centrándonos en el contexto nacional, existen numerosas pesquisas que abordan el origen de las políticas destinadas a niñas, niños y jóvenes, su relación con el campo penal y su devenir hasta la actualidad. Entre ellas, son referencia obligada los trabajos sociológicos de Silvia Guemureman y Alcira Daroqui (1999), quienes analizan la trama sociojurídica de protección y control de las infancias pobres en los últimos decenios. Tomando a la “cadena punitiva” como eje de análisis de la administración de castigos, las autoras relevan la continuidad de mecanismos propios de aquello que Michel Foucault (2008) caracterizó como “sociedades disciplinarias” en el presente (Daroqui, López y García, 2012; Guemureman, 2015).

Otros estudios, mayoritariamente vinculados al campo de la antropología política y jurídica, postulan la superposición de racionalidades diversas en los dispositivos de gobierno destinados a las poblaciones infanto juveniles (Miguez y González, 2003; Villalta, 2004; Barna, 2009). Entre ellos, destaco las elaboraciones de Carla Villalta (2004, 2010b, 2013), quien indaga en las categorías que sustentan a la justicia de menores en Argentina, resaltando la necesidad de observar no solo las normas, sino las prácticas institucionales concretas. Además, encuentro particularmente enriquecedor el trabajo de Florencia Graziano (2017), quien pone el foco en la descripción de las rutinas y prácticas de las delegadas inspectoras de la secretaría tutelar de un juzgado de menores en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de considerar las interacciones cotidianas entre las delegadas, los jóvenes y sus familias, la autora logra reponer el proceso de producción de las formas de administración judicial en su relación con valores y juicios morales múltiples y heterogéneos.

Recuperando la necesidad de construir abordajes situados que examinen en su especificidad la relación entre los marcos internacionales, las orientaciones nacionales y las reelaboraciones locales, cabe mencionar que buena parte de las investigaciones corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a localidades bonaerenses, siendo contados –pero valiosos– los aportes de aquellas pesquisas que analizan a la justicia penal juvenil en otros contextos. En este sentido, un antecedente invaluable es la tesis doctoral de Daniela Polola (2011) quien, desde la antropología jurídica, examina la conformación de la justicia penal juvenil santafesina desde sus orígenes hasta el año 2009, analizando las reconfiguraciones del mapa institucional de la minoridad. Este trabajo resulta indispensable para comprender orientaciones, desplazamientos, interrupciones y disputas en la tematización de este campo y en el desarrollo de políticas públicas provinciales y locales. ^[14]

Finalmente, cabe mencionar que analizar la conformación del campo penal juvenil supone indagar las formas en que se construyen y tematizan las trayectorias delictivas de los jóvenes varones de sectores populares urbanos, aspecto que es reconstruido en diversas investigaciones que ponderan las múltiples vinculaciones entre legalidad e ilegalidad en sus vidas cotidianas, asociadas a signos de época más vastos (Kessler, 2004, 2013; Miguez, 2008, 2010; Tonkonoff, 2012; Vitallier, 2012; Cozzi, 2018; Medina, 2018).

Un tópico de interés, presente en parte de estas indagaciones, remite a los sentidos que se expresan en las políticas públicas que dan forma al atravesamiento del sistema penal sobre la vida de los adolescentes.^[15] Al respecto, considero sustanciales los aportes de tres autores. Federico Medina (2018) se sumerge en los escenarios en los que se procesa la conflictividad socio-penal juvenil en Santiago del Estero, trayendo a superficie la malla de actores que –a partir de disputas, transacciones, construcciones de legitimidad y producción de fronteras– dan forma al “campo penal juvenil”, idea que resulta nodal para este trabajo.^[16] Las investigaciones de Marina Medan (2013, 2014, 2019, 2024) son particularmente sugestivas, ya que enfatizan la porosidad histórica entre políticas sociales y penales que toman a la población juvenil como destinataria, dando lugar a manifestaciones estatales diversas: en ciertas ocasiones represivas, en otras, protectivas. Además, sus trabajos recuperan los posibles escenarios de disputa entre operadores y destinatarios de los programas, mostrando que existen intercesiones, negociaciones y conflictos, que brindan textura a la labor en estas áreas. Asimismo, el trabajo de María Inés Mancini (2015) otorga un lugar relevante a las relaciones que se producen localmente entre los trabajadores de estos programas y los jóvenes, emergiendo asuntos tales como la confianza, el control, la criminalización, el temor, el trabajo, la muerte, la dependencia, en tanto problemáticas ligadas a la tarea de gestionar programas vinculados a los jóvenes atravesados por el campo penal.

Sobre los espacios institucionales

Entre los estudios con los que dialoga esta investigación se encuentran también aquellos que pesquisan las dinámicas institucionales propias de los espacios de alojamiento para los adolescentes atravesados por el campo penal juvenil. En este punto, los trabajos de Erving Goffman (1981) constituyen un antecedente esencial. Pese a que este autor no explora específicamente los dispositivos penales juveniles, los efectos de sus categorizaciones tienen un peso gravitacional en los estudios abocados a las instituciones de encierro, entendidas como “instituciones totales” en su sentido típico-ideal. Estas son definidas como establecimientos sociales que se destacan por sus tendencias absorbentes y por los obstáculos impuestos a la interacción entre las personas alojadas allí y quienes se encuentran en el exterior, por su organización a partir de una autoridad única y jerárquica, y por una vida cotidiana estructurada mediante actividades diarias estrictamente programadas.^[17]

En buena medida, la inspiración de estos desarrollos ha sido retomada para caracterizar a las instituciones penales de adultos, así como también a las juveniles. Si bien el análisis de estos espacios será emprendido con posterioridad, me interesa mencionar cómo son leídas, desde estas perspectivas, las prácticas de trabajo en los dispositivos penales juveniles. Algunas investigaciones las conciben en términos de reproducción de las lógicas institucionales de castigo (Laje, 2008; Alfieri y Olmos, 2009; Daroqui, López y Cipriano García, 2012), lo que Ana Laura López (2009) engloba bajo la idea del “amor punitivo”; mientras que otras destacan que se trata de intervenciones cuya misión institucional se reduce a la contención en términos meramente asistenciales (Mateo, 2009). Asimismo, existen análisis que subrayan la falta de teorización y la pluralidad de visiones sobre el cuidado presente en los trabajadores de estos espacios, y el apego a un tratamiento que se afirma en el castigo y el ejercicio de prácticas violentas (Montes Maldonado, 2019).

