La conformación del bloque hegemónico colombiano inició en 1930 con la asunción del Gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera, entendiendo que, en la práctica del autoritarismo represivo del conservadurismo político, se agregaron los fundamentos del liberalismo económico en la conducción del Estado colombiano.
En este capítulo identificamos y estudiamos los proyectos políticos en los programas de Gobierno de los referentes político-ideológicos liberales (1930-1946), se realizó un análisis con ‘criterio histórico-político’ de la trayectoria política, en modo biográfico, y del accionar gubernamental, en los discursos y documentos oficiales que registraron la toma de decisiones de aquellos que ocuparon los cargos de la Presidencia y algunos Ministerios.
2.1. La concentración nacional, Enrique Olaya Herrera, 1930-1934
La alianza de clases dominantes que se pacta en la llegada del Partido Liberal en 1930, tiene un componente de alianza corporativa con los gremios económicos ligados al sector industrial, con inclinación al liberalismo, el cual estaba en descomposición con las luchas obreras en términos de surgimiento de huelgas y protestas en todo el territorio, llegando a acuerdos en el programa de Gobierno de la ‘concentración nacional’, denominado de ‘transición’, con un ‘modelo reformista’, responsable de superar la crisis económica de 1929, y, afrontar la guerra con el Perú (1932-1933) por los límites territoriales en la Amazonía.
A diferencia de los gobiernos conservadores, el Gobierno de Olaya Herrera (1930-1934) presto mayor atención a las demandas de los trabajadores, logrando estabilidad política e impulso en la producción nacional, posibilitando la incorporación de los nacientes sindicatos en la coalición de poder. Estableció una alianza entre clases dominantes de propietarios liberales y conservadores, invitando al gabinete de Gobierno a representantes del conservadurismo, con motivo de sostener una estabilidad en las correlaciones de fuerza de los intereses económicos y políticos que habían regido durante las décadas precedentes.
Enrique Olaya Herrera (nació en Guateque, el 12 de noviembre de 1880 y falleció en Roma el 18 de febrero de 1937), se graduó de derecho con una tesis en derecho penal denominada La liberación condicional, según sus maestros de seguir la carrera de penalista había tenido lugar en el campo jurídico (MENDOZA CHATAGNON, 2012, pág. 126). Sin embargo, no fue la carrera de penalista su elección profesional, en lugar de una firma de abogados fundó un periódico, El Comercio, y se dedicó desde el oficio de periodista a forjar opinión política.
El perfil de periodista y político lo caracterizó desde su juventud, en su pluma dejó plasmadas las diferencias contra la ‘Regeneración Conservadora’, haciéndose reconocido crítico liberal de la generación del centenario[1]. Participó de la conciliación nacional desde el palco del Partido Republicano (1909), prestando su trabajo político a la mediación de los conflictos, ejerciendo el cargo máximo en el Ministerio de Relaciones Exteriores (1910-1911, 1921-1922, 1935).
En 1919 fue nombrado miembro de la Asamblea Constituyente para la reforma de la Constitución de 1886. Cursó estudios de derecho en la Universidad Republicana y se especializó en la Universidad Libre de Bruselas. En su trabajo diplomático obtuvo en 1922 “la legación diplomática en Washington, en la cual se desempeñó durante ocho años, manejando con gran empeño los problemas de Colombia con Estados Unidos” (Banrepcultural, 2017).
Su trayectoria en los Gobiernos conservadores y el arduo trabajo diplomático en la Embajada de Colombia en Estados Unidos, le permitieron perfilarse como el candidato que logró superar la ‘Regeneración Conservadora’ y dar el triunfo en las elecciones de 1930 al Partido Liberal. Luego de su periodo presidencial, retornó al oficio diplomático, asumiendo de nuevo en 1935 el Ministerio de Relaciones Exteriores, durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1930-1934).
La campaña a la presidencia
Las elecciones presidenciales de 1930 se celebraron el 9 de febrero[2], los resultados arrojaron una votación que dio como ganador a Enrique Olaya Herrera con la fórmula política de la Concentración Nacional, versus la división de las candidaturas del Partido Conservador de Guillermo Valencia y Alfredo Vázquez Cobo, y la candidatura de Alberto Castrillón[3] por las fuerzas alternativas.
En el estudio de Zapata Hincapié (2011) pueden seguirse las elecciones de 1930, revisando la influencia de la Iglesia Católica en la división de los conservadores, en tanto el apoyo de monseñor Ismael Perdomo fue otorgado a la candidatura de Alfredo Vásquez Cobo, y negado a Guillermo Valencia, quien recibió apoyo de los congresistas conservadores[4]. Esto conllevó a que la campaña de la ‘salvación de Colombia’ con la ‘Concentración Nacional’ consolidará la fuerza para el triunfo del liberalismo.
La Convención Liberal celebrada en noviembre de 1929, acordó enviar un mensaje a Olaya Herrera que se encontraba en la embajada de Washington el 5 de diciembre, comunicando la decisión del Directorio de proponerlo como candidato presidencial. El Partido Republicano en cabeza de Carlos E. Restrepo, manifestó la adhesión a la candidatura en la coalición de la Concentración Nacional, asumiendo luego el cargo de ministro de Gobierno[5].
La llegada de Olaya Herrera a Colombia en el puerto de Barranquilla está registrada en la prensa y compilada por Zapata Hincapié (2011) en una serie de consignas arengadas por el pueblo que vio una mínima posibilidad de cambio político en su candidatura, las pancartas que lo recibieron contenían los siguientes mensajes: “Bienvenida al candidato de la concentración nacional”; “Ser olayista es ser patriota”, “Si queréis pan y trabajo, seguid a Olaya”, “Obreros: Olaya os dará trabajo y pan” (ZAPATA HINCAPIÉ, 2011).
El malestar social que regía el fin de los veinte en Colombia sobrepasaba todo registró histórico con el fusilamiento en manos del ejército de los trabajadores de las bananeras. Con lo cual, continuaron las ‘manifestaciones de protesta popular’ en todo el país. En Bogotá tuvo lugar una concentración “el 8 junio de 1929 cuando alrededor de 10 mil personas recorrieron las calles de la capital” (POSADAS CARBÓ, 1999). La concentración del pueblo dio cuenta del descontento que tenía contra el Gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930) y en general contra el poder en manos del Partido Conservador.
La campaña del liberalismo recogió las discusiones de la Convención de 1922[6]. Esta permitió construir un ideario político que logró la simpatía de las mayorías hasta la recta a la presidencia en 1930. Con las elecciones de 1929, “elecciones de diputados en febrero, de representantes en mayo y de concejales municipales en octubre” (POSADAS CARBÓ, 1999), se habían calibrado los motores del pulso político. La decisión de López y el Directorio Liberal, fue comunicarle por correo postal a Olaya, quién se encontraba en Estados Unidos, la decisión de proponerlo como candidato presidencial. En seguida, Olaya viajó a Colombia, con motivo de iniciar la campaña, sin renunciar a la embajada de Colombia en Washington.
El programa de la Concentración Nacional
La política de concentración nacional fue el resultado del programa con el cual Colombia afrontó la crisis económica mundial de 1929. Tras la ausencia de dólares y la reducción de las importaciones, la orientación repercutió en concentrar las fuerzas y los capitales nacionales en una política de proteccionismo y fomento al desarrollo industrial nacional[7]. La concentración también hacía referencia a la unidad de clases y partidos, en tanto necesidad de concentrar todos los esfuerzos con el fin de sostener el progreso económico ante los tiempos de adversidad financiera mundial.
En la época circuló un periódico llamado Concentración Nacional, el cual se compilaron distintos artículos que sintetizaban el ambiente bipartidista del Gobierno de Olaya Herrera. En el artículo “El Gobierno de concentración se impone sobre los Partidos”, puede leerse que se impuso “la necesidad de una concentración. Y de una concentración codificada, con un programa y un órgano comunes de Gobierno. Donde pueda codearse el hijo del pueblo con el hijo del magnate”[8]. Este clima político hacía posible que las resistencias de Boyacá y Santander de alzamientos contra los liberales por la pugna de mantenimiento de los aparatos burocráticos locales, fuera limándose en aras del proyecto de Concentración[9].
El gabinete de ministros que respaldó el gobierno de Olaya Herrera contó con los siguientes nombres: “Carlos E. Restrepo, Eduardo Santos, Francisco José Chaux, Tulio Enrique Tascón, Abel Carbonell, Fabio Lozano Torrijos, Alfonso Araújo, Jaime Jaramillo Arango, Carlos Arango Vélez, Gabriel Turbay, Sinforoso Ocampo, Raimundo Rivas, Esteban Jaramillo”, entre otros.
De estos, el rol de Jaramillo[10] como ministro de Hacienda, se destacó por sus conocimientos en materia de política fiscal y monetaria, asumiendo los desequilibrios económicos que causaba la crisis mundial de 1929 en la economía nacional, tras el congelamiento de los empréstitos de inversión por la bolsa de New York. Fue ministro de los gobiernos conservadores, asumiendo la coordinación de la primera misión Kemmerer en el gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926).
La Concentración Nacional constituyó un cogobierno entre liberales y conservadores[11], dejando al Partido Conservador los ministerios de Guerra, Hacienda y Educación. Tal repartición del poder entre los Partidos tradicionales no tenía simpatía en todo el conjunto del liberalismo, López Pumarejo elaboró en su periodo presidencial las respectivas críticas en el lineamiento de hacer un Gobierno de un solo Partido[12]. Sin embargo, el mismo López invitó a los conservadores a participar de su Gobierno y fueron estos quienes se negaron[13].
El Gobierno de Olaya Herrera
La síntesis de los avances del Gobierno de Olaya Herrera podría presentarse en los términos de la literatura oficial liberal con el fomento del sector petrolero[14]; inversión en la infraestructura portuaria de Barranquilla y Buenaventura; creación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero; Fundación del Banco Central Hipotecario, dirigido a la construcción de vivienda; y participación en la Federación Nacional de Cafeteros. La implementación de leyes laborales[15] dirigidas al descanso dominical y las vacaciones remuneradas; asistencia social dirigida a la protección del obrero y el campesino; a la vez que leyes de protección a la infancia y eliminación del trabajo infantil[16].
Estos avances gubernamentales, fueron sobresaltados con los hechos violentos presentados en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander entre 1931 y 1933, a los cuales se les ha denominado ‘la pequeña violencia’ (GUTIÉRREZ SANÍN, 2017, pág. 544). Aunque no dedicamos una profundización a los asuntos de conflicto interno policial que aconteció en la época, cabe mencionar una relevante decisión del Gobierno de Olaya Herrera al anular el voto militar en 1931[17].
El trabajo que supuso la reforma al sistema castrense tiene que contemplar cuarenta y cuatro (44) años de gobiernos conservadores de la ‘Regeneración’, agravados en la deslegitimada represión de la Fuerza Pública a los trabajadores de United Fruit Company, el 5 y 6 de diciembre 1928. La ‘rojización liberal’ de los aparatos militares, les llevó tiempo, cuatro gobiernos continuos a los liberales, y fueron vueltos al azul conservador en menos de un periodo de gobierno que terminó en el gobierno de una Junta Militar.
Durante su Gobierno, además de afrontar la crisis económica mundial, tuvo que dirigir la Guerra con el Perú por límites territoriales, desatada el primero de septiembre de 1932 cuando los peruanos ocuparon Leticia queriendo reclamar derechos en el territorio colombiano[18]. Olaya dejo políticamente el asunto en la cabeza de Jorge Eliécer Gaitán, quien hiciera los debates respecto a la defensa de la soberanía nacional y la defensa del territorio, siendo nombrado vicepresidente de la República en medio de la crisis con la frontera amazónica, cargo desde el cual asumió el trabajo diplomático en el continente para ganar la causa a favor de Colombia[19].
La alianza corporativa con los gremios económicos, ligados al sector industrial con inclinación al liberalismo, tenía una relación político-económica directa con la explotación de los recursos regionales, esto se sostiene en que durante “1930 y 1933 se fundaron 842 establecimientos industriales” (MOLINA, 1977, pág. 23). El principal recurso que generaría tal desarrollo industrial sería el petróleo, no obstante, el auge de las industrias fabriles (textiles, tabacaleras, etc.) y las relacionadas con el proceso de alimentos, continuarían formándose durante el periodo liberal.
Del Gobierno Olaya es preciso mencionar la situación del sector petrolero. Se puede dar cuenta del direccionamiento de Estados Unidos por intervenir en la industria del petróleo, favoreciendo en la extracción de los hidrocarburos los intereses norteamericanos. Variadas investigaciones abordan este tema, por tanto, es posible realizar algunas menciones. En palabras de Diego Montaña Cuellar (1998), la campaña de Olaya Herrera tuvo una serie de reuniones previas en Norteamérica,
Antes de embarcarse para Colombia había tenido una importante conferencia con los magnates petroleros resentidos con el Gobierno de Abadía Méndez que, buscando atraer a los petroleros ingleses, ingenuamente y sin atender a la realidad imperialista que une a los monopolios en la cima, declaró caducada la Concesión Barco de que era cesionaria la Texas Petroleum Company. Las razones jurídicas en que se fundó la caducidad eran evidentes, pero el secretario de finanzas de los Estados Unidos era accionista de la Colombian Petroleum, filial de la Texas, constituida para explotar los campos del Catatumbo en la frontera con Venezuela (MONTAÑA CUELLAR, 1998, pág. 354).
Los intereses norteamericanos en la explotación petrolera en Colombia tienen más de un episodio controversial en la política colombiana, en sus comienzos, los intereses de la familia Barco fueron supeditados a los intereses de los inversionistas extranjeros, con el favorecimiento de Olaya Herrera al capital externo.
Esta perspectiva, refiere a la situación de los intereses económicos que se imprimieron en la elección de Olaya, es decir el ingreso del liberalismo al poder político conllevó a la apertura liberal, al comercio y a las inversiones que beneficiaron a “los hombres de negocios, comerciantes, industriales y latifundistas” (MONTAÑA CUELLAR, 1998, pág. 355).
El pleito de caducidad de la Concesión Barco en 1931 fue resuelto a favor de los intereses del secretario de Estado norteamericano, quien fue acusado por sus mismos connacionales de mediar intereses particulares en la venta que le hiciera el Gobierno colombiano a la Colombian Petroleum Company (Colpet) de los derechos de exploración y explotación de petróleo en territorio nacional[20].
Este breve panorama da cuenta del cambio de Gobierno entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. La asunción de Olaya Herrera al poder en 1930 permitió alcanzar algunas mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores, sin embargo, los conflictos por el traspaso burocrático administrativo en los departamentos de Boyacá y Santander marcaron una singularidad en el accionar político colombiano, los problemas de la repartición de los cargos públicos incrementarían los conflictos regionales desde 1930 hasta la definición del pacto del Frente Nacional en 1958.
2.2. Reformas sociales y políticas, Alfonso López Pumarejo, 1934-1938
La historia política de Colombia ha marcado en la Revolución en Marcha (1934-1938) uno de los Gobiernos de mayor recordación en reformas sociales. En el estudio de las repercusiones que realmente tuvo, se plantea una revisión a las fuentes que han investigado las denuncias de enriquecimiento por desfalco a las finanzas públicas por parte de la familia López Pumarejo, asunto que puede cambiar de perspectiva el legado de estos gobiernos reformistas.
La Revolución en Marcha, fue llevada adelante por el expresidente Alfonso López Pumarejo quien nació en el municipio de Honda, departamento del Tolima en 1886, y murió en Londres en 1959. Su familia se había dedicado a los negocios bancarios, aprendiendo de su padre el manejo del sistema monetario colombiano, razón por la cual eligió su formación en el sector financiero, cursó estudios de economía y comercio en Nueva York (Packard School). En 1904 se dedicó a los negocios financieros de la Casa López, fue Gerente del Banco Mercantil Americano y administró la Casa Mercantil de Ultramar. Además de la carrera financiera, fundó el Diario Nacional, accediendo al poder de los medios de información.
En su trayectoria política, ocupo los cargos de diputado a la Asamblea del Tolima en 1915 y representante a la cámara desde 1925 hasta 1930. Obtuvo el cargo de secretario general del Directorio del Partido Liberal y se desempeñó como jefe de la campaña presidencial de 1930[21]. Durante la ‘Regeneración Conservadora’ se opuso al Gobierno de Marco Fidel Suárez (1918-1921), aliándose con Laureano Gómez en el debate político que lo llevaría a la destitución del cargo presidencial, y ocupó el cargo de ministro del Tesoro en el Gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926).
Este último puesto, sin embargo, no salvo a su familia de la liquidación del Banco López. En 1923, Pedro Nel Ospina había ordenado el cierre definitivo y la venta de todo el mobiliario al Estado. La devolución de estos hechos vino con los debates parlamentarios del Partido de Gobierno, en un ajuste de cuentas del accionar político partidista en los procesos económicos familiares de la oposición. En su Gobierno, López Pumarejo ejerció acciones jurídicas y económicas contra los conservadores, ordenando la persecución a sus bienes, y en más, el desmantelamiento del poderío burocrático, con el objetivo de lograr un Gobierno donde el liberalismo ocupara todos los cargos públicos.
A partir de los negocios familiares ligados al sistema financiero, López estableció amistad en la juventud con Laureano Gómez[22], dado que ambas familias estaban ligadas con el sector bancario. De la misma manera que le hicieron oposición a Suarez, estuvieron juntos en las elecciones presidenciales que dieron como presidente a López Pumarejo. Con diferentes acciones, Gómez dirigió las revueltas regionales de los conservadores, provocando la división en el conservadurismo, orientando no participar en las elecciones y preparando levantamientos armados en los pueblos donde mantenían el poder burocrático. Por su parte, López enfilo todas las fuerzas liberales para ganar en unas elecciones sin el partido opositor.
A la campaña presidencial de López Pumarejo le antecedieron las confrontaciones entre liberales y conservadores, atizadas por Laureano Gómez desde el Congreso de la República, lo cual conllevó a la no presentación del candidato conservador en las elecciones de 1934, el candidato en la contienda electoral fue el líder indígena Eutiquio Timoté[23] avalado por el Partido Comunista de Colombia.
El lema de la campaña presidencial de López Pumarejo tuvo mucho de repercusión en el programa político, en este, se entendía que “el deber del hombre de Estado es efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución por medios violentos” (CABALLERO, 2017, pág. 4). La revolución en marcha fue un programa reformista que logró llevar adelante junto con la Reforma Constitucional de 1936, avances en materia de reforma agraria, reforma tributaria y reforma en el sistema electoral.
Una vez en el poder el liberalismo, la oposición paso a estar dirigida en el Congreso por Mariano Ospina Pérez, en la bancada del conservadurismo. Entre los debates que tuvieron lugar, López se refirió a las interconexiones familiares entre las influencias del parentesco de Ospina Pérez con su tío, el expresidente Pedro Nel Ospina, quien le había ordenado la liquidación del Banco López. Este antecedente, establece en la forma política del bloque hegemónico colombiano, una tradición persistente en los cambios de Gobierno, el ajuste de cuentas entre las competencias político-económicas de las clases dominantes colombianas.
De los avances en materia del derecho de familia, se estableció el derecho al divorcio, e iniciaron los debates por la administración de los bienes de las mujeres, hijas o madres. Uno de los mayores avances en la Reforma Constitucional fue definir la propiedad por su función social[24], esto es, ejercer la tenencia de la tierra por medio de la “ocupación con ganados, el cultivo o la construcción de edificios” [25]. Las cuestiones entre los señores de la tierra y los pequeños parcelarios o campesinos colonos con ocupaciones en baldíos, dejaba en la reforma constitucional la orientación de primar el interés público y social, por encima de los intereses particulares.
Las interpretaciones a la nueva normatividad son compiladas por Molina (1977), en una sistematización de las controversias que esta Ley de tierras causo en los conservadores, en tanto, no fueron participes de la nueva concepción de la propiedad privada concebida por el Gobierno de López Pumarejo.
De estas reformas constitucionales, el proyecto de Ley presentado por los ministros de Industria, Antonio Rocha, y de Agricultura y Comercio, Nicolás Llinás Vega, el 25 de agosto de 1937 (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 223), contradecía los intereses de la United Fruit Company[26], en el apoderamiento de los baldíos y monopolización de la economía agrícola en la Costa Atlántica. Tanto los argumentos de los ministros como el discurso del entonces presidente López Pumarejo, cambiaron totalmente la dirección del Gobierno, en apoyo a los trabajadores de la Ciénaga del Magdalena[27].
En educación pública, la modificación del articulado desobedecía las directrices de la Iglesia Católica, plasmando la libertad de culto y la libertad de enseñanza, dejando al Estado la responsabilidad de “inspección y vigilancia de los institutos docentes, públicos o privados” (MOLINA, 1977, pág. 28). Los debates con la iglesia llegaron hasta su completa objeción a la Reforma Constitucional, asunto que López Pumarejo tuvo que sortear en la opinión pública, imponiendo la nueva reglamentación.
La posición de Gerardo Molina respecto a la Reforma Constitucional de 1936 refiere que fue una nueva constitución que conservó algunos preceptos de la promulgada en 1886 (MOLINA, 1977, pág. 55). Respecto a la época que la precedió, resalta de forma clara sus referentes, fue la
expresión de un movimiento político que recogía la voluntad nacional de cambio y la influencia de acontecimientos internacionales como las revoluciones soviética y mexicana y las enseñanzas de la Constitución alemana de Weimar de 1919 y de la española de 1931 (MOLINA, 1977, pág. 55).
La Reforma Constitucional que propició López Pumarejo, modificaba sustancialmente los retrocesos de la Constitución de 1886, las alusiones de inspiración podrían detallarse en otro estudio constitucionalista, en cuanto a revisar la influencias que estas revoluciones ejercieron en los idearios del liberalismo.
En cuanto al carácter de función social de la propiedad de la Carta Constitucional, se dejaba explícito que cuando la “utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto [con] los derechos de particulares […], el interés privado deberá ceder al interés público o social” (MOLINA, 1977, pág. 59). Las cuestiones entre los señores de la tierra y los pequeños parcelarios o campesinos colonos con ocupaciones en baldíos, dejaba con esta consignación, la orientación de que primara el interés público y social, por encima de los intereses particulares.
En las elecciones legislativas de 1935, el liberalismo se había dividido. Gaitán había fundado en 1933 la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria-UNIR, los resultados en las urnas dieron cuenta de la situación de la participación política, elecciones en las cuales no se presentaron candidatos conservadores. La UNIR tuvo “3.799 votos contra 477.361 del liberalismo. Por debajo de la Unir quedaron los comunistas con 1.780 votos y la Apen con 850 votos” (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 133).
