Una mirada local a las experiencias de trabajo con adolescentes atravesados por el campo penal juvenil

Fue y es difícil convivir con una lógica represiva (física, simbólica, institucional) ya que, en un lugar cerrado, es un juego de suma cero. Lo que gana la presencia se pierde con la ausencia. Y lo que avanza en la ausencia es la oscuridad, la institución total que todo lo controla: la ansiedad, el aburrimiento, el consumo del tiempo y de la vida. Nosotros introdujimos preguntas en un lugar que ya tenía todo resuelto con respuestas antiguas, extemporáneas, basadas en la fuerza, que no entiende razones ni emociones (Colectivo de Acompañantes Juveniles, 18/08/2010).

Mi embrollo proviene de que una alfombra está hecha de tantos hilos que no puedo resignarme a seguir un único hilo; mi enredo viene de que un relato está hecho de muchos relatos. Y no puedo contarlos todos (Lispector, 2015, p.163).

En este capítulo recupero las experiencias de algunos de los trabajadores de la justicia penal juvenil santafesina para reconstruir el proceso de creación, intervención y modificación en las orientaciones de trabajo de uno de los principales institutos abocados al gobierno de los jóvenes atravesados por el campo penal en esta provincia. Además, repongo la incidencia de sus trayectorias previas, vinculadas a la participación en organizaciones de la sociedad civil, en las formas de ingreso a este espacio y describo las formas de significación que otorgan a la tarea de “acompañar en el encierro”, así como a sus primeros procesos de organización colectiva.

Para ello, en primer lugar, presento una sistematización de los datos construidos por organismos públicos en torno a la situación de los dispositivos penales juveniles de nuestro país, haciendo eje en aquellos pertenecientes a la provincia de Santa Fe. A partir de allí, brindo ciertas orientaciones para comprender el funcionamiento de uno de los espacios de encierro para adolescentes atravesados por el campo penal, situado en la ciudad de Rosario: el IRAR/CERPJ.

En segundo lugar, analizo la creación del IRAR/CERPJ y su proceso de adecuación a la adaptación local de paradigmas internacionales en materia de derechos de infancias y adolescencias, e indago la forma en que este proceso intentó responder a conflictividades en el ámbito de las instituciones de encierro para jóvenes y a un conjunto de disputas en los campos del control del delito y de los derechos humanos en la provincia. Además, repongo la dimensión del encierro carcelario como experiencia, a partir de la forma en que los trabajadores rememoran sus primeras impresiones sobre el instituto.

En tercer lugar, retomo las experiencias de algunos trabajadores, en particular de los acompañantes juveniles, ya que son quienes aparecen como figuras encargadas de llevar a cabo la implementación del reordenamiento institucional. Describo sus trayectorias laborales y de militancia previas, y su incidencia en las primeras formas de vincularse con el trabajo en una institución de encierro.

En cuarto lugar, abordo ciertos núcleos de sentido que van construyendo sobre la tarea de “acompañar en el encierro”. Analizo las significaciones de la “lógica convivencial” como encuadre de sus prácticas, en tensión con la “lógica anterior”, vinculada al gobierno del SP. Además, repongo el proceso de construcción del Colectivo de Acompañantes Juveniles entre las primeras camadas de ellos, a partir del “trabajo por el cierre” del instituto de máxima seguridad, como modo de identificación en y por el trabajo en disputa.

I. Radiografía de los dispositivos penales juveniles en Santa Fe

Como señalamos en el capítulo precedente, la ligazón entre juventud, pobreza, violencias y delito es tanto foco de afán analítico como eje de intereses puestos en juego en marcos normativos y políticas públicas. Además, se trata de un tópico altisonante en las demandas de ciertos sectores de la sociedad civil, a partir de las cuales se concatena con discusiones en torno al problema de la “inseguridad”, vinculada al delito callejero (Sozzo, 2011) y a las tramas ligadas a la narcocriminalidad, en momentos más recientes en la ciudad de Rosario.

Si centramos nuestra atención en la información estadística disponible de acuerdo al informe conjunto realizado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y UNICEF,^[1] para el período comprendido entre los años 2020 y 2021, 2221 adolescentes (hasta 17 años inclusive) habían infringido la ley penal y se encontraban alojados/as en establecimientos o incluidos/as en medidas territoriales del sistema penal juvenil en Argentina. Estas cifras representan menos del 0,1% de la población de adolescentes de 14 a 17 años del país. Casi un 90% de estos adolescentes tienen entre 16 y 17 años. Además de ellos/as, en los dispositivos penales juveniles se encuentran 2720 adolescentes que, si bien han cumplido 18 años, continúan incluidos en el sistema penal juvenil por delitos cometidos antes de cumplida la mayoría de edad. En conjunto, el total de adolescentes atravesados por la acción de dispositivos penales juveniles es de 5104.^[2] El 94,8% son varones que han cometido delitos contra la propiedad (56,7%),^[3] y, en menor medida, delitos contra las personas (14,6%),^[4] delitos contra la integridad sexual (4,9%),^[5] delitos contra la administración pública (3,6%),^[6] delitos contra la libertad (2%),^[7] delitos contra la salud pública (1,6%),^[8] delitos contra la seguridad pública (1,5%),^[9] infracciones al código de faltas y contravenciones (0,7%) y delitos contra el orden público (0,2%). En un 13% de las detenciones, no se hallaron datos que pudieran indicar el presunto delito por el cual se ingresó al sistema penal (SENAF y UNICEF, 2021).

Respecto a la modalidad de intervención por la que se ven alcanzados, el 80,1% se encuentran incluidos en medidas penales ambulatorias, el 2,4% en establecimientos de restricción de la libertad y el 17,5% bajo una medida de privación de la libertad, siendo un total aproximado de 895 personas quienes cumplimentan estas últimas medidas.^[10]

En Argentina se contabilizan 178 dispositivos penales juveniles, que pueden desagregarse de acuerdo al carácter de las medidas que aplican. Así, 77 dispositivos corresponden a medidas penales en territorio (42%), 28 a restricción de la libertad o establecimientos semiabiertos (16%), 58 a privación de la libertad (33%), 7 a establecimientos especializados de aprehensión (4%) y 8 a equipos especializados de guardia en dependencias policiales (4%) (SENAF y UNICEF, 2021). Estos dispositivos son de carácter jurisdiccional, por lo cual corresponde a los gobiernos provinciales y al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires su organización y gestión. Debido a ello –si bien todos se encuentran regidos por marcos normativos que no pueden contradecir a la ya paradójica situación vigente a nivel nacional—, se expresan singularidades en los diversos territorios de nuestro país respecto de la inscripción y modalidades de trabajo en los que se desenvuelven. Mientras que en buena parte de las provincias argentinas estos dispositivos pertenecen a las áreas de Desarrollo Social, se evidencian también situaciones en las cuales la dependencia institucional es mixta, otras en las cuales dependen de las áreas de Seguridad y otras en las que se inscriben en áreas de Justicia y Derechos Humanos.

Esto muestra, quizás, cierta opacidad para leer la realidad de dichos dispositivos en la provincia de Santa Fe, que en el informe de la SENAF y UNICEF (2021) se inscriben como pertenecientes a las áreas de Justicia y Derechos Humanos.^[11] Sin embargo, si bien en esta provincia la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –a partir de la reforma política iniciada en el año 2008, que exploraremos a lo largo de este capítulo–, en los dispositivos de carácter cerrado, que implican la privación de la libertad, el SP responde actualmente a la órbita del Ministerio de Seguridad.^[12]

Examinando con mayor especificidad los datos estadísticos correspondientes a la provincia de Santa Fe, relevados, sistematizados y analizados por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, perteneciente a la Defensoría del Pueblo, y por UNICEF (2019), existen en esta provincia 23 dispositivos de atención a los/as adolescentes procesados o condenados penalmente. Entre ellos, 8 se encuentran en el Nodo Rosario:^[13] 2 de carácter cerrado, la División de Asuntos Juveniles Femeninos (Rosario) y el Centro Especializado de Justicia Penal Juvenil (CERPJ –ex IRAR, también en Rosario)^[14]; uno de carácter semiabierto (ESPA Alvear);^[15] y 5 Programas de Libertad Asistida (Rosario, Casilda, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo). Si bien en dicho relevamiento se contabiliza al ESPA Alvear, este y el espacio análogo que se ubicaba en la ciudad de Venado Tuerto, en el sur santafesino, fueron cerrados en el año 2020. Debido a ello, los destinos actuales para los adolescentes varones sujetos a la justicia penal juvenil en esta región son, o bien los programas de Libertad Asistida (de carácter ambulatorio) o bien el IRAR/CERPJ, de carácter cerrado.

A partir de los datos recabados por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y UNICEF (2019), se constata que los adolescentes atravesados por el sistema penal son en un 97% varones, que cumplimentan en un 66,6% de los casos una medida en instituciones de privación de la libertad. En cuanto a los motivos por los cuales los jóvenes son alcanzados por los dispositivos penales juveniles, se encuentran los delitos contra la propiedad (61%),^[16] los delitos contra las personas (18%),^[17] los delitos contra la seguridad pública (11%),^[18] los delitos contra la libertad (3%)^[19] y los delitos contra la integridad sexual (3%).^[20]

En este informe también se alerta sobre el incremento de las medidas privativas de la libertad, que han tenido un aumento significativo desde el año 2018 dato que se reitera en el informe realizado por la Defensoría en el año 2023. Respecto al IRAR/CERPJ, se menciona que cuenta con 40 plazas de alojamiento y que, para los datos relevados al año 2019, lo atravesaban 164 adolescentes al año, con una estancia promedio de 89 días (Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe – UNICEF, 2019; 2023).^[21]

En cuanto a su construcción como problema de análisis en el campo de las ciencias sociales, la relación entre juventudes, delitos y sistema penal ha sido problematizada desde diferentes enfoques en los últimos treinta años, como he señalado en la introducción de este escrito y en el capítulo precedente.

Ahora bien, al desplazarnos al estudio de los dispositivos del campo penal juvenil, cabe aludir a ciertas posiciones que deseo evitar. Si bien la cárcel “fascina”, atrae la atención de activistas, voluntarios, militantes e investigadores –y sería al menos deshonesto decir que esta pesquisa originalmente no estuvo bajo sus efectos—, la institución en términos totales ha sido bastante más analizada que las experiencias de trabajo que la tienen como escenario local y concreto. Me refiero con esto a que escasean los estudios que indaguen en las intervenciones que despliegan las burocracias a cargo del gobierno de las poblaciones juveniles en situación de encierro punitivo, no en términos totalizantes y maquínicos, sino como experiencias que son vivenciadas, construidas y significadas por los trabajadores. Algunos autores (Fonseca y Cardarello, 2005; Barna, 2009, 2014; Llobet, 2013), discuten la idea de analizar dichas intervenciones “como un efecto más” de la institución total: como parte de un entramado totalizante en el que los trabajadores devienen autómatas de una lógica que se les impone y que adoptan, reproducen y producen. Por el contrario, afirman que en varios de estos ámbitos los agentes sociales elegidos para ejecutar las intervenciones sobre niños, niñas y adolescentes son sujetos críticos y reflexivos, formados en disciplinas similares a la de quien investiga, con trayectorias de participación en organizaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos, y con un compromiso con ellos que trasciende su relación laboral. Como describí en la introducción de este trabajo, mi ingreso al campo se produjo, inicialmente, durante mi formación de grado y, con posterioridad, como tallerista de un programa de voluntariado universitario. En los años transitados allí no solo compartí los momentos propios “del campo” con otros trabajadores de la institución. También los he encontrado en actividades culturales, políticas, recreativas e –incluso– como compañeros en instancias formativas de posgrado. Por ello, adhiero a la advertencia de que, en las investigaciones relativas a determinados ámbitos de los derechos humanos, no resulta sencillo trazar la distinción existente entre quienes nos desempeñamos como investigadores y los sujetos con quienes realizamos nuestro trabajo de campo en relación a ciertas ideas, recorridos y posicionamientos. Esto conlleva la necesidad de rever nuestro papel como antropólogos en esta relación, entendiendo que, en ocasiones, “cualquier análisis de ellos implicaría forzosamente un análisis de nuestros propios valores” (Fonseca y Cardarello, 2005, p.17). Conlleva, además, la exigencia de poder redefinir aquello que entendemos como campo.

En este sentido, elijo centrarme en el concepto de experiencia, en el sentido que le otorga Edward Thompson (1979, 1989), ya que permite no solo atender a los procesos de trabajo sino, esencialmente, a los procesos de vida. Esto es, a los modos en los cuales los actores viven y significan las relaciones sociales de producción, en un proceso activo de asignación de sentidos, representaciones, ideas, sentimientos y emociones que vislumbra sujetos que interpretan lo que viven y actúan en base a ello (Grimberg, 1997 en Fernández Álvarez, 2017).

Actualmente, en el IRAR/CERPJ conviven trabajadores de períodos, formas de ingreso, extracciones profesionales y vinculaciones ministeriales diversas. Se trata de una institución en la cual, a la luz del plan que se diseña en 2008, la dirección es de carácter civil para los trabajadores de la DPJPJ^[22] y del SP^[23] para los oficiales de guardia interna y perimetral. Dicha dirección civil ha sido ocupada en diversos momentos por personal “de carrera” en la DPJPJ y, en otros, por personal “de gestión”, por lo cual se oscila en caracterizarlos como “los directivos” o como “los funcionarios”.^[24]

Los agentes del SP que se encontraban trabajando mientras realicé trabajo de campo eran en su totalidad varones autopercibidos.^[25] La pertenencia de un trabajador al SP puede percibirse a primera vista, ya que visten permanentemente el uniforme gris característico, a diferencia de los otros trabajadores, que visten ropa de calle. Mientras que los trabajadores de otras áreas suelen referirse a esta como “el servicio”, los jóvenes los denominan “empleados”. En cuanto a la forma de organización del trabajo, se dividen entre la guardia externa, perimetral del instituto, y tres guardias internas, que se encuentran apostadas en los sectores.^[26] Las guardias se organizan con una modalidad en la que trabajan 48 horas (2 días) en el instituto, y luego descansan 72 horas (3 días), en los cuales ingresa otra guardia. Entre sus tareas se incluyen garantizar la seguridad externa e interna del instituto, vigilar los sectores, realizar los traslados internos de los jóvenes desde estos a los salones, aulas, oficinas y áreas de visita, acompañar los traslados a tribunales y otros efectores estatales, atender las demandas de los adolescentes y de otros trabajadores de la institución, entre otras. Si bien en numerosas oportunidades se ha enunciado como un aspecto necesario la formación especializada de esta fuerza para el trabajo con adolescentes, esta condición es controvertida.^[27]

Los trabajadores “de carácter civil”, que forman parte del personal de la DPJPJ son administrativos, personal de mantenimiento y ordenanzas,^[28] acompañantes juveniles e integrantes del equipo profesional. Además, en la institución circulan trabajadores de otras áreas ministeriales. Así, el personal de enfermería forma parte de la estructura del Ministerio de Salud.^[29] Por su parte, si bien los talleristas tienen procedencias diversas, aquellos que son trabajadores estatales forman parte –en su mayoría– del Ministerio de Educación, al igual que los docentes de nivel primario y secundario.

