Finalmente elaboramos algunas conclusiones respecto al papel que tuvieron las crisis y los procesos estudiados en la conformación del bloque hegemónico colombiano. Hemos estudiado las ideologías dominantes tanto del liberalismo como del conservadurismo, buscando comprender la forma de conducción del Estado capitalista colombiano durante el periodo 1930-1950.

En la composición de las conclusiones de la investigación, fueron condensados dos breves apartados con los componentes ideológicos liberales y conservadores de la conformación del bloque hegemónico colombiano. Optamos por realizar una cohesión teórica respondiendo con una conceptualización propia de las categorías trabajadas en el Marco teórico, dando cuenta del papel ideológico que han tenido las clases dominantes en la superestructura del bloque hegemónico.

El liberalismo económico y el conservadurismo político

El periodo de 1930 a 1950 analizado en perspectiva sociohistórica, permitió comprender la fórmula política de la ‘Unidad Nacional’ en los gobiernos liberales y conservadores, conformando un bloque hegemónico sin consolidar un proyecto político de las clases dirigentes. La existencia de clases dominantes liberales y conservadoras al tener distintos proyectos políticos, hacen imposible consolidar un ‘Estado-nación’, en la versión más entusiasta de lo que ha significado esta noción en otros países del continente, haciendo énfasis en la distancia que existe con el caso argentino (Murmis y Portantiero, 2011).

Tampoco es posible entender en este periodo un bloque histórico, porque no existió una articulación real entre una superestructura y una estructura en un proyecto político dominante. La conformación de estos bloques hegemónicos ha requerido la dupla consenso-coerción, llegando a la institucionalización de las fuerzas represivas del Estado contra la protesta social y los alzamientos de las clases de subalternos.

El multiclasismo de los partidos tradicionales, contiene en la ideología política y cultural del liberalismo una gran distancia entre las superestructuras que gobiernan con las estructuras socioeconómicas que domina. Tanto fue así que, el surgimiento de las guerrillas pasó rápidamente a la dirección del Partido Comunista de Colombia y al evangelio guevarista, como evidencia de la incoherencia de los “revolucionarios liberales”.

El derecho represivo del conservadurismo colombiano se mantuvo como constante política desde comienzos del siglo XX hasta la reforma constitucional de 1991. El ‘Estado de sitio’, no fue un Estado de excepción (Agamben, 2004), fue una práctica permanente del derecho represivo del conservadurismo como política de Estado, una fórmula de las clases dominantes por mantenerse en el Gobierno y cerrar la participación de fuerzas políticas alternativas. Razón por la cual ha persistido un conflicto social y armado desde los años cuarenta hasta la internacionalización del teatro de los acuerdos de paz.

El criterio histórico-político gramsciano permitió hilar los acontecimientos históricos entre los ‘movimientos orgánicos’ y los ‘movimientos de coyuntura’ de las realidades estudiadas. El movimiento de la conformación del bloque hegemónico colombiano [1930-1950], tiene total relación con su ‘reconfiguración’ [2002-2012], en cuanto persistieron las interconexiones familiares de las clases dominantes en el poder, con estilo de ‘plutocracia’ (PALACIOS, 1995).

No sólo fue un pacto de consociacionalismo en partidos multiclasistas, sino a su vez, las cúpulas de los partidos tradicionales eligieron generacionalmente entre sus familiares a los próximos representantes del poder. Entre otras, las familias López, Lleras, Holguín, Santos, los Ospina, mantuvieron su linaje en las carteras de los Ministerios y en la Presidencia de la República.

Esta continuidad de linaje familiar en el poder político ha sido referida en la prensa oficialista, acreditando que en Colombia se creó una monarquía-republicana con el estilo de la ‘dinastía de los Santos’ (El Espectador, 2010). Eduardo Santos Montejo y Juan Manuel Santos Calderón, enlazaron el hilo argumentativo de la reiteración del régimen de la plutocracia (PALACIOS, 1986), concentrando en unas familias el mantenimiento del poder político y del poder económico, utilizando al poder militar y al poder jurídico.