En el proceso de discutir con estas posiciones, ha producido una marca invaluable para el desenvolvimiento de mis interrogantes la tesis doctoral de Mercedes Rojas Machado (2020), quien analiza los procesos de cuidado y control entre trabajadores de un dispositivo de salud mental en una institución penitenciaria de máxima seguridad. Su estudio resulta una valiosa contribución para interrogar los efectos que los dispositivos imprimen en los cuerpos, espacios y subjetividades de los trabajadores. El diálogo con esta investigación me llevó a explorar los procesos de acomodación, pero también de sufrimiento y malestar que acontecen en la cotidianeidad de vivir y trabajar en un espacio de encierro.

Sobre los trabajadores de las burocracias estatales

Como puede evidenciarse a partir de lo recorrido hasta aquí, si bien los dispositivos de gobierno de las poblaciones juveniles que infringen la ley penal son el foco de un buen número de investigaciones, menos son los estudios que toman como eje de indagación las prácticas de las burocracias estatales encargadas de llevar a cabo intervenciones en dichos espacios.^[18] Al registrar la necesidad de nutrir este campo, esta investigación toma como objeto las experiencias de quienes trabajan en dispositivos juveniles de privación de la libertad.

Por ello, esta pesquisa dialoga también con un conjunto de análisis centrados en las experiencias laborales de los trabajadores vinculados a la esfera de la llamada “cuestión social” (Castel, 1997). El campo de ocupaciones que podrían inscribirse dentro de esta conceptualización es vasto, incluyendo a una serie de trabajos ligados a la producción de cuidado, protección, educación, gobierno de los otros.

Cabe mencionar que, cuando referimos a estas experiencias de trabajo en el contexto argentino nos referimos, particularmente, a modalidades de contratación estatal. Trabajar en el Estado, “ser estatal”, es un espacio conflictivo, en tanto para algunos autores no solo se trata de una adscripción laboral, sino de un lugar de subjetivación que se encuentra en crisis (Abad y Cantarelli, 2010). Como señalan estudios pioneros en el campo de las “burocracias estatales”, las transformaciones en este sector dan cuenta de las pujas y composiciones posibles en el procesamiento de las contradicciones sociales (Oszlak, 1984). En este sentido, a la par que garantizan el acceso a los bienes y servicios públicamente definidos, los trabajadores de las burocracias estatales deben desarrollar cualidades singulares para anticipar situaciones, articular esperas, ponderar concesiones y establecer lógicas de merecimiento (Lipsky, 1980).

En este punto, los trabajos de Agustín Barna (2009, 2014a, 2014b, 2015), quien se centra en los modos contemporáneos de intervención social sobre infancias de sectores subalternos como parte de la producción y reelaboración estatal de los tópicos que orientan las leyes de protección integral de derechos, son especialmente nutritivos en al menos dos sentidos. En primer lugar, debido a que el eje de indagación está puesto en la cotidianeidad de los dispositivos institucionales destinados a la protección de la infancia en gobiernos locales, lo cual invita a resaltar la importancia analítica de la categoría de vida cotidiana como foco privilegiado de los estudios etnográficos. Por el otro, porque repone las trayectorias de los sujetos que componen las burocracias estatales, trazando vinculaciones con sus historias de militancia en el campo de los derechos de las infancias y adolescencias. Una vieja premisa antropológica reza que debemos dominar el arte de balancearnos entre la familiarización de lo extraño y la desnaturalización de lo cotidiano. Al proponer un análisis en el cual estas dimensiones habiten, el trabajo de Barna no solo resuena teóricamente con la propuesta que elaboro en este escrito, sino que –además–la nutre de valiosas reflexiones metodológicas.

Asimismo, son enriquecedores los aportes de Luisina Perelmiter (2011, 2018), quien repone las tramas, orientaciones y prácticas de trabajo que conducen la política asistencial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, mostrando cómo adquieren jerarquía características vinculadas a la territorialidad y a las capacidades afectivas de los agentes, las cuales son tanto atributos morales como “destrezas legítimas”. La autora caracteriza a estas “burocracias plebeyas”^[19] como aquellas que portan cualidades en las que se sintetiza un universo de fricciones entre vocación, mecanismos de dominación estatal y espíritu emancipatorio.

Otros aportes, tales como los desarrollados por los equipos de investigación coordinados por Alberto Bialakowsky (1995, 2000, 2003, 2004), abordan la dimensión del malestar asociado a los procesos de trabajo en diversas instituciones públicas estatales (entre ellas, los institutos penales para adolescentes). Así, señalan que se experimentan situaciones de violencia, ausencia de mecanismos de contención e incapacidad de intervenir sobre los efectos mortíferos de los procesos de exclusión, lo cual configura formas de padecimiento social y subjetivo entre los trabajadores, así como entre los usuarios de los servicios en los que se desempeñan.^[20]

Finalmente, otras pesquisas destacan la particularidad que asume la conflictividad laboral en estos espacios. Anabel Beliera (2015, 2016), en su estudio sobre un hospital neuquino, subraya que la particularidad de los ámbitos estatales de trabajo yace en que son espacios en los que se relacionan múltiples grupos, en el marco de procesos de demandas sectoriales; pero también de una polémica más general por la gestión de las políticas públicas, en la cual los trabajadores elaboran solicitudes de respuesta a un Estado del que también forman parte. A su vez, Nicolás Diana Menéndez (2008, 2009, 2010, 2017) y Santiago Duhalde (2009, 2010) son referentes ineludibles para el estudio de la conflictividad entre los trabajadores estatales, dado que analizan tanto el carácter de la disputa política en estos sectores como los procesos particulares de organización sindical.