Los acompañantes juveniles, trabajadores que ingresan a partir de la reconfiguración institucional del IRAR/CERPJ en 2008, tienen como función la gestión cotidiana de los espacios que habitan los jóvenes, observando que se cumplimenten sus derechos humanos, proponer actividades lúdicas y expresivas, atender a las condiciones y dificultades de alojamiento de los adolescentes, generar nociones de respeto entre ellos, garantizar el acceso a sus comidas y la asistencia a la escuela, acompañarlos en las salidas fuera del instituto y en los espacios de taller dentro de este, articular intervenciones con el equipo de profesionales, entre otras (DPJPJ, 2010). Son, de alguna manera, quienes están encargados de tener el pulso del diario vivir de los jóvenes alojados en la institución y también quienes reciben y entrevistan a aquellos que ingresan al instituto. Como recorreremos a lo largo de este capítulo y los siguientes, el número de trabajadores que llevan a cabo esta función ha variado a lo largo de los años, oscilando entre 30 y 15 personas. Asimismo, concorde a esas fluctuaciones ha variado la composición del mismo en relación al género, si bien puede notarse una leve predominancia de varones autopercibidos.^[30]

Por su parte, el equipo de profesionales ha adquirido diversas conformaciones, incluyendo psicólogos, trabajadores sociales (y estudiantes avanzados de esta carrera), abogados, técnicos en minoridad y familia, entre otros. Durante el tiempo que concurrimos a los espacios de taller, lo integraban 2 trabajadoras sociales, 2 psicólogas, un psicólogo y un abogado, de los cuales 3 se habían desempeñado como acompañantes con anterioridad. Cada integrante del equipo profesional tiene como tareas entrevistar a los jóvenes que se les asignen al ingresar al IRAR/CERPJ –previa entrevista que realiza el acompañante juvenil–, acompañar su trayecto por la institución, comunicarles las normas de código de convivencia, relevar algunos datos personales a fin de contactar a sus familiares y/o referentes comunitarios y, fundamentalmente, trabajar de manera individual con él para recuperar aspectos ligados a su trayectoria vital, que permitan diseñar las características de la medida socioeducativa que cumplirá dentro del instituto.^[31]

Por otro lado, también transitan la institución “actores externos”, fundamentalmente talleristas con pertenencias y situaciones de contratación muy divergentes. Allí funcionan talleres de programas provinciales con trabajadores contratados, grupos independientes y voluntariados de la Universidad Nacional de Rosario, con personas que llevan a cabo los talleres ad honorem, e incluso un taller que depende de un acompañante con funciones de tallerista. Los talleristas conforman un grupo de aproximadamente 25 personas.^[32] Dentro del mismo, quienes sostienen los espacios de voluntariado son, mayoritariamente, mujeres autopercibidas. Mientras que los talleristas de los programas provinciales son, en su mayoría, varones autopercibidos. Los espacios de taller son gestionados por un acompañante juvenil con funciones de facilitador cultural de la institución. La modalidad que siguen presenta ciertas divergencias, pero en líneas generales podemos decir que los talleres de programas provinciales funcionan aproximadamente 6 horas semanales y los voluntariados 2 horas semanales.^[33]

Como mencioné al inicio de este capítulo, aquí reconstruyo el proceso de creación, intervención y posterior reordenamiento institucional del IRAR/CERPJ, retomando parte de las trayectorias de algunos integrantes de estos tres grupos: acompañantes juveniles, profesionales y talleristas. ¿Por qué analizar estos procesos desde una mirada local? ¿Qué utilidad tiene centrarnos en las experiencias de trabajo que allí suceden?

El IRAR/CERPJ, si bien hoy ciertamente algo olvidado, ha sido durante años un “objeto caliente” en el contexto local. Con “objeto caliente” aludo a que se trata de “un caso”, un espacio, una problemática que atrae la atención pública, generando adeptos y detractores, provocando matices particulares en la dinámica del trabajo de campo (Fernández Álvarez, 2017, p.49),^[34] una temática sensible que es reeditada con frecuencia en momentos electorales, a instancias de su posible capitalización en términos de la contienda político partidaria. Se trata de un espacio con momentos de altisonancia en los medios de comunicación, vinculados a los conflictos que allí se suscitaban: desde reclamos laborales a situaciones de violencia institucional. Un lugar al que, a partir de tentativas diversas, se ha intentado templar: garantizar su “enfriamiento”, su gobernabilidad. Pero, además, el carácter “caliente” aparece ligado a otros sentidos en las experiencias de los trabajadores: evitar el “fuego” al interior del instituto, “quemarse” por el trabajo, “foguearse” como modo de adquirir experticia en la tarea, “explotar” ante la pugna entre diferentes líneas que buscan conjurar ese gobierno.

Como enuncia la cita elegida para comenzar este capítulo, esta es una alfombra con muchos hilos, una historia con muchos relatos, posibles de reconstruir solo a partir de instalar preguntas. De acuerdo a lo mencionado previamente, en el año 2008 se produce un reordenamiento institucional del IRAR/CERPJ e ingresan a trabajar allí los acompañantes juveniles. Con posterioridad, se incorporan nuevos profesionales y comienzan a funcionar algunos espacios de taller. Pero, ¿cómo surge el IRAR/CERPJ? ¿Bajo qué modalidades, racionalidades, orientaciones? Ese es el relato que elijo construir para comenzar a desandar los hilos e interrogantes que componen la trama de esta historia.

II. El encierro carcelario y los orígenes del IRAR/CERPJ

En el marco de las tendencias que enunciamos en el capítulo precedente, vinculadas a las demandas de control hacia los jóvenes, varones de sectores populares urbanos, se sanciona el Código Procesal de Menores (Ley Provincial Nro. 11452), en 1996. Si tendemos una mirada más amplia que contemple no solo la situación de los jóvenes menores de 18 años que infringían la ley penal, sino las tasas generales de encarcelamiento, encontramos que –entre 1996 y 2007– se constata su aumento a nivel nacional y en nuestra provincia. Así, para dicho período, se pasa de una tasa de 47 personas presas sobre 100000 habitantes, en 1996, a una tasa de 70 personas presas sobre 100000 habitantes, en 2007, lo que provoca el diagnóstico de “una infraestructura penitenciaria provincial desbordada” por parte de la Dirección del Servicio Penitenciario correspondiente a la administración del gobernador Jorge Obeid (Routier, 2020, p.64).^[35]

En el año 1999, se crea el Instituto para la Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR), a partir de un crédito del Banco Mundial, con la expectativa de ser un instituto de máxima seguridad gestionado por personal civil, que funcionara como espacio de seguridad y rehabilitación de menores punibles, en conflictos de gravedad con la ley penal (Polola, 2011; Abraham, 2011). El IRAR/CERPJ dependía, en sus inicios, de la Dirección Provincial del Menor, la Mujer y la Familia, y se orientaba a recibir a los jóvenes que fueran enviados allí desde los juzgados de menores de Rosario^[36] y Villa Constitución (Polola, 2011, p.125). Su creación constituyó una demanda histórica de estos jueces, dado que debían derivar a menores a celdas en comisarías, lo cual provocaba el reclamo constante de organizaciones de derechos humanos.^[37]

Desde sus orígenes el IRAR/CERPJ no se proponía como una alternativa de alojamiento a los jóvenes, sino como una suerte de emergente contextual y político. Gaetano De Leo (1985), analizando las instituciones penales juveniles italianas, observa que en el esqueleto de estos proyectos se expresan “peticiones paradójicas”, debido a que sus objetivos se encuentran en una contradicción estructural, enmascarándose el aislamiento y el castigo con la idea de reinserción social. Se les pide, entonces, “que funcionen bien, aunque no como una cárcel verdadera” (p. 5). La situación del IRAR/CERPJ no parece tan distante de estas advertencias. En los discursos de algunos funcionarios, los adolescentes que se remitían al instituto eran señalados como “detenidos”, extendiéndose a ellos denominaciones propias del sistema penal de adultos. En los enunciados que sostenían otros, se postulaba que se trataba de un “lugar de rescate”, que combinaba la necesidad de que los adolescentes llevaran a cabo un tratamiento terapéutico con seguridad, a fin de que no se dieran a la fuga; una impronta que mixturaba el correccionalismo como objetivo institucional con una lógica medicalizante y patologizante (Abraham, 2011).

En lo que respecta al personal encargado del instituto, se trataba de operadores entrenados en defensa personal y en la resolución de revueltas o motines. La planta profesional de la institución, por su parte, estaba constituida por psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, médicos clínicos y psiquiatras.

Si bien en los orígenes del instituto el SP solo se encontraba encargado de la seguridad perimetral, en octubre de 2007, a partir de un motín generado por un grupo de jóvenes, comienza a tener presencia en el interior del mismo. En diciembre de dicho año se decreta la intervención del instituto, fortaleciéndose durante 60 días la presencia del SP. A pesar de esto, no cesan las denuncias de los organismos de derechos humanos, en particular de la Coordinadora de Trabajo Carcelario,^[38] sobre las vergonzosas condiciones de alojamiento,^[39] así como tampoco los reclamos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que denuncian pésimos ambientes de trabajo y vinculan el ingreso de los jóvenes al IRAR/CERPJ con la continuidad en el sistema penal de adultos.

Parte del derrotero de las instituciones vinculadas a la justicia de menores es historizado por Jaime, trabajador que ingresó al IRAR/CERPJ en el año 2009. En una de las primeras entrevistas que realizamos, reconstruía fragmentos del mismo, marcando en su relato el contrapunto entre las aspiraciones que definieron al proyecto institucional original y su concreción posterior, vinculada a los hechos de violencia, las construcciones sobre los sujetos jóvenes encerrados y las malas condiciones de alojamiento:

El IRAR nació en el `99, antes los menores estaban alojados en comisarías, que estaba el CAT en calle Dorrego. Y bueno, el CAT era algo terrible… había casos de tortura sistemática. El IRAR, creo yo, que se hace con el fin de darle un alojamiento específico que no sea en una comisaría. El edificio, bueno, es una cárcel /risa irónica/ de entrada, lo que ya define muchísimo. O sea, define el sujeto que está adentro y la manera en la que los que van a ir ahí se relacionan con los que están adentro, lo cual no es menor, porque si en teoría era un proyecto para que no sea una cárcel, ya el edificio… Se robaron casi todo el presupuesto (…) Todos esos problemas y violencia generaron que en el 2007 se muera un chico ahí adentro. A raíz de eso, Obeid, que era el gobernador, hace un decreto extraordinario, sacando a los civiles de adentro del IRAR y poniendo al SP solamente. Los civiles solamente quedaron en la parte profesional, psicólogos, y era extraordinario el decreto porque es ilegal que fuerzas represivas, digamos, estén en contacto con los menores (…) Eso impuso, o sea, lo hizo todavía más cárcel en cuanto… no tanto a lo objetivo, porque ya era una cárcel, sino a lo subjetivo y a todos los códigos tumberos (Entrevista Nro. 1, 2010).

Así, según Jaime, la creación el IRAR/CERPJ pretendía adecuarse a ciertos imperativos internacionales y subsanar la alarmante situación de aquellos adolescentes que eran alojados en comisarías, o en el Centro de Alojamiento Transitorio (CAT), cerrado en 2006 por exhortación del entonces Programa Nacional Antiimpunidad (PNAI, del Ministerio de Justicia de la Nación) al gobierno santafesino, debido a las denuncias por violaciones a los derechos humanos.^[40]

Desde este relato, además, se evidencia que el edificio –a pesar de este imperativo– terminó poseyendo las características de una institución carcelaria. Si bien ha experimentado sustanciales modificaciones desde el momento en el que ingresé por primera vez, su arquitectura guarda similitudes con otros espacios vinculados al sistema penitenciario de adultos, pero en una escala reducida en tamaño. El edificio se encuentra rodeado por un alto muro perimetral, alambrado en sus bordes. Desde el exterior, pueden verse diferentes inscripciones, marcas que nos hablan de quienes lo han habitado. En varias de ellas se consignan los nombres de jóvenes que han estado detenidos allí, los grupos a los que pertenecían, sus barrios de procedencia, los equipos de fútbol de los cuales eran adeptos. También, en algunas ocasiones, se expresan acusaciones hacia ellos o mensajes de venganza. En otros casos, a esos nombres propios se le agrega la palabra “presente”, la cual alude tanto a algunos de ellos, que han muerto, así como a otros, que han continuado sus itinerarios de detención en unidades penitenciarias de adultos.

Al ingresar a la institución se encuentra montado un box de guardia del SP,^[41] quien recibe a quienes acuden a la puerta y registra el acceso vehicular. Para ingresar (salvo que se trate de un horario de alta concurrencia, como el horario de visita), hay que hacer sonar un timbre, ante lo cual suele presentarse un guardia consultando datos personales y el motivo del ingreso.^[42] Luego de esa instancia, se atraviesa un espacio abierto dispuesto como estacionamiento en el cual aparcan vehículos particulares de los trabajadores y también vehículos oficiales dedicados al traslado de personas detenidas.^[43] La puerta de ingreso al edificio ha cambiado su ubicación original, contando actualmente con letras que lo identifican como “Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil – Rosario”, en colores blanco y naranja, que identifican a la gestión del FPCyS,^[44] bajo la cual fue reformado.

Desde allí se atraviesa un espacio con oficinas dispuestas a los laterales, en las cuales trabajan personal administrativo, directivos de la institución pertenecientes a la DPJPJ y al SP. Luego de esto se llega a un “nudo” donde se encuentra otro equipo de guardia del SP. Desprendiéndose a partir de ese “nudo” se hallan los espacios de la cocina hacia un lado, de la enfermería hacia otro y del sector de ingreso. Luego del escritorio donde se asienta la guardia del SP, encargada de constatar nuevamente los datos de quienes ingresan a la institución, se ubica una reja. Esto da –en lugar de un panóptico– la imagen de un “embudo que te va cerrando hacia los sectores, como una cárcel” (Felipe, acompañante juvenil, Entrevista Nro. 2, 2010).

La construcción es de bloques de cemento, mayoritariamente de color gris, aunque en algunas partes se encuentran también pintados de blanco y verde. Al atravesar la reja se accede a un amplio pasillo con unas pequeñas oficinas a la izquierda. Continuando por allí, pueden verse a la derecha otras rejas que separan a algunos de los sectores donde se encuentran alojados los jóvenes. Más adelante, a mitad del pasillo, se abre sobre la izquierda el ingreso a las aulas de la Escuela, la biblioteca,^[45] el salón de usos múltiples y algunos espacios de taller, todos ellos con puertas con trabas que son abiertas y cerradas de acuerdo a los momentos de trabajo con los jóvenes, durante los cuales se permanece bajo llave. Este ingreso se encuentra decorado con fotos tomadas en distintos momentos de los talleres y con una pintada al estilo grafiti que da marco al ingreso del pasillo principal a otro más pequeño, En el pasillo más pequeño se encuentran carteles colocados alrededor del año 2014.^[46] En uno de los salones de menor dimensión, donde se llevan a cabo actualmente talleres se encontraba originalmente el office de los acompañantes juveniles, denominado por ellos como “el búnker de los acompañantes”.^[47] Actualmente, la oficina de los acompañantes se encuentra sobre el lado derecho del amplio pasillo que describí antes, adquiriendo una fisonomía bastante diferente a las que tenía el “búnker”.^[48]

Retomando el recorrido por el pasillo principal, se abre nuevamente otro más pequeño que lleva a otra serie de sectores de alojamiento, así como sucede también al final del mismo. Los sectores en los cuales se encuentran alojados los jóvenes al momento actual son 8, más el sector ingreso, y han sido identificados por momentos con letras del abecedario o con números. En cada uno de ellos suele haber un grupo de 5 a 6 jóvenes alojados. La mayoría de ellos han sido reformados, y actualmente están conformados por un espacio común donde los jóvenes cuentan con mesa y banco de cemento, dispensador de agua, televisor, equipo de ventilación y calefacción, donde pueden estar en los momentos del día en los que no realizan actividades. Alrededor de dicho espacio se encuentran las celdas de resguardo, los espacios individuales, con rejas, donde duermen. Además, cuentan con un patio exterior cerrado.