La relación del bloque hegemónico con la estructura del Estado, le ha otorgado un papel relevante a la superestructura de los intelectuales que han operado de agentes de las relaciones internacionales. Tanto la diplomacia como la cooperación militar internacional han sido un factor determinante en la conformación del bloque hegemónico. Entendiendo que se ha constituido para adelantar el funcionamiento y mantenimiento del poder, conservando los intereses del expansionismo imperialista del capitalismo, en detrimento de las condiciones de vida de la mayoría del pueblo colombiano.

El problema que persistió durante el periodo estudiado, y que tiene continuidad, se relaciona de cierta manera con el estudio de Gramsci sobre la cuestión agraria. Gramsci entendió en la reunificación del Estado italiano que una “nueva capa de grandes y medianos propietarios ligada a la nueva situación política” (GRAMSCI, 1981, p. 106) avanzaría en relación a la conquista del poder político y del poder económico. Se ha de entender que, en Colombia las circunferencias de estas capas de propietarios liberales no tenían un proyecto revolucionario distributivo, sino se mantuvieron en la defensa de sus intereses privados.

El liberalismo económico y el conservadurismo político que avanzó en Colombia durante los gobiernos liberales (1930-1946) y los gobiernos cívico-militares conservadores (1946-1958), pactaron en el Frente Nacional la repartición del aparato burocrático administrativo del Estado, manteniendo selectamente en unas reducidas familias los cargos de poder político y las gerencias de los conglomerados económicos.

Los bloques agrario-terratenientes que lograron avanzar en cultivos de café, algodón, trigo y sorgo, entre otras plantaciones de escala, tuvieron éxito porque a la par que incrementó la violencia en el campo durante los años cincuenta-sesenta se hicieron de una mayor concentración de las extensiones de tierra.

Estos bloques fueron emergiendo durante el periodo de conformación del bloque hegemónico colombiano [1930-1950], tomaron el poder durante el periodo de intervalo de democracias a dictaduras [1953-1958], y expandieron el modelo de acumulación capitalista durante el periodo de ejecución del pacto del conservadurismo político y liberalismo económico del Frente Nacional [1958-1974].

La propuesta de reforma político-económica impulsada por Gaitán en 1947 fue cercenada con su asesinato. Frente al avance que brindaron los Gobiernos conservadores a los bloques industriales y minero-energéticos, Gaitán adelantó en los primeros meses de 1948 una investigación^[1] que trataba sobre los pactos político-económicos del Gobierno de Mariano Ospina Pérez, relacionados con los intereses de los capitales privados de inversión de los grandes empresarios colombianos que constituyeron la Empresa Nacional de Petróleos-Ecopetrol. La vinculación de la extracción del recurso energético estuvo ligada a la necesidad de aceleración de la inserción de importación de automotores, modificando el esquema de ferrocarriles que Opina Pérez había diseñado en su juventud como director de obras públicas.

El detrimento ferroviario en Colombia estuvo directamente relacionado con el incremento de la exploración y explotación de yacimientos de petróleo en la segunda mitad del siglo XX, favoreciendo la importación de automotores de Europa y Norteamérica, en declive de la importación de tranvías.

Las excepciones de impuestos de aduana al tráfico automotor fueron entre otros asuntos, algunos de los que convinieron en los acuerdos de comercio establecidos en los intercambios del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio-GATT de 1947. La industria automotriz venció al sistema ferroviario, aniquilando en Colombia la posibilidad de una conexión de vías de ferrocarril que permitieran la creación de un comercio interno y fronterizo con la región andina.

Con la implementación del Plan Marshall en Europa, se logró una acelerada producción industrial automotriz en la posguerra, lo cual supuso una condicionante capacidad de exportación de las mercancías que debía importar el continente americano. Entendiendo que la compra masiva de los nuevos vehículos particulares desincentivó el mantenimiento del transporte masivo del sistema de tranvías, terminándolo de liquidar entre los años 1989-1992.