En resumen, a partir de los aportes de los antecedentes referidos, esta investigación sostiene una serie de premisas o puntos de partida para abrir el juego. En primer lugar, la de entender que el campo penal juvenil responde a una constitución múltiple y conflictiva de actores e intereses, antes que a una sucesión de paradigmas que expresan conjuntos normativos cerrados y coherentes. Esto implica considerar a los dispositivos estatales como construcciones conformadas por tradiciones diversas e incluso contradictorias que –en numerosas oportunidades– conviven. Asimismo, conviene resaltar que se trata más de advertir las tematizaciones de los problemas sociales y las prácticas a partir de las cuales se procesa el par adolescencias/delitos en espacios situados y momentos concretos, que en trazar apreciaciones derivadas de grandes marcos interpretativos. En este sentido, lo que guía a esta investigación es el interés por conocer cómo se vive y se trabaja en espacios de encierro destinados a jóvenes atravesados por el campo penal. Debido a ello, no parte de paradigmas normativos o de caracterizaciones institucionales para derivar desde allí una apreciación en torno a las experiencias de trabajo en estos ámbitos. Por el contrario, parte de pesquisar las experiencias de los sujetos que integran las burocracias estatales para reponer, a partir de ellas, la descripción de los espacios institucionales, de las relaciones que establecen con los jóvenes, de los preceptos que orientan las prácticas de trabajo, de la construcción de formas organizativas y de los efectos que estas formas de vivir y trabajar producen.

II. Aportes conceptuales que guían esta investigación

Acerca del Estado y las burocracias estatales

Como se desprende de lo recorrido hasta aquí, un primer movimiento conceptual que es necesario realizar consiste en caracterizar a estos trabajos que han sido denominados dentro del espectro de las “burocracias estatales”. Siguiendo a Oscar Oszlak (1984), la burocracia estatal puede entenderse como un “conjunto de organizaciones complejas e interdependientes, cuyo carácter “público” –derivado de los objetivos formales de “interés general” que persiguen y de la autoridad legítima del Estado que invocan sus actos– permite distinguirlas como un sistema diferenciado” (p.281). De allí que, para este autor, las instituciones estatales sean actores políticos que tienden alianzas y disputas en un espacio de lucha en el que participan otros actores. Lejos de cualquier pretensión de automatismo, esta concepción de las burocracias estatales habilita a considerar las posibilidades y limitaciones de los agentes concretos que las encarnan, para producir reconfiguraciones sobre sus prácticas y las racionalidades que las orientan.

De allí se desprende la necesidad de especificar las elaboraciones sobre el concepto de Estado que abonan esta investigación. En este sentido, adscribo a aquellas perspectivas que señalan que es necesario no solo tomar en cuenta los despliegues institucionales o maquínicos de aquello que se presenta como totalidad coherente y coherentizada bajo esta denominación (Abrams, 1988; Gupta, 2015), sino analizar las acciones estatales en sus formas capilares y en sus orientaciones prácticas.

Al respecto, Pierre Bourdieu (2002) señala que es el mismo poder del Estado el que produce e impone las categorías de pensamiento que aplicamos a la realidad social y, dentro de ella, al Estado mismo (p.91). Esto es, tanto a la producción de conceptos para estudiarlo como así también a la de “problemas sociales”. Deviene central, entonces, considerar la producción simbólica del dominio, la cual se encuentra dotada de eficacia.^[21] Por ello, el Estado puede entenderse como un campo de lucha.

Ahora bien, no por ello debe asumirse que el Estado adopta per se la apariencia de una totalidad cerrada, racional y lógica. Los aportes de Lynne Haney (2002, 2010), desde los estudios feministas alineados a la tradición foucaultiana, permiten interrogar su aparente uniformidad; señalando que se trata de un complejo entramado de capas contradictorias de políticas sociales y prácticas institucionales, que se implican mutuamente de manera heterogénea, y que operan en múltiples superficies de acción (Magistris y Litichever, 2013; Medan, 2013).^[22]

Por ello, para la comprensión de las burocracias estatales, no solo debe atenderse a las homogeneidades, sino a las dificultades de articulación, a las fragilidades y a las disputas. Para Carla Villalta (2013), el recupero de la noción de campo para el estudio del Estado, en combinación con el desarrollo de trabajos etnográficos, permite abordar la complejidad de la interacciones entre distintos grupos, organizaciones e individuos que configuran espacios de intervención en torno a diversas áreas de la vida social, demandando y disputando atribuciones, en la puja por la producción material y simbólica de aquello que es construido como un problema que requiere de actuación estatal, en un contexto histórico particular (p.256).^[23] Prestar atención a las prácticas de lucha, así como a las orientaciones y racionalidades en juego, permite poner el foco en las relaciones de condicionamiento que se producen entre los distintos actores y las distintas instancias que forman ese entramado estatal heterogéneo, en el marco de procesos de hegemonía (Vitali, 2020). Desde esta perspectiva, es necesario abogar por miradas que complejicen el análisis de las relaciones de poder, en las cuales el Estado como máquina “generadora de consensos” ceda el lugar y, en cambio, se pongan de relieve los puntos de ruptura y las formas en que las leyes, los preceptos y los procedimientos de esa construcción/ficción se aplican en regiones particulares, trazando un mapa complejo de los campos de fuerza (Roseberry, 2002).

En correspondencia con estas líneas para conceptualizar al Estado, cabe remarcar que es fundamental ponderar las dimensiones culturales y simbólicas de las políticas públicas. Estas no consisten solo en acciones y omisiones, sino en efectos, procesos de producción simbólica, estatutos de legitimidad, tecnologías políticas, formas de gubernamentalidad e instrumentos de poder (Shore, 2010), así como en adecuaciones y/o resistencias que llevan a cabo los sujetos que se encuentran implicados en ellas, en tanto agentes de su implementación o destinatarios de su intervención.