La UNIR que surgía de las divisiones del liberalismo en 1933 y ex militantes del socialismo revolucionario, no logró unidad con el Partido Comunista. Algunas de las diferencias de la época se hallan en el registro de las manifestaciones que tuvieron lugar en las instalaciones del complejo de Cervecería Bavaria, en donde el apoyo en la lucha sindical estuvo de la mano de una campaña de desprestigio del trabajo político realizado por la Unión Nacional de las Izquierdas[28]. El llamado a la huelga del Partido Comunista no conciliaba con la posición del Unirismo, ya se habían separado en las candidaturas presidenciales de 1934.
Un intento de unificar criterios en la lucha política fue la constitución del Frente Popular[29], el cual pasó de organizar manifestaciones de los trabajadores con los sindicatos en contra del Gobierno, a establecer un Frente de apoyo a la presidencia de López Pumarejo[30]. Estas agremiaciones de trabajadores darían lugar a la conformación de la Confederación Sindical de Colombia el 10 de agosto de 1936 (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 194). El Frente Popular, sin embargo, duro muy poco, en la asunción de Eduardo Santos Montejo (1938-1942) se acabaría la participación en el Gobierno, disolviendo a las demás fuerzas.
La división de las izquierdas en Colombia tiene lugar desde la misma fundación en 1930 del Partido Comunista, con fragmentos del Partido Socialista Revolucionario formado en 1924. Algunos socialistas adhirieron al liberalismo, otros se quedaron en reivindicaciones laborales con los procesos de organización sindical. Las divisiones entre socialistas y comunistas fortalecieron el bipartidismo de los Partidos tradicionales. Posibilitando la permanencia del estilo del ‘Gobierno de Partido’, donde solo el liberalismo tenía participación.
Los avances sociales en materia de distribución de la tierra se adelantaron con la Reforma Agraria, proyecto de Ley radicado en 1933 y promulgado en 1936. En la síntesis que aporta Gerardo Molina (1977) comprende que la Revolución en Marcha fue entendida “como el comienzo de la revolución agrario-industrial” (MOLINA, 1977, pág. 102). Estos serán los puntos de quiebre con la clase política que había gobernado hasta ese momento. Asumiendo que la cuestión agraria, solicitaba la atención social por el camino de distribución de la tierra, contrario a la respuesta de los años veinte de represión y exclusión.
La Reforma Tributaria, esta consignada en el Decreto 2429 del 28 de diciembre de 1934 y en el Decreto 2432 del 29 de diciembre de 1934, llegando hasta la promulgación con aval del Ministerio de Hacienda de la Ley 78 de 1935. La misma establecía una reforma a la ‘cuota militar’ que debía aportar cada contribuyente y el aumento de los impuestos a la renta[31].
La correspondencia compilada en la obra de Alfonso López Pumarejo que edita el Instituto Caro y Cuervo contiene unas Comunicaciones cruzadas con los banqueros acreedores de Colombia, en las cuales, el presidente del Consejo del Foreign Bondholders Protective Council, le hace unas recomendaciones al presidente López, con motivo de una reunión sostenida en Nueva York, donde este se compromete a enviar a Estados Unidos un informe de la situación financiera de Colombia una vez asuma el cargo. La presión que pretendían realizar los tenedores de bonos de deuda por medio del emisario hacía referencia a adoptar medidas coercitivas contra Colombia “estableciendo una tarifa especial contra el café colombiano (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, pág. 310).
La correspondencia, es una clase magistral de política internacional y tacto diplomático. La respuesta de López Pumarejo se dirigió a evidenciar uno de los problemas más sentidos de los países latinoamericanos, esto es, la contracción de deuda externa pagada con nueva deuda y la perpetuación de las condiciones de pago. Contradijo las condicionalidades del sistema financiero internacional, de someter a los países acreedores a dar beneficios a las multinacionales para realizar inversión extranjera en los territorios, aduciendo que tal modalidad no permitía alcanzar las condiciones de desarrollo económico del país, con un excedente que permitiera el pago de la deuda.
En la respuesta que da López a la ‘sugestión’ del presidente del Consejo estadounidense, exalta querer oír las recomendaciones de los ‘agentes ficales’ de Estados Unidos y de Europa. Sin embargo, señala que las asesorías internacionales no debieran intervenir en las libres discusiones que tuviera que asumir el Congreso colombiano. Por lo cual agrega, que los beneficios de los que se han hecho los inversionistas no han representado mayor retribución para Colombia,
sobre la situación de nuestra balanza de pagos internacionales con que deliberadamente ha venido acumulándose descrédito sobre el nombre de Colombia como país deudor, y procurará también poner en evidencia pública que, por desgracia, Colombia no recibe los beneficios que se han pregonado de las actividades de varias de las grandes compañías extranjeras que explotan nuestras riquezas naturales (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, pág. 313).
Sí bien, las condiciones de pago de la deuda externa no intervinieron en la Reforma Tributaria, esta situación da cuenta del carácter de López ante los asuntos nacionales, y de su manera de afrontar la presión que ejerció Washington, si bien había podido responder de manera más complaciente a los intereses de Estados Unidos, teniendo tan cercanas relaciones con el sistema bancario por sus conexiones familiares, fue muy crítico de “los consejos de expertos extranjeros” (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, pág. 313), en materia de los empréstitos adquiridos por Colombia en la bolsa de Nueva York. De hecho, criticó el trato que dio Olaya Herrera[32] a la deuda externa en 1931 y 1932, cuando apremiaba la crisis económica de 1929[33].
Entre la Reforma Tributaria y la Reforma Agraria existe una conexión vista en los siguientes puntos,
la ley 94 de 1936 que autorizó al Gobierno para modificar algunos numerales del arancel, […] en el artículo 6 se elevó el impuesto al algodón en rama y el de hilazas con efectos benéficos, pues, mientras que en muchos años no había aumentado el área de cultivo de algodón, a partir de las disposiciones anotadas que garantizaban precios internos, la producción aumentó (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 86).
De esta manera, a la par que se hacía un trabajo populista con los pequeños campesinos parceleros, los grandes empresarios del agro también se vieron beneficiados con la reforma. Sí bien, el gremio de la Federación Nacional de Cafeteros estuvo discutiendo su propia defensa en los precios internacionales del café, fijando unos estándares para contener la competencia del Perú.
La situación del cultivo del algodón es una muestra del aumento de los costos de producción que tuvo la industria textil. En las palabras de Tirado Mejía (1981) el Gobierno de la Revolución en marcha empezó “aumentando los gastos de la administración pública […con…] el recurso fiscal […] y los impuestos”[34].
Los asuntos de las diferencias del liberalismo con Gómez y Ospina por la reforma tributaria llevaron hasta el surgimiento de un nuevo fragmento político, en marzo de 1935 lanzaron el “manifiesto constitutivo de la Apen (Acción Patriótica Económica Nacional)” (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 108) apoyado por la Federación de Cafeteros de Cundinamarca.
Llamado al cual se sumó la conformación de la ‘Liga Nacional para la Defensa de la Propiedad’ y del ‘Sindicato Central de Propietarios y Empresarios Agrícolas’, fundados por la alta Sociedad de Agricultores (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 103), en donde se compondrá una alianza de sectores económicos de las clases dominantes de los partidos tradicionales.
De lo anterior, resulta también el fortalecimiento político de las relaciones de Mariano Ospina Pérez, designado por la ‘Asociación de Mineros’ para entenderse con el ‘Sindicato de Propietarios’ en Bogotá. La preocupación de los empresarios por las reformas de López llegó hasta controlar “la opinión de los gremios frente a los planes fiscales y tributarios del Gobierno” (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 105), buscando tener de su lado a los responsables de la “Cámara de Comercio y el director de la Industria Nacional Colombiana” (Ibid.).
En las notas de prensa del archivo que consolidó Tirado Mejía (1981) es clara la posición de las clases dominantes contra el gobierno de López Pumarejo, la preocupación por la defensa de la propiedad privada realmente tuvo varias páginas de la prensa nacional, en las cuales se evidencian las posiciones de los propietarios por sus intereses de aumento de los capitales, sin retribuir a la consolidación del Estado colombiano ni de sus trabajadores[35].
La Reforma Agraria de López rigió con la Ley 200 de 1936. Marco Palacios (2011) destaca a la par de los debates de la Ley, las luchas de los campesinos colonos de los años treinta, con las sucesivas tomas de tierras y la discusión política por dar ciudadanía al campesinado. Centrado en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, realiza una sistematización detallada de los levantamientos que el campesinado emprendió por la legalización de sus tierras, proceso que llevó a la discusión de la Ley de Tierras desde 1933 hasta 1936. Logrando que, entre 1936 y 1940, gran parte del sistema hacendatario de los departamentos próximos a Bogotá, fueran titulados en parcelas a campesinos organizados[36].
En los treinta, el objetivo trazado por el movimiento consistió en derrocar el sistema semicolonial y repartir la tierra entre las familias del campesinado, por medio de la expropiación de los latifundios[37]. En parte, estas fueron las demandas que mediaron en la implementación de la Ley de Tierras de 1936, que conllevaron a la titulación de las parcelas durante el Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) y Eduardo Santos Montejo (1938-1942). Estas reformas se llevaron al tiempo que el modelo económico se orientaba hacia un proceso de industrialización, en el cual, la fuerza de trabajo rural fue conducida hacia las periferias de las ciudades para ser ocupados en las fábricas de las industrias urbanas.
Los asuntos agrarios también fueron consignados en el formato de correspondencia, esta vez sostenida con los “empresarios agrícolas”, a propósito de los debates previos de la Reforma Agraria posterior a la posesión presidencial de López Pumarejo, en el marco de la agitación de los campesinos en las regiones, tras las campañas de toma de tierras y la organización de los trabajadores rurales para la exigencia de mejoras en sus condiciones laborales.
Al respecto, López Pumarejo entendió el problema agrario, dándole la razón a los motivos que impulsaron al campesinado a las protestas, respondiendo al mismo apoyo que este sector había mostrado a su Gobierno. En sus comunicaciones sostenía que “[s]ería inútil tratar de sostener que los labriegos no tienen motivos de queja contra los patronos de ciertas fincas donde se desarrollan vastas industrias agrícolas” (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, pág. 316).
Es claro que la posición de López fue resolver los problemas de acumulación de la tierra que demandaban los trabajadores rurales con la distribución de las haciendas. En Cundinamarca y Boyacá se lograron algunos parcelamientos del sistema hacendatario, según los registros de Palacios (2011: 162). En la Carta que envía López en respuesta a la solicitud de los ‘empresarios agrarios’ de intervenir con la Fuerza Pública en los levantamientos de los trabajadores rurales, se evidencia uno de los aspectos más significativos en el cambio de Gobierno de conservadores a liberales. López justificó en gran parte los motivos de los trabajadores para revelarse contra los patronos, el objetivo de evitar la conflictividad entre campesinos y agentes del Estado fue de alguna manera posible con la vigencia del nuevo régimen de tierras que entró en vigor en 1936[38].
El avance de titulación de tierras que adelanto el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria-INCORA, tuvo como elemento fundamental «la figura de la Unidad Agrícola Familiar (UAF)», la cual logró la “asignación de tierras a los campesinos, ya fueran baldíos (colonizaciones) o parcelaciones de propiedades como cristalización de la reforma agraria” (FAJARDO, 2014, pág. 45)[39]. El cambio de la concepción de propiedad en los títulos generales de la constitución permitió llevar adelante la distribución de la tierra por medio de la adjudicación de títulos a los campesinos en sus parcelas.
Finalmente, sí bien para Gerardo Molina “el drama de López consistió en haber querido ir más lejos y más aprisa de lo que toleraban los grupos dirigentes en lo económico y en lo político” (MOLINA, 1977, págs. 104-105), es cierto que fue mucho más. Las reformas no solucionaron los problemas, y en el segundo periodo de Gobierno, sepultó gran parte de su trabajo social con los escándalos de corrupción[40].
A la vez, en el regreso a Colombia su fórmula política fue precisamente forjar el pacto de repartición del poder político entre los Partidos tradicionales, asunto que conllevaría a las terceras fuerzas desde los años sesenta a sostener movimientos guerrilleros que resistirían a las múltiples emboscadas del Gobierno para exterminarlos.
Una síntesis de la avanzada de su Gobierno refiere que “las reformas de López la tributaria y la universitaria fueron fundamentales en esa etapa de la vida nacional. La agraria tuvo escasa efectividad y la constitucional alcances puramente teóricos” (PATIÑO ROSELLI, 1981, pág. 651). Con esto, el primer periodo de Gobierno de López Pumarejo tuvo una suerte de reformas sociales que le hicieron pasar en la historia de Colombia de la primera mitad del siglo XX, como uno de los Gobiernos más progresistas, sin embargo, tales reformas no tuvieron un verdadero carácter revolucionario.
El derrumbe del segundo periodo de Gobierno, 1942-1945
López Pumarejo logra hacerse de un segundo periodo de Gobierno (1942-1945), luego de mantener una constante cercanía con los sindicatos y las huelgas generales al Gobierno de Santos Montejo (1938-1942), hasta convertirse en uno de sus opositores[41]. Al pasar un año del nuevo gobierno, se ve envuelto en varios escándalos de corrupción y compra de bienes de sus familiares, acusado de enriquecimiento personal y de peculado, investigaciones que han sido tomadas de los documentos del Congreso (Presidencia de la República de Colombia, 1945) que argumentan la renuncia al cargo y la constatación de los hechos según el registro de la prensa nacional.
En sus propias memorias sintetiza la crisis política que vivió Colombia en 1943, tras el inicio de las polémicas investigaciones que dieron por terminado su gobierno antes de cumplirse el periodo presidencial. Dirigiéndose al Partido Liberal, López intenta salvar su nombre y desligar al partido de responsabilidad, en los siguientes términos se dirige al Directorio,
el asesinato de Mamatoco, el traspaso de la trilladora Tolima, de la firma Mellenthin, la negociación Handel y las casetas de la guardia militar de Las Monjas estuvieron a punto de determinar la caída del régimen; […] yo no intenté jamás atar la suerte del partido a la mía, ni endosarle mis responsabilidades, ni relevarme de ellas dejando que cayeran sobre mis subalternos y allegados (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, págs. 229-230).
De esta salvedad partimos, para enunciar las causas que dieron por terminado antes de tiempo, el segundo periodo de gobierno de López Pumarejo. En adelante presentamos algunos detalles de lo que fueron estos escándalos políticos y las determinaciones que tomo el Directorio Liberal, para finalizar el gobierno López en 1945, nombrando nuevo presidente a Alberto Lleras Camargo, luego de haber designado a Darío Echandía como presidente encargado en 1943.
Además, tomamos en cuenta el registro de sus memorias, que da cuenta del real motivo de la orientación de su segundo gobierno. Una discrepancia trascendental, desde su primera presidencia con un gobierno de Partido que marcó las diferencias tajantes entre liberales y conservadores, hasta su misma confesión de saber que en el segundo periodo de Gobierno consideraba que tales diferencias realmente no existían,
El mandatario que vuelve al Gobierno el 7 de agosto de 1942 no es el mismo de 1934. No llega con el afán de impulsar la revolución como lo ha hecho la primera vez, sino con el ánimo de afianzar la democracia, la participación de todas las vertientes de opinión en la vida política y el entendimiento alrededor de la obra de Gobierno. No plantea la confrontación con el adversario como en la etapa inicial de la República Liberal, entre otras cosas porque trabaja sobre una tesis que ha lanzado audazmente y que sostendrá con crecientes énfasis en los años siguientes: la de que las diferencias entre liberales y conservadores, que los han llevado a la guerra tantas veces, ya no existen (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, pág. 153).
Este reconocimiento es fundamental en la mediación que propició entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez en el Pacto de Benidorm del 24 de julio de 1956 y el Pacto de Sitges del 20 de julio de 1957, previos al anunció público del Pacto de Consociacionalismo del Frente Nacional, con el cual asumía la primera presidencia Lleras Camargo en 1958.
También se hace necesario en este periodo, mencionar brevemente las causas del intento de Golpe de Estado dado en Pasto en 1944, cuando unos capitanes del ejército lo tomaron como rehén y le solicitaron su renuncia a la presidencia. Estos sucesos son narrados por el mismo López Pumarejo en sus memorias, dando cuenta de la responsabilidad de unos oficiales de las Fuerzas Militares que lo retuvieron en el Hotel Niza, en el cual se hospedaba con su hijo durante una gira que hacía en el departamento de Nariño (LÓPEZ PUMAREJO, 1986).
El intento de Golpe de Estado de Pasto en 1944[42], en su versión, fue resultado del descontento de los militares por las medidas tomadas, en camino a disminuir la institución castrense, dando paso a los militares a instruirse en el trabajo agrario y de construcción, optando por orientar a unas tropas en tiempos de paz hacia la vida civil. Esta posición no era compartida por una gran parte de las Fuerzas Militares, quienes se rebelaron contra el impedimento de su participación en política y rechazaron el trabajo de labriegos en el campo (ATEHORTÚA CRUZ, 2009).
Estos sucesos tienen múltiples interpretaciones, la versión de Antonio García, devela la influencia que pudieron tener ‘tendencias socialistas’ en su ejecución. A la vez que consultamos con Álvaro Tirado Mejía, en la entrevista que anexamos, cuáles fueron las repercusiones de este fallido Golpe de Estado en la ingobernabilidad de la segunda presidencia de López Pumarejo. Reconociendo que el Golpe, no tuvo la misma repercusión que tuvieron los demás escándalos de corrupción, y las divisiones internas del liberalismo contra su Gobierno.
Por lo cual, revisamos las conexiones familiares de López Pumarejo con los intereses económicos en materia petrolera. A partir de los cuales, entran en revisión los avances de la reforma agraria de su primer periodo de Gobierno[43], debido a la compra de tierras que llevó adelante la familia López Pumarejo en la región del Carare, cerca de los yacimientos de Barrancabermeja. En su segundo Gobierno, López fue acusado de anteponer los intereses de su familia en la expedición de la Ley 160 de 1936 sobre explotación de hidrocarburos[44], dados los terrenos adquiridos por sus familiares en la región del Carare.
El negocio de la explotación de hidrocarburos inició en 1859[45], a menos de un siglo, en Colombia ya podían vislumbrarse las conflictividades de los intereses político-económicos en el oro negro. La exploración del crudo en Colombia se había iniciado a fines del siglo XIX, y legislado iniciando el siglo XX, con el Gobierno de Rafael Reyes se dictó la primera Ley de Petróleos, Ley 30 de 1903.
Con este marco jurídico se dieron las primeras concesiones de exploración y explotación de petróleos, la primera del “16 de octubre de 1905 se otorgó al general Virgilio Barco, la concesión que lleva su nombre; y a Roberto de Mares, de quien Reyes era padrino de matrimonio” (TAPIAS COTE, 2012). De Mares, terminó vendiendo a finales de la Primera Guerra Mundial su concesión a la Tropical Oil Company de la Standard Oil de Nueva Jersey de John Rockefeller, iniciando las obras en el Magdalena Medio durante el año 1922.
El inicio de la explotación de los yacimientos de petróleo colombiano, tienen conexión directa en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Las relaciones diplomáticas estuvieron afectadas por la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá, hasta la firma del Tratado Urrutia-Thompson (1920-1922), con el que se dispuso de una indemnización económica de Estados Unidos a Colombia. En la negociación de este tratado tuvo mayor peso el interés de las empresas petroleras estadounidenses en solucionar las diferencias diplomáticas, a costa de todos los argumentos de soberanía que pudiera argumentar Colombia, en la pérdida de Panamá por el intervencionismo norteamericano.
La Guerra de los Mil Días terminó con la perdida de Panamá en 1903 bajo el protectorado que brindó Estados Unidos a los insurrectos liberales, con la condición de hacerse de la construcción del Canal Interoceánico. La posterior indemnización a Colombia por el hurto del territorio y la violación de la soberanía colombiana, la firmó el Gobierno norteamericano el 6 de abril de 1914, con la firma del Tratado Murray también denominado Urrutia-Thompson[46], el dinero sólo ingresó al entrar en vigencia el Tratado el 2 de marzo de 1922. Siendo destinado, en 1923, a la fundación del Banco de la República.
Las decisiones que tomaron los Gobiernos conservadores, frente a la necesidad de mejorar las relaciones con Estados Unidos, fueron totalmente dependientes de los empréstitos de la bolsa de valores norteamericana para el desarrollo de la economía colombiana.
Asumida la crisis económica de 1929, el cambio de Gobierno al liberalismo con la presidencia de Enrique Olaya Herrera (1930-1934), logró los acuerdos que mejoraron las condiciones de inversionistas extranjeros en Colombia. Priorizando los intereses norteamericanos en materia de explotación de petróleos, se expidió la Ley 37 de 1931 o ‘Ley del Petróleo’, la misma que Alfonso López Pumarejo reformó con la Ley 160 de 1936.
Con la promulgación del Decreto N° 34 de 1905, se autorizó al Poder Ejecutivo la disposición de realizar Concesiones o contratos concernientes a explotaciones de petróleo,
[el] decreto fue ratificado por la ley 6 del mismo año, bajo cuya vigencia el Gobierno otorgó a Roberto de Mares una concesión para [la] explotación de yacimientos de petróleo en las áreas de Carare y Opón [y] concedió permiso para explotar fuentes de petróleo en el actual departamento de Norte de Santander a Virgilio Barco (MAYORGA GARCÍA, 2002).
Este Decretó modificó la ley que impedía celebrar contratos al Gobierno sin previo debate y aprobación en el Congreso de la República, dejando a la voluntad presidencial el otorgamiento de la figura de Concesiones, esto es, la exploración y explotación de los recursos minero-energéticos. De los intereses de López Pumarejo en los asuntos petroleros, es válido traer la siguiente mención,
Según la visión de la diplomacia estadounidense, López Pumarejo sería una ficha clave para la solución del conflicto a favor de las compañías ya que antes de ser presidente había recibido pagos por parte de la Texaco y la Gulf por sus buenos servicios (CARO PERALTA, 2013, pág. 386).
Esto en el contexto de fines del gobierno de Eduardo Santos e inicios del segundo periodo de gobierno de López Pumarejo, da a entender que había compromisos previos adquiridos por López Pumarejo con empresas petroleras estadounidenses.