El edificio tiene también un amplio patio (“el campo”), con cierto grado de descuido (arcos de fútbol oxidados, pastizales crecidos). La circulación dentro del instituto no es libre, los jóvenes deben ser trasladados por oficiales del SP. A lo largo del trabajo de campo, ciertas condiciones de los movimientos en su interior se modificaron. Así, por ejemplo, mientras que originalmente los jóvenes eran trasladados de los sectores a las aulas con “grillos”,^[49] al día de hoy ese trayecto se realiza sin ellos, no así otros movimientos.

Respecto a las reformas edilicias, algunos trabajadores manifiestan que supusieron importantes mejoras, ya que en tiempos anteriores los sectores se inundaban por lluvias o pérdidas de caños, no disponían de agua, se constataba la presencia de insectos y roedores, entre otras cuestiones. Pese a esto, la fisonomía del IRAR/CERPJ continúa siendo la de una cárcel. Por otra parte, dado que las plazas de las que dispone se encuentran completas, hay jóvenes alojados en un sector en el cual no existe espacio común ni cuentan con agua, y deben habitar los espacios de resguardo (individuales) cuando no se encuentran en talleres, en momentos recreativos o en la escuela. La sobrepoblación conlleva también que haya jóvenes alojados en el sector de ingreso, el cual no está preparado para el cobijo permanente.

La época anterior a la incorporación de los acompañantes juveniles, además de sus apremiantes condiciones de habitabilidad, es referida como signada por problemas de violencia: un “campo minado”, que incluso colocaban a los adolescentes allí alojados en una situación de peligro de vida, lo cual era señalado por los jueces de menores de la ciudad.^[50]

Como mencionaba Jaime, en abril 2007 muere uno de los adolescentes en circunstancias dudosas, debido a quemaduras en todo su cuerpo. El gobernador a cargo en ese momento, Jorge Obeid, decide traspasar el instituto de la Dirección del Menor en Conflicto con la ley Penal al ámbito del SP para “garantizar la seguridad” de los menores detenidos (Abraham, 2011). Pese a producirse una muerte en ese contexto, la decisión que el Ejecutivo Provincial toma es introducir al SP, elemento característico de las instituciones del sistema penal de adultos.

Es necesario hacer una detención en el racconto histórico para reparar en un elemento que resuena con fuerza hasta aquí. ¿Qué implica decir que “el IRAR/CERPJ es una cárcel”? Hablar de la cárcel conlleva la necesidad de distinguir una serie de dimensiones. La cárcel es un campo problemático, abordado como objeto de estudio desde las ciencias sociales^[51] pero, al mismo tiempo, el encarcelamiento es una experiencia que produce afectaciones.

En lo que respecta a su dimensión conceptual, puede aludirse a la cárcel como un “espacio biológico, físico, emocional, social y político susceptiblemente complejo” (Narciso, 2012, p. 118), una institución de encierro y castigo, destinada al “gobierno de los otros” (Foucault, 2011),

(…) una particular constitución cultural en la que el orden social adquiere formas contextuales y específicas, produce representaciones nativas, como así también prácticas y trayectorias que escapan a las estructuras tecnocráticas y permiten modificar su funcionamiento; a la vez que evidencian la creatividad de los grupos e individuos que actúan dentro de estas redes en el espacio prisionalizado (Lombraña y Ojeda, 2019, p.9).

Antes de pensar en los espacios de encarcelamiento como crípticos e infranqueables, cabe decir que las cárceles tienen límites porosos. No se encuentran atomizadas, sino que forman parte de un continuum disciplinar que despliega el ejercicio del poder sobre la vida de las juventudes masculinas pobres urbanas (Daroqui et al, 2012), poseyendo una alta productividad no solo de castigos, sino también de violencias y peligros. Pensar a la cárcel como parte de un continuum refiere a considerar que se trata de un espacio donde se ejerce y actualiza el reparto diferencial de violencias, vinculadas a las comunidades de pertenencia de los detenidos. La cárcel opera así como un escenario abyecto, como una exterioridad opuesta a lo social, que al mismo tiempo la reclama para constituirse como tal: lo indeseable, lo invivible, el camino augurado si se subvierte la norma (Narciso, 2012).

Georges Bataille (1974) definió a la abyección como “la incapacidad de asumir con fuerza suficiente el acto imperativo de exclusión de las cosas abyectas (que constituyen el fundamento de la existencia colectiva)” (p. 326). De acuerdo a este autor, para conjurar una sociedad organizada, todo grupo humano debe producir un movimiento de expulsión y exclusión de ciertos “residuos violentos”: aquello que se proyecta como imposible de ser inscripto en ese conjunto (Tonkonoff, 2014).^[52] Julia Kristeva (2020) retoma a Bataille, y plantea que lo abyecto “no es un objeto, pero tiene la cualidad de oponerse al yo. Es lo radicalmente excluido, que me atrae allí donde el sentido se desploma. Una realidad que, si la reconozco, me aniquila” (p.8). Es tanto un excluido de la identidad como una tercera entidad que posibilita que esta se constituya, de ahí su carácter de interdicción: forma parte de ella en carácter de expulsión que la torna posible.^[53] Judith Butler (2022) menciona que se trata de aquello que es arrojado fuera, desechado, excluido y que no puede retornar al campo de lo social sin amenazar con disolver al sujeto mismo (p. 19). Esta autora reelabora el concepto de lo abyecto para explorar sus efectos en el ámbito social. En ese desplazamiento, sostiene que dentro de la sociabilidad hay zonas abyectas; zonas de inhabitabilidad que sugieren “amenazas” para la integridad del sujeto. Así,

Lo abyecto designa (…) aquellas zonas “invivibles”, “inhabitables” de la vida social que, sin embargo, están densamente pobladas por quienes no gozan de la jerarquía de los sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo “invivible” es necesaria para circunscribir la esfera de los sujetos (p.20).

Ahora bien, si la cárcel es todo aquello a lo que aludimos hasta ahora, ésta cárcel, es una cárcel particular. En la documentación oficial no se la define como tal, aunque sí como instituto “socioeducativo de puertas cerradas”, “con privación de la libertad” e incluso “de encierro”. Si bien estas cualidades enumeradas parecerían aludir a que estamos hablando de una cárcel, el eufemismo lingüístico persiste. Intentando pensar que no se trata solo de un eufemismo, podemos poner en relevancia otras tensiones. Así, el IRAR/CERPJ es una institución particular en el microcosmos de instituciones con privación de la libertad para adolescentes punibles en Argentina, que en buena medida –aunque no en su totalidad– se encuentran circunscriptas a las áreas de Desarrollo Social y/o Justicia Penal Juvenil provinciales. En este caso, pese a que –como mencionamos– pertenece a la DPJPJ, su gestión es mixta, compartida con las fuerzas del Ministerio de Seguridad, con presencia del SP, tanto al interior como en su perímetro.

Mercedes Rojas Machado (2020), analiza un programa interministerial en salud mental que funciona en una cárcel de máxima seguridad, e identifica a este tipo de gestiones –que cuentan con autoridades civiles y penitenciarias, e incorporan aspectos normativos tradicionales y mutaciones epocales– con el carácter de “formas híbridas”. Esta consideración permite recuperar la estructuración en capas que definimos para observar la conformación del Estado y examinar su aspecto dinámico: de qué manera se afectan y movilizan.

Aludir a que se trata de una gestión “mixta” parecería camuflar una síntesis en la cual dos partes de un preparado se combinan de manera equivalente. Sin embargo, este carácter “mixto” se vincula más a expresar una tensión entre “los civiles” y “el servicio”, entre “la lógica convivencial” y “la lógica tumbera”. Esta puja es calificada en numerosos momentos por los trabajadores como “una lucha territorial”, “cuerpo a cuerpo”. Se trata, entonces, de una tensión permanente, continua y constitutiva de este instituto, que adquiere matices, ribetes y hegemonías variables en su devenir. Expresa, al mismo tiempo, el intento de síntesis de dos términos y su imposibilidad de consolidarse en una composición estable: cuidado y control, castigo y acceso a derechos. El IRAR/CERPJ es, por lo tanto, una institución de paradojas.

Por ello, además de referir a la cárcel de manera conceptual, cabe precisar que el encarcelamiento es, como sugiere María Eva Routier (2020), una experiencia individual y colectiva, configurada históricamente y signada por múltiples privaciones ligadas al tránsito de ciertos conjuntos sociales por instituciones que forman parte de las estrategias de gobierno y contención del malestar emergente, en sociedades sostenidas por relaciones de desigualdad y explotación (p.14). Retomando a Beatriz Kalinsky (2016), esta experiencia no se inicia con el ingreso a la prisión, sino que el encarcelamiento supone la experiencia de acomodación y de resistencia a dichas privaciones, que signan la vida de los sujetos previamente a su detención.

Así, podemos pensar también en los modos en que la experiencia de encarcelamiento habita los horizontes de los jóvenes, varones, de sectores populares de la ciudad de Rosario, que provienen de barrios criminalizados y de trayectorias de crecimiento signada por una precaria organización de los cuidados, en la cual estar atravesado por tramas institucionales estatales destinadas a la administración de las infancias y adolescencias pobres y, en particular, por el sistema penal “es una consecuencia posible” (Montes Maldonado, 2019, p. 4). Haber estado preso, tener un familiar o un amigo que lo está, no aparecen como experiencias lejanas, sino que se inscriben en las formas de tránsito probables en esta etapa de la vida. Se trata de “un elemento vulgar de muchas biografías, un destino banal”, como ha sido señalado por Manuela da Cunha (2016, p.3). La violencia carcelaria se teje en la trama de otras violencias, lo que provoca que la cárcel sea “una estadía que está en el espectro de posibilidades” de las trayectorias de vida de estos jóvenes (Kalinsky, 2005, p.3).

Pero, además, si intentamos pensar en clave del encierro carcelario como experiencia, cabe recuperar algunas expresiones de los otros sujetos que lo habitan. En este caso, de los trabajadores, a quienes esas paradojas también afectan.^[54] La cárcel es un espacio vivido, practicado (de Certau, 1994; Rojas Machado, 2020), que es también un ámbito de disputa. El territorio de la cárcel aparece puesto en juego no solo en términos de extensión espacial, sino también en el régimen de las intensidades y temporalidades que lo constituyen, atravesado por fuerzas diferentes y afectividades variables (Despret, 2022). Estas tienen una profundidad diversa, que los sujetos entrevistados asocian al tiempo de permanencia. De una menor abrasividad para quienes mantienen un contacto como “actores externos”, quienes tienen jornadas de una menor dedicación horaria al interior de la institución; y de una mayor densidad entre quienes la transitan cotidianamente.

Se trata de un espacio ritmado, con ruidos característicos, olores que lo definen, texturas y temperaturas que configuran a la tarea de “acompañar en el encierro” como experiencia situada. Jorgelina, tallerista de un programa de voluntariado universitario durante varios años, reconstruía sus impresiones sobre la primera vez que transitó el instituto, en el año 2015:

Cuando fui la primera vez, recuerdo que lo que me pasó… es distinto a lo que yo me imaginaba: la estructura, los pibes, la distribución, no sé, los ruidos (…) durante varios momentos, tenía pesadillas con el ruido de las rejas, con el ruido, con la sala, el salón estaba muy cerrado. Era como una pesadilla en relación al encierro, pero puntualmente era como ese ruido de la reja y de las llaves /imita el sonido/ así, viste, y también de los grillos (Entrevista Nro. 17, 2022).

Si, como señala Lorena Narciso (2012), los ámbitos carcelarios son contextos en los cuales abundan los intentos de ocultar los aspectos emocionales, cabe entonces hacer el intento de reponerlos en este análisis. Para Jorgelina, este espacio tiene intensidades, como el ruido de las esposas, los candados y la sensación de encierro, que provocan afectaciones no anticipadas de manera previa al ingreso a trabajar en el instituto. De alguna manera, inimaginables. Quizás, por la falta de cercanía con las mismas; pero –aún más– porque la experiencia se conjuga en ese momento como una totalidad en la cual el ruido y el encierro resultan inescindibles. David Le Breton (1995) plantea que el ruido nos devuelve a la porosidad de nuestra esfera íntima, la cual se siente amenazada. A diferencia del sonido –que construye redes sonoras que le dan a la existencia un curso familiar– el ruido se presenta como algo disruptivo, que moviliza un estado de alerta ante aquello que irrumpe y que puede inicialmente dotarse de significación y valor.

Algo similar ocurre con los olores. Hernán, acompañante juvenil, recuerda los primeros tiempos de su ingreso al instituto, en 2009, como una época “más violenta” de la institución. Trae a la memoria un amotinamiento sucedido en sus inicios como trabajador, referenciándolo al olor peculiar que identificaba al espacio del instituto en esos momentos:

Se empezaba a sentir una tensión en el ambiente, y habían atado todas las puertas con sábanas, todos encapuchados, con palos, y habían puesto 20 colchones y los habían prendido fuego a todos (…) Y venías con un olor medio extraño, particular, que es de ahí, era re fuerte. Capaz que ahora ya no se siente tanto, pero es particular de los que estaban adentro (Entrevista Nro. 20, 2023).

Así, la experiencia de encierro es significada a partir de la huella o marca que deja en los sentidos, y esto no resulta algo menor. El encierro aparece como un dispositivo de poder que se expresa en el propio cuerpo, imprimiendo un régimen institucional que implica un particular modo de construcción de la subjetividad (Foucault, 2008): opera tanto por la fuerza material como por la instalación de un dominio moral (Forte y Pérez, 2010). El amotinamiento, la situación de conflicto, de peligro, de tensión, son vividas y –al mismo tiempo– significadas a partir del sentir un olor particular, fuerte, característico e inescindible de la experiencia de encarcelamiento que Hernán, en tanto trabajador, también transita.

Otro aspecto se vincula, como mencionábamos antes, a las temporalizaciones posibles. Así, ese dominio no sólo se plasma en una sucesión de actividades rutinarias, planificadas, sino también en tiempos muertos, sin actividades preestablecidas, con aleatoriedad, suspensos, aletargamientos. Para algunos actores que trabajan en esta institución el hecho de construir una posible oferta de actividades deviene nodal, buscan generar un “qué hacer” intramuros ante un tiempo que se configura como un “presente inmóvil” (da Cunha, 2005). Carlos, uno de los primeros acompañantes juveniles que ingresó al IRAR y que llegó a ser directivo “de carrera” de la institución al ser entrevistado expresaba que “lo más difícil de todo siempre me resultó lo propio de la institución: el encierro. Es una realidad que invade lo subjetivo, una violencia insoslayable”. (Entrevista Nro. 22, 2023).

Rita Segato (2002) propone ir más allá del papel inmovilizador del encierro, que al mismo tiempo se presenta como realidad. Conviene, antes bien, no solo atender a lo que la cárcel deja de hacer, sino también al papel de estos espacios como altamente productivos en el ejercicio de violencias insoslayables, como menciona Carlos. Olores, texturas, temperaturas, ruidos que invaden lo subjetivo, que imprimen como signo la cercanía con lo abyecto. Violencias que, por otra parte, no solo se explican a partir de la implementación de políticas neoliberales en el campo penal (Wacquant, 2004; Garland, 2005, Sozzo, 2009), sino que –en Argentina– se vinculan al hecho de que la cárcel ha sido la “vidriera legal” del entramado de represiones ilegales (Manchado, 2015).^[55] Las instituciones de encierro, de “secuestro legal” (Foucault, 2008) son el último eslabón de la cadena de control socio-penal. Pero, además, en nuestro país, este “secuestro legal”, formalmente legitimado por un procedimiento jurídico, convive con una historia reciente de producción y reproducción de prácticas ilegales; de violencias que son perpetradas en contextos de aparente legalidad, tanto atadas a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, así como a las situaciones de violencia institucional en el presente. De esta manera, la noción de “secuestro legal” se complejiza. Esto no es una cualidad aberrante de una institución en particular, que funcionaría como excepcionalidad: se trata de racionalidades presentes en el sistema penal en sí mismo.^[56]

Situándonos en las instituciones penales para adolescentes, algunos análisis plantean que se trata de territorios en los que se expresa el “amor punitivo” (López, 2009, 2012). A partir de la idea de “hacer el bien” para proteger a los jóvenes –que sostienen los agentes que trabajan en los institutos– se genera un lazo basado en una pedagogía de la subordinación, que obtura la visibilización del castigo como dosificación del dolor, las formas institucionales arrasadoras de la subjetividad y las violaciones a los derechos humanos que ocurren intramuros. Desde la perspectiva que sostengo aquí, propongo otra línea de análisis, que busca complejizar las prácticas y sentidos morales presentes en los trabajadores de estas instituciones.