En este sentido, las políticas sociales –como así también las punitivas– no son meras reacciones estatales ante la cuestión social, sino la forma en la cual el Estado construye a la misma (Grassi, 2003). Mariano Perelman (2020) retoma las contribuciones de Benoit De L´Estoile (2015), quien sostiene que la forma en que los problemas públicos se establecen modula acciones con poderosos efectos sobre la vida, por lo cual su constitución puede pensarse como una forma de gubernamentalidad, que produce regulaciones en un campo de relaciones particulares. Entre ellas, el procesamiento sociocultural de las edades y los castigos aparece como una preocupación que vincula la consumación de delitos a determinadas adolescencias, que ha encontrado diferentes modulaciones desde principios del siglo XX, y que adquiera un carácter altisonante en la época actual y en el contexto santafesino, como veremos en el desarrollo de este escrito.

A partir de estas ideas, una observación más debe ser apuntada, ya que resulta necesario convocar otras dimensiones que puedan complejizar el carácter de esas formas de relación que toman centralidad en estos procesos de trabajo. El trabajo de las burocracias estatales a las que vengo refiriendo no solo se lleva a cabo “sobre los otros” (Dubet, 2006), sino que produce y significa activamente formas de alteridad vinculadas a la construcción de los problemas sociales. Dicho de otro modo, en el proceso de trabajo mismo, por el cual las burocracias se construyen como tales, se componen asimismo formas de otredad que serán objetos-sujetos de intervención.

Por ello, en esta investigación aludiremos al procesamiento sociocultural de las edades y los castigos, así como a las sensibilidades legales (Geertz, 1994; Medina, 2018) presentes en el análisis de las políticas públicas y las intervenciones que comportan. Me interesa recuperar, especialmente, aquello que está en los márgenes, en los pliegues, en los espacios no previstos de su puesta en juego, recuperando la propuesta de Estela Grassi (1996). Es desde allí que elijo examinar las experiencias de trabajo y vida cotidiana de quienes se desempeñan como trabajadores de la justicia penal juvenil santafesina, a fin de trascender las visiones apriorísticas que coherentizan sus acciones y omisiones como parte de la implementación acrítica de una razón de gobierno que parecería inyectarse en sus cuerpos, devolviéndonos la imagen de “autómatas de la institución total”.^[24]

Experiencia, trabajo y vida cotidiana

Para poder discutir con las visiones mencionadas previamente, considero importante construir una mirada alternativa, que se acerque a observar el trabajo a partir de las formas de vida, incorporando la noción de experiencia al estudio de las burocracias estatales en los dispositivos penales juveniles.

Siguiendo a Eduardo Menéndez (1990), entender al trabajo como construcción social implica destacar que el mismo constituye la instancia de mediación de gran parte de las relaciones sociales y personales, proceso contradictorio que impone la necesidad de dirigir el abordaje analítico en torno a sus significaciones. Santiago Wallace (1996) manifiesta que el trabajo tiene una dimensión doble. Por una parte, constituye una categoría objetiva explicativa, que refiere al nivel colectivo, donde se articulan las transformaciones generales y la dinámica de la estructura social. Al mismo tiempo, el trabajo convoca una dimensión subjetiva, en donde las transformaciones se expresan de manera singular. Esto permite introducir la categoría de experiencia como vía para poner en el centro no solo al trabajo, sino a la vida (Fernández Álvarez, 2017; Fassin, 2018).

Debemos a Edward Thompson (1979, 1989) la atención minuciosa otorgada a estudiar esta dimensión, que permite analizar la forma en la que lo particular y lo general se hilvanan. Discutiendo con aquellos enfoques en los que la superestructura parecía reflejar a la estructura, así como con las ideas althusserianas en torno a la ideología en términos de falsa conciencia (Thompson, 1991); este autor formuló la categoría de experiencia como mediación entre las presiones determinantes de las relaciones de producción y el proceso histórico de la formación de clase. O, dicho de otro modo, construyó un andamiaje posible para comprender que los sujetos experimentan las relaciones sociales de producción en el marco de procesos culturales, lo cual conlleva a que –en ocasiones– las vivencien como injustas.^[25]

Los momentos en los cuales se experimenta lo injusto ponen en juego economías morales, entendidas como “la producción, el reparto, la circulación y la utilización de las emociones y los valores, las normas y las obligaciones en el espacio social”, en la reformulación thompsoniana que propone Didier Fassin (2018, p.196). Por ello, la noción de experiencia media entre estructura y movimiento de los sujetos, enlaza acción y significación, introduce la dimensión del procesamiento sociocultural de los sentimientos y las emociones, “implica vivir con significado, actuar de acuerdo a valores y tradiciones” (Fernández Álvarez, 2017, p. 86).

En esta línea, fue medular encontrarme con las reelaboraciones de los aportes de Thompson que realiza María Inés Fernández Álvarez (2017) en su estudio sobre las condiciones de posibilidad y las experiencias de las personas que llevaron adelante el proceso de recuperación de una fábrica textil. En su investigación, la dimensión del trabajo se encuentra presente de manera permanente. Pero, en lugar de concebirlo como una esfera escindida –recusada o privilegiada, de acuerdo al enfoque del que se trate– la autora es capaz de comprender las transformaciones en las relaciones de trabajo, a través del punto de vista de los sujetos. En sus relatos, las condiciones de trabajo no se escinden de los momentos de organización de la lucha, la comensalidad o de instancias íntimas. La centralidad otorgada a la categoría de experiencia permite comprenderlos de manera entrelazada, recuperando la idea de que existe un sector de sujetos que “viven de su trabajo” bajo diferentes circunstancias y de diversos modos (Antunes, 2005; Grassi y Danani, 2009; Fernández Álvarez, 2020).