El conservadurismo político a partir de 1946 había desatado la violencia en las regiones, dos años antes de perpetuar el magnicidio de Gaitán. El punto de partida del conflicto fue la represión a las casas electorales liberales en las regiones, al asumir el poder Mariano Ospina Pérez [1946-1950]. La violencia que produjo el gobierno conservador provocó la movilización de la marcha del silencio y el memorial de agravios, en respuesta al accionar represivo que había caracterizado al conservadurismo político colombiano. El incremento de la violencia con el Bogotazo profundizó las luchas de los oprimidos contra sus opresores, lo que Gaitán denominó la lucha del pueblo contra la Oligarquía, lucha que persistió durante un prolongado periodo.

La ideología dominante operó para subordinar la ‘integración ideológica de la fuerza de trabajo’ al proyecto dominante de la burguesía industrial. A partir de los años veinte, se había instaurado en la Escuela de Minas de Medellín el modelo taylorista del trabajo, Escuela en la cual se graduó Mariano Ospina Pérez. Este modelo comprendió la intensificación del adoctrinamiento de los subalternos para lograr una mayor productividad, permitiendo una exponencial ganancia a los propietarios de los medios de producción de la industria, logrando la corporativización del sindicalismo y la alienación de los trabajadores.

El derecho represivo del conservadurismo político no sólo actúo con la violencia represiva en los campos, se intensificó en las ciudades con el adoctrinamiento de los trabajadores en las fábricas de manufacturas, para sostener el impulso de la industrialización que defendía el proteccionismo nacionalista conservador. La identificación de los trabajadores con las luchas antiimperialistas fue absorbida por la corporativización del sindicalismo que promovía la ideología del interés general de la ‘industria nacional’.

Si el proteccionismo de la industria de manufacturas caracterizó al gobierno conservador, tampoco estuvo exento de combinar en el gobierno de Laureano Gómez los principios del libre comercio que necesitaba Estados Unidos para iniciar su expansión comercial en Colombia. Las diferencias entre proteccionismo y librecambismo fueron atenuadas en el Congreso de la República, más aún difuminadas en los intereses económicos de los grupos de empresarios de las clases dominantes colombianas.

Aquello que puede denominarse librecambismo socialista^[2], puede de alguna manera verse en el desarrollo de la ideología del liberalismo económico colombiano. La oposición al proteccionismo o a un capitalismo de Estado, contiene una vertiente de intereses económicos en partidarios de los socialismos y comunismos europeos y norteamericanos. Las vocerías políticas de las fuerzas alternativas que se mantuvieron en la lucha política no armada tendieron a beneficiarse en reducidos círculos de las ‘ventajas’ de la importación de mercancías de menor precio que las producidas en la industria nacional.

Estas ‘contradicciones’ de posiciones frente a los modelos económicos de liberales y conservadores, contienen falsos dilemas entre los beneficios del consumo individual que propicia el libre comercio frente al mal menor del proteccionismo de una industria nacional capitalista. Ambas posiciones se conciliaron en las clases dominantes, dejando en confrontación a las clases de subalternos que se vieron forzados a defender con armas los puestos burocráticos y los cultivos de supervivencia en el campo. Las cúpulas en el poder acentuaron una ideología dominante que, sin importarle la suerte de sus subalternos, posibilitaron la acumulación originaria del capital, incrementada con la violencia que ejercieron contra las fuerzas políticas que se opusieron al bipartidismo.

El liberalismo económico, es necesario entenderlo en el dilema del librecambismo socialista, diferenciado de la vocación agroexportadora que caracteriza a la economía argentina, dado que no han tenido el mismo impacto en el desarrollo económico colombiano, aún con la presencia de dos océanos en el territorio nacional. La oposición al proteccionismo industrial ha sido ejercida por las fracciones de clases dominantes de la burguesía financiera y comercial, bloque que no tuvo incidencia internacional en la exportación de productos agrícolas, más allá de la conformación de una burguesía cafetera.

El papel que jugaron las clases dominantes del sector financiero y comercial, en favor de una temprana apertura de libre comercio, tiene relación con un reducido número de familias liberales que combinaron sus negocios bancarios con la exportación del petróleo y del café. La concentración de riqueza de este reducido número de familias genera una gran desproporción en el poder político-económico de mitad de siglo en Colombia.