Por ello, pensar en clave de las “tiranías locales” de las “cárceles pantano” a las que alude Lila Caimari (2009) para nuestro contexto resulta provechoso, pero también es necesario analizar otras aristas, ya que la profundidad de ese pantano no está solo hecha de castigos rasos. Como señala María Eva Routier (2020), coexisten en las instituciones concretas ribetes del modelo “correccional” (disciplinario/normalizador que aspira a la reinserción social de los detenidos), de la “cárcel-pantano” (incapacitante, más vinculado al proyecto neoliberal) y de la “cárcel eficiente” (tendiente a ser eficaz en su interior, conteniendo las tensiones de los modelos señalados previamente). Lo fangoso del pantano remite, entonces, a considerar no solo la opacidad de su composición, sino también la espesura de su profundidad. Atenta a esta limitación, cabe al menos mencionar que allí, además del castigo, yacen ideas que vinculan a la cárcel con cierto ideal resocializador, destinado a los adolescentes en tanto “sujetos en formación”, desde una mirada no exenta de adultocentrismo.

Mercedes Rojas Machado (2020), retomando el concepto de transinstitucionalización (acuñado por Pitch, 1996) para examinar la relación de cooperación entre asistencia y castigo, argumenta que existe un circuito de continuo intercambio entre el sistema penal y el socio-psico-asistencial, no exento de tensiones (p. 34). De esta manera, en las cárceles no solo actúa un control manifiestamente represivo e incapacitante, sino que subyace también un control suave, terapéutico, tutelar, construido sobre la posibilidad de “recuperación”, como el nombre original del IRAR/CERPJ indica.

El procesamiento sociocultural del castigo respecto a adolescentes acusados o condenados por cometer delitos reviste, entonces, matices de diversas tonalidades, que no se metabolizan espontáneamente. Carlos –acompañante y luego directivo, de quien tomamos sus palabras previamente– al referir a las demandas sociales de castigo hacia los jóvenes y el ideal de una institución que permita propiciar una “recuperación” de ellos, da cuenta de ese carácter fangoso:

Lo que más me resultó difícil fue cierta sintomatología institucional, sobre todo cuando impactaban los usos políticos que algunas personas hicieron de una problemática tan compleja. Cuando lo político invade estos espacios, tan complejos desde lo técnico, se producen desastres (…) En este tipo de abordajes donde se trabaja con población en condiciones tan vulnerables se abre un campo para que se den “aberraciones del bien”. La dificultad más clara es lograr que los servicios estatales, híper delicados como estas instituciones, que deben paradojalmente ejecutar una pena y, a la vez, cuidar, resguardar derechos y la vida puedan funcionar, aun en su complejidad, con cierta eficacia (Entrevista Nro. 22, 2023).

Estas “aberraciones del bien” que menciona Carlos, parecerían remitir a una serie de tensiones irresueltas, estructuralmente contradictorias. Por un lado, a la tensión entre el cuidar y el punir, entre la demanda técnica de un trabajo eficiente en la garantización de derechos a los jóvenes, y la demanda punitiva de la sociedad para propiciar un castigo. Pero también, en que esa demanda “política” no coopte “lo técnico”, que el trabajo continúe dotado de cierta eficacia: aquella que permita que no se produzcan nuevos hechos en la institución que hablen de su ingobernabilidad, que tomen la primera plana de los diarios, que la referencien como un “objeto caliente”. El carácter irresoluble de estas tensiones parecería hablarnos de que –antes que espacios de encierro “total”, en los que pueda existir la tentación de comprender los fenómenos de manera lineal–las cárceles son espacios de paradojas, tanto en su dimensión reproductiva y contenedora, así como en su aspecto productivo de lógicas de trabajo posibles. De trabajar en el encierro, pero también trabajar con el encierro. De atender a la dimensión de sus efectos –como la cercanía con lo abyecto, con la violencia insoslayable– y a las resistencias que pueden ocurrir allí.

A continuación, veremos cómo parte de estas tensiones se expresan y escenifican en algunos documentos públicos que proponen el reordenamiento de las instituciones penitenciarias en general, y de adolescentes punibles en particular, al iniciarse la gestión de Hermes Binner en el gobierno provincial, a partir del año 2007.

III. Entre la política penitenciaria progresista y el imperativo de acceso a derechos: encrucijadas de la administración socialista

En el año 2007 cambia el signo político del gobierno provincial, ascendiendo como gobernador Hermes Binner, por el Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS). La administración de Binner confecciona e instrumenta una reforma del Estado provincial, a través de la creación de nuevos ministerios y secretarías y la reconfiguración del mapa institucional en diversas áreas, entre ellas, en justicia penal juvenil (Polola, 2011).^[57]

A partir de allí, se producen ciertas modificaciones en el IRAR/CERPJ, englobadas bajo el enunciado del “cierre progresivo” de la institución. Es en este contexto que se conforma una gestión “mixta” del instituto y que se comienzan a idear nuevas funciones convivenciales para el trabajo con los jóvenes. Para Miranda, inicialmente acompañante juvenil y luego profesional de la institución, esto obedeció a una “polvareda mediática” por las situaciones trágicas acontecidas, a la cual la nueva gestión intentó responder con una “oleada progresista”, actualmente en declive:

Hubo muchos cambios en la gestión política, donde IRAR cobró otra predominancia en la esfera pública si se quiere, donde hubo más crisis, incluso hubo muertes de chicos ahí y había toda una polvareda mediática respecto a eso (…) formalmente se estableció que era necesario más personal, fue toda una oleada una poco más progresista si se quiere en la época de Binner, ahora hay como un retraimiento de interés respecto a eso (Entrevista Nro. 10, 2018).

Esta “oleada progresista” produce una reforma del Estado que involucra el reordenamiento de sus áreas ministeriales y de las instituciones concretas. Los avatares de ese reordenamiento pueden rastrearse a partir de incluir en el análisis algunos documentos públicos, vinculados al gobierno de los jóvenes y adultos que infringen la ley penal. Carla Villalta y Eva Muzopappa (2011) advierten sobre de la tentación de producir visiones homogeneizantes acerca del Estado, lo cual solo refuerza su opacidad como objeto poco plausible de ser abordado analíticamente, e invitan a ensayar un abordaje de los documentos públicos no tanto como objeto coherente, sino como resultado de procesos y relaciones en las cuales nunca deja de ponerse en juego el poder. Si los documentos públicos pueden ser leídos en la clave del poder creador e intérprete del Estado, pero también como composición singular de las diferentes tendencias en pugna, de acuerdos transitorios y de conflictos latentes, ¿qué se está expresando en ellos? Creo, entonces, que existen algunos desplazamientos interesantes a atender.

Una primera clave es poder analizar los procesos que se desenvuelven en materia de la política penitenciaria general, un área que –pese a orientarse al gobierno penal de las poblaciones de adultos– tiene puntos de encuentro y líneas de fuga con las directrices de la justicia penal juvenil.^[58]

Como han señalado diversos estudios (Narciso, 2017; Routier, 2020), el ascenso del FPCyS a la gobernación conllevó el recambio de las orientaciones en la gestión penitenciaria, enarbolándose en el ideario de construir el trayecto “Hacia una política penitenciaria progresista”,^[59] tal como se titula el Documento Básico (2008) producido desde la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. En este sentido, la administración de Binner se distanció de los tópicos vigentes en las discusiones en torno al delito y la inseguridad para esa época en el contexto nacional, las cuales retomaban metáforas bélicas, proponiendo iniciativas legales más restrictivas, basadas en el punitivismo y en retóricas asociadas a la “mano dura” (Sozzo, 2016; Narciso, 2017; Routier, 2020). Por otra parte, cabe subrayar que en la construcción de dicho documento básico participaron actores reconocidos del campo académico, asociados a la Universidad del Litoral e inspirados en la criminología crítica. En este sentido, allí se analizan profundamente los elementos vinculados al tratamiento progresivo de la pena, con la pretensión de trascender la encrucijada entre los modelos correccionales e incapacitantes, proponiendo un modelo de prisión respetuosa de los derechos humanos, en el cual las personas privadas de su libertad pudieran integrarse socialmente “a pesar del encierro”, reduciendo los daños que este conlleva.

Ahora bien, estas tendencias adquieren ribetes particulares a la hora de analizar las propuestas de la administración del FPCyS para el campo penal juvenil. Al respecto, cabe decir que el progresismo se expresó en un proyecto de reordenamiento institucional y en la creación de nuevos dispositivos específicos, que se formularon tanto en el Plan de la Dirección de Justicia Penal Juvenil de la Provincia de Santa Fe (2008) como en los Proyectos Institucionales para sus diferentes dispositivos (entre los cuales se ubica el Proyecto Institucional para el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario, 2008).

El Plan de la Dirección de Justicia Penal Juvenil (2008) se inicia caracterizando a las políticas penales juveniles previas como tributarias de la doctrina de la situación irregular, planteando que la convivencia de la Ley de Patronato con la CIDN provocó un menoscabo de esta última, dado que el Estado Provincial habría desatendido su cumplimiento. Asimismo, se propone el objetivo de construir un nuevo modelo de justicia penal juvenil, sustentado en el enfoque de derechos que propone la Ley de Protección Integral. Además, señala el momento de “transición” de un modelo hacia el otro, reproduciendo la visión de paradigmas enfrentados que primó en ciertos documentos jurídicos y algunos textos académicos, como señalamos en el capítulo precedente. Esta transición se evidenciaría –por ejemplo– en la convivencia de la Ley de Protección Integral con el Régimen Penal de la Minoridad, situación que persiste hasta el día de la fecha.

Por estos motivos, el plan traza como objetivo la adecuación de las prácticas de trabajo a la nueva normativa. La situación de la DPJPJ no resulta ajena a un estado de mutación más amplio, que es señalado por autoras como Paloma Mateo (2009), quien plantea que los cambios categoriales propuestos a partir de la nueva legislación influyeron en las intervenciones concretas y en las disputas de sentido puestas en juego en las prácticas de los trabajadores estatales y de los funcionarios vinculados al sistema penal juvenil. En este sentido, comparte el ideario de la Ley de Protección Integral –en carácter de “frente discursivo” (Fonseca y Cardarello, 2005) construido sobre la infancia y la juventud– en términos de emblema de la superación del patronato y la adecuación a los estándares internacionales de los derechos humanos.

Retomando las modificaciones producidas a partir de la Ley de Protección Integral, el Plan (DPJPJ, 2008) señala que, en un primer momento, es el Poder Judicial quien decidirá qué constituye un delito y qué no (como un ejercicio evaluativo, de investigación, “un acto de derecho”). Luego de ello, se establecerán las acciones posibles para llevar a cabo el cumplimiento de una medida socioeducativa, que es la denominación que recibe la sanción punitiva que se asigna al adolescente que cometió un delito, la cual es instrumentada por dispositivos del Poder Ejecutivo.^[60]

Se entiende a las medidas socioeducativas^[61] como parte de un proceso de asistencia y atención desde la singularidad, en el cual se buscará que el adolescente pueda otorgar significación a lo sucedido, promoviendo su implicación subjetiva en términos de responsabilización que le permita cierta reparación hacia la sociedad que se sintió herida por su accionar, al mismo tiempo que puedan resguardarse sus derechos humanos (DPJPJ, 2008ª).^[62] Al desplazarnos a los dispositivos concretos en los cuales se cumplimentaría esa medida, se prevé la existencia de diversos programas: Libertad Asistida, Servicios en Beneficio de la Comunidad, Órdenes de Orientación, Cuidado y Formación; y Privación de la Libertad (en sus variantes de dispositivos semi cerrados y cerrados).^[63]

La inspiración del plan se basa en considerar a la privación de la libertad como última ratio del sistema de justicia penal juvenil, a la par que redefinir la estructura de los programas, realzando las funciones de contacto directo con los jóvenes. Por ello, sus proyecciones avanzan en dos sentidos. Por un lado, la ampliación de los dispositivos alternativos y ambulatorios. Por el otro, retomar la gestión de los aspectos convivenciales en el IRAR/CERPJ a partir de recursos humanos de la DPJPJ, relegando al SP solo a cargo de la seguridad perimetral del instituto. Esta modificación, según se señala, se sostendría hasta que se desafecte al IRAR/CERPJ y se lo reemplace por una nueva unidad a construir. En cuanto a las intervenciones, se plantea como horizonte el desarrollo de “nuevas formas” y “nuevas prácticas de trabajo”, en los espacios existentes de la DPJPJ (2008a, p. 6).

El proyecto institucional del IRAR/CERPJ

La “polvareda mediática” a la que responde la “oleada progresista” puede ligarse a la tensión política que se escenificó entre la administración de Binner y la anterior administración justicialista, a partir de los hechos que he reconstruido hasta aquí. Dicha fricción se expresó en una apreciación crítica de la gestión previa al ascenso del FPCyS, identificada como tributaria de una “lógica tumbera”, violenta, vinculada al sistema penitenciario de adultos y a la ausencia de un proyecto propio para el IRAR/CERPJ; críticas que pueden emparentarse con la idea de “cárcel depósito” que se retoma en el documento “Hacia una política penitenciaria progresista”.

Pero existen también otras inspiraciones a recuperar en el proyecto para el IRAR/CERPJ. Fundamentalmente, puede leerse la influencia de traductores locales de derechos humanos como Emilio García Méndez, un reconocido jurista en materia de infancia y juventud, cuya trayectoria es analizada por Julieta Grinberg (2013), en vinculación con sus nexos con organismos internacionales, fundamentalmente UNICEF, y su incidencia a partir de la creación de la Fundación Sur^[64] y los lapsos en los cuales desempeñó cargos legislativos.^[65] García Méndez no solo será una figura convocada por el FPCyS a ciertos debates públicos, sino que también es quien lleva a cabo el prólogo del libro “Pedagogía de la presencia”,^[66] de Antonio Gomes Da Costa (1995), un pedagogo brasileño, el cual es traducido al español por otra reconocida jurista –Mary Beloff– y publicado por la oficina de UNICEF en Argentina.

La inspiración en las ideas de Gómes Da Costa tendrá centralidad en el proyecto propuesto para el IRAR en el año 2008, fundamentalmente a partir de los horizontes de trabajo que se definen para esta institución^[67] y los perfiles de trabajadores encargados de alcanzarlos.

El proyecto caracteriza las fases del proceso de alojamiento, a partir de un desplazamiento de la lógica de tratamiento a la de acompañamiento, con un fuerte énfasis en las actividades grupales, cotidianas: talleres, escuela, momentos de comensalidad, de acondicionamiento de los espacios comunes, de recreación. Por otra parte, las medidas socioeducativas estarían dirigidas a “generar un cambio cualitativo en la vida de los jóvenes (…), a partir de la adquisición de competencias y vivencias que permitan fortalecer el pleno ejercicio de su ciudadanía y la concreción de un proyecto de vida en la comunidad” (DPJPJ, 2008b, p.8). La orientación de estos objetivos no permanece ajena a lo que Marina Medan (2019) ha relevado para otros dispositivos en otras partes del país. Pensando en el procesamiento sociocultural que intersecta edad y sanción/castigo, vemos que en ellos impera la apelación a la autonomía y a la responsabilización como rasgo distintivo; pero que además este trazo actúa simultáneamente como un marcador de edad, diferenciando programas, políticas y espacios institucionales destinados a los adolescentes, de aquellos destinados a los niños. A su vez, también la apelación a la comunidad como ámbito de concreción de ese proyecto se revela como un rasgo común, aunque en crisis.