Acercarse, entonces, al mundo del trabajo desde la perspectiva de la vida cotidiana posibilita reponer la dimensión de totalidad en los procesos de producción y reproducción. Nos devuelve así, la posibilidad de mirar las formas de vida, no solo en términos de “trabajar para ganarse la vida”, sino de buscar maneras singulares de habitar el mundo (Millar, 2018; Perelman, 2020): modos de significar, interpretar y actuar arraigados social e históricamente (Grassi y Danani, 2009). Si trabajo y vida no se encuentran escindidos, tampoco lo hacen aquellas dimensiones que esta relación convoca. Mabel Grimberg (2003) establece que,

Como unidad tensa entre acción y simbolización, la experiencia constituye la base de la construcción y el cambio de identificaciones y prácticas sociales, cuya comprensión requiere un contexto conceptual que articule las relaciones entre poder, cuerpo, género, sexualidad, emoción reflexividad, en las distintas áreas de la vida cotidiana, ya que se trata de una activa construcción intersubjetiva, sujeta al mismo tiempo a procesos estructurales históricos (p. 81-82).

Por ello, atender a los modos en que se procesan colectivamente las experiencias en torno a las condiciones de vida arroja luz sobre las emociones, sentimientos y afectos que hacen que el trabajo no sea solo una actividad laboral. Se trata, además, de una forma de ganarse la vida enlazada a las memorias y valores de los sujetos, que articulan políticamente la producción y reproducción de sus existencias en tanto “trabajadores” (Fernández Álvarez, 2020). Esto permite comprender cómo se enhebran tanto la organización colectiva por la defensa de estas formas de trabajo, así como los procesos de sufrimiento y malestar que acontecen cuando esas formas de vida se deshilachan.^[26]

Lo recorrido hasta aquí implica, asimismo, realizar una observación. Situarnos desde este enfoque implica, como mencioné, atender a aquello que se escapa, que se escurre, que se presenta como irregularidad, que punza sin haber sido convocado. Por ello, la indagación de lo no previsto implica rehuir aquellas visiones que postulan a lo social como construcción racional e intencionada de los sujetos. En este sentido, no se trata ni de sujetos pasivos, atrapados en los devenires de una estructura totalizante; ni de sujetos que por mero voluntarismo planifican y producen lo social. Detener la mirada en la escala cotidiana permite conocer sujetos concretos no en términos de individuos, sino debido a que las relaciones que conforman su mundo tienen un carácter histórico y específico (Achilli, 2005).

Estas consideraciones abonan mi interés por pensar las experiencias de los trabajadores de la justicia penal juvenil en tanto “formas de vida”, en las cuales la experiencia de trabajar en el encierro se trama junto a otras (como militar, organizarse, teorizar, sufrir). Así, pueden emerger otro conjunto de elementos para comprender cómo se desenvuelve la vida cotidiana dentro de los espacios de gobierno de las poblaciones juveniles atravesadas por el campo penal. En este sentido, dentro de este campo, los espacios de encierro constituyen territorios sujetos a disputas, a diversas fuerzas, estrategias y afectividades. De esta manera, al examinar las formas de vivir, trabajar –e incluso investigar– en los espacios de encierro, pueden cobrar sitio no solo las orientaciones racionales y las ejecuciones prácticas, sino también las emociones que este escenario suscita. Reponer este aspecto en las experiencias de los sujetos, para “dar textura” a la cárcel “real”, distanciándola de aplanadoras grises y homogeneizantes y de violencias frenéticas en tiempos televisivos es central, ya que, como expresan Mariana Sirimarco y Ana Spivak L´Hoste (2018):

(…) lo emotivo se transforma así en una operación semántica capaz de administrar identidades, memorias, significados, sensibilidades y relaciones sociales. Es decir, en un recurso creativo para la intervención en el juego social y político. Porque si bien se ha pretendido que los discursos sobre las emociones sean la sola expresión de estados interiores, éstas son en realidad –como nos recuerdan Lutz y Abu-Lughod (1990)– la expresión de relaciones que también son de poder. (…) la emoción, cualquiera sea, no es un plus de información que se suma a un relato intelectualmente concebido, sino parte fundante de la estrategia política con que se teje su mensaje (p.12).

Retomar estos enfoques resulta significativo para poder comprender cómo funcionan cotidianamente los espacios de encierro, aspecto que se desdibuja si solo nos centramos en el ejercicio de mecanismos de poder (Rojas Machado, 2020). Elaborar una mirada etnográfica y, a partir de allí, reconstruir las experiencias de trabajo y vida de los sujetos que forman parte de las burocracias locales, permite dar cuenta de las formas en las que vivencian y significan sus compromisos, imperativos morales, preceptos, emociones, transacciones y transgresiones, que inciden en el entramado de prácticas y racionalidades sobre los que se monta –y, en ocasiones, se interpela– el gobierno de las poblaciones juveniles atravesadas por el campo penal.

III. Orientaciones metodológicas

En esta investigación, que se sustenta en la tradición etnográfica en antropología, tomo como referente empírico a un grupo de sujetos que trabajan en la justicia penal juvenil santafesina, en particular en el IRAR/CERPJ. Este instituto, el cual supone una medida de privación de la libertad para los adolescentes procesados y condenados del sur santafesino ha sido objeto de múltiples intervenciones en los últimos años. Como expongo a lo largo de esta pesquisa, el IRAR/CERPJ no solo es un “objeto caliente” (Fernández Álvarez, 2017) de la política local, sino además un espacio en el cual se expresan tensiones, negociaciones, contradicciones que son características de los modos que adquiere el procesamiento sociocultural de las edades y los castigos en la región santafesina. De esta manera, aproximarnos a las experiencias de trabajo en este espacio, puede permitir comprender las formas de implementación local de lineamientos nacionales e internacionales en materia de adolescencias y delitos. Debido a esto, elijo centrarme en las experiencias de los sujetos que atraviesan este espacio laboral, ya que los inicios de su trabajo allí son, en cierta medida, paradigmáticos y desde allí se han extendido a otros dispositivos locales. Sin embargo, no se trata solo de una comprensión de sus procesos de trabajo, ya que suscribo a la imposibilidad de escindir estos de un espectro más amplio de actividades, que no remiten solo al ámbito laboral, sino a las formas de vida.