Es posible seguir este hilo argumentativo con la obra de René de la Pedraja Tomán (1985) quien en su apartado sobre las condiciones del campo en Barrancabermeja menciona el mismo periodo de la terminación del gobierno de Eduardo Santos y las intervenciones de López Pumarejo en los asuntos de la explotación de petróleo (PEDRAJA TOMÁN, 1985). Aún más precisos son los datos que pueden extraerse de los archivos de Ecopetrol,
En cabeza del presidente Alfonso López Pumarejo se creó la empresa Colpet para la explotación y comercialización de crudos. Se escogió Coveñas como puerto adecuado de exportación y se construyeron entre 1939-1940 diez tanques de almacenamiento con capacidad de 100,000 barriles cada uno, en sociedad con la empresa “South American Gulf Oil Company” (SAGOC) (Ecopetrol, 2014).
La Gulf Oil Company, según estos registros, tuvo contacto directo con López Pumarejo, en fechas muy próximas a las demandas por las tierras de propiedad de sus familiares en la región del Carare, rica en hidrocarburos[47]. Asunto que dejaría su papel en la historia de Colombia, con grandes interrogantes de los servicios que prestó a las multinacionales petroleras.
Además de estas conexiones, en los últimos Gobiernos conservadores de Pedro Nel Ospina y Miguel Abadía Méndez, debía iniciar la explotación de las Concesiones. En su lugar, fue vendida la Concesión de Mares[48] y el 2 de febrero de 1926 se firmó la caducidad de la Concesión Barco. Con lo cual, la labor diplomática de Enrique Olaya Herrera en los Gobiernos conservadores fue un trabajo de traspaso de estas Concesiones a las empresas norteamericanas, asegurando así, el apoyo de los bancos norteamericanos en la campaña que le haría llegar a la Presidencia[49].
López Pumarejo alegó en sus memorias la defensa de tal proceder, al salvarse del vínculo familiar que vinculaba negocios con mediaciones políticas, mencionó retirarse de la Compañía Explotadora del Carare que hacía parte de la firma Pedro A. López & Cía. Apelando igualmente al derecho de familia de la herencia paterna de los recursos que la misma firma pudiera obtener en caso de confirmar la existencia de petróleo en las tierras del Carare[50].
La revisión de los archivos no brinda certezas de los compromisos familiares de López Pumarejo en la explotación de petróleo en el Carare. No obstante, es claro que los intereses nacionales de estatización de los recursos energéticos no fueron el lineamiento del liberalismo en el poder. Fueron los acuerdos a los que llegó Mariano Ospina Pérez con empresarios nacionales, luego de las masivas movilizaciones de los trabajadores de las compañías petroleras, los que dieron como resultado la creación de la Empresa Colombiana de Petróleos-Ecopetrol, con la Ley 165 del 27 de diciembre de 1948[51].
Los intereses nacionalistas de los conservadores, los analizaremos a profundidad en el tercer capítulo. En cuanto al bloque hegemónico liberal, podría constatarse que la relación sostenida de los liberales con los inversionistas norteamericanos favoreció a las multinacionales en la extracción de recursos minero-energéticos, bajo la condicionante del apoyo económico del sector financiero norteamericano a los Gobiernos liberales.
Del escándalo de la Handel, pueden hallarse fragmentos que datan de una nueva situación de los negocios familiares que tuvieron facilidad mediante la gestión de cargos públicos. La industria cervecera de la Handel pertenecía en mayoría de acciones a Holanda, no obstante, durante la Segunda Guerra Mundial, la intervención de Alemania en territorio holandés dio por asumida la administración de Alemania sobre los bienes holandeses, aunque la Reina Guillermina siguiera gobernando desde su refugió en Londres.
En las cuentas de Colombia, sus acciones debían seguir dando réditos a la Corona Holandesa[52]. Sin embargo, durante los seis años de dominio de Alemania, las acciones de la Handel fueron puestas a la venta en la bolsa de Nueva York, y compradas, entre otros, por familiares del entonces presidente López Pumarejo[53]. Los argumentos que expuso López[54], en los debates del Senado, aluden a que su hijo fue “consejero legal de aquella sociedad holandesa” (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, pág. 125), antes de él ejercer su primer mandato presidencial. Por su parte, El Siglo dejó registrado el escándalo como “los negocios del ‘hijo del Ejecutivo’” (VILLAR BORDA, 2006, pág. 156).
Otro de los escándalos de la época fue el asesinato del boxeador Mamatoco[55], hallado muerto el “14 de julio de 1943 en el parque Santos Chocano del barrio la Magdalena, hoy calle 39 carrera 15 de Bogotá” (VARGAS MORALES, 2001). Las versiones respecto a las causas de su muerte involucraron de múltiples maneras al gobierno de López Pumarejo y él mismo fue señalado de tener motivos personales para ordenar el asesinato. La responsabilidad aducida al cuerpo de oficiales es uno de los desenlaces jurídicos del caso[56], no obstante, el registro de la prensa, hasta fechas recientes, sigue poniendo en cuestión la actuación que tuviera el entonces presidente para involucrarse con la muerte del ex agente de policía[57].
La cuestión política que rodeo el asesinato de Mamatoco, fijo en los bandos del bipartidismo las versiones de los hechos, los conservadores condenando el gobierno y los liberales intentando salvarse de la responsabilidad. La prensa siguió publicando con regularidad notas respecto al proceso del asesinato y los vínculos con las fuerzas del Estado. Estos hechos brindaron a Laureano Gómez una tribuna de desprestigio a López Pumarejo, con la columna semanal que ordenó se publicará con el título “¿Quién mato a mamatoco?”[58], las versiones de las causas del asesinato vincularon a varios frentes del Partido Liberal[59].
En sus memorias el propio López Pumarejo dirá del caso que fue un montaje de la oposición para manchar su gobierno, salvándose de toda responsabilidad[60]. Los debates parlamentarios en lo que corría del segundo gobierno de López ya vislumbraban los condicionantes de violencia en la arena política. La bancada de los conservadores siguió cuestionando el hecho de un crimen de Estado, hasta producir una confrontación con disparos que dejaron herido a un congresista en la Cámara de Representantes[61]. Finalmente, con la resolución de los investigadores y la condena a los presuntos responsables del crimen, el caso se cerraba penalmente, pero en definitiva fue uno de los asuntos que desestimaron que López Pumarejo culminará su segundo mandato.
Los demás asuntos que el segundo gobierno de López Pumarejo tuvo que solventar, datan de la compra de su hijo de una trilladora de café y de la construcción con recursos del gobierno de unas instalaciones para la guardia militar presidencial en predios de la familia de la esposa del presidente. Con estos asuntos, los escándalos en la prensa asfixiaban los vínculos de la familia López Pumarejo con las denuncias de corrupción, tráfico de influencias hasta las de presunto cohecho en homicidio.
Se siguen los escándalos de las influencias que utilizaron los hijos del presidente para el enriquecimiento personal, en relación a la compra de la Trilladora de Café[62], a un precio muy inferior del estipulado en el mercado. Favorecido por el conocimiento que tenían los hijos del presidente de la deuda adquirida por los alemanes, Joachim von Mellenthin y Hans Klotz, por una hipoteca que les había obligado a vender.
La Trilladora fue vendida por un precio menor a su valor comercial, y dados los oficios jurídicos que realizó Alfonso López Michelsen, logró de primera mano la compra de la Trilladora hipotecada, con grandes beneficios entre el valor pagado y el avalúo comercial que sobrepasaba tres veces dicho valor. Por su puesto, López Pumarejo le reconoció a su hijo las habilidades de empresario y justificó positivamente los negocios realizados, sin aceptar los cargos de la utilización del poder político y las influencias que le permitieron tener la primera opción de compra[63].
De los escándalos de los negocios de los hijos, López Pumarejo tendrá que pasar a defenderse de las acusaciones de uso de los recursos públicos en propiedad privada de los familiares de su esposa[64]. La construcción en la finca Las Monjas de unas casas para uso de la Guardia Presidencial en las temporadas de vacaciones de López Pumarejo y su familia, se convirtió en una denuncia pública de la oposición en la prensa nacional, por el uso de $14.000 del erario público en la construcción de unas cabañas en terrenos privados, a un costo mucho mayor del contemplado en los cálculos del ministro de Gobierno[65].
Las acusaciones no dieron término a acciones jurídicas, sin embargo, sumadas todas las denuncias que han sido expuestas, el segundo Gobierno de López Pumarejo resultó teniendo un cúmulo de cuestionamientos del accionar de los lucrativos negocios familiares, a partir del aprovechar información privilegiada del jefe de Estado.
Además de todos estos enfrentamientos con la oposición en la prensa nacional, López Pumarejo tuvo serios inconvenientes en su partido para la conformación del Gabinete de Gobierno. En ocho meses del segundo Gobierno “López había cambiado por completo su gabinete en cinco ocasiones” (ATEHORTÚA CRUZ, 2009, pág. 157), lo cual mostraba la inconformidad en las propias filas del liberalismo contra su segundo mandato.
Agrava a los escándalos expuestos, el argumento principal que el mismo López da a su segundo mandato, la eliminación de las diferencias en las cúpulas liberales y conservadoras, en otras palabras, la unificación de los intereses económicos de las clases dominantes, en la posición de salvaguardar sus propiedades ante la creciente manifestación de inconformidad del movimiento obrero, tanto de los sindicatos socialistas y comunistas, como del frustrado movimiento Gaitanista.
Se retrocedió en las reformas del primer Gobierno, modificando la Ley 100 de 1944, que frenó los avances de la reforma agraria plasmados en la Ley 200 de 1936. Fundamentalmente, la reforma modificó la política de distribución de la tierra, en el desmantelamiento del sistema hacendatario, devolviendo a los terratenientes la protección de la Fuerza Pública del Estado para salvaguardar sus intereses.
Los compromisos adquiridos por la familia López con Estados Unidos en negocios financieros, realmente condicionaron las inversiones realizadas por su Gobierno, tanto los vínculos con las compañías petroleras como las relaciones con los bancos norteamericanos tuvieron en el segundo gobierno el desenlace de su renuncia.
Esto puede llegar a dar indicios de la elección del liberalismo de la figura de Alberto Lleras Camargo, como la gran diferencia en el manejo de los recursos públicos. La austeridad y honestidad de Lleras Camargo, no podía ponerse en duda, salvando a los liberales de los negocios familiares y los intereses económicos de López con los inversionistas norteamericanos.
La diferencia no era tal, en términos del proyecto hemisférico que venía elaborando Lleras Camargo, al ser parte de la concepción que fundó la Organización de Estados Americanos-OEA, en 1948. Sí bien está documentada su austeridad doméstica, su ambición política sobrepasó a muchos de sus coetáneos. Sabía precisamente del papel que jugaría Colombia después la Segunda Guerra Mundial, había presenciado el peso de la hegemonía del capitalismo norteamericano en las misiones a las que había asistido en las Conferencias Panamericanas, versus el papel que podía tener el comunismo de la Unión Soviética, y claramente su ideario liberal, lo hicieron el alfil predilecto de los Estados Unidos.
Las diferencias entre liberales y conservadores en la Colombia de los años cuarenta se fueron salvando, a la par que, se fueron organizando los intereses económicos de las clases dominantes. Necesario será destacar la fundación en 1944 de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia-ANDI. Las interconexiones de los intereses de la industria y el comercio que se concentraron en esta Asociación pueden seguirse con los vínculos políticos ligados al sector financiero, y en más, los enlaces creados previamente con compañías norteamericanas en el sector minero-energético.
Es a partir del intento de salvar las bases del Partido Liberal, que Gaitán pronuncia el discurso por la “restauración moral de la República”[66], presionando al Directorio Liberal para frenar el segundo Gobierno de López Pumarejo. Definen designar un presidente encargado, Darío Echandía (1943-1944), y dar al país un motivo doméstico de la salida de López del cargo, primero se le otorgó una licencia de viaje por calamidad familiar, retirándose a Estados Unidos a asistir problemas de salud de su esposa[67].
Luego, una vez expuestos los motivos de la renuncia formal en el Congreso de la República, López Pumarejo queda destituido definitivamente y es nombrado nuevo presidente en sucesión de Alberto Lleras Camargo (1945-1946), encargado de llevar adelante el próximo proceso electoral sin alteración del calendario establecido.
Los asuntos de los compromisos adquiridos en los periodos de entre guerras por las clases dominantes, en específico en este apartado, por la familia López, son algunos de los ejes a profundizar, en búsqueda de esclarecer cuáles fueron los intereses internacionales que intervinieron en el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Más precisos, en la confrontación de un nacionalismo popular del movimiento obrero que se alzaba pidiendo la nacionalización de los recursos estratégicos, contrariando los intereses financieros de las cúpulas de liberales y conservadores, asociadas al capital externo de los bancos norteamericanos y sus compañías.
Finalmente, es posible afirmar que el fracaso del segundo Gobierno de López Pumarejo[68], conllevó al retorno del conservadurismo al poder. También se puede concluir que la labor que ejerció López Pumarejo de “agente financiero estadounidense, como presidente del Banco Mercantil Americano, y como intermediario de los exportadores cafeteros norteamericanos”[69], dio a sus Gobiernos una inclinación hacia el imperialismo norteamericano y el favorecimiento de los intereses de las multinacionales estadounidenses por encima de los intereses del pueblo colombiano.
El segundo Gobierno de López conllevó al país a la elección de la violencia política, al ser elegido en la presidencia Mariano Ospina Pérez (1946-1950). El segundo mandato le aseguró un doble trabajo político-económico de defensa de intereses personales, afrontando el fraude al erario público causado por sus familiares. A su vez, las relaciones políticas que personalizó con Estados Unidos caracterizaron la doctrina del liberalismo colombiano de dependencia con el sector financiero norteamericano.
2.3. Pausa y freno a las reformas, Eduardo Santos Montejo, 1938-1942
La llegada de Eduardo Santos Montejo (1938-1942) al poder (tío abuelo del expresidente Juan Manuel Santos Calderón, 2010-2014; 2014-2018) es el antecedente de la conformación de un bloque hegemónico colombiano con carácter plutocrático. Las relaciones de interconexiones genealógicas de la familia Santos tienen relación con cargos en el gobierno desde el proceso de independencia, se alude el parentesco que ambos tendrían con Antonia Santos Plata y su hermano Fernando, fundadores de la guerrilla de Coromoro en la provincia del Socorro, asesinados por el ejército realista en 1819, en vísperas del triunfo de la batalla de Boyacá[70].
Su carácter proviene de la alta diplomacia del liberalismo. Artífice de la campaña que le otorgó la presidencia a Enrique Olaya Herrera. Liberal legalista y defensor de la libre empresa y libre comercio. Propietario de la prensa y de la opinión pública, desde que su familia compró en 1913 el periódico El Tiempo, uno de los medios de comunicación con mayor permanencia e influencia durante el siglo XX y XXI. Si bien se entiende con las reformas de López, reorganiza las facciones dominantes y cierra el crecimiento democrático en la distribución de los ingresos y de acceso a la tenencia de tierras.
El registro de su formación académica señala que estudió Derecho en el Colegio del Rosario, en Bogotá. También cursó estudios políticos, en Caracas y en Paris, sin terminar una titulación. Su tesis radicó en argumentar la forma política de “un liberalismo de izquierda” (MORALES BENÍTEZ, 2016, pág. 87), la cual puede leerse en su libro Una política liberal para Colombia (Santos, 1937).
De este libro Morales Benítez (2016: 87) destaca la siguiente alusión “el liberalismo es el equilibrio político que busca e impone, desde el Gobierno, soluciones políticas humanas” (Ibid.). Son notas que parten de una escritura, la cual hace difícil discernir el nivel de lectura y análisis de los teóricos liberales a partir de quienes Santos, hubiere tomado los elementos de su pensamiento.
La carrera política, antes de llegar a la presidencia de Colombia, tuvo una larga trayectoria en cargos públicos,
en 1910, lo nombran Oficial Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores; luego pasó a ser jefe del Archivo Diplomático Consular. Ya en el Gobierno de Olaya Herrera fue Canciller de la República y delegado a la Sociedad de Naciones. Ocupó el cargo de Consejero Municipal en Bogotá. Fue Gobernador en Santander en 1930, en la época de la violencia conservadora contra el Gobierno liberal de Olaya Herrera. Dos veces fue Representante a la Cámara, y presidente del Senado en dos ocasiones (MORALES BENÍTEZ, 2016, pág. 41).
El ideario político, fue formado desde su participación en la Unión Republicana[71] siguiendo el pensamiento político de Carlos E. Restrepo (1910-1914). En su juventud estuvo activo en la redacción de artículos en la prensa nacional, dirigió el diario La Linterna (1908) y escribió notas para La Gaceta Republicana y El Tiempo (MORALES BENÍTEZ, 2016, pág. 53).
Asumió la candidatura a presidente luego de haber acompañado desde su interior la toma del poder del liberalismo con Enrique Olaya Herrera. Su distancia con López Pumarejo radica en no compartir el ideario de confrontación con la oposición, a la reforma en marcha le dio una pausa, entablando nuevos diálogos con las cúpulas de los conservadores de quiénes, al igual que Olaya Herrera, también había sido ministro de Relaciones Exteriores.
Su Gobierno tendrá que afrontar decisiones en el marco internacional, asumiendo la adhesión a los Estados Unidos en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. David Bushnell (1984) definió este episodio de la historia de Colombia a partir de la decisión de Eduardo Santos respecto a su adhesión a la “política del buen vecino” del presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt (1933-1945).
Los argumentos sostenidos radicaron en la defensa de la democracia y en contra del totalitarismo[72]. Estas posiciones son unánimes en el continente, siendo citados los representantes diplomáticos en las Conferencias de Lima (1938); y la Conferencia de Panamá (1939). En esta última, se había declarado la “neutralidad como norma internacional” (MORALES BENÍTEZ, 2016, pág. 101).
Luego del ataque de Japón a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, Colombia rompe las relaciones diplomáticas con los países del eje: Japón, Alemania e Italia (MORALES BENÍTEZ, 2016, pág. 105). El 8 de diciembre de 1941, Santos expondría los argumentos que había considerado para tomar esta decisión en nombre de todos los colombianos,
Las leyes de la lógica están exigiendo que, si rompimos relaciones diplomáticas y consulares con el Japón por su agresión contra los Estados Unidos, y al hacerlo no hicimos otra cosa que cumplir con una disposición terminante de un Acuerdo de La Habana ratificado por el parlamento colombiano, observemos actitud paralela con los Gobiernos de Alemania e Italia, que se solidarizaron con el Japón y lo acompañan en la guerra declarada al Gobierno y pueblo de los Estados Unidos (MORALES BENÍTEZ, 2016, pág. 125).
Además de los argumentos expuestos contra el totalitarismo, en la decisión del Gobierno colombiano de Santos, estaba clara una posición aún más tajante, ser el incondicional y “firme aliado de los Estados Unidos frente al comunismo (o, mejor dicho, los comunismos)” (MORALES BENÍTEZ, 2016, pág. 11). Esta será la verdadera condicionante de Estados Unidos en el intervencionismo militar en América Latina, terminada la Segunda Guerra Mundial.
En materia de las relaciones internacionales, tendrá lugar en el Gobierno de Eduardo Santos otro asunto fundamental en la economía colombiana, la firma del Pacto de Cuotas de los precios del café. En la Comisión Nacional de Cafeteros tuvo que afrontar este debate nacional su entonces presidente Esteban Jaramillo, en contra de los argumentos que desde el Congreso diera Mariano Ospina Pérez. El acuerdo se firmó, instalando la Junta Interamericana del Café, la cual tuvo “la facultad de aumentar o disminuir las cuotas en el mercado interamericano, según la demanda”[73].
El comercio internacional del café pondría en Colombia un tema estratégico a resolver, la creación de la Flota Marina Mercante, el sistema de transporte marítimo con barcos dirigidos por colombianos. El asunto llevaría a establecer el acuerdo de mayor integración soñado por Bolívar, constituir una sola República en los países de la esquina norte de Suramérica. En 1946, “los presidentes Rómulo Betancourt, de Venezuela, y José María Velasco Ibarra, de Ecuador, junto con Alberto Lleras, de Colombia, suscribieron el documento de fundación de la Flota Mercante Grancolombiana, en la Quinta de Bolívar”[74].
Solucionados los precios del café y el transporte marítimo para la exportación, se dio otro debate nacional con el Servicio Aéreo Colombiano (Saco), debido a la afectación diplomática con la República Alemana, los asuntos aeronáuticos empezaban a tener problemas con la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos (Scadta), una de las compañías con mayor presencia en vuelos internacionales hacia Colombia. Por tanto, la solución que dio Santos fue unificar estos servicios de transporte aéreo en la creación de una aerolínea colombiana, la cual finalmente daría a conocerse “el 8 de junio de 1940, [… como…] la nueva compañía Aerovías Nacionales de Colombia (Avianca)” (BUSHNELL, 1984, pág. 35).
La política colombiana en el Gobierno de Eduardo Santos tuvo estos asuntos de relevancia nacional, en medio de la coyuntura internacional de la Segunda Guerra Mundial. En el interior le eran dos escenarios adversos, la oposición que Laureano Gómez dirigía desde la dirección del Partido Conservador, las editoriales del diario El Siglo, y su vocería en el Congreso de la República.
A la vez que le resultaba adversa la oposición que ejercía Alfonso López desde las filas de su Partido, en sentido de emprender su segunda campaña a la presidencia en las siguientes elecciones para ejercer el cargo en el periodo de 1942 a 1946. Añadido a tenerlos afilados en su contra, era aún más complejo, estar en medio de la ruptura de dos provechosos amigos, como lo habían sido Gómez y López, enemistados en esta época y resueltos a oponerse desde diferentes orillas al gobierno de Santos.
De los temas complejos de su gobierno, es el contenido de la Ley 20 de 1941, una decisión presidencial que obedeció a la Resolución N° 15, aprobada en la Segunda Reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del continente, en La Habana, el día 30 de julio de 1940. El asunto convocante fue la ‘Asistencia recíproca y cooperación defensiva de las Naciones americanas’, a partir del cual Colombia se comprometió a ser parte de la siguiente proposición,
todo atentado de un Estado no americano contra la integridad o la inviolabilidad del territorio, contra la soberanía o independencia política de un Estado americano, será considerada como un acto de agresión contra los Estados que firman esta Declaración[75].