Retomando a Gómes Da Costa, se alude a que la medida socioeducativa tiene como fin construir una relación de ayuda hacia el joven a partir de la presencia de adultos “sensibles y responsables”, con un “fuerte compromiso ético”, que se posicionen desde una “dialéctica de proximidad y distanciamiento”, asumiendo una revisión crítica sobre sus prácticas. Estos adultos deberían evitar que se imprima el “tumberismo como modo relacional totalmente perjudicial y caprichoso, donde se imparten leyes arbitrarias y brutales”, generando otros objetos culturales que se utilicen en la vida cotidiana como “recurso de circulación y reconocimiento social” (DPJPJ, 2008b, p.5). En ese “tumberismo” como universo cultural compartido entre los jóvenes y el SP pueden leerse deslizamientos de un discurso “culturalista”, que parecería plantear la presencia de una cultura sectorizada, propia de los espacios intramuros, escindida de una matriz cultural general relativa al conjunto de la sociedad. A partir de este sesgo culturalista, aparece la idea de una suerte de proceso civilizatorio (sensu Elías, 1989) que estos adultos-trabajadores cernerían sobre ese “tumberismo”. Si bien se diferencian claramente las funciones de gestión convivencial de las de seguridad, se señala que estas últimas serán llevadas a cabo por parte del SP.

Recuperando ciertas orientaciones de la política penitenciaria progresista, se plantea en este documento que el trabajo con los jóvenes debe tener como eje garantizar los derechos humanos intramuros (DPJPJ, 2008b, p.5),^[68] ya que el único derecho restringido es el de la libertad y que esta idea debe instalarse en todos los “operadores” (ibíd., p.6), trabajadores que ya se desempeñaban previamente en la institución, lo cual parece advertir que no se trataba de una posición clara y compartida.

Ahora bien, si los operadores que se desempeñaban en el instituto previamente aparecen referenciados como aquellos en quienes se debería instalar la premisa de que no deben menoscabarse los derechos de los jóvenes alojados, ¿quiénes serían entonces aquellos adultos “sensibles y responsables” con un “fuerte compromiso ético”? Estas características se atribuyen, fundamentalmente, a los trabajadores que se incorporan al instituto como acompañantes juveniles, y es su trabajo el que tiene un peso gravitacional en las orientaciones iniciales de este proyecto. Son ellos, también, quienes sintetizan mayores momentos de conflictividad y tensión con los funcionarios de la gestión en esta etapa.

IV. La incorporación de los acompañantes juveniles al IRAR/CERPJ

En sus inicios, el trabajo de los acompañantes se comienza a estructurar por equipos de trabajo en tres turnos, que se mantienen actualmente, si bien varias características, modos de organización y funciones han cambiado a lo largo del tiempo. De modo general, podemos decir que dos equipos de guardia trabajan rotativamente en cada turno. Es decir, que cada trabajador asiste al IRAR/CERPJ día por medio. Las guardias han estado compuestas por un número de trabajadores que ha oscilado entre 5 y 7 para los turnos de mañana y tarde, y de 3 a 1 en el turno noche.^[69]

El turno mañana, de 7 a 15 horas, es considerado como aquel en el cual “se concentran las actividades burocráticas”. Durante la mañana se realizan las salidas de los jóvenes a los juzgados que tienen competencia en sus causas, las audiencias correspondientes, las concurrencias a otros efectores públicos (centros de salud, hospitales), así como las entrevistas con el equipo profesional, que trabaja también en este horario. El turno tarde, de 15 a 23 horas, concentra las actividades de la escuela^[70] y de los distintos talleres que se llevan a cabo en la institución (actualmente muy numerosos, no así en sus inicios) y las actividades que proponen los acompañantes en los sectores y en “el campo” (actualmente escasas, a diferencia de lo que ocurría en los comienzos de su trabajo). Las diferentes comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena), son repartidas por la guardia de la mañana y la de la tarde, respectivamente.^[71] La guardia de la noche comprende el horario de 23 a 7 horas, en el que no se llevan a cabo actividades planificadas. La labor de los acompañantes es poder estar presentes en el momento de resguardo^[72] de los jóvenes en las celdas que funcionan como espacio de pernocte, así como estar atentos a las urgencias en materia de salud que puedan surgir, o en los ingresos de jóvenes al instituto que puedan producirse.

Los acompañantes tienen, además, la función de realizar una primera entrevista a los jóvenes que son destinados a la institución, ingreso que es estipulado mediante un oficio del juez de menores competente. Previa revisación médica, indagan si el joven sufrió malos tratos en el traslado a IRAR/CERPJ, averiguan sus datos personales y realizan junto a él la lectura de una síntesis del código de convivencia, además de entregarles un colchón y ropa de cama para su alojamiento en el sector de ingreso.

Respecto a los inicios del trabajo de los acompañantes, los primeros se incorporan al instituto entre finales del año 2008 y comienzos del año 2009. Durante los meses que mediaron entre la formulación del proyecto institucional de IRAR/CERPJ y su llegada, en dicho puesto se desempeñaron dos profesionales que trabajan allí, a quienes se sumaba un pastor evangélico que asistía previamente de manera voluntaria y un cocinero.

La convocatoria a cumplir la función de “acompañante juvenil” fue difundida vía correo electrónico entre personas vinculadas a áreas estatales, para ser socializada entre sus contactos, y estaba orientada a sujetos con experiencias de trabajo en educación, en actividades artísticas y comunitarias. A partir de ella, un grupo de entre 10 y 12 postulantes iniciaron un breve proceso de capacitación, en el cual trabajaban sobre nociones como salud mental, posición pedagógica y terapéutica. Si bien el haber participado de un proceso de selección luego de una convocatoria podría entenderse como dotado de cierta formalidad, lo cierto es que la modalidad de contratación con la cual los acompañantes ingresan a la institución fue precaria, con contratos definidos por 3 meses y luego prolongados a 6 meses y a un año.

Podemos trazar algunos recorridos comunes en las trayectorias de los trabajadores seleccionados en esta primera etapa, así como en una pequeña segunda cohorte que ingresa a mediados del mes de octubre del mismo año. Carlos, licenciado en comunicación social, participaba en espacios de educación popular y había desarrollado experiencias en Santiago del Estero y Catamarca, trabajando con comunidades campesinas y organizaciones de la economía popular. Además, antes de ingresar al IRAR/CERPJ, trabajaba como facilitador de la convivencia en una escuela secundaria. Junto a Carlos, ingresaron varios acompañantes, que fueron renunciando. Por ello, unos meses después entraron nuevos trabajadores al instituto, que habían quedado en una especie de “lista de espera”. En su interpretación acerca de estas renuncias iniciales, además de las dificultades inherentes a las condiciones edilicias, se evidencian rispideces entre las distintas áreas del personal institucional: “era bastante complicado el lidiar con los jóvenes y sobre todo con el funcionamiento institucional, de mucha fricción con el SP.” (Entrevista Nro. 22, 2023).

Jaime, acompañante juvenil y actual facilitador cultural de la institución no había transitado una carrera afín a las disciplinas sociales y humanas, pero militaba en la Casa de la Memoria.^[73] A partir de este trayecto, fue convocado, junto a otro compañero de ese espacio, Milton, por una ex compañera de militancia de ambos.

Felipe, quien trabajó como acompañante juvenil en el IRAR/CERPJ y luego en Libertad Asistida en una localidad aledaña, durante varios años, militaba en una agrupación de izquierda universitaria y fue convocado por Mario, quien estudiaba psicología y había entrado a trabajar junto a Carlos en marzo. Mario y Felipe habían trabajado juntos en un call center mientras realizaban sus estudios universitarios, iniciando allí un intento de organización sindical junto a sus compañeros.

A ellos se sumaban Antonio, vinculado al teatro; Juan, serigrafista; Rodrigo, psicólogo, Miranda, quien en ese momento estudiaba esa disciplina y Paulina, estudiante de trabajo social, quienes llegarían luego a ser parte del equipo profesional^[74]; un titiritero, comunicadores sociales, músicos, un ex cura de la iglesia católica, entre otros, conformando un grupo que oscilaba entre las 12 y 15 personas. Si bien el grupo era mixto, había predominancia de varones autopercibidos. Las edades eran diversas, entre 24 y 50 años, aunque con prevalencia en la franja etaria de 24 a 35 años de edad.

Pese a que, en su mayoría, contaban con experiencias ligadas a lo lúdico, lo artístico, la militancia social y comunitaria, algunos de ellos tenían otro tipo de trayectorias y su ingreso se vinculó a tener lazo con alguna persona que estuviera contratada como acompañante. Entre ellos, Hernán, acompañante juvenil y actual coordinador de la guardia del turno mañana, ingresa posteriormente, en 2010. Él era reemplazante en algunas escuelas secundarias y fue contactado por un amigo suyo, Mateo, quien le sugirió que llevara su currículum al IRAR/CERPJ. Al ser entrevistado en su casa, rememorando este momento de ingreso relataba que:

Entré y quería renunciar al mes, irme… y acá estoy /risas/ (…) Era un caos, el lugar era distinto, las condiciones edilicias eran muy malas, no había una sola canilla de agua potable. Y después las condiciones de higiene, todo, era una cuestión de que todavía quedaba mucho por hacer sobre la función del acompañante. Y que no estaba muy claro, era todo muy confuso, y se fue haciendo sobre la marcha (Entrevista Nro. 20, 2023).

Cabe remarcar que, en su mayoría, los trabajadores que ingresaban no conocían previamente el instituto. En gran parte, recuerdan que las primeras sensaciones que les generaba eran ganas de retirarse, deseos de renunciar, incluso entre quienes efectivamente continuaron trabajando allí. Así, el momento en que ingresan al IRAR/CERPJ es caracterizado como caótico, confuso, desordenado, tanto en lo que atañe a las tareas específicas que deberían realizar los trabajadores y a las situaciones de violencia y autolesiones que sufrían los jóvenes, como también a cierto clima institucional vinculado con las desastrosas condiciones edilicias y con las líneas de conducción y organización. El IRAR/CERPJ aparecía como un “objeto caliente” (Fernández Álvarez, 2017), frecuentemente nombrado en los medios de comunicación locales, especialmente en la prensa gráfica, y continuaban las denuncias de organizaciones de la sociedad civil.^[75] Otros trabajadores referirán a una suerte de clima “enrarecido”, debido a los movimientos institucionales que se producen en esa época, vinculados a las renuncias que se suceden entre los directivos del instituto pero también entre los funcionarios de la DPJPJ.

Este clima enrarecido provoca también cierta contradicción e indeterminación de las tareas a cumplir. Al respecto, puede retomarse la construcción del rol de acompañante en este momento inicial de contratación con cierta reminiscencia a aquellos trabajos en los cuales los sujetos no son contratados por sus competencias profesionales, sino porque se pone en juego cierta dimensión de su ser: existe cierta naturalización de sus competencias a partir de su edad, su género, su cultura, su clase, su pertenencia a ciertos grupos. Se trata de trabajadores cuya principal función es “estar allí para lo que haga falta”, estar disponibles en un contexto en el cual todo es posible y nada es preciso, para “hacer aquello que los demás no quieren, o ya no quieren hacer” (Dubet, 2013, p.308).

La “lógica anterior” en disputa

Los primeros trabajadores que ingresan como acompañantes son convocados, además, como parte de algo que la nueva gestión anuncia con altisonancia: el “cierre progresivo” del instituto, que era señalado como una prioridad en las declaraciones públicas del entonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti.^[76] Esto reviste varias apreciaciones. En primer lugar, como señalaba Felipe:

El cierre progresivo fue el gran proyecto por el que nosotros ingresamos, creo que a todos los que entramos en esa camada fue lo que nos entusiasmó. Porque uno busca trabajo, pero a la vez es un lugar tan sensible que, si no tiene un proyecto detrás, de decir hacia dónde vamos y cuál es el objetivo de todo esto, lo pensás dos veces. Entonces creo que había un atractivo en ese momento. Y había un contexto político que ayudaba a pensarlo (…) El cierre progresivo tenía que ver con alojar a los jóvenes desde otro lugar. Eso venía de un proceso en el cual habían muerto chicos, incendio, ahorcamiento. Se había intervenido por el SP, era solamente civil, después fue solamente penitenciario. Después se pensó una intervención nuevamente del personal civil con otro perfil de gente –que vendríamos a ser nosotros– con este plan de cierre progresivo, y así alojar a los jóvenes de otra manera, relacionarnos con ellos, tener otra forma de convivencia. De alguna manera, se pensaba que esa nueva forma de convivencia iba a poder desandar el IRAR, y crear otros espacios de puertas abiertas, donde los pibes puedan convivir sin fuerzas de seguridad (Entrevista Nro. 24, 2023).

Esta idea del cierre progresivo se vincula tanto con una dimensión físico-edilicia, la construcción de una nueva institución, así como con las orientaciones y prácticas de trabajo: la clausura o cese de la “lógica tumbera” dentro del instituto, y el trabajo a partir de la “lógica convivencial”, de la cual la función del acompañante juvenil sería el emblema.

En este sentido, aquí el supuesto conflicto entre paradigmas no parece remitir al patronato como contraposición de la protección integral. El cuestionamiento al paradigma tutelar se expresa, sobre todo, en la inexistencia de determinación de las penas, a la imposibilidad de conocer el tiempo que los jóvenes estarán alojados, situación que persiste hasta la actualidad.^[77] Sin embargo, antes que la tutela, el mayor foco de críticas en esta etapa es la presencia de fuerzas de seguridad y la “lógica tumbera”. Esta es definida por los trabajadores como “lógica anterior”, “la ley del más fuerte, del si hacés esto te pego, de la que son portadores tanto los chicos como el SP (…) donde no se pueden hablar las cosas” (Entrevista Nro. 2, 2010), “la lógica plena carcelaria, como se manejan con los adultos” (Entrevista Nro. 24, 2023), “la lógica del castigo físico, del engome, de que el pibe lo único que podía hacer para protestar era cortarse, quemar colchones” (Entrevista Nro. 1, 2010). En el “Perfil del puesto” de acompañante juvenil se la define como “una forma de vinculación jerárquica, autoritaria, violenta, machista, en la que el otro es un enemigo inminente” (DPJPJ, 2010a, p.3).

Lo que prima, entonces, es una contraposición entre “lógica anterior”, asociada a gobierno penitenciario de la institución sostenido tanto por el SP como por la “vieja guardia” de operadores y directivos; y “lógica convivencial”, asociada al respeto por los derechos humanos, que parecería estar garantizada per se por el gobierno civil de la institución y los nuevos trabajadores. De acuerdo a Valeria, trabajadora social del equipo profesional, que posteriormente se desempeñó como directiva de la institución, a partir de la incorporación de los acompañantes juveniles: “se modificó todo porque ingresó una figura, una terceridad. Ya no es tanto el niño contra el SP y nosotros que venimos en determinados horarios, sino que ahora hay algo que le da una impronta de humanización las 24 horas” (Entrevista Nro. 3, 2010).

A partir de este enunciado, puede identificarse que la figura del acompañante juvenil se incorpora como “terceridad”, con una suerte de rol de contralor a las fuerzas penitenciarias, pero también como un sector de trabajadores orientado a la cotidianeidad de la institución, en lugar de a la atención de situaciones puntuales en horarios determinados.