Reconstruir la trama en la que se inserta este trabajo hace que deba remontarme a un momento de mi formación de grado, en el que me interesé por conocer cómo se trabajaba con adolescentes en contexto de encierro. Al intentar vincularme con esta temática, llamé al Negro, un amigo que se había desempeñado como operador de salud mental en una “cárcel de menores”. Junto a él y a un grupo de entrañables amigos y compañeros, habíamos compartido la experiencia de recorrer las calles, intentando tramar lazos con las personas que vivían y trabajaban allí, varios años antes, en momentos en los que aún me encontraba cursando la educación secundaria. Entre ellas, en algunas ocasiones encontrábamos a adolescentes, de los cuales recuerdo particularmente a Juan, quien en su recorrido relataba algunos destinos en comisarías e institutos.

Corría el año 2010 y, para ese entonces, el Negro ya no trabajaba en esa “cárcel”, pero me facilitó una dirección de correo a la que escribí. A los días, recibí una respuesta firmada de manera colectiva: el “Colectivo de Acompañantes Juveniles” escribía desde el otro lado, comentándome que podía acercarme al “taller de los miércoles” para conocer la institución. Si bien en otros momentos había ingresado a hacer visitas a jóvenes en comisarías, era la primera vez que entraba a aquello que en mi imaginario se erigía como una cárcel. Expectativas, ansiedad y un poco de temor, me invadían al pensar que conocería ese espacio.

Lejos de lo que quizás esperaba hallar, me encontré con un grupo de personas que compartían en gran parte las lecturas, las formaciones y algunas inquietudes políticas que me atravesaban. Ellos vivían de una manera militante el cierre de ese espacio, llevaban a cabo su trabajo incluso considerando que, el hecho de que este prevalezca, podía implicar el cierre de su fuente laboral. Si “el futuro es nuestro por prepotencia del trabajo” (Arlt, 1968), esa prepotencia pretendía conjurar la extinción del trabajo mismo. Dicho de otro modo, trabajaban para garantizar derechos en la cárcel con el horizonte de que esta “no existiera más” como espacio de alojamiento para los jóvenes. Al mismo tiempo, circulaban expresiones de algunos funcionarios, que vinculaban la precariedad de sus formas de contratación al hecho de que era un trabajo temporal, enlazado a la idea de que “la institución total te quema”.

¿Cómo hacer, entonces, de una “deuda social” una “obra científica? O, en palabras un poco menos ambiciosas: ¿cómo perseguir esa preocupación inicial y convertirla, sin dejar que despunte y punce, en un problema de indagación antropológico? Curioso: así como el punctum “roba” la atención, algo del encuentro con esta situación me convocó y, varios años después, quise poder investigarla, postulándome a una beca doctoral del CONICET.^[27] Ese interés, cuyo proceso no se detiene pero adquiere cierta cristalización, se plasma en este escrito.

Como toda investigación etnográfica, este trabajo se funda en un proceso de investigación construido a partir de la experiencia prolongada en el contexto que tomo como referente empírico y de la interacción con quienes lo habitan. Respecto al acceso al campo, a la hora de emprender esta pesquisa emergieron una serie de dificultades con las que no me había topado cuando cursaba la carrera de grado, dado que algunas instancias –otrora abiertas al público previa autorización del ingreso– se encontraban sujetas a mayores restricciones. Por estos motivos, a lo largo de los años en los que desarrollé mi trabajo de campo, y especialmente entre el 2016 y el 2017, observé y participé de otros espacios: reuniones de algunos trabajadores, talleres de formación y discusión de las prácticas (gestados en instancias gremiales y propuestos por otros organismos oficiales), charlas públicas, discusiones de documentos, asambleas, marchas, concentraciones y convocatorias, actividades de puertas abiertas (como las muestras de fin de año), entre otras. Posteriormente, durante los años 2018 y 2019 pude asistir semanalmente a la institución, a partir de mi participación en un espacio de voluntariado universitario construido a instancias del Centro de Investigación y Desarrollo Social (CEIDES), de la Universidad Nacional de Rosario, lo cual conllevó una transformación en mi rol, al ser –además de investigadora– tallerista. Esta forma de acceso al campo, interrumpida durante el período de pandemia por COVID-19, implicó que me abocara a observar algunas instancias de carácter virtual, acompañando este trabajo con la realización de entrevistas, hasta inicios del año 2023. Además, para la elaboración de esta investigación retomé el conjunto de entrevistas, observaciones y notas de mi diario de campo correspondientes al año 2010, que me permitieron reconstruir ciertos procesos en clave histórica.

Respecto a las técnicas utilizadas para llevar a cabo el trabajo de campo, la observación participante constituyó una herramienta imprescindible para poder reparar en aquellos procesos que, por lo general, aparecen como “no documentados”, esas instancias de la vida cotidiana que se nos figuran “obvias” por su familiaridad o informalidad (Rockwell, 2009). La observación participante me permitió registrar prácticas de trabajo diarias al interior de los espacios institucionales de la justicia penal juvenil santafesina: rutinas, disposiciones espaciales y corporales, formas de interacción con los adolescentes y con otros actores que se desempeñan allí, usos y costumbres del espacio carcelario. Adicionalmente, pude observar una pequeña serie de eventos (dos viajes, presentaciones en encuentros literarios, una marcha, entre otros), que pusieron en juego formas de relación por fuera del espacio intramuros. Por otra parte, también formaron parte de las instancias de observación otros espacios en los cuales los sujetos se congregaban en función de su pertenencia a este universo de trabajo: reuniones, asambleas, jornadas de discusión, en donde parte de los modos de vivir y trabajar en la justicia penal juvenil se problematizaban, y en donde también se construían lazos y formas de sociabilidad.