Estos bloques de poder económico se abrieron paso con el Acuerdo de Comercio firmado con Estados Unidos en 1936, el cual congeló las tarifas aduaneras hasta los ajustes que realizó el Gobierno conservador con la Reforma Arancelaria de 1947. Los aranceles que se cobraron en los puertos colombianos entre 1936 y 1947, ciertamente no tienen un registro significativo que pueda contrastarse al peso de las exportaciones agrarias en las economías portuarias del Cono Sur.

Los datos del Censo Industrial del Banco de la República para los años comprendidos entre 1944 y 1947, dan cuenta de la existencia de una dinámica económica de importaciones y exportaciones en la economía colombiana. Sin embargo, la burguesía nacional agraria e industrial no fue la única protagonista de este desarrollo, tuvo que aliarse con las burguesías comerciales y financieras que se desprendieron de las familias inmersas en los negocios bancarios.

Un caso paradigmático es el de la burguesía cafetera, la Federación Nacional de Cafeteros, estableció en la década del treinta el no pago de aranceles de exportación y en los años cuarenta realizó la privatización del Fondo Nacional del Café, proporcionándose la administración privada de las divisas que proporcionaba el control de la venta del café colombiano al exterior.

Con lo cual, es visible que el capitalismo monopólico en Colombia logró niveles desproporcionados de concentración de capitales y acumulación de ganancias. Tomando como referencia el Censo Industrial de 1945, Luis Emiro Valencia (2012) resalta que sobre el total de “7.853 empresas industriales, 110 controlan el 65.3% del capital” (2012, pág. 60), es decir, que el 34.7% del capital restante debía distribuirse en 7.743 empresas industriales. Este fue el proceso de desigualdad en el modelo de acumulación de capital constituido con el bloque hegemónico colombiano.

La reducción del espectro de la acumulación del capital de la industrialización monopólica en Colombia se centró entre 1947 y 1949, en cinco empresas, a saber, Coltejer, Fabricato, Coltabaco, Cementos Diamante y Azucareras del Valle. Estas empresas generaban utilidades anuales de 226%, incrementando capitales de $54 millones a ganancias de $123 millones por año (VALENCIA, 2012, pág. 60). Estos datos, dan cuenta del funcionamiento de las clases dominantes colombianas en cuanto a la acumulación y concentración de la riqueza en un reducido número de capitalistas, en grandes proporciones de ganancias.

El desarrollo industrial iniciado durante el periodo 1923-1928, se caracterizó con los gobiernos conservadores por constituirse en una fase de la industrialización colombiana donde el Estado tenía un papel fundamental “con su política proteccionista a través de los altos aranceles aduaneros” (VALENCIA, 2012, pág. 58). Esta política de impuesto de aduana para la recaudación de presupuesto del Estado se mantuvo aún con la firma del Acuerdo Comercial de 1936, con el cual se realizaron concesiones de importación a Estados Unidos, convertido en principal socio comercial de los gobiernos liberales.

Los liberales adscritos a los negocios bancarios y comerciales propiciaron algunos debates en favor del librecambismo. Entre estos la posición de Carlos Lleras Restrepo, quien, en palabras del Representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, Hernando Juliao Moreno, recomendaba al gobierno “concertar pactos de rebaja de su tarifa arancelaria” (ElTiempo, 1947, pág. 18).

La posición de Gaitán, en el asunto de la Reforma Arancelaria da cuenta de algunas posiciones en favor del proteccionismo. Ciertamente el análisis de Gaitán en 1947 revisa la defensa de un “proteccionismo condicionado”, el cual “tenía como objetivo poner al país en capacidad de atender la [soberanía] alimentaria y el suministro de materias primas básicas, atendiendo simultáneamente la capacidad de compra de las masas” (VALENCIA, 2012, pág. 63).

La preocupación del liberalismo gaitanista se centraba en “el alza del costo de vida” que generaban las nuevas tarifas arancelarias. Argumento que no era negado por el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, José María Bernal, quién respondió al debate enunciado por Gaitán, el 10 de diciembre de 1947 en el Capitolio, diciendo que “toda nueva imposición trae como consecuencia un mayor encarecimiento del costo de la vida” (ElTiempo, 1947, pág. 15).