Sin embargo, esa “terceridad”, al ser un contralor, adquiere prontamente otros matices. Como han señalado Iván Galvani y Agustina Ugolini (2017), respecto de la configuración de las tareas en las cárceles de adultos, existe una alteridad casi constitutiva de estos espacios, entre el SP y “los presos”, representados como “otros peligrosos”. En este caso, la relación entre el SP y los adolescentes detenidos en el IRAR/CERPJ, se articularía como una alteridad conflictiva, ya que al tiempo que debe garantizarse el gobierno de la institución por medio del control de los jóvenes, debe garantizarse cierta protección hacia ellos. “Gobernar la cárcel” remite a un conjunto de relaciones de poder y de técnicas orientadas a conducir conductas y arreglar probabilidades, como ha sido señalado por Michel Foucault (2011), que se expresan fundamental –pero no únicamente– en lo que el SP decide y opera sobre las vidas de los detenidos (Manchado, 2019, p. 15).

La inclusión de los acompañantes juveniles parecería estar orientada a convocar a una tercera instancia, un tercero de apelación que de alguna manera medie y agriete esa alteridad dicotomizada entre el SP y los adolescentes detenidos, a la par que introduzca otra orientación en el gobierno del instituto. Si bien esta tensión, por ciertos períodos, logra disiparse, construyendo momentos de relativo acuerdo y trabajo conjunto, permanece latente la idea de que, ante un “repliegue” o “retroceso” de las funciones convivenciales que llevan a cabo los acompañantes, “el servicio avanza”: vuelve a proponer un orden basado en la “lógica anterior”.^[78]

De esta manera, en algunos enunciados de los trabajadores, vemos que dicha alteridad parecería acabar configurándose entonces entre “los civiles” y el SP. En vinculación con la disputa con las fuerzas de seguridad, Jaime recuerda que –al ingresar– le expresó a quien lo convocó para el puesto de acompañante

Yo voy a denunciar las cosas que vea (…) Ella [quien era funcionaria de la DPJPJ] me dice “sí, sí, nosotros también denunciamos, estamos sacando penitenciarios”. Que era verdad (…) Hasta que renuncia, renuncia toda la dirección: la directora provincial, el director del IRAR… renuncian todos porque ellos habían creado el proyecto del acompañante juvenil y el Ministerio de Seguridad les hizo el muro afuera (Entrevista Nro. 11, 2022).

El avance de la nueva gestión, a partir del proyecto de “cierre progresivo” sobre las funciones del SP parece expresarse, de acuerdo a lo que señala Jaime, como un proceso de disputa que involucra marchas y contramarchas. Así como se propone el traslado y/o el cesanteo de oficiales del SP que habían sido denunciados por violencias y malos tratos, a partir de la función de contralor de los acompañantes, esta acción es resistida: se construye el muro perimetral característico de la institución, que le otorga un aspecto similar al de una cárcel. Es un momento de modificaciones, en el cual se discute si debían ubicarse solo como guardia perimetral o permanecer también dentro del instituto. Por ello, la edificación del muro no deviene un simple artificio arquitectónico, sino que condensa valores, orientaciones y racionalidades en conflicto, que se expresan a través de la materialidad del espacio considerado como propio por el SP. En una coyuntura crítica, en la cual se objeta la presencia del mismo y operan discusiones sobre sus desplazamientos territoriales dentro de la institución y sus fronteras de acción, construir el muro expresa una posición de fuerza.

Sin embargo, cabe considerar una serie de matices que se distinguen en la trama de este conflicto. Por un lado, parecen producirse discusiones más generales en torno a cómo debe instrumentarse el gobierno de las poblaciones de adolescentes procesados y condenados, que se expresan en disputas entre líneas de gestión pertenecientes a diferentes sectores y con proyectos diversos para la institución. En este primer matiz, lo que estaría en juego es el carácter que debería tener la institución y bajo qué orientaciones, coordenadas y formas de trabajo esta puede enfriarse, permanecer ordenada.

En un segundo nivel de análisis, la disputa se expresa en el terreno más próximo de la cotidianeidad institucional. Para otros trabajadores, el instituto se escenifica, entonces, como una suerte de territorio en disputa, en el que se involucran tanto aspectos simbólicos y edilicios como momentos de fricción en las prácticas de trabajo diarias, como menciona Hernán:

Yo creo que hubo como una cuestión de lucha por el territorio en un primer momento. Me acuerdo una vez, yo no hacía tanto que había entrado. Y estaba en un sector, sale un pibe a hablar por teléfono, vuelve a entrar, y entra angustiado. No sé si porque había tenido malas noticias de la familia o porque le habían cortado el teléfono. Entonces el pibe entra, yo estaba además ahí adentro, era una cuestión entre ellos [los jóvenes], que empiezan a llamar al servicio para que me sacara. (…) Y como media hora pidiéndole al servicio que me sacara, y estaban ahí, porque yo los veía, pero te sacaban así, a veces se hacía de noche y te dejaban ahí encerrado en el patio interno (…) También me parece que el servicio como que se corría y dejaba que ponga el cuerpo otro (Entrevista Nro. 20, 2023).

Parte de las formas de disputar ese territorio, para el SP consistía en hacer vivenciar a los acompañantes la sensación de encierro junto a los jóvenes, como señala Hernán, lo cual provoca ciertos temores, inseguridades y también una suerte de falta de reconocimiento de sus funciones. Al mismo tiempo, otra estrategia del SP sería “dejar que otro ponga el cuerpo”: que Hernán experimente en carne propia cómo intervenir en un potencial conflicto entre los jóvenes de ese sector.

Por otra parte, así como la institución es construida como territorio en disputa, los momentos en los cuales dicha puja se escenifica presentan matices diversos. Por ello es relevante atender a las guardias, sus horarios y los ritmos institucionales. Carlos, quien en los comienzos de su trabajo se desempeñaba como “nochero”, en la guardia de 23 a 7 horas, remarcaba que:

El turno noche era muy importante en ese momento, sobre todo por la función de control del propio SP, porque una de las acciones era justamente controlar su accionar y velar por el respeto relativo de los tratos (…) La cultura institucional, sobre todo en ese horario de la noche era de mucha arbitrariedad de parte del SP, pero a la vez se fueron articulando de a poco acciones para solucionar los conflictos (…) Con el correr de los años y diversas intervenciones se fue tomando control civil de la institución. Es importante entender el contexto de aquel entonces, de mucha disputa por quién se hacía cargo de la gestión institucional (Entrevista Nro. 22, 2023).

Carlos añade, así, otros tres rasgos de esa “lógica anterior”: su arbitrariedad, su posible cercanía con prácticas de violencia institucional características del entramado entre poder policial y penitenciario, y el hecho de que –de alguna manera– se encontraba sedimentada como “cultura institucional”, puesta en crisis, en disputa, a partir del nuevo rol que asumen “los civiles”. Se trata, entonces, no solo de una disputa que se dirime en el cuerpo a cuerpo de los acompañantes juveniles y los oficiales del SP. Por el contrario, implica al menos dos consideraciones que amplíen el nivel de análisis. En un sentido horizontal, que lo expandan hacia otros sectores en juego en la dinámica institucional propia del IRAR/CERPJ. En un sentido vertical, que permita entrever las disputas en líneas de gestión en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En sus aportes para el estudio de las burocracias estatales, Oscar Oszlak (1984) destaca el carácter histórico que tienen las complejas interrelaciones entre Estado y sociedad civil en la definición de los contenidos institucionales y de las intervenciones, configurando una arena política con articulaciones singulares. De esta manera, las transformaciones en las burocracias estatales dan cuenta de las correlaciones de fuerzas presentes en el procesamiento de las contradicciones sociales. En ese complejo movimiento de pugna y composición, en ocasiones el objetivo del enfrentamiento consiste en producir reacomodamientos institucionales.

Podríamos pensar, entonces, que no solo se disputa el control institucional, sino cierta posición “establecida”, en el sentido que dan Norbet Elías y John Scotson (2016) al término: la de un grupo que se auto atribuye características de superioridad en términos morales, en este caso en torno a la capacidad de garantizar la gobernabilidad del instituto. Para estos autores, en ocasiones, la configuración de un grupo como un “nosotros” se encuentra mediada por criterios temporales: un pasado común compartido, representar un momento “anterior” de la institución en este caso. Según Elías y Scotson, los grupos “establecidos” que se enfrentan a otros “marginados” no lo hacen meramente por metas económicas, sino que ponen en juego el poder, el control, el prestigio. Examinando esto con mayor atención, podemos registrar que los primeros enfrentamientos entre sectores de trabajadores no solo involucran al SP, sino también a algunos de los operadores que se desempeñaban con anterioridad allí y que, a partir de la reforma del proyecto institucional, pasan a desempeñarse en funciones de cocina, mantenimiento y como choferes.

Ahora bien, pensar en clave de establecidos y marginados demanda, para este análisis, cierta complejización. Atendiendo a que el Estado es una edificación con capas variadas y contradictorias, considerar quiénes son establecidos y quienes marginados requiere dotar a estos grupos de dinamismo. Al menos, poner de relieve sus contrariedades y no caer en dicotomizaciones apresuradas, dado que quizás lo que se expresa como establecido en un nivel, es –al menos– presentado como perimido en otro. Dicho de otro modo, precisa considerar que, en momentos de crisis y reconfiguración institucional, se observa tanto el resquebrajamiento de posiciones establecidas como la dificultad por afirmarse de nuevas posiciones.

Así, la intención de construir una nueva lógica de trabajo por parte de la gestión del FPCyS se ordena bajo la idea de paradigmas enfrentados, a partir de la cual se visibiliza no solo a las prácticas de trabajo, sino a los trabajadores mismos del período precedente como emblemas de “la lógica anterior”, y se los desplaza al cumplimiento de otras funciones, separadas de la gestión convivencial de los espacios. Esto se entrama con un aspecto que ha sido relevado para otras áreas de trabajo en el ámbito estatal, en el cual –a raíz de modificaciones generadas en décadas previas a la analizada–^[79] se produjo un mosaico de posiciones laborales divergentes. Las nuevas modalidades de contratación de trabajadores no solo introdujeron contratos precarios en la estructura estatal, sino también conflictos entre “contratados” y personal de la planta permanente, a partir de visiones que asignaban atributos de profesionalidad y compromiso a los primeros, y burocratización y desinterés a los segundos (Guimenez, 2009).

Cecilia, quien ingresa a la institución en 2013, con posterioridad a la primera camada, y actualmente se desempeña en el dispositivo de Libertad Asistida, realiza observaciones que permiten dar cuenta de la complejidad de esas tensiones y enfrentamientos:

En IRAR fue mucho garra y corazón, y dar vuelta una situación que era insostenible y que le había generado muchos golpes políticos a las gestiones. Se logró armar algo que para la gestión fue potable. Pensar “esto me vale, me va a redituar y me va a dejar tranquilo, por acá va” fue una lectura de eso. Yo creo que tuvo que ver con el socialismo resignando esta cuestión de poner lo propio, no eran todos del riñón del socialismo. (…) Llegamos en esa brecha donde también nos encontrábamos con los operadores civiles –que cumplían esta doble función de la seguridad– (…) cuando empiezan los acompañantes todos los otros operadores pasan a tomar otras tareas. Algunos son trasladados a otras dependencias, y otros pasan a tomar otras tareas. Todo esto con un balance negativo de esas experiencias, y los viejos quedaban como “¿qué onda? Tampoco somos los malos de la película”. Tuvieron prácticas acordes a ese momento histórico (Entrevista Nro. 23, 2023).

La superación de “ese momento histórico” es leída por la gestión, de acuerdo a lo que enuncia esta trabajadora, como un signo de tranquilidad capaz de ser capitalizado políticamente. Una suerte de enfriamiento de ese “objeto caliente” que constituía el IRAR/CERPJ. En este sentido, aparentemente, en pos de ese rédito es que la gestión “resigna poner lo propio”, entendiendo por esto trabajadores afines a su línea político partidaria. Sin embargo, como refiere Felipe, pese a que la mayoría de los trabajadores que ingresan en las primeras camadas tenían inscripciones militantes vinculadas a organizaciones sociales y diversos sectores ligados a fuerzas políticas de izquierda, eran identificados como “socialistas” al ser contratados por la nueva gestión provincial, lo cual era vivenciado por algunos de ellos como una suerte de estigma

Nosotros cuando entramos estábamos estigmatizados por el resto del personal, porque éramos los que veníamos con la gestión socialista, que, en realidad, ¡nada que ver con el socialismo! Pero habíamos ingresado bajo esa. Y bueno, éramos los que veníamos a laburar desde la perspectiva de derechos humanos y desde la perspectiva de restitución de derechos. Y los trabajadores de planta permanente –algunos grandes compañeros, pero que tenías un montón de debate en cuanto a cómo trabajar con los jóvenes– más las fuerzas de seguridad –que venían de un período largo de hacer lo que se les cantaba en la institución– manejándolo desde la lógica plena carcelaria como se manejan con los adultos, es lo que llamamos la “lógica tumbera”. Eso era hegemónico. Nosotros veníamos con una lógica contracultural (Entrevista Nro. 24, 2023).

Aparece, entonces, un primer registro en el cual puede verse que si bien lo hegemónico en ese momento hacia el interior de la institución consistía –según Felipe– en esta “lógica tumbera” de las prácticas de trabajo previas, asociadas a una gestión con otro signo político, se trataba de una hegemonía que estaba en crisis en otros niveles. No solo en términos de las orientaciones públicas que expresaba la línea política a cargo del poder ejecutivo provincial, sino también algunos jueces de menores, ciertas organizaciones de la sociedad civil, y los actores intervinientes a nivel nacional y local en el marco legislativo recientemente modificado. Esto provocaba cierta síntesis en la cual, a priori, en la disputa por el control efectivo de la institución, el trabajo a partir de la perspectiva de derechos humanos aparecía ligado tanto a los acompañantes juveniles como a la fuerza política a cargo de “la gestión”.

Sin embargo, prontamente se expresarán nuevas fricciones. A partir de ciertas disputas internas en la gestión del FPCyS y algunas resistencias del SP –como la construcción del muro perimetral que fue señalada previamente– se produce la renuncia de quienes habían ideado el proyecto institucional de IRAR/CERPJ y convocado a los primeros acompañantes juveniles. Se designa como directiva del instituto a una persona de la “vieja escuela”, alineada con prácticas que los trabajadores identificaban como tributarias de la “lógica anterior”. A la par, lo “progresivo” del cierre adquiere un nuevo matiz. De acuerdo a lo que señalan algunos trabajadores, Juan Lewis, en ese momento subsecretario de Asuntos Penales, les expresa en algunas reuniones que “era un trabajo para hacerlo un tiempito nada más, porque te quema la cabeza y hay que renovar” (Entrevista Nro. 24, 2023). Es decir, se pone en cuestión la continuidad de su trabajo, en un contexto en el cual se reafirman viejas prácticas.

Lejos de provocar un retroceso en las prácticas de los acompañantes juveniles, los breves meses en los cuales la conducción del instituto se desempeña por una persona vinculada a la “vieja escuela”, quien luego es desplazada a partir de sus reclamos, refuerza las instancias organizativas de este primer grupo de trabajadores, consolida sus lazos y potencia la construcción de un marco de trabajo común. Se conforma, así, el autodenominado Colectivo de Acompañantes Juveniles.

Una primera tarea para “acompañar en el encierro” será, entonces, producir un orden, construir un marco de trabajo que delimite aquello que van a hacer en el contexto del instituto. Ante la ausencia de capacitaciones, los acompañantes comparten lecturas, discusiones, escritos colectivos. Confluyen como instancia organizativa en una reunión semanal nocturna (“la reunión de los miércoles”) en la cual, además, discuten cuestiones vinculadas a sus derechos laborales.