Existen diversas maneras de conceptualizar la observación participante desde la disciplina antropológica. Quisiera detenerme aquí en una de ellas, propuesta por Susana Ramírez Hita (2009), para quien esta técnica se define por la implicación del cuerpo del investigador, “entendido como el ‘cuerpo situado en el sentir’ o ‘el cuerpo sintiendo’ que proporciona un nivel de percepción del dato que va mucho más allá de la información que cabe recoger a través de las técnicas de metodología cualitativa” (p.65). Esta insinuación me parece especialmente provocativa para pensar aquello que nos ocurre en contextos de investigación como los espacios de encierro. Considero pertinente ponderar que, en toda etnografía, el investigador es el instrumento de observación. De allí se desprende que la observación no es un acto exterior, visual y auditivo, sino que se trata de una experiencia que se encuentra situada en el cuerpo como totalidad y que produce una serie de afectaciones. Esto, que es válido para cualquier ámbito de investigación, en espacios que involucran el encierro y la ralentización de los cuerpos, es ineludiblemente notorio. Parte de estos trazos han quedado plasmados en mis cuadernos de campo y son reelaborados aquí para aportar al proceso reflexivo que esta investigación convoca.

Por otra parte, otra de las técnicas que utilicé fue la realización de entrevistas a varios trabajadores que desarrollan funciones como acompañantes juveniles, talleristas y profesionales en dispositivos de la justicia penal juvenil santafesina. Estas ocurrieron, mayoritariamente, en espacios por fuera del ámbito laboral, sobre todo en la intimidad de sus hogares. Otras tomaron sitio en locales gremiales o de espacios de militancia, y en ciertos bares de la ciudad, imprescindibles debido a su tranquilidad. Algunas de ellas, incluso, fueron realizadas en el hogar donde vivo. Las entrevistas permitieron, en muchas ocasiones, retornar a situaciones observadas en el campo, que eran ampliadas, analizadas e incluso cuestionadas por los sujetos. También habilitaron a hablar de temas a los cuales resultaba conflictivo aludir en los lugares de trabajo. En los casos en los cuales pude entrevistar a directivos o funcionarios, tuvieron otro carácter, vinculado a su realización en espacios formales ligados a su rol dentro de la estructura de la justicia penal santafesina.

Adicionalmente, he intentado recuperar el valor de ciertos registros que no habían sido formulados en situaciones de observación o entrevista. Me refiero con esto a desgrabaciones de las actividades públicas realizadas (conferencias, paneles), apuntes de las reuniones llevadas a cabo al interior de equipos de los que formé parte, preguntas que guiaron reflexiones grupales en torno a las problemáticas que buscábamos analizar, y registros de conversaciones casuales, llamados telefónicos, charlas en los colectivos, en la puerta del instituto o camino a una actividad, entre otros.^[28]

Por otra parte, me he abocado al trabajo con diversas fuentes, entre ellas documentos escritos y gráficos, producidos por los trabajadores de la justicia penal juvenil santafesina: comunicados, panfletos, volantes y flyers, entradas en blogs y redes sociales, entre otros. También he relevado diversos artículos vinculados a los medios de prensa de la ciudad.^[29]

Asimismo, a fin de contextualizar y triangular los registros de primera mano y las fuentes primarias, incorporo el análisis de fuentes secundarias. Entre ellas, documentos públicos producidos en las áreas vinculadas a la problemática: leyes nacionales y provinciales y proyectos de modificación de las mismas, proyectos institucionales, resoluciones internas, documentos programáticos, perfiles laborales y llamados a concursos, registros taquigráficos de audiencias públicas. También he trabajado con el análisis de datos estadísticos producidos por organismos públicos, entre ellos el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Debo decir que, durante todos estos años, me encontré con buena parte de los trabajadores por fuera de las instancias previstas por la investigación: en eventos culturales, en movilizaciones públicas, en actividades de discusión, e inclusive en el cursado de seminarios de posgrado. Como puede intuirse, esto no es un hecho azaroso. Provengo de una disciplina en la cual la cercanía con el objeto de estudio arroja siempre como observación la necesidad de problematizarla, quizás aún más que la de examinar la distancia. A causa de esto, la tensión que mencionaba anteriormente –y que punzó en mí—, se enlaza a un aspecto que debo poner en debate: el carácter de pretendida separación, de pureza, de posición impoluta que mantenemos los investigadores hacia algunos espacios y sujetos. Compartimos cercanías teóricas, ideológicas, de posicionamiento y buena parte de las orientaciones que sostienen estos actores en su tarea. Sin embargo, a la hora de analizarlos, la distancia se ensancha, y no siempre por solidez analítica. Quizás por el esfuerzo de distinguirnos, alumbramos imágenes maniqueas, a sabiendas que cualquier interrogación que nos punce genuinamente es también una profanación que conmueve nuestros propios supuestos (Fonseca y Cardarello, 2005). Se proyecta entonces el efecto aplanador que, en ocasiones, tiene la cárcel. Hablamos de paisajes grises, reproductivistas, con lógicas institucionales maquínicas; de imágenes entre humanas y monstruosas que, por momentos, engullen a los sujetos o toman su cuerpo. Mi apuesta intenta trascender estas dicotomías. Romperlas, agrietarlas, dislocarlas, para pensar de otro modo. Con el rigor que una investigación en ciencias sociales implica: no renunciar a indagar lo que, apriorísticamente, parece cercano; interrogar lo que maldecimos tanto como aquello que nos fascina.

IV. Trayectos de lectura

Los diferentes capítulos que componen esta investigación expresan las distintas dimensiones de análisis que he identificado en el desarrollo de esta investigación, a partir de las cuales fue posible construir una serie de núcleos que buscan reponer y ordenar los procesos abordados.