La inserción de Colombia en el comercio internacional en el periodo de posguerra era un debate fundamental para el grupo de economistas que acompañaron a Gaitán en la formulación del Plan Gaitán y el Plan Colon, propuestas con las que asumió la dirección del Partido Liberal, como plataforma para hacerse de la presidencia en las elecciones de 1950. Las posiciones de estos economistas Antonio García, Guillermo Hernández Rodríguez, Antonio Ordoñez Ceballos, Luis Rafael Robles, en gran mayoría vinculados con la Universidad Nacional de Colombia, circularon a favor de una “política de proteccionismo condicionado y con planeación estatal” (VALENCIA, 2012, pág. 63).

En la oposición de Gaitán a la Reforma Arancelaria, predomina una preocupación social por el alza de precios que una nueva imposición aduanera generaba en la vida de las mayorías. Entendiendo que, la versión del socialismo gaitanista expuesta en las ideas socialistas, está ligada a la concepción de una planificación estratégica de la economía con estatización de las empresas, nacionalización de los recursos naturales minero-energéticos y la distribución de la tierra al campesinado.

Era una discusión distinta la que daban los partidarios industriales que solicitaban “rebajar las tarifas” de la importación de insumos para la disminución de los costos de producción de la industria, frente a una burguesía agraria que monopolizaba la producción nacional. Ciertamente el debate no se puede confundir con economías portuarias, siendo estos debates librados en un país centralizado, con un mercado interno cerrado, sostenido tanto por liberales como por conservadores.

El caso del librecambismo socialista de Gramsci en Italia tiene aún mayor distancia, si bien la posición de ‘la libertad de aduana’ en 1917, radica en la declaración de la sección socialista turinesa, promulgada en medio del conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial. Ante el ‘problema aduanero’ Gramsci identifica las posiciones de los demócratas y conservadores italianos que se oponían a un ‘proteccionismo aduanero’ en los términos de “impedir que la agricultura sufra debido a las ventajas otorgadas a la industria” (GRAMSCI, 2015, p. 112), en su lugar la posición socialista era una “cuestión de justicia en las relaciones entre productores y consumidores” (Ibid.).

El Partido Socialista Italiano ya había declarado oposición a la ‘protección aduanera’ en 1914, los argumentos que pone a discusión Gramsci pueden enunciarse a favor y en contra de la siguiente manera, las ‘barreras aduaneras’ permiten una estabilidad a la industria que genera un aumento en el salario a los trabajadores, sin embargo, a la vez que suben los salarios también suben los precios de los bienes de consumo generando un ‘encarecimiento de la vida’.

Gramsci dirigió en Italia el debate contra el proteccionismo industrial, a favor de liberar las aduanas de los impuestos. Los argumentos del socialismo por la liberación de aduanas estarían puestos en el contraste de la “solidaridad internacional” versus el proteccionismo nacionalista. Asunto que Lenin recordó en los debates con Luxemburgo, como era necesario el reconocimiento de la plena autodeterminación de los pueblos para ejercer su derecho a la soberanía. La independencia económica que reclama el proteccionismo aduanero ciertamente puede seguir teniendo partidarios, frente a las imposibilidades reales de “concreción de los auspicios internacionales”.

En Colombia estos debates rondaron entre liberales y conservadores a favor del proteccionismo aduanero. El gaitanismo promulgó un ‘proteccionismo condicionado’, que bien puede entenderse como un tipo de liberalismo económico desarrollado en los límites del mercado interno, en donde el gravamen de aduanas buscaba salvaguardar los intereses económicos de las clases dominantes de la burguesía agraria e industrial.

La integración ideológica del liberalismo económico y el conservadurismo político se estableció finalmente en el pacto del Frente Nacional. La firma de la Alianza para el Progreso en 1964 cerró definitivamente cualquier desgajó de antiimperialismo de los conservadores y liberales. A partir de los años sesenta se dio lugar a la ideología del desarrollismo y el progreso de la modernización, abriéndose finalmente hacia la economía de libre mercado.