Si el trabajo puede entenderse como una construcción social que deviene instancia de mediación de gran parte de las relaciones sociales y personales (Menéndez, 1990), los sentidos vinculados a él pueden comprenderse como parte de un procesamiento sociocultural de los sentimientos y las emociones. Esto es, de un modo particular y compartido de vivir, sentir y significar las relaciones sociales. En lo que compete a los acompañantes, la defensa del proyecto institucional de cierre progresivo, la garantización de los derechos de los adolescentes, la reivindicación de su trabajo como indispensable y la necesidad de reconocimiento formal del mismo aparecen en esta etapa como eslabones que componen un ensamblaje indisociable.

La “lógica convivencial” como marco de trabajo propio

Ahora bien, ¿cómo caracterizar a este marco de trabajo que los acompañantes construyen, se apropian y defienden? Desde la reconstrucción esbozada hasta aquí, aparece el encuentro con una función que debe ser inventada, un “hacerse en la práctica”: momentos en los cuales se reunían a leer, buscaban investigaciones o testimonios de experiencias en otras partes del país, ponían en circulación las fotocopias del libro de Gómes da Costa. Se trataba de generar una práctica que ya no combine las funciones convivenciales con la de seguridad, sino que se oriente al fortalecimiento de las primeras y que, además, se centre en la idea de acompañamiento y no en la de tratamiento. A este marco de trabajo, que compone una particular forma de “acompañar en el encierro”, lo denominan “lógica convivencial”:

Pudimos armar un colectivo que se llamó “Colectivo de Acompañantes Juveniles” que un poco hacía la tarea de poder coordinar entre nosotros, y pensar nuestra práctica, pero también inventarla (…) Nosotros planteábamos la lógica convivencial, que nos permitía ser un actor y una referencia adulta en el ámbito de convivencia de los pibes y poder correr de esta cuestión al piloto^[80] del sector, que en su rol de jefe quizás mantenía ordenado el sector, de acuerdo con el SP, pero vejando a los jóvenes de su propio derecho, sacándole la comida, las zapatillas. Nosotros queríamos cambiar ese espacio y la forma que podíamos era estar las 8 horas que estábamos: convivir con los jóvenes, comer con ellos, trabajando para que vayan a la escuela (Felipe, Entrevista Nro. 24, 2023).

Un primer aspecto de esta “lógica convivencial” refiere a la necesidad de generar una referencia adulta, que desplace ciertas relaciones autoritarias construidas entre los mismos jóvenes con acuerdo del SP, para garantizar el gobierno de los distintos sectores, como menciona Felipe. Ante esto, el modo de construir esa referencia se basa en la presencia constante de los acompañantes, cohabitando con los adolescentes de manera diaria y cotidiana, a través de actividades que permitan construir códigos de convivencia y comensalidad, y habiliten el tránsito por espacios institucionales diferentes a las celdas del sector de alojamiento. Entre ellas, por ejemplo, los acompañantes compartían jornadas en las cuales veían películas y escuchaban música junto a los jóvenes, acondicionaban los sectores, organizaban el esquema de utilización de los espacios comunes a cada sector (como las duchas), elaboraban preparaciones sencillas que pudieran luego ser consumidas en la merienda (como el amasado de pizzas), almorzaban y cenaban junto a los adolescentes, proponían actividades basadas en sus conocimientos (tejido, lectura, fotografía), realizaban actividades deportivas en el “campo” (como torneos de fútbol) y convocaban a personas con otros recorridos, a partir de sus contactos personales, para “actividades especiales” (magos, actores, escritores, cineastas, deportistas, entre otros).^[81]

Este momento es recordado también como un tiempo de invención, de intento y error, de vuelta sobre la práctica, de cambio. Un período de puesta en juego de aquello que Emerson Merhy (2016) conceptualiza como el “trabajo vivo en acto” en los procesos de trabajo que tienen como característica específica la apuesta por relaciones productoras de cuidados. Estos se constituyen siempre a partir de ciertas disputas, contratos y negociaciones entre los actores sociales y políticos que inciden en ellos. De allí que la forma en que esas contradicciones son metabolizadas acaban caracterizando sus modos de organización (p.121). En este sentido, el trabajo en la producción de cuidado, como cualquier otro, tiene tecnologías específicas que comportan características disímiles. Las “tecnologías duras”, asociadas al “trabajo muerto”, pueden rastrearse en las intervenciones estructuradas, inscriptas en los instrumentos, rígidas, en las que impera la adecuación al protocolo como fin y fundamento último de las prácticas de trabajo. Por su parte, “el trabajo vivo en acto” es distintivo de las tecnologías leves. Cuando este predomina en la composición técnica del trabajo, da lugar a actos vitales que convocan al cuidado como trabajo acontecimental, “baqueano” en el sentido que le otorgaba Fernando Ulloa (1995): atento a leer indicios, prudente, permeable, alerta a cambiar de rumbo si fuera necesario.

Acompañar a los jóvenes resulta “un andamiaje, es constituirse (más o menos de forma invisible) en una referencia adulta” (Carlos, Entrevista Nro. 22, 2023); un “oficio del lazo” u “oficio del acompañamiento”, un trabajo basado en el conocimiento práctico y en una “ajenidad comprometida” (Korinfled, 2017) que permita construir cierto lugar de “lo común”, fabricar una filiación simbólica a partir de un vínculo institucional (Frigerio, 2017). Esa construcción se inicia a través de convivir y compartir. Para ello, si bien aparece como necesario el “desarme” de ciertos códigos, también se hace imperioso retomar algo de estos para pivotar desde allí. En este sentido, en el blog en el cual comparten sus escritos algunos acompañantes juveniles, aparecen reflexiones en torno al aprendizaje del argot que utilizan los jóvenes:

— ¿Qué hay de enllantar? —, me dijo el pibito agarrado de la reja.

Ahí caí en cuenta de que estaba en su territorio.

— ¿Qué hay de qué? —, me salió decirle.

Se rescató y con mirada extranjera, solo dos palabras dijo: de comer. (Roberto. Blog Colectivo de Acompañantes Juveniles, 2010).

El argot, para Paul Willis (2008), es una suerte de sello que construyen grupos subalternizados como modo de hablar el mundo desde su perspectiva social y su esquema de valores, un lenguaje hecho de parámetros y palabras alternativas, que sirve tanto para configurar un mapa social propio como para describir a otros grupos. Este lenguaje, en ocasiones, permite “sacar ventaja”, volver a quien no pertenece al grupo motivo de burla, subvirtiendo de alguna manera la jerarquía vigente.

Para ciertos estudios, este argot busca establecer la cooperación, la solidaridad y el compañerismo entre los detenidos, crear un efecto de grupo (Lávaque, 2004). Para otros, trasciende las formas verbales: se trata de palabras que adoptan distintos sentidos de acuerdo a cómo, cuándo y dónde se enuncien, por lo cual no basta conocer su significado. No se trata de hablar, sino de “ser en el decir” (Arancibia Carrizo, 2002). Sin embargo, si bien suele decirse que, en la cárcel el argot es algo distintivo y peculiar, adhiriendo a la idea de “fronteras porosas” es posible pensar que se trata de una forma de hablar que trasciende al espacio carcelario, y que toma formas y palabras que también circulan en las comunidades de pertenencia de los jóvenes. De allí que algo de este deba ser tomado para propiciar ese lugar de lo común.

En el tejido de ese lazo se cimentará el lugar de los acompañantes como “referencia subjetiva” adulta para los jóvenes. Esto adquiere relevancia no solo a la hora de leer este momento institucional como un período en el cual la figura de los acompañantes juveniles cobra centralidad y protagonismo, sino también como una etapa en la cual se produce el desplazamiento de la idea de “tratamiento” como eje de la medida que atraviesan los jóvenes, a la de “acompañamiento”.

Lo anterior es válido también para las intervenciones del equipo profesional. Como fue mencionado previamente, existen varios profesionales que han sido anteriormente acompañantes, así como también algunos profesionales participaban de la “reunión de los miércoles” en los inicios de la conformación del Colectivo, en la cual se va ideando el marco de trabajo para la institución. Los acuerdos que definirán a ese marco de trabajo se expresarán en dos documentos: el “Perfil del Puesto – Acompañante Juvenil” (2010) y el “Protocolo de Intervención para los Equipos Profesionales en Instituciones de Régimen Cerrado” (2012), que se elabora luego de transitados algunos años en la puesta en marcha de la reconfiguración institucional de IRAR/CERPJ. El “Perfil del Puesto – Acompañante Juvenil” constituye un antecedente novedoso, ya que es confeccionado a partir del proceso de lucha gremial que atraviesan los trabajadores, en demanda de la creación de dicho agrupamiento específico dentro del Personal de Servicios Asistenciales, dado que no existía previamente. Este documento es producido a partir de discusiones entre dicho sector de trabajadores y la gestión de la DPJPJ.

Por su parte, el “Protocolo de Intervención para los Equipos Profesionales” es elaborado también por una parte de los trabajadores que luego desempeñan puestos directivos en diversos dispositivos de la DPJPJ. En este documento se recupera la apreciación crítica en torno a las “ideologías re”, vinculadas a la rehabilitación, reintegración y resocialización de las personas detenidas, y a una idea de trayecto por la institución penal en la cual el momento en el que la palabra es puesta en juego es en el espacio de un tratamiento profesional individualizante (DPJPJ, 2012). Al desplazarse este núcleo por la idea de “acompañamiento”, se expresa la necesidad de poner en el centro la participación de los jóvenes, su acceso a derechos y el reconocimiento de diversas formas de “tratar” (p.2). Miranda –quien inicialmente fue acompañante y luego integrante del equipo profesional como psicóloga– remarcaba la centralidad de la noción de acompañamiento:

Entrevistadora: – Cuándo un joven ingresa, ¿cuál le decís que es tu función?

Miranda: – Que es acompañarlo por el tiempo que esté acá, que voy a intentar facilitar que sea el menor tiempo posible, que todos los actores y organismos tenemos que garantizar su derecho. O sea, la sanción es la privación de la libertad, que no depende de nosotros, pero sí de nosotros depende que sea lo más humano posible el tránsito (…) que hay otros chicos alojados en su misma situación, que si bien no me conoce voy a tratar de instaurar un vínculo de confianza desde el cual comentar alguna situación que le interese (…) Que soy psicóloga, que no va a ser mi paciente, pero sí que lo voy a acompañar y que por lo menos una vez a la semana lo entrevisto, que voy a garantizar el contacto con la familia, que los puedo llamar (…) Lo que yo hago ahí no es un trabajo de consultorio, si bien puedo tener una escucha distinta, yo acompaño una situación particular de sus vidas. (…) Por supuesto si un chico viene y me dice, “mirá, estoy angustiado por tal cosa” ·, lo escucho. Pero generalmente cuando hay algún tipo de momento, tipos de preguntas que vos decís “este no sería el ámbito donde uno pueda desplegarse de la mejor manera”, decís “bueno, busquemos un espacio distinto de IRAR” (Entrevista Nro. 10, 2018).

Como menciona Miranda, si bien la impronta de cada profesional devendrá en una “escucha” diferente, la misma no se vincula a lo que podríamos pensar un tratamiento o una terapia, en el caso de una profesional de la psicología. Antes bien, se tratará de tramar un vínculo de confianza, a partir del cual el equipo profesional podrá proponer trayectos institucionales para el joven, garantizar el vínculo con algunos familiares y acompañar en entrevistas semanales el tránsito por la institución.

Ahora bien, ese acompañamiento es posible a partir de otra categoría que los trabajadores van ideando paulatinamente, la “distancia óptima”. Si bien no es un elemento que aparece en las primeras descripciones en torno a su práctica, con el tiempo aflorará como una cualidad distintiva de sus intervenciones, en contraposición con aquellas que podían tener los primeros operadores del instituto. Cecilia reconstruye parte de estas discusiones, en las cuales identifica, por un lado, la tendencia –presente en algunos trabajadores– a pensar a los adolescentes desde la “victimización”, a la que vincula con la falta de encuadre y con procesos que –de no responder como es esperado– llevarían al castigo del joven y al “endurecimiento” del trabajador. Por el otro, una vertiente que intenta pensar desde una “distancia óptima” lo que es necesario que el acompañante pueda construir junto al joven en su tránsito institucional:

Por un lado, había una línea en relación a pensar al joven y tener una visión de los jóvenes con los que trabajábamos muy en lado de la victimización, de ponerlos en un lado muy pasivo, y de no pensar la institución con encuadre. No pensar con el pibe “bueno, ¿cómo vamos a hacer el tránsito de la medida?”, sino pensar cómo castigar. Porque terminaba en eso, decían “pobres pibes, la institución es una mierda”. Que es una mierda, no lo vamos a negar. Pero por ahí cuando el pibe no respondía como ellos querían, era una cosa… con mucha carga afectiva para ambos lados. No se pensaba eso de la distancia óptima. (…) Me parece que, en ese momento, si bien había una disputa de esa línea, se notaba que estaba predominando otra que iba a un análisis más profundo en el trabajo. (….)

Me parece que, a la hora de pensar la intervención con esas posibilidades, a veces uno genera expectativas a partir del amor, y no te permite ser lo que la intervención necesita que vos seas. Y a la vez, si vos te apegás a una función dura o áspera, que solo vas a hacer lo que dice la función o los dogmas institucionales, no vas a poder lograr generar un vínculo de referencia y a la vez te podés hacer mierda vos (…) O sea, no hay forma de volver atrás, de reparar… si el pibe ya es malo para vos, deja de haber conocimientos técnicos, especialización; vas a hacer todo lo que a vos te parece. Entonces… ¿cómo harías desde el amor para trabajar con un pibe que tiene una causa por abuso sexual? ¿Cómo hacés? Si tu función es promover sus derechos. Si yo me muevo desde el amor y desde las cosas que me a mí me generan, ese pibe no va a tener las mismas condiciones ni el mismo trato de mi parte que otro. (…) Entonces se trata de tener una distancia óptima en relación a esa función, y pensar que vos hablás con ese pibe desde esa función (Entrevista Nro 23, 2023).

Así, la “distancia óptima” aparecería como aquella perspectiva que permite dar un encuadre a las intervenciones que pueda trascender el primer momento de afectividad hacia un joven, dado que el mismo puede ser ambivalente. Una posición que permita garantizar derechos al joven a pesar de que el delito cometido lo vincule a algo puede resultar un intolerable, ominoso. En la cual pueda aparecer el joven como sujeto, más allá de las afectaciones que provoca ese delito en los trabajadores. Una distancia que, de alguna manera, permita reponer la dimensión subjetiva del joven, que permita –sin dejar de promover la responsabilización– separar lo que el joven es de lo que ha hecho.

“Acompañar en el encierro” desde una “distancia óptima”, antes que una posición consolidada, expresa un equilibrio inestable, una tensión permanente. Por un lado, por la misma implicación subjetiva de los acompañantes, al tener que construirse como “referencia” para los jóvenes, lo cual involucra –de alguna manera– habilitar a que estos, consecuentemente, se referencien: encuentren allí un lugar donde algo propio sea alojado, donde prime la cercanía antes que la distancia. Esto resulta sumamente difícil ante ciertas situaciones, tanto si la cercanía se encuentra demasiado habilitada –y solo se trabaja desde el “amor”–, como si la situación por la que el joven es institucionalizado hiere sobremanera las construcciones morales de los trabajadores, como en el caso de los delitos sexuales. Por otro lado, porque el límite entre la “distancia óptima” y la distancia a secas provocaría un “endurecimiento” del trabajador, un apego al dogma, al protocolo, una intervención rutinizante en la cual se obtura la posibilidad de que acontezca esa referencia, pudiendo desencadenar también malestar, “hacerse mierda”. El modo de procesar esa tensión constante y construir una posibilidad mediadora parecería situarse en el encuadre como modo de trabajo. Un encuadre que permitiría pausar o dejar de lado la efervescencia de cierta afectividad, en pos de garantizar derechos.^[82] A través del sentido local que adquieren las categorías de “distancia óptima”, “pedagogía de la presencia” y “acompañamiento” puede verse como este grupo de trabajadores –a la par de “inventar” la propia práctica– produce una incipiente teorización sobre la tarea de “acompañar en el encierro”.^[83]

En este sentido, “acompañar” a los jóvenes puede entenderse también en términos de un “trabajo emocional” (Hochschild, 1983), en tanto implica la supresión o la inducción de sentimientos por parte del trabajador, a fin de producir una intervención apropiada y deseable. Este trabajo sobre las propias emociones y su puesta en juego en las interacciones en el espacio laboral aparece, en ocasiones, invisibilizado, en tanto encarna en el cuerpo del trabajador con la apariencia de un atributo individual e innato, incluso siendo desestimado como actividad productiva (Hochschild, 2003; Álvarez, 2018). Sin embargo, como es retomado por los trabajadores, antes que un atributo personal, esto se enlaza a sus trayectorias de trabajo y vida, y a un “saber hacer” sustentado en la experiencia práctica.