La Ley 20, era la formalidad de la decisión que el gobierno de Colombia asumía frente al ataque que Japón hiciera al territorio americano. En cumplimiento a lo acordado con los Cancilleres, se rompieron las relaciones diplomáticas con los países del eje. Sin embargo, la posición de Santos quedó registrada en la prensa nacional, cuando especificaba,
ningún país hostil se le permitiría utilizar el suelo colombiano para lanzar un ataque sobre la Zona del Canal. [… lo que] ningún funcionario colombiano responsable se imaginó [era] que las Fuerzas Militares de Colombia fueran a ser utilizadas para resistir tal ataque fuera de su propio territorio o en aguas inmediatamente circunvecinas (BUSHNELL, 1984, pág. 67).
En tal coyuntura, el anuncio público de la solicitud de un préstamo para la compra de armamento que realizó Santos al Gobierno norteamericano fue el tema de la siguiente polémica. Bushnell (1984) rescató del diario El Siglo, un aparte que condenó la solicitud de préstamo y la inclinación de Colombia a defender los intereses norteamericanos en el Canal de Panamá. La decisión de Santos era tildada como
una ‘política de docilidad y servilismo’ despreciable, cuyo resultado lógico sería atar a Colombia en forma irrestricta a la defensa del Canal de Panamá, lo que a su vez significaba la defensa de los Estados Unidos ‘el mismo país que había mutilado su territorio’ (BUSHNELL, 1984, pág. 52).
El préstamo se aprobó en 1941, reafirmando la cooperación militar norteamericana a los Gobiernos colombianos, y desde entonces, dependiendo del «suministro de equipo militar a Colombia por parte de los Estados Unidos», el Congreso colombiano autorizó al Gobierno a “contratar obligaciones para gastos de defensa entre treinta y cincuenta millones de pesos” (BUSHNELL, 1984, págs. 70-71)[76].
En una conversación que el mismo embajador de Estados Unidos sostuviera con Laureano Gómez, había salido este tema a colación, y la postura del director de El Siglo, en la redacción del informe que Spruille Braden presentó al secretario de Estado, Cordell Hull, condenaba la aprobación del tal préstamo, aduciendo los incumplimientos en pago de deuda pública que presentaba Colombia, en el primer Gobierno de López Pumarejo (1934-1938)[77].
En contraste, la posición que más llama la atención resulta ser la de la información que el embajador presentó de las supuestas proposiciones que habría hecho López Pumarejo, con relación al mismo asunto del préstamo, según las comunicaciones de Braden,
algunas personas bastante cercanas a López me habían llegado con el cuento de que, en lugar de un préstamo para defensa de 30 a 50 millones de pesos, López proponía que nosotros diéramos a Colombia 50 millones de pesos, o una suma parecida, a cambio de que Colombia nos facilitara el uso o la construcción de bases militares [Informe de Spruille Braden al Secretario de Estado, Cordell Hull] (BUSHNELL, 1984, pág. 178).
Lo cual resulta como una de las constataciones para afirmar la tesis de la conformación del bloque hegemónico colombiano, con el doble carácter de autoritarismo represivo del conservadurismo político militarista y del liberalismo económico pronorteamericano. A partir de esto, la apreciación de los diplomáticos norteamericanos ante tal proposición sería de total agradecimiento, el embajador declaraba que ante las intervenciones de López “estaba profundamente agradecido por la posición de Colombia en este caso particular” (BUSHNELL, 1984, pág. 178).
La supuesta propuesta de López[78], se convertiría desde entonces en un objetivo del Gobierno norteamericano, resuelto a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI con la instalación de siete (7) bases norteamericanas en territorio colombiano y permiso para la operación de militares norteamericanos en territorio colombiano con inmunidad (impunidad) diplomática[79].
La carrera de armamentismo en Colombia, producto de la adhesión a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, rompió por completo el principio de la neutralidad absoluta, e inició una secuencia de vigilancia y persecución a la vida económica y privada de los extranjeros europeos en el territorio colombiano, especialmente a los nacionales del eje[80].
Los submarinos alemanes hundieron dos embarcaciones colombianas tipo Goletas en el Gobierno de Santos, este se abstuvo de generar respuesta militar, usando los canales diplomáticos para la reparación moral y material. En el asalto a una tercera goleta durante el Gobierno temporal de Darío Echandía Olaya [1943], este tomo la decisión de “declarar el estado de beligerancia contra Alemania” (MESA VALENCIA, 2015, pág. 259).
El fin de la Segunda Guerra Mundial, pactado en la reunión de Yalta entre el 3 y 11 de febrero de 1945, y resuelto con la rendición de Alemania meses después, puso al hemisferio occidental a las órdenes del nuevo imperialismo de EE. UU., en cabeza de Franklin D. Roosevelt, quien utilizó a Iósif Stalin y a Winston Churchill, para decidir las fronteras de Alemania y los países ocupados, como los lineamientos del nuevo orden mundial.
En lo concerniente al continente americano, se convocó en marzo de 1945 la Conferencia de Chapultepec, Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, en la cual se dispuso la cooperación militar de Estados Unidos a los países miembros durante el periodo de posguerra. Las buenas intenciones de paz mundial se modificaron con la muerte de Roosevelt, y la posesión de Harry S. Truman, quien rompería relaciones con la Unión Soviética y declararía el anticomunismo en la Conferencia de Seguridad de las Naciones Unidas de 1945, en la cual participó Alberto Lleras Camargo como delegado del Gobierno colombiano.
2.4. Un presidente hemisférico, Alberto Lleras Camargo, 1945-1946
El presidente nombrado en 1945 por el Congreso del liberalismo[81], Alberto Lleras Camargo, representa el toque hemisférico de un político continental. Su carrera profesional se comprende en la vida de escritor, periodista y político. Sus vínculos laborales con el liberalismo le permitieron estar en la campaña de Olaya Herrera, a la vez que ocupar el cargo de jefe de redacción de El Tiempo. Trabajó en el primer y segundo Gobierno de López, en la Secretaría de Presidencia y en el Ministerio de Gobierno, y se mantuvo muy cercano a Santos tanto en el trabajo periodístico como político[82].
El corto primer Gobierno de Lleras (1945-1946) dejó interrogantes respecto a la actitud de la neutralidad en las elecciones de 1946. Ante las candidaturas liberales de Turbay y Gaitán, los compañeros de Lleras en el Café Windsor le aconsejaron no interponerse o favorecer la balanza hacia el liberalismo, frente a la candidatura del conservador Mariano Ospina Pérez. Con tal posición, finalmente resultó entregando la presidencia tras cuatro años de Gobiernos liberales al Partido Conservador.
El interés principal de Lleras Camargo, en la época, estuvo en su trabajo internacional. Fue enviado en 1945 como delegado oficial del Gobierno colombiano a la instalación de la Organización de Naciones Unidas-ONU, y dos años después, fue nombrado en un cargo de la Unión Panamericana en 1947. Cargo con el cual asumió el papel de organizador de la IX Conferencia que dio lugar a la creación de la Organización de Estados Americanos-OEA en 1948, teniendo presente que con su papel de organizador le negó la solicitud de participación a Gaitán.
Junto a López Pumarejo, es autor intelectual del Frente Nacional. A partir de 1945, consiguió cogobernar con ministros conservadores, hasta ser nombrado primer presidente del pacto del consociacionalismo 1958-1962. Consideramos que la figura de Lleras es la más polémica en los cargos presidenciales del bloque hegemónico liberal, es responsable de la conflictiva provocación al conservadurismo, enviando primero a la cárcel y luego al exilio a Laureano Gómez[83], y haciendo de conciliador neutro en la contienda electoral, provocando la ira de sus partidarios liberales.
Su trabajo diplomático en Estados Unidos radicó en ser el estratega hemisférico que estructuró el sistema de seguridad continental. Entabló relación con Roosevelt, admirador de la «política de Buen Vecino», conoció a Rockefeller, y rindió honores a Kennedy. De este último, fue contemporáneo en su segundo periodo presidencial (1958-1962), a quién brindó todo su trabajo para persuadir a los Gobiernos del continente a firmar el bloqueo de Cuba en la OEA aunando esfuerzos políticos y diplomáticos para firmar la Alianza para el Progreso de Colombia en 1964.
Las etapas que marca Villar Borda (2006) de la vida de Alberto Lleras Camargo se corresponden con su trayectoria política y académica,
la primera es de formación y preparación y va desde su nacimiento en 1906 hasta 1929, cuando regresa de un viaje de tres años a la Argentina, a los 23 de edad, después de hacer las primeras exploraciones en el mundo literario y periodístico; la segunda y más intensa va de 1930 a 1946, de sus 24 a sus 40 años, tiempo en que se une a la campaña electoral de Olaya Herrera, llega al poder con López Pumarejo y después lo reemplaza en la presidencia, que ejerce por un año; la tercera se extiende de 1947 a 1954, de sus 41 a sus 48 años, en los cuales deja otra vez el escenario colombiano para asumir la dirección de la Unión Panamericana y después la Secretaría General de la OEA; la cuarta y última comprenden el lapso de 1955 hasta su muerte en 1990, 35 años en los cuales encabeza la lucha contra el régimen del general Gustavo Rojas Pinilla, regresa a la presidencia y alcanza su máxima autoridad política, que sólo declina en los últimos años de su retiro (VILLAR BORDA, 2006, pág. XVIII).
La familia de Lleras a comienzos del siglo XX pertenecía a la clase media bogotana, su padre era administrador de haciendas y sus tíos tuvieron la herencia de funcionarios públicos y maestros. Su abuelo Lorenzo María Lleras fue destacado político en el siglo XIX, si bien no registra entre los traidores de Bolívar, sí hay constancia de haber expulsado, siendo presidente del Senado, a Manuelita Sáenz de la República en 1833, años después fue puesto como diputado por Cundinamarca en la Convención de Rionegro de 1863.
Su vida familiar está marcada por la violencia de fin del siglo XIX. Felipe Lleras, hijo de Lorenzo y padre de Alberto, se dedicó a la vida en el campo, administraba una finca en Cundinamarca, lugar donde fueron sorprendidos por la Guerra de los Mil Días en 1899. Fue detenido junto a un centenar de liberales y logró su liberación en Bogotá, donde se quedó a residir con su esposa Sofía Camargo y sus hijos, entre los cuales nació Alberto, el 3 de julio de 1906 (VILLAR BORDA, 2006, pág. 41).
Su formación de autodidacta la realizó en la biblioteca de uno de sus tíos, luego de pasar por el Colegio del Rosario y cursar estudios universitarios en el Externado de Colombia, descartando su culminación. La consagración a la lectura, le facilitó el oficio de periodista. Su dote de escritura fue hallado por Germán Arciniegas quien lo vinculó inicialmente a la Revista Universidad, haciendo parte del denominado grupo literario de ‘Los Nuevos’, en el cual se destacaron, Luis Vidales, León de Greiff, Jorge Zalamea, entre otros (VILLAR BORDA, 2006, pág. 55).
De la misma manera lo convocó la escritura en la prensa, vinculándose con Alfonso Villegas Restrepo, conservador republicano que fundó el diario El Tiempo y La República. La tendencia a la integración de los Partidos Conservador y Liberal del republicanismo hizo que escribiera en ambos periódicos. Inicia escribiendo en La República, de la mano de Arciniegas, luego es convocado a El Espectador, dirigido por Luis Cano, y posteriormente Eduardo Santos lo llamó a ser el jefe de redacción de El Tiempo. Las interconexiones familiares en la prensa y el poder político confluyeron en El Tiempo, trabajando de la mano con su primo Carlos Lleras Restrepo (VILLAR BORDA, 2006, pág. 56).
Lleras Camargo viajó a Argentina en 1926 con la visión de escritor, se instaló durante tres años en el sur del continente, dejando en suspenso el periodismo y la política[84]. Argentina lo recibió junto a una gran población de migrantes europeos con ideas socialistas y comunistas[85]. Estas ideas habían fortalecido el movimiento obrero del proceso de industrialización que venía impulsando el Gobierno de Hipólito Irigoyen, quien se posesionó de su segundo mandato presidencial en 1928 hasta su derrocamiento en 1930. En el primer Gobierno de 1918, había posibilitado la Reforma Universitaria promulgada en la ciudad de Córdoba y avanzado en reformas laborales.
El viaje al sur patagónico no le resulta muy favorable, el recibimiento en Buenos Aires fue hostil, sus competidores europeos le fueron cerrando todas las puertas en la ciudad. Por lo cual, ubicó una posibilidad de instalarse en Concordia, provincia de Entre Ríos, lugar en donde pudo escribir en el diario El Litoral. La contradicción política de haber participado en un diario conservador, lo da su cálculo pragmático de las posibles relaciones que este sostenía con la Capital.
Su paso por el periódico entrerriano termina y regresa a Buenos Aires. Los contactos le llevaron a escribir en los diarios La Nación y El Mundo, a la par que compartió la escena bonaerense de la Generación del 24, publicando en la Revista Martín Fierro. Una época con abundante proliferación de tinta en la Capital Federal tuvo que presenciar la creación desde la Revista Sur hasta la fundación de la Revista Claridad con perspectiva comunista (VILLAR BORDA, 2006, pág. 72).
El periódico El Mundo lo envía con una corresponsalía a España. Su viaje coincide con una estadía en Paris de Eduardo Santos y López Pumarejo (VILLAR BORDA, 2006, pág. 72), quienes le anticipan los planes políticos y le entusiasman a volver a Bogotá. Decide regresar a Bogotá en el primer semestre de 1929, convocado por la campaña presidencial de Enrique Olaya Herrera y un puesto en El Tiempo, además, Eduardo Santos le asignó la dirección del nuevo periódico La Tarde.
Lleras Camargo se casó en 1931 con Berta Puga una de las hijas del ministro de Chile, el general Arturo Puga Osorio. Su trabajo periodístico se elevó hasta ser el tercero al mando de El Tiempo, cargo que ocupó hasta asumir la Secretaría de la Presidencia del primer Gobierno de López Pumarejo, luego pasó a ser ministro de Gobierno.
Terminado el mandato, asumió la dirección del diario El Liberal, desde el cual encabezó la campaña de reelección en 1942. Al Gobierno de Eduardo Santos le adjudicó la ‘política de convivencia’ entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. La pausa de Santos a las reformas de López tendrá el objetivo de dirimir las confrontaciones entre las cúpulas de los Partidos tradicionales, en estos la posición de Lleras Camargo será de apoyo incondicional a López Pumarejo[86].
Las diferencias en el liberalismo pueden seguirse en la orientación de los diarios El Liberal y El Tiempo, en la segunda campaña presidencial de Alfonso López Pumarejo. Las diferencias entre Santos y Lleras se vislumbraron en la convivencia de los partidos versus la toma de partido por el liberalismo, siendo Lleras fiel seguidor de la política de Partido de López Pumarejo.
La síntesis de Villar Borda (2006) es que El Tiempo tomó una posición “por los candidatos antirreeleccionistas al Congreso de 1941 y da a los lopistas el tratamiento de disidentes” (VILLAR BORDA, 2006, pág. 88). Lo cual se sumaba a la prensa conservadora de El Siglo y La Razón, quienes se consagraron en una campaña de difamación de la personalidad de López Pumarejo durante su campaña, y aún más, luego de asumir el segundo mandato presidencial.
El segundo mandato de López no resultó favorable, y en la aceptación formal de su renuncia, el Congreso de la República designó a Lleras Camargo como presidente. Al dejar el cargo de presidente designado, Lleras apareció en 1946 con la Revista Semana, en un estilo de análisis político y crítica cultural, fue su director hasta 1947, fecha en que asumió el cargo de director de la Unión Panamericana. Con la cual, concretó el proyecto hemisférico que venía delineando desde sus viajes a la Argentina, al ser el responsable de la instalación de la Organización de Estados Americanos-OEA, en 1948, en Bogotá. Durante su estadía en Washington, siendo secretario general de la OEA, creó la Revista Américas, la cual cumplió con tareas de difusión de la entidad.
En 1952, el escalonamiento de la violencia llega hasta la destrucción de los diarios liberales, El Tiempo y El Espectador, de las llamas en las edificaciones de los periódicos, siguió la destrucción de la residencia del mismo López Pumarejo,
[e]l objetivo siguiente de los manifestantes fue la residencia del doctor Alfonso López, […] El doctor López vivía a un kilómetro del Parque Santander. [Era] uno de los tres miembros de la Dirección Nacional Liberal. Los otros dos son los doctores Santos y Lleras Restrepo. El domicilio del doctor López fue saqueado e incendiado (VILLAR BORDA, 2006).
Finalizado el Gobierno de Mariano Ospina Pérez, se profundizó la violencia en los territorios, el ajuste de cuentas de los conservadores bajo las órdenes de Laureano Gómez ocasionó serias dificultades para quienes habían figurado en los Gobiernos liberales. Lleras Camargo residiendo en el exterior, ayudó finalmente a recomponer las relaciones entre las cúpulas de los partidos tradicionales con el objetivo de frenar la violencia contra los representantes políticos del liberalismo. De manera que junto a López Pumarejo fueron las cabezas de la constitución del Frente Nacional [1958-1974], del cual Lleras Camargo ocupó la primera presidencia [1958-1962].
Una de las características que más resaltan la personalidad de Lleras Camargo fue “su austeridad en la vida pública y privada” (VILLAR BORDA, 2006, pág. 169). La historiografía colombiana ha destacado la construcción de su vida económica a partir de los ahorros de cada uno de los ingresos que consiguió con sus trabajos periodísticos y cargos políticos[87]. Estos principios políticos lo distinguen de sus partidarios y amigos, quienes asumieron desde el sistema financiero los métodos para potenciar la acumulación de capitales heredados de sus familiares.
La posición de neutralidad en las elecciones de 1946, puede seguirse en la propuesta que realizó Lleras Camargo ante la crisis interna del liberalismo, formuló “un acuerdo con los conservadores para escoger un candidato de ‘frente nacional’. La fórmula es rechazada por El Tiempo y Santos dice que sería ‘el suicidio’ del Partido Liberal” (VILLAR BORDA, 2006, pág. 171). Situado en el rol de presidente, luego de la negación de una candidatura conjunta entre liberales y conservadores, optó por ejercer de mediador imparcial en la campaña a la presidencia, siendo documentado de la siguiente manera,
En un gesto sin precedentes que reafirma su imparcialidad, invita a los tres candidatos a dirigirse al país por los micrófonos de la Radiodifusora Nacional, instalados en el palacio presidencial, para encarecer a sus partidarios que voten pacíficamente. Los tres acceden y hablan en vísperas de los comicios, en orden alfabético: primero Gaitán, luego Ospina y por último Turbay (VILLAR BORDA, 2006, pág. 171).
Las elecciones acontecieron en relativa calma, los resultados dieron como triunfador al conservador Mariano Ospina Pérez. Luego del acto de posesión del conservadurismo en la presidencia, Lleras Camargo vuelve al periodismo y al trabajo internacional, asumiendo la Secretaría General de la OEA. Su despacho en Washington, lo situó en un escenario de abundantes relaciones con la política estadounidense.
Sin registro específico, es muy posible que su relación con John F. Kennedy provenga de mucho tiempo antes de que ambos asumieran los cargos presidenciales. En 1959 con el triunfó de la Revolución cubana y el posicionamiento de Fidel Castro como nuevo jefe del Estado cubano, Lleras definió públicamente su posición política a favor de J. F. Kennedy, en contra de Fidel Castro.
Culminada la Dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, inició el Frente Nacional [1958-1974] con Lleras Camargo (1958-1962) como su primer presidente. En su presidencia dirigió toda la diplomacia continental para favorecer a Estados Unidos en su política de bloqueo al régimen cubano. Una muestra de su agudeza fue precisamente la Carta que le dirigió al presidente argentino Arturo Frondizi, el 23 de diciembre de 1961. Los efectos de su persuasión pueden tenerse en cuenta en la incidencia que tuvo Estados Unidos en las decisiones de política continental, imponiendo el modelo desarrollista-anticomunista.
De la misma manera, fue precursor de la instalación de la Alianza para el Progreso en América Latina. En el acto en Punta del Este, el 17 de agosto de 1961, tendrá un intercambio epistolar previó. Kennedy dirigió a Lleras una carta el 18 de agosto de 1961, en la cual puede constatarse su proximidad,
En los Estados Unidos admiramos de tiempo atrás la visión y capacidad con que usted ha dirigido los destinos de su gran nación. La contribución que Colombia ha hecho a la Alianza para el Progreso es otro ejemplo de su capacidad de conductor. El progreso de su país y los programas de desarrollo social que su administración ha formulado y emprendido son fuente significativa de inspiración y servirán de modelo y estímulo a las otras naciones del hemisferio (VILLAR BORDA, 2006).
La Alianza para el Progreso aseguró el bloqueo económico continental hacia el Estado cubano, el tramité diplomático en la OEA fue conducido por Lleras Camargo. El colombiano hemisférico fue el artífice de dirigir todos los países del continente contra la Revolución cubana,
Lleras, en una de las principales decisiones de su Gobierno, acude a la OEA a fines de 1961 y apela a los tratados que ha ayudado a redactar para solicitar una acción colectiva contra el régimen de Fidel Castro. El 4 de diciembre la reunión es convocada y se fija el 10 de enero como fecha de instalación. Su propósito es el de examinar las amenazas que crea la ‘intervención extracontinental’ en el hemisferio, sin mencionar a Cuba. El embajador cubano en la OEA, Carlos Lechuga, al oponerse a la resolución, dice que es una tentativa de actuar contra su país y que la propuesta colombiana ha sido inspirada por los Estados Unidos. En un discurso público, Fidel Castro ataca fuertemente a Lleras y éste responde rompiendo relaciones con La Habana el 9 de diciembre (VILLAR BORDA, 2006, pág. 251).
Precisar el trabajo político que el liberalismo ha llevado de la mano de los lineamientos norteamericanos, requiere desempolvar los archivos históricos y hallar estos fragmentos que dan cuenta de cuál ha sido realmente el papel de la diplomacia colombiana en el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina.
Podríamos lanzar una primera respuesta, en el rol de sumisión a las doctrinas norteamericanas en contra de los pueblos y a favor de los intereses económicos de las grandes compañías agroindustriales y del extractivismo minero-energético, gobernantes que han actuado como siervos de las políticas de armamentismo y las doctrinas de seguridad del Estado norteamericano.
Con Lleras Camargo cerramos el ciclo de Gobiernos liberales en la conformación del bloque hegemónico colombiano, los datos biográficos y los fragmentos de la historiografía colombiana referidos, dan cuenta de dieciséis (16) años gobernando el Estado capitalista. La ausencia de una sistematización rigurosa de las políticas económicas durante este periodo, son producto de la falencia que hallamos en las fuentes con las cuales documentamos. En los aspectos biográficos se adolece de profundización en las políticas gubernamentales, trabajo que han destacado otros investigadores en Brasil y Argentina.