Las consecuencias de larga duración de la conformación del bloque hegemónico colombiano

Las conclusiones establecidas en conjunto con la dirección de tesis pretenden realizar una breve proyección al presente. La investigación permitió comprender que el periodo de 1930 a 1950, es un momento crucial de la historia colombiana que se produjo a partir de la reconfiguración de las relaciones de clase y el carácter del Estado precipitado por la Gran Depresión de los años treinta.

Se han develado las raíces profundas de la perpetuación del ‘Estado de sitio permanente’ en el cual se encuentra el régimen colombiano desde aquel momento y que llega hasta nuestros días. Produciendo una coagulación del sistema político-partidario que se erige en un dique infranqueable ante cualquier proyecto de nuevas innovaciones políticas. Tal rigidez sanguínea hace que persista la incapacidad de resolver la participación política en el sistema de elecciones a nuevas fuerzas.

El endurecimiento sanguíneo del sistema colombiano es la génesis de un mismo problema, la continuidad de la plutocracia de las familias dominantes, como lo evidencia la línea de los expresidentes Juan Manuel Santos y su tío abuelo Eduardo Santos. La permanencia de estas interconexiones familiares en el poder ha sido la principal causa de persistencia de la confrontación armada y la negación de una verdadera solución a la crisis.

La emergencia de la más prolongada experiencia guerrillera de Latinoamérica (las FARC y el ELN) es un síntoma de la persistencia de los problemas fundantes del conflicto político, social y armado colombiano. La inconclusa reforma agraria, es uno de los problemas más sentidos. Fue demostrada la constante reivindicación por la distribución de la tierra, con recursos del Estado que garanticen subsidios al campo para el usufructo de las pequeñas familias productoras.

Estimamos necesaria la propuesta revolucionaria de Gramsci, afirmando que es necesario “elevarse a la fase de hegemonía político-intelectual en la sociedad civil y volverse dominante en la sociedad política” (GRAMSCI, 1981 [T2], pág. 172). La forma de elevarnos y mantenernos a la altura que las circunstancias plantea una cuestión que sigue siendo la causa de las Revoluciones, de su victoria o de su fracaso, la realización de una reforma agraria que cumpla las reivindicaciones que esperan los pueblos.

La cuestión agraria en el pacto diplomático-militar del Frente Nacional no dejó resuelto el asunto de la división de la propiedad de la tierra. Por el contrario, se profundizó una secuencia represiva contra los campesinos, asunto que evidenciamos con el asesinato de Guadalupe Salcedo en los años cincuenta, un fatal antecedente de los procesos de paz que se llevaron a término entre el Gobierno colombiano y las guerrillas liberales y comunistas.

La revisión en la obra gramsciana a los problemas de la tierra seguirá siendo un camino de observación con lupa a los problemas que no fueron resueltos en Italia, las consecuencias las conocemos como fascismo en consonancia con el nacionalsocialismo alemán. Estos desenlaces totalitarios, pueden trasladarse como rejillas de análisis al entendimiento de la ideología dominante en la estructura productiva del bloque hegemónico conservador, durante el periodo analizado.

Tales antecedentes, son fundamentales al estudiar la situación actual y la constante histórica del problema agrario en Colombia, como causa fundante de un conflicto interno social y armado que, tras el teatro de la paz, sigue en confrontaciones bélicas entre el Estado colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional-ELN, con el apabullante florecimiento de bandas criminales que buscan controlar los territorios que poseen recursos minero-energéticos.

El pesimismo de que lo ‘nuevo no puede nacer’ (GRAMSCI, 1981, p. 37), puede ser afrontado con una nueva generación con voluntad de poder. Con lo cual, cambiar el pesimismo por el optimismo de la posibilidad de un relevo generacional. Las clases dominantes perdieron el consenso político en 1958, pactando el uso de la ‘fuerza coercitiva’ contra los subalternos.