En el Capítulo 1, Del procesamiento sociocultural de las edades y los castigos, presento una breve historización de las políticas punitivas que han tomado como objeto a las infancias y adolescencias en nuestro país. Abordo la incorporación y reelaboración del enfoque de derechos a las normativas nacionales, así como su incidencia en los marcos normativos provinciales. Focalizándome en el contexto santafesino, deslizo algunas claves que permiten interpretar el procesamiento sociocultural de las edades y los castigos presente en estas legislaciones, así como en los análisis que los trabajadores elaboran sobre las relaciones entre protección y punición en el campo penal juvenil.

En el Capítulo 2, “Polvaredas mediáticas” y “oleadas progresistas”: una mirada local a las experiencias de trabajo con adolescentes atravesados por el campo penal juvenil, reconstruyo el proceso de creación, intervención y reconfiguración de uno de los principales espacios abocados al gobierno de los adolescentes punibles en Santa Fe. Desde allí, analizo la incorporación de los primeros acompañantes juveniles a dicho ámbito, en el año 2008. Describo sus trayectorias de trabajo y militancia previas y su incidencia en los modos iniciales de vinculación con el trabajo en esta institución. Caracterizo los espacios, rutinas y formas de trabajo; así como de las sensaciones que el contacto con el encierro produce. Asimismo, recupero una serie de categorías que los sujetos construyen para reflexionar sobre la tarea de “acompañar en el encierro”, así como para disputar el sentido de sus intervenciones.

En el Capítulo 3, Fogueados y formados: del trabajo militante a la militancia por el trabajo. Procesos organizativos y fragmentaciones, analizo los sentidos que los trabajadores construyen acerca de su trabajo en términos de interpelación sobre el significado de las políticas públicas vinculadas a los jóvenes atravesados por el campo penal, así como las formas organizativas y los procesos de representación gremial en los que se inscriben. Me detengo en la noción de “trabajo militante” como forma de significación de la experiencia de “acompañar en el encierro”. Además, describo las instancias de discusión y organización que han elaborado los trabajadores, examinando el proceso de incorporación del colectivo de trabajadores a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Examino los ensambles que se producen entre la disputa por los derechos laborales de los acompañantes y los reclamos en torno a las políticas públicas vinculadas a los jóvenes atravesados por el campo penal. Finalmente, repongo ciertas mutaciones en los procesos de trabajo que inciden en sus formas de organización colectiva.

En el Capítulo 4, Los reversos del fuego: experiencias de sufrimiento y malestar entre los trabajadores, abordo los procesos de sufrimiento y malestar que atraviesan los sujetos, para reconstruir a partir de ellos un repertorio posible de sentidos que den cuenta de cómo vivencian el trabajo en contextos de encierro. Reconstruyo la experiencia de convivir con duelos por las muertes de los jóvenes que transitan por el instituto, los eventos trágicos que ocurren allí, así como el entramado de dolores cotidianos que agrietan las tramas vitales de los sujetos, y las formas que ensayan para darles respuesta.

A partir de estas coordenadas, repongo la categoría de “lógica institucional”, como forma que mixtura conflictivamente prácticas punitivas y de cuidado, a la cual, en ocasiones, ubican como motivo de una serie de malestares que inciden en su salud mental.

En la Coda, Los “otros esenciales”. Experiencias de trabajadores del campo penal juvenil durante la pandemia y bosquejos de la pospandemia, describo algunas dimensiones vinculadas a las experiencias de los trabajadores en el período 2020-2022. Retomo ciertos enunciados que construyeron durante este momento para visibilizar sus prácticas de trabajo, en el contexto del debate por aquellas actividades que eran consideradas esenciales. Recupero, a partir de allí, aspectos vinculados a discutir sobre las condiciones de encierro para los jóvenes atravesados por el campo penal y sobre la esencialidad como categoría política por parte de los trabajadores y sus instancias de representación.

En las Reflexiones finales hilvano los hallazgos de cada capítulo, para presentar a partir de ellos el aporte general de la pesquisa al campo de estudios de las burocracias estatales y de los dispositivos penales juveniles, así como a discusiones públicas vinculadas a estas aristas. Además, retomo aportes metodológicos emergentes del proceso de investigación y resonancias que permiten construir interrogantes para investigaciones futuras.

V. Apuntes para leer esta investigación

Para recorrer el trayecto de lectura propuesto, caben una serie de precisiones en torno a la redacción. A lo largo de este escrito, utilizo comillas dobles para referir a conceptos y citas provenientes de los textos académicos que acompañan las ideas contenidas aquí. Asimismo, utilizo cursivas y comillas cuando retomo expresiones referidas por los sujetos en el campo; y reservo las cursivas simples para palabras en idioma extranjero. Respecto al uso de lenguaje inclusivo, durante la escritura de esta investigación he bosquejado diversas formas que posibilitaran un uso no sexista del lenguaje. Sin embargo, he decidido no utilizar la “e” en este escrito. Podría referir a que esto se debe a intentar no entorpecer la lectura, pero lo cierto es que también se debe a mi falta de costumbre a la hora de aplicarlo. Pese a esto, he intentado utilizar expresiones que no excluyan, si bien es necesario señalar que en numerosos momentos aludo a los trabajadores, cuando debería tratarse de las/os trabajadoras/es. Esto se debe a una ligera proporción mayor de varones autopercibidos en este colectivo, ante la cual he decidido pluralizar el masculino en lugar de añadir artículos o términos (como “personas que trabajan en la justicia penal juvenil”), como forma de no agregar términos a la lectura de un texto extenso. “Los adolescentes” se encuentran mencionados de esta manera, no debido a un intento de invisibilización de las jóvenes atravesadas por el campo penal, sino al hecho de que la segmentación sexogenérica prima como criterio divisorio en el campo penal juvenil, por lo cual se construyen trayectos diferenciados para varones y mujeres en relación a los espacios donde cumplimentar las medidas estipuladas por el poder judicial.