Dejamos estos fragmentos de los perfiles de quienes asumieron el poder entre 1930-1946, como posibilidad de diálogo con el siguiente capítulo. Hilamos a continuación los dilemas políticos en la elección entre liberalismo o socialismo, que han tenido que afrontar quienes se aproximan al pensamiento y la práctica política de Jorge Eliécer Gaitán.
El ‘fenómeno Gaitán’, cómo ha titulado recientemente su hija Gloria Gaitán (2020), un estudio que aborda el papel que tuvo en el asesinato la Central Intelligence Agency-CIA, “en connivencia con dirigentes liberales y conservadores colombianos, en lo que llamaron La Operación Pantomima” (GAITÁN G. , 2020, pág. 43). Fue un valioso aporte al objetivo de realizar la edición final del análisis de las obras de la vida académica y política del caudillo del pueblo.
- Hace referencia a personalidades de Colombia: “Nacidos entre los años 1880 y 1895, los miembros de la Generación del Centenario presentaron su mayor vigencia social entre los años 1925 y 1940. Entre sus más destacados ideólogos y dirigentes, junto con Olaya Herrera, encontramos a Alfonso López Pumarejo, Laureano Gómez, Eduardo Santos, Mariano Ospina Pérez, Roberto Urdaneta Arbeláez, Luis López de Mesa, Luis Eduardo Nieto Caballero y otros” (Banrepcultural, 2017)↵
- Es dado recordar que en la fecha referida el patrón electoral se circunscribía a: “la reforma constitucional de 1910, [la cual…] aprobó la participación por medio del sufragio en las elecciones presidenciales en ciudadanos varones mayores de 21 años, que supieran leer y escribir o poseyesen una renta anual de $300 pesos o una propiedad raíz de $1000 pesos. Este decreto significa el inicio de un cambio profundo en la democracia colombiana en el siglo XX” (ZAPATA HINCAPIÉ, 2011). El conteo de los votos registra el siguiente resultado, Olaya Herrera: 369.934 votos; Valencia: 240.360; Vásquez Cobo: 213.470; Castrillón: 564 votos; datos de la Registraduría Nacional de Colombia, Historia Electoral Colombiana, Bogotá, 1988, Pág. 154. La república liberal, Pág. 77 (POSADAS CARBÓ, 1999).↵
- Adicional a las referencias anteriores, la candidatura de Castrillón fue “proclamaba el 7 de diciembre de 1929, su candidatura oficial en el teatro Municipal, acompañado de una “[…] manifestación de protesta por las actuaciones del Gobierno durante la huelga de las bananeras”” (ZAPATA HINCAPIÉ, 2011). Dice Posadas Carbó (1999): “Otra novedad relativa de esta campaña fue el lanzamiento de la candidatura presidencial de Alberto Castrillón por parte del Partido Socialista Revolucionario (PSR). Castrillón había sido recién liberado de prisión, tras su participación en la huelga bananera en el Magdalena. Simbólicamente, el lanzamiento de su candidatura tuvo lugar el 6 de diciembre, en conmemoración del primer aniversario de la matanza de las bananeras” (POSADAS CARBÓ, 1999).↵
- Una referencia a la influencia de la Iglesia Católica en la política nacional en las elecciones municipales de 1929 y las elecciones presidenciales de 1930, es el estudio de Medófilo Medina (1991) (MEDINA, Obispos, curas y elecciones, 1929-1930, 1991). De igual manera hay una dedicación en Posadas Carbó (1999) a develar el divisionismo de los conservadores a partir de la división de la Iglesia Católica, plantea el problema en los siguientes términos: “La división de la Iglesia habría producido así la división conservadora. Lo contrario fue quizá más cierto: divididos los conservadores, dividida la Iglesia” (POSADAS CARBÓ, 1999).↵
- En nota de prensa publicada en la Revista Semana puede leerse: “En estas circunstancias y conforme a su propuesta de hacer un Gobierno de concentración nacional, designó al expresidente Carlos E. Restrepo como ministro de Gobierno y dejó en manos conservadoras los ministerios de Guerra, Hacienda y Educación” (RESTREPO, 2004).↵
- En esta Convención, “los liberales habían reemplazado sus postulados decimonónicos de federalismo, individualismo y libre competencia, por los de intervencionismo del Estado en la economía, proteccionismo a la industria y reconocimiento de las reivindicaciones obreras, con lo que obtuvo el apoyo de las nuevas masas” (LIZCANO VARGAS, 2010, pág. 53).↵
- En datos el comportamiento del sector industrial con el ascenso del liberalismo puede verse en la siguiente proporción: “La dinámica industrial del país fue baja antes de la década de los 1930s, pero creció marcadamente desde ese momento. Según el Censo Industrial de 1945 el número de plantas industriales creadas entre 1929 y 1940 representó 5.3 veces el número creado en 1921-29; la dinámica del patrimonio fue similar, con un peso marcado para las plantas creadas en textiles (principalmente) y alimentos (Berry,1972, Tabla 4)” (ECHAVARRÍA & VILLAMIZAR, 2006).↵
- Periódico Concentración Nacional, Órgano de la industria y el comercio. Bogotá, marzo 27 de 1932, número 111. Director: Luis N. Serrano↵
- En este sentido Morales Benítez (1979) refirió a Fernando Gómez Martínez en el análisis del relevo del poder político: “Naturalmente, a medida que pasaba el tiempo, en el conservatismo crecían la nostalgia del poder y la esperanza de una pronta reconquista. Pronto se fueron presentando conflictos que comprometían el orden público. Domar todas esas circunstancias sin que el conservatismo se retirara del Gobierno, sin que cayéramos en una verdadera guerra civil, fue la gran empresa política de Olaya Herrera en la cual lo acompañó inteligentemente el partido” (MORALES BENÍTEZ, 1979, pág. XXXV)↵
- De Esteban Jaramillo, vale mencionar dos de sus obras referidas en las Facultades de Economía: La reforma tributaria en Colombia (1918) y Memorias de Hacienda y Tratado de Hacienda Pública (1925). Ver: Jaramillo, E. (1978). Estudios y antología, 2 tomos. Bogotá: Cámara de Representantes.↵
- De hecho, Gerardo Molina en “Las ideas liberales en Colombia”, sostiene que más que una invitación a cogobernar: “El presidente debía gobernar con un Congreso, un órgano judicial y un poder electoral de mayoría conservadora, con un ejército y una iglesia igualmente de derecha” (MOLINA, 1977).↵
- Los debates sobre gobierno de alianzas o gobierno de partido pueden leerse a continuación: “Desde la proclamación de la candidatura de Olaya, había ya discrepancias entre este y López. Para Olaya, su candidatura y su Gobierno tenían que hacerse como producto de una concentración nacional bipartidista, con amplia participación del partido conservador. López no era de ese parecer; quería un candidato del partido liberal, y a diferencia del de Olaya, el Gobierno que hizo fue de partido” (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 26). Por su parte, también puede leerse el siguiente aparte: “los éxitos locales e internacionales de Olaya habían abierto el camino para el gobierno de Partido Liberal homogéneo, un gobierno resueltamente “de partido”, que a continuación iba a encabezar Alfonso López Pumarejo: el ambicioso gobierno de la Revolución en Marcha” (CABALLERO, 2017).↵
- La negación puede evidenciarse en un fragmento de la historiografía colombiana: “Tres días antes de su posesión, López dirigió una comunicación al Directorio Nacional Conservador llamando a ese partido a colaborar en términos especiales y para ofrecerle tres ministerios: Hacienda, José Arturo Andrade; Industrias, Alfredo García Cadena; Agricultura y Comercio, Mariano Ospina Pérez […] El partido conservador no colaboró en los ministerios” (TIRADO MEJÍA, 1981, págs. 62-63). ↵
- Al respecto puede profundizarse en “La República Liberal y los trabajadores petroleros, entre la autonomía y la institucionalización” (VEGA CANTOR, NÚÑEZ ESPINEL, & PEREIRA FERNÁNDEZ, 2009, págs. 165-230). En esta investigación se hace mención a la situación de Colombia en materia de petróleos durante los gobiernos liberales: entre los hilos que se pueden seguir, en 1931 con la Ley 37 se aprobó el Contrato Chaux-Folson, con el cual la Concesión Barco fue vendida a la Colombian Petroleum Company (Colpet) “producto de la presión de gobierno estadounidense que condicionó el otorgamiento de créditos a la solución de ese asunto” (VEGA CANTOR, NÚÑEZ ESPINEL, & PEREIRA FERNÁNDEZ, 2009, pág. 170). El papel de Olaya Herrera fue crucial en la venta: “Durante su campaña por la presidencia, Olaya Herrera anunció desde los Estados Unidos que en caso de ser elegido solucionaría las dificultades que enfrentaba la Colpet por la resolución de caducidad de la Concesión Barco, y una vez llegó a la presidencia las cosas se resolvieron a favor de esos inversionistas” (VEGA CANTOR, NÚÑEZ ESPINEL, & PEREIRA FERNÁNDEZ, 2009, pág. 171). En legislación de petróleos el proteccionismo no primo, se favorecieron los capitales extranjeros: Olaya Herrera presentó el proyecto de Ley “que luego se convirtió en la Ley 160 de 1936, con la cual se facilitaba el traspaso de la propiedad de terrenos petrolíferos de nacionales a compañías extranjeras, disminuía los impuestos para los petroleros de propiedad privada hasta el 0.5%, aumentaba los plazos para exploración y eximía de regalías la refinación de crudo para el consumo interno” (VEGA CANTOR, NÚÑEZ ESPINEL, & PEREIRA FERNÁNDEZ, 2009, pág. 171).↵
- “Se expidió la ley 83 de 1931 […la cual] reconoció legalmente a los sindicatos. Aunque este nombre podía ser utilizado tanto por organizaciones de trabajadores, como por asociaciones patronales, proscribía el paralelismo sindical y estatuía la intervención del Estado en los sindicatos. En ese año se promulgó la Ley 129 de 1931 que acogía un acuerdo de la OIT sobre la jornada laboral de ocho horas, aunque ésta sólo fue reglamentada tres años más tarde con el Decreto 895 de 1934. En el periodo de Olaya también se estipularon las vacaciones anuales para los trabajadores y la supresión del sistema de subcontratación” (VEGA CANTOR, NÚÑEZ ESPINEL, & PEREIRA FERNÁNDEZ, 2009, pág. 166).↵
- Algunas de las iniciativas legales de Olaya Herrera en lo social: “La Ley 83 de 1931 reconoció el derecho a la sindicalización y reglamentó el derecho de huelga. A la vez que establecía multas para quienes burlaran estas disposiciones. Antes existía una disposición que ordenaba la cárcel para quien intentará una demostración de protesta colectiva en el trabajo. Se suspendió. Se reemplazó por una medida más dramática y drástica como fue el manejo guerrero en las bananeras. En el mismo año se limita la jornada de trabajo a ocho horas. Se establece la inembargabilidad de algunos salarios. Se fortalece el cooperativismo, como nueva ayuda a la socialización de las formas de capitalización. En el 32 se dicta el estatuto acerca de jubilaciones de empleados y obreros ferroviarios. La Ley de 1934 consagra las vacaciones, el auxilio de enfermedad, la cesantía para los empleados particulares. Anunció el establecimiento de los Seguros Sociales, que sólo alcanzaron a ser proyecto y, más tarde, ley, cuando el primer Gobierno de Alberto Lleras Camargo al volver al Congreso la iniciativa, según la propuesta que allí llevó su ministro de Trabajo Adán Arriaga Andrade. No hay que olvidar que Olaya Herrera estaba pensando con espíritu orgánico en los problemas de las relaciones laborales. Su ministro Francisco José Chaux, el 15 de septiembre de 1930, presentó al Congreso un proyecto de Código del Trabajo y, por cierto, en su artículo 249 se preveía la creación de una Caja de Seguros del Trabajo. A Olaya se le puede considerar, entonces, precursor de la Seguridad Social en nuestro medio” (MORALES BENÍTEZ, 1979, pág. XXVIII).↵
- Sobre este dato Gutiérrez Sanín (2017: 561) argumenta en nota al pie, que “Su ministro de gobierno, Carlos E. Restrepo, quiso implementar esa reforma durante su presidencia, pero no pudo [Lozano y Lozano, 1943)”.↵
- Al respecto está registrado que: “Olaya Herrera obró con extraordinaria frialdad. Esta difícil prueba confirma la calidad de estadista que ya había demostrado. Era necesario crear una aviación, una marina y todos los medios de locomoción que permitieran el acceso de nuestras tropas al trapecio amazónico. Además, fue indispensable preparar toda la estrategia internacional, ante los organismos respectivos e informar a cada uno de los centros y gobiernos que eran vitales para una comprensión, a nivel de estados y de organismos, de nuestros derechos. Todo lo dispuso con fe encendida en la respuesta que le daría el país. Logró que se comunicara su desvelo patriótico a cada uno de los colombianos. Vinieron las manifestaciones abiertas y decididas en su desvelo colombianista. Se suscribieron los empréstitos. Se donaron las joyas. Cada uno entregó el aliento de su espíritu en una tarea que le concernía como un deber de la comunidad” (MORALES BENÍTEZ, 1979, pág. XXXIX). Sorprende la designación de Alfredo Vásquez Cobo como General de la guerra contra el Perú (ARTEAGA HERNÁNDEZ & ARTEAGA CARVAJAL, 1999, pág. 373).↵
- Algunos fragmentos de Osorio Lizarazo (1998) dan cuenta de la situación política vivida en 1932: “Gaitán llegaba a ser segundo vicepresidente de la república en un momento de suprema agitación para el país” (OSORIO LIZARAZO, 1998, pág. 150). Las críticas contra el presidente se hicieron desde todos los frentes políticos, sin embargo, “Olaya fue sordo a la insidia contra Gaitán. Invistiólo de la categoría de agente diplomático y le confirió la misión de visitar a México y algunos países de la América Central, con el fin de explicar en ambiente popular la causa de Colombia en la cuestión de Leticia y de obtener el apoyo moral que le era indispensable en caso de que el litigio se resolviese en alguno de los organismos internacionales fundados para sustentar la paz del mundo” (OSORIO LIZARAZO, 1998, pág. 151).↵
- Montaña Cuellar (1998: 359) toma de David Bushnell (1967) un aparte que este trae de Jefferson Caffery en sentido de evidenciar la estrecha relación de su elección presidencial con los intereses económicos norteamericanos: “La presidencia de Olaya, de 1930 a 1934 produjo la relación política más estrecha que jamás había existido entre los dos países. Para comenzar, el presidente admiraba a los Estados Unidos; por añadidura se posesionó en el momento en que la depresión económica mundial se profundizaba, y tenía una fe inflexible en que una política de respeto escrupuloso a los intereses de los Estados Unidos le aseguraba cualquier ayuda que Colombia necesitara para sobreponerse a la Crisis Económica. Olaya postergó su decisión final en cuanto al nombramiento de un Ministerio de Industrias hasta tanto no tuviera confirmación, por intermedio de la Legación de los Estados Unidos, de que su escogencia era aceptable a los intereses de la United Fruit Company. Insistió en seguir cubriendo la deuda nacional externa después de que muchos otros gobiernos latinoamericanos habían dejado de cumplir sus obligaciones, y por mucho más tiempo de lo que realmente podía Colombia [ministro ante Colombia, al secretario de Estado, marzo 11, 1931, DS 821.00/781]” (BUSHNELL, 1984, págs. 13-14).↵
- “López Pumarejo fue diputado a la Asamblea de su departamento nativo; después fue elegido representante a la cámara por la misma circunscripción o círculo electoral, como entonces se decía. En la cámara actuó decisivamente: primero fue derrotado para la Comisión de Presupuesto y después brilló intensamente a partir de dos debates memorables: la investigación del Congreso sobre la United Fruit Company y su crítica a la carencia de una política fiscal. Sobre ambos temas intervendrá decisivamente a finales de 1928 como crítico de la ausencia de un sistema moderno de asignación de recursos y recaudador de tributos en un presupuesto por programas” (HOBSVAWM, 1996, pág. XLI)↵
- Álvaro Tirado Mejía la documenta desde la siguiente exposición: “Laureano Gómez y Alfonso López estaban unidos por una antigua amistad y en lo político por la oposición conjunta que adelantaron contra algunos gobiernos conservadores. Juntos combatieron al presidente Suárez, juntos estuvieron en contra de Abadía Méndez en las postrimerías del régimen conservador” (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 68). Asunto que tendrá relevancia en la misma elección presidencial: “Laureano Gómez, quien como jefe del conservatismo propició la elección presidencial de López, fue quien dio posesión a éste en su calidad de presidente del Senado y López aludió así a esa amistad, en el discurso de posesión: ‘De aquí que yo atribuya, señor presidente del Congreso, no escasa trascendencia política a la amistad que nos ha unido y que habéis recordado con tanta generosidad para con vuestro compañero de estudios y de luchas en los días en que ambos combatíamos, cada uno a su manera y por su camino, con fines distintos, la misma peligrosa impostura democrática. Por esa amistad, que no fue bien comprendida, os llamaban a juicio vuestros copartidarios, como quien se entiende con el enemigo en guerra, a espaldas de los jefes” (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 69). En otra voz, Herbert Braun (2008) dice lo siguiente: “López se metió a la política y llegó al Congreso en 1921, donde inició una estrecha amistad con una estrella joven del conservatismo llamado Laureano Gómez. También fue nombrado director del Banco Mercantil de las Américas, con base en Nueva York lo tenían por uno de los banqueros latinoamericanos más capaces, pero se vio obligado a renunciar ante las acusaciones de que había usado su curul en el parlamento para favorecer a sus patronos” (BRAUN, 2008, pág. 26). ↵
- Al respecto puede leerse a Frank Molano Camargo quien se posiciona de forma crítica respecto al acercamiento que el PCC tuvo en las elecciones de 1934, nos dice “decidió participar en la campaña electoral con la candidatura del líder indígena Eutiquio Timoté, para hacer frente al candidato liberal Alfonso López Pumarejo, caracterizado en ese momento como “gobernante burgués proimperialista”. El periódico del PCC “El Bolchevique”, analizaba de esta manera las tendencias políticas del país: “El principal enemigo del proletariado, de su partido de vanguardia y de las masas trabajadoras de la ciudad y del campo, es el partido liberal, sobre todo su llamada izquierda y dentro de esta izquierda la variedad fascistizante rotulada Unirismo. A comienzos de 1936 el PCC, con Ignacio Torres Giraldo como Secretario General, asumió la orientación de la Internacional Comunista de construir Frentes Populares Antifascistas, planteados por Dimitrov en el VII Congreso de la IC en 1935, propuso al Partido Liberal y al Grupo Marxista la construcción del Frente Popular, impulsando la consigna “Con López, contra la reacción”. Con López y el Frente Popular, el PCC avanzó y se desarrolló mediante la creación de la única y poderosa central obrera de los años 30 y 40 la Central de Trabajadores de Colombia CTC. Esta alianza le trajo varios beneficios al PCC, entre otros su crecimiento y expansión nacional, su presencia electoral que, en 1943, había llegado a 27.000 votos, con 10 diputados en diferentes asambleas del país, 3 representantes a la Cámara y un Senador” (MOLANO CAMARGO, 2014).↵
- La función social en la nueva Constitución de 1936 quedaba de la siguiente manera: “cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social” (MOLINA, 1977, pág. 59).↵
- Al respecto Gerardo Molina dedica un aparte La propiedad, haciendo énfasis en la particular manera en que una noción de la burguesía liberal pasaba ser tomada por socialista en la época de la Reforma Constitucional de 1936: “López tenía que proponerle al liberalismo que cumpliera en Colombia lo que ya había conseguido en el mundo civilizado: pasar el poder económico, social y político de los dueños de la tierra a los dueños de los bienes industriales”, resalta Molina “el nuevo concepto de la propiedad que introdujo, expresa una verdad a condición de que se entienda que cuanto el gobernante quiso fue acabar con la noción del dominio como un derecho absoluto” (MOLINA, 1977, pág. 31).↵
- Esta compañía se había fusionado “en 1899”, “las empresas Colombian Land Co., Boston Fruit Co., Snyder Banana Co., Fruit Dispatch Co. y Tropical Trading and Transport Co. conformaron una nueva empresa bajo la razón social United Fruit Company UFC, como la firma encargada de concentrar los negocios bananeros en Centroamérica y la cuenca del Caribe” (Viloria de la Hoz, 2014). En esta misma investigación se refiere al comportamiento de la United Fruit Company durante los gobiernos liberales: “Durante la República Liberal (1930-1946) las relaciones entre la UFC y el gobierno nacional se volvieron tensas. Los liberales introdujeron reformas sociales que de alguna manera los directivos de la compañía veían como contrarias al negocio bananero. Antes del gobierno liberal, en la década de 1920 los políticos del Magdalena habían aprobado un impuesto a la exportación de banano, el cual fue rápidamente declarado inconstitucional por el gobierno nacional. En 1930 la Misión Kemmerer propuso suspender la exención de impuesto a las exportaciones de banano. En concordancia con la propuesta de la Misión, al año siguiente el gobierno nacional elevó el impuesto al banano exportado, pero en 1932, la crisis fiscal generada por la guerra con el Perú llevó al gobierno nacional a solicitarle un empréstito a la compañía bananera, lo cual mejoró las relaciones entre las partes. En esta época de crisis económica, los jornales se redujeron a la mitad, el costo de la hectárea cayó en un 50%, el racimo bajó de precio y la United Fruit Co. suspendió los anticipos a sus contratistas (Herrera y Romero, 1979)” (Viloria de la Hoz, 2014, pág. 123).↵
- El proyecto de Ley consistía en autorizar al gobierno “el fomento, regularización y demás aspectos de la industria bananera” (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 224). Ante los debates en el Congreso y la difusión de las posiciones de los parlamentarios en la prensa las comunidades se manifestaron en apoyo a la aprobación, las palabras de López que rescata Tirado Mejía (1981) dan cuenta del cambio de doctrina de represión del Estado, en cuanto a la toma de decisiones que los conservadores tomaran frente a los sucesos de la ‘masacre de las bananeras’, López celebraría la manifestación de la siguiente manera: “Las noticias que me llegan sobre la manifestación popular […] como prueba de adhesión al gobierno por su política con relación a la industria del banano, me han sorprendido gratamente, pues ya comenzaba a desesperar de que los más directamente interesados nos acompañaran en el momento en que insistíamos en solicitar del Congreso los instrumentos legales necesarios para la protección de ese importante núcleo de agricultores colombianos (El Tiempo, octubre 23 de 1937)” (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 224). Finalmente, el proyecto fue aprobado en el Congreso y en el discurso de asunción de Santos, este reivindicaría el intervencionismo de Estado para salvaguardar los intereses económicos de los connacionales. ↵
- A propósito: “La huelga de la Cervecería Germania, en julio de 1934, ejemplifica bastante bien el enfrentamiento del partido comunista con la Unir. La huelga, dirigida por el Unirismo, recibió el apoyo de los comunistas, pero acompañado de una fuerte campaña de desprestigio” (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 160).↵