La Constitución de 1991 permitió el ingreso de nuevos actores a la contienda electoral que siguen formando fuerzas populares y reformistas, con un acumulado de experiencia en la administración de los poderes departamentales y municipales. La unidad política de sectores alternativos puede llegar a modificar la balanza de poder, posibilitando en las próximas elecciones el primer ascenso a una alternativa política que finalmente supere al bipartidismo colombiano, reconvertido en facciones liberales y conservadoras de nuevas marcas.

Se ha hecho imprescindible en Colombia la renovación de la vida política y social, la cual afronta con adversidad los legados derivados de la conformación del bloque hegemónico liberal-conservador, sofocando por medios violentos los intentos de crear un orden político genuinamente democrático y socialmente responsable. Esperamos que esta tesis doctoral pueda ser un aporte que ayude a la mejor comprensión de la crisis que abruma al pueblo colombiano.

La conformación del bloque hegemónico en su doble caracterización de conservadurismo político y liberalismo económico ha tenido ya una reconfiguración en los Gobiernos represivos y autoritarios del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006; 2006-2010), y en la continuidad del liberalismo económico de los Gobiernos de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014; 2014-2018), y el sucesor Gobierno de Iván Duque Márquez (2018-2022).

Este último logra conjugar la Confianza Inversionista como política económica gubernamental que ha persistido en las últimas dos décadas en el Estado colombiano, atrayendo los capitales externos para la profundización del modelo primario-exportador. A la vez que sostiene una política represiva hacia los alzamientos de los trabajadores que se han visto severamente perjudicados con la consecuente crisis económica que ha provocado la emergencia sanitaria del ‘Coronavirus’.

El incumplimiento a los Acuerdos de Paz firmados en la Habana tanto por el Gobierno colombiano como por las disidencias en armas deja un saldo en Colombia de líderes y lideresas asesinados por reclamar los derechos de defender los territorios de la extracción de los recursos por las multinacionales. La defensa del agua, la tierra y la vida, siguen siendo condenados con pena de muerte, ejercida por el paramilitarismo y las bandas criminales. El asesinato de los exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz es la continuidad del antecedente de la masacre a los firmantes de los Acuerdos de 1958, se ha encendido la alarma de un nuevo genocidio político, como el padecido contra los 5.000 cuadros asesinados de la Unión Patriótica en los años ochenta y noventa^[3].

Walter Benjamín y Gramsci dieron un valor central a decir la verdad en la política, en tiempos de Justicia Transicional, esperamos que este aporte de una perspectiva de investigación con criterio histórico-político logre hacer entender que “en la política de masas decir la verdad es, absolutamente, una necesidad política” (GRAMSCI, 1984, pág. 25). La verdad de los intereses político-económicos y militaristas que han protagonizado el conflicto interno social y armado colombiano esperamos que llegue a develarse en los próximos años. Una nueva generación decidirá un rumbo distinto a la constante de matarse entre hermanos de un mismo pueblo.

Por último, el laberinto de procesos jurídicos que ha acompañado el último trayecto de la presentación de la tesis ante la Comisión del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires-UBA, se limitó a fijarse en la extensión de páginas entre el mes de junio y septiembre del año 2023, páginas más o páginas menos del límite, ha sido la Gran Discusión. En el fondo, seguro motivan otras razones las diez mil vueltas que han retrasado la asignación de jurados, y definición de la defensa de tesis doctoral, por esta situación, en los anexos podrán revisar fragmentos que fueron extraídos del orden no jerarquizado que se adecuó al índice de contenido.

Si logran los jurados leer la totalidad de este Informe Final de Tesis, podrán comprender que la perspectiva crítica no solo ha sido teórica, esta ha sido permanente, tras el telón de los acontecimientos políticos, sociales, económicos y jurídicos que han sido materia de estudio. El romanticismo de los ideales políticos que puedan seguirse defendiendo en los principios del materialismo histórico, se han aterrizado a una realidad concreta, en la cual, sino sigues los dictámenes de los capitalistas, por más progresistas, los laberintos de la tramitocracia, de la burocracia administrativa académica, pueden prolongar indefinidamente los plazos, o, incluso, anular la escritura.