Con todo, esa mediación no siempre es posible. Si bien el cuidado resulta un concepto con límites difusos, al cual es complejo definir (Esquivel, Faur y Jelin, 2012),^[84] desde algunas conceptualizaciones se lo entiende como el conjunto de actividades humanas que se realizan para el mantenimiento de la red que sostiene la vida, en la cual se entretejen dimensiones vinculadas a nuestros cuerpos, a los objetos y al entorno (Fisher y Tronto, 1990; Tronto, 2005). En estas perspectivas, el cuidado implica relaciones de poder y dimensiones morales, componiendo distintas fases (preocuparse, atender, cuidar y recibir cuidados).

Sin embargo, otros argumentos sugerentes llevan a cabo un esfuerzo analítico para diferenciar la noción de cuidado y la de acompañamiento. Esto se debe a que, como señala Ana Laura Candil (2016), los procesos de acompañamiento son polisémicos, pudiendo condensar sentidos ambivalentes y hasta contradictorios –como cuidado y control, protección y castigo–, e integrando significaciones, técnicas y registros diversos. Asimismo, a veces tienen una “densidad abrasiva”, por lo que vale la pena distinguir analíticamente las nociones de cuidar y acompañar. La dimensión abrasiva remite a que –en ocasiones– este proceso conlleva desgaste, deterioro y malestar, dado que la cotidianeidad reviste una textura erosiva, densa. Por ello, Candil expresa que el acompañamiento está situado espaciotemporalmente y excede a lo que entendemos por cuidado, cuya noción remite a un proceso en el cual las necesidades de los sujetos de atención y asistencia priman en la orientación de las acciones.

Privilegiar el cuidado por sobre la abrasividad es un proceso arduo. Hernán, al recordar los inicios del trabajo, rememora la hechura de la propia tarea a partir de invenciones, marchas y contramarchas. Un proceso que también va produciendo cierto “orden” ante el desorden institucional que identificaban como imperante a partir de las diversas lógicas en pugna:

Acá los mismos acompañantes fueron pensando y haciéndose, pensando intervenciones, llevándolas adelante, cambiándolas porque no servían, o adaptándose. Como va cambiando constantemente el lugar (…) Yo me acuerdo que entrábamos a las 15, a las 15:30 ya empezábamos a sacar al campo de deporte, salíamos, ingresábamos… una masa de información y de energía estallando todo el tiempo, ahí en el lugar. Me parece que con el tiempo se fue aprendiendo a manejar mejor la energía. Y otra cosa, en relación con la organización con los adultos. Acá los que tenemos que organizar somos nosotros, los adultos. No se puede pretender que sea el joven – y si los adultos estamos desordenados, obviamente que eso va a incidir en todo– (…) eso que se fue haciendo sobre el momento, se fue haciendo desde el mismo acompañante juvenil; no se tenían en cuenta esas cuestiones (Hernán, Entrevista Nro. 20, 2023).

En su relato, este trabajador refiere a una “masa de energía”, a estallidos que es necesario regular, no solo en referencia a lo que podría considerarse un “estallido institucional” (las autolesiones, los motines, los momentos de alta conflictividad), sino también al despliegue mismo de actividades que realizaban los acompañantes. Las cuales, de alguna manera, se hace necesario planificar, ordenar y enmarcar. Acercarse a actividades acordadas y no a una expansión de energía que estalle y desgaste. Ese despliegue de energía también se relaciona con la cantidad de tiempo vinculado a construir esta práctica, discutirla, teorizarla, acordarla.

Significar la experiencia de “acompañar en el encierro”: entre el voluntariado, la artesanía y la militancia

François Dubet (2013) ha caracterizado a los trabajos que tienen por finalidad incidir en las conductas, valores y sentimientos de los sujetos como “trabajo sobre los otros”. Para este autor, las diversas ocupaciones que pueden englobarse bajo este concepto tienen en común el desenvolverse a partir de un “programa institucional” (una forma de relación con el otro que deviene del proceso de socialización, en el sentido que le da Elías).^[85] En su análisis, la vocación implica que quienes llevan a cabo un trabajo sobre los otros no solo legitimen su tarea en su capacidad técnica o en un “saber hacer”. Antes bien, la misma se asienta en su adhesión a ciertos principios y preceptos morales. Es más, la génesis misma de estas ocupaciones obedece a los principios de esa economía moral en juego.

Así, el trabajo en tanto proyecto pedagógico (en el sentido de Dubet, 2013), como trabajo vivo en acto en el proceso de cuidado (en el sentido de Merhy, 2016), se entrama con otro núcleo de sentidos que analizaremos prontamente. Al momento, vale decir que las actividades que componen los procesos de cuidado no bastan para definirlos. Resulta necesario aludir a otra dimensión que convocan: sus bases morales, la responsabilidad, las emociones, los vínculos que ponen en juego (Comas-D’Argemir, 2017). Cuidar “a pesar de” los malos tratos, la violencia, lo que dice la sociedad sobre los jóvenes, las condiciones precarias de contratación, tiene como base moral al compromiso con la tarea, sin por eso obviar la expectativa de que el trabajo permita acceder a un puesto de planta permanente en el Estado. No parece entonces fortuito que quienes desempeñen este trabajo, “que no es para cualquiera”, tengan en gran medida trayectorias de militancia en otros espacios, asociados al movimiento de derechos humanos, o a espacios comunitarios y religiosos. Son construidos como portadores de “destrezas legítimas”, de acuerdo a la expresión de Luisina Perelmiter (2011), para tornarse los artífices de la implementación de la protección integral intramuros. Estas conforman un conjunto de competencias heterogéneas, necesarias para la mediación y traducción de las políticas en prácticas. Dichas destrezas se superponen con saberes especializados, pero también con referencias culturales más amplias, vinculadas a tradiciones políticas y religiosas, condensando atributos técnicos, políticos y afectivos, que brindan indicios de la porosidad y continuidad entre trabajo y vida, constatando la imposibilidad de escindirlos.

En el caso de los trabajadores del IRAR/CERPJ, opera una síntesis que disimula la relación entre ciertas características de los trabajadores y la tarea que ejercen, en la que podemos ver continuidades entre la idea de vocación actual y la de militancia previa, a partir de la cual esta deviene un atributo de su selección. Con esto aludo a que, por un lado, parece necesario tanto que el rol de los trabajadores se adecue a sus personalidades, a sus formas de ser, así como que vinculen su orientación al compromiso con esa tarea como un atributo personal. Es justamente por estas disposiciones que son convocados, en tanto personas “comprometidas con los derechos humanos”.

Sin embargo, un nuevo movimiento provoca que esa posición, fruto de su trayectoria militante y de su labor comunitaria pasada y de la propia experiencia a partir del ingreso al IRAR/CERPJ, los integre a un universo de moralidades compartidas. Como expresaba Jaime la primera vez que lo entrevisté “nosotros tenemos la idea de que o hacemos esto o nos vamos” (Entrevista Nro. 1). Esa idea, en la cual el proyecto es a todo o nada, en este primer momento los afianza y conforma como colectivo. Les permite tener una incidencia incipiente en el gobierno de la institución, comenzar a ordenarla, ante los escasos plazos de duración de otros agentes en los puestos de conducción institucional y la ausencia de líneas de orientación prácticas para el trabajo cotidiano.

Asiste una dimensión de “eso que va a hacerse”, de las prácticas concretas que dan carnadura al proyecto institucional como una elaboración propia de los trabajadores, ligada a un trabajo definido como artesanal. Dicha artesanía, en ocasiones de menor articulación colectiva, aparece enlazada a la idea de lo “voluntario” individual, ante cierta fragmentación institucional. Miranda, al considerar el abordaje de las situaciones de los jóvenes que se construye institucionalmente, resaltaba esta característica para definir su práctica, primero como acompañante juvenil y luego como integrante del equipo de profesionales:

Es muy artesanal, esa palabra tan recurrente en los trabajadores estatales, es muy artesanal lo que uno puede, y muy voluntario de onda “ah, también podemos hacer tal cosa” (…) tratando con tirabuzón, tratando de sacar información o articular o compartir con el otro, pero es muy artesanal, es muy retaceado lo que uno puede construir (Entrevista Nro. 10, 2018).

Aquí lo artesanal aparece como un “hacer sobre la marcha”, dependiente de las posibilidades de ingenio que cada trabajador pueda poner en juego. El proceso de trabajo supone la adquisición de habilidades que cada trabajador aplica según las características personales, la capacitación obtenida y las condiciones institucionales dentro de las cuales opera (Menéndez, 1990; Menéndez y Di Pardo, 1996). También asociada a la idea del “tirabuzón”, del retazo, la dimensión artesanal se muestra entonces como una suerte de lectura de indicios para elaborar una composición posible que permita construir algún trayecto para el joven. Una habilidad, sobre todo, afectiva, que parece hablar –simultáneamente– de una falta de sistematización en las tareas y un predominio del saber práctico (Graziano, 2017).

Sin embargo, Felipe sintetiza otras ideas de lo artesanal del trabajo, ligadas a la creación propia que los acompañantes elaboraron:

Cuando fui armando esa idea de cuál era nuestro objetivo –entendiendo que era el cierre progresivo– y lo que fuimos leyendo –entendiendo cuál era nuestro lugar ahí–, eso siguió motivando nuestro trabajo. Y fue tan innovador, por eso lo defendimos tanto, porque lo creamos nosotros artesanalmente (…) El filo o la línea en que sea una tumba o se transforme en un espacio que habilita otras cuestiones está en la energía que le pongan los trabajadores y la línea política con la que lo pensás (Felipe, Entrevista Nro. 24, 2023).

Energía, técnica y política se combinan de manera artesanal en la elaboración del marco de trabajo que se construye a instancias del Colectivo de Acompañantes Juveniles, de acuerdo a este trabajador. La artesanía identifica, entonces, tanto a algo innovador y propio del grupo de trabajadores, como también al desafío que conlleva que el instituto no se transforme en una “tumba”, en una cárcel “depósito”, ligada al sistema penal de adultos, sino en un espacio habilitante para los jóvenes. Parte de esa artesanía consiste en entender el propio lugar en la institución, la forma de relacionarse con el calor de este objeto caliente, evitando esa sentencia en la cual “quemarse” parecía ser un destino anunciado.

Richard Sennett (2009) reconstruye las dimensiones del trabajo artesanal desde la época medieval hasta nuestros tiempos. Pese a la lejanía temporal y espacial que comporta, cabe mencionar algunas dimensiones interesantes que podrían trazar un andamiaje que permita esta caracterización del trabajo de los acompañantes como “artesanal”. Para este autor, los trabajos artesanales se basan en comportamientos convertidos en rutinas, en un repertorio de procedimientos que se sintetizan en una “habilidad” que liga simultáneamente conocimiento tácito y reflexivo. Gran parte de esas prácticas y procesos reflexivos resultan difíciles de objetivar, de expresar en palabras y proposiciones lógicas. El trabajo artesanal requiere participación activa, “como una práctica clínica”. Pero, además, remite a una habilidad compartida y a un trabajo técnico en el cual están implícitas conductas éticas. Se trata de conocimientos encarnados en hábitos corporales, en gestos que son tanto técnicos, éticos como estéticos, inescindibles de las dimensiones de los objetos, de la historia de las instituciones y de las condiciones sociales, como plantea André Haudricourt (2019).

La cualidad artesanal de aquello que los acompañantes han construido funciona como trampolín para su reivindicación y su defensa en los momentos en los cuales su trabajo parece verse amenazado. La “lógica convivencial” vertebra a la tarea de “acompañar en el encierro”. Se trata de un marco de trabajo conceptualizado, discutido, a su modo teorizado. Pero esta primera imagen, que parece reponer una dimensión racional de ese encuadre, debe ser trascendida. Reparar en los hilos que articulan esa “lógica convivencial” permite considerar el universo de una economía moral compartida entre los trabajadores que tiene su basamento en ciertos principios, adhesiones, afectividades, sentimientos, hilvanados con su pertenencia a un determinado sector comprometido con los derechos humanos, a sus trayectorias de vocación, de militancia y a sus experiencias de vida, tramadas con su trabajo como acompañantes.

En este proceso, los trabajadores construyen ciertos “hitos”: un primer festejo de navidad y año nuevo en el cual no existieron autolesiones, una nota periodística que “hablaba de otras cosas”,^[86] en referencia a un espacio literario, su propio blog de escritos reflexivos en torno a su práctica. Asimismo, van convocando a otros actores: la institución comienza a tener actividades “abiertas al público”, muestras y talleres, a instancias del despliegue de contactos y referencias de los mismos acompañantes. Si bien los talleres son muy acotados en esta etapa, ligados a personalidades reconocidas y a los contactos con voluntariados universitarios nacionales e internacionales, con el correr del tiempo y al calor del desarrollo de otros programas provinciales,^[87] irán en aumento. Entre los talleristas, también habrá sujetos con trayectorias de militancia y trabajos comunitarios previos y actuales, potenciales aliados para el fortalecimiento del trabajo a partir de la “lógica convivencial”.

Recapitulando, en este trayecto hemos reconstruido diversos enfrentamientos en el campo penal juvenil santafesino, a partir de los cuales se gestan diferentes proyectos para la justicia penal juvenil, en general, y para el IRAR/CERPJ, en particular. A partir de allí, es posible reponer los inicios de la incorporación de trabajadores convivenciales al instituto, en ligazón al conjunto de sus experiencias previas y a las formas de significación que otorgan a la tarea de “acompañar en el encierro”. En este sentido, los inicios de la conformación del Colectivo de Acompañantes Juveniles constituyen un momento en el que podemos identificar la centralidad del trabajo en las experiencias de vida de los sujetos entrevistados, como una instancia privilegiada para conformar un saber hacer que deviene también un “saber ser” acompañante. Siguiendo a Edward Thompson (1979), podríamos referir al concepto de experiencia como forma de articulación entre la estructura y los condicionamientos, y la subjetividad y las acciones. Cuando aludimos a dicha noción en el espacio laboral, resulta posible considerar una cierta experiencia de la determinación en y por el trabajo, y su traducción en coordenadas culturales que permiten encarnarla en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales, pero también en afectividades y emociones.

Es así como el Colectivo de Acompañantes Juveniles pide por sí mismo el cierre de la institución en la que se encuentra desempeñando sus funciones, su propio espacio cotidiano de trabajo, en pos de un compromiso enunciado con la situación de los jóvenes que se encuentran recluidos allí. Esto revela al proceso de trabajo no solo como conflictivo y contradictorio, sino como una instancia de lucha y reivindicación de su propia labor respecto a la garantización de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. De este modo, aparece una tercera dimensión, la del “trabajo militante”: la militancia en y por el trabajo en disputa en esa institución “caliente”, que lleva al Colectivo de Acompañantes a explorar otra faceta organizativa, vinculada al espacio gremial, como veremos en el siguiente capítulo.

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