- Entre las conquistas de los trabajadores durante este proceso de organización, se pueden referir las siguientes: “democratización de la cultura y liquidación del analfabetismo; escuelas de capacitación técnica para los obreros; creación de bolsas de trabajo; fijación legal de tasas de arrendamiento según avalúo catastral; nacionalización de los servicios de energía; construcción de casas para los trabajadores por el Estado y las grandes empresas, amortizables de acuerdo con el nivel del salario. La plataforma también incorporaba reivindicaciones para los campesinos: la democratización del crédito agrario; aprobación de la ley de régimen de tierras con las modificaciones propuestas por la Confederación de Trabajadores; protesta contra los despojos a los campesinos y colonos y solicitud de libertad de cultivos para los arrendatarios” (TIRADO MEJÍA, Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo 1934-1938, 1981, pág. 195)↵
- “La manifestación del primero de mayo de 1936 significó la introducción del Frente Popular en el contexto del país. Desde este momento el Frente Popular se convierte en una realidad política, en cuanto movimiento de masas, expresión del apoyo popular al gobierno de López. Programada por la Confederación Sindical Nacional y apoyada por los sectores políticos que se agrupaban bajo la bandera del Frente Popular y los sectores liberales adictos al gobierno” (TIRADO MEJÍA, Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo 1934-1938, 1981, pág. 183).↵
- Al respecto Álvaro Tirado Mejía refiere que en la reforma tributaria “López intento proceder al respecto por la vía de los decretos legislativos, propios del estado de sitio, y al efecto dictó el (decreto) 2429 del 28 de diciembre de 1934 y al día siguiente el 2432. Por el primero se reorganizaba la contribución denominada cuota militar’ y por el segundo se reformaban las disposiciones sobre impuesto a la renta, se aumentaba la tarifa y se establecía un impuesto adicional” (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 95). Ante tal situación “el gobierno procedió entonces por la vía legislativa, y a propuesta del ministro de Hacienda, el Parlamento aprobó la ley 78 de 1935 por la que se modificaban las tarifas para las rentas altas, se establecía el exceso de utilidades y se creaba el impuesto de patrimonio, complementario al de la renta. La ley 69 de 1936 modificó lo relacionado con los impuestos sucesorales, las asignaciones y las donaciones, elevando las tarifas en forma progresiva” (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 95). En otros apartes refiere: “El impuesto a la renta, que existía desde antes, producía sumas irrisorias: $2.026.925 en el citad año de 1934. Una de las leyes de la reforma, la 78 de 1935, cambió notablemente las tarifas de las rentas altas, al pasar del 8 al 17%; al mismo tiempo se dispuso que las rentas consolidadas por la posesión de un capital debían gravarse más fuertemente que las derivadas del trabajo” (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 53), por su parte destaca un “elemento constitutivo de la Reforma Tributaria, la Ley 69 de 1936, introdujo cambios en los impuestos sobre la masa global hereditaria, asignaciones y donaciones, a base de elevar las tarifas progresivas” (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 53).↵
- En la Carta dirigida al Señor J. Reuben Clark, presidente del Forcing Bondholders Protective Council, residente de la ciudad de Nueva York, López Pumarejo finaliza sus argumentos con las siguientes palabras: “La administración Olaya Herrera llevó sus esfuerzos por pagar el servicio de la deuda externa más allá de lo que justificaban los recursos y las conveniencias nacionales en 1931 y 1932, y en mi opinión más allá de lo que consultaba el interés permanente de los tenedores de bonos. Es fácilmente demostrable que Colombia estaría en capacidad de dar ahora mayor satisfacción a sus acreedores si la suspensión del servicio de la deuda no se hubiera aplazado hasta el último momento, cuando ya toda nuestra organización económica había quedado seriamente debilitada. El gobierno no cree bien aconsejado tomar medidas que no obedezcan a un plan de realización razonablemente segura y que haga confiar a los acreedores de Colombia en que tiene la voluntad de cumplir sus compromisos en la medida que permita su capacidad financiera, pero sin retardar injustificablemente el desarrollo normal de sus actividades económicas” (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, págs. 313-314)↵
- La más reciente asesoría de ‘expertos extranjeros’ había sido la segunda Misión Kemmerer, luego de la estadía que habían tenido en 1923, dejando todas las recomendaciones para la fundación del Banco de la República, que a propósito se había instalado en el edificio comprado al Banco López. Giraldo (1994) recuerda los hechos de la siguiente manera: “Al comienzo de su administración, el presidente Olaya Herrera no era consciente de la necesidad de romper esa ortodoxia. Por el contrario, a los dos días de posesionado se trajo a Kemmerer y su equipo para tratar de encontrar las fórmulas que le permitieran resolver la crisis. Esta segunda misión Kemmerer respondió, además, a las sugerencias recibidas de banqueros internacionales, quienes le indicaron al gobierno que una buena forma de agilizar el préstamo que se les había solicitado por 17 millones de dólares, era dar a entender que el país estaba realizando las reformas necesarias para sanear sus finanzas estatales, las cuales debían estar avaladas por un experto extranjero de reconocido prestigio. La misión estuvo tres meses y medio en el país, pero sus resultados fueron desalentadores. De un lado reiteró los postulados ortodoxos que no permitían encontrar respuestas a la crisis del momento y de otro, a pesar de la diligencia con que se adoptaron algunas de sus recomendaciones, el crédito prometido se demoró dos años más de lo previsto” (GIRALDO GIRALDO, 1994). El mismo autor recomienda a propósito de la segunda Misión Kemmerer, consultar la siguiente fuente: MEISEL ROCA, Adolfo (1990) “La segunda misión Kemmerer. Los intentos para mantener el patrón oro”. En: El Banco de la República, antecedentes, evolución y estructura. Bogotá: Ediciones Banco de la República.↵
- Entre los temas más interesantes del alza de impuestos a los grandes contribuyentes, está la cuestión del sector energético, la tributación del petróleo: “[entre] 1926 a 1934, la Tropical pagó $3.678.895. De acuerdo con la ley 78 de 1935, pagó por impuestos correspondientes al año pasado, $3.338.000. La Andian, en los ocho años comprendidos en 1927 a 1934, pagó $3.832.584. En 1935 pagó $1.819.783. Las dos compañías están ya pagando anualmente alrededor de $5.157.783. ¿Una suma excesiva? ¿Una discriminación injusta? No. Aquí tengo la declaración del valor de las exportaciones de petróleo, que monta a $192.000.000 oro americano” (TIRADO MEJÍA, 1981, págs. 99-100). ↵
- De los recortes de Tirado Mejía (1981) en la prensa podía leerse según sus análisis lo siguiente: “Propietarios, industriales, comerciantes, capitalistas y agricultores de Colombia… a ellos nos dirigimos en cumplimiento de un deber patriótico y en nuestro carácter de ciudadanos pertenecientes a los dos partidos tradicionales para invitarlos a una acción que, con prescindencia de matices políticos, salve la economía nacional de la ruina a que será llevada por quienes consideran que la quiebra del capital colombiano, la relajación o desaparición de la propiedad privada, el aniquilamiento de la industria y de la agricultura, constituyen la base del engrandecimiento del proletariado” (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 109). La acusación directa la hacían las altas esferas militares: “el general Teodoro Pedraza hablaba de ‘los nuevos evangelistas de las ideas marxistas y comunistas que se proponen imponer al liberalismo y a las masas populares, ideas que no son para ellos sino el símbolo de sus personales intereses’” (TIRADO MEJÍA, 1981, pág. 110).↵
- En sesión de tesis con Gabriel Misas Arango, refirió que en 1926 la Corte Suprema de Justicia hizo un análisis sobre adjudicación de tierras, dado que existía un desfase entre las tierras adjudicadas y las haciendas expropiadas disponibles, recomendó realizar un Catastro de medición de tierras. Debate que revivía lo consignado en la Ley 70 del 4 de julio de 1866 ‘sobre deslinde y formación de catastro de las tierras baldías de la Nación’. En el Artículo 1, reglamentaba que “El Poder Ejecutivo dispondrá la formación de un catastro general de las tierras baldías de propiedad nacional, ordenando que se anoten en él distintamente los bosques de dichas tierras, con expresión especial de los que contengan quina, goma elástica, bálsamos, palos de tinte y demás maderas de exportación y otros productos vegetales, procediendo en los términos de la presente ley”. Debates que continuaron iniciando el siglo XX, con la Ley 56 del 29 de abril de 1905, ‘Sobre adjudicación de tierras baldías’ y la Ley 25 del 29 de agosto de 1908, ‘Sobre tierras baldías’. El problema de la tierra de 1920 a 1930, puede estudiarse con mayor ampliación en las siguientes obras: MACHADO, Absalón (2009) Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la colonia a la creación del Frente Nacional. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; LONDOÑO, Rocío (2011) ‘Juan de la Cruz Varela. Sociedad y política en la región del Sumapaz (1902-1984). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; y una actualización de la historia de finales del siglo XX, FAJARDO, Darío (2014) Las guerras de la agricultura colombiana, 1980-2010. Bogotá: ILSA.↵
- Palacios (2011) reseñando las huelgas de fines de los años veinte, referencia el siguiente aspecto de la forma de distribución de la tierra: “la cuestión agraria por medio de la eliminación de los vestigios feudales, el reparto de la tierra a quienes la trabajan directamente, a través de la expropiación sin indemnización a los terratenientes. Igualmente, la Revolución sería antiimperialista y por tanto procedería al desconocimiento de las deudas contraídas a través de los empréstitos y a la nacionalización de las empresas directa o indirectamente controladas por el imperialismo (Medina, 1980, pp. 167-168)” (PALACIOS, 2011, pág. 162).↵
- Se hace relevante consignar las siguientes notas de la Carta que dirige Alfonso López Pumarejo a los señores Enrique Soto U., Ruperto Aya, Daniel Sáenz, Antonio J. Mejía, J. J. Williamson, de la junta de “empresarios agrícolas”, “No es, en mi concepto, por un simple fenómeno de persuasión doctrinaria por lo que nuestros trabajadores de los campos han venido derivando de su resignada miseria a una ansiosa inconformidad, que los agitadores profesionales tratan de encauzar por las vías de la violencia. Es que perduran aberraciones en las formas de relación del capital y el trabajo que una gran parte de la opinión no alcanza a apreciar en toda su importancia, porque las ve amparadas por la ley, y porque han venido encontrando el constante apoyo de la autoridad, la cual se ha sentido inclinada hasta ahora a considerar subversivas las más humildes reacciones del campesino y el obrero” (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, pág. 316). En las consideraciones finales hablará en nombre del gobierno de la siguiente manera: “El gobierno está seguro de que la agitación profesional tiene su mayor acicate en las desgraciadas condiciones del campesino colombiano, y que cuando ellas sean mejoradas tendrá en su poder más eficaces instrumentos para combatirla y para sostener el régimen democrático que han querido darse los colombianos” (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, págs. 318-319); en párrafos siguientes: “El gobierno habrá de presentar pronto algunas disposiciones que estima necesarias para lograr la estabilidad de un régimen de tierras y de los vínculos que deben unir normalmente a quienes las trabajan. Entretanto, velará, como es su deber, por el mantenimiento del orden legal existente, procurando evitar que cada conflicto rural se convierta en una hecatombe de campesinos y agentes de la autoridad” (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, pág. 320)↵
- Referimos un caso ya mencionado en la ponencia La acumulación originaria en el modelo primario-exportador colombiano, presentada en el Congreso 200 años de El Capital de Karl Marx en la Universidad Complutense. Un caso de estas titulaciones es la finca Mirolindo, con matrícula inmobiliaria 480-2030, del círculo registral 480 del municipio de San José del Guaviare, vereda Las Brisas, donde el primer código catastral por el modo de adquisición se dio por la ‘Adjudicación de 170 Baldíos’. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria-INCORA, luego de más de diez años de solicitud, otorgó por Resolución 0615 del 10 de junio de 1988, el título de “Real Derecho de Domino” a Marco Antonio Bejarano Farfán. El problema de la tierra en Colombia tiene en el departamento del Guaviare, una particular complicación en las décadas de los ochenta y noventa, en las cuales la gran mayoría de campesinos tuvieron que salir del territorio para salvar sus vidas de la inmersión del paramilitarismo que se apoderó de grandes extensiones para los cultivos de palma aceitera y plantaciones de hoja de coca. En el siglo XXI, este mismo predio fue usurpado por medio de estafa a cuenta del señor Eduardo Saavedra Galindo (CC. 91362545), quién compro al registrador y notario del municipio San José del Guaviare con la cifra de COP $10.000.000, para que le fuera asignado el registro catastral a su nombre. Luego de estar luchando más de cuarenta años por la tierra, haber perdido a su hijo Marcos Bejarano Montenegro, asesinado en la cabecera municipal de San José, quien estuviera en el año 2006 negociando una venta de las 238 hectáreas por el valor de COP $80 millones. El formato “0125 Compraventa” firmado al señor Galindo por valor de COP $ 40.000.000, la falsedad del documento de escritura 39 del 21 de enero de 2014, es una prueba de los miles de casos semejantes por los que han tenido que pasar las familias de campesinos en Colombia. Teniendo este el condicionante de un conflicto familiar, donde la venta del 40% de la propiedad por valor de COP $4.000.000 del 30 de diciembre de 1997, de Hernán Pardo Silva a Marco Antonio Bejarano Farfán, nunca fue notificada. Usando un poder de venta que había sido expedido por motivo de la venta total de la finca, la cual no pudo ser vendida, y, sin embargo, se hizo un cambio en las escrituras que no fue comunicado. La situación de desconocimiento produjo que se acudiera a la protección del bien familiar el 18 de noviembre de 2011, a partir de los derechos otorgados en la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, en lo concerniente al Artículo 31. “Medidas especiales de protección”, disponiendo en el registro catastral la referencia “0927 predio declarado en abandono por poseedor”, que, si bien al momento de acudir al mecanismo de protección y solicitud de restitución de tierras no figuraba como titular por los cambios en la escritura realizados sin notificación, el bien familiar comprende a hija y nietos de quien seguía siendo titular de la propiedad. Este caso que sigue en investigación tiene la situación en la cual el dinero que figura ser pagado por el concepto de compraventa, nunca fue entregado en su totalidad, pasados los años de firmados los documentos, y la complejidad de encontrarse en el concepto “0204 Hipoteca abierta de primer grado y cuantía indeterminada” del 11 de marzo de 2015, solicitada por el señor Galindo al Banco Agrario de Colombia. Las preguntas que surgen en el proceder de la institucionalidad colombiana en los asuntos de la propiedad de tierras de los campesinos son múltiples, vale dejar de este modo el registro de un asunto aún no resuelto.↵
- Aún más que los escándalos, la promulgación de la “Ley 100 de 1944 sancionada por el presidente López, que había impulsado la anterior, borró con el codo lo que había escrito con la mano, y con el objeto de dar seguridad a los terratenientes, reglamentó el contrato de aparcería. Asimismo, amplió el término para la extinción del dominio de los predios incultos” (TIRADO MEJÍA, 1978, pág. 268).↵
- En Bushnell (1984) puede seguirse una lectura de los informes de la diplomacia norteamericana y hallar apreciaciones respecto a las diferencias de Santos y López. Finalizando el gobierno de Santos, López se había convertido en un problema: “López no era fundamentalmente antinorteamericano, mucho menos pronazi; pero él y sus adictos eran anti-Santos y no consideraban que la conducción de los asuntos exteriores debería ser tratada como un santuario privilegiado. Sus críticas se dirigían más a detalles de ejecución que a objetivos y guías de la política y, por lo tanto, diferían cualitativamente (así como cuantitativamente) de las críticas de Gómez” (BUSHNELL, 1984). En lo personal, es definido a partir de la crítica que le hacen desde las orillas conservadoras: “López, ‘símbolo de la antipatria’, según fue llamado en el título de un editorial de El Siglo, era el mismo hombre que como Presidente había firmado un tratado de comercio recíproco con los Estados Unidos, lesivo para los productores colombianos; que había sido amigo de los promotores del petróleo y de los financistas de Wall Street y cuyo historial anterior, para resumir, hacía imposible tomarlo en serio en su actual papel de defensor de los intereses colombianos” (BUSHNELL, 1984, pág. 59).↵
- Al respecto puede leerse la investigación “El cuartelazo de Pasto” de Adolfo León Atehortúa Cruz (2009): “Con el propósito de pasar revista a maniobras militares en el sur del país, López viajó a la ciudad de Pasto el 8 de julio de 1944. En la noche del 9, en el Hotel Niza, el presidente escuchó en voz de los reclutas alicorados “mueras” y “abajos” al gobierno. Al día siguiente, a las 5:30 de la mañana, fue despertado por el Teniente Coronel Luis Agudelo, implicado con las conspiraciones desde 1943 y por esa razón trasladado a Pasto, para comunicarle su detención. Poco después, Agudelo le presentó una hoja de papel sellado en donde López leería su “renuncia voluntaria” y el encargo del mando al coronel Diógenes Gil. El presidente se negó a firmarla alegando su calidad de prisionero y negando su intención de renuncia. López fue llevado a la hacienda de los hermanos Bucheli, en Consacá, e incomunicado” (ATEHORTÚA CRUZ, El cuartelazo de Pasto, 2009, pág. 159) ↵
- Villar Borda (2016) en la biografía de Alberto Lleras Camargo, al respecto, referencia la siguiente situación: “Dos meses antes de la elección presidencial del 3 de mayo, una publicación del diario de La Capuchina había llevado a Alfonso López Michelsen a presentar en nombre de su padre una denuncia por calumnia contra Gómez, José de la Vega y Luis Ignacio Adrade como responsables del periódico. En ella se acusaba a López Pumarejo de beneficiarse con la compra de unas tierras petrolíferas en el Carare, cuando se trataba de un derecho de herencia sobre las acciones de una compañía explotadora que habían pertenecido a Pedro A. López & Cía., la empresa fundada por su padre. En respuesta a los cargos, además, López había cedido las acciones al Amparo de Niños y al Colegio de Hijas Esclavas del Sagrado Corazón” (VILLAR BORDA, 2006, pág. 155). De estos asuntos de los intereses en petróleo, vale recordar igual, las notas que aporta Diego Montaña Cuellar (1998) al describir los intereses que los gobiernos liberales tuvieron en los recursos del Petróleo: “Olaya triunfo en una campaña de pocos días […]. Antes de embarcarse para Colombia había tenido una importante conferencia con los magnates petroleros resentidos con el gobierno de Abadía Méndez que, buscando atraer a los petroleros ingleses, ingenuamente y sin atender a la realidad imperialista que une a los monopolios en la cima, declaró caducada la Concesión Barco de que era cesionaria la Texas Petroleum Company. Las razones jurídicas en que se fundó la caducidad eran evidentes, pero el secretario de finanzas de los Estados Unidos era accionista de la Colombian Petroleum, filial de la Texas, constituida para explotar los campos del Catatumbo en la frontera con Venezuela. La Colombian Petroleum demando a la Nación ante la Corte Suprema por el acto de caducidad y a la luz de las pruebas de condiciones no cumplidas y términos vencidos para el cumplimiento de estipulaciones del contrato original, era casi segura la confirmación de la caducidad. Olaya ofreció a los petroleros interesados, arreglar la diferencia, y dar las mayores garantías a los inversionistas en la industria del petróleo en Colombia” (MONTAÑA CUELLAR, El papel de las clases sociales en la lucha política colombiana, 1998, pág. 357). Desde entonces, los estudios de las conexiones entre intereses económicos ligados al recurso energético marcaran los gobiernos liberales, hasta las denuncias que recibe López Pumarejo en el segundo gobierno por los terrenos comprados en el Carare. ↵
- La Ley 160 de 1936 reformó la Ley 37 de 1931 y dictó otras disposiciones sobre petróleos. En el grueso del articulado hace salvedad a los propietarios de terrenos con yacimientos de petróleo de pagar al Estado los impuestos correspondientes que específica la Ley.↵
- Es necesario mencionar que el interés en el petróleo inicia en 1859 con la primera explotación de un pozo en Pennsylvania, Estados Unidos. A propósito, puede revisarse el artículo de Tapias Cote, Carlos Guillermo “De la Concesión de Mares y la Tronco hasta Ecopetrol” de la Revista Credencial de Historia, N° 266 (TAPIAS COTE, 2012).↵
- Darío Mesa (1982) escribe un artículo al respecto de estos acontecimientos, en el cual resaltamos una pregunta: “¿Quién podría extrañarse, así, de que la Guerra civil de los Mil Días, de 1899 a 1902, concluyera en un acuerdo firmado en un buque de la armada de los Estados Unidos” (1982: 85)? Si bien, este autor, no precisa en mencionar el fluir de la protesta antimperialista en Colombia desde la perdida hasta la firma del Tratado Murray el 6 de abril de 1914, es pertinente dejar la siguiente referencia en cuanto al hecho, esta era la situación política a la que se enfrentaba el bipartidismo en las elecciones presidenciales de 1914: “Era cuestión de vida o muerte responder por la integridad de lo que restaba del país en una coyuntura en que el dominador, por agencia del presidente estadinense William Howard Taft, que buscaba la reelección, agradecía a Roosevelt ‘la neutralización de la zona del Canal, o para hablar claro, que esté bajo nuestro control, lo que equivale a la garantía de sus ventajas, y no en manos de una republiquilla de tres al cuarto, subnormal en civismo y moralidad’. A lo que había eco, por los mismos días, el contralmirante F. E. Chadwick, expresidente del Naval War College, acentuando que en los territorios que bordean el Caribe y el Golfo de México, así como en la parte del Pacífico vecina al Canal de Panamá, ‘debemos tener y ejercer una influencia dominante’ que ‘no debería discutirse’. Sobre la base de la unidad determinada por la amenaza logró el doctor Restrepo la aprobación del tratado con Estados Unidos en el Parlamento, el 6 de abril de 1914. Colombia, con ello, reconocía la segregación de Panamá y su independencia estatal; obtenía el derecho a movilizar por el Canal, sin costo, tropas, provisiones y buques de guerra; sus ciudadanos y productos se equipararían, cuanto a prerrogativas allí, con los estadinenses. Algunas exportaciones colombianas –petróleo, sal marina, carbón- quedarían exentas de gravamen, y sus costos de transporte no podrían exceder a la mitad de lo pagado por productos similares de origen estadinense. Y, además, 25 millones de dólares. La negociación de ese tratado fue el problema capital de las relaciones exteriores para el doctor Restrepo. Ante la relación de fuerzas, era lo mejor que se podía hacer, como lo había dicho el señor Enrique Cortés durante el Quinquenio; era lo mejor, tal vez lo único acertado. Sobre el fondo de la situación mundial buscó el presidente una que otra ventaja táctica, pero el resultado final era insoslayable. Ventajas, por ejemplo, como las derivadas de la rivalidad estratégica y comercial de Estados Unidos e Inglaterra. Los petroleros de esta última querían concesiones en Colombia y el Gobierno estudió aquí el asunto con los ojos puestos en la economía, en la soberanía y en el tratado sobre Panamá que el Congreso norteamericano no quería aprobar” (MESA, 1984, págs. 137-138).↵
- De las relaciones que tuvo la misma empresa en la extracción de petróleo en el país, existe el siguiente registro que puede dar cuenta de las dimensiones de incidencia político-económica en la larga duración del siglo XX: “Uno de estos pulpos petroleros, la Standard Oil of New Jersey, hoy conocida como Exxon, y perteneciente a la familia Rockefeller, adquirió las acciones de la Tropical Oil Company, Troco, que en 1921 inició los trabajos de la Concesión de Mares en el Magdalena Medio. Y cinco años después, el 5 de enero de 1926, la Gulf Oil Company de los hermanos Mellón, una empresa rival de la Exxon, compró los derechos mayoritarios de la Colombian Petroleum Company, Colpet, que explotó los yacimientos de la Concesión Barco hasta el 9 de septiembre de 1981” (Moir, 2005).↵
- Es necesario tener en cuenta cuales fueron los límites territoriales de la Concesión de Mares: “Mediante la concesión de Mares, el Estado cedió a particulares una franja de tierra de más de medio millón de hectáreas. En el documento original se decía que la concesión abarcaba los terrenos baldíos de la nación comprendidos desde la desembocadura del río Sogamoso en el Magdalena, aguas arriba por este río hasta la desembocadura del Río Carare, siguiendo aguas arriba hasta encontrar el pie de la cordillera oriental y de aquí continuando por la cordillera hasta encontrar el río Sogamoso y por el curso de éste hasta el punto de partida. Esta delimitación tan imprecisa se prestó para que después la Tropical realizará reclamos y efectuara apropiaciones territoriales aún mayores que las señaladas en la delimitación original de la Concesión” (MAYORGA GARCÍA, 2002)↵
- A propósito, valga leer los siguientes fragmentos: “El magnate de Pittsburgh le había puesto el dedo en la llaga a la oligarquía colombiana. Enrique Olaya Herrera, a la sazón embajador en Washington, entró en contacto inmediato con la National City Bank de Nueva York, con el Departamento de Estado y con el propio Mellón, y todos ellos insistieron en que la revocatoria del decreto de caducidad de la Concesión Barco, así como la redacción de un nuevo código petrolero, eran requisitos indispensables para “restablecer la confianza de los inversionistas” y reabrir la llave de futuros créditos”. Una vez en la Presidencia: “sancionó la Ley 37 de 1931, o “ley del Petróleo”, un conjunto de disposiciones redactadas por George Rublee, asesor del Departamento de Estado, y ese mismo año el señor Clarence Folsom, apoderado de los hermanos Mellón, suscribió con el ministro de Industrias del régimen liberal, Francisco J. Chaux, el convenio que retribuyó la Concesión Barco a sus antiguos dueños”. Finalmente, “[e]l contrato Chaux Folsom, que obtuvo la bendición del Congreso en marzo de 1931, devolvió a la Colombian Petroleum Company, Colpet, el dominio exclusivo sobre los yacimientos petrolíferos del Catatumbo, y facultó a la South American Gulf Oil Company Sagoc, socia de la anterior, para construir el oleoducto Tibú-Coveñas” (Moir, 2005).↵
- Puede leerse de sus memorias el siguiente fragmento: “El país entero recuerda cómo el entonces Ministro de Minas y Petróleos, doctor Néstor Pineda, destruyó una a una las imputaciones de dos o tres Senadores de la oposición que intervinieron en el debate para cubrirles la retirada a los promotores del escándalo, […] Y probablemente ha olvidado también que era para evitar al partido de gobierno, que tantos y tan generosos esfuerzos ha hecho por mi nombre y mi política, la penosa tarea de continuar un litigio de esa índole personal con la oposición, hube de ceder por escritura pública a dos instituciones de caridad, los eventuales derechos que pudieran quedarme en la ‘Compañía Explotadora del Carare’ (de la cual era accionista la firma de Pedro A. López & Cía.), en el caso de obtener una sentencia judicial favorable a sus pretensiones y de comprobarse la existencia de petróleos en sus terrenos. Para tratar de manchar mi nombre, no hubo recurso al cual no se apelará, ni calumnia que no se urdiera por personas vinculadas en otro tiempo a los negocios de la casa de comercio de mi padre, en forma que no podían ignorar ni la existencia del litigio, ni la buena fe con que ella adquirió el título del Carare, ni la fecha en que dejé de ser socio de Pedro A. López & Cía., ni la diferencia entre la razón social y la persona de mi progenitor, ni mi legítimo derecho a sucederlo en su patrimonio” (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, pág. 119)↵
- Este asunto lo profundizaremos en capítulos posteriores. La documentación de las manifestaciones y las “demandas de los trabajadores alrededor de la nacionalización del petróleo” (CARO PERALTA, 2013, pág. 386) quienes asumieron una posición de “nacionalismo y antiimperialismo” contra las Concesiones de las empresas norteamericanas, es un trabajo de investigación de Caro Peralta (2013) (CARO PERALTA, 2013, pág. 386), que vale revisar con detalle en cuanto a la correlación de fuerzas que este movimiento obrero en la década del cuarenta en Colombia. ↵
- Al respecto: “El Ministro de Hacienda, señor Lleras Restrepo, explicó, incontrovertidamente, ante el Senado, cómo la política seguida por el Gobierno en relación con las acciones Handel y las gestiones destinadas a convertirlas en acciones de Bavaria, eran convenientes, y se hicieron ineludibles por una serie sucesiva de circunstancias que no me permitían a mí, como Presidente, asumir la responsabilidad de abandonar intereses colombianos en dificultades y riesgos provocados por la guerra, solamente porque con anterioridad a mi acceso a la Primera Magistratura mi hijo fuera consejero legal de aquella sociedad holandesa, y como tal hubiera solicitado del Gobierno de mi antecesor que se tomaran determinadas medidas como el fideicomiso de todos sus bienes” (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, pág. 125).↵
- Su hijo daría las siguientes declaraciones luego de actuar como apoderado de una de las firmas que negociaron las acciones de la Compañía Handel: “Dos años antes de ser mi padre presidente, yo había sido apoderado de la Handel llamada de Curazao y que, en realidad, era la legítima. Por contendores tuve a dos exministros los doctores Esteban Jaramillo y Carlos Arango Vélez, que representaban los intereses nazis, así estuvieran encubiertos con la equívoca denominación de “La Handel de Ámsterdam” (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, pág. XXV), páginas posteriores puede seguirse: “se pretendió involucrar a Alfonso López Pumarejo en un frustrado negocio de compra de acciones Handel en el cual ya había intervenido y se hacía alusión a ‘Alfonso López’. Comprar acciones Handel era muy fácil en la Bolsa de New York en donde los exiliados holandeses las vendían a menosprecio. La firma de Luis Soto y Compañía, el doctor Jesús María Marulanda, exministro de Estado, el doctor Jesús Echeverri Duque, el doctor Juan Uribe Holguín y aun personas vinculadas al periodismo como don Fabio Restrepo y don Gabriel Cano, amén de familiares del doctor Laureano Gómez, como miembros de la familia de su señora esposa, tuvieron, en uno u otro momento, tales títulos” (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, pág. XXVII).↵
- Es el mismo Alfonso López Pumarejo el que en definitiva aclara como su yerno, Jorge Escobar y su madre compraron las acciones de la Handel, siendo claro los primeros en enterarse de la posibilidad de nacionalización de acciones extranjeras: “Los señores Senadores están bien familiarizados con el negocio de la Handel, que fue oportunamente sometido a su consideración por el Gobierno que yo presidía, y saben también cómo de acuerdo con los deseos expresados en una proposición de ese alto cuerpo las gestiones que adelantaba el Ejecutivo para resolver una situación delicada y difícil, fruto de la irregular situación del derecho público interno en estos tiempos, e iniciada con la invasión de Alemania a los Países Bajos, se suspendieron indefinidamente. Por lo tanto, es más fácil para mí explicar al Senado cómo alrededor de actos administrativos que no culminaron jamás, se ha tratado, también, de manchar de nuevo mi reputación, sobre la base de que mi hijo Alfonso fue uno de los asesores legales de la Handel e intermediario para la venta de acciones de ciudadanos extranjeros domiciliados en los Estados Unidos, que le habían conferido ese encargo. Además, se declaró por la oposición como sospechoso el que mi yerno, el señor Jorge Escobar, y su señora madre, compraran por intermedio del Fondo de Estabilización acciones Handel a los accionistas que representaba mi hijo Alfonso” (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, pág. 125). Continúa: “Mi hijo había solicitado de la Administración Santos, como consejero legal de la Handel, la aplicación de las leyes vigentes sobre fideicomiso a su patrimonio en Colombia. Las acciones compradas por el señor Escobar y su madre lo fueron en operaciones realizadas por conducto del Fondo de Estabilización, como parte de una política conocida para facilitar la nacionalización de bienes extranjeros. Y el Consejo de ministros tenía conocimiento de que mi hijo Alfonso tenía orden de colocar acciones Handel si encontraba comprador; de tal suerte que sus representados no estaban subordinando sus intereses a que se llegara a un acuerdo o a que no pudiera concluirse” (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, pág. 126).↵
- Al respecto la prensa nacional sigue registrando el hecho de la siguiente manera: “Mamatoco, quien había sido boxeador y entrenador de este deporte en los mismos cuarteles, recibió 19 puñaladas que acabaron con su vida. Además, era apreciado en los niveles inferiores de la institución, pues publicaba el quincenario La voz del pueblo, en el cual denunciaba los abusos y desfalcos en los comisariatos de la policía y el maltrato de los oficiales. El autor intelectual señalado fue el mayor Luis Carlos Hernández Soler, comandante de la segunda división, encargada, entre otras, de la seguridad del palacio presidencial. También fueron involucrados y detenidos algunos altos funcionarios como coautores o encubridores, entre ellos el Secretario General de la Presidencia, el director y subdirector de la Policía, el Prefecto de seguridad” (VARGAS MORALES, 2001).↵
- El falló del proceso penal dictó que “bajo la resolución No. 722 de 1943, que concluyó con el resultado positivo de que tres miembros de la policía nacional, teniente Santiago Silva, y agentes Oliverio Ayala Azuero y Rubén Bohórquez, confesaran puntualmente su crimen” (FIRMIANO, 2014). Con la misma “Resolución No. 722 de 1943, el ministro de Gobierno Darío Echandía designó un nuevo investigador, despojando de la misma -escasamente horas después de iniciada- al más célebre y reconocido juez de la época Doctor Enrique Vargas Orjuela, quien había adelantado exitosamente resonantes casos que le convalidaron aquel adagio de averígüelo, Vargas” (VARGAS MORALES, 2001).↵
- Mamatoco: “Era un exagente de policía y su única actividad sospechosa era una labor periodística casi que sindical, donde en un semanario titulado “La voz del pueblo” y con la ayuda del poeta Rafael Tamayo, tronaba contra la institución policial por “la escasez e inservibilidad del vestuario, la pésima alimentación, las demoras en los pagos, los bajos sueldos, el no reconocimiento de las primas, la falta de atención médica, los despidos injustos, el trato abusivo y discriminatorio con los oficiales y agentes y otros motivos” (FIRMIANO, 2014).↵
- En los hechos registrados está precisamente el accionar de los conservadores ante el asesinato: “El periódico El Siglo, la principal tribuna periodística de opinión de los conservadores, afirmó que lo habían matado para silenciar la voz de uno que estaba destapando la podredumbre del régimen y de la familia presidencial. De aquí surgió el interés del periódico por afirmar que tal asesinato no era un hecho aislado ni casual, sino un crimen de estado. Y por eso Laureano Gómez, como redactor en jefe, ordenó que diariamente apareciera la famosa pregunta ¿Quién mató a Mamatoco?” (FIRMIANO, 2014).↵
- En una nota Héctor Abad Faciolinci (2016) expone la acusación que le hicieran a Eduardo Santos, de haber ordenado el asesinato, por las relaciones que pudo sostener el boxeador con su mujer, Lorencita Villegas de Santos. Asimismo, otra versión vinculaba al hijo del presidente por presuntas pruebas que tuviera Mamatoco de las relaciones que este sostenía con una señora de la alta sociedad bogotana en la misma época. En la nota Faciolinci (2016) expone lo siguiente: “La historia del boxeador Francisco Pérez (alias Mamatoco) podría ser un buen ejemplo. Laureano (alias el Ovejo) Gómez, un político graduado en odios, alimentó con murmuraciones dos causas que explicaran el asesinato de Mamatoco. Con el primero implicaba al ala santista del partido liberal: Mamatoco habría sido amante de Lorencita Villegas de Santos, la mujer del expresidente, lo que habría hecho que don Eduardo contratara sicarios para vengarse. La segunda conseja iba contra el ala lopista de los liberales y aseguraba que Pedro López Michelsen, el hijo del presidente en ejercicio en 1943, fecha del crimen, había sido sorprendido por Mamatoco mientras hacía el amor en un carro con una prestante señora, casada con un notable de la capital. Para que el adulterio no se supiera, el hijo del presidente López Pumarejo habría ordenado a unos policías apuñalar a Mamatoco” (ABAD FACIOLINCI, 2016). Otra de las acusaciones de los liberales a los conservadores puso el asunto de la siguiente manera: “los liberales se cansaron de los rumores sobre doña Lorencita Villegas y don Pedro López, entonces las redes sociales liberales de la época se dedicaron a difundir un chisme del mismo calibre: Mamatoco era amante, no de doña Lorencita, sino del conservador falangista Fernando Londoño y Londoño, quien tenía fama de ser, como se decía entonces, invertido. Y el crimen se explicaba por el miedo del azuceno manizalita a que Mamatoco revelara las relaciones particulares que tenía con él” (ABAD FACIOLINCI, 2016). ↵
- Cuenta López en sus memorias que: “Un ciudadano aparece muerto a puñaladas y se descubren, por autoridades que dependen del Gobierno, las conexiones de funcionarios de Policía con el crimen. El país se horroriza ante las características monstruosas del asesinato de Francisco A. Pérez. Nadie pretende disculpar el delito, ni mucho menos la autoridad administrativa, que no ha dado muestras de debilidad ante el hecho de que hayan sido sindicados en el sumario jefes de alta jerarquía en la institución policial y agentes subalternos. Pero, desde el primer momento, la oposición no vacila en atribuir la responsabilidad intelectual a los más altos dignatarios del Estado. Durante días, semanas, y meses enteros, se esfuerza vanamente por inducir a los delincuentes a que busquen refugio en una falaz confesión que comprometa al Gobierno. Intenta mezclar, directamente, entre otros, el nombre del presidente de la República. La extravagante paradoja de la política nacional llega hasta pretender presentarme a mí, presunta víctima del asesinato político, como su inspirador, encubridor o cómplice. El Siglo me pregunta continuamente por qué mataron a ‘Mamatoco’” (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, pág. 121).↵
- Disparos en el Congreso de la República: “Al producirse la reelección de López, la resistencia conservadora se traduce en una campaña sistemática y cada vez más agresiva contra el gobierno, que el propio Gómez encabeza con fiereza desde su banca en el Senado. El ambiente político se enrarece hasta el punto de provocar el 27 de agosto un enfrentamiento a bala en la Cámara de Representantes, en el cual resulta herido el representante Manuel Castro. Pocos meses después, Gómez utiliza el oscuro episodio del asesinato del boxeador Francisco A. Pérez, alias ‘Mamatoco’, para denunciar en el Congreso y en El Siglo un supuesto crimen oficial porque los sindicados de cometerlo eran miembros de la Policía” (VILLAR BORDA, 2006, pág. 155).↵
- Al respecto puede seguirse el siguiente fragmento: “Entre tanto, Silvio Villegas acusa a Alfonso López Michelsen de enriquecerse con el patrimonio de unos ‘extranjeros sospechosos’, refiriéndose a los propietarios alemanes de la Trilladora de Café Girardot, originalmente hipotecada al Banco Alemán Antioqueño, luego puesta bajo la administración fiduciaria de la Federación Nacional de Cafeteros y después comprada por López Michelsen. Según Villegas, los alemanes Joachim von Mellenthin y Hans Klotz habían hipotecado la trilladora al banco en 1940 por 40.000 pesos y un año después se la habían entregado en pago de la obligación, entonces reducida a 30.000 pesos. López Michelsen, actuando como abogado de Klotz, la había comprado después a la Federación por 36.000 pesos, cuando su valor real –según Villegas- superaba los 10.0000 pesos. Villegas también acusa al hijo del presidente de beneficiarse con la negociación de un paquete de acciones de la compañía holandesa Handel (propietaria de la mayoría de acciones de la cervecería Bavaria), que habían sido puestas bajo el fideicomiso por el gobierno de Colombia a raíz de la ocupación de Holanda” (VILLAR BORDA, 2006, pág. 156)↵
- Salvando el accionar de su hijo López Pumarejo deja en sus memorias lo siguiente: “La oposición no cesa en su campaña contra mí. Esta vez el protagonista es uno de mis hijos. Ha comprado, sin mí conocimiento, estando yo ausente del país y con todas las formalidades legales, una trilladora de café, perteneciente al ciudadano alemán H. J. Mellenthin. Se trata de un negocio entre particulares, mayores de edad, conectados comercial y profesionalmente desde tres años antes de que yo volviera a ocupar la Presidencia. La única intervención del Gobierno en ese negocio ocurre en el mes de agosto de 1942, cuando el ministro de Hacienda, señor Alfonso Araújo, en una resolución de rutina, y sin establecer discriminación alguna en su favor, inclusive sin darse cuenta de las personas que gestionaban ante su Despacho, concedió la autorización para el traspaso de la propiedad. En el Congreso y en la prensa suscita la cuestión del precio, sin que, hasta ahora la única persona interesada, el vendedor, haya formulado ningún reclamo, ni entablado juicio alguno” (HOBSVAWM, 1996, pág. 122).↵
- La denuncia por la construcción de unas cabañas en la finca implicaba el accionar del “ministro de Guerra [quien] invirtió fondos para construir allí alojamientos a los oficiales de la guardia presidencial” (ATEHORTÚA CRUZ, El cuartelazo de Pasto, 2009, pág. 157). López Pumarejo registrará al respecto que: “Uno de los Oficiales de mi séquito me pidió, y yo le di, autorización para tratar con el Ministerio de Guerra el problema relativo al alojamiento de los Oficiales de la Guardia Presidencial en un lugar independiente de la residencia de mi familia, donde pudieran disfrutar de libertad, sin compartir con extraños las horas no destinadas al servicio. Supongo yo que encontró incómoda la situación de huésped obligado de ‘Las Monjas’. El Ministerio de Guerra sometió a mi aprobación el presupuesto de unas construcciones cuyo costo sobrepasó inmoderadamente el que se me había consultado, por causas de frecuente ocurrencia en la Administración Pública y que no pueden atribuirse, ni se atribuyen nunca, a dolo alguno; pero la oposición ha querido presentar públicamente ese acto administrativo como un aprovechamiento ilícito, como una manera de valorizar una supuesta hacienda con inversiones oficiales. No necesito explicaros, señores Senadores, que jamás se pensó que las casetas construidas en ‘Las Monjas’ para la Guardia Presidencial entraran al patrimonio de los dueños de la finca, que no las necesitaban para ningún objeto. Son propiedad del Gobierno de Colombia, y desde cuándo por orden mía se retiró de allí la Guardia, ostentan un aviso que dice: ‘Se vende o se arrienda. Háblese en la Sección de Bienes Nacionales del Ministerio de Obras Públicas’” (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, pág. 120).↵
- Al respecto puede leerse el siguiente fragmento de la intervención del Ministro de Gobierno del 16 de noviembre de 1943 “el caso de la edificación de dos casas para la Oficialidad y la Sub oficialidad de la Guardia Presidencial, construidas en la llamada hacienda de Las Monjas, que deliberadamente incurro en el error de llamar en la proposición ‘hacienda de Las Monjas’, porque dentro del concepto general de lo que tenemos los colombianos sobre lo que es una ‘hacienda’ o una ‘finca’, ésta no es ni lo uno ni lo otro: es simplemente una casa de recreo campestre, en cuyos terrenos es absurdo suponer que se produce beneficio de alguna especie, como se produciría en una hacienda, o finca, con la construcción de esas casetas. Pero es preciso que la honorable Cámara investigue y estudie con todo cuidado la manera como se desarrolló el proceso que culminó en la construcción de esas dos casas, cuyo costo asciende a la suma de catorce mil pesos, cuando la idea original promovida por la necesidad urgente de dar alojamiento a la Guardia Presidencial nunca fue distinta a la de dar un modesto albergue que no pasara de dos o tres mil pesos, existiendo como existe, en el expediente administrativo de esos hechos, la comprobación de que su presupuesto no fue aprobado por el presidente de la República, por caro” ” (LÓPEZ PUMAREJO, 1986, pág. 120).↵
- A propósito, en el aparte “Por la restauración moral de la república” que dedica Osorio Lizarazo (1998) puede leerse el siguiente fragmento de la situación del segundo gobierno de López Pumarejo: “Desde que asumió el poder, en el mes de agosto, justificó la desconfianza de aquellos de sus adversarios que no creían en su sinceridad. Los sindicatos, en son de fiesta, se aprestaron a organizar una serie de huelgas. Pero el gobierno contuvo sus expansiones jubilosas. Desvirtuó la acción social del primer período. Una o dos huelgas que parecían claramente justificadas fueron abandonadas a su propia suerte y los obreros se entregaron por hambre, sin haber logrado la aceptación de sus peticiones. Prohibió los paros de solidaridad. Y pronto se formularon en los periódicos acusaciones concretas. De acuerdo con las medidas que correspondía dictar al gobierno como consecuencia de sus compromisos con los aliados, organizó negocios para miembros de su familia con bienes de alemanes. Por tercera mano adquirió acciones desvalorizadas de empresas intervenidas por causa de la guerra y les dio categoría comercial librándolas de su situación por medio de un decreto. Y como este decreto fuera suspendido por la Corte Suprema de Justicia, presentó ante el Congreso, que suponía de una docilidad excesiva, el proyecto de ley en cuya virtud lograba el mismo fin, y envió a Darío Echandía, incorporado a su gobierno al regresar de su encargo diplomático en Roma, a defender tan irregular iniciativa. Litigaba contra la nación por terrenos petrolíferos, situados en las proximidades de la concesión perteneciente a la Tropical Oil Company, y trató de forzar un negocio con una compañía extranjera para enajenarlos; con tal objeto realizó un viaje a los Estados Unidos. Se comprobó que toda su gestión para obtener del Congreso la reforma agraria no provenía de su pretendida sensibilidad social, ni tendía a proteger al labriego contra el latifundista, sino a procurarse un instrumento jurídico que simplificara el litigio a su favor. La oposición sostuvo, en suma, que López aprovechaba su posición de presidente de la república para su enriquecimiento personal y con ello se manchaba de peculado y simonía, y adujo comprobantes” (OSORIO LIZARAZO, 1998, págs. 226-227)↵
- La nota que envía López Pumarejo el 16 de noviembre de 1943 al Senado con motivo de la solicitud de licencia para separarse del poder ejecutivo dice así: “De acuerdo con el numeral 5° del artículo 91 y con el artículo 122 de la Constitución, solicito de manera muy respetuosa licencia para separarme temporalmente de la Presidencia de la República y salir del país con el objeto de acompañar a mi esposa en un viaje de salud, que espero no me detendrá fuera del territorio nacional por más tiempo del que contempla el artículo 291 de la Ley 4ª de 1913” (Presidencia de la República de Colombia, 1945, pág. 5). El 14 de diciembre de 1943 desde New York, López Pumarejo solicitó una prórroga a la licencia para separarse temporalmente de la Presidencia de la República (Presidencia de la República de Colombia, 1945, pág. 26). La licencia fue aprobada por el Senado de la República: “a partir del vencimiento de la licencia que le fue concedida al señor doctor Alfonso López para separarse del ejercicio de la Presidencia de la República, prorrogase dicha licencia hasta por el término de sesenta días” (Presidencia de la República de Colombia, 1945, pág. 27). Finalmente, en enero de 1943 escribe al ministro de Relaciones Exteriores, expresando sus dudas de regresar al cargo presidencial: “Le he dado muchas vueltas en la cabeza a la idea de solicitar una nueva licencia por término indefinido para ahorrarle a la Nación las agitaciones e incertidumbres de un debate presidencial. Me parece inestimable la ventaja de que Echandía pudiera seguir reemplazándome hasta el fin de mi período constitucional; pero encuentro que yo quedaría muy impedido para organizarme y obligado a guardar silencio sobre los hombres, las cosas y aun las declaraciones del Gobierno, so pena de aparecer creándole conflictos y dificultades, a lo cual se agrega que cada día son más débiles mis temores de una división liberal que ponga que el liberalismo podrá hacer la elección de mi sucesor sin serias complicaciones. En todo caso, espero estar allá en febrero y discutir esta situación con mis amigos antes de dar cualquier paso de carácter definitivo” (Presidencia de la República de Colombia, 1945, pág. 32).↵
- En el fracasó compartimos la síntesis que postula José Fernando Ocampo: “López tenía que ocuparse de sobreaguar sin el capital extranjero, sin el apoyo directo de sus amigos norteamericanos y arrimado a una burguesía financiera todavía demasiado débil. Se arriesgó a la reelección, la logró y afrontó una de las más difíciles etapas de la historia contemporánea del país. El Partido Conservador, bajo la dirección de Laureano Gómez, le enfiló toda su agresividad para tumbar el gobierno y se vio favorecido en su propósito por una serie de acusaciones contra el hijo del presidente, Alfonso López Michelsen, a propósito de negocios oscuros o abusivos, así como por el asesinato de Mamatoco, un desconocido boxeador que publicaba panfletos en contra del gobierno. También el ejército se alebrestó en su contra y ensayó un golpe de estado fallido. Finalmente, López renunció a mediados de 1945, a un año de finiquitar su período de reelección” (OCAMPO J. F., 2006, pág. 4).↵
- De esta manera lo denomina Ocampo (2006): “La leyenda liberal ha convertido a López Pumarejo en un personaje casi intocable, a pesar del fracaso de su reelección en el período presidencial de 1942 a 1946. A su primer gobierno lo bautizaron como la Revolución en Marcha y así ha pasado a los textos de historia. Pero su trayectoria de agente financiero estadounidense, como presidente del Banco Mercantil Americano, y como intermediario de los exportadores cafeteros norteamericanos, además de su admiración por Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos por cuatro períodos consecutivos, le imprimen carácter a su prontuario histórico. No extraña que López les hubiera entregado el petróleo a las compañías norteamericanas en condiciones gravosas para el país ni que hubiera firmado un tratado de comercio con Estados Unidos que puso en peligro de desaparecer la incipiente producción industrial nacional. Se trataba de un momento histórico de lucha entre las grandes potencias imperialistas por el control del país, principalmente Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. López terció a favor de la potencia norteamericana en ascenso. Pero su imagen de gran modernizador ha logrado opacar el verdadero carácter imperialista de sus grandes reformas. Y ése se constituyó en un factor decisivo a favor de su reelección” (OCAMPO J. F., 2006, pág. 4)↵
- A propósito, puede verse la biografía de Antonia Santos Plata, en la Enciclopedia del Banco de la República (Banrep, 2017. Disponible en: http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Antonia_Santos_Plata). También puede leerse la nota en el diario El Espectador, “La dinastía de los Santos” (El Espectador, 2010).↵
- Gutiérrez Villegas (1984) toma de Eduardo Santos la siguiente proclama: “Diez años hemos luchado sin descanso por el partido Republicano –declaró Eduardo Santos en 1921, colocados a todas horas bajo su bandera, con ardor y firmeza. Por él hicimos sin ajenos apoyos y movidos sólo por generoso entusiasmo, cuando nos era posible hacer, y si fue deficiente y escasa esta labor, abónese al menos unas intenciones que nunca pudieron ser mejores ni más puras” (GUTIÉRREZ VILLEGAS, 1984, pág. 73).↵
- Este argumento condujo a la carrera de armamentismo de Colombia con la cooperación militar de Estados Unidos, a propósito, “Se establecieron observatorios de Estados Unidos en Barranquilla, Medellín y Cúcuta. En la isla de Providencia podían aprovisionarse de gasolina los aviones militares estadounidenses; sin embargo, se continuaba preservando la política de «no beligerancia» de Colombia” […] “En 1942, Colombia firma dos acuerdos militares: uno, el 29 de mayo, que ampliaba el acuerdo de aviación de 1938; el otro, el Pacto de Préstamo y Arriendo, de fecha 17 de marzo de 1942, en el que consignaba que Estados Unidos suministraría «artículos de defensa» a Colombia, «por un valor de cerca de US$16.200.000, que se reembolsarían sin intereses y con un descuento del 55.56%». Colombia solo utilizó US$6.500.000” (MORALES BENÍTEZ, 2016, págs. 108-109). Bushnell (1984) abordará este mismo asunto de la siguiente manera: El 23 de noviembre de 1938 se firmó el Acuerdo de Cooperación Militar entre Colombia y los Estados Unidos: “Este convenio estipulaba que la misión naval de los Estados Unidos, al contrario de su predecesora, funcionaría únicamente en calidad de consejería técnica, teniendo en cuenta que los oficiales colombianos entrenados por los británicos se encontraban listos para asumir todas las posiciones de mando” (BUSHNELL, 1984, pág. 19). La asistencia militar de Estados Unidos a Colombia establecía que “Los primeros jefes de las misiones aérea y naval llegaron a Bogotá a comienzos de enero de 1939, y junto con su personal estuvieron ocupados durante algún tiempo en la organización de sus asuntos y en familiarizarse con la escena militar colombiana” (BUSHNELL, 1984, pág. 23). A su vez existía: “Una innovación posterior, que data de la época del primer año de gobierno de Santos, fue elevar del rango de legación al de embajada a las misiones diplomáticas de Colombia y los Estados Unidos. Este cambio había sido recomendado por Santos en sus observaciones a Caffery después de su posesión, y, asimismo, esta propuesta tuvo una acogida favorable en Washington en octubre de 1938, cuando Miguel López Pumarejo, quien anteriormente había actuado como ministro presentó sus credenciales como primer embajador colombiano ante los Estados Unidos (El Tiempo, 29 de octubre de 1938)” (BUSHNELL, 1984, pág. 25).↵
- Los puntos del acuerdo ratificados entre “Las autoridades cafeteras colombianas y el ministro de Hacienda […] pueden resumirse así: Primero: con el Pacto se busca el mejoramiento de los precios para el productor colombiano, ya que, si bien se está exportando más, se está recibiendo menos dinero. Segundo: para la demanda de divisas internacionales del país, se requieren más ventas. Tercero: es preciso hacer una distribución ordenada en los mercados de consumo, la cual se rompió con la Segunda Guerra Mundial. Cuarto: se otorga un alivio fiscal al suprimirse la prima de exportación. Quinto: se precisa una mayor estabilidad del cambio exterior” (MORALES BENÍTEZ, 2016, págs. 193-194).↵
- Años después Alberto Lleras Camargo en la instalación de la Flota dirá: “la Flota Mercante Grancolombiana, es, sin duda, la empresa más importante y decisiva que se ha intentado en esta región del hemisferio occidental, como decía al principio, desde aquellas hazañas con las cuales Colombia, Ecuador y Venezuela contribuyeron, y en qué grado a la libertad de América” (MORALES BENÍTEZ, 2016, págs. 215, 218).↵
- Publicada en Nota Oficiosa de la Presidencia de la República, el martes 9 de diciembre de 1941, pueden leerse los siguientes fragmentos: “Esa Declaración, suscrita por el Gobierno de Colombia y aprobada por la Ley 20 de 1941, crea para Colombia obligaciones a las cuales la Nación será enteramente fiel. En consecuencia, el Gobierno resuelve declarar rotas sus relaciones diplomáticas con el Imperio Japonés, y reafirmar de manera solemne y categórica su adhesión a la política de solidaridad interamericana y de cooperación de las Repúblicas de América, en defensa del Continente, tal como esa política quedó definida en la Conferencia Panamericana de Lima y en las Reuniones de Cancilleres de Panamá y de La Habana. El Gobierno ha tomado y seguirá tomando las medidas necesarias para cooperar en la defensa del Continente, y de modo especial para que sea eficaz su espontánea e irrevocable resolución de impedir por todos los medios que pueda ser amenazada, directa o indirectamente, desde tierras colombianas, la seguridad del Canal de Panamá, o puedan realizarse en tierras colombianas actos contrarios a cuanto se desprende de las normas de solidaridad americana”. Tras esta decisión, el Congreso de Colombia emanó la “Ley Aprobatoria de Tratado”: “vistos los siguientes actos internacionales: ‘Acta de La Habana, sobre administración provisional de Colonias y Posesiones Europeas en América’, ‘Convención sobre administración provisional de Colonias y Posesiones Europeas en América’, y ‘Declaración sobre Asistencia recíproca y cooperación defensivas de las Naciones Americanas’, emanados de la Segunda Reunión de Consulta entre los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, que se celebró en julio del presente año en la ciudad de La Habana” (LEY 20, 1941).↵
- Al respecto, “El tópico del equipo de defensa fue objeto de atención especial una vez que los Estados Unidos emprendieron la tarea de vigorizar los esfuerzos de defensa hemisféricos subsiguientes al avance alemán en Europa Occidental. Este asunto fue discutido directamente por el presidente Santos y el embajador Braden con ocasión de la primera fase de las conversaciones de Estado Mayor, en junio de 1940; el presidente Santos fue enfático en las necesidades que Colombia tenía de aviones, guardacostas y ayuda para financiar su adquisición –aunque especificaba que Colombia no aceptaría un regalo abierto de equipo militar. Pocas semanas más tarde, a mediados de julio, Santos sugirió informalmente que Colombia necesitaba diez guardacostas, de sesenta a ochenta aviones, 50.000 rifles y otro equipo cuyo costo total alcanzaría la suma de aproximadamente $16.000.000 de dólares. A su vez, el Departamento de Estado ofreció tenues esperanzas en cuanto a la disponibilidad tanto del equipo como de la financiación, y urgió a Colombia a enviar una lista exacta de lo que se necesitaba, tan rápido como fuera posible” (BUSHNELL, 1984, pág. 71). Finalmente, “el gobierno de Santos instó al Congreso para que aprobara la ley de 1940 que autorizaba al Gobierno para contratar obligaciones para gastos de defensa entre treinta y cincuenta millones de pesos. Al mismo tiempo, los requerimientos militares figuraron extensamente en las negociaciones iniciales de lo que se convirtió en el segundo préstamo del Banco de Exportación e Importación a Colombia, préstamo que fue concedido finalmente en julio de 1941” (BUSHNELL, 1984, pág. 72).↵
- Dice Laureano Gómez, según el informe de Braden y la traducción de Bushnell (1984): “Me opuse al préstamo de 30 a 50 millones de pesos porque no podíamos pagarlo. Ahora tenemos un expediente tan malo en tomar dinero prestado a los Estados Unidos, y en interrupciones del servicio de la deuda, que realmente no estamos en capacidad de remitir los pagos. A todo lo largo de su presidencia, López se jactó de tener un presupuesto equilibrado y una excelente situación financiera en el Gobierno, ignorando el hecho de que las deudas de Colombia no se estaban pagando y de que se había lesionado la reputación del país. Por estas razones he combatido el préstamo de defensa” (Transcripción de la posición de Laureano Gómez) (BUSHNELL, 1984, pág. 178).↵
- Al respecto: “López expresaba reservas poderosas sobre el proyecto de préstamos para la defensa, recientemente aprobado, el cual ‘no garantiza la defensa contra el tipo de ataque que se contempla y el cual se declara posible como argumento para apoyar su necesidad’. En efecto, el préstamo sería supremamente inadecuado para hacer frente a una amenaza de agresión mayor; y tal medida no debería haber sido adoptada sin antes determinar en forma realista cuáles eran las capacidades de Colombia y si existían otros medios de defensa ‘además de los puramente militares’, para los cuales también podría obtenerse ayuda externa. Al respecto, la embajada de los Estados Unidos entendió que López personalmente creía que Colombia debía conceder bases militares a los Estados Unidos en lugar de pretender soportar el peso de su propia defensa, y recibir a cambio compensación financiera que podría ser utilizada para reforzar la economía nacional” (Braden al secretario de Estado, 3 de febrero de 1941, DS 821) (BUSHNELL, 1984, pág. 57).↵
- Al respecto ver: LUZZANI, Telma (2012) Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica. Buenos Aires: Debate; y ESTRADA ÁLVAREZ, Jairo (2002) El Plan Colombia y la intensificación de la guerra. Aspectos globales y locales. Bogotá: UNIBIBLOS.↵
- Respecto a la política internacional de Colombia durante el periodo valga leer a Mesa Valencia (2016) respecto a los asuntos económicos de los ciudadanos del eje, “el Ministerio de Hacienda y Crédito de Colombia se expidió un decreto concerniente a las disposiciones sobre el congelamiento inmediato de los fondos pertenecientes a ciudadanos o entidades del Eje (Decreto 1500 de 1942)” (MESA VALENCIA, 2015, pág. 255).↵
- La designación de la presidencia a Lleras Camargo el 7 de agosto de 1945: “El Congreso de Colombia se ha reunido puntualmente a las 3:00 de la tarde el martes 7 de agosto de 1945. A esa hora el presidente del poder legislativo, Francisco J. Chaux, ordena llamar a lista y luego nombra una comisión de seis senadores y seis representantes para que se traslade a la cancillería de San Carlos y acompañe al primer designado al Capitolio, mientras otra comisión de tres parlamentarios lo espera en la puerta del Salón Elíptico. En el marco de la Plaza de Bolívar y sobre la carrera séptima se ha aglomerado un numeroso público que lo vitorea a su paso. A las 3:45 Alberto Lleras, su esposa y la comisión acompañante ingresan al recinto en medio de los acordes del himno nacional, al tiempo que varios aviones de la Fuerza Aérea vuelan sobre la plaza, donde está formada la Escuela Militar de Cadetes en uniforme de parada. Entre tanto, López Pumarejo espera en el Palacio de la Carrera la llegada de su sucesor para darle la bienvenida en la que ha sido su residencia oficial hasta ese día” (VILLAR BORDA, 2006, pág. 165).↵
- Entre sus caracterizaciones biográficas se le atribuye ser “responsable de la transmisión pacífica del poder al partido de oposición en 1946, bajo su primera presidencia; autor del pacto que puso fin a la ‘guerra no declarada’ entre liberales y conservadores durante la década siguiente; líder de la lucha victoriosa librada por los dos partidos tradicionales entre 1955 y 1957 contra la única dictadura surgida de un golpe militar durante el siglo; gestor, primer presidente y conductor del Frente Nacional que gobernó al país de 1958 a 1974; y director de las campañas que adelantó después el Partido Liberal –la mayor fuerza política nacional durante el tiempo en que actuó en la vida pública- hasta su retiro a mediados de la década de 1980” (VILLAR BORDA, 2006, pág. XVI).↵
- En el siguiente fragmento puede leerse de la biografía de Lleras Camargo como envía a la cárcel a Laureano Gómez: “Un mes después López pide licencia, encarga del poder al designado Echandía y sale temporalmente de Colombia, pero esto no alivia la presión que los conservadores ejercen contra el gobierno. Juzgan que el presidente está caído y ahora enfilan baterías contra Lleras, en quien todo el mundo ve al hombre clave de la administración. El Siglo revive el escándalo de ‘Mamatoco’ y acusa el 2 de febrero al ministro de Gobierno de intervenir en el manejo del sumario. ‘Miente El Siglo. Miente y me calumnia’, replica de inmediato el ministro. El mismo día presenta demanda por calumnia contra Laureano Gómez y José de la Vega, los codirectores del periódico, y ésta es repartida al juez cuarto del circuito en lo penal, José Ignacio Caicedo, quien ordena una semana después la detención del jefe conservador” (VILLAR BORDA, 2006, pág. 156).↵
- Del trayecto del viaje, valga rescatar el viacrucis por ser parte de las distancias que competen a la escritura de esta tesis: “En ese tiempo el viaje de Bogotá a Buenos Aires es una larga aventura por tierra, río y mar. Lleras toma el tren en la estación de la Sabana hasta Facatativá y conecta allí con otra línea férrea a Girardot, en donde inicia la travesía en barco por el Magdalena hasta La Dorada. Allí trasborda a otro barco que lo conduce a Barranquilla. […] En Barranquilla toma otro tren a Puerto Colombia, allí un vapor que lo lleva a Panamá y luego otro barco hasta Valparaíso, el principal puerto de Chile. El tramo final del trayecto hasta Buenos Aires, cruzando los Andes, lo hace por carretera. En el viaje completo gasta 16 días y buena parte de los 240 pesos que ha reunido con la ayuda de su familia para financiar esta primera aventura fuera de las fronteras colombianas” (VILLAR BORDA, 2006, págs. 59-60).↵
- Al respecto, “El socialismo es la corriente de moda en todas partes: el marxista de Mariátegui, el nacionalista de Haya, el argentino de Irigoyen y Palacios, el mexicano de Vasconcelos. Todos ellos coinciden con los anhelos de cambio, compartidos por una población en aumento y cada día más inconforme. Lleras ha expresado en El Tiempo su simpatía por las ideas socialistas antes de salir para Buenos Aires, pero no se ha matriculado en movimientos de esa naturaleza en Colombia ni lo hará en la Argentina” (VILLAR BORDA, 2006, pág. 61).↵
- “Al iniciarse la campaña para las elecciones parlamentarias de 1939, Lleras predice en El Liberal un ‘desastre electoral conservador’, y Calibán comenta en El Tiempo que el vocero lopista quiere torpedear la política de entendimiento. Lleras replica y a la vez acusa a los conservadores de hacer un doble juego. En respuesta a un ataque de Laureano Gómez contra López en la convención conservadora de Ibagué en octubre de 1938, escribe un extenso editorial titulado ‘El precio de la convivencia’” (VILLAR BORDA, 2006, pág. 84).↵
- “Vive modestamente, como sus padres y sus abuelos, con los sueldos que devenga como funcionario o periodista y que entrega a su esposa para que los administre porque no sabe manejar el dinero ni le interesa hacerlo. Instalado en el Palacio, alquila una casa –discreta como las que siempre ha habitado- para llevar allí a su familia en los fines de semana. Es una pequeña cabaña campestre en las afueras de Facatativá, desde donde camina con frecuencia la distancia de unos cinco kilómetros que la separa de la población” (VILLAR BORDA, 2006, pág. 169). De la misma manera con las propiedades serán una muestra de los manejos transparentes de sus ingresos: “Pasarán casi treinta años desde su matrimonio antes de que tenga su primera casa propia. De una alquilada en la calle 49 con la avenida Caracas donde nacería Marcela, su última hija, se ha trasladado al Palacio de la Carrera. De la casa de los presidentes saldrá en 1946 a la misma vivienda y al regresar de Washington ocho años después, tomará un apartamento amoblado en la Caracas con la calle 40, a la que seguirán otra casa alquilada en la calle 77 con carrera Séptima y al fin, en 1956, la que comprará en la calle 76 con carrera Novena, frente al Gimnasio Moderno. La adquirirá en parte a crédito y en parte con los ahorros hechos por su esposa de los sueldos que Lleras devenga en el gobierno, el Congreso, los periódicos y la OEA. Será la que ha de ocupar antes y después de su segunda presidencia, hasta el momento en que escogerá el campo y se irá a vivir a Chía” (VILLAR BORDA, 2006, pág. 170)